Contralora de Puerto Rico revela deficiencias significativas en la Compañía de Turismo que afectan la fiscalización del turismo náutico

San Juan, Puerto Rico, (14 de abril de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, dio a conocer hoy los resultados del Informe de Auditoría OC-26-16 de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, correspondiente al periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de marzo de 2025.  El informe emitió una opinión cualificada al identificar deficiencias en los controles internos, la reglamentación y los procesos de certificación y fiscalización de las empresas de turismo náutico. 

 La Contralora señaló que, si bien las operaciones de la entidad se realizaron conforme a la ley en términos generales, los hallazgos identificados evidencian debilidades estructurales que comprometen la integridad del sistema de certificación, la seguridad de los usuarios y la equidad en la industria turística.

 El informe revela, como hallazgo principal, que la Compañía permitió la operación de empresas de turismo náutico sin cumplir con los requisitos establecidos por ley y reglamentación. La auditoría determinó que varias empresas operaban con certificaciones vencidas, algunas por periodos que se extendían desde junio hasta diciembre de 2024, sin que la agencia tomara acción correctiva o impusiera penalidades. Asimismo, se identificó que se aprobaron certificaciones condicionadas no permitidas por la reglamentación vigente, incluyendo casos en los que las empresas no contaban con autorizaciones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, ni con inspecciones requeridas. 

 Adicionalmente, la auditoría evidenció deficiencias en la documentación y fiscalización, ya que en varios expedientes no se encontraron informes de inspección, y en otros casos se certificaron embarcaciones y equipos acuáticos sin la debida autorización regulatoria. También se detectó que la Compañía mantuvo certificaciones vigentes a empresas cuyos seguros, relevos de responsabilidad y permisos del DRNA estaban vencidos, en algunos casos por más de 600 días. Estas situaciones crean un ambiente de competencia desleal, exponen a los turistas a riesgos innecesarios y podrían implicar responsabilidad legal para la agencia. 

La Contralora indicó que estas deficiencias responden, en gran medida, a la falta de personal adecuado para fiscalizar las operaciones, así como a la ausencia de supervisión efectiva por parte de los directores ejecutivos y del personal encargado. Como parte de este hallazgo, se refirió la conducta de un funcionario a la Oficina de Ética Gubernamental para evaluación correspondiente.

En un segundo hallazgo, el informe establece que la Compañía no había actualizado su reglamentación principal, el Reglamento 8855 de 2016 a pesar de haber transcurrido más de ocho años desde su aprobación. La auditoría determinó que dicho reglamento carece de disposiciones esenciales para la operación de empresas de turismo náutico, incluyendo requisitos sobre inspecciones periódicas, seguimiento a las empresas para mantener vigentes los documentos vencidos, criterios para otorgar endosos promocionales y controles sobre los sellos de certificación. Esta omisión limita la capacidad operativa de la agencia y propicia la emisión de certificaciones a entidades que no cumplen con los requisitos establecidos. 

El tercer hallazgo señala deficiencias significativas en los controles internos, particularmente por la concentración de funciones incompatibles en el director de la Oficina de Servicios y Fiscalización Turística. Según el informe, este funcionario evaluaba solicitudes, realizaba inspecciones, determinaba cumplimiento, aprobaba certificaciones y controlaba la asignación de sellos, lo que compromete la objetividad del proceso y aumenta el riesgo de irregularidades. Asimismo, se identificó que los sellos de inspección no contaban con controles adecuados, ya que no se mantenían bajo custodia segura ni existía un registro formal de los mismos, lo que propicia su pérdida o uso no autorizado. 

En cuanto a los comentarios de la gerencia, la directora ejecutiva de la Compañía informó que tomaría acciones para atender las recomendaciones emitidas en el informe, incluyendo medidas dirigidas a fortalecer la fiscalización, actualizar la reglamentación y mejorar los controles internos. No obstante, el exdirector ejecutivo no remitió comentarios sobre los hallazgos señalados.

Como resultado de estos hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas a la Junta de Directores, a la directora ejecutiva y al personal operacional. Entre estas se destacan la necesidad de revisar y actualizar el Reglamento 8855 de 2016 para atemperarlo con la legislación vigente, asignar el personal necesario para la fiscalización efectiva, segregar funciones incompatibles dentro de la estructura organizacional, asegurar el cumplimiento de los requisitos para la certificación de empresas de turismo náutico, y establecer controles adecuados para la custodia y uso de los sellos de inspección.

La Contralora reiteró que la industria turística representa un componente estratégico para el desarrollo económico de Puerto Rico, por lo que es indispensable que las entidades responsables de su regulación operen con rigor, transparencia y estricto cumplimiento de la ley. Añadió que este informe constituye una hoja de ruta clara para fortalecer los controles, proteger a los consumidores y garantizar una competencia justa dentro del sector.

El informe completo está disponible en la página oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico www.ocpr.gov.pr.