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Informe de Auditoría OC-26-20 del Municipio de Barranquitas
Contralora de Puerto Rico revela pagos indebidos, deficiencias administrativas y riesgos fiscales en auditoría al Municipio de Barranquitas
San Juan, Puerto Rico — (21 de abril de 2026) La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-20 del Municipio de Barranquitas, el cual cubre el período del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2024.
El informe contiene una opinión cualificada al determinarse que, aunque las operaciones del Municipio se realizaron en términos generales conforme a la ley y la reglamentación aplicable, se identificaron hallazgos que evidencian deficiencias en el manejo de fondos públicos, cumplimiento legal y controles internos.
Entre los señalamientos más relevantes, la auditoría identificó pagos de salarios por $84,268 a una pensionada del Sistema de Retiro para Maestros en contravención con la Ley del Sistema de Retiro para Maestros de 2013. La funcionaria fue nombrada en un puesto de confianza mientras continuaba recibiendo su pensión, en violación a las disposiciones legales que requieren la suspensión de dicho beneficio al ocupar un empleo remunerado en el gobierno.
La gerencia municipal sostuvo que el nombramiento se realizó conforme a una interpretación de la Ley Núm. 40 de 1959, que permite el empleo parcial de pensionados sin menoscabo de su pensión. No obstante, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) determinó que prevalece el hallazgo, al concluir que la legislación aplicable en este caso es la Ley del Sistema de Retiro para Maestros de 2013, la cual establece una prohibición específica.
Asimismo, se identificaron pagos indebidos por $13,500 por servicios artísticos que no fueron prestados. Aunque el Municipio argumentó que el artista incurrió en gastos y que la actividad fue interrumpida por un apagón, la auditoría determinó que el pago no procedía conforme a los términos contractuales. Posteriormente, el dinero fue recuperado mediante un acuerdo extrajudicial alcanzado en agosto de 2025.
En el área de infraestructura, la auditoría reveló deficiencias en la ejecución de proyectos de construcción. Se determinó que el Municipio inició trabajos sin contar con los permisos requeridos en al menos cuatro proyectos, obteniendo los mismos con retrasos de hasta 707 días. Además, se formalizaron contratos sin que los contratistas presentaran oportunamente fianzas, pólizas del Fondo del Seguro del Estado y seguros de responsabilidad pública, lo que expone al Municipio a riesgos legales, financieros y administrativos.
También se identificaron deficiencias en el manejo presupuestario, al no obligarse créditos presupuestarios en contratos y enmiendas por $5,947,287 al momento de su otorgamiento, registrándose dichas obligaciones con retrasos de hasta 541 días. Esta práctica debilita el control fiscal y aumenta el riesgo de sobregiros y litigios innecesarios.
En cuanto a la administración de ingresos, la auditoría evidenció la ausencia de análisis en cuentas por cobrar que superan los $1.6 millones, de las cuales más de $1.2 millones tienen más de cinco años de antigüedad. Además, se detectaron deficiencias en las gestiones de cobro, incluyendo falta de evidencia de seguimiento a deudores, incumplimiento en la verificación de patentes municipales y ausencia de declaraciones de volumen de negocios en varios casos.
La gerencia municipal indicó que ha iniciado procesos para analizar las cuentas incobrables, fortalecer las gestiones de cobro y mejorar la supervisión de los contribuyentes. Asimismo, señaló que se impartieron instrucciones para asegurar el cumplimiento con los permisos de construcción y la documentación requerida en los contratos.
Por último, una evaluación de contratos de arrendamiento de locales entre 2021 y 2023 por $123,000 reveló que el Municipio no obtuvo estudios de renta ni certificaciones registrales en cuatro contratos, y omitió la certificación de deuda del Departamento de Hacienda en dos casos. Esto impide determinar si los cánones de arrendamiento eran razonables y validar el derecho legal de los arrendadores sobre los inmuebles, lo que expone al Municipio a posibles reclamaciones de terceros y a riesgos relacionados con cargas o gravámenes. Además, pudo haber contratado con arrendadores con deudas contributivas.
Como resultado de estos hallazgos, la OCPR emitió recomendaciones dirigidas al alcalde y a las unidades administrativas del Municipio, incluyendo el fortalecimiento de los controles internos, la recuperación de fondos pagados indebidamente, la correcta aplicación de las disposiciones legales en materia de recursos humanos, la obtención previa de permisos y garantías en proyectos de construcción, y el establecimiento de mecanismos efectivos para la administración y cobro de ingresos.
“La gestión pública exige cumplimiento estricto con la ley, controles internos robustos y una administración responsable de los recursos del pueblo”, expresó la Contralora. El informe completo está disponible en la página oficial de la OCPR www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-19, Municipio de San Juan Corporación para el Desarrollo Empresarial y Cultural de la Isleta de San Juan
Contralora de Puerto Rico revela deficiencias en controles administrativos y cumplimiento legal en auditoría a CODEVISA
San Juan, Puerto Rico, (20 de abril de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, informó los resultados del Informe de Auditoría OC-26-19, correspondiente a la Corporación para el Desarrollo Empresarial y Cultural de la Isleta de San Juan (CODEVISA), el cual cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2024.
El informe contiene una opinión cualificada, al determinarse que, aunque las operaciones examinadas se realizaron en todos los aspectos significativos conforme a la ley y la reglamentación aplicable, se identificaron hallazgos relevantes relacionados con compras, contratación de auditorías externas y cumplimiento con requerimientos de informes y certificaciones.
La Contralora explicó que la auditoría evaluó el uso de fondos públicos, incluyendo subvenciones federales, asignaciones legislativas y aportaciones municipales, así como la efectividad de los controles internos y el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables a una corporación especial municipal. Indicó que los resultados evidencian deficiencias en áreas claves de administración, documentación y supervisión que requieren acciones correctivas.
En cuanto al primer hallazgo, la auditoría identificó deficiencias en los procesos de compras realizadas con una asignación legislativa de $50,000 otorgada en diciembre de 2022 para el desarrollo de un centro comunitario en la Isleta de San Juan. Se determinó que, de siete pagos realizados por un total de $33,812 entre mayo y junio de 2023, se efectuaron seis pagos por $30,378 sin obtener las dos cotizaciones requeridas para todos los artículos adquiridos. Además, en tres pagos por $14,174 no se suministraron las facturas correspondientes, encontrándose únicamente cotizaciones en los expedientes. Estas deficiencias limitaron la libre competencia entre proveedores y afectaron la integridad de la documentación requerida para fines de fiscalización y rendición de cuentas.
El informe atribuye estas deficiencias a la falta de personal, incluyendo la vacante del puesto de oficial de compras durante el periodo auditado, y a desviaciones de las disposiciones reglamentarias por parte de la gerencia ejecutiva. En sus comentarios, el Municipio de San Juan sostuvo que no forma parte de la gerencia de CODEVISA ni tiene control sobre el uso de los fondos legislativos. Por su parte, el vicepresidente de la Junta y el director ejecutivo indicaron que se documentaron las gestiones y que las facturas estaban disponibles. No obstante, la Oficina de la Contralora concluyó que el hallazgo prevalece, al evidenciarse la ausencia de cotizaciones requeridas y documentación completa en los expedientes.
En el segundo hallazgo, se determinó que CODEVISA incumplió con los términos establecidos para la contratación de auditorías externas de sus estados financieros para los años fiscales 2022-23 y 2023-24. Al 30 de junio de 2024, existían atrasos de hasta 456 días en la contratación de estos servicios, lo que provocó que la entidad no contara con información financiera oportuna y actualizada para la toma de decisiones y pudiera afectar la asignación de fondos públicos.
Entre las causas de esta situación se encuentran cambios en la Junta de Directores, dificultades para obtener propuestas de auditores externos y el incumplimiento de las disposiciones reglamentarias aplicables. El Municipio reiteró que no tiene control sobre los procesos internos de la corporación, mientras que la gerencia de CODEVISA reconoció el atraso e indicó que ya se han completado algunos estados financieros y se ha contratado servicios de auditoría para años posteriores. Sin embargo, la Oficina de la Contralora determinó que el hallazgo prevalece.
El tercer hallazgo refleja incumplimientos significativos con la Ley de Auditoría a Entidades Gubernamentales de 2003 y otras disposiciones relacionadas con la rendición de informes. La auditoría determinó que CODEVISA no remitió las certificaciones anuales requeridas a la Oficina del Contralor para los años fiscales del 2015-16 al 2023-24. Asimismo, no se enviaron 15 informes mensuales de nómina y puestos correspondientes al periodo de febrero de 2023 a abril de 2024, con atrasos de hasta 458 días,
y se remitieron 67 informes con tardanzas que fluctuaron entre 5 y 467 días.
Estas deficiencias limitaron la disponibilidad de información actualizada para la ciudadanía, el Gobierno y los procesos de fiscalización.
En sus comentarios, la gerencia de CODEVISA argumentó que, como corporación sin fines de lucro independiente, no le aplicaban ciertos requisitos de informes. No obstante, la Oficina de la Contralora determinó que el hallazgo prevalece, al establecer que toda entidad que recibe fondos públicos en exceso de $200,000 está obligada a cumplir con dichos requerimientos legales, independientemente de su naturaleza jurídica.
Entre las principales recomendaciones se incluyen asegurar el cumplimiento del plan de acción correctiva, fortalecer los procesos de compras mediante la obtención de cotizaciones requeridas, mantener expedientes completos con la documentación fiscal correspondiente, cumplir con la contratación oportuna de auditorías externas y designar un oficial de enlace responsable de someter las certificaciones e informes requeridos por ley en los términos establecidos.
Es indispensable que todas las entidades que manejan recursos públicos cumplan cabalmente con sus responsabilidades legales y administrativas, sin excepción”, concluyó la Contralora.
El informe completo está disponible en la página oficial de la OCPR www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-18, Municipio de Sabana Grande
Contralora de Puerto Rico revela deficiencias significativas en auditoría al Municipio de Sabana Grande que afectan la gestión fiscal, administrativa y de control interno
San Juan, Puerto Rico, (17 de abril de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA, dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-18 correspondiente al Municipio de Sabana Grande, el cual cubre el periodo del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2024. El informe contiene una opinión cualificada, al identificarse múltiples hallazgos que reflejan incumplimientos con disposiciones legales y deficiencias en los controles internos.
La Contralora indicó que, aunque las operaciones del Municipio se realizaron en términos generales conforme a la ley y la reglamentación aplicable, las desviaciones señaladas en los hallazgos afectan áreas críticas como la contratación, el manejo de fondos públicos, la administración de ingresos, el control de la propiedad y los procesos de recursos humanos.
La auditoría reveló pagos indebidos por miles de dólares por trabajos no realizados y otros sin cotizaciones; más de $15,000 sin cobrar y deficiencias en los pagos de contratos contingentes relacionados con la facturación a planes médicos por servicios de ambulancia; créditos presupuestarios no obligados al momento de otorgarse los contratos; pérdida de propiedad notificadas con tardanza; y documentos incompletos en los expedientes de personal.
En el primer hallazgo, la auditoría reveló pagos indebidos por $13,861 por trabajos no realizados en un proyecto de mejoras a un parque recreativo. El examen evidenció que se pagaron partidas correspondientes a la construcción de una base de verja y la instalación de un poste de luz que no fueron ejecutadas, según corroborado mediante inspecciones y declaraciones del contratista. Además, se identificaron deficiencias en los procesos de cotización, incluyendo la ausencia del mínimo requerido de propuestas y la falta de documentación esencial como firmas, nombres y títulos de los funcionarios que participaron en el proceso. Estas deficiencias limitaron la competencia y restaron confiabilidad al proceso de adjudicación.
En sus comentarios, la gerencia municipal indicó que las situaciones corresponden a la administración anterior y que la administración actual ha iniciado procesos de recobro contra el contratista, así como medidas correctivas para garantizar el cumplimiento con los procedimientos establecidos.
No obstante, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) determinó que el hallazgo prevalece.
El segundo hallazgo señala deficiencias en la administración de contratos contingentes relacionados con la facturación a planes médicos por servicios de ambulancia. La auditoría identificó $15,168 en ingresos no cobrados correspondientes a cheques emitidos por aseguradoras, así como pagos indebidos por $416 por facturas duplicadas. Además, se determinó que el Municipio no retuvo $5,297 en contribuciones sobre ingresos, ni registró adecuadamente los contratos en la Oficina del Contralor, al asignarles un valor nominal de $1 en lugar de una cuantía estimada razonable.
La gerencia expresó estar de acuerdo con algunos de los señalamientos e indicó que ha iniciado gestiones de cobro para recuperar los fondos no recibidos y corregir los procesos. Sin embargo, expresó desacuerdo en cuanto a la naturaleza de los contratos contingentes. La Contraloría concluyó que el hallazgo prevalece, al incumplirse disposiciones específicas sobre el registro y control de contratos.
En el tercer hallazgo, se identificaron deficiencias en la obligación de créditos presupuestarios, incluyendo tardanzas de hasta 110 días en registrar obligaciones relacionadas con contratos, y retrasos de hasta 428 días en la obligación de fondos en contratos contingentes. Estas prácticas debilitan el control fiscal y aumentan el riesgo de sobregiros y litigios innecesarios.
La administración municipal indicó que ha corregido estas prácticas y que actualmente se asegura la certificación de fondos antes de formalizar contratos. No obstante, la auditoría concluyó que las deficiencias existieron durante el periodo evaluado.
El cuarto hallazgo revela deficiencias en el manejo de pérdidas de propiedad municipal. Se identificaron 38 unidades de propiedad perdidas en 33 incidentes, con un valor estimado de $738,352. De estas, 13 pérdidas fueron notificadas a la Oficina del Contralor con tardanzas que oscilaron entre 4 y 998 días, en incumplimiento con los términos establecidos por ley.
La gerencia indicó que ha impartido instrucciones para mejorar la notificación oportuna de incidentes y fortalecer los controles. Sin embargo, la Contraloría señaló que la tardanza en estos procesos limita la capacidad de investigar los hechos y fijar responsabilidades.
El quinto hallazgo se relaciona con deficiencias en los expedientes de personal. La auditoría determinó que múltiples documentos carecían de firmas, fechas y otra información esencial, lo que debilita los controles sobre pagos de nómina y propicia la comisión de irregularidades. La administración indicó que esta situación fue corregida y que se han impartido instrucciones al personal correspondiente.
El informe también incluye un comentario especial sobre demandas civiles pendientes de resolución, tanto en contra como a favor del Municipio, lo que representa posibles riesgos fiscales futuros.
Como resultado de estos hallazgos, la OCPR emitió recomendaciones dirigidas al secretario de Hacienda, al presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al alcalde del Municipio. Entre las medidas recomendadas se destacan el recobro de fondos pagados indebidamente, el fortalecimiento de los procesos de cotización, la supervisión efectiva de los contratos, la retención correcta de contribuciones, la obligación oportuna de fondos, la mejora en los controles de propiedad y la correcta documentación de los expedientes de personal.
La Contralora reiteró que la sana administración pública exige controles efectivos, cumplimiento estricto de la ley y supervisión continua en todas las áreas operacionales. El informe completo está disponible en la página oficial de la OCPR www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-17, Autoridad para las Alianzas Público – Privadas de Puerto Rico Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3) – Sistemas de Información Computadorizados
Contralora de Puerto Rico revela deficiencias en el manejo y seguimiento de adelantos de capital en la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y COR3
San Juan, Puerto Rico, (17 de abril de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, dio a conocer hoy los resultados del Informe de Auditoría OC-26-17 sobre los sistemas de información computadorizados de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3, por sus siglas en inglés), una división de la Autoridad para las Alianzas Público – Privadas de Puerto Rico, el cual cubre el período del 10 de diciembre de 2020 al 12 de febrero de 2025.
El informe emitió una opinión cualificada, al determinarse que, aunque las operaciones se realizaron en todos los aspectos significativos conforme a la ley y reglamentación aplicables, se identificaron deficiencias en los procesos de seguimiento a subrecipientes que recibieron adelantos de capital bajo programas financiados por FEMA.
La auditoría identificó deficiencias en el proceso de monitoreo de los adelantos de capital otorgados mediante el programa piloto Request for Working Capital Advance (RFCA), implementado por la COR3 para facilitar liquidez a entidades subrecipientes en proyectos de recuperación. Estos adelantos, que pueden alcanzar hasta un máximo de 75 % del costo estimado de los proyectos, están sujetos a estrictos requisitos de seguimiento y justificación de gastos.
El examen reveló que, al 11 de septiembre de 2024, existían 974 proyectos referidos a la División de Cumplimiento, de los cuales para 504, no habían presentado solicitudes de reembolso, a pesar de haber recibido adelantos de capital por $747,673,335 entre junio de 2022 y septiembre de 2024.
Además, en una muestra de 30 proyectos evaluados, se determinó que, en 28 de estos, la División de Cumplimiento no realizó el seguimiento dentro de los términos establecidos. En 27 de estos casos no se enviaron las notificaciones iniciales de incumplimiento dentro del plazo requerido, registrándose retrasos de entre 7 y 401 días, aun cuando se habían desembolsado $8,871,876 en adelantos.
De igual forma, se identificó un caso en el cual, transcurridos 133 días desde el vencimiento del término requerido, no se envió notificación de incumplimiento a un subrecipiente que no envió la solicitud de rembolso y había recibido $857,838 en adelantos.
La Contraloría señaló que estas deficiencias afectaron entonces la capacidad de la COR3 mantener un control efectivo sobre los proyectos financiados con fondos federales y pueden impedir el cumplimiento de los objetivos de recuperación y reconstrucción para los cuales fueron asignados los recursos. Asimismo, destacó que la falta de seguimiento oportuno limitó la capacidad del Gobierno para garantizar el uso adecuado de fondos públicos.
En sus comentarios, la gerencia de la COR3 indicó que las situaciones se relacionan con la implementación de un programa piloto en desarrollo, así como con la falta de conocimiento por parte de algunos subrecipientes en el manejo de fondos federales. Además, señaló que se realizaron ajustes a los procedimientos para fortalecer los controles y mejorar el monitoreo del programa.
La gerencia también expresó desacuerdo con las conclusiones del informe, al sostener que la entidad ha mantenido controles internos efectivos y ha trabajado de manera continua para asegurar el cumplimiento con los requisitos federales, aun en el contexto de los retos asociados al proceso de recuperación tras los desastres naturales.
No obstante, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) determinó que el hallazgo prevalece, al no evidenciarse el cumplimiento con los términos establecidos en la reglamentación aplicable ni la documentación necesaria para justificar excepciones en los procesos de seguimiento.
Como resultado de estos hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas a la Junta de Directores de la Autoridad, al director ejecutivo de la Autoridad y al director ejecutivo de la COR3. Entre estas se incluyen la orientación a los subrecipientes sobre el manejo de fondos federales, el fortalecimiento de los procesos de seguimiento y cumplimiento, y la obligación de mantener documentación escrita que respalde cualquier excepción autorizada por FEMA o por la gerencia.
“Las deficiencias señaladas en este informe evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y control para asegurar que los recursos asignados cumplan con su propósito de reconstrucción y mitigación. La transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento estricto de la normativa son esenciales para proteger los fondos públicos y garantizar resultados efectivos para nuestro pueblo”, expresó la Contralora.
El informe completo está disponible en la página oficial de la OCPR www.ocpr.gov.pr.
Carta Circular OC-26-20, Certificación Anual sobre el cumplimiento con el Registro Electrónico Público de los Informes Requeridos a las Agencias del Gobierno de Puerto Rico
Invitación a Subasta OC-26-02 Servicios de Seguridad y Vigilancia
Informe de Auditoría OC-26-16. Compañía de Turismo de Puerto Rico
Contralora de Puerto Rico revela deficiencias significativas en la Compañía de Turismo que afectan la fiscalización del turismo náutico
San Juan, Puerto Rico, (14 de abril de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, dio a conocer hoy los resultados del Informe de Auditoría OC-26-16 de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, correspondiente al periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de marzo de 2025. El informe emitió una opinión cualificada al identificar deficiencias en los controles internos, la reglamentación y los procesos de certificación y fiscalización de las empresas de turismo náutico.
La Contralora señaló que, si bien las operaciones de la entidad se realizaron conforme a la ley en términos generales, los hallazgos identificados evidencian debilidades estructurales que comprometen la integridad del sistema de certificación, la seguridad de los usuarios y la equidad en la industria turística.
El informe revela, como hallazgo principal, que la Compañía permitió la operación de empresas de turismo náutico sin cumplir con los requisitos establecidos por ley y reglamentación. La auditoría determinó que varias empresas operaban con certificaciones vencidas, algunas por periodos que se extendían desde junio hasta diciembre de 2024, sin que la agencia tomara acción correctiva o impusiera penalidades. Asimismo, se identificó que se aprobaron certificaciones condicionadas no permitidas por la reglamentación vigente, incluyendo casos en los que las empresas no contaban con autorizaciones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, ni con inspecciones requeridas.
Adicionalmente, la auditoría evidenció deficiencias en la documentación y fiscalización, ya que en varios expedientes no se encontraron informes de inspección, y en otros casos se certificaron embarcaciones y equipos acuáticos sin la debida autorización regulatoria. También se detectó que la Compañía mantuvo certificaciones vigentes a empresas cuyos seguros, relevos de responsabilidad y permisos del DRNA estaban vencidos, en algunos casos por más de 600 días. Estas situaciones crean un ambiente de competencia desleal, exponen a los turistas a riesgos innecesarios y podrían implicar responsabilidad legal para la agencia.
La Contralora indicó que estas deficiencias responden, en gran medida, a la falta de personal adecuado para fiscalizar las operaciones, así como a la ausencia de supervisión efectiva por parte de los directores ejecutivos y del personal encargado. Como parte de este hallazgo, se refirió la conducta de un funcionario a la Oficina de Ética Gubernamental para evaluación correspondiente.
En un segundo hallazgo, el informe establece que la Compañía no había actualizado su reglamentación principal, el Reglamento 8855 de 2016 a pesar de haber transcurrido más de ocho años desde su aprobación. La auditoría determinó que dicho reglamento carece de disposiciones esenciales para la operación de empresas de turismo náutico, incluyendo requisitos sobre inspecciones periódicas, seguimiento a las empresas para mantener vigentes los documentos vencidos, criterios para otorgar endosos promocionales y controles sobre los sellos de certificación. Esta omisión limita la capacidad operativa de la agencia y propicia la emisión de certificaciones a entidades que no cumplen con los requisitos establecidos.
El tercer hallazgo señala deficiencias significativas en los controles internos, particularmente por la concentración de funciones incompatibles en el director de la Oficina de Servicios y Fiscalización Turística. Según el informe, este funcionario evaluaba solicitudes, realizaba inspecciones, determinaba cumplimiento, aprobaba certificaciones y controlaba la asignación de sellos, lo que compromete la objetividad del proceso y aumenta el riesgo de irregularidades. Asimismo, se identificó que los sellos de inspección no contaban con controles adecuados, ya que no se mantenían bajo custodia segura ni existía un registro formal de los mismos, lo que propicia su pérdida o uso no autorizado.
En cuanto a los comentarios de la gerencia, la directora ejecutiva de la Compañía informó que tomaría acciones para atender las recomendaciones emitidas en el informe, incluyendo medidas dirigidas a fortalecer la fiscalización, actualizar la reglamentación y mejorar los controles internos. No obstante, el exdirector ejecutivo no remitió comentarios sobre los hallazgos señalados.
Como resultado de estos hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas a la Junta de Directores, a la directora ejecutiva y al personal operacional. Entre estas se destacan la necesidad de revisar y actualizar el Reglamento 8855 de 2016 para atemperarlo con la legislación vigente, asignar el personal necesario para la fiscalización efectiva, segregar funciones incompatibles dentro de la estructura organizacional, asegurar el cumplimiento de los requisitos para la certificación de empresas de turismo náutico, y establecer controles adecuados para la custodia y uso de los sellos de inspección.
La Contralora reiteró que la industria turística representa un componente estratégico para el desarrollo económico de Puerto Rico, por lo que es indispensable que las entidades responsables de su regulación operen con rigor, transparencia y estricto cumplimiento de la ley. Añadió que este informe constituye una hoja de ruta clara para fortalecer los controles, proteger a los consumidores y garantizar una competencia justa dentro del sector.
El informe completo está disponible en la página oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-15 del Municipio de Las Marías
Contralora de Puerto Rico revela deficiencias significativas en el Municipio de Las Marías tras auditoría de cumplimiento
San Juan, Puerto Rico — La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA, dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-15 correspondiente al Municipio de Las Marías, el cual cubre el periodo del 1 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2025, y en el que se identifican deficiencias relevantes en los controles internos, el manejo de la propiedad municipal y la administración financiera.
La Contralora expresó que “la función fiscalizadora del Estado requiere no solo cumplimiento técnico, sino una cultura administrativa sólida que garantice la protección de los recursos públicos, y señaló que el informe evidencia áreas críticas que deben ser atendidas con urgencia para fortalecer la rendición de cuentas”.
Vega Fournier, explicó que “La auditoría emitió una opinión cualificada, lo que significa que, aunque las operaciones del Municipio se realizaron conforme a la ley y la reglamentación aplicable en términos generales, se identificaron desviaciones significativas en tres áreas principales que afectan la integridad administrativa y financiera del gobierno municipal”.
En cuanto al manejo de la propiedad municipal, el informe revela deficiencias sustanciales en los controles internos. Entre estas, se identificó que no se realizaron inventarios físicos anuales durante varios años fiscales, incumpliendo las disposiciones reglamentarias. Además, no se localizaron varias unidades de propiedad adquiridas, incluyendo equipos electrónicos y herramientas, no se emitieron recibos de propiedad en uso a empleados custodios y múltiples activos no estaban debidamente identificados o marcados. Asimismo, se detectaron deficiencias en el registro de activos en el sistema SIMA, incluyendo unidades no registradas, datos incompletos y discrepancias en la información, lo que debilita significativamente la capacidad del Municipio para salvaguardar sus bienes y propicia riesgos de pérdida, uso indebido y falta de transparencia.
De igual forma, se determinó que el Municipio no notificó a la Oficina del Contralor 39 accidentes relacionados con vehículos municipales, ni realizó investigaciones administrativas sobre dichos incidentes. Esta omisión limita la capacidad de establecer responsabilidades y afecta negativamente la cultura de control interno y la confianza pública en la gestión gubernamental.
En el área de propiedad inmueble, la auditoría identificó que no todas las propiedades estaban registradas en el sistema oficial y que los expedientes carecían de documentación esencial, como certificaciones del Registro de la Propiedad, estudios de título y validaciones contributivas. Estas deficiencias afectan la confiabilidad de los estados financieros y la toma de decisiones administrativas informadas.
