fuente: NotiCel - 6 de mayo de 2025

Una opinión cualificada de las operaciones fiscales revela que a cinco contratistas no se les descontó el 1.5% que se requiere a los proveedores con contratos que excedan los $300,000.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Negociado de la Policía no le retuvo a cinco contratistas el 1.5% de la aportación especial que por ley se debe descontar a los proveedores con contratos que excedan los $300,000. Al contratista se le puede exonerar de la aportación especial si presenta una declaración jurada (Modelo SC-1350) conforme establece la Ley 48-2013 y la Carta Circular 1300-07-21.

De la evaluación de una muestra de 27 comprobantes de pago por $664,084, emitidos del 2022 al 2024, el Negociado no retuvo $1,394 equivalente a la aportación especial del 1.5% en 14 comprobantes de pago por $93,039 a cinco contratistas que no tenían la declaración jurada. Para el periodo auditado del 2020 al 2024, el Negociado había otorgado un total de 856 contratos y enmiendas por $124 millones.

Esta situación incumple el propósito de recaudar fondos para aliviar la crisis fiscal y atender gastos operacionales del Gobierno.

La auditoría comenta que el Negociado de la Policía tenía al 29 de febrero de 2024, 390 demandas con reclamos de hasta $557 millones pendientes de resolución. La mayoría de los casos es por daños y perjuicios, violación de derechos civiles y discrimen. La cuantía mayor corresponde a una demanda por fabricación de cargos y detención ilegal por $100 millones.

Además, el Negociado no había remitido, al 30 de octubre de 2024, la Certificación Anual requerida por ley del Registro de Puestos de los años fiscales de 2021, 2022 y 2023. Este registro. que administra la OCPR, contiene la información de los cambios mensuales que ocurren con los puestos en todas las agencias y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva.

El presupuesto del Negociado desde el 2020 al 2024 ascendió a $3,709 millones, y realizó desembolsos por $3,193 millones.

Fuente: Periódico La Perla - Fecha: 27 de febrero de 2025

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales del Municipio de Cataño en el Informe de Auditoría OC-25-57.  

Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la adjudicación, contratación y desembolsos, entre otros objetivos, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

El informe revela que el municipio pagó $841 mil a cinco corporaciones sin licencia para operar el negocio de arrendamiento de vehículos de motor y equipo pesado desde el 2017 al 2021 por lo cual los contratos eran nulos. De éstas, cuatro corporaciones no tenían franquicia para operar vehículos de alquiler, y dos no estaban autorizadas por el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos.  La entonces vicealcaldesa y directora de Compras y Suministros indicaron que desconocían que tenían que verificar las licencias de los licitadores.

Además, el municipio alquiló 10 vehículos por $1,800 a $2,500 mensuales entre el 2018 y 2021, y no se aseguró que la corporación contratada no era dueña de los vehículos, sino que eran vehículos rentados a una institución financiera cuya transacción no permitía la subcontratación. El municipio pagó $224 mil por este arrendamiento que a la corporación le resultó por $116 mil. Esto constituye un pago en exceso por $108 mil.

En ninguna de las facturas ni contratos, se identificaban los vehículos con el número de identificación vehicular (VIN number). En contravención de la Ley para Regular Contratos de Arrendamiento, los exdirectores de la Oficina de Asuntos Legales y de Obras Públicas, no procuraron incluir esta información.

Estas situaciones se refirieron a la consideración del secretario del Departamento de Justicia, al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, al presidente del Negociado de Transporte, a la Comisionada de Instituciones Financieras y a la institución bancaria en octubre de 2023.

La auditoría de ocho hallazgos señala que un exayudante especial y el exdirector de Vivienda Municipal, instruyeron a los empleados A y B a realizar trabajos en un negocio privado del primo hermano del entonces alcalde, y a cargar el tiempo trabajado a sus licencias de tiempo compensatorio, vacaciones o tiempo extra. El exayudante especial le recomendó al empleado C trabajar en el negocio privado a cargo de tiempo compensatorio y el dueño del negocio le pagaba por día trabajado. El empleado D accedió a trabajar dos sábados bajo amenaza de despido y al declinar seguir trabajando en el negocio privado le quitaron la guagua oficial asignada. 

Estas situaciones se remitieron para la acción correspondiente al secretario del Departamento de Justicia y al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental en agosto de 2024. Por estas acciones se pudo haber configurado el delito de aprovechamiento ilícito tipificados en el Código Penal de Puerto Rico. 

El informe evidencia que el municipio incurrió en gastos extravagantes e innecesarios por $4,500 mensuales por concepto del arrendamiento de una guagua Cadillac Escalade Premium Luxury del 2021 a una corporación. La Junta de Subastas no protegió los intereses del municipio ya que incluyó en la subasta descripciones específicas como que tuviera tres filas de asiento, segunda fila de butacas, tracción en las cuatro ruedas y aros de 22 pulgadas. El mismo vehículo estaba disponible en la Administración de Servicios Generales por $2,500.

La auditoría indica que el municipio invirtió $369 mil en dos proyectos que estaban abandonados, deteriorados y sin completarse. En el área recreativa de la urbanización Pradera-Almira, no se instalaron cuatro columnas previstas en el proyecto ni dos portones en alambre de verja.  Además, el Parque La Esperanza tiene filtraciones de agua, acústicos desprendidos, limo y hongos en los pisos y paredes. De hecho, el contratista del proyecto del techo del Parque La Esperanza, se declaró culpable el 2 de agosto de 2022 por cargos de conspiración y sobornos con fondos federales a cambio de adjudicación de contratos a su compañía. 