En relación con la confiabilidad de la información, el informe concluye que el módulo de Activos Fijos del sistema SIMA no contiene datos confiables, debido a la existencia de miles de campos incompletos, registros duplicados, inclusión de activos que no cualifican como propiedad municipal y discrepancias en las secuencias de registro. Estas deficiencias comprometen la integridad de la información financiera y limitan la capacidad del Municipio para administrar adecuadamente sus recursos.
En el área financiera, la auditoría reveló deficiencias significativas en las conciliaciones bancarias, incluyendo atrasos de hasta 52 meses en su preparación, diferencias entre los balances bancarios y los registros contables, cheques sin cancelar por largos periodos y transacciones registradas incorrectamente entre cuentas. Estas situaciones afectan la confiabilidad de la información financiera y limitan la capacidad del Municipio para tomar decisiones fiscales responsables y oportunas.
El Municipio de Las Marías indicó, mediante sus comentarios oficiales, que ha iniciado acciones correctivas, incluyendo la realización de inventarios físicos en un término de
90 días, la identificación y registro de propiedades, la emisión de recibos de propiedad en uso, la implementación de informes mensuales sobre pérdidas, el registro de activos en el sistema SIMA y el inicio de procesos para completar expedientes de propiedades inmuebles. También informó que algunas cuentas bancarias han sido conciliadas y que se encuentra en proceso de cancelar cheques pendientes y corregir registros contables.
No obstante, la Oficina de la Contralora determinó que los hallazgos prevalecen, ya que no se presentó evidencia suficiente que sustente la corrección total de las deficiencias señaladas y persisten inconsistencias en los registros, así como incumplimientos en los controles administrativos requeridos.
El informe atribuye estas deficiencias principalmente a la falta de supervisión por parte de los directores de Finanzas y Presupuesto, al incumplimiento de procedimientos establecidos, a deficiencias en la comunicación interna sobre la adquisición y transferencia de activos, y a la ausencia de controles administrativos efectivos.
Como resultado de los hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió múltiples recomendaciones dirigidas al alcalde, a la gerencia municipal y su Oficina de Gerencia y Presupuesto. “Entre las recomendaciones, se incluyen la realización de inventarios físicos anuales, la localización o investigación de bienes no encontrados, la emisión de recibos de propiedad en uso, el fortalecimiento del registro de activos en el sistema SIMA, la notificación oportuna de pérdidas o irregularidades, la realización de investigaciones administrativas, la preparación mensual de conciliaciones bancarias, la corrección de discrepancias contables, la cancelación de cheques pendientes, el reembolso de fondos utilizados incorrectamente y el mantenimiento de expedientes completos de propiedad inmueble”.
La Contralora reiteró que la transparencia, la disciplina fiscal y la integridad administrativa son pilares fundamentales del servicio público, y que cada señalamiento representa una oportunidad de mejora, pero también una responsabilidad indelegable de los funcionarios encargados de la administración de fondos públicos. Añadió que este informe establece una hoja de ruta clara para fortalecer la gobernanza municipal y garantizar el uso responsable, eficiente y ético de los recursos en beneficio del pueblo de Puerto Rico.
El informe completo está disponible en el portal oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico www.ocpr.gov.pr.
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Informe de Auditoría OC-26-14 del Municipio de Las Piedras
Contralora de Puerto Rico revela hallazgos significativos en auditoría del Municipio de Las Piedras y emite recomendaciones para fortalecer la gestión fiscal y administrativa
San Juan, Puerto Rico — La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA, dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-14 correspondiente al Municipio de Las Piedras, el cual cubre el periodo del 1 de febrero de 2019 al 31 de diciembre de 2022. El informe identifica múltiples deficiencias en los procesos de compras, contratación, administración de obras, control fiscal y gobernanza municipal, lo que dio lugar a una opinión cualificada.
La Contralora expresó que, “aunque las operaciones del Municipio se realizaron conforme a la ley en términos generales, los hallazgos identificados evidencian desviaciones significativas que requieren atención inmediata para garantizar el uso eficiente, transparente y legal de los recursos públicos. Señaló además que la fiscalización no solo busca identificar incumplimientos, sino promover mejoras estructurales en la administración pública municipal”.
Vega Fournier, detalló que entre los principales hallazgos, “se identificó que el Municipio adquirió seis vehículos por $255,404 mediante un proceso de cotizaciones dirigido a concesionarios de una sola marca, lo que restringió la libre competencia y limitó la posibilidad de obtener mejores alternativas en el mercado. La auditoría determinó que se incluyeron especificaciones que favorecían una marca en particular, contrario a la normativa estatal y federal aplicable. La gerencia municipal indicó que esta decisión respondió a la uniformidad de la flota y a la experiencia previa con dichos suplidores, así como a las condiciones de emergencia durante la pandemia del COVID-19. No obstante, la Oficina de la Contralora concluyó que el hallazgo prevalece, ya que dichas circunstancias no justifican la limitación de la competencia abierta”.
“Asimismo, según el informe, los auditores determinaron que el Municipio formalizó contratos por $640,033 para proyectos de construcción sin haber obtenido previamente los permisos requeridos por la Oficina de Gerencia de Permisos. Aunque los trabajos fueron completados y aceptados, los permisos fueron obtenidos luego de iniciadas las obras, lo que impidió la supervisión regulatoria oportuna y expuso al Municipio a posibles sanciones. La administración municipal alegó que utilizó el método de diseño y construcción, delegando la responsabilidad en el contratista; sin embargo, la Contralora reiteró que la responsabilidad última recae en el Municipio como dueño de los proyectos, por lo que el hallazgo prevalece”.
En el área de gobernanza, la auditoría reveló tardanzas significativas en la remisión de nombramientos de los miembros de la Junta de Subastas para su confirmación por la Legislatura Municipal. En algunos casos, estos nombramientos se remitieron hasta 969 días después del inicio del nuevo cuatrienio, a pesar de que la Junta continuó tomando decisiones durante ese periodo. La gerencia municipal sostuvo que los miembros podían continuar en funciones conforme al Código Municipal; no obstante, la Contralora determinó que el incumplimiento en el proceso de confirmación podría poner en cuestionamiento la validez de las decisiones tomadas.
En el ámbito fiscal, se identificó que no se obligaron créditos presupuestarios al momento de otorgarse contratos por $640,033, registrándose tardanzas de hasta 473 días en el registro de dichas obligaciones. Esta situación debilita el control presupuestario y puede propiciar sobregiros y riesgos legales. La gerencia atribuyó esta situación a las condiciones operacionales durante la pandemia, pero la auditoría determinó que varios contratos fueron otorgados antes de dicha emergencia, por lo que el hallazgo prevalece.
Además, se señaló que el Municipio realizó un pago de $21,980 por servicios de reparación eléctrica sin formalizar un contrato escrito, limitándose a una orden de compra. Esta práctica dejó desprovisto al Municipio de garantías legales adecuadas y dificultó la verificación de la corrección del desembolso. Aunque la administración argumentó que la orden de compra era suficiente en el contexto de emergencia, la Contralora enfatizó que dicho mecanismo no sustituye la obligación legal de formalizar contratos.
De igual forma, se determinó que el Municipio otorgó contratos y enmiendas por más de $8.5 millones para la administración del Centro de Diagnóstico y Tratamiento sin remitirlos a la Legislatura Municipal para su evaluación y aprobación, limitando la función fiscalizadora de dicho cuerpo. La gerencia sostuvo que se trataba de servicios profesionales; sin embargo, la Oficina de la Contralora concluyó que la naturaleza del contrato requería aprobación legislativa, por lo que el hallazgo prevalece.
El informe también incluye otros señalamientos relacionados con la falta de contratos escritos en la venta o alquiler de lotes en el cementerio municipal, la no localización de equipo y tardanzas en investigaciones administrativas, así como un comentario especial sobre una demanda civil pendiente de resolución.
La Contralora indicó que, aunque la administración municipal presentó argumentos y medidas correctivas en varios de los hallazgos, en todos los casos se determinó que las deficiencias señaladas persisten o no fueron debidamente subsanadas con evidencia suficiente.
Como resultado de estos hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas al alcalde, a la administración municipal, a la Legislatura Municipal y a otras entidades pertinentes. Entre estas se incluyen el fortalecer los procesos de compras para garantizar la libre competencia, asegurar el cumplimiento con los requisitos de permisos antes de iniciar proyectos de construcción, cumplir con los procesos de confirmación de la Junta de Subastas, establecer controles efectivos en la obligación de fondos, formalizar adecuadamente todos los contratos, remitir a la Legislatura aquellos contratos que así lo requieran, y reforzar los mecanismos de control interno en todas las áreas operacionales.
La Contralora reiteró que la sana administración pública requiere disciplina fiscal, cumplimiento estricto de la ley y una supervisión efectiva en todos los niveles de gobierno. Añadió que cada uno de los hallazgos representa una oportunidad para corregir deficiencias, fortalecer la gobernanza municipal y garantizar que los recursos públicos sean utilizados en beneficio del pueblo de Puerto Rico.
El informe completo está disponible en la página oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico www.ocpr.gov.pr.
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Informe de Auditoría OC 26-13 de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado
Contralora de Puerto Rico emite informe de auditoría sobre la Corporación del Fondo del Seguro del Estado con opinión favorable por el manejo de fondos federales relacionados con la pandemia del COVID-19
San Juan, Puerto Rico — (10 de abril de 2026) La nueva Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, informó hoy los resultados de la auditoría de cumplimiento realizada a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2025. La auditoría, de alcance específico, estuvo dirigida a evaluar el manejo de fondos federales relacionados con la pandemia del COVID-19, incluyendo los fondos bajo el Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act) y el American Rescue Plan Act (ARPA).
“El resultado de esta auditoría refleja que las operaciones evaluadas de la Corporación se realizaron, en todos los aspectos significativos, conforme a la ley y la reglamentación aplicable. El informe emitido contiene una opinión favorable, lo que significa que las transacciones examinadas cumplen sustancialmente con los requisitos legales y normativos aplicables”.
La Lcda. Vega Fournier, quien es abogada y Contador Público Autorizado, detalló “entre los principales resultados se destaca que: los ingresos federales fueron depositados en cuentas bancarias separadas conforme a la reglamentación aplicable; los fondos fueron registrados oportunamente en el sistema contable según las disposiciones federales, y se prepararon los informes de cierre correspondientes, incluyendo la devolución de sobrantes al Departamento de Hacienda conforme a la normativa federal. En cuanto al control interno, la auditoría determinó que la Corporación mantiene una estructura adecuada y efectiva,
sin identificarse deficiencias significativas que ameriten señalamientos o comentarios en el informe. Por lo que reconocemos estas buenas ejecutorias de los empleados y la administración de la Corporación”.
Asimismo, según reza el informe de los auditores, como parte del proceso de comunicación con la gerencia, los auditores notificaron los resultados de la evaluación a la administración de la Corporación, sin que surgieran situaciones adversas que requirieran acción correctiva.
“La ausencia de hallazgos en esta auditoría no debe interpretarse como un ejercicio concluido, sino como una responsabilidad continua de mantener controles efectivos, fortalecer la gobernanza y asegurar el cumplimiento riguroso de las leyes aplicables, especialmente en el manejo de fondos federales”, añadió la Contralora.
La titular también subrayó que este informe reafirma la importancia de mantener prácticas administrativas robustas en entidades que manejan recursos críticos para el bienestar de los trabajadores de Puerto Rico, destacando el rol de la Corporación en la protección y compensación de la fuerza laboral de la Isla.
Como parte de sus recomendaciones generales —aun en ausencia de hallazgos— la Oficina de la Contralora exhortó a la gerencia de la CFSE a: continuar fortaleciendo sus controles internos, mantener la transparencia en el manejo de fondos públicos, y asegurar la sostenibilidad de sus prácticas administrativas conforme a los estándares estatales y federales.
“Reiteramos nuestro llamado a todos los funcionarios y empleados públicos a velar por el uso eficiente, económico, ético y responsable de los recursos del Gobierno, en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, concluyó la Contralora.
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Informe de Auditoría OC 26-12 del Departamento de la Familia – Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF)
Oficina de la Contralora presenta hallazgos significativos en auditoría a la ADSEF sobre el manejo de fondos del PAN y deficiencias en controles internos
San Juan, Puerto Rico – (9 de abril de 2026) La contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA, informó hoy la publicación del Informe de Auditoría OC-26-12, correspondiente a la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), adscrita al Departamento de la Familia, el cual cubre el período del 1 de enero de 2017 al 31 de agosto de 2024.
“El análisis realizado por los auditores -para los años del 2017 hasta 2024- reveló que se efectuaron pagos a beneficiarios fallecidos antes del cierre de sus casos, que algunos casos permanecieron activos aun después del fallecimiento de los participantes y que se realizaron pagos a unidades familiares sin ajustar oportunamente la composición del núcleo tras la muerte de alguno de sus miembros. Asimismo, se identificaron fallas significativas en la supervisión de instituciones de residencia transitoria autorizadas a manejar beneficios del PAN, en las cuales se detectaron transacciones con fondos para la compra de artículos no elegibles, tales como bebidas alcohólicas, ropa, artículos electrónicos, gasolina y otros gastos no relacionados con alimentos”, explicó Vega Fournier, quien es abogada y Contador Público Autorizado (CPA).
El Programa de Asistencia Nutricional (PAN) ofrece ayudas económicas a familias sin ingresos o con ingresos limitados para que puedan complementar sus necesidades alimentarias. Esta ayuda se otorga en proporción a la cantidad de personas en el núcleo familiar. Para la distribución de los fondos y la determinación de los beneficios del PAN, la ADSEF se rige por lo establecido en el Reglamento 8684 de 2015.
El informe, realizado en cumplimiento con las facultades constitucionales y legales de esta Oficina, contiene una opinión adversa, lo que significa que las operaciones evaluadas no se realizaron, en todos los aspectos significativos, conforme a la ley y la reglamentación aplicables, particularmente en áreas relacionadas con la administración del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y la supervisión de instituciones participantes.
“La emisión de una opinión adversa refleja deficiencias materiales en los controles internos y en el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias. Nuestro deber es presentar estos hallazgos con objetividad para propiciar acciones correctivas y fortalecer la administración pública”, expresó la contralora Vega Fournier.
“El examen realizado reveló que, del 3 de enero de 2017 al 28 de agosto de 2024, la ADSEF realizó 988,617 pagos en beneficios del PAN por $150,663,786 a 38,618 participantes [1], cuyo número de seguro social se identificó en el Registro de Defunciones como personas fallecidas.
De los 38,618 participantes, evaluamos la información de 385[2], a los que se realizaron 10,700 pagos por $1,623,280, del 4 de enero de 2017 al 22 de agosto de 2024. Esto, para determinar el estatus de los casos. Nuestra evaluación reveló que 351 (256 + 95) casos estaban cerrados y 34 continuaban activos, según se indica:
- Del 4 de enero de 2017 al 6 de febrero de 2024, la ADSEF realizó 4,035 pagos de beneficios por $435,579 a 256 casos de únicos beneficiarios (88%) que habían fallecido antes del cierre de sus casos. De acuerdo con el archivo del Registro Demográfico, los beneficiarios fallecieron del 6 de febrero de 1991 al 12 de noviembre de 2022. Mientras los casos fueron cerrados del 22 de febrero de 2017 al 31 enero de 2024[3].
- Al 30 de septiembre de 2024, 34 casos de únicos beneficiarios continuaban activos. Esto, a pesar de que habían fallecido del 15 de febrero de 1990 al 21 de agosto de 2022. Del 4 de enero de 2017 al 22 de agosto de 2024, se emitieron 3,332 pagos de beneficios por $437,035.
- Del 4 de enero de 2017 al 20 de agosto de 2024, la ADSEF realizó 3,333 pagos por $750,665 a 95 unidades familiares en las que había fallecido algún integrante, antes de proceder con los ajustes o el cierre de los casos. Para el 30 de septiembre de 2024, la ADSEF implementó acciones para reducir los beneficios correspondientes a las personas fallecidas”, lee el informe.
Estas situaciones estuvieron asociadas, entre otros factores, a deficiencias en los procesos de validación de información y a debilidades en los controles internos, lo que permitió la emisión de pagos indebidos y afectó la confiabilidad del Sistema,enfatizó la Contralora de Puerto Rico.
“Actualmente, el Departamento de la Familia y Departamento de la Salud y su oficina de Registro Demográfico, tienen un acuerdo para que puedan acceder a la plataforma del sistema ‘State and Territorial Exchange of Vital Events’ (STEVE), el cual es un sistema de intercambio de datos que maneja el Registro Demográfico del Departamento de Salud que permite a los estados y territorios obtener información confiable de los récords vitales (nacimientos y defunciones),” enfatizó la Contralora de Puerto Rico.
El informe también señala deficiencias significativas en la supervisión de instituciones de residencia transitoria. En particular, se determinó que la ADSEF no pudo suministrar 36 informes trimestrales requeridos para evaluación, no suspendió la autorización de instituciones que incumplieron con la entrega de informes por períodos prolongados y no verificó adecuadamente el uso de los fondos.
“Asimismo, se identificaron transacciones con fondos del PAN para la compra de artículos no elegibles, así como deficiencias en la documentación, incluyendo recibos ilegibles o ausencia de evidencia, lo que limita la capacidad de fiscalización. Estas deficiencias propician un ambiente de riesgo para el uso indebido de fondos públicos y podrían exponer al Gobierno de Puerto Rico a señalamientos o sanciones por parte de entidades federales,” reveló el Informe de auditoría.
El informe recoge comentarios de la gerencia de la ADSEF, en los cuales se reconoce que eventos extraordinarios como los huracanes Irma y María, los sismos en el suroeste de Puerto Rico y la pandemia del COVID-19 afectaron significativamente la capacidad operacional del Gobierno y la continuidad de los procesos administrativos. Asimismo, se señala que las restricciones presupuestarias, la reducción de personal y otros factores estructurales impactaron la capacidad de supervisión y fiscalización de la agencia.
De igual forma, la Contralora indicó que la actual agencia ha demostrado disposición para atender los señalamientos mediante la formalización de acuerdos con el Registro Demográfico, el fortalecimiento de procesos internos, la implementación de protocolos de validación de información y el desarrollo de un Plan de Acción Correctiva dirigido a mejorar la eficiencia, la transparencia y el cumplimiento.
La Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas a fortalecer los controles internos, asegurar la continuidad de los acuerdos interagenciales para la validación de datos de defunciones, asignar el personal necesario para la fiscalización efectiva del programa, revisar la reglamentación vigente y realizar las investigaciones y gestiones de recobro que correspondan.
“Reiteramos nuestro llamado a que se implementen de manera diligente las recomendaciones emitidas de las cuales sé que actualmente muchas se están ejecutando. La administración adecuada de los programas de asistencia social es esencial para garantizar que los recursos públicos lleguen a las poblaciones que verdaderamente los necesitan y por este lado evita consecuencias de agencias estatales y federales”, concluyó la contralora Vega Fournier.
Recomendaciones del Informe:
- Al fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico
Considerar las situaciones comentadas en el Hallazgos 1 y realizar los procesos que estime pertinentes.
- A la secretaria de Justicia
Considerar las situaciones comentadas en el Hallazgos 1 y realizar los procesos que estime pertinentes.
- Al director de la Oficina de Área del Caribe de la Food and Nutrition Services
Considerar las situaciones comentadas en el Hallazgo 1 y realizar los procesos que estime pertinentes.
- A la secretaria de la Familia
Tomar las medidas necesarias para asegurarse de que el administrador de la ADSEF cumpla con las recomendaciones y que situaciones como estas no se repitan.
Imparta instrucciones a la División de Integridad para que realice las investigaciones correspondientes de los casos de participantes con número de seguro social de personas fallecidas a los que la ADSEF les realizó pagos de beneficios del PAN, y a las instituciones que utilizaron los fondos del PAN para realizar compras que no estén relacionadas con alimentos. Además, obtenga el asesoramiento legal necesario para llevar a cabo cualquier gestión de recobro.
El informe completo está disponible en el portal oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico en www.ocpr.gov.pr
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[1] Once participantes pertenecían a tres instituciones que se mencionan en el Hallazgo 2-a.1).
[2] Doscientos noventa casos eran de únicos beneficiarios y 95 casos de miembros de unidades familiares.
[3] Ciento noventa y cuatro casos fueron cerrados por muerte único beneficiario, 1 se desconoce paradero, 53 casos cierre administrativo Oficina Central, cinco casos no cooperaron en determinar elegibilidad, 1 caso retiro voluntario, 1 caso retiro voluntario por emigración y 1 caso sin código de cierre.
Contraloría revela pagos indebidos y sin contrato por más de El 26 de marzo de 2026 aprobamos el Informe de Auditoría OC-26-12. Este contiene los resultados de la auditoría que realizamos a la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF); para determinar si las operaciones si las operaciones fiscales se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe de Auditoría OC-26-12 se puede conseguir en nuestra página en Internet.
Carta Circular OC-26-19, Notificación de Correo electrónico de la Oficina de Prevención y Orientaciones Externa
Carta Circular OC-26-18, Calendario del curso requerido por la Ley 190-2006.
Carta Circular OC-26-17, Certificación sobre el Cumplimiento de la Ley 273-2003, Ley de Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías de Entidades Gubernamentales, según enmendada, para el año fiscal 2024-2025
Carta Circular OC-26-16, Informe Anual sobre el Estado de las Privatizaciones de los años fiscales 2022-23 al 2024-25
El Programa de Internado de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) ofrece al estudiante un escenario para adquirir conocimientos prácticos que le ayudan a comprender las funciones que realiza la OCPR. Esto, para que, una vez alcanzadas sus metas académicas, pueda considerar el servicio público como una opción para su desarrollo profesional. Además, promueve el análisis y la investigación entre los estudiantes.
Los aspirantes a participar del Programa están sujetos a las disposiciones contenidas en el Reglamento 63, Programa de Internado de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, aprobado el 6 de octubre de 2014. El mismo está disponible en nuestra página de Internet https://www.ocpr.gov.pr.
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Carta Circular OC-26-15, Fechas límite para enviar la Certificación Trimestral del Registro de Contratos a la Oficina de la Contralora
PROGRAMA DE INTERNADO EN SISTEMAS DE OFICINA O SECRETARIAL
PROGRAMA DE INTERNADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN – SERVICIO TECNICO
PROGRAMA DE INTERNADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN – SEGURIDAD
PROGRAMA DE INTERNADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN – PROGRAMACIÓN
PROGRAMA DE INTERNADO – AUDITOR GUBERNAMENTAL
Visitarán universidades para educar sobre la corrupción
fuente: Radio Isla - fecha: 23 de enero de 2026
La contralora Carmen Vega Fournier busca reducir la corrupción en el gobierno para las próximas generaciones
La contralora Carmen Vega Fournier anunció hoy,viernes, que su oficina visitará todas las universidades de Puerto Rico para educar sobre la corrupción y la ética pública, como parte de un plan que luego se extenderá a las escuelas públicas desde grado 12 hasta kínder.
“En la universidad están los futuros funcionarios públicos y tenemos que darles el ejemplo de las cosas que sí han pasado. Siempre va haber alguien que se desvíe porque lo que queremos es que sea el menor porciento”, dijo la contralora..
Contralora anuncia la designación de Saudhi Soto Pagán como nueva Subcontralora de Puerto Rico
Comunicado de Prensa
20 de enero de 2026
San Juan, Puerto Rico – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen Vega Fournier, Cpa, anunció la designación de la CPA y licenciada Saudhi Soto Pagán como nueva Subcontralora de Puerto Rico, aportando su vasta experiencia en auditorías, cumplimiento normativo, procesos contributivos y en derecho.
Soto Pagán es abogada licenciada y Contadora Pública Autorizada (CPA) con 35 años de experiencia en derecho contributivo, corporativo y administrativo. Ha liderado procesos de planificación contributiva, consultoría financiera y representación legal ante agencias gubernamentales estatales y federales, así como auditorías y Single Audits, contribuyendo a la mejora de controles internos y fortaleciendo la transparencia en entidades públicas y municipales.
“La nueva Subcontralora tiene el expertise y el compromiso para lograr y mantener que nuestras auditorías impacten al Pueblo en la transparencia y la rendición de cuentas”, expresó Vega Fournier, reafirmando su compromiso con la fiscalización responsable de la propiedad y los fondos públicos.
Con esta designación, la Oficina de la Contralora reafirma su compromiso con la excelencia, la transparencia y la fiscalización efectiva en la gestión pública.
Contralora anuncia la designación de Saudhi Soto Pagán como nueva Subcontralora de Puerto Rico
Carta Circular OC-26-14, Fechas límites en el 2026 para remitir a la Oficina del Contralor los informes mensuales del Registro de Puestos e Información Relacionada
Carta Circular OC-26-13, Extensión de fecha límite para remitir la Certificación sobre el Cumplimiento de la Ley 273-2003, Ley de Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías de Entidades Gubernamentales, según enmendada, para el año fiscal 2023-24
Derogada por la Carta Circular OC-26-17 del 9 de marzo de 2026.
Contralora e Inspectora General sellan acuerdo histórico para fortalecer la integridad y la fiscalización gubernamental
San Juan, Puerto Rico- Con el fin de maximizar la transparencia, prevenir riesgos en el manejo de fondos públicos y elevar los estándares de cumplimiento en la gestión gubernamental, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) y la Oficina del Inspector General (OIG), firmaron hoy un acuerdo interagencial sin precedentes, que formaliza y fortalece su colaboración estratégica en beneficio del pueblo de Puerto Rico. El acuerdo fue suscrito por la nueva Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, y la Inspectora General, Ivelisse Torres Rivera, quienes destacaron el compromiso compartido de ambas entidades con la sana administración pública, la rendición de cuentas y la integridad institucional.
Vega Fournier sostuvo que la fiscalización moderna exige coordinación gubernamental, madurez institucional y sistemas ágiles que permitan optimizar los controles públicos. Resaltó que la alianza alcanzada “nos permite sumar capacidades, compartir conocimientos y fortalecer el ecosistema de controles gubernamentales para que Puerto Rico tenga una administración pública más transparente, más ética y responsable”, y enfatizó que el proceso fiscalizador requiere visión estratégica y colaboración constante.
Por su parte, la Inspectora General Torres Rivera señaló que el acuerdo destaca que la colaboración estratégica no es solo un complemento del buen gobierno, sino un pilar fundamental para asegurar el uso adecuado de los fondos públicos. “Unimos capacidades desde nuestras jurisdicciones particulares para fortalecer los controles internos, elevar los estándares de cumplimiento y garantizar que el Estado administre sus recursos con eficiencia. Mediante esta alianza, el Gobierno refuerza su capacidad de fiscalización, fomentando la confianza de la ciudadanía”, señaló, destacando el rol de ambas oficinas en la supervisión de los procesos gubernamentales.
Como parte del convenio, ambas agencias establecerán mecanismos de intercambio seguro de información mediante plataformas tecnológicas protegidas, así como protocolos estrictos de confidencialidad para garantizar la reserva de documentos, informes y datos sensibles. El acuerdo también permitirá la asistencia técnica especializada para investigaciones, auditorías e intervenciones relacionadas con riesgos o posibles irregularidades en la gestión pública. Todo apoyo interagencial estará acompañado de medidas que aseguren la protección de expedientes, el manejo adecuado de información y el cumplimiento con los deberes legales de ambas entidades.
El documento, además, integra iniciativas conjuntas en materia de educación y capacitación dirigidas a funcionarios, empleados públicos y ciudadanía en general. Entre estas, se desarrollarán adiestramientos, guías, cartas circulares, materiales educativos y herramientas pedagógicas enfocadas en fortalecer la cultura del cumplimiento, el uso adecuado de los recursos gubernamentales y las mejores prácticas de administración pública. También se establece que ambas entidades podrán emitir referidos y colaborar en la evaluación de planes de acción correctiva relacionados con incumplimientos o hallazgos que requieran intervención interagencial.
Finalmente, la Contralora enfatizó “…el acuerdo no solo formaliza una relación de trabajo colaborativo ya existente, sino que la eleva a un nuevo nivel de integración, responsabilidad compartida y eficiencia fiscalizadora. Nos reafirmamos en nuestra disposición a continuar promoviendo iniciativas que fortalezcan la confianza del pueblo en sus instituciones y consoliden un enfoque moderno y colaborativo de supervisión pública en Puerto Rico.”
Contacto OCPR:
Lisandra Rivera, Lic. R-168
Directora de área
Oficina de Prensa y Comunicaciones
Oficina de la Contralora de Puerto Rico
(787) 250-3322
lriverar@ocpr.gov.pr
Contacto OIG: Gladys Arce , Lic. R – 300
Teléfono: (787) 382-1037
Email: gladys.arce711@gmail.com
Contacto alterno OIG: Kenneth Matos
Teléfono: (787) 679-7997 Ext. 1115
Email: Kenneth.matos@oig.pr.gov
prensa@oig.pr.gov
Carta Circular OC-26-12, Enmienda a la Carta Circular OC-18-15, Procedimiento para comentarios a borradores de informes de auditoría y para la entrega de información solicitada
Nueva Contralora celebra un histórico foro multisectorial en el Día Internacional contra la Corrupción
San Juan, Puerto Rico (martes, 9 de diciembre de 2025) – En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la nueva Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen Vega Fournier, encabezó hoy un foro sin precedentes que reunió a representantes del gobierno, la academia y la sociedad civil para discutir estrategias coordinadas de transparencia, control y prevención. Bajo el nombre “Un diálogo entre el gobierno, la academia y la sociedad civil”, el evento congregó a más de 200 participantes en una jornada de reflexión profunda sobre la lucha anticorrupción y la importancia de una vigilancia pública más innovadora y colaborativa.
El foro, el primero en su clase organizado por la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), marcó el inicio de una etapa enfocada en fortalecer la prevención, la fiscalización eficiente y la comunicación interagencial.
Durante su mensaje de apertura, la Contralora destacó que el foro responde “a nuestro modelo participativo que promueve alianzas proactivas con las entidades fiscalizadoras y con la academia.” Asimismo, Vega subrayó que mantiene comunicación constante y directa con el Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Inspector General, afirmando que “estas colaboraciones son esenciales en la investigación de casos de malversación, fraude y uso indebido de fondos públicos.”
También, la abogada y Contador Público Autorizado, Vega Fournier, resaltó ” es importante integrar a la Academia y, a su vez, a las nuevas generaciones mediante programas de internado que acerquen a los jóvenes al servicio público como una opción profesional ética y con sentido de propósito, al tiempo nos ayuden con trabajos e investigaciones académicas que fortalezcan la misión fiscalizadora de la OCPR.”
El primer panel, titulado “Responsabilidad pública y transparencia desde el Estado”, reunió a los principales funcionarios del aparato fiscalizador y judicial del país. Participaron el Lcdo. Luis A. Pérez Vargas, director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental; la Lcda. Annette del C. Esteves Serrano, subdirectora del Departamento de Justicia; Ivelisse Torres Rivera, inspectora de la Oficina del Inspector General; el Lcdo. W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico; la Lcda. Ygrí Rivera Sánchez, presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente; el Dr. Orville M. Disdier Flores, director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; y la Contralora de Puerto Rico.
Los panelistas discutieron nuevas modalidades en la detección de actos de corrupción, la importancia de auditorías internas centralizadas y la necesidad de utilizar datos confiables para detectar señales de alerta. También destacaron el valor colaborativo del Grupo PRECO, espacio interagencial dedicado a la prevención y erradicación de la corrupción. El fiscal federal Muldrow enfatizó la necesidad de fortalecer programas de protección y recompensa para denunciantes, señalando que muchos casos se esclarecen gracias a ciudadanos que alertan sobre irregularidades.
El segundo panel, “Educación e investigación para una cultura de integridad”, destacó la aportación de la academia a la vigilancia ética y a la construcción de una ciudadanía informada. Estuvo compuesto por el Dr. Melvin Rosario Crespo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano; el Dr. César Rey Hernández de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras; y el Dr. Hernán A. Vera Rodríguez de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Los académicos coincidieron en que la lucha contra la corrupción debe comenzar desde el sistema educativo, incorporando la ética, el civismo y la ciudadanía como competencias esenciales desde los primeros años hasta los estudios universitarios. También destacaron que alianzas estratégicas entre universidades, entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir al desarrollo de políticas públicas más sostenibles e innovadoras.
El tercer panel, “La voz de la Sociedad Civil en la Lucha contra la Corrupción”, dio espacio a organizaciones que lideran la fiscalización ciudadana independiente. Participaron la Dra. Eneida Torres de Durand del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa; Issel Masses Ferrer de Sembrando Sentido; Oscar J. Serrano del Centro de Periodismo Investigativo; y Michael G. Carmona Soto de Somos Más PR. Los panelistas resaltaron la importancia del monitoreo independiente, el acceso a información pública en formatos utilizables y las colaboraciones con organismos internacionales para desarrollar herramientas que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas en la contratación pública. Además, destacaron que la sociedad civil desempeña un rol insustituible en exigir integridad en el manejo de fondos públicos.
Esta primera edición del foro marca un hito en la agenda de la OCPR, demostrando su compromiso con la transparencia gubernamental y la promoción de una cultura de integridad. La Contralora concluyó que este esfuerzo es el comienzo de una agenda sostenida de colaboración multisectorial orientada a fortalecer la confianza pública y erradicar la corrupción en Puerto Rico.
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CONTACTO: Lisandra Rivera Rivera, Directora
Oficina de Prensa y Comunicaciones
lriverar@ocpr.gov.pr
(787) 250-3322
Carta Circular OC-26-11, Extensión de fecha límite para remitir la Certificación Anual Requerida por el Artículo 9 de la Ley 103-2006, Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006,según enmendada, para el Año Fiscal 2024-25.
Nueva Contralora de Puerto Rico sostiene su primer encuentro con el Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción
San Juan, Puerto Rico — (jueves, 20 de noviembre de 2025) La nueva Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA, sostuvo su primera reunión oficial con el Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción (PRECO), en un encuentro encabezado por el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y presidente del organismo, Lcdo. Luis A. Pérez Vargas.
Durante la sesión, la Contralora reafirmó su compromiso con la transparencia, el uso responsable de los recursos públicos y la modernización de los sistemas que apoyan la fiscalización gubernamental. El encuentro permitió consolidar iniciativas conjuntas para reforzar los controles internos, mejorar el intercambio de información y fortalecer la detección temprana de irregularidades en la gestión pública.
“Puerto Rico necesita instituciones fuertes y coordinadas. La fiscalización no es un esfuerzo individual, sino un frente unido. Colaborar estrechamente con cada una de estas agencias nos permite anticipar riesgos, cerrar brechas y actuar con mayor rapidez y precisión en beneficio de Puerto Rico”, expresó la nueva Contralora, quien es abogada y Contadora Público Autorizada. La Contralora también añadió: “tengo que enfatizar que contamos con funcionarios públicos honestos en su gran mayoría, pero la historia demuestra que no todos actúan de esa manera. Por eso nunca bajaremos la guardia; al contrario, la reforzaremos”.
El grupo PRECO agrupa a las principales entidades encargadas de fiscalización y cumplimiento en Puerto Rico, incluyendo: Oficina del Contralor de Puerto Rico, Departamento de Hacienda, Oficina del Inspector General de Puerto Rico, Departamento de Justicia de Puerto Rico, FBI – Oficina de San Juan, Policía de Puerto Rico, Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, y la OEG.
Como parte de la mesa de trabajo, las agencias acordaron impulsar proyectos de interoperabilidad tecnológica, evaluar revisiones a protocolos interagenciales y promover campañas de educación pública para reforzar la ética y la integridad en el servicio gubernamental.
Además, este año se convirtió en ley el Proyecto del Senado 454, que pasa a ser la Ley 84-2025, el cual busca fortalecer el Código Anticorrupción mediante enmiendas a la Ley 2-2018 con el fin de mejorar la fiscalización gubernamental, optimizar la coordinación entre agencias y garantizar la implementación efectiva de políticas contra la corrupción. Entre los cambios más relevantes, se reafirma la facultad investigativa de cada agencia sobre sus contratistas y se formaliza la estructura de PRECO. Además, se establecen sus funciones específicas en torno a la colaboración interagencial, la recepción de querellas y la mejora de procesos administrativos y criminales, promoviendo la rápida promulgación de reglamentos para evitar retrasos operativos.
La Contralora enfatizó que su gestión apostará a la prevención, la educación y la colaboración interagencial como pilares esenciales para combatir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana.
“Este esfuerzo colectivo envía un mensaje directo en Puerto Rico: la corrupción no tiene espacio y la vigilancia será constante. Nuestro pueblo merece instituciones que protejan cada dólar público con rigor y gran responsabilidad”, añadió Vega Fournier.
El PRECO está creado por la Ley Núm. 2 de 4 de enero de 2018, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”.
Superintendente de Educación justificó gastos con datos falsos
fuente: NotiCel - fecha: 4 de noviembre de 2025
Una investigación de la Oficina del Contralor reveló que solicitó rembolsos para un viaje oficial que no realizó.
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó el resultado de la investigación de una querella que señalaba que el superintendente de la Oficina Regional Educativa de Bayamón no asistió a un viaje oficial para la Cumbre de liderazgo en Texas del 4 al 6 de enero, y, en su lugar, realizó un viaje personal a España.
La investigación reveló que el superintendente certificó gastos oficiales por un total de $1,889 – incluyendo boleto aéreo, taxi, dieta y hotel- utilizando capturas de pantalla de estimados de viaje y una certificación en la que alegó haber extraviado los recibos tras un accidente.
Sin embargo, registros de asistencia de la Superintendent Academy XXXI confirmaron que el superintendente no participó en la actividad.
El superintendente regional de San Juan, también autorizado para asistir a la Academia por la Secretaría de Educación y la Secretaría de la Gobernación en el 2023, certificó que el superintendente de Bayamón no se presentó y que este le indicó que estaría de vacaciones.
Los auditores de la OCPR determinaron que, entre el 20 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2024, el superintendente de Bayamón no se encontraba en Puerto Rico. Las hojas de asistencia y solicitudes de licencia reflejaron que el 20 de diciembre se registró como licencia por enfermedad, del 21 de diciembre al 4 de enero como vacaciones, y del 8 al 10 de enero como asunto oficial.
El informe concluye que el superintendente de Bayamón justificó los gastos oficiales con información falsa. La cantidad de $1,889 fue depositada en su cuenta bancaria el 26 de diciembre de 2023. Por esta situación se pudieron haber configurado delitos tipificados en la Ley 146-2012 del Código Penal de Puerto Rico, según enmendada, así como violaciones de otras leyes o reglamentos.
Ante estos hallazgos, la OCPR recomienda a la secretaria de Justicia y al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental que evalúen el referido enviado el 3 de octubre, y que evalúen la posible violación de leyes o reglamentos. Asimismo, se recomienda al secretario de Educación que recobre el dinero anticipado y considere acciones disciplinarias pertinentes.
Informe de Investigación OC-26-11, Resultado de investigación sobre la asistencia de un funcionario a una actividad oficial, relacionado con la Oficina Regional Educativa de Bayamón del Departamento de Educación
Superintendente de Educación de Bayamón presentó información falsa sobre gastos de reunión a la cual no asistió en Texas
4 de noviembre de 2025 – La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó el resultado de la investigación de una querella que señalaba que el superintendente de la Oficina Regional Educativa (ORE) de Bayamón no asistió a un viaje oficial para la Cumbre de liderazgo en Texas del 4 al 6 de enero, y, en su lugar, realizó un viaje personal a España.
La investigación reveló que el superintendente certificó gastos oficiales por un total de $1,889 – incluyendo boleto aéreo, taxi, dieta y hotel- utilizando capturas de pantalla de estimados de viaje y una certificación en la que alegó haber extraviado los recibos tras un accidente. Sin embargo, registros de asistencia de la Superintendent Academy XXXI confirmaron que el superintendente no participó en la actividad.
El superintendente regional de San Juan, también autorizado a asistir a la Academia por la Secretaría de Educación y la Secretaría de la Gobernación en 2023, certificó que el superintendente de Bayamón no se presentó y que este le indicó que estaría de vacaciones.
Los auditores de la OCPR determinaron que, entre el 20 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2024, el superintendente de Bayamón no se encontraba en Puerto Rico. Las hojas de asistencia y solicitudes de licencia reflejaron que el 20 de diciembre se registró como licencia por enfermedad, del 21 de diciembre al 4 de enero como vacaciones, y del 8 al 10 de enero como asunto oficial.
El informe concluye que el superintendente de Bayamón justificó los gastos oficiales con información falsa. La cantidad de $1,889 fue depositada en su cuenta bancaria el 26 de diciembre de 2023. Por esta situación se pudieron haber configurado delitos tipificados en la Ley 146-2012 del Código Penal de Puerto Rico, según enmendada, así como violaciones de otras leyes o reglamentos.
Ante estos hallazgos, la OCPR recomienda a la secretaria de Justicia y al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental que evalúen el referido enviado el 3 de octubre de 2025, y que evalúen la posible violación de leyes o reglamentos. Asimismo, se recomienda al secretario de Educación que recobre el dinero anticipado y considere acciones disciplinarias pertinentes.
El Informe de Investigación OC-26-11, está disponible en www.ocpr.gov.pr.
Solicitudes de acceso a la información – octubre 2025
Carmen Vega Fournier buscará más poderes para la Contraloría: “Quisiera que pudiéramos imponer penas y multas”
fuente: El Nuevo Día
fecha: 30 de octubre de 2025
por: Gloria Ruiz Kuilan
En su primera entrevista con El Nuevo Día desde el nuevo puesto, instó a “cualquier persona” a denunciar actos de corrupción, “pero no sin documentación”, y prometió acortar el tiempo de las auditorías
Como parte del nuevo sello que quiere imprimirle a la Oficina del Contralor, Carmen Vega Fournier anticipó que abogará por que la agencia fiscalizadora tenga mayores poderes, por ley, que le permitan imponer multas y penalidades tras las auditorías.
“Quisiera que pudiéramos imponer penas y multas. Eso es empezando por ahí”, dijo la hasta hace una semana presidenta del Banco de Desarrollo Económico (BDE), en su primera entrevista con El Nuevo Día.
Vega Fournier, quien es abogada y contadora pública autorizada, contestó en la afirmativa al preguntársele si acudiría a la Legislatura en búsqueda de más poderes para la Contraloría; y reveló que ya encomendó evaluar si, en virtud de la ley orgánica de la dependencia, según enmendada, puede “poner alguna penalidad”.
Contó, además, que ya se reunió con la inspectora general de Puerto Rico, Ivelisse Torres Rivera, para “unir esfuerzos” a fin de combatir la corrupción y firmar, más adelante, un memorando de entendimiento. Como parte de esa reunión, constató que la ley orgánica de la Oficina del Inspector General, de 2019, le concede más poderes a ese ente que los que ostenta la Oficina del Contralor, cuya ley data de 1952.
Enfatizó, igualmente, que promoverá la educación y la sana administración pública; e instó a los empleados gubernamentales, o a “cualquier persona”, a denunciar actos de corrupción, de forma anónima, directamente a ella, pero con documentos o evidencia en mano.
De acuerdo con Vega Fournier, atender las denuncias de esa manera ayudaría a combatir más rápido la corrupción. En esa línea, prometió reducir el tiempo en que se realizan las auditorías, que hoy –dijo– oscila entre un año y 700 días.
“O sea, como que no hay esa urgencia. Esa urgencia, pues… hay que mejorarla. Pero, ciertamente, 700 días no es (un término) aceptable”, expuso.
“Y no vamos a medir el esfuerzo ni el tiempo en meses, lo vamos a medir en horas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú decir ‘me voy a tardar un mes’; un mes son 30 días y, cuando vamos, esos 30 días no son laborables. Así que tenemos que quitarnos esa visión de días calendario. El tiempo se va a reducir”, insistió.
No quiso, sin embargo, estimar cuánto tiempo tardarían las auditorías en adelante, porque todo dependerá de la complejidad del trabajo o el lugar auditado, sea una agencia o municipio.
“Otra cosa que también queremos enfatizar es que los propios empleados hablen. Ellos saben lo que está pasando, y ellos, pues, en lo que uno entra a una auditoría, haces el análisis, puede que haya cosas que tú no veas, o las veas cinco o seis meses más tarde, versus si tenemos estos empleados, que son puertorriqueños, que son empleados públicos, que conocen lo que está pasando en su agencia, pues, mira, que hablen”, aseveró.
“Yo ya di un número de teléfono… Es un número de teléfono que solamente yo voy a contestar, y les vamos a garantizar 100% anonimato y 100% confidencialidad. Y que nos den la prueba. O sea, no vamos a poner su nombre, ni nada. Tú me das los documentos; yo no voy a decir las fuentes, simplemente necesitamos la información. Y, entonces, aceleramos un montón más”, agregó, desde un salón de conferencias de la Contraloría, en Hato Rey, que tiene las fotos de los nueve contralores que le antecedieron, incluyendo la más reciente, Yesmín Valdivieso.
Vega Fournier dejó claro que recibirá querellas anónimas, “pero no sin documentación” para evitar, “por ejemplo, lo que hicieron conmigo: una carta que no tiene nada de fundamento”. Se refirió a que, mientras era evaluada en vistas públicas, se le acusó, bajo anonimato, de mal manejo administrativo en el BDE.
Rechazó, de paso, que su postura sea contraria al Código Anticorrupción, que protege a toda persona que, bajo anonimato, denuncia posibles actos de corrupción, o que sus expresiones tengan el efecto de ahuyentar a confidentes.
La contralora indicó que, aunque no tuvo un proceso formal de transición con Valdivieso, recibió un informe que detalla que la dependencia tiene, para el presente año fiscal, 518 empleados. De esos, dijo, 59 son de confianza y 48 “están ocupados con un salario anual de más o menos $100,000”. Por concepto de viajes, se han gastado $225,251 este año y, el pasado año fiscal, la cifra ascendió a $1,191,454.
Vega Fournier quiere retener el salario de los empleados de confianza, pero reducirlos a 15 o 20. Contratará a una firma de consultoría externa para que evalúe el plan de clasificación y retribución, adelantó.
También, buscará ahorrarse los $2,063,530 en renta por dos edificios. Pidió a la Compañía de Fomento Industrial que le muestre edificios que pueda utilizar y unificar a todos los empleados. “El contrato aquí está hasta 2028. Yo espero que, para esa misma fecha, podamos estar fuera de la renta”, acotó desde las instalaciones en Hato Rey.
Refuerzan vigilancia de manejo de fondos de reconstrucción con acuerdo entre las oficinas de COR3 y el Contralor
fuente: El Vocero
fecha: 31 de octubre de 2025
por: Pedro Menéndez Sanabria
La Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés) y del Contralor firmaron ayer un acuerdo colaborativo para reforzar mecanismos que eviten y/o detecten fraude en el manejo de los fondos de reconstrucción por parte de agencias gubernamentales, municipios y entidades sin fines de lucro.
De acuerdo con el director ejecutivo de COR3, Eduardo Soria Rivera, entre 2021 y 2025 la agencia sometió 106 denuncias a diversas dependencias como la Oficina del Inspector General (OIG) a nivel federal sobre irregularidades en el manejo de dinero destinado para atender los daños provocados por los huracanes Irma y María en 2017, los temblores del 2020 y el huracán Fiona en 2022.
“Estamos ahora básicamente en la etapa de contrataciones; por lo tanto, los esquemas de fraude, despilfarro o abuso que se están viendo tienen que ver con subasta, conflicto de intereses o dos o más contratistas que confabulan dentro de un proceso. Cuando avancemos a la etapa de construcción, los fraudes, estos esquemas se modifican e incluyen certificaciones falsas y uso indebido de materiales”, advirtió el funcionario.
Soria Rivera resaltó que, desde el punto de vista de COR3, “ocurre mucho fraude” en procesos de reconstrucción; sin embargo, muchos son detectados antes que tenga mayores consecuencias.
“Cuando nos damos cuenta de que hay un fraude, no pagamos. No es que no esté (el fraude), es que lo evitamos con los controles que tenemos”, sostuvo.
Precisamente, ante la solicitud de la gobernadora Jenniffer González Colón de flexibilizar los procesos relacionados al desembolso de fondos de reconstrucción, el director ejecutivo recalcó la necesidad de controles compensatorios.
“Si voy a flexibilizar el desembolso, por el otro lado tengo que auditar y estar más vigilante, por lo que vamos a reforzar esas áreas en conjunto con el Contralor”, subrayó Soria Rivera.
El acuerdo colaborativo incluirá adiestramientos entre ambas dependencias, de manera que los más de 400 auditores de la Oficina del Contralor amplíen su conocimiento sobre el manejo de fondos federales, mientras que el personal del COR3 se ilustre sobre finanzas municipales y otros asuntos gubernamentales.
“Estamos fomentando con este acuerdo una integración electrónica de las bases de datos y es algo que también queremos hacer con los municipios y agencias”, destacó, por su parte, la contralora Carmen Vega Fournier.
La funcionaria recalcó que el sistema de acceso compartido incluirá información oficial, auditorías, registros de contratos, datos financieros y denuncias vinculadas al uso de fondos provenientes de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y otras agencias federales en aras de reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de fraude, abuso o mala administración pública.
Lupa sobre subcontratistas y entidades sin fines de lucro
Por otro lado, la contralora vio con buenos ojos dos propuestas presentadas por el director ejecutivo de COR3, de manera que las entidades sin fines de lucro tengan que presentar los contratos a la base de datos de la Oficina de Contralor y que el Registro de Contratos de esta última agencia incluya información sobre los subcontratos.
“Sabemos que muchos problemas están ahí. Vamos a hacer un trabajo en conjunto con la Contralor para que haya más visibilidad de quiénes son los subcontratistas de la reconstrucción, porque ahí es que están los conflictos que muchas veces uno no ve hasta que no tenemos el contrato de frente”, dijo Soria Rivera.
En ese sentido, Vega Fournier reveló que el COR3 cuenta con un borrador para un proyecto legislativo con el fin de viabilizar ambas propuestas.
“Lo vamos a evaluar (el proyecto) y espero que a principios del año que viene (2026) ya esto esté finiquitado”, añadió la contralora.
Asoman nuevos acuerdos. De manera similar, COR3 también tiene en su agenda establecer acuerdos colaborativos con la Policía y el Departamento de Justicia con el fin de fomentar que la ciudadanía también colabore con los esfuerzos de fiscalización.
“Lo que queremos con esto es que la gente presente sus querellas y nos digan ‘vi que en este proyecto de FEMA que se llevaron el digger para casa del de Obras Públicas’. Queremos saber eso, pero tenemos que estar todos en la misma página para facilitarle a las personas el poder presentar denuncias”, proclamó el director ejecutivo.
COR3 y Oficina del Contralor intercambiarán datos y usarán inteligencia artificial para detectar fraude con fondos federales
fuente: El Nuevo Día
fecha: 30 de octubre de 2025
por: Manuel Guillama Capella / GFR Media
La colaboración, de acuerdo con el jefe de la agencia a cargo de la reconstrucción, es necesaria para agilizar los desembolsos a los subrecipientes
Como una estrategia que, aseguraron, promoverá la agilización de los desembolsos de fondos federales sin comprometer la pureza de las transacciones, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés) y la Oficina del Contralor acordaron este jueves compartir acceso a sus respectivos sistemas de información y recurrir a herramientas de inteligencia artificial para detectar irregularidades en el manejo de los miles de millones de dólares que anualmente se destinan a proyectos de infraestructura.
Según el director ejecutivo del COR3, Eduardo Soria Rivera, el acuerdo de colaboración con la recién confirmada contralora, Carmen Vega Fournier, es “más amplio” que el que estaba en vigor con su predecesora, Yesmín Valdivieso, y también dará paso a continuas sesiones de adiestramientos del personal de ambas entidades.
A la luz de la directriz de la gobernadora Jenniffer González para “facilitar los desembolsos” a los subrecipientes de fondos federales –agencias, corporaciones públicas, municipios y entidades sin fines de lucro–, Soria Rivera dijo que se necesitará implantar controles “compensatorios”, una función que, a su juicio, podrán cumplir los auditores de la Oficina del Contralor.
“(La diferencia) es dónde ponemos el control. Ahora, los tenemos antes del desembolso; algunos de ellos los vamos a poner después del desembolso. Eso va a requerir que, si se hizo un desembolso inadecuado, impropio o que no se debe hacer, va a haber que tener un proceso de recuperar esos fondos, que no se muere nadie porque la reconstrucción no se va a acabar este año ni el próximo. No pasa nada con que nosotros desembolsemos más rápidamente y que el Contralor nos diga ‘este desembolso no fue adecuado’. Vamos a tener deudas con los subrecipientes comoquiera y la oportunidad de recuperar esos fondos”, aseguró.