“Esta situación que se atribuye a que el exalcalde y el exdirector de Obras Públicas no protegieron los intereses del Municipio, propicia que se tengan que utilizar recursos adicionales para reparar los daños”, explica el informe. 

El examen de otros tres proyectos de construcción por $596 mil, reveló que el municipio no obtuvo de la Oficina de Gerencia de Permisos el permiso de construcción para tres proyectos. Esta situación expone al municipio a que las agencias reguladoras le impongan multas y penalidades. 

También, la auditoría publicó múltiples deficiencias de control administrativo como por ejemplo, que el director de Finanzas no obligó los créditos presupuestarios para el pago de 14 contratos y tres enmiendas por $779 mil relacionados al arrendamiento de vehículos de motor del 2017 al 2021. Además, se autorizaron desembolsos sin la certificación del proveedor sobre la ausencia de interés por parte de los empleados y las facturas de los vehículos arrendados no se marcaron como pagadas.

El informe comenta en detalle el proceso judicial contra el exalcalde, cuatro contratistas y el exdirector de Obras Públicas. El entonces alcalde se declaró culpable el 25 de noviembre de 2021 por conspirar en un esquema de soborno. Entre el 2021 y 2022, cuatro contratistas se declararon culpables por cargos de conspiración y sobornos con fondos federales a cambio de la adjudicación de contratos a sus compañías. El 12 de mayo de 2022, el exdirector de Obras Públicas se declaró culpable por participar en un esquema de conspiración.

El presupuesto de Cataño ascendió de $33.7 millones en el 2019, a $34.2 millones en el 2020, a $35 millones en el 2021 y a $36.7 millones en el 2022. Los estados financieros reflejaron superávits acumulados de $4.6 millones en el 2019, $3.9 millones en el 2020, $9.9 millones en el 2021 y $15 millones en el 2022.

La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Cataño cumpla con el Plan de Acción Correctiva de la OCPR. 

Este primer informe cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, y está disponible en  www.ocpr.gov.pr.

Ha transcurrido 1 año y 9 meses que la Oficina del Contralor de Puerto Rico ha incorporado ISSUU como una herramienta alterna de publicación para los informes de auditoría y de investigaciones.

En los últimos 6 meses hemos tenido 161,407 impresiones. Esto se refiere a los “anuncios” que la plataforma hace de nuestro contenido. Se muestran en la tabla abajo. La lectura se ha aumentado a 10 países (ver mapa violeta). Por otra parte, tuvimos 2884 lecturas de las cuales el 62% lo están viendo desde una computadora y 38% desde un celular. Lectores 7,620 (entre Puerto Rico, Estados Unidos, Perú y México).

Vea nuestros Informes de Auditorías en ISSUU.

El Nuevo Día26 Nov 2024
EFRAÍN MONTALBÁN efrain.montalban@gfrmedia.com

Oficina del Contralor pasa auditoría sobre el estatus de la deuda pública

Aunque se aprobaron leyes para tomar prestado, el gobierno y sus corporaciones públicas emitieron decenas de bonos sin ingresos suficientes, lo que “no fue lo más correcto”, dice Yesmín Valdivieso

Para el 2015, Puerto Rico comprometió el 14.7% de sus ingresos al Fondo General, casi rozando el límite constitucional. En la foto, una vista de la Constitución de Puerto Rico en la Rotonda del Capitolio.
Una auditoría sobre las emisiones de bonos vendidas por el gobierno de Puerto Rico y corporaciones públicas, concluyó que la tales instrumentos financieros se emitieron bajo el marco de la ley y constitución de la isla, publicó la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).

Sin embargo, a pesar de que se tomó prestado al amparo de una ley aprobada, el examen realizado por la OCPR reveló que el gobierno y las corporaciones públicas emitieron bonos sin tener ingresos suficientes para cubrir tales obligaciones, encrudeciendo la situación fiscal de la isla.

La OCPR evaluó el proceso de aprobación y el establecimiento de las fuentes de repago de ocho emisiones de bonos por $13,806 millones, realizadas entre el 6 de marzo de 2007 y el 17 de marzo de 2014, aunque también revisó transacciones que datan del año 2000. El período de examen abarcó las transacciones en el período de mayor dificultad financiera del gobierno puertorriqueño, que se caracterizó por un cierre gubernamental y una eventual degradación del crédito de Puerto Rico a nivel especulativo o chatarra.

Los bonos son un instrumento de inversión y quien lo compra (bonista) presta su dinero a cambio de recibir pagos con intereses durante un plazo determinado. Generalmente, los gobiernos, pero también empresas privadas, universidades y entidades similares emiten bonos para financiar proyectos capitales.

Sin embargo, el gobierno de Puerto Rico durante el período bajo examen recurrió a la emisión de deuda para costear buena parte de su operación sin lograr identificar métodos efectivos para su repago y considerando sobreestimaciones en los ingresos, detalla el informe.

“Ellos (el gobierno y las corporaciones) siempre tenían esa idea de que milagrosamente iban a tener los ingresos (para pagar), o por lo menos así lo demuestran las estadísticas de la Junta de Planificación, pero tú ves la economía caerse y todavía tú tienes unos estimados de ingreso positivo”, dijo Valdivieso.