En 2024, el COR3 transfirió más de $2,000 millones a los subrecipientes, un monto que Soria Rivera ha adelantado que espera duplicar a lo largo de los próximos años.
A través del acuerdo, los auditores de la Oficina del Contralor tendrán acceso a las bases de datos del COR3 en “tiempo real”, lo que permitirá un monitoreo continuo. Paralelamente, el COR3 podrá acceder tanto al Registro de Contratos del Contralor como al sistema de Notificaciones de Pérdidas o Irregularidades, donde se pueden reportar irregularidades asociadas a los proyectos federales.
De acuerdo con Vega Fournier, quien juramentó hace una semana como contralora –cargo que se extiende por 10 años–, se trata de una iniciativa que también espera implantar próximamente con agencias del gobierno central y municipios.
Soria Rivera precisó, en tanto, que el COR3 cuenta con tres auditores, pero subrayó que la dependencia no puede ser “un auditor más”, un rol que, desde su perspectiva, deben asumir la Oficina del Contralor y la Oficina del Inspector General (OIG), así como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y otras entidades del gobierno estadounidense.
Auditorías más rápidas
Ante el planteamiento de que, históricamente, la Oficina del Contralor se ha caracterizado por realizar auditorías y presentar hallazgos años después que ocurrieron las irregularidades –dificultando las acciones correctivas o procesamiento de delitos–, Vega Fournier insistió en que es un aspecto que se propone cambiar.
“Cuando estuve en el Banco (de Desarrollo Económico –que presidió hasta su confirmación como contralora–), los casos podían tardarse ocho meses en evaluarse y, después, se evaluaban en 30 días. Eso mismo va a pasar en la Oficina del Contralor. Primero, vamos a integrar la inteligencia artificial. Hemos estado en conversaciones con firmas grandes en Puerto Rico y estamos integrando las mismas prácticas a la Oficina del Contralor”, señaló Vega Fournier.
“Voy a ser bastante abierto en referirlo todo, y ellos sabrán qué investigan y bajo qué criterio. Me parece que parte del compromiso es hacer auditorías más prácticas y rápidas, quizás, de temas específicos. Si al municipio de Isla de Mona le toca la auditoría en dos años, pero yo hago un referido, ellos van a (investigar) eso. No vas a esperar a los dos años. Va a ser más ‘targeted’ (puntual)”, afirmó, por su parte, Soria Rivera, al resaltar que, para evitar duplicidad, tocará a la contralora mantener comunicación continua con la OIG y agencias federales.
Soria Rivera y Vega Fournier no descartaron que, a futuro, se destine personal de la Oficina del Contralor a trabajar exclusivamente asuntos del COR3.
Aunque no pudo ofrecer estadísticas, Soria Rivera aseguró que el COR3 detiene pagos “todo el tiempo” al identificar irregularidades, si bien acentuó que no todas las situaciones equivalen a comisiones de fraude o corrupción.
Destacó que, en colaboración con la Oficina del Contralor, se proponen requerir a las organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos federales someter sus contratos al registro público, así como ofrecer mayores datos sobre las subcontrataciones, elementos que pudieran precisar legislación. Aunque reconoció que esa determinación podría generar críticas del tercer sector, enfatizó que, a largo plazo, promoverá una mayor “sofisticación” de estas organizaciones.
“La esperanza es fortalecer las sin fines de lucro para, en un próximo desastre, en vez de canalizarlo todo a través del gobierno, utilizar esas entidades. Si fortalezco y doy estructura a las sin fines de lucro, me conviene a mí y crecen. A veces, no se dan cuenta que, con estructuras débiles, se condenan a estar pequeñas”, mencionó.
Carta Circular OC-26-10, Recordatorio sobre la actualización de los datos de la entidad y funcionario principal
Nueva Contralora de Puerto Rico reúne a los 140 auditores municipales
San Juan, Puerto Rico — La nueva Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, sostuvo hoy su primera reunión oficial con los equipos técnicos y gerenciales de la División de Auditorías de Municipios de la Oficina del Contralor. Con una actitud serena pero firme, reafirmó su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la excelencia en la fiscalización del uso de los fondos públicos.
La Lcda. Vega Fournier fue juramentada el pasado martes como Contralora de Puerto Rico, y apenas unos días después, hoy comenzó su gestión reuniéndose con más de 140 auditores municipales. Lo hizo en el marco de la Primera Reunión Técnica del año fiscal 2025–2026, un encuentro en el que se repasaron metas, estrategias y prioridades de auditoría para el nuevo ciclo.
“Esta fue una gran oportunidad para presentarme ante mis nuevos compañeros auditores en mi tercer día de trabajo y compartir con ellos mi visión. Es una reunión de todo el día, donde se discuten opiniones legales, casos sobre la apropiación de fondos públicos por parte de recaudadores, y temas atendidos por la Oficina de Ética Gubernamental, entre otros”, expresó la Contralora.
La jornada transcurrió en un ambiente de análisis y reflexión profesional. La Contralora subrayó la relevancia de fortalecer los procesos de control interno en los municipios, promover la sana administración de los recursos públicos y asegurar una gestión gubernamental más eficiente y transparente. Además, hizo un llamado a la responsabilidad compartida, recordando que el trabajo de cada auditor tiene un impacto directo en la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones.
“Nuestro trabajo es esencial para garantizar que los fondos públicos se utilicen con responsabilidad y conforme a la ley. Agradezco la dedicación y el compromiso de este equipo de profesionales que día a día vela por la integridad del sistema público municipal”, añadió Vega Fournier.
Por otro lado, la reunión sirvió también como espacio para delinear las prioridades de fiscalización, fortalecer la coordinación entre divisiones y reafirmar la misión de la Oficina del Contralor de continuar elevando los estándares de ética, independencia y excelencia profesional. Lo cierto es que el encuentro marcó el inicio de un nuevo capítulo institucional, uno que combina experiencia, apertura al diálogo y visión de futuro.
“Con esta primera reunión técnica damos inicio formal a una nueva gestión, en consonancia con mi política de participación y colaboración. Así que este paso simboliza más que un comienzo; representa un compromiso firme con el fortalecimiento de la confianza pública y la rendición de cuentas en los 78 municipios de Puerto Rico”, concluyó la Contralora.
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CONTACTO: Lisandra Rivera Rivera, Directora
Oficina de Prensa y Comunicaciones
lriverar@ocpr.gov.pr
(787) 250-3322
Solicitudes de acceso a la información – septiembre2025
Juramenta la Lcda. Carmen Vega Fournier como Contralora de Puerto Rico
(San Juan-PR) – San Juan, Puerto Rico — La licenciada y CPA Carmen Vega Fournier, juramentó ayer como nueva Contralora de Puerto Rico, marcando el inicio de una nueva etapa en la fiscalización gubernamental del país.En una ceremonia oficial celebrada ayer en la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la licenciada Vega Fournier juramentó frente al Juez Superior Hon. Isander Jesús Rivera Morales, tras haber sido confirmada por el Senado de Puerto Rico el pasado 9 de octubre, y por los miembros de la Cámara de Representantes el 14 de octubre.
Durante su juramentación, la nueva Contralora expresó su compromiso con la rendición de cuentas, la ética pública y el fortalecimiento de los procesos de auditoría en el gobierno. “Asumo esta responsabilidad con humildad y firme determinación de servir al pueblo de Puerto Rico con integridad y rigor profesional”, declaró Vega Fournier.
La funcionaria, quien anteriormente presidió el Banco de Desarrollo Económico, ocupará el cargo por un término de diez años, en sustitución de la contralora saliente Yesmín M. Valdivieso.
La Oficina del Contralor de Puerto Rico se encarga de auditar el uso de fondos públicos en las agencias gubernamentales, municipios y corporaciones públicas, velando por el cumplimiento de la ley y la sana administración pública.
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CONTACTO: Lisandra Rivera Rivera, Directora
Oficina de Prensa y Comunicaciones
lriverar@ocpr.gov.pr
(787) 250-3322
Lcda. Carmen Vega Fournier, CPA – 21 de octubre de 2025 al presente
Construimos confianza desde la verdad, la educación y la prevención; demostrando integridad en cada acción y protegiendo los recursos del Pueblo”.
En la Contraloría estamos a sus órdenes.
El gran privilegio de servir
El gran privilegio de servir
El Nuevo Día21 Oct 2025
Yesmín M. Valdivieso Contralora
Terminó el período más largo que ha servido un Contralor de Puerto Rico en 73 años de historia. Por más de 15 años, he tenido el gran privilegio de servir a esta isla que quiero tanto, y cumplir con el deber ministerial de fiscalizar la administración de seis gobernadores.
¡Quiero agradecerles a tantos!
Al contador público autorizado Manuel Díaz Saldaña por invitarme a ser su subsecretaria de Hacienda de 1993 a 1996. ¡Allí me enamoré del servicio público y aprendí sobre el funcionamiento del gobierno!
Al gobernador Rafael Hernández Colón, QEPD, quien me convenció de que cuando te ofrecen la oportunidad de servir en el gobierno y tenemos algo que aportar, es nuestra responsabilidad así hacerlo. Al gobernador Luis G. Fortuño por designarme Contralora en el 2010 y a la entonces Asamblea Legislativa por su confirmación.
A los cientos de compañeros que trabajan y trabajaron en la Contraloría durante estos años. Ustedes son el corazón de la Oficina, servidores públicos comprometidos que trabajan con independencia, objetividad e integridad. ¡Aprendí de ustedes y con ustedes! ¡Ustedes son los verdaderos héroes, yo sólo fui su cara al público!
Agradezco a las otras entidades del grupo anticorrupción por el apoyo y confianza que depositaron en nuestra oficina.
A la Junta de Supervisión Fiscal por la confianza al reconocer la Oficina como entidad fiscalizadora superior e incluirnos en una sección separada en el Plan Fiscal. Gracias también por aprobar el Plan de Clasificación y Retribución tan necesario para retener y atraer personal.
A los miembros de la prensa y comentaristas por la cobertura de los más de 1,660 informes e investigaciones, aunque señalaran la tardanza de estos. Gracias por el respeto que tuvieron a la posición que he ocupado por tanto tiempo.
Estoy agradecida por las otras críticas recibidas. A todas las consideré y cuando fue necesario, hice los ajustes. También quedo agradecida por los consejos recibidos. Siempre me esforcé por trabajar con transparencia y justicia.
Agradezco a todos los ciudadanos que han presentado querellas en nuestra Oficina porque confían en la confidencialidad y atención que les damos a sus denuncias.
A todas las entidades que siguieron nuestras recomendaciones, que confiaron en el conocimiento y experiencia que tenemos como Oficina que vela por el cumplimiento de la ley y que multiplicaron no solo las solicitudes de adiestramiento, sino también las solicitudes de consultas.
Agradecida, quedo a la inmensa mayoría de los servidores públicos que trabajan a diario cumpliendo con sus deberes. Les exhorto a que sigan cumpliendo con la ley, la reglamentación, y el compromiso de promover el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del gobierno.
A mis padres y maestros por su gran formación. Gracias por enseñarme valores, no para “repetirlos como papagayo”, sino para vivirlos y practicarlos todos los días.
A mi familia por todo el apoyo y comprensión sobre cómo mi trabajo no me permitía pasar más tiempo con ellos. A mis amigas de toda una vida por el apoyo en las buenas y en las malas.
Gracias a todos los puertorriqueños por confiar en nuestro trabajo.
Me siento muy satisfecha y orgullosa del trabajo realizado. Viví todos los días con el convencimiento y la esperanza de que se puede lograr una mejor administración que use los recursos para atender las necesidades de nuestro pueblo.
Trabajamos incansablemente a pesar de los retos en la reducción de 130 auditores, los huracanes, los terremotos y la pandemia del COVID. Aun así, no nos detuvimos y continuamos con nuestro compromiso. ¡Así que sí, mucho logramos!
A la nueva contralora, la CPA y licenciada Carmen Vega Fournier, le deseo el mayor de los éxitos en estos próximos años.
Muchas gracias.
Lee la columna de la Contralora Yesmín M. Valdivieso: El gran privilegio de servir, publicada en @ElNuevoDia 🗞️
Carmen Vega Fournier es la nueva contralora de Puerto Rico
14 de octubre de 2025 – 12:35 PM – El Nuevo Día
Por Leysa Caro González leysa.caro@gfrmedia.com
Gloria Ruiz Kuilan gloria.ruiz@gfrmedia.com
Con el “voto de confianza” de las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) y Proyecto Dignidad, la Cámara de Representantes confirmó este martes a Carmen Vega Fournier como contralora de Puerto Rico.
La nominada fue ratificada en el puesto con 47 votos a favor y la oposición de los representantes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez, Nelie Lebrón y Denis Márquez. Vega Fournier ya había recibido el aval del Senado la semana pasada, por lo cual ahora ocupa el cargo en propiedad, en sustitución de Yesmín Valdivieso.
Pocas horas antes, la Cámara evaluó el nombramiento en una vista pública en la que la ahora contralora se comprometió a identificar una nueva sede para el ente gubernamental –que ahora ocupa un inmueble por $2 millones anuales de alquiler– y reducir la plantilla de 56 empleados de confianza.
La Oficina del Contralor tiene “sobre 500 empleados”, 400 de estos, auditores. “Sí, definitivo”, respondió Vega Fournier, a preguntas del presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés, sobre si reduciría el número de funcionarios de confianza.
“Cuando yo estuve en el CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales), había casi 500 empleados, y de confianza eran como 20. En el Banco de Desarrollo Económico (BDE) (entidad que dirigía), hay casi 90 empleados y ocho de confianza. O sea, que no veo por qué tengan que ser tantos empleados de confianza”, agregó, durante la audiencia pública.
“Todos los empleados de carrera, si están mirando, se los digo de frente y bajo juramento, no vamos a botar a nadie. Sobre los empleados de confianza, mandé a pedir un listado…, y eso lo conversaremos más adelante”, apuntó.
Los trabajos de la Comisión de Gobierno iniciaron, cerca de las 10:30 a.m., con la lectura de una misiva enviada por los representantes Márquez y Gutiérrez, del PIP, quienes solicitaron detener la consideración de la designación hasta que se atendieran los señalamientos presentados anónimamente contra Vega Fournier, ante la Contraloría, relacionados con sus ejecutorias como presidenta del BDE.
En la denuncia anónima, se alega que el programa que el BDE tiene para facturar y cobrar préstamos no está siendo administrado adecuadamente, que la dependencia está a punto de perder la certificación de la Small Business Administration por señalamientos de incumplimiento y que la División de Finanzas no está enviando los costos de garantía ni dineros que corresponden en casos de préstamos especiales.
Se alegó, asimismo, que Vega Fournier supuestamente ha recomendado comprar y alquilar espacios “sin el debido proceso”, que con “frecuencia” se obvian trámites reglamentarios y que el BDE ha concedido diferenciales o compensaciones adicionales a empleados que no están realizando funciones adicionales a las descritas en su hoja de deberes.
Vega Fournier respondió con un “falso” a cada una de las denuncias, al ser cuestionada por el portavoz del PPD, Héctor Ferrer Santiago. “No tengo nada que esconder; el que no tiene hecha no tiene sospecha”, anotó.
Al igual que ocurrió en el Senado, durante su evaluación, se les concedió a los denunciantes anónimos hasta la 1:00 p.m. para que acudieran a la Cámara a sostener –bajo juramento– sus denuncias. “Entonces, usted estaría hábil para detener el nombramiento”, expuso el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.
Durante la sesión, que comenzó cerca de la 1:00 p.m., Parés abrió la discusión elogiando a Vega Fournier. Mientras que la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie J. Burgos, sostuvo que daría “un voto de confianza” luego de dialogar con la nominada y escuchar sus explicaciones.
Lo mismo hizo el representante popular Ramón Torres Cruz. Sin embargo, advirtió que, con la confirmación de Vega Fournier, se estaba creando un “estándar” o “precedente”.
“Yo espero que, de ahora en adelante, todas y cada una de las querellas anónimas que se radiquen en la Oficina de la Contralora se tomen con la misma seriedad que se tomó esta. Con ninguna”, manifestó.
Mientras que Ferrer Santiago, el portavoz popular, recordó al pleno que el Código Anticorrupción “permite el que personas bajo el anonimato presenten querellas”.
“Advierto que, de llevarse a cabo una investigación y confirmarse que estas alegaciones sí sucedieron, la nominada estaría cometiendo perjurio. Y créanme, y espero contar con ustedes si así surge, que seamos los primeros en radicar su destitución, porque sí vamos a tener base”, comentó Ferrer Santiago.
En la vista pública, Parés le tomó juramento a la nominada, ante la petición de Ferrer Santiago y la anuencia del presidente de la Cámara. “No tengo problemas con que a la deponente se le juramente. Yo creo que ella es una persona seria, honesta e íntegra y va a ejercer un cargo que requiere esos atributos, así que le pido que la juramente”, apuntó Méndez.
La delegación del PIP había anticipado sus votos en contra de la designación, si bien reconoció que la nominada cuenta con las credenciales para ocupar el cargo. “Tenemos la certeza de que usted cumple con los requisitos para ser la contralora de Puerto Rico, pero a nosotros nos impide, en el cumplimiento de nuestra función legislativa… votarle a favor, en la medida que no se disipen esas dudas”, puntualizó Márquez.
Agenda de trabajo
Durante su comparecencia, Vega Fournier presentó su agenda de trabajo para la Contraloría, que incluye la creación de un Observatorio de Cumplimiento Ético y Financiero para reconocer a las entidades con controles internos robustos y manejo financiero ejemplar.
Asimismo, anticipó la modernización tecnológica de la dependencia y el uso de inteligencia artificial como una aliada de la fiscalización. “Mi propósito principal no es castigar, sino prevenir, educar y proteger los recursos del pueblo, asegurando que cada dólar se haya invertido donde realmente se necesita y evitando cualquier desvío o uso indebido de fondos”, sostuvo.
Añadió que, como parte de su desempeño, no habría espacio para las zonas grises, por lo que implementaría una política de transparencia activa, que incluirá procesos abiertos, rendición de cuentas periódicas y la publicación inmediata de auditorías, garantizando el acceso –en tiempo real– a datos de la entidad.
“La institución debe contar con sistemas capaces de integrarse, o hacer interfaces con las plataformas digitales de los municipios y las agencias gubernamentales, fortaleciendo la fiscalización, reduciendo duplicidades y mejorando la trazabilidad de las finanzas públicas”, anotó.
Vega Fournier, nombrada al cargo el 25 de septiembre por la gobernadora Jenniffer González, sustituye a Valdivieso, quien ocupó por 15 años la silla. El Senado avaló su designación el 9 de octubre, a menos de tres horas de haber culminado su comparecencia en vista pública ante ese cuerpo legislativo.
Es abogada y contable con experiencia en el gobierno y el sector privado. Laboró como asesora de instituciones financieras y aseguradoras, así como profesora y ex directora ejecutiva del CRIM. Al momento de su nominación, presidía el BDE.
“No tengo ninguna mancha, gracias a Dios, ni la tendré, porque nadie de los que trabaja, ahora mismo, en el gobierno es mi familia, ni es mi pana. Yo no me debo a nadie del gobierno de Puerto Rico”, aseguró.
Informe de Auditoría OC-26-10 del Municipio de Moca
Contralora de Puerto Rico revela pagos en exceso por $176 mil a empresa que opera el sistema de multas de tránsito en Moca
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Moca. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Moca pagó $176,322 en exceso a la compañía contratada para administrar el sistema de emitir y cobrar multas expedidas por la Policía Municipal. Los contratos formalizados el 14 de septiembre de 2016 y el 15 de octubre de 2021, establecían que la compañía recibiría como beneficio un pago escalonado de hasta el 45% en forma contingente de las multas cobradas. La Ley de Municipios de 1991 y el Código Municipal de 2020, facultan al Municipio otorgar este tipo de contrato contingente cuando no dispone del peritaje ni los recursos necesarios para realizar estos servicios, y la compensación está sujeta a lo recaudado que nunca podrá ser mayor al 10%.
Al 20 de junio de 2024, el Municipio había pagado a la compañía $226,713, lo que representa un exceso del 10% equivalente a $176,322. En el Informe se recomienda el recobro de esta cantidad al contratista.
El Informe, de cinco hallazgos, señala que el Municipio solicitó y recibió de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés), un reembolso de $6,636 en exceso de lo pagado por un contrato de alquiler de equipo pesado para recoger los escombros causados por la tormenta Fiona. Esta situación afecta la reputación del Municipio y la percepción de transparencia y buena gestión de los fondos públicos.
Los auditores identificaron que los cómputos realizados por la entonces directora de Recursos Humanos para el pago de las liquidaciones de las licencias acumuladas de 106 funcionarios y empleados al cesar en sus puestos estaban incorrectos. El Municipio se había acogido a ciertas disposiciones de la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal de 2017; sin embargo, no utilizaron las fórmulas correspondientes y calcularon $5,540 de menos a tres exfuncionarios y tres exempleados, y $791 en exceso a dos exempleados.
Al 22 de enero de 2025, el Municipio de Moca no había actualizado los reglamentos para la administración del personal de confianza y de carrera, aprobados mediante la Ordenanza 9 del 5 de septiembre de 2019. En particular, el uso de las licencias de maternidad, paternidad y adopción, no estaban atemperadas con las leyes aprobadas.
La auditoría indica que, a raíz de la solicitud de los auditores de las demandas enviadas al Departamento de Justicia, la secretaria municipal las remitió con tardanzas de hasta casi cinco años. Del 2018 al 2024, se presentaron ante los tribunales 16 demandas por $2,069,047 millones por y en contra del Municipio. Al 10 de junio de 2024, se habían resuelto 13 demandas.
La Ley del Registro de Demandas Civiles de 2003, dispone que toda reclamación de carácter civil cuya cuantía exceda los $5,000, debe figurar en el registro que mantiene el Departamento de Justicia.
El Informe comenta que el Municipio tuvo que pagar $35,000 por acuerdo de una demanda civil presentada en el 2020, por discrimen, hostigamiento sexual y represalia. Por este acuerdo transaccional el Municipio no recibió ningún beneficio a cambio. Esta situación se remitió a la Oficina de Ética Gubernamental el 19 de septiembre de 2022 para que tome las acciones correspondientes.
El Municipio pagó en total un diferencial de $7,900 a un empleado que no cualificaba para ocupar el puesto de director de Planificación y Ordenamiento de forma interina. El empleado inspector de Reglamentos y Permisos no tenía licencia de ingeniero, arquitecto, agrimensor o planificador, sino un grado asociado en ingeniería civil. El entonces alcalde y la Legislatura enmendaron el 15 de noviembre de 2023, los requisitos de preparación académica del puesto para que el empleado interino lo pudiera ocupar en propiedad.
La auditoría de Moca comenta también que la Oficina del Contralor Electoral impuso una multa administrativa por $5,000 contra el comité de campaña política del exalcalde Ángel Pérez Rodríguez. Al exalcalde se le imputa el haber utilizado una página del Municipio en las redes sociales, para hacer campaña política durante el proceso primarista y de reelección. El caso se encuentra, al 12 de junio de 2025, ante la consideración de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.
El presupuesto del Fondo General fue de $10.2 millones en el 2020, $10 millones en el 2021, $9.3 millones en el 2022, $10 millones en el 2023, y $10.2 millones en el 2024.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio de Moca cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último Informe de Moca, cubre el periodo del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2024
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El Informe de Auditoría OC-26-10 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe Especial OC-26-09, Verificación sobre el cumplimiento de la Ley 18 de 1975, por parte de las entidades gubernamentales, en el año fiscal 2023-24.
Informe especial revela incumplimientos repetitivos de las entidades en los procesos de registro y envíos de contratos a la Oficina del Contralor
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó el resultado de una verificación sobre el cumplimiento de la Ley Núm. 18 del 30 de octubre de 1975, el Reglamento 33 y las cartas circulares que emite al respecto la Oficina. El trabajo tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de los procesos relacionados con el envío y registro de los contratos y sus enmiendas en la aplicación del Registro de Contratos de la OCPR.
Los resultados revelan que el 96% de las entidades evaluadas completaron el proceso del registro. Sin embargo, el 4% de las entidades no completaron el registro de 23 contratos por lo cual se clasifican como registro creado (aunque no completado). Este porcentaje se divide en 15 contratos por la cantidad de $65.4 millones por recibir y 8 contratos por la cantidad de $35,600 a pagar.
Esta situación repetitiva desvirtúa el propósito de la Ley 18 de 1975, afecta la transparencia y limita el acceso a la información pública. El Informe le recomienda a la Oficina de Ética Gubernamental, realizar los procesos que estime pertinentes con respecto a este resultado.
El Informe, de cuatros resultados, señala que el 43% de las entidades gubernamentales evaluadas no contestaron los reparos a los contratos en el tiempo establecido de 30 días. En la aplicación del Registro se identificaron 1,525 contratos por $191.2 millones a pagar y $5.2 millones a recibir con reparos pendientes de atender hasta por 18 meses.
Este hecho causa que la Oficina no tenga los contratos de manera correcta según dispone la ley y
que no estén accesibles a la ciudadanía en calidad de documentos públicos en el tiempo requerido por ley y reglamento. Una situación similar se había comentado en el Informe Especial OC-25-30 del 8 de octubre de 2024.
Identificamos que el 59% de los funcionarios principales de 278 entidades certificaron bajo juramento información incorrecta sobre el total de contratos otorgados durante el año fiscal de 2024. La verificación develó discrepancias de hasta 418 contratos de menos en la aplicación y hasta 328 contratos de más en la certificación anual.
Esta situación puede ocasionar que se realicen desembolsos contrarios a lo establecido en la Ley 18 de 1975 y a la jurisprudencia que establece que ninguna prestación o contraprestación objeto de un contrato podrá exigirse ni ningún desembolso de fondos públicos podrá hacerse hasta tanto este se haya registrado y remitido a la OCPR.
Al 30 de junio de 2025, el 26% de las entidades no habían cumplido con enviar la Certificación Anual del 2024 a la OCPR, y el 12% la enviaron hasta tres meses más tarde contrario a lo que dispone la reglamentación vigente.
El Informe les recomienda a los funcionarios principales de las entidades, que se aseguren que se cumpla con la ley y la reglamentación vigente con respecto a atender los reparos en 30 días y que los oficiales de enlace completen los procesos de registro. Además, deben enviar a la OCPR las certificaciones anuales en el tiempo establecido con la información correcta sobre la cantidad de contratos y enmiendas de la entidad.
La Oficina también recomienda a las entidades que revisen las certificaciones enviadas y se aseguren que aquellos contratos que nunca registraron sean registrados inmediatamente.
Este Informe Especial cubre el periodo del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024.
El Informe Especial OC-26-09 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Carta Circular OC-26-09, Procedimiento a seguir por los municipios al formalizar los contratos relacionados con las adjudicaciones de las subastas generales, conforme al Memorando Especial Núm. 002-2022 del 8 de febrero de 2022 emitido por la Oficina de Gerencia y Presupuesto
Solicitudes de acceso a la información – agosto 2025
Solicitudes de acceso a la información – julio 2025
Solicitudes de acceso a la información – junio 2025
Informe de Auditoría OC-26-20 del Municipio de Barranquitas
Contralora de Puerto Rico revela pagos indebidos, deficiencias administrativas y riesgos fiscales en auditoría al Municipio de Barranquitas
San Juan, Puerto Rico — (21 de abril de 2026) La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-20 del Municipio de Barranquitas, el cual cubre el período del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2024.
El informe contiene una opinión cualificada al determinarse que, aunque las operaciones del Municipio se realizaron en términos generales conforme a la ley y la reglamentación aplicable, se identificaron hallazgos que evidencian deficiencias en el manejo de fondos públicos, cumplimiento legal y controles internos.
Entre los señalamientos más relevantes, la auditoría identificó pagos de salarios por $84,268 a una pensionada del Sistema de Retiro para Maestros en contravención con la Ley del Sistema de Retiro para Maestros de 2013. La funcionaria fue nombrada en un puesto de confianza mientras continuaba recibiendo su pensión, en violación a las disposiciones legales que requieren la suspensión de dicho beneficio al ocupar un empleo remunerado en el gobierno.
La gerencia municipal sostuvo que el nombramiento se realizó conforme a una interpretación de la Ley Núm. 40 de 1959, que permite el empleo parcial de pensionados sin menoscabo de su pensión. No obstante, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) determinó que prevalece el hallazgo, al concluir que la legislación aplicable en este caso es la Ley del Sistema de Retiro para Maestros de 2013, la cual establece una prohibición específica.
Asimismo, se identificaron pagos indebidos por $13,500 por servicios artísticos que no fueron prestados. Aunque el Municipio argumentó que el artista incurrió en gastos y que la actividad fue interrumpida por un apagón, la auditoría determinó que el pago no procedía conforme a los términos contractuales. Posteriormente, el dinero fue recuperado mediante un acuerdo extrajudicial alcanzado en agosto de 2025.
En el área de infraestructura, la auditoría reveló deficiencias en la ejecución de proyectos de construcción. Se determinó que el Municipio inició trabajos sin contar con los permisos requeridos en al menos cuatro proyectos, obteniendo los mismos con retrasos de hasta 707 días. Además, se formalizaron contratos sin que los contratistas presentaran oportunamente fianzas, pólizas del Fondo del Seguro del Estado y seguros de responsabilidad pública, lo que expone al Municipio a riesgos legales, financieros y administrativos.
También se identificaron deficiencias en el manejo presupuestario, al no obligarse créditos presupuestarios en contratos y enmiendas por $5,947,287 al momento de su otorgamiento, registrándose dichas obligaciones con retrasos de hasta 541 días. Esta práctica debilita el control fiscal y aumenta el riesgo de sobregiros y litigios innecesarios.
En cuanto a la administración de ingresos, la auditoría evidenció la ausencia de análisis en cuentas por cobrar que superan los $1.6 millones, de las cuales más de $1.2 millones tienen más de cinco años de antigüedad. Además, se detectaron deficiencias en las gestiones de cobro, incluyendo falta de evidencia de seguimiento a deudores, incumplimiento en la verificación de patentes municipales y ausencia de declaraciones de volumen de negocios en varios casos.
La gerencia municipal indicó que ha iniciado procesos para analizar las cuentas incobrables, fortalecer las gestiones de cobro y mejorar la supervisión de los contribuyentes. Asimismo, señaló que se impartieron instrucciones para asegurar el cumplimiento con los permisos de construcción y la documentación requerida en los contratos.
Por último, una evaluación de contratos de arrendamiento de locales entre 2021 y 2023 por $123,000 reveló que el Municipio no obtuvo estudios de renta ni certificaciones registrales en cuatro contratos, y omitió la certificación de deuda del Departamento de Hacienda en dos casos. Esto impide determinar si los cánones de arrendamiento eran razonables y validar el derecho legal de los arrendadores sobre los inmuebles, lo que expone al Municipio a posibles reclamaciones de terceros y a riesgos relacionados con cargas o gravámenes. Además, pudo haber contratado con arrendadores con deudas contributivas.
Como resultado de estos hallazgos, la OCPR emitió recomendaciones dirigidas al alcalde y a las unidades administrativas del Municipio, incluyendo el fortalecimiento de los controles internos, la recuperación de fondos pagados indebidamente, la correcta aplicación de las disposiciones legales en materia de recursos humanos, la obtención previa de permisos y garantías en proyectos de construcción, y el establecimiento de mecanismos efectivos para la administración y cobro de ingresos.
“La gestión pública exige cumplimiento estricto con la ley, controles internos robustos y una administración responsable de los recursos del pueblo”, expresó la Contralora. El informe completo está disponible en la página oficial de la OCPR www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-19, Municipio de San Juan Corporación para el Desarrollo Empresarial y Cultural de la Isleta de San Juan
Contralora de Puerto Rico revela deficiencias en controles administrativos y cumplimiento legal en auditoría a CODEVISA
San Juan, Puerto Rico, (20 de abril de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, informó los resultados del Informe de Auditoría OC-26-19, correspondiente a la Corporación para el Desarrollo Empresarial y Cultural de la Isleta de San Juan (CODEVISA), el cual cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2024.
El informe contiene una opinión cualificada, al determinarse que, aunque las operaciones examinadas se realizaron en todos los aspectos significativos conforme a la ley y la reglamentación aplicable, se identificaron hallazgos relevantes relacionados con compras, contratación de auditorías externas y cumplimiento con requerimientos de informes y certificaciones.
La Contralora explicó que la auditoría evaluó el uso de fondos públicos, incluyendo subvenciones federales, asignaciones legislativas y aportaciones municipales, así como la efectividad de los controles internos y el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables a una corporación especial municipal. Indicó que los resultados evidencian deficiencias en áreas claves de administración, documentación y supervisión que requieren acciones correctivas.
En cuanto al primer hallazgo, la auditoría identificó deficiencias en los procesos de compras realizadas con una asignación legislativa de $50,000 otorgada en diciembre de 2022 para el desarrollo de un centro comunitario en la Isleta de San Juan. Se determinó que, de siete pagos realizados por un total de $33,812 entre mayo y junio de 2023, se efectuaron seis pagos por $30,378 sin obtener las dos cotizaciones requeridas para todos los artículos adquiridos. Además, en tres pagos por $14,174 no se suministraron las facturas correspondientes, encontrándose únicamente cotizaciones en los expedientes. Estas deficiencias limitaron la libre competencia entre proveedores y afectaron la integridad de la documentación requerida para fines de fiscalización y rendición de cuentas.
El informe atribuye estas deficiencias a la falta de personal, incluyendo la vacante del puesto de oficial de compras durante el periodo auditado, y a desviaciones de las disposiciones reglamentarias por parte de la gerencia ejecutiva. En sus comentarios, el Municipio de San Juan sostuvo que no forma parte de la gerencia de CODEVISA ni tiene control sobre el uso de los fondos legislativos. Por su parte, el vicepresidente de la Junta y el director ejecutivo indicaron que se documentaron las gestiones y que las facturas estaban disponibles. No obstante, la Oficina de la Contralora concluyó que el hallazgo prevalece, al evidenciarse la ausencia de cotizaciones requeridas y documentación completa en los expedientes.
En el segundo hallazgo, se determinó que CODEVISA incumplió con los términos establecidos para la contratación de auditorías externas de sus estados financieros para los años fiscales 2022-23 y 2023-24. Al 30 de junio de 2024, existían atrasos de hasta 456 días en la contratación de estos servicios, lo que provocó que la entidad no contara con información financiera oportuna y actualizada para la toma de decisiones y pudiera afectar la asignación de fondos públicos.
Entre las causas de esta situación se encuentran cambios en la Junta de Directores, dificultades para obtener propuestas de auditores externos y el incumplimiento de las disposiciones reglamentarias aplicables. El Municipio reiteró que no tiene control sobre los procesos internos de la corporación, mientras que la gerencia de CODEVISA reconoció el atraso e indicó que ya se han completado algunos estados financieros y se ha contratado servicios de auditoría para años posteriores. Sin embargo, la Oficina de la Contralora determinó que el hallazgo prevalece.
El tercer hallazgo refleja incumplimientos significativos con la Ley de Auditoría a Entidades Gubernamentales de 2003 y otras disposiciones relacionadas con la rendición de informes. La auditoría determinó que CODEVISA no remitió las certificaciones anuales requeridas a la Oficina del Contralor para los años fiscales del 2015-16 al 2023-24. Asimismo, no se enviaron 15 informes mensuales de nómina y puestos correspondientes al periodo de febrero de 2023 a abril de 2024, con atrasos de hasta 458 días,
y se remitieron 67 informes con tardanzas que fluctuaron entre 5 y 467 días.
Estas deficiencias limitaron la disponibilidad de información actualizada para la ciudadanía, el Gobierno y los procesos de fiscalización.
En sus comentarios, la gerencia de CODEVISA argumentó que, como corporación sin fines de lucro independiente, no le aplicaban ciertos requisitos de informes. No obstante, la Oficina de la Contralora determinó que el hallazgo prevalece, al establecer que toda entidad que recibe fondos públicos en exceso de $200,000 está obligada a cumplir con dichos requerimientos legales, independientemente de su naturaleza jurídica.
Entre las principales recomendaciones se incluyen asegurar el cumplimiento del plan de acción correctiva, fortalecer los procesos de compras mediante la obtención de cotizaciones requeridas, mantener expedientes completos con la documentación fiscal correspondiente, cumplir con la contratación oportuna de auditorías externas y designar un oficial de enlace responsable de someter las certificaciones e informes requeridos por ley en los términos establecidos.
Es indispensable que todas las entidades que manejan recursos públicos cumplan cabalmente con sus responsabilidades legales y administrativas, sin excepción”, concluyó la Contralora.
El informe completo está disponible en la página oficial de la OCPR www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-18, Municipio de Sabana Grande
Contralora de Puerto Rico revela deficiencias significativas en auditoría al Municipio de Sabana Grande que afectan la gestión fiscal, administrativa y de control interno
San Juan, Puerto Rico, (17 de abril de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA, dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-18 correspondiente al Municipio de Sabana Grande, el cual cubre el periodo del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2024. El informe contiene una opinión cualificada, al identificarse múltiples hallazgos que reflejan incumplimientos con disposiciones legales y deficiencias en los controles internos.
La Contralora indicó que, aunque las operaciones del Municipio se realizaron en términos generales conforme a la ley y la reglamentación aplicable, las desviaciones señaladas en los hallazgos afectan áreas críticas como la contratación, el manejo de fondos públicos, la administración de ingresos, el control de la propiedad y los procesos de recursos humanos.
La auditoría reveló pagos indebidos por miles de dólares por trabajos no realizados y otros sin cotizaciones; más de $15,000 sin cobrar y deficiencias en los pagos de contratos contingentes relacionados con la facturación a planes médicos por servicios de ambulancia; créditos presupuestarios no obligados al momento de otorgarse los contratos; pérdida de propiedad notificadas con tardanza; y documentos incompletos en los expedientes de personal.
En el primer hallazgo, la auditoría reveló pagos indebidos por $13,861 por trabajos no realizados en un proyecto de mejoras a un parque recreativo. El examen evidenció que se pagaron partidas correspondientes a la construcción de una base de verja y la instalación de un poste de luz que no fueron ejecutadas, según corroborado mediante inspecciones y declaraciones del contratista. Además, se identificaron deficiencias en los procesos de cotización, incluyendo la ausencia del mínimo requerido de propuestas y la falta de documentación esencial como firmas, nombres y títulos de los funcionarios que participaron en el proceso. Estas deficiencias limitaron la competencia y restaron confiabilidad al proceso de adjudicación.
En sus comentarios, la gerencia municipal indicó que las situaciones corresponden a la administración anterior y que la administración actual ha iniciado procesos de recobro contra el contratista, así como medidas correctivas para garantizar el cumplimiento con los procedimientos establecidos.
No obstante, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) determinó que el hallazgo prevalece.
El segundo hallazgo señala deficiencias en la administración de contratos contingentes relacionados con la facturación a planes médicos por servicios de ambulancia. La auditoría identificó $15,168 en ingresos no cobrados correspondientes a cheques emitidos por aseguradoras, así como pagos indebidos por $416 por facturas duplicadas. Además, se determinó que el Municipio no retuvo $5,297 en contribuciones sobre ingresos, ni registró adecuadamente los contratos en la Oficina del Contralor, al asignarles un valor nominal de $1 en lugar de una cuantía estimada razonable.
La gerencia expresó estar de acuerdo con algunos de los señalamientos e indicó que ha iniciado gestiones de cobro para recuperar los fondos no recibidos y corregir los procesos. Sin embargo, expresó desacuerdo en cuanto a la naturaleza de los contratos contingentes. La Contraloría concluyó que el hallazgo prevalece, al incumplirse disposiciones específicas sobre el registro y control de contratos.
En el tercer hallazgo, se identificaron deficiencias en la obligación de créditos presupuestarios, incluyendo tardanzas de hasta 110 días en registrar obligaciones relacionadas con contratos, y retrasos de hasta 428 días en la obligación de fondos en contratos contingentes. Estas prácticas debilitan el control fiscal y aumentan el riesgo de sobregiros y litigios innecesarios.
La administración municipal indicó que ha corregido estas prácticas y que actualmente se asegura la certificación de fondos antes de formalizar contratos. No obstante, la auditoría concluyó que las deficiencias existieron durante el periodo evaluado.
El cuarto hallazgo revela deficiencias en el manejo de pérdidas de propiedad municipal. Se identificaron 38 unidades de propiedad perdidas en 33 incidentes, con un valor estimado de $738,352. De estas, 13 pérdidas fueron notificadas a la Oficina del Contralor con tardanzas que oscilaron entre 4 y 998 días, en incumplimiento con los términos establecidos por ley.
La gerencia indicó que ha impartido instrucciones para mejorar la notificación oportuna de incidentes y fortalecer los controles. Sin embargo, la Contraloría señaló que la tardanza en estos procesos limita la capacidad de investigar los hechos y fijar responsabilidades.
El quinto hallazgo se relaciona con deficiencias en los expedientes de personal. La auditoría determinó que múltiples documentos carecían de firmas, fechas y otra información esencial, lo que debilita los controles sobre pagos de nómina y propicia la comisión de irregularidades. La administración indicó que esta situación fue corregida y que se han impartido instrucciones al personal correspondiente.
El informe también incluye un comentario especial sobre demandas civiles pendientes de resolución, tanto en contra como a favor del Municipio, lo que representa posibles riesgos fiscales futuros.
Como resultado de estos hallazgos, la OCPR emitió recomendaciones dirigidas al secretario de Hacienda, al presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al alcalde del Municipio. Entre las medidas recomendadas se destacan el recobro de fondos pagados indebidamente, el fortalecimiento de los procesos de cotización, la supervisión efectiva de los contratos, la retención correcta de contribuciones, la obligación oportuna de fondos, la mejora en los controles de propiedad y la correcta documentación de los expedientes de personal.
La Contralora reiteró que la sana administración pública exige controles efectivos, cumplimiento estricto de la ley y supervisión continua en todas las áreas operacionales. El informe completo está disponible en la página oficial de la OCPR www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-17, Autoridad para las Alianzas Público – Privadas de Puerto Rico Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3) – Sistemas de Información Computadorizados
Contralora de Puerto Rico revela deficiencias en el manejo y seguimiento de adelantos de capital en la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y COR3
San Juan, Puerto Rico, (17 de abril de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, dio a conocer hoy los resultados del Informe de Auditoría OC-26-17 sobre los sistemas de información computadorizados de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3, por sus siglas en inglés), una división de la Autoridad para las Alianzas Público – Privadas de Puerto Rico, el cual cubre el período del 10 de diciembre de 2020 al 12 de febrero de 2025.
El informe emitió una opinión cualificada, al determinarse que, aunque las operaciones se realizaron en todos los aspectos significativos conforme a la ley y reglamentación aplicables, se identificaron deficiencias en los procesos de seguimiento a subrecipientes que recibieron adelantos de capital bajo programas financiados por FEMA.
La auditoría identificó deficiencias en el proceso de monitoreo de los adelantos de capital otorgados mediante el programa piloto Request for Working Capital Advance (RFCA), implementado por la COR3 para facilitar liquidez a entidades subrecipientes en proyectos de recuperación. Estos adelantos, que pueden alcanzar hasta un máximo de 75 % del costo estimado de los proyectos, están sujetos a estrictos requisitos de seguimiento y justificación de gastos.
El examen reveló que, al 11 de septiembre de 2024, existían 974 proyectos referidos a la División de Cumplimiento, de los cuales para 504, no habían presentado solicitudes de reembolso, a pesar de haber recibido adelantos de capital por $747,673,335 entre junio de 2022 y septiembre de 2024.
Además, en una muestra de 30 proyectos evaluados, se determinó que, en 28 de estos, la División de Cumplimiento no realizó el seguimiento dentro de los términos establecidos. En 27 de estos casos no se enviaron las notificaciones iniciales de incumplimiento dentro del plazo requerido, registrándose retrasos de entre 7 y 401 días, aun cuando se habían desembolsado $8,871,876 en adelantos.
De igual forma, se identificó un caso en el cual, transcurridos 133 días desde el vencimiento del término requerido, no se envió notificación de incumplimiento a un subrecipiente que no envió la solicitud de rembolso y había recibido $857,838 en adelantos.
La Contraloría señaló que estas deficiencias afectaron entonces la capacidad de la COR3 mantener un control efectivo sobre los proyectos financiados con fondos federales y pueden impedir el cumplimiento de los objetivos de recuperación y reconstrucción para los cuales fueron asignados los recursos. Asimismo, destacó que la falta de seguimiento oportuno limitó la capacidad del Gobierno para garantizar el uso adecuado de fondos públicos.
En sus comentarios, la gerencia de la COR3 indicó que las situaciones se relacionan con la implementación de un programa piloto en desarrollo, así como con la falta de conocimiento por parte de algunos subrecipientes en el manejo de fondos federales. Además, señaló que se realizaron ajustes a los procedimientos para fortalecer los controles y mejorar el monitoreo del programa.
La gerencia también expresó desacuerdo con las conclusiones del informe, al sostener que la entidad ha mantenido controles internos efectivos y ha trabajado de manera continua para asegurar el cumplimiento con los requisitos federales, aun en el contexto de los retos asociados al proceso de recuperación tras los desastres naturales.
No obstante, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) determinó que el hallazgo prevalece, al no evidenciarse el cumplimiento con los términos establecidos en la reglamentación aplicable ni la documentación necesaria para justificar excepciones en los procesos de seguimiento.
Como resultado de estos hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas a la Junta de Directores de la Autoridad, al director ejecutivo de la Autoridad y al director ejecutivo de la COR3. Entre estas se incluyen la orientación a los subrecipientes sobre el manejo de fondos federales, el fortalecimiento de los procesos de seguimiento y cumplimiento, y la obligación de mantener documentación escrita que respalde cualquier excepción autorizada por FEMA o por la gerencia.
“Las deficiencias señaladas en este informe evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y control para asegurar que los recursos asignados cumplan con su propósito de reconstrucción y mitigación. La transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento estricto de la normativa son esenciales para proteger los fondos públicos y garantizar resultados efectivos para nuestro pueblo”, expresó la Contralora.
El informe completo está disponible en la página oficial de la OCPR www.ocpr.gov.pr.
Carta Circular OC-26-20, Certificación Anual sobre el cumplimiento con el Registro Electrónico Público de los Informes Requeridos a las Agencias del Gobierno de Puerto Rico
Invitación a Subasta OC-26-02 Servicios de Seguridad y Vigilancia
Informe de Auditoría OC-26-16. Compañía de Turismo de Puerto Rico
Contralora de Puerto Rico revela deficiencias significativas en la Compañía de Turismo que afectan la fiscalización del turismo náutico
San Juan, Puerto Rico, (14 de abril de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, dio a conocer hoy los resultados del Informe de Auditoría OC-26-16 de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, correspondiente al periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de marzo de 2025. El informe emitió una opinión cualificada al identificar deficiencias en los controles internos, la reglamentación y los procesos de certificación y fiscalización de las empresas de turismo náutico.
La Contralora señaló que, si bien las operaciones de la entidad se realizaron conforme a la ley en términos generales, los hallazgos identificados evidencian debilidades estructurales que comprometen la integridad del sistema de certificación, la seguridad de los usuarios y la equidad en la industria turística.
El informe revela, como hallazgo principal, que la Compañía permitió la operación de empresas de turismo náutico sin cumplir con los requisitos establecidos por ley y reglamentación. La auditoría determinó que varias empresas operaban con certificaciones vencidas, algunas por periodos que se extendían desde junio hasta diciembre de 2024, sin que la agencia tomara acción correctiva o impusiera penalidades. Asimismo, se identificó que se aprobaron certificaciones condicionadas no permitidas por la reglamentación vigente, incluyendo casos en los que las empresas no contaban con autorizaciones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, ni con inspecciones requeridas.
Adicionalmente, la auditoría evidenció deficiencias en la documentación y fiscalización, ya que en varios expedientes no se encontraron informes de inspección, y en otros casos se certificaron embarcaciones y equipos acuáticos sin la debida autorización regulatoria. También se detectó que la Compañía mantuvo certificaciones vigentes a empresas cuyos seguros, relevos de responsabilidad y permisos del DRNA estaban vencidos, en algunos casos por más de 600 días. Estas situaciones crean un ambiente de competencia desleal, exponen a los turistas a riesgos innecesarios y podrían implicar responsabilidad legal para la agencia.
La Contralora indicó que estas deficiencias responden, en gran medida, a la falta de personal adecuado para fiscalizar las operaciones, así como a la ausencia de supervisión efectiva por parte de los directores ejecutivos y del personal encargado. Como parte de este hallazgo, se refirió la conducta de un funcionario a la Oficina de Ética Gubernamental para evaluación correspondiente.
En un segundo hallazgo, el informe establece que la Compañía no había actualizado su reglamentación principal, el Reglamento 8855 de 2016 a pesar de haber transcurrido más de ocho años desde su aprobación. La auditoría determinó que dicho reglamento carece de disposiciones esenciales para la operación de empresas de turismo náutico, incluyendo requisitos sobre inspecciones periódicas, seguimiento a las empresas para mantener vigentes los documentos vencidos, criterios para otorgar endosos promocionales y controles sobre los sellos de certificación. Esta omisión limita la capacidad operativa de la agencia y propicia la emisión de certificaciones a entidades que no cumplen con los requisitos establecidos.
El tercer hallazgo señala deficiencias significativas en los controles internos, particularmente por la concentración de funciones incompatibles en el director de la Oficina de Servicios y Fiscalización Turística. Según el informe, este funcionario evaluaba solicitudes, realizaba inspecciones, determinaba cumplimiento, aprobaba certificaciones y controlaba la asignación de sellos, lo que compromete la objetividad del proceso y aumenta el riesgo de irregularidades. Asimismo, se identificó que los sellos de inspección no contaban con controles adecuados, ya que no se mantenían bajo custodia segura ni existía un registro formal de los mismos, lo que propicia su pérdida o uso no autorizado.
En cuanto a los comentarios de la gerencia, la directora ejecutiva de la Compañía informó que tomaría acciones para atender las recomendaciones emitidas en el informe, incluyendo medidas dirigidas a fortalecer la fiscalización, actualizar la reglamentación y mejorar los controles internos. No obstante, el exdirector ejecutivo no remitió comentarios sobre los hallazgos señalados.
Como resultado de estos hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas a la Junta de Directores, a la directora ejecutiva y al personal operacional. Entre estas se destacan la necesidad de revisar y actualizar el Reglamento 8855 de 2016 para atemperarlo con la legislación vigente, asignar el personal necesario para la fiscalización efectiva, segregar funciones incompatibles dentro de la estructura organizacional, asegurar el cumplimiento de los requisitos para la certificación de empresas de turismo náutico, y establecer controles adecuados para la custodia y uso de los sellos de inspección.
La Contralora reiteró que la industria turística representa un componente estratégico para el desarrollo económico de Puerto Rico, por lo que es indispensable que las entidades responsables de su regulación operen con rigor, transparencia y estricto cumplimiento de la ley. Añadió que este informe constituye una hoja de ruta clara para fortalecer los controles, proteger a los consumidores y garantizar una competencia justa dentro del sector.
El informe completo está disponible en la página oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-15 del Municipio de Las Marías
Contralora de Puerto Rico revela deficiencias significativas en el Municipio de Las Marías tras auditoría de cumplimiento
San Juan, Puerto Rico — La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA, dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-15 correspondiente al Municipio de Las Marías, el cual cubre el periodo del 1 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2025, y en el que se identifican deficiencias relevantes en los controles internos, el manejo de la propiedad municipal y la administración financiera.
La Contralora expresó que “la función fiscalizadora del Estado requiere no solo cumplimiento técnico, sino una cultura administrativa sólida que garantice la protección de los recursos públicos, y señaló que el informe evidencia áreas críticas que deben ser atendidas con urgencia para fortalecer la rendición de cuentas”.
Vega Fournier, explicó que “La auditoría emitió una opinión cualificada, lo que significa que, aunque las operaciones del Municipio se realizaron conforme a la ley y la reglamentación aplicable en términos generales, se identificaron desviaciones significativas en tres áreas principales que afectan la integridad administrativa y financiera del gobierno municipal”.
En cuanto al manejo de la propiedad municipal, el informe revela deficiencias sustanciales en los controles internos. Entre estas, se identificó que no se realizaron inventarios físicos anuales durante varios años fiscales, incumpliendo las disposiciones reglamentarias. Además, no se localizaron varias unidades de propiedad adquiridas, incluyendo equipos electrónicos y herramientas, no se emitieron recibos de propiedad en uso a empleados custodios y múltiples activos no estaban debidamente identificados o marcados. Asimismo, se detectaron deficiencias en el registro de activos en el sistema SIMA, incluyendo unidades no registradas, datos incompletos y discrepancias en la información, lo que debilita significativamente la capacidad del Municipio para salvaguardar sus bienes y propicia riesgos de pérdida, uso indebido y falta de transparencia.