De acuerdo con la auditoría, entre el 9 de marzo de 2000 y el 15 de junio de 2022, el gobierno y sus corporaciones públicas realizaron 207 emisiones de bonos para un total de $133,548 millones en principal e intereses. La cifra, sin embargo, incluye emisiones de deuda que no necesariamente fueron a entidades de gobierno. Ese es el caso de los llamados bonos Afica, una entidad conducto que hospitales, industrias y entidades educativas utilizan para levantar capital. En ese caso, se emitieron unos $1,539 millones, que son responsabilidad de las entidades privadas emisoras. También se incluyen unos $2,605 millones emitidos por la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda utilizados para financiar proyectos residenciales o préstamos hipotecarios.

Grosso modo, el gobierno y las corporaciones públicas tomaron dinero prestado para cubrir la deficiencia entre ingresos y gastos, lo que tuvo como resultado

“Era importante que se supiera que la deuda era legal, pero desde el punto de vista financiero no fue lo más correcto” YESMÍN VALDIVIESO CONTRALORA DE PUERTO RICO

que la mayoría operaran con pérdidas millonarias anualmente, según el informe.

El periodo en que se emitió la mayor cantidad de bonos del gobierno fue entre enero de 2009 y enero de 2014, lo comprende la administración del exgobernador Luis Fortuño, del Partido Nuevo Progresista, cuando el ELA y las corporaciones públicas emitieron sobre $36,255 millones en deuda, según el informe.

EN LA RAYA

Las pruebas de la OCPR identificaron problemas en la falta de ingresos necesarios para el pago de la deuda al evaluar las fuentes de repago de las emisiones de bonos, que incluían asignaciones legislativas, impuestos o ingresos propios.

Del examen de la última emisión de bonos de obligación general, por $3,500 millones (General Obligation Bonds of 2014 Series A), se determinó que el gobierno llegó casi al límite el margen prestatario del 15%, que establece la Constitución de Puerto Rico. En el 2013, estaba comprometido en un 11.94% y subió hasta un 14.77% en el 2015.

Asimismo, entre el 2000 y el 2020, la partida de bonos por pagar aumentó un 398%, y el índice de endeudamiento fiscal de la isla incrementó de 87%, en 2000, a 114%, en 2016, lo que implica que el gobierno tenía más deuda pública que activos. El punto más crítico del índice de endeudamiento fue en 2013, cuando alcanzó el 173%.

Al evaluar las emisiones de bonos con asignaciones legislativas como fuente de repago, se encontró que el Fondo del Servicio de la Deuda de Puerto Rico, ingresó solo el 28% de los $9,929 millones requeridos del 2000 al 2016. Además, el Fondo General tuvo un déficit de unos $10,665 millones del 2002 al 2014, y del 2011 al 2020 no tuvo fondos en la reserva que debe apartarse para el pago de la deuda pública.

LA DEUDA DE CARRETERAS

Entretanto, entre el 2000 al 2013, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) realizó 11 emisiones de bonos para un total de $9,217 millones, utilizando los impuestos como fuente de repago. La agencia reportó hasta el 2021 una pérdida operacional acumulada por $5,177 millones.

En un examen realizado a una emisión de bonos por $2,184 millones detectó que, en el 2007, la ACT obtuvo el 83% de los ingresos por impuestos a la gasolina, diésel y petróleo, como fuentes de repago. Mientras, del 2018 al 2021, no tuvo ingresos para el repago de $1,342 millones y el nivel de endeudamiento aumentó al 97%.

Asimismo, la auditoría también evaluó las emisiones de bono de la Autoridad de Puertos, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) cuya fuente de repago eran o son sus propios ingresos.

El BGF acumuló pérdidas operacionales por $6,659 millones, tras la emisión de bonos principales o sénior por $1,796 millones en el 2011 y 2012. Además, el índice de endeudamiento incrementó entre 108% y 430% para dicho periodo.

La liquidez de los activos del BGF dependía en gran medida de la capacidad del gobierno y sus corporaciones públicas de repagar su deuda, por lo que la disminución y el retraso en los pagos de las entidades gubernamentales y privadas afectó el balance disponible del banco.

Valdivieso adjudicó los problemas de liquidez del BGF a la falta de una cuenta de reserva que le permitiera salir a flote ante el impago de los préstamos. Atentos a posible ilegalidad en el uso De acuerdo con el informe, la mayoría de los bonos que se emitieron estaban supuestos a ser utilizados para pagar bonos vigentes, mejoras capitales y otros fines. Sin embargo, aún se desconoce con exactitud en qué se utilizó el dinero de varias emisiones de bonos.

“Todo el mundo siempre se enfoca en la emisión de la deuda y aquí lo importante es en qué se usó” el dinero, insistió Valdivieso, al agregar que publicarán un segundo informe, pero no precisó la fecha.

La Contralora mencionó que la oficina ha visto que, en otros casos como los municipios, se asigna dinero para mejoras capitales y este es utilizado para cubrir fondos operacionales, como el pago de nómina, lo que se considera ilegal.

“La realidad es que ahora mismo tenemos a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que es como un detente para que estas cosas no vuelvan a suceder, pero la realidad es que en algún momento nos vamos a quedar sin la (JSF) y tenemos que aprender a manejar nuestro dinero”, subrayó Valdivieso.