De igual forma, se determinó que el Municipio no notificó a la Oficina del Contralor 39 accidentes relacionados con vehículos municipales, ni realizó investigaciones administrativas sobre dichos incidentes. Esta omisión limita la capacidad de establecer responsabilidades y afecta negativamente la cultura de control interno y la confianza pública en la gestión gubernamental.
En el área de propiedad inmueble, la auditoría identificó que no todas las propiedades estaban registradas en el sistema oficial y que los expedientes carecían de documentación esencial, como certificaciones del Registro de la Propiedad, estudios de título y validaciones contributivas. Estas deficiencias afectan la confiabilidad de los estados financieros y la toma de decisiones administrativas informadas.
En relación con la confiabilidad de la información, el informe concluye que el módulo de Activos Fijos del sistema SIMA no contiene datos confiables, debido a la existencia de miles de campos incompletos, registros duplicados, inclusión de activos que no cualifican como propiedad municipal y discrepancias en las secuencias de registro. Estas deficiencias comprometen la integridad de la información financiera y limitan la capacidad del Municipio para administrar adecuadamente sus recursos.
En el área financiera, la auditoría reveló deficiencias significativas en las conciliaciones bancarias, incluyendo atrasos de hasta 52 meses en su preparación, diferencias entre los balances bancarios y los registros contables, cheques sin cancelar por largos periodos y transacciones registradas incorrectamente entre cuentas. Estas situaciones afectan la confiabilidad de la información financiera y limitan la capacidad del Municipio para tomar decisiones fiscales responsables y oportunas.
El Municipio de Las Marías indicó, mediante sus comentarios oficiales, que ha iniciado acciones correctivas, incluyendo la realización de inventarios físicos en un término de
90 días, la identificación y registro de propiedades, la emisión de recibos de propiedad en uso, la implementación de informes mensuales sobre pérdidas, el registro de activos en el sistema SIMA y el inicio de procesos para completar expedientes de propiedades inmuebles. También informó que algunas cuentas bancarias han sido conciliadas y que se encuentra en proceso de cancelar cheques pendientes y corregir registros contables.
No obstante, la Oficina de la Contralora determinó que los hallazgos prevalecen, ya que no se presentó evidencia suficiente que sustente la corrección total de las deficiencias señaladas y persisten inconsistencias en los registros, así como incumplimientos en los controles administrativos requeridos.
El informe atribuye estas deficiencias principalmente a la falta de supervisión por parte de los directores de Finanzas y Presupuesto, al incumplimiento de procedimientos establecidos, a deficiencias en la comunicación interna sobre la adquisición y transferencia de activos, y a la ausencia de controles administrativos efectivos.
Como resultado de los hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió múltiples recomendaciones dirigidas al alcalde, a la gerencia municipal y su Oficina de Gerencia y Presupuesto. “Entre las recomendaciones, se incluyen la realización de inventarios físicos anuales, la localización o investigación de bienes no encontrados, la emisión de recibos de propiedad en uso, el fortalecimiento del registro de activos en el sistema SIMA, la notificación oportuna de pérdidas o irregularidades, la realización de investigaciones administrativas, la preparación mensual de conciliaciones bancarias, la corrección de discrepancias contables, la cancelación de cheques pendientes, el reembolso de fondos utilizados incorrectamente y el mantenimiento de expedientes completos de propiedad inmueble”.
La Contralora reiteró que la transparencia, la disciplina fiscal y la integridad administrativa son pilares fundamentales del servicio público, y que cada señalamiento representa una oportunidad de mejora, pero también una responsabilidad indelegable de los funcionarios encargados de la administración de fondos públicos. Añadió que este informe establece una hoja de ruta clara para fortalecer la gobernanza municipal y garantizar el uso responsable, eficiente y ético de los recursos en beneficio del pueblo de Puerto Rico.
El informe completo está disponible en el portal oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico www.ocpr.gov.pr.
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Informe de Auditoría OC-26-14 del Municipio de Las Piedras
Contralora de Puerto Rico revela hallazgos significativos en auditoría del Municipio de Las Piedras y emite recomendaciones para fortalecer la gestión fiscal y administrativa
San Juan, Puerto Rico — La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA, dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-14 correspondiente al Municipio de Las Piedras, el cual cubre el periodo del 1 de febrero de 2019 al 31 de diciembre de 2022. El informe identifica múltiples deficiencias en los procesos de compras, contratación, administración de obras, control fiscal y gobernanza municipal, lo que dio lugar a una opinión cualificada.
La Contralora expresó que, “aunque las operaciones del Municipio se realizaron conforme a la ley en términos generales, los hallazgos identificados evidencian desviaciones significativas que requieren atención inmediata para garantizar el uso eficiente, transparente y legal de los recursos públicos. Señaló además que la fiscalización no solo busca identificar incumplimientos, sino promover mejoras estructurales en la administración pública municipal”.
Vega Fournier, detalló que entre los principales hallazgos, “se identificó que el Municipio adquirió seis vehículos por $255,404 mediante un proceso de cotizaciones dirigido a concesionarios de una sola marca, lo que restringió la libre competencia y limitó la posibilidad de obtener mejores alternativas en el mercado. La auditoría determinó que se incluyeron especificaciones que favorecían una marca en particular, contrario a la normativa estatal y federal aplicable. La gerencia municipal indicó que esta decisión respondió a la uniformidad de la flota y a la experiencia previa con dichos suplidores, así como a las condiciones de emergencia durante la pandemia del COVID-19. No obstante, la Oficina de la Contralora concluyó que el hallazgo prevalece, ya que dichas circunstancias no justifican la limitación de la competencia abierta”.
“Asimismo, según el informe, los auditores determinaron que el Municipio formalizó contratos por $640,033 para proyectos de construcción sin haber obtenido previamente los permisos requeridos por la Oficina de Gerencia de Permisos. Aunque los trabajos fueron completados y aceptados, los permisos fueron obtenidos luego de iniciadas las obras, lo que impidió la supervisión regulatoria oportuna y expuso al Municipio a posibles sanciones. La administración municipal alegó que utilizó el método de diseño y construcción, delegando la responsabilidad en el contratista; sin embargo, la Contralora reiteró que la responsabilidad última recae en el Municipio como dueño de los proyectos, por lo que el hallazgo prevalece”.
En el área de gobernanza, la auditoría reveló tardanzas significativas en la remisión de nombramientos de los miembros de la Junta de Subastas para su confirmación por la Legislatura Municipal. En algunos casos, estos nombramientos se remitieron hasta 969 días después del inicio del nuevo cuatrienio, a pesar de que la Junta continuó tomando decisiones durante ese periodo. La gerencia municipal sostuvo que los miembros podían continuar en funciones conforme al Código Municipal; no obstante, la Contralora determinó que el incumplimiento en el proceso de confirmación podría poner en cuestionamiento la validez de las decisiones tomadas.
En el ámbito fiscal, se identificó que no se obligaron créditos presupuestarios al momento de otorgarse contratos por $640,033, registrándose tardanzas de hasta 473 días en el registro de dichas obligaciones. Esta situación debilita el control presupuestario y puede propiciar sobregiros y riesgos legales. La gerencia atribuyó esta situación a las condiciones operacionales durante la pandemia, pero la auditoría determinó que varios contratos fueron otorgados antes de dicha emergencia, por lo que el hallazgo prevalece.
Además, se señaló que el Municipio realizó un pago de $21,980 por servicios de reparación eléctrica sin formalizar un contrato escrito, limitándose a una orden de compra. Esta práctica dejó desprovisto al Municipio de garantías legales adecuadas y dificultó la verificación de la corrección del desembolso. Aunque la administración argumentó que la orden de compra era suficiente en el contexto de emergencia, la Contralora enfatizó que dicho mecanismo no sustituye la obligación legal de formalizar contratos.
De igual forma, se determinó que el Municipio otorgó contratos y enmiendas por más de $8.5 millones para la administración del Centro de Diagnóstico y Tratamiento sin remitirlos a la Legislatura Municipal para su evaluación y aprobación, limitando la función fiscalizadora de dicho cuerpo. La gerencia sostuvo que se trataba de servicios profesionales; sin embargo, la Oficina de la Contralora concluyó que la naturaleza del contrato requería aprobación legislativa, por lo que el hallazgo prevalece.
El informe también incluye otros señalamientos relacionados con la falta de contratos escritos en la venta o alquiler de lotes en el cementerio municipal, la no localización de equipo y tardanzas en investigaciones administrativas, así como un comentario especial sobre una demanda civil pendiente de resolución.
La Contralora indicó que, aunque la administración municipal presentó argumentos y medidas correctivas en varios de los hallazgos, en todos los casos se determinó que las deficiencias señaladas persisten o no fueron debidamente subsanadas con evidencia suficiente.
Como resultado de estos hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas al alcalde, a la administración municipal, a la Legislatura Municipal y a otras entidades pertinentes. Entre estas se incluyen el fortalecer los procesos de compras para garantizar la libre competencia, asegurar el cumplimiento con los requisitos de permisos antes de iniciar proyectos de construcción, cumplir con los procesos de confirmación de la Junta de Subastas, establecer controles efectivos en la obligación de fondos, formalizar adecuadamente todos los contratos, remitir a la Legislatura aquellos contratos que así lo requieran, y reforzar los mecanismos de control interno en todas las áreas operacionales.
La Contralora reiteró que la sana administración pública requiere disciplina fiscal, cumplimiento estricto de la ley y una supervisión efectiva en todos los niveles de gobierno. Añadió que cada uno de los hallazgos representa una oportunidad para corregir deficiencias, fortalecer la gobernanza municipal y garantizar que los recursos públicos sean utilizados en beneficio del pueblo de Puerto Rico.
El informe completo está disponible en la página oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico www.ocpr.gov.pr.
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Informe de Auditoría OC 26-13 de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado
Contralora de Puerto Rico emite informe de auditoría sobre la Corporación del Fondo del Seguro del Estado con opinión favorable por el manejo de fondos federales relacionados con la pandemia del COVID-19
San Juan, Puerto Rico — (10 de abril de 2026) La nueva Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, informó hoy los resultados de la auditoría de cumplimiento realizada a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2025. La auditoría, de alcance específico, estuvo dirigida a evaluar el manejo de fondos federales relacionados con la pandemia del COVID-19, incluyendo los fondos bajo el Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act) y el American Rescue Plan Act (ARPA).
“El resultado de esta auditoría refleja que las operaciones evaluadas de la Corporación se realizaron, en todos los aspectos significativos, conforme a la ley y la reglamentación aplicable. El informe emitido contiene una opinión favorable, lo que significa que las transacciones examinadas cumplen sustancialmente con los requisitos legales y normativos aplicables”.
La Lcda. Vega Fournier, quien es abogada y Contador Público Autorizado, detalló “entre los principales resultados se destaca que: los ingresos federales fueron depositados en cuentas bancarias separadas conforme a la reglamentación aplicable; los fondos fueron registrados oportunamente en el sistema contable según las disposiciones federales, y se prepararon los informes de cierre correspondientes, incluyendo la devolución de sobrantes al Departamento de Hacienda conforme a la normativa federal. En cuanto al control interno, la auditoría determinó que la Corporación mantiene una estructura adecuada y efectiva,
sin identificarse deficiencias significativas que ameriten señalamientos o comentarios en el informe. Por lo que reconocemos estas buenas ejecutorias de los empleados y la administración de la Corporación”.
Asimismo, según reza el informe de los auditores, como parte del proceso de comunicación con la gerencia, los auditores notificaron los resultados de la evaluación a la administración de la Corporación, sin que surgieran situaciones adversas que requirieran acción correctiva.
“La ausencia de hallazgos en esta auditoría no debe interpretarse como un ejercicio concluido, sino como una responsabilidad continua de mantener controles efectivos, fortalecer la gobernanza y asegurar el cumplimiento riguroso de las leyes aplicables, especialmente en el manejo de fondos federales”, añadió la Contralora.
La titular también subrayó que este informe reafirma la importancia de mantener prácticas administrativas robustas en entidades que manejan recursos críticos para el bienestar de los trabajadores de Puerto Rico, destacando el rol de la Corporación en la protección y compensación de la fuerza laboral de la Isla.
Como parte de sus recomendaciones generales —aun en ausencia de hallazgos— la Oficina de la Contralora exhortó a la gerencia de la CFSE a: continuar fortaleciendo sus controles internos, mantener la transparencia en el manejo de fondos públicos, y asegurar la sostenibilidad de sus prácticas administrativas conforme a los estándares estatales y federales.
“Reiteramos nuestro llamado a todos los funcionarios y empleados públicos a velar por el uso eficiente, económico, ético y responsable de los recursos del Gobierno, en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, concluyó la Contralora.
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Informe de Auditoría OC 26-12 del Departamento de la Familia – Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF)
Oficina de la Contralora presenta hallazgos significativos en auditoría a la ADSEF sobre el manejo de fondos del PAN y deficiencias en controles internos
San Juan, Puerto Rico – (9 de abril de 2026) La contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA, informó hoy la publicación del Informe de Auditoría OC-26-12, correspondiente a la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), adscrita al Departamento de la Familia, el cual cubre el período del 1 de enero de 2017 al 31 de agosto de 2024.
“El análisis realizado por los auditores -para los años del 2017 hasta 2024- reveló que se efectuaron pagos a beneficiarios fallecidos antes del cierre de sus casos, que algunos casos permanecieron activos aun después del fallecimiento de los participantes y que se realizaron pagos a unidades familiares sin ajustar oportunamente la composición del núcleo tras la muerte de alguno de sus miembros. Asimismo, se identificaron fallas significativas en la supervisión de instituciones de residencia transitoria autorizadas a manejar beneficios del PAN, en las cuales se detectaron transacciones con fondos para la compra de artículos no elegibles, tales como bebidas alcohólicas, ropa, artículos electrónicos, gasolina y otros gastos no relacionados con alimentos”, explicó Vega Fournier, quien es abogada y Contador Público Autorizado (CPA).
El Programa de Asistencia Nutricional (PAN) ofrece ayudas económicas a familias sin ingresos o con ingresos limitados para que puedan complementar sus necesidades alimentarias. Esta ayuda se otorga en proporción a la cantidad de personas en el núcleo familiar. Para la distribución de los fondos y la determinación de los beneficios del PAN, la ADSEF se rige por lo establecido en el Reglamento 8684 de 2015.
El informe, realizado en cumplimiento con las facultades constitucionales y legales de esta Oficina, contiene una opinión adversa, lo que significa que las operaciones evaluadas no se realizaron, en todos los aspectos significativos, conforme a la ley y la reglamentación aplicables, particularmente en áreas relacionadas con la administración del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y la supervisión de instituciones participantes.
“La emisión de una opinión adversa refleja deficiencias materiales en los controles internos y en el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias. Nuestro deber es presentar estos hallazgos con objetividad para propiciar acciones correctivas y fortalecer la administración pública”, expresó la contralora Vega Fournier.
“El examen realizado reveló que, del 3 de enero de 2017 al 28 de agosto de 2024, la ADSEF realizó 988,617 pagos en beneficios del PAN por $150,663,786 a 38,618 participantes [1], cuyo número de seguro social se identificó en el Registro de Defunciones como personas fallecidas.
De los 38,618 participantes, evaluamos la información de 385[2], a los que se realizaron 10,700 pagos por $1,623,280, del 4 de enero de 2017 al 22 de agosto de 2024. Esto, para determinar el estatus de los casos. Nuestra evaluación reveló que 351 (256 + 95) casos estaban cerrados y 34 continuaban activos, según se indica:
- Del 4 de enero de 2017 al 6 de febrero de 2024, la ADSEF realizó 4,035 pagos de beneficios por $435,579 a 256 casos de únicos beneficiarios (88%) que habían fallecido antes del cierre de sus casos. De acuerdo con el archivo del Registro Demográfico, los beneficiarios fallecieron del 6 de febrero de 1991 al 12 de noviembre de 2022. Mientras los casos fueron cerrados del 22 de febrero de 2017 al 31 enero de 2024[3].
- Al 30 de septiembre de 2024, 34 casos de únicos beneficiarios continuaban activos. Esto, a pesar de que habían fallecido del 15 de febrero de 1990 al 21 de agosto de 2022. Del 4 de enero de 2017 al 22 de agosto de 2024, se emitieron 3,332 pagos de beneficios por $437,035.
- Del 4 de enero de 2017 al 20 de agosto de 2024, la ADSEF realizó 3,333 pagos por $750,665 a 95 unidades familiares en las que había fallecido algún integrante, antes de proceder con los ajustes o el cierre de los casos. Para el 30 de septiembre de 2024, la ADSEF implementó acciones para reducir los beneficios correspondientes a las personas fallecidas”, lee el informe.
Estas situaciones estuvieron asociadas, entre otros factores, a deficiencias en los procesos de validación de información y a debilidades en los controles internos, lo que permitió la emisión de pagos indebidos y afectó la confiabilidad del Sistema,enfatizó la Contralora de Puerto Rico.
“Actualmente, el Departamento de la Familia y Departamento de la Salud y su oficina de Registro Demográfico, tienen un acuerdo para que puedan acceder a la plataforma del sistema ‘State and Territorial Exchange of Vital Events’ (STEVE), el cual es un sistema de intercambio de datos que maneja el Registro Demográfico del Departamento de Salud que permite a los estados y territorios obtener información confiable de los récords vitales (nacimientos y defunciones),” enfatizó la Contralora de Puerto Rico.
El informe también señala deficiencias significativas en la supervisión de instituciones de residencia transitoria. En particular, se determinó que la ADSEF no pudo suministrar 36 informes trimestrales requeridos para evaluación, no suspendió la autorización de instituciones que incumplieron con la entrega de informes por períodos prolongados y no verificó adecuadamente el uso de los fondos.
“Asimismo, se identificaron transacciones con fondos del PAN para la compra de artículos no elegibles, así como deficiencias en la documentación, incluyendo recibos ilegibles o ausencia de evidencia, lo que limita la capacidad de fiscalización. Estas deficiencias propician un ambiente de riesgo para el uso indebido de fondos públicos y podrían exponer al Gobierno de Puerto Rico a señalamientos o sanciones por parte de entidades federales,” reveló el Informe de auditoría.
El informe recoge comentarios de la gerencia de la ADSEF, en los cuales se reconoce que eventos extraordinarios como los huracanes Irma y María, los sismos en el suroeste de Puerto Rico y la pandemia del COVID-19 afectaron significativamente la capacidad operacional del Gobierno y la continuidad de los procesos administrativos. Asimismo, se señala que las restricciones presupuestarias, la reducción de personal y otros factores estructurales impactaron la capacidad de supervisión y fiscalización de la agencia.
De igual forma, la Contralora indicó que la actual agencia ha demostrado disposición para atender los señalamientos mediante la formalización de acuerdos con el Registro Demográfico, el fortalecimiento de procesos internos, la implementación de protocolos de validación de información y el desarrollo de un Plan de Acción Correctiva dirigido a mejorar la eficiencia, la transparencia y el cumplimiento.
La Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas a fortalecer los controles internos, asegurar la continuidad de los acuerdos interagenciales para la validación de datos de defunciones, asignar el personal necesario para la fiscalización efectiva del programa, revisar la reglamentación vigente y realizar las investigaciones y gestiones de recobro que correspondan.
“Reiteramos nuestro llamado a que se implementen de manera diligente las recomendaciones emitidas de las cuales sé que actualmente muchas se están ejecutando. La administración adecuada de los programas de asistencia social es esencial para garantizar que los recursos públicos lleguen a las poblaciones que verdaderamente los necesitan y por este lado evita consecuencias de agencias estatales y federales”, concluyó la contralora Vega Fournier.
Recomendaciones del Informe:
- Al fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico
Considerar las situaciones comentadas en el Hallazgos 1 y realizar los procesos que estime pertinentes.
- A la secretaria de Justicia
Considerar las situaciones comentadas en el Hallazgos 1 y realizar los procesos que estime pertinentes.
- Al director de la Oficina de Área del Caribe de la Food and Nutrition Services
Considerar las situaciones comentadas en el Hallazgo 1 y realizar los procesos que estime pertinentes.
- A la secretaria de la Familia
Tomar las medidas necesarias para asegurarse de que el administrador de la ADSEF cumpla con las recomendaciones y que situaciones como estas no se repitan.
Imparta instrucciones a la División de Integridad para que realice las investigaciones correspondientes de los casos de participantes con número de seguro social de personas fallecidas a los que la ADSEF les realizó pagos de beneficios del PAN, y a las instituciones que utilizaron los fondos del PAN para realizar compras que no estén relacionadas con alimentos. Además, obtenga el asesoramiento legal necesario para llevar a cabo cualquier gestión de recobro.
El informe completo está disponible en el portal oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico en www.ocpr.gov.pr
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[1] Once participantes pertenecían a tres instituciones que se mencionan en el Hallazgo 2-a.1).
[2] Doscientos noventa casos eran de únicos beneficiarios y 95 casos de miembros de unidades familiares.
[3] Ciento noventa y cuatro casos fueron cerrados por muerte único beneficiario, 1 se desconoce paradero, 53 casos cierre administrativo Oficina Central, cinco casos no cooperaron en determinar elegibilidad, 1 caso retiro voluntario, 1 caso retiro voluntario por emigración y 1 caso sin código de cierre.
Contraloría revela pagos indebidos y sin contrato por más de El 26 de marzo de 2026 aprobamos el Informe de Auditoría OC-26-12. Este contiene los resultados de la auditoría que realizamos a la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF); para determinar si las operaciones si las operaciones fiscales se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe de Auditoría OC-26-12 se puede conseguir en nuestra página en Internet.
Carta Circular OC-26-19, Notificación de Correo electrónico de la Oficina de Prevención y Orientaciones Externa
Carta Circular OC-26-18, Calendario del curso requerido por la Ley 190-2006.
Carta Circular OC-26-17, Certificación sobre el Cumplimiento de la Ley 273-2003, Ley de Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías de Entidades Gubernamentales, según enmendada, para el año fiscal 2024-2025
Carta Circular OC-26-16, Informe Anual sobre el Estado de las Privatizaciones de los años fiscales 2022-23 al 2024-25
El Programa de Internado de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) ofrece al estudiante un escenario para adquirir conocimientos prácticos que le ayudan a comprender las funciones que realiza la OCPR. Esto, para que, una vez alcanzadas sus metas académicas, pueda considerar el servicio público como una opción para su desarrollo profesional. Además, promueve el análisis y la investigación entre los estudiantes.
Los aspirantes a participar del Programa están sujetos a las disposiciones contenidas en el Reglamento 63, Programa de Internado de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, aprobado el 6 de octubre de 2014. El mismo está disponible en nuestra página de Internet https://www.ocpr.gov.pr.
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Carta Circular OC-26-15, Fechas límite para enviar la Certificación Trimestral del Registro de Contratos a la Oficina de la Contralora
PROGRAMA DE INTERNADO EN SISTEMAS DE OFICINA O SECRETARIAL
PROGRAMA DE INTERNADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN – SERVICIO TECNICO
PROGRAMA DE INTERNADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN – SEGURIDAD
PROGRAMA DE INTERNADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN – PROGRAMACIÓN
PROGRAMA DE INTERNADO – AUDITOR GUBERNAMENTAL
Visitarán universidades para educar sobre la corrupción
fuente: Radio Isla - fecha: 23 de enero de 2026
La contralora Carmen Vega Fournier busca reducir la corrupción en el gobierno para las próximas generaciones
La contralora Carmen Vega Fournier anunció hoy,viernes, que su oficina visitará todas las universidades de Puerto Rico para educar sobre la corrupción y la ética pública, como parte de un plan que luego se extenderá a las escuelas públicas desde grado 12 hasta kínder.
“En la universidad están los futuros funcionarios públicos y tenemos que darles el ejemplo de las cosas que sí han pasado. Siempre va haber alguien que se desvíe porque lo que queremos es que sea el menor porciento”, dijo la contralora..
Contralora anuncia la designación de Saudhi Soto Pagán como nueva Subcontralora de Puerto Rico
Comunicado de Prensa
20 de enero de 2026
San Juan, Puerto Rico – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen Vega Fournier, Cpa, anunció la designación de la CPA y licenciada Saudhi Soto Pagán como nueva Subcontralora de Puerto Rico, aportando su vasta experiencia en auditorías, cumplimiento normativo, procesos contributivos y en derecho.
Soto Pagán es abogada licenciada y Contadora Pública Autorizada (CPA) con 35 años de experiencia en derecho contributivo, corporativo y administrativo. Ha liderado procesos de planificación contributiva, consultoría financiera y representación legal ante agencias gubernamentales estatales y federales, así como auditorías y Single Audits, contribuyendo a la mejora de controles internos y fortaleciendo la transparencia en entidades públicas y municipales.
“La nueva Subcontralora tiene el expertise y el compromiso para lograr y mantener que nuestras auditorías impacten al Pueblo en la transparencia y la rendición de cuentas”, expresó Vega Fournier, reafirmando su compromiso con la fiscalización responsable de la propiedad y los fondos públicos.
Con esta designación, la Oficina de la Contralora reafirma su compromiso con la excelencia, la transparencia y la fiscalización efectiva en la gestión pública.
Contralora anuncia la designación de Saudhi Soto Pagán como nueva Subcontralora de Puerto Rico
Carta Circular OC-26-14, Fechas límites en el 2026 para remitir a la Oficina del Contralor los informes mensuales del Registro de Puestos e Información Relacionada
Carta Circular OC-26-13, Extensión de fecha límite para remitir la Certificación sobre el Cumplimiento de la Ley 273-2003, Ley de Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías de Entidades Gubernamentales, según enmendada, para el año fiscal 2023-24
Derogada por la Carta Circular OC-26-17 del 9 de marzo de 2026.
Contralora e Inspectora General sellan acuerdo histórico para fortalecer la integridad y la fiscalización gubernamental
San Juan, Puerto Rico- Con el fin de maximizar la transparencia, prevenir riesgos en el manejo de fondos públicos y elevar los estándares de cumplimiento en la gestión gubernamental, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) y la Oficina del Inspector General (OIG), firmaron hoy un acuerdo interagencial sin precedentes, que formaliza y fortalece su colaboración estratégica en beneficio del pueblo de Puerto Rico. El acuerdo fue suscrito por la nueva Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, y la Inspectora General, Ivelisse Torres Rivera, quienes destacaron el compromiso compartido de ambas entidades con la sana administración pública, la rendición de cuentas y la integridad institucional.
Vega Fournier sostuvo que la fiscalización moderna exige coordinación gubernamental, madurez institucional y sistemas ágiles que permitan optimizar los controles públicos. Resaltó que la alianza alcanzada “nos permite sumar capacidades, compartir conocimientos y fortalecer el ecosistema de controles gubernamentales para que Puerto Rico tenga una administración pública más transparente, más ética y responsable”, y enfatizó que el proceso fiscalizador requiere visión estratégica y colaboración constante.
Por su parte, la Inspectora General Torres Rivera señaló que el acuerdo destaca que la colaboración estratégica no es solo un complemento del buen gobierno, sino un pilar fundamental para asegurar el uso adecuado de los fondos públicos. “Unimos capacidades desde nuestras jurisdicciones particulares para fortalecer los controles internos, elevar los estándares de cumplimiento y garantizar que el Estado administre sus recursos con eficiencia. Mediante esta alianza, el Gobierno refuerza su capacidad de fiscalización, fomentando la confianza de la ciudadanía”, señaló, destacando el rol de ambas oficinas en la supervisión de los procesos gubernamentales.
Como parte del convenio, ambas agencias establecerán mecanismos de intercambio seguro de información mediante plataformas tecnológicas protegidas, así como protocolos estrictos de confidencialidad para garantizar la reserva de documentos, informes y datos sensibles. El acuerdo también permitirá la asistencia técnica especializada para investigaciones, auditorías e intervenciones relacionadas con riesgos o posibles irregularidades en la gestión pública. Todo apoyo interagencial estará acompañado de medidas que aseguren la protección de expedientes, el manejo adecuado de información y el cumplimiento con los deberes legales de ambas entidades.
El documento, además, integra iniciativas conjuntas en materia de educación y capacitación dirigidas a funcionarios, empleados públicos y ciudadanía en general. Entre estas, se desarrollarán adiestramientos, guías, cartas circulares, materiales educativos y herramientas pedagógicas enfocadas en fortalecer la cultura del cumplimiento, el uso adecuado de los recursos gubernamentales y las mejores prácticas de administración pública. También se establece que ambas entidades podrán emitir referidos y colaborar en la evaluación de planes de acción correctiva relacionados con incumplimientos o hallazgos que requieran intervención interagencial.
Finalmente, la Contralora enfatizó “…el acuerdo no solo formaliza una relación de trabajo colaborativo ya existente, sino que la eleva a un nuevo nivel de integración, responsabilidad compartida y eficiencia fiscalizadora. Nos reafirmamos en nuestra disposición a continuar promoviendo iniciativas que fortalezcan la confianza del pueblo en sus instituciones y consoliden un enfoque moderno y colaborativo de supervisión pública en Puerto Rico.”
Contacto OCPR:
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prensa@oig.pr.gov
Carta Circular OC-26-12, Enmienda a la Carta Circular OC-18-15, Procedimiento para comentarios a borradores de informes de auditoría y para la entrega de información solicitada
Nueva Contralora celebra un histórico foro multisectorial en el Día Internacional contra la Corrupción
San Juan, Puerto Rico (martes, 9 de diciembre de 2025) – En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la nueva Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen Vega Fournier, encabezó hoy un foro sin precedentes que reunió a representantes del gobierno, la academia y la sociedad civil para discutir estrategias coordinadas de transparencia, control y prevención. Bajo el nombre “Un diálogo entre el gobierno, la academia y la sociedad civil”, el evento congregó a más de 200 participantes en una jornada de reflexión profunda sobre la lucha anticorrupción y la importancia de una vigilancia pública más innovadora y colaborativa.
El foro, el primero en su clase organizado por la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), marcó el inicio de una etapa enfocada en fortalecer la prevención, la fiscalización eficiente y la comunicación interagencial.
Durante su mensaje de apertura, la Contralora destacó que el foro responde “a nuestro modelo participativo que promueve alianzas proactivas con las entidades fiscalizadoras y con la academia.” Asimismo, Vega subrayó que mantiene comunicación constante y directa con el Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Inspector General, afirmando que “estas colaboraciones son esenciales en la investigación de casos de malversación, fraude y uso indebido de fondos públicos.”
También, la abogada y Contador Público Autorizado, Vega Fournier, resaltó ” es importante integrar a la Academia y, a su vez, a las nuevas generaciones mediante programas de internado que acerquen a los jóvenes al servicio público como una opción profesional ética y con sentido de propósito, al tiempo nos ayuden con trabajos e investigaciones académicas que fortalezcan la misión fiscalizadora de la OCPR.”
El primer panel, titulado “Responsabilidad pública y transparencia desde el Estado”, reunió a los principales funcionarios del aparato fiscalizador y judicial del país. Participaron el Lcdo. Luis A. Pérez Vargas, director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental; la Lcda. Annette del C. Esteves Serrano, subdirectora del Departamento de Justicia; Ivelisse Torres Rivera, inspectora de la Oficina del Inspector General; el Lcdo. W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico; la Lcda. Ygrí Rivera Sánchez, presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente; el Dr. Orville M. Disdier Flores, director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; y la Contralora de Puerto Rico.
Los panelistas discutieron nuevas modalidades en la detección de actos de corrupción, la importancia de auditorías internas centralizadas y la necesidad de utilizar datos confiables para detectar señales de alerta. También destacaron el valor colaborativo del Grupo PRECO, espacio interagencial dedicado a la prevención y erradicación de la corrupción. El fiscal federal Muldrow enfatizó la necesidad de fortalecer programas de protección y recompensa para denunciantes, señalando que muchos casos se esclarecen gracias a ciudadanos que alertan sobre irregularidades.
El segundo panel, “Educación e investigación para una cultura de integridad”, destacó la aportación de la academia a la vigilancia ética y a la construcción de una ciudadanía informada. Estuvo compuesto por el Dr. Melvin Rosario Crespo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano; el Dr. César Rey Hernández de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras; y el Dr. Hernán A. Vera Rodríguez de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Los académicos coincidieron en que la lucha contra la corrupción debe comenzar desde el sistema educativo, incorporando la ética, el civismo y la ciudadanía como competencias esenciales desde los primeros años hasta los estudios universitarios. También destacaron que alianzas estratégicas entre universidades, entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir al desarrollo de políticas públicas más sostenibles e innovadoras.
El tercer panel, “La voz de la Sociedad Civil en la Lucha contra la Corrupción”, dio espacio a organizaciones que lideran la fiscalización ciudadana independiente. Participaron la Dra. Eneida Torres de Durand del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa; Issel Masses Ferrer de Sembrando Sentido; Oscar J. Serrano del Centro de Periodismo Investigativo; y Michael G. Carmona Soto de Somos Más PR. Los panelistas resaltaron la importancia del monitoreo independiente, el acceso a información pública en formatos utilizables y las colaboraciones con organismos internacionales para desarrollar herramientas que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas en la contratación pública. Además, destacaron que la sociedad civil desempeña un rol insustituible en exigir integridad en el manejo de fondos públicos.
Esta primera edición del foro marca un hito en la agenda de la OCPR, demostrando su compromiso con la transparencia gubernamental y la promoción de una cultura de integridad. La Contralora concluyó que este esfuerzo es el comienzo de una agenda sostenida de colaboración multisectorial orientada a fortalecer la confianza pública y erradicar la corrupción en Puerto Rico.
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CONTACTO: Lisandra Rivera Rivera, Directora
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Carta Circular OC-26-11, Extensión de fecha límite para remitir la Certificación Anual Requerida por el Artículo 9 de la Ley 103-2006, Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006,según enmendada, para el Año Fiscal 2024-25.
Nueva Contralora de Puerto Rico sostiene su primer encuentro con el Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción
San Juan, Puerto Rico — (jueves, 20 de noviembre de 2025) La nueva Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA, sostuvo su primera reunión oficial con el Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción (PRECO), en un encuentro encabezado por el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y presidente del organismo, Lcdo. Luis A. Pérez Vargas.
Durante la sesión, la Contralora reafirmó su compromiso con la transparencia, el uso responsable de los recursos públicos y la modernización de los sistemas que apoyan la fiscalización gubernamental. El encuentro permitió consolidar iniciativas conjuntas para reforzar los controles internos, mejorar el intercambio de información y fortalecer la detección temprana de irregularidades en la gestión pública.
“Puerto Rico necesita instituciones fuertes y coordinadas. La fiscalización no es un esfuerzo individual, sino un frente unido. Colaborar estrechamente con cada una de estas agencias nos permite anticipar riesgos, cerrar brechas y actuar con mayor rapidez y precisión en beneficio de Puerto Rico”, expresó la nueva Contralora, quien es abogada y Contadora Público Autorizada. La Contralora también añadió: “tengo que enfatizar que contamos con funcionarios públicos honestos en su gran mayoría, pero la historia demuestra que no todos actúan de esa manera. Por eso nunca bajaremos la guardia; al contrario, la reforzaremos”.
El grupo PRECO agrupa a las principales entidades encargadas de fiscalización y cumplimiento en Puerto Rico, incluyendo: Oficina del Contralor de Puerto Rico, Departamento de Hacienda, Oficina del Inspector General de Puerto Rico, Departamento de Justicia de Puerto Rico, FBI – Oficina de San Juan, Policía de Puerto Rico, Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, y la OEG.
Como parte de la mesa de trabajo, las agencias acordaron impulsar proyectos de interoperabilidad tecnológica, evaluar revisiones a protocolos interagenciales y promover campañas de educación pública para reforzar la ética y la integridad en el servicio gubernamental.
Además, este año se convirtió en ley el Proyecto del Senado 454, que pasa a ser la Ley 84-2025, el cual busca fortalecer el Código Anticorrupción mediante enmiendas a la Ley 2-2018 con el fin de mejorar la fiscalización gubernamental, optimizar la coordinación entre agencias y garantizar la implementación efectiva de políticas contra la corrupción. Entre los cambios más relevantes, se reafirma la facultad investigativa de cada agencia sobre sus contratistas y se formaliza la estructura de PRECO. Además, se establecen sus funciones específicas en torno a la colaboración interagencial, la recepción de querellas y la mejora de procesos administrativos y criminales, promoviendo la rápida promulgación de reglamentos para evitar retrasos operativos.
La Contralora enfatizó que su gestión apostará a la prevención, la educación y la colaboración interagencial como pilares esenciales para combatir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana.
“Este esfuerzo colectivo envía un mensaje directo en Puerto Rico: la corrupción no tiene espacio y la vigilancia será constante. Nuestro pueblo merece instituciones que protejan cada dólar público con rigor y gran responsabilidad”, añadió Vega Fournier.
El PRECO está creado por la Ley Núm. 2 de 4 de enero de 2018, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”.
Superintendente de Educación justificó gastos con datos falsos
fuente: NotiCel - fecha: 4 de noviembre de 2025
Una investigación de la Oficina del Contralor reveló que solicitó rembolsos para un viaje oficial que no realizó.
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó el resultado de la investigación de una querella que señalaba que el superintendente de la Oficina Regional Educativa de Bayamón no asistió a un viaje oficial para la Cumbre de liderazgo en Texas del 4 al 6 de enero, y, en su lugar, realizó un viaje personal a España.
La investigación reveló que el superintendente certificó gastos oficiales por un total de $1,889 – incluyendo boleto aéreo, taxi, dieta y hotel- utilizando capturas de pantalla de estimados de viaje y una certificación en la que alegó haber extraviado los recibos tras un accidente.
Sin embargo, registros de asistencia de la Superintendent Academy XXXI confirmaron que el superintendente no participó en la actividad.
El superintendente regional de San Juan, también autorizado para asistir a la Academia por la Secretaría de Educación y la Secretaría de la Gobernación en el 2023, certificó que el superintendente de Bayamón no se presentó y que este le indicó que estaría de vacaciones.
Los auditores de la OCPR determinaron que, entre el 20 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2024, el superintendente de Bayamón no se encontraba en Puerto Rico. Las hojas de asistencia y solicitudes de licencia reflejaron que el 20 de diciembre se registró como licencia por enfermedad, del 21 de diciembre al 4 de enero como vacaciones, y del 8 al 10 de enero como asunto oficial.
El informe concluye que el superintendente de Bayamón justificó los gastos oficiales con información falsa. La cantidad de $1,889 fue depositada en su cuenta bancaria el 26 de diciembre de 2023. Por esta situación se pudieron haber configurado delitos tipificados en la Ley 146-2012 del Código Penal de Puerto Rico, según enmendada, así como violaciones de otras leyes o reglamentos.
Ante estos hallazgos, la OCPR recomienda a la secretaria de Justicia y al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental que evalúen el referido enviado el 3 de octubre, y que evalúen la posible violación de leyes o reglamentos. Asimismo, se recomienda al secretario de Educación que recobre el dinero anticipado y considere acciones disciplinarias pertinentes.
Informe de Investigación OC-26-11, Resultado de investigación sobre la asistencia de un funcionario a una actividad oficial, relacionado con la Oficina Regional Educativa de Bayamón del Departamento de Educación
Superintendente de Educación de Bayamón presentó información falsa sobre gastos de reunión a la cual no asistió en Texas
4 de noviembre de 2025 – La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó el resultado de la investigación de una querella que señalaba que el superintendente de la Oficina Regional Educativa (ORE) de Bayamón no asistió a un viaje oficial para la Cumbre de liderazgo en Texas del 4 al 6 de enero, y, en su lugar, realizó un viaje personal a España.
La investigación reveló que el superintendente certificó gastos oficiales por un total de $1,889 – incluyendo boleto aéreo, taxi, dieta y hotel- utilizando capturas de pantalla de estimados de viaje y una certificación en la que alegó haber extraviado los recibos tras un accidente. Sin embargo, registros de asistencia de la Superintendent Academy XXXI confirmaron que el superintendente no participó en la actividad.
El superintendente regional de San Juan, también autorizado a asistir a la Academia por la Secretaría de Educación y la Secretaría de la Gobernación en 2023, certificó que el superintendente de Bayamón no se presentó y que este le indicó que estaría de vacaciones.
Los auditores de la OCPR determinaron que, entre el 20 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2024, el superintendente de Bayamón no se encontraba en Puerto Rico. Las hojas de asistencia y solicitudes de licencia reflejaron que el 20 de diciembre se registró como licencia por enfermedad, del 21 de diciembre al 4 de enero como vacaciones, y del 8 al 10 de enero como asunto oficial.
El informe concluye que el superintendente de Bayamón justificó los gastos oficiales con información falsa. La cantidad de $1,889 fue depositada en su cuenta bancaria el 26 de diciembre de 2023. Por esta situación se pudieron haber configurado delitos tipificados en la Ley 146-2012 del Código Penal de Puerto Rico, según enmendada, así como violaciones de otras leyes o reglamentos.
Ante estos hallazgos, la OCPR recomienda a la secretaria de Justicia y al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental que evalúen el referido enviado el 3 de octubre de 2025, y que evalúen la posible violación de leyes o reglamentos. Asimismo, se recomienda al secretario de Educación que recobre el dinero anticipado y considere acciones disciplinarias pertinentes.
El Informe de Investigación OC-26-11, está disponible en www.ocpr.gov.pr.
Solicitudes de acceso a la información – octubre 2025
Carmen Vega Fournier buscará más poderes para la Contraloría: “Quisiera que pudiéramos imponer penas y multas”
fuente: El Nuevo Día
fecha: 30 de octubre de 2025
por: Gloria Ruiz Kuilan
En su primera entrevista con El Nuevo Día desde el nuevo puesto, instó a “cualquier persona” a denunciar actos de corrupción, “pero no sin documentación”, y prometió acortar el tiempo de las auditorías
Como parte del nuevo sello que quiere imprimirle a la Oficina del Contralor, Carmen Vega Fournier anticipó que abogará por que la agencia fiscalizadora tenga mayores poderes, por ley, que le permitan imponer multas y penalidades tras las auditorías.
“Quisiera que pudiéramos imponer penas y multas. Eso es empezando por ahí”, dijo la hasta hace una semana presidenta del Banco de Desarrollo Económico (BDE), en su primera entrevista con El Nuevo Día.
Vega Fournier, quien es abogada y contadora pública autorizada, contestó en la afirmativa al preguntársele si acudiría a la Legislatura en búsqueda de más poderes para la Contraloría; y reveló que ya encomendó evaluar si, en virtud de la ley orgánica de la dependencia, según enmendada, puede “poner alguna penalidad”.
Contó, además, que ya se reunió con la inspectora general de Puerto Rico, Ivelisse Torres Rivera, para “unir esfuerzos” a fin de combatir la corrupción y firmar, más adelante, un memorando de entendimiento. Como parte de esa reunión, constató que la ley orgánica de la Oficina del Inspector General, de 2019, le concede más poderes a ese ente que los que ostenta la Oficina del Contralor, cuya ley data de 1952.
Enfatizó, igualmente, que promoverá la educación y la sana administración pública; e instó a los empleados gubernamentales, o a “cualquier persona”, a denunciar actos de corrupción, de forma anónima, directamente a ella, pero con documentos o evidencia en mano.
De acuerdo con Vega Fournier, atender las denuncias de esa manera ayudaría a combatir más rápido la corrupción. En esa línea, prometió reducir el tiempo en que se realizan las auditorías, que hoy –dijo– oscila entre un año y 700 días.
“O sea, como que no hay esa urgencia. Esa urgencia, pues… hay que mejorarla. Pero, ciertamente, 700 días no es (un término) aceptable”, expuso.
“Y no vamos a medir el esfuerzo ni el tiempo en meses, lo vamos a medir en horas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú decir ‘me voy a tardar un mes’; un mes son 30 días y, cuando vamos, esos 30 días no son laborables. Así que tenemos que quitarnos esa visión de días calendario. El tiempo se va a reducir”, insistió.
No quiso, sin embargo, estimar cuánto tiempo tardarían las auditorías en adelante, porque todo dependerá de la complejidad del trabajo o el lugar auditado, sea una agencia o municipio.
“Otra cosa que también queremos enfatizar es que los propios empleados hablen. Ellos saben lo que está pasando, y ellos, pues, en lo que uno entra a una auditoría, haces el análisis, puede que haya cosas que tú no veas, o las veas cinco o seis meses más tarde, versus si tenemos estos empleados, que son puertorriqueños, que son empleados públicos, que conocen lo que está pasando en su agencia, pues, mira, que hablen”, aseveró.
“Yo ya di un número de teléfono… Es un número de teléfono que solamente yo voy a contestar, y les vamos a garantizar 100% anonimato y 100% confidencialidad. Y que nos den la prueba. O sea, no vamos a poner su nombre, ni nada. Tú me das los documentos; yo no voy a decir las fuentes, simplemente necesitamos la información. Y, entonces, aceleramos un montón más”, agregó, desde un salón de conferencias de la Contraloría, en Hato Rey, que tiene las fotos de los nueve contralores que le antecedieron, incluyendo la más reciente, Yesmín Valdivieso.
Vega Fournier dejó claro que recibirá querellas anónimas, “pero no sin documentación” para evitar, “por ejemplo, lo que hicieron conmigo: una carta que no tiene nada de fundamento”. Se refirió a que, mientras era evaluada en vistas públicas, se le acusó, bajo anonimato, de mal manejo administrativo en el BDE.
Rechazó, de paso, que su postura sea contraria al Código Anticorrupción, que protege a toda persona que, bajo anonimato, denuncia posibles actos de corrupción, o que sus expresiones tengan el efecto de ahuyentar a confidentes.
La contralora indicó que, aunque no tuvo un proceso formal de transición con Valdivieso, recibió un informe que detalla que la dependencia tiene, para el presente año fiscal, 518 empleados. De esos, dijo, 59 son de confianza y 48 “están ocupados con un salario anual de más o menos $100,000”. Por concepto de viajes, se han gastado $225,251 este año y, el pasado año fiscal, la cifra ascendió a $1,191,454.
Vega Fournier quiere retener el salario de los empleados de confianza, pero reducirlos a 15 o 20. Contratará a una firma de consultoría externa para que evalúe el plan de clasificación y retribución, adelantó.
También, buscará ahorrarse los $2,063,530 en renta por dos edificios. Pidió a la Compañía de Fomento Industrial que le muestre edificios que pueda utilizar y unificar a todos los empleados. “El contrato aquí está hasta 2028. Yo espero que, para esa misma fecha, podamos estar fuera de la renta”, acotó desde las instalaciones en Hato Rey.
Refuerzan vigilancia de manejo de fondos de reconstrucción con acuerdo entre las oficinas de COR3 y el Contralor
fuente: El Vocero
fecha: 31 de octubre de 2025
por: Pedro Menéndez Sanabria
La Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés) y del Contralor firmaron ayer un acuerdo colaborativo para reforzar mecanismos que eviten y/o detecten fraude en el manejo de los fondos de reconstrucción por parte de agencias gubernamentales, municipios y entidades sin fines de lucro.
De acuerdo con el director ejecutivo de COR3, Eduardo Soria Rivera, entre 2021 y 2025 la agencia sometió 106 denuncias a diversas dependencias como la Oficina del Inspector General (OIG) a nivel federal sobre irregularidades en el manejo de dinero destinado para atender los daños provocados por los huracanes Irma y María en 2017, los temblores del 2020 y el huracán Fiona en 2022.
“Estamos ahora básicamente en la etapa de contrataciones; por lo tanto, los esquemas de fraude, despilfarro o abuso que se están viendo tienen que ver con subasta, conflicto de intereses o dos o más contratistas que confabulan dentro de un proceso. Cuando avancemos a la etapa de construcción, los fraudes, estos esquemas se modifican e incluyen certificaciones falsas y uso indebido de materiales”, advirtió el funcionario.
Soria Rivera resaltó que, desde el punto de vista de COR3, “ocurre mucho fraude” en procesos de reconstrucción; sin embargo, muchos son detectados antes que tenga mayores consecuencias.
“Cuando nos damos cuenta de que hay un fraude, no pagamos. No es que no esté (el fraude), es que lo evitamos con los controles que tenemos”, sostuvo.
Precisamente, ante la solicitud de la gobernadora Jenniffer González Colón de flexibilizar los procesos relacionados al desembolso de fondos de reconstrucción, el director ejecutivo recalcó la necesidad de controles compensatorios.
“Si voy a flexibilizar el desembolso, por el otro lado tengo que auditar y estar más vigilante, por lo que vamos a reforzar esas áreas en conjunto con el Contralor”, subrayó Soria Rivera.
El acuerdo colaborativo incluirá adiestramientos entre ambas dependencias, de manera que los más de 400 auditores de la Oficina del Contralor amplíen su conocimiento sobre el manejo de fondos federales, mientras que el personal del COR3 se ilustre sobre finanzas municipales y otros asuntos gubernamentales.
“Estamos fomentando con este acuerdo una integración electrónica de las bases de datos y es algo que también queremos hacer con los municipios y agencias”, destacó, por su parte, la contralora Carmen Vega Fournier.
La funcionaria recalcó que el sistema de acceso compartido incluirá información oficial, auditorías, registros de contratos, datos financieros y denuncias vinculadas al uso de fondos provenientes de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y otras agencias federales en aras de reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de fraude, abuso o mala administración pública.
Lupa sobre subcontratistas y entidades sin fines de lucro
Por otro lado, la contralora vio con buenos ojos dos propuestas presentadas por el director ejecutivo de COR3, de manera que las entidades sin fines de lucro tengan que presentar los contratos a la base de datos de la Oficina de Contralor y que el Registro de Contratos de esta última agencia incluya información sobre los subcontratos.
“Sabemos que muchos problemas están ahí. Vamos a hacer un trabajo en conjunto con la Contralor para que haya más visibilidad de quiénes son los subcontratistas de la reconstrucción, porque ahí es que están los conflictos que muchas veces uno no ve hasta que no tenemos el contrato de frente”, dijo Soria Rivera.
En ese sentido, Vega Fournier reveló que el COR3 cuenta con un borrador para un proyecto legislativo con el fin de viabilizar ambas propuestas.
“Lo vamos a evaluar (el proyecto) y espero que a principios del año que viene (2026) ya esto esté finiquitado”, añadió la contralora.
Asoman nuevos acuerdos. De manera similar, COR3 también tiene en su agenda establecer acuerdos colaborativos con la Policía y el Departamento de Justicia con el fin de fomentar que la ciudadanía también colabore con los esfuerzos de fiscalización.
“Lo que queremos con esto es que la gente presente sus querellas y nos digan ‘vi que en este proyecto de FEMA que se llevaron el digger para casa del de Obras Públicas’. Queremos saber eso, pero tenemos que estar todos en la misma página para facilitarle a las personas el poder presentar denuncias”, proclamó el director ejecutivo.
COR3 y Oficina del Contralor intercambiarán datos y usarán inteligencia artificial para detectar fraude con fondos federales
fuente: El Nuevo Día
fecha: 30 de octubre de 2025
por: Manuel Guillama Capella / GFR Media
La colaboración, de acuerdo con el jefe de la agencia a cargo de la reconstrucción, es necesaria para agilizar los desembolsos a los subrecipientes
Como una estrategia que, aseguraron, promoverá la agilización de los desembolsos de fondos federales sin comprometer la pureza de las transacciones, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés) y la Oficina del Contralor acordaron este jueves compartir acceso a sus respectivos sistemas de información y recurrir a herramientas de inteligencia artificial para detectar irregularidades en el manejo de los miles de millones de dólares que anualmente se destinan a proyectos de infraestructura.
Según el director ejecutivo del COR3, Eduardo Soria Rivera, el acuerdo de colaboración con la recién confirmada contralora, Carmen Vega Fournier, es “más amplio” que el que estaba en vigor con su predecesora, Yesmín Valdivieso, y también dará paso a continuas sesiones de adiestramientos del personal de ambas entidades.
A la luz de la directriz de la gobernadora Jenniffer González para “facilitar los desembolsos” a los subrecipientes de fondos federales –agencias, corporaciones públicas, municipios y entidades sin fines de lucro–, Soria Rivera dijo que se necesitará implantar controles “compensatorios”, una función que, a su juicio, podrán cumplir los auditores de la Oficina del Contralor.
“(La diferencia) es dónde ponemos el control. Ahora, los tenemos antes del desembolso; algunos de ellos los vamos a poner después del desembolso. Eso va a requerir que, si se hizo un desembolso inadecuado, impropio o que no se debe hacer, va a haber que tener un proceso de recuperar esos fondos, que no se muere nadie porque la reconstrucción no se va a acabar este año ni el próximo. No pasa nada con que nosotros desembolsemos más rápidamente y que el Contralor nos diga ‘este desembolso no fue adecuado’. Vamos a tener deudas con los subrecipientes comoquiera y la oportunidad de recuperar esos fondos”, aseguró.