En momentos en los que la gobernadora electa, Jenniffer González, se encuentra realizando los nombramientos de su equipo, la Contralora exhortó a la funcionaria a que escoja a un principal oficial financiero (CFO, en inglés) que además de estar preparado o preparada tenga “mucho compromiso, no solo con la gobernadora, sino con Puerto Rico”.

(CyberNews) – La Oficina del Contralor de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, firmaron el martes un acuerdo colaborativo para integrar conferencias y prácticas de auditoría e investigación a la experiencia académica de los estudiantes, vigente hasta el 30 de junio de 2026.

Contralora Yesmín M. Valdivieso
“Este acuerdo forma a futuros líderes sobre nuestra misión de fiscalizar los recursos públicos, promoviendo su uso eficiente y ético”, indicó la Contralora Yesmín M. Valdivieso en declaraciones escritas.

La Rectora Angélica Varela Llavona destacó que el acuerdo refuerza la formación integral de los estudiantes, vinculándolos con prácticas de auditoría y administración pública. “Cita”, dijo la Rectora.

El acuerdo incluye un Programa de Internado para que los estudiantes adquieran experiencia en auditoría y administración pública, fomentando el interés en el servicio público. La Oficina del Contralor también participará en eventos académicos del Recinto.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de adquirir conocimientos de administración pública como los controles internos, las normas de auditoría y los cánones de ética e investigación de querellas.

Por: Santiago Omar Escobar Colón
Publicado: Oct 15, 2024 10:38 AM

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP) firmaron un acuerdo colaborativo para integrar conferencias sobre las prácticas de auditoría e investigación, así como los aspectos fundamentales de la administración pública, a la experiencia académica.

El Acuerdo Colaborativo, vigente hasta el 30 de junio de 2026, une la misión universitaria de formar y capacitar profesionalmente a los alumnos, y la misión de la Contraloría de promover el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del Gobierno.

Historia relacionada: La Junta rechaza liberar $10 millones a la UPR

“Nos complace establecer este acuerdo para formar a los futuros líderes de Puerto Rico sobre la misión de la Oficina del Contralor, y para que sean los portaestandartes de la sana administración pública. El profundizar en nuestro propósito de fiscalizar las transacciones de la propiedad y de los fondos públicos para determinar si se han realizado de acuerdo con la ley, contribuye en definitiva a difundir el mensaje del buen uso de los recursos del gobierno en beneficio de los ciudadanos”, indicó la Contralora Yesmín M. Valdivieso.

Por su parte, la Rectora del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Angélica Varela Llavona, manifestó “este acuerdo con la Oficina del Contralor de Puerto Rico refleja nuestro compromiso con la excelencia académica y la formación integral de nuestros estudiantes, al vincularlos directamente con prácticas fundamentales de auditoría e investigación en la administración pública. Con esta colaboración, buscamos que nuestros alumnos no solo adquieran conocimientos teóricos, sino también herramientas prácticas para contribuir a una gestión pública más eficiente y ética, en línea con la misión que compartimos con la Contraloría”.

Como parte del acuerdo, los estudiantes tendrán la oportunidad de adquirir conocimientos de administración pública como los controles internos, las normas de auditoría, los cánones de ética e investigación de querellas, entre otros. Además, la OCPR ofrecerá una experiencia formativa mediante el Programa de Internado.

Historia relacionada: Sectores académico y privado presentan estudio que refleja un ambiente empresarial fortalecido

Este Programa, que se rige por el Reglamento 63 de 2014 de la OCPR, ofrece la oportunidad a los estudiantes cualificados, de conocer el funcionamiento del Gobierno en la práctica de las auditorías a la vez que fomenta el interés por el servicio público.

La Contraloría, además de ofrecer conferencias para los estudiantes, participará en las mesas informativas en los diversos eventos de los decanatos de asuntos estudiantiles y de asuntos académicos, y un Oficial de Enlace facilitará información de interés para los trabajos que se realicen en el Recinto.

“Con este acuerdo con el Recinto de Río Piedras de la UPR, queremos dar lo mejor de nuestro conocimiento y experiencia para que impacte la formación de los estudiantes. Agradecemos el compromiso de la Rectora, Dra. Angélica Varela Llavona, que al acoger este acuerdo promueve la educación de excelencia y un marco de capacitación profesional a los universitarios”, expresó Valdivieso Galib.

Oficina del Contralor y la UPRRP firman acuerdo educativo y de internado
Por Cristian Rivera Marrero – octubre 15, 2024.

Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP) firmaron hoy -martes- un acuerdo colaborativo para integrar a la experiencia académica conferencias sobre las prácticas de auditoría, investigación y aspectos fundamentales de la administración pública.

El acuerdo estará vigente hasta el 30 de junio de 2026.

“Nos complace establecer este acuerdo para formar a los futuros líderes de Puerto Rico sobre la misión de la Oficina del Contralor, y para que sean los portaestandartes de la sana administración pública”, indicó la contralora Yesmín M. Valdivieso.

Por su parte, la rectora del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Angélica Varela Llavona, manifestó que “con esta colaboración, buscamos que nuestros alumnos no solo adquieran conocimientos teóricos, sino también herramientas prácticas para contribuir a una gestión pública más eficiente y ética, en línea con la misión que compartimos con la Contraloría”.

Como parte del acuerdo, los estudiantes tendrán la oportunidad de adquirir conocimientos de administración pública como los controles internos, las normas de auditoría, los cánones de ética e investigación de querellas, entre otros. Además, la OCPR ofrecerá una experiencia formativa mediante su programa de internado.

También ofrecerán conferencias para los estudiantes, participarán en las mesas informativas en los diversos eventos de los decanatos y un oficial de enlace facilitará información de interés para los trabajos que se realicen en el recinto.

8 al 14 de septiembre de 2024.

Fuente: NotiCel - Sep 04, 2024

Un informe de auditoría de la Contralora de Puerto Rico reveló irregularidades en las operaciones del Negociado de Seguridad de Empleo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con el proceso de aprobación de beneficios y pagos del Pandemic Unemployment Assistance (PUA), las operaciones de los Oficiales Pagadores Especiales (OPE), así como la eliminación de los puntos controvertibles, entre otros, no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable.

Este informe cubre el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de agosto de 2022.

El informe revela que se desembolsaron $12,731,035 de fondos PUA y del FPUC – Federal Pandemic Unemployment Compensation, a 1,039 beneficiarios con números de seguro social de personas fallecidas. Del examen realizado sobre el proceso de evaluación y aprobación de las solicitudes, el Departamento del Trabajo tampoco validó la identidad de los beneficiarios, los ingresos dejados de devengar, la información provista sobre trabajos por cuenta propia, ni la identidad de las personas que trabajaron los casos. Estas situaciones dan lugar a esquemas de fraude y a emitir pagos a quien no cumpla los requisitos, indicó la Contralora.

La OCPR no pudo determinar si personas convictas recibieron beneficios del PUA para los que no cualificaban. El Departamento de Corrección y Rehabilitación certificó que no cuenta con un sistema computadorizado para el control de la población correccional, y que el proceso de ingreso y egreso de los confinados se lleva de forma manual. Al respecto, no se comentan hallazgos por las limitaciones de alcance sobre este objetivo de la auditoría.

Por otro lado, la auditoría señala que el Departamento del Trabajo no había designado una persona ajena a las funciones de la OPE para preparar los comprobantes del Oficial Pagador Especial. Esta falta de segregación de funciones propicia que se cometan errores, agrega el informe. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría DA-16-13 del 16 de noviembre de 2015.

Al 8 de julio de 2021, no se habían realizado 11 conciliaciones bancarias de la cuenta del sistema FastPUA (PUA Claim and Payment Services- Portal Suscription) para el pago de desempleo por la pandemia. Además, del sistema SABEN -Sistema Automatizado de Beneficios- se habían realizado, a partir del marzo de 2020, las conciliaciones bancarias de tres meses, hasta un año más tarde. Las conciliaciones deben realizarse en un periodo de tres días laborables tras el recibo de la cuenta bancaria.

Del 2017 al 2021, la OPE había pagado beneficios de seguro por desempleo por la cantidad de $1,372,084,673. Del 27 de febrero de 2020 al 17 de marzo de 2022, se efectuaron desembolsos a 527,341 beneficiarios del PUA por $5,463,215,738.

Durante la pandemia se aprobaron y pagaron beneficios a reclamantes que no cumplían con los requisitos. De una muestra de los 418,558 puntos controvertibles o issues en la reclamación por falta de datos, se detectó que se eliminaron issues sin la evidencia aportada por el beneficiario, ni dar las razones para eliminar el punto controvertible. Al respecto, era necesario que el Departamento del Trabajo tuviese un control previo que asegurara la legalidad, corrección, exactitud y propiedad de las operaciones fiscales.

El informe comenta los múltiples atrasos del Departamento del Trabajo para entregar la información y los documentos solicitados. La Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, notificó 45 días antes mediante carta, la fecha del comienzo de la auditoría así como la documentación requerida. Transcurridos 21 días del comienzo de la auditoría, el 29 de enero de 2021, quedaban 13 asuntos de los 20 requeridos sin entregar; luego de 61 días quedaban 12 de los 20 asuntos sin entregar, y 222 días después, todavía estaban pendiente dos de los 20 asuntos.

Además, el 3 de mayo de 2021 se solicitó al oficial principal de informática del Departamento, las bases de datos de los sistemas SABEN y FastPUA. La información que debió ser entregada a los auditores el 14 de mayo de 2021, se entregó incompleta el 14 de diciembre de 2021. La auditoría le recomienda al secretario del Trabajo y Recursos Humanos que se asegure que los funcionarios o proveedores privados no obstruyan las investigaciones de la Oficina del Contralor y que eviten posibles violaciones de carácter penal de la Ley 37-2004 que tipifica como delito grave la obstrucción, demora o impida la realización de una auditoría del Contralor de Puerto Rico.

La Unidad de Investigaciones y Seguridad Interna del Departamento (UISI) certificó que, al 1 de octubre de 2021, había referido 323 casos por $36,620,171 al Federal Bureau of Investigation, a la Policía de Puerto Rico, al Negociado de Investigaciones Especiales, y a la Unidad de Robo a Bancos. La UISI dirige las investigaciones de posibles fraudes internos o externos de funcionarios del Departamento o beneficiarios de los programas de desempleo.

El Negociado de Seguridad de Empleo de Puerto Rico del DTRH contó con un presupuesto federal de $246,881,782 y realizó desembolsos por $157,660,625 para una diferencia de $89,221,157 al 30 de junio de 2023.