En 2024, el COR3 transfirió más de $2,000 millones a los subrecipientes, un monto que Soria Rivera ha adelantado que espera duplicar a lo largo de los próximos años.
A través del acuerdo, los auditores de la Oficina del Contralor tendrán acceso a las bases de datos del COR3 en “tiempo real”, lo que permitirá un monitoreo continuo. Paralelamente, el COR3 podrá acceder tanto al Registro de Contratos del Contralor como al sistema de Notificaciones de Pérdidas o Irregularidades, donde se pueden reportar irregularidades asociadas a los proyectos federales.
De acuerdo con Vega Fournier, quien juramentó hace una semana como contralora –cargo que se extiende por 10 años–, se trata de una iniciativa que también espera implantar próximamente con agencias del gobierno central y municipios.
Soria Rivera precisó, en tanto, que el COR3 cuenta con tres auditores, pero subrayó que la dependencia no puede ser “un auditor más”, un rol que, desde su perspectiva, deben asumir la Oficina del Contralor y la Oficina del Inspector General (OIG), así como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y otras entidades del gobierno estadounidense.
Auditorías más rápidas
Ante el planteamiento de que, históricamente, la Oficina del Contralor se ha caracterizado por realizar auditorías y presentar hallazgos años después que ocurrieron las irregularidades –dificultando las acciones correctivas o procesamiento de delitos–, Vega Fournier insistió en que es un aspecto que se propone cambiar.
“Cuando estuve en el Banco (de Desarrollo Económico –que presidió hasta su confirmación como contralora–), los casos podían tardarse ocho meses en evaluarse y, después, se evaluaban en 30 días. Eso mismo va a pasar en la Oficina del Contralor. Primero, vamos a integrar la inteligencia artificial. Hemos estado en conversaciones con firmas grandes en Puerto Rico y estamos integrando las mismas prácticas a la Oficina del Contralor”, señaló Vega Fournier.
“Voy a ser bastante abierto en referirlo todo, y ellos sabrán qué investigan y bajo qué criterio. Me parece que parte del compromiso es hacer auditorías más prácticas y rápidas, quizás, de temas específicos. Si al municipio de Isla de Mona le toca la auditoría en dos años, pero yo hago un referido, ellos van a (investigar) eso. No vas a esperar a los dos años. Va a ser más ‘targeted’ (puntual)”, afirmó, por su parte, Soria Rivera, al resaltar que, para evitar duplicidad, tocará a la contralora mantener comunicación continua con la OIG y agencias federales.
Soria Rivera y Vega Fournier no descartaron que, a futuro, se destine personal de la Oficina del Contralor a trabajar exclusivamente asuntos del COR3.
Aunque no pudo ofrecer estadísticas, Soria Rivera aseguró que el COR3 detiene pagos “todo el tiempo” al identificar irregularidades, si bien acentuó que no todas las situaciones equivalen a comisiones de fraude o corrupción.
Destacó que, en colaboración con la Oficina del Contralor, se proponen requerir a las organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos federales someter sus contratos al registro público, así como ofrecer mayores datos sobre las subcontrataciones, elementos que pudieran precisar legislación. Aunque reconoció que esa determinación podría generar críticas del tercer sector, enfatizó que, a largo plazo, promoverá una mayor “sofisticación” de estas organizaciones.
“La esperanza es fortalecer las sin fines de lucro para, en un próximo desastre, en vez de canalizarlo todo a través del gobierno, utilizar esas entidades. Si fortalezco y doy estructura a las sin fines de lucro, me conviene a mí y crecen. A veces, no se dan cuenta que, con estructuras débiles, se condenan a estar pequeñas”, mencionó.
Carta Circular OC-26-10, Recordatorio sobre la actualización de los datos de la entidad y funcionario principal
Nueva Contralora de Puerto Rico reúne a los 140 auditores municipales
San Juan, Puerto Rico — La nueva Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, sostuvo hoy su primera reunión oficial con los equipos técnicos y gerenciales de la División de Auditorías de Municipios de la Oficina del Contralor. Con una actitud serena pero firme, reafirmó su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la excelencia en la fiscalización del uso de los fondos públicos.
La Lcda. Vega Fournier fue juramentada el pasado martes como Contralora de Puerto Rico, y apenas unos días después, hoy comenzó su gestión reuniéndose con más de 140 auditores municipales. Lo hizo en el marco de la Primera Reunión Técnica del año fiscal 2025–2026, un encuentro en el que se repasaron metas, estrategias y prioridades de auditoría para el nuevo ciclo.
“Esta fue una gran oportunidad para presentarme ante mis nuevos compañeros auditores en mi tercer día de trabajo y compartir con ellos mi visión. Es una reunión de todo el día, donde se discuten opiniones legales, casos sobre la apropiación de fondos públicos por parte de recaudadores, y temas atendidos por la Oficina de Ética Gubernamental, entre otros”, expresó la Contralora.
La jornada transcurrió en un ambiente de análisis y reflexión profesional. La Contralora subrayó la relevancia de fortalecer los procesos de control interno en los municipios, promover la sana administración de los recursos públicos y asegurar una gestión gubernamental más eficiente y transparente. Además, hizo un llamado a la responsabilidad compartida, recordando que el trabajo de cada auditor tiene un impacto directo en la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones.
“Nuestro trabajo es esencial para garantizar que los fondos públicos se utilicen con responsabilidad y conforme a la ley. Agradezco la dedicación y el compromiso de este equipo de profesionales que día a día vela por la integridad del sistema público municipal”, añadió Vega Fournier.
Por otro lado, la reunión sirvió también como espacio para delinear las prioridades de fiscalización, fortalecer la coordinación entre divisiones y reafirmar la misión de la Oficina del Contralor de continuar elevando los estándares de ética, independencia y excelencia profesional. Lo cierto es que el encuentro marcó el inicio de un nuevo capítulo institucional, uno que combina experiencia, apertura al diálogo y visión de futuro.
“Con esta primera reunión técnica damos inicio formal a una nueva gestión, en consonancia con mi política de participación y colaboración. Así que este paso simboliza más que un comienzo; representa un compromiso firme con el fortalecimiento de la confianza pública y la rendición de cuentas en los 78 municipios de Puerto Rico”, concluyó la Contralora.
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CONTACTO: Lisandra Rivera Rivera, Directora
Oficina de Prensa y Comunicaciones
lriverar@ocpr.gov.pr
(787) 250-3322
Solicitudes de acceso a la información – septiembre2025
Juramenta la Lcda. Carmen Vega Fournier como Contralora de Puerto Rico
(San Juan-PR) – San Juan, Puerto Rico — La licenciada y CPA Carmen Vega Fournier, juramentó ayer como nueva Contralora de Puerto Rico, marcando el inicio de una nueva etapa en la fiscalización gubernamental del país.En una ceremonia oficial celebrada ayer en la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la licenciada Vega Fournier juramentó frente al Juez Superior Hon. Isander Jesús Rivera Morales, tras haber sido confirmada por el Senado de Puerto Rico el pasado 9 de octubre, y por los miembros de la Cámara de Representantes el 14 de octubre.
Durante su juramentación, la nueva Contralora expresó su compromiso con la rendición de cuentas, la ética pública y el fortalecimiento de los procesos de auditoría en el gobierno. “Asumo esta responsabilidad con humildad y firme determinación de servir al pueblo de Puerto Rico con integridad y rigor profesional”, declaró Vega Fournier.
La funcionaria, quien anteriormente presidió el Banco de Desarrollo Económico, ocupará el cargo por un término de diez años, en sustitución de la contralora saliente Yesmín M. Valdivieso.
La Oficina del Contralor de Puerto Rico se encarga de auditar el uso de fondos públicos en las agencias gubernamentales, municipios y corporaciones públicas, velando por el cumplimiento de la ley y la sana administración pública.
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Lcda. Carmen Vega Fournier, CPA – 21 de octubre de 2025 al presente
Construimos confianza desde la verdad, la educación y la prevención; demostrando integridad en cada acción y protegiendo los recursos del Pueblo”.
En la Contraloría estamos a sus órdenes.
El gran privilegio de servir
El gran privilegio de servir
El Nuevo Día21 Oct 2025
Yesmín M. Valdivieso Contralora
Terminó el período más largo que ha servido un Contralor de Puerto Rico en 73 años de historia. Por más de 15 años, he tenido el gran privilegio de servir a esta isla que quiero tanto, y cumplir con el deber ministerial de fiscalizar la administración de seis gobernadores.
¡Quiero agradecerles a tantos!
Al contador público autorizado Manuel Díaz Saldaña por invitarme a ser su subsecretaria de Hacienda de 1993 a 1996. ¡Allí me enamoré del servicio público y aprendí sobre el funcionamiento del gobierno!
Al gobernador Rafael Hernández Colón, QEPD, quien me convenció de que cuando te ofrecen la oportunidad de servir en el gobierno y tenemos algo que aportar, es nuestra responsabilidad así hacerlo. Al gobernador Luis G. Fortuño por designarme Contralora en el 2010 y a la entonces Asamblea Legislativa por su confirmación.
A los cientos de compañeros que trabajan y trabajaron en la Contraloría durante estos años. Ustedes son el corazón de la Oficina, servidores públicos comprometidos que trabajan con independencia, objetividad e integridad. ¡Aprendí de ustedes y con ustedes! ¡Ustedes son los verdaderos héroes, yo sólo fui su cara al público!
Agradezco a las otras entidades del grupo anticorrupción por el apoyo y confianza que depositaron en nuestra oficina.
A la Junta de Supervisión Fiscal por la confianza al reconocer la Oficina como entidad fiscalizadora superior e incluirnos en una sección separada en el Plan Fiscal. Gracias también por aprobar el Plan de Clasificación y Retribución tan necesario para retener y atraer personal.
A los miembros de la prensa y comentaristas por la cobertura de los más de 1,660 informes e investigaciones, aunque señalaran la tardanza de estos. Gracias por el respeto que tuvieron a la posición que he ocupado por tanto tiempo.
Estoy agradecida por las otras críticas recibidas. A todas las consideré y cuando fue necesario, hice los ajustes. También quedo agradecida por los consejos recibidos. Siempre me esforcé por trabajar con transparencia y justicia.
Agradezco a todos los ciudadanos que han presentado querellas en nuestra Oficina porque confían en la confidencialidad y atención que les damos a sus denuncias.
A todas las entidades que siguieron nuestras recomendaciones, que confiaron en el conocimiento y experiencia que tenemos como Oficina que vela por el cumplimiento de la ley y que multiplicaron no solo las solicitudes de adiestramiento, sino también las solicitudes de consultas.
Agradecida, quedo a la inmensa mayoría de los servidores públicos que trabajan a diario cumpliendo con sus deberes. Les exhorto a que sigan cumpliendo con la ley, la reglamentación, y el compromiso de promover el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del gobierno.
A mis padres y maestros por su gran formación. Gracias por enseñarme valores, no para “repetirlos como papagayo”, sino para vivirlos y practicarlos todos los días.
A mi familia por todo el apoyo y comprensión sobre cómo mi trabajo no me permitía pasar más tiempo con ellos. A mis amigas de toda una vida por el apoyo en las buenas y en las malas.
Gracias a todos los puertorriqueños por confiar en nuestro trabajo.
Me siento muy satisfecha y orgullosa del trabajo realizado. Viví todos los días con el convencimiento y la esperanza de que se puede lograr una mejor administración que use los recursos para atender las necesidades de nuestro pueblo.
Trabajamos incansablemente a pesar de los retos en la reducción de 130 auditores, los huracanes, los terremotos y la pandemia del COVID. Aun así, no nos detuvimos y continuamos con nuestro compromiso. ¡Así que sí, mucho logramos!
A la nueva contralora, la CPA y licenciada Carmen Vega Fournier, le deseo el mayor de los éxitos en estos próximos años.
Muchas gracias.
Lee la columna de la Contralora Yesmín M. Valdivieso: El gran privilegio de servir, publicada en @ElNuevoDia 🗞️
Carmen Vega Fournier es la nueva contralora de Puerto Rico
14 de octubre de 2025 – 12:35 PM – El Nuevo Día
Por Leysa Caro González leysa.caro@gfrmedia.com
Gloria Ruiz Kuilan gloria.ruiz@gfrmedia.com
Con el “voto de confianza” de las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) y Proyecto Dignidad, la Cámara de Representantes confirmó este martes a Carmen Vega Fournier como contralora de Puerto Rico.
La nominada fue ratificada en el puesto con 47 votos a favor y la oposición de los representantes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez, Nelie Lebrón y Denis Márquez. Vega Fournier ya había recibido el aval del Senado la semana pasada, por lo cual ahora ocupa el cargo en propiedad, en sustitución de Yesmín Valdivieso.
Pocas horas antes, la Cámara evaluó el nombramiento en una vista pública en la que la ahora contralora se comprometió a identificar una nueva sede para el ente gubernamental –que ahora ocupa un inmueble por $2 millones anuales de alquiler– y reducir la plantilla de 56 empleados de confianza.
La Oficina del Contralor tiene “sobre 500 empleados”, 400 de estos, auditores. “Sí, definitivo”, respondió Vega Fournier, a preguntas del presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés, sobre si reduciría el número de funcionarios de confianza.
“Cuando yo estuve en el CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales), había casi 500 empleados, y de confianza eran como 20. En el Banco de Desarrollo Económico (BDE) (entidad que dirigía), hay casi 90 empleados y ocho de confianza. O sea, que no veo por qué tengan que ser tantos empleados de confianza”, agregó, durante la audiencia pública.
“Todos los empleados de carrera, si están mirando, se los digo de frente y bajo juramento, no vamos a botar a nadie. Sobre los empleados de confianza, mandé a pedir un listado…, y eso lo conversaremos más adelante”, apuntó.
Los trabajos de la Comisión de Gobierno iniciaron, cerca de las 10:30 a.m., con la lectura de una misiva enviada por los representantes Márquez y Gutiérrez, del PIP, quienes solicitaron detener la consideración de la designación hasta que se atendieran los señalamientos presentados anónimamente contra Vega Fournier, ante la Contraloría, relacionados con sus ejecutorias como presidenta del BDE.
En la denuncia anónima, se alega que el programa que el BDE tiene para facturar y cobrar préstamos no está siendo administrado adecuadamente, que la dependencia está a punto de perder la certificación de la Small Business Administration por señalamientos de incumplimiento y que la División de Finanzas no está enviando los costos de garantía ni dineros que corresponden en casos de préstamos especiales.
Se alegó, asimismo, que Vega Fournier supuestamente ha recomendado comprar y alquilar espacios “sin el debido proceso”, que con “frecuencia” se obvian trámites reglamentarios y que el BDE ha concedido diferenciales o compensaciones adicionales a empleados que no están realizando funciones adicionales a las descritas en su hoja de deberes.
Vega Fournier respondió con un “falso” a cada una de las denuncias, al ser cuestionada por el portavoz del PPD, Héctor Ferrer Santiago. “No tengo nada que esconder; el que no tiene hecha no tiene sospecha”, anotó.
Al igual que ocurrió en el Senado, durante su evaluación, se les concedió a los denunciantes anónimos hasta la 1:00 p.m. para que acudieran a la Cámara a sostener –bajo juramento– sus denuncias. “Entonces, usted estaría hábil para detener el nombramiento”, expuso el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.
Durante la sesión, que comenzó cerca de la 1:00 p.m., Parés abrió la discusión elogiando a Vega Fournier. Mientras que la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie J. Burgos, sostuvo que daría “un voto de confianza” luego de dialogar con la nominada y escuchar sus explicaciones.
Lo mismo hizo el representante popular Ramón Torres Cruz. Sin embargo, advirtió que, con la confirmación de Vega Fournier, se estaba creando un “estándar” o “precedente”.
“Yo espero que, de ahora en adelante, todas y cada una de las querellas anónimas que se radiquen en la Oficina de la Contralora se tomen con la misma seriedad que se tomó esta. Con ninguna”, manifestó.
Mientras que Ferrer Santiago, el portavoz popular, recordó al pleno que el Código Anticorrupción “permite el que personas bajo el anonimato presenten querellas”.
“Advierto que, de llevarse a cabo una investigación y confirmarse que estas alegaciones sí sucedieron, la nominada estaría cometiendo perjurio. Y créanme, y espero contar con ustedes si así surge, que seamos los primeros en radicar su destitución, porque sí vamos a tener base”, comentó Ferrer Santiago.
En la vista pública, Parés le tomó juramento a la nominada, ante la petición de Ferrer Santiago y la anuencia del presidente de la Cámara. “No tengo problemas con que a la deponente se le juramente. Yo creo que ella es una persona seria, honesta e íntegra y va a ejercer un cargo que requiere esos atributos, así que le pido que la juramente”, apuntó Méndez.
La delegación del PIP había anticipado sus votos en contra de la designación, si bien reconoció que la nominada cuenta con las credenciales para ocupar el cargo. “Tenemos la certeza de que usted cumple con los requisitos para ser la contralora de Puerto Rico, pero a nosotros nos impide, en el cumplimiento de nuestra función legislativa… votarle a favor, en la medida que no se disipen esas dudas”, puntualizó Márquez.
Agenda de trabajo
Durante su comparecencia, Vega Fournier presentó su agenda de trabajo para la Contraloría, que incluye la creación de un Observatorio de Cumplimiento Ético y Financiero para reconocer a las entidades con controles internos robustos y manejo financiero ejemplar.
Asimismo, anticipó la modernización tecnológica de la dependencia y el uso de inteligencia artificial como una aliada de la fiscalización. “Mi propósito principal no es castigar, sino prevenir, educar y proteger los recursos del pueblo, asegurando que cada dólar se haya invertido donde realmente se necesita y evitando cualquier desvío o uso indebido de fondos”, sostuvo.
Añadió que, como parte de su desempeño, no habría espacio para las zonas grises, por lo que implementaría una política de transparencia activa, que incluirá procesos abiertos, rendición de cuentas periódicas y la publicación inmediata de auditorías, garantizando el acceso –en tiempo real– a datos de la entidad.
“La institución debe contar con sistemas capaces de integrarse, o hacer interfaces con las plataformas digitales de los municipios y las agencias gubernamentales, fortaleciendo la fiscalización, reduciendo duplicidades y mejorando la trazabilidad de las finanzas públicas”, anotó.
Vega Fournier, nombrada al cargo el 25 de septiembre por la gobernadora Jenniffer González, sustituye a Valdivieso, quien ocupó por 15 años la silla. El Senado avaló su designación el 9 de octubre, a menos de tres horas de haber culminado su comparecencia en vista pública ante ese cuerpo legislativo.
Es abogada y contable con experiencia en el gobierno y el sector privado. Laboró como asesora de instituciones financieras y aseguradoras, así como profesora y ex directora ejecutiva del CRIM. Al momento de su nominación, presidía el BDE.
“No tengo ninguna mancha, gracias a Dios, ni la tendré, porque nadie de los que trabaja, ahora mismo, en el gobierno es mi familia, ni es mi pana. Yo no me debo a nadie del gobierno de Puerto Rico”, aseguró.
Informe de Auditoría OC-26-10 del Municipio de Moca
Contralora de Puerto Rico revela pagos en exceso por $176 mil a empresa que opera el sistema de multas de tránsito en Moca
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Moca. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Moca pagó $176,322 en exceso a la compañía contratada para administrar el sistema de emitir y cobrar multas expedidas por la Policía Municipal. Los contratos formalizados el 14 de septiembre de 2016 y el 15 de octubre de 2021, establecían que la compañía recibiría como beneficio un pago escalonado de hasta el 45% en forma contingente de las multas cobradas. La Ley de Municipios de 1991 y el Código Municipal de 2020, facultan al Municipio otorgar este tipo de contrato contingente cuando no dispone del peritaje ni los recursos necesarios para realizar estos servicios, y la compensación está sujeta a lo recaudado que nunca podrá ser mayor al 10%.
Al 20 de junio de 2024, el Municipio había pagado a la compañía $226,713, lo que representa un exceso del 10% equivalente a $176,322. En el Informe se recomienda el recobro de esta cantidad al contratista.
El Informe, de cinco hallazgos, señala que el Municipio solicitó y recibió de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés), un reembolso de $6,636 en exceso de lo pagado por un contrato de alquiler de equipo pesado para recoger los escombros causados por la tormenta Fiona. Esta situación afecta la reputación del Municipio y la percepción de transparencia y buena gestión de los fondos públicos.
Los auditores identificaron que los cómputos realizados por la entonces directora de Recursos Humanos para el pago de las liquidaciones de las licencias acumuladas de 106 funcionarios y empleados al cesar en sus puestos estaban incorrectos. El Municipio se había acogido a ciertas disposiciones de la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal de 2017; sin embargo, no utilizaron las fórmulas correspondientes y calcularon $5,540 de menos a tres exfuncionarios y tres exempleados, y $791 en exceso a dos exempleados.
Al 22 de enero de 2025, el Municipio de Moca no había actualizado los reglamentos para la administración del personal de confianza y de carrera, aprobados mediante la Ordenanza 9 del 5 de septiembre de 2019. En particular, el uso de las licencias de maternidad, paternidad y adopción, no estaban atemperadas con las leyes aprobadas.
La auditoría indica que, a raíz de la solicitud de los auditores de las demandas enviadas al Departamento de Justicia, la secretaria municipal las remitió con tardanzas de hasta casi cinco años. Del 2018 al 2024, se presentaron ante los tribunales 16 demandas por $2,069,047 millones por y en contra del Municipio. Al 10 de junio de 2024, se habían resuelto 13 demandas.
La Ley del Registro de Demandas Civiles de 2003, dispone que toda reclamación de carácter civil cuya cuantía exceda los $5,000, debe figurar en el registro que mantiene el Departamento de Justicia.
El Informe comenta que el Municipio tuvo que pagar $35,000 por acuerdo de una demanda civil presentada en el 2020, por discrimen, hostigamiento sexual y represalia. Por este acuerdo transaccional el Municipio no recibió ningún beneficio a cambio. Esta situación se remitió a la Oficina de Ética Gubernamental el 19 de septiembre de 2022 para que tome las acciones correspondientes.
El Municipio pagó en total un diferencial de $7,900 a un empleado que no cualificaba para ocupar el puesto de director de Planificación y Ordenamiento de forma interina. El empleado inspector de Reglamentos y Permisos no tenía licencia de ingeniero, arquitecto, agrimensor o planificador, sino un grado asociado en ingeniería civil. El entonces alcalde y la Legislatura enmendaron el 15 de noviembre de 2023, los requisitos de preparación académica del puesto para que el empleado interino lo pudiera ocupar en propiedad.
La auditoría de Moca comenta también que la Oficina del Contralor Electoral impuso una multa administrativa por $5,000 contra el comité de campaña política del exalcalde Ángel Pérez Rodríguez. Al exalcalde se le imputa el haber utilizado una página del Municipio en las redes sociales, para hacer campaña política durante el proceso primarista y de reelección. El caso se encuentra, al 12 de junio de 2025, ante la consideración de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.
El presupuesto del Fondo General fue de $10.2 millones en el 2020, $10 millones en el 2021, $9.3 millones en el 2022, $10 millones en el 2023, y $10.2 millones en el 2024.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio de Moca cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último Informe de Moca, cubre el periodo del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2024
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El Informe de Auditoría OC-26-10 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe Especial OC-26-09, Verificación sobre el cumplimiento de la Ley 18 de 1975, por parte de las entidades gubernamentales, en el año fiscal 2023-24.
Informe especial revela incumplimientos repetitivos de las entidades en los procesos de registro y envíos de contratos a la Oficina del Contralor
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó el resultado de una verificación sobre el cumplimiento de la Ley Núm. 18 del 30 de octubre de 1975, el Reglamento 33 y las cartas circulares que emite al respecto la Oficina. El trabajo tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de los procesos relacionados con el envío y registro de los contratos y sus enmiendas en la aplicación del Registro de Contratos de la OCPR.
Los resultados revelan que el 96% de las entidades evaluadas completaron el proceso del registro. Sin embargo, el 4% de las entidades no completaron el registro de 23 contratos por lo cual se clasifican como registro creado (aunque no completado). Este porcentaje se divide en 15 contratos por la cantidad de $65.4 millones por recibir y 8 contratos por la cantidad de $35,600 a pagar.
Esta situación repetitiva desvirtúa el propósito de la Ley 18 de 1975, afecta la transparencia y limita el acceso a la información pública. El Informe le recomienda a la Oficina de Ética Gubernamental, realizar los procesos que estime pertinentes con respecto a este resultado.
El Informe, de cuatros resultados, señala que el 43% de las entidades gubernamentales evaluadas no contestaron los reparos a los contratos en el tiempo establecido de 30 días. En la aplicación del Registro se identificaron 1,525 contratos por $191.2 millones a pagar y $5.2 millones a recibir con reparos pendientes de atender hasta por 18 meses.
Este hecho causa que la Oficina no tenga los contratos de manera correcta según dispone la ley y
que no estén accesibles a la ciudadanía en calidad de documentos públicos en el tiempo requerido por ley y reglamento. Una situación similar se había comentado en el Informe Especial OC-25-30 del 8 de octubre de 2024.
Identificamos que el 59% de los funcionarios principales de 278 entidades certificaron bajo juramento información incorrecta sobre el total de contratos otorgados durante el año fiscal de 2024. La verificación develó discrepancias de hasta 418 contratos de menos en la aplicación y hasta 328 contratos de más en la certificación anual.
Esta situación puede ocasionar que se realicen desembolsos contrarios a lo establecido en la Ley 18 de 1975 y a la jurisprudencia que establece que ninguna prestación o contraprestación objeto de un contrato podrá exigirse ni ningún desembolso de fondos públicos podrá hacerse hasta tanto este se haya registrado y remitido a la OCPR.
Al 30 de junio de 2025, el 26% de las entidades no habían cumplido con enviar la Certificación Anual del 2024 a la OCPR, y el 12% la enviaron hasta tres meses más tarde contrario a lo que dispone la reglamentación vigente.
El Informe les recomienda a los funcionarios principales de las entidades, que se aseguren que se cumpla con la ley y la reglamentación vigente con respecto a atender los reparos en 30 días y que los oficiales de enlace completen los procesos de registro. Además, deben enviar a la OCPR las certificaciones anuales en el tiempo establecido con la información correcta sobre la cantidad de contratos y enmiendas de la entidad.
La Oficina también recomienda a las entidades que revisen las certificaciones enviadas y se aseguren que aquellos contratos que nunca registraron sean registrados inmediatamente.
Este Informe Especial cubre el periodo del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024.
El Informe Especial OC-26-09 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.