Lea aquí el informe completa de la Contralora:

PDF: Informe sobre el Negociado de Seguridad de Empleo del DTRH.pdf

En la XLVIII Asamblea General Ordinaria de la OCCEFS participaron activamente la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso y la compañera Hannelore Y. Valentín Fortunet, Directora de área de la Oficina Anticorrupción y Relaciones Externas (OARE) de la OCPR.  Participaron también nuestros compañeros Javier Soto Ortiz, Gerente de Análisis de Datos y Forense Digital y la Lcda. Loida E. Pazo Díaz, Oficial de Proyectos de la OARE, quienes presentaron el tema técnico Examen Forense Digital.

Se inicia en Santo Domingo la XLVIII asamblea general ordinaria de entidades de fiscalización superior de la región

Fuente: El Atlántico | agosto 22, 2024

Santo Domingo. – Se inició este jueves la XLVIII Asamblea General Ordinaria de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras – OCCEFS.

En la apertura, el presidente la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, anfitrión del evento, Janel Andrés Ramírez Sánchez calificó como un honor y un privilegio para la República Dominicana ser sede de tan importante evento.

“Este encuentro representa una oportunidad invaluable para fortalecer los lazos de cooperación entre nuestras entidades de fiscalización. La colaboración y el intercambio de conocimientos son pilares fundamentales para enfrentar los retos comunes que compartimos en nuestra región”. Destacó el presidente de la CCRD en la apertura del evento.

 La cuadragésima octava Asamblea General Ordinaria de la OCCEF reúne a 13 países miembro. Durante dos días de amplias jornadas de trabajo abordaran temas cruciales para el futuro de las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) tales como la auditoría forense digital, la fiscalización digital y la ciberseguridad.

“Estos son temas que, en un mundo cada vez más digitalizado, revisten una importancia trascendental para la transparencia, la rendición de cuentas y lucha contra la corrupción en nuestras respectivas naciones”. Dijo Ramírez Sánchez.

José Rodrigo Flores, presidente de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras – OCCEFS, destacó la importancia de lograr los objetivos del encuentro en general y de las entidades fiscalizadoras en particular trabajando unidos.

Augusto José Félix Paiva, presidente de OLACEFS dijo que esta asamblea extraordinaria es “un esfuerzo compartido que facilita la colaboración entre países y enfrentar los desafíos contemporáneos. Reconocemos la importancia de estos eventos, los temas tratados tendrán un alto impacto en nuestras entidades fiscalizadoras”.

En la XLVIII Asamblea General Ordinaria de la OCCEFS están presentes Yesmín M. Valdivieso, contralora de la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Gerardo Felipe Solís Díaz, contralor General de la Contraloría General de la República de Panamá, David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación de México, Jorge Gustavo Medina, Magistrado del Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras, Darlam Enrique Dalmau Palomino, Vice contralor General de la Contraloría General de la República de Cuba, Augusto José Félix Paiva, Sub-Contralor General de Paraguay y Nelson Shack Yalta, miembro honorario de Occefs.

También los anfitriones Elsa María Catano, vicepresidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Tomasina Tolentino, Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña Peña Miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

En la ceremonia se rindió un minuto de silencio a la memoria del Dr. Edwin Humberto Salazar Jerez, excontralor General de Cuentas de Guatemala durante el período 2018-2022, quien falleció en febrero pasado.

Sobre la OCCEFS

Fundada en 1995, en San Salvador, El Salvador, la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) es un Grupo subregional de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), autónomo y apolítico, formado por las entidades fiscalizadoras superiores de Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.

El objetivo principal de esta organización internacional es promover la integración y el fortalecimiento de los Entes Contralores de la región a través de la cooperación y asistencia técnica entre los países miembros en temáticas relacionados con la función de fiscalización de los fondos públicos, de acuerdo con las competencias asignadas a cada ente en su respectivo país.

The San Juan Daily Star 

By The Star Staff

Comptroller Yesmín Valdivieso Galib announced on Sunday that her office will conduct an evaluation of the government’s actions in the areas of governance, financing and public policies regarding climate change.

The assessments will be carried out during July to consolidate data into the Climate Scanner tool.

“With this project we join other audit institutions around the world to carry out independent evaluations,” the comptroller said in a written statement. “In this way we can obtain reliable information on financing, governance and public policies related to global warming and climate change in Puerto Rico.”

The project consists of collecting information on government initiatives regarding the allocation of public resources, formulation of public policy and the participation of different actors in governance. In addition, it will be possible to assess the level of commitment of governments to the commitments in the 1994 United Nations Framework Convention on Climate Change.

“We are in the execution part of this project, the conclusions of which will be presented at the end of 2024,” Valdivieso said. “We seek the cooperation of public and private entities to conclude this work, which will constitute a great contribution to knowledge and transparency of information, consistent with our constitutional mission.”

The Climate Scanner rapid review tool, designed to standardize analysis criteria that is used in each country, would provide accessible information, with clear language and visual resources. The project aims to assess governments’ climate actions, consolidate local data with global data, and substantiate possible future audits in specific areas. In addition, the project, which follows a standardized methodology, seeks to communicate the results of relevant information in the web application, share experiences and contribute to the global voice of the International Organization of Supreme Audit Institutions.

Fuente: El Nuevo Día
7 de julio de 2024

El resultado de la iniciativa, en la cual participarán otros países, se conocerá a finales del 2024, dijo Yesmín Valdivieso.

El resultado de la iniciativa, en la cual participarán otros países, se conocerá a finales del 2024, dijo Yesmín Valdivieso.
Como parte de un esfuerzo global, la Oficina del Contralor de Puerto Rico medirá, este mes, las acciones del gobierno en las áreas de gobernanza, financiación y políticas públicas en respuesta y preparación ante el cambio climático.

“Con este proyecto, nos unimos a otras entidades fiscalizadoras del mundo para llevar a cabo evaluaciones independientes. De este modo, podemos obtener información confiable sobre la financiación, gobernanza y las políticas públicas relacionadas con el calentamiento global y cambio climático en Puerto Rico”, expresó la contralora Yesmín M. Valdivieso, en declaraciones escritas.

Como parte del proyecto, la oficina recabará información sobre las iniciativas desarrolladas por las instrumentalidades respecto a su participación en la atención de esta problemática, que ya ha comenzado a trastocar la vida de las comunidades más vulnerables. Las olas de calor y los episodios de lluvia extrema –entre otros eventos a nivel mundial– son ejemplo de los efectos del cambio climático, han advertido expertos.

“Sabemos que se han aprobado leyes, que hay un grupo asesor sobre cambio climático, pero la realidad es que no sabemos qué se ha hecho. Cada vez que alguien piensa en cambio climático, piensa en paneles solares, como si eso fuera el principio y el final… pero hay que ir más allá. Hay que atender la erosión costera, el impacto de los huracanes en la vegetación…”, enumeró Valdivieso.

Para el análisis, explicó que se utilizará la herramienta Climate Scanner, mediante la cual las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) buscan proveer información accesible y de calidad, identificar los retos y los temas prioritarios de acción de los gobiernos, fortalecer las capacidades de las EFS en el desempeño de sus funciones, consolidar datos locales con los globales y desarrollar futuras auditorías.

Además, el proyecto –que sigue una metodología estandarizada– busca compartir experiencias y contribuir a los esfuerzos de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, en inglés).
“Quiero asegurarme de que, cuando pensemos en una auditoría, no solo pensemos en si se cumplió o no con la ley, y no es que no sea importante, porque lo es, pero siempre he querido que la Oficina fiscalice y que vaya más allá. Esa es la semilla que quisiera dejar sembrada, no importa si me voy en un mes o seis meses…”, dijo Valdivieso.

Reconocen la iniciativa

Expertos consultados por El Nuevo Día apoyaron el esfuerzo de la Oficina del Contralor, pero lamentaron que, a nivel legislativo, se dejara pasar la oportunidad de contar con un documento que no solo definía los cursos de acción y las estrategias públicas para atender esta problemática, sino que, a su vez, disponía las métricas a seguir.

A principios de mes, el representante Edgardo Feliciano, quien lideraba la discusión en la Asamblea Legislativa del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, anunció que no recomendaría la aprobación del documento, por lo que su evaluación quedó en manos de los representantes y senadores que sean electos el 5 de noviembre.

Entonces, Feliciano alegó que el documento de sobre 600 páginas –elaborado por el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (Ceacc)– había sido entregado tardíamente, señalamiento que ha sido rechazado por el grupo de trabajo. “Las métricas que entendía se iban a usar para medir la actuación de las agencias estaban establecidas en el plan… Si se hubiese aprobado, tendríamos unas métricas específicas y pudiésemos ir contra esas métricas y multar a las agencias que no cumplieran con la ley”, expuso el doctor Rafael Méndez Tejeda, miembro del Ceacc.

Como parte de la elaboración del documento, dijo Méndez Tejeda, se habían reunido con la Administración de Servicios Generales (ASG) para conversar sobre el cumplimiento de la Ley 33 de 2019, que obliga al gobierno –a partir de ese año– a adquirir vehículos híbridos o cuyo funcionamiento sea con métodos alternos a combustibles fósiles. “Dudo que algunas agencias hayan cumplido con la ley y lo hayan hecho”, aseveró.

El doctor Pablo Méndez Lázaro, también miembro del Ceacc, le dio la bienvenida a la gestión de la contralora, pero destacó, igualmente, esfuerzos similares, como la Red de Islas 2030, proyecto que lidera localmente desde el Caribbean Climate Adaptation Network (CCAN) y Sea Grant. “Busca establecer esas métricas y estándares de cumplimiento de las diferentes islas con respecto al cambio climático”, explicó.

Valdivieso sostuvo que, durante este proceso, espera reunirse con el Instituto de Estadísticas y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), así como con los miembros del Ceacc. “Más que una especie de monitoría, es ver dónde estamos y a dónde vamos y si hay un plan. ¿Tenemos las herramientas? ¿Tenemos la financiación?”, subrayó la contralora.

Fuente:  Walo Radio 1240 AM - Fecha: 13 de junio de 2024

(12-junio-2024) La contralora Yesmín Valdivieso emitió una opinión adversa sobre las operaciones fiscales del Municipio de Las Piedras en donde se divulgan posibles violaciones de Ley y un esquema de colusión (un acuerdo entre dos o más partes para limitar la competencia) entre proveedores del municipio.

Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones de la Oficina de Compras y Suministros, en lo que respecta al proceso de compras para el arrendamiento de camiones, no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

El informe revela que el ex director y la directora interina de Compras y Suministros del Municipio, obviaron de forma recurrente cumplir con el proceso establecido para solicitar y tramitar cotizaciones. En contravención de la legalidad vigente, estos funcionarios solicitaron el servicio de arrendamiento de camiones, renta de vagones y servicios de grúa a proveedores y compañías que mantenían un posible esquema de colusión.

Del examen realizado a 36 órdenes de compra por $352,085 emitidas al proveedor A, y cuatro órdenes de compra por $10,085 emitidas al proveedor B, los funcionarios consideraron 108 cotizaciones de los proveedores A y B, y de las compañías C, D, E y F. La compañía C había sido revocada por el Departamento de Estado desde el 2014, y de la compañía D no se encontró registro alguno, ni incluyó en las cotizaciones el nombre completo del representante sino un apodo.

Estas situaciones se refirieron a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEGPR), y al Departamento de Justicia, el 9 de febrero de 2023. Por estas acciones se pudo haber configurado el delito de negligencia en el cumplimiento del deber tipificado en el Código Penal de Puerto Rico.

La auditoría de seis hallazgos comenta que los proveedores que compitieron en la adjudicación de los servicios están asociados entre sí, organizados de forma comercial o corporativa con el objetivo de licitar de manera concertada y obviar el principio de justa competencia y transparencia (ver diagramas en el Informe).

Por ejemplo, el Municipio pagó $342,000 al proveedor A, que es hijo del presidente de la compañía C y tesorero de la compañía C. En el proceso de adjudicación de las compras, los funcionarios consideraron 32 cotizaciones de la compañía C, revocada por el Departamento de Estado.  En este pago también se consideraron 32 cotizaciones de la compañía D inexistente en los registros del Estado.

El Municipio pagó $123,372 al proveedor B por compras en las cuales se consideraron cotizaciones del proveedor A y de la compañía C. Además, pagaron $4,700 al proveedor B, en la cual consideraron una cotización de la compañía E. El proveedor B y la compañía E comparten el mismo presidente, el mismo incorporador, la misma incorporadora, e iguales direcciones postales y físicas.

Estas situaciones se refirieron al Departamento de Justicia y a la Oficina de Asuntos Monopolísticos el 9 de febrero de 2023 para que tomen la acción que corresponda.

El Informe de auditoría señala que un funcionario municipal de Las Piedras formalizó contratos de alquiler de equipo pesado con la identificada como Otra compañía por $1,853,024 cuyo vicepresidente era su yerno. El mismo funcionario también formalizó dos enmiendas por $120,000 con la compañía G que también pertenece a su yerno. Un subalterno de este funcionario fue el que formalizó los cuatro contratos para estos servicios de grúa y remolque por $253,500.

Para formalizar estos contratos, el funcionario debió haber notificado a la OEGPR e inhibirse. Estas situaciones se refirieron el 6 de octubre de 2022, y el 4 de junio de 2024, la OEGPR informó que no estaría presentando alguna causa de acción administrativa.

A pesar de los contratos formalizados del 2019 al 2021 por $4,592,000 para el recogido y disposición de escombros y desperdicios sólidos, el Municipio de Las Piedras formalizó 28 órdenes de compra con dos proveedores adicionales y utilizó camiones propios para este servicio cuya responsabilidad era de la compañía contratada. Esto no constituye una buena práctica de administración pública.

Además, los cuatro camiones utilizados por el contratista para depositar basura y escombros en el sistema de relleno de Humacao no estaban autorizados por el Departamento de Recursos Naturales ni por el Negociado de Transporte. Esta situación se refirió el 22 de agosto de 2023 a Recursos Naturales y al Negociado de Transporte, para que tomen las medidas que consideren oportunas.

Al 31 de diciembre de 2021, el Informe Mensual de Ingresos y Desembolsos reflejó recursos económicos por $36,924 en tres fondos que habían permanecido inactivos hasta cinco años. Además, el Municipio no ha realizado gestiones de cobro oportunas para recobrar una deuda de $111,327 por el alquiler de 63 cuerdas de terreno.

La auditoría también comenta que el Municipio utilizó de forma indebida los fondos provenientes de los ingresos de las patentes pagadas por adelantado de los años fiscales del 2018 al 2022. Se efectuaron $11,365,197 para gastos operacionales en los años fiscales de 2017 al 2021 sin contar con los fondos suficientes para su pago.

El Municipio de Las Piedras tiene déficits acumulados en el Fondo Operacional de $2,047,175 en el 2019, $2,571,026 en el 2020 y de $2,708,532 para el 2021. Además, no incluyó en el presupuesto del 2022 los fondos para cubrir el déficit determinado en el 2020 de $523,751.

De hecho, el presupuesto del Fondo General del Municipio fue de $12,562,776, $13,794,415, $11,983,571 y $13,459,082 del 2019 al 2022 respectivamente. 

El Municipio firmó un Acuerdo y Plan de Pago por $6,893,48, en el 2021 para transar una demanda del 2014 por incumplimiento de contrato con una compañía de manejo de desperdicios sólidos. Además, firmó otro Acuerdo de Pago con el Municipio de Juncos para pagar una deuda de $1,668,467 por la disposición de desperdicios sólidos en el vertedero.

Además de los referidos indicados arriba, el Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.

Este informe cubre el periodo del 1 de febrero de 2019 al 31 de diciembre de 2021.

Audio de la entrevista a la Contralora de Puerto Rico: https://soundcloud.com/waloradio/revelan-esquema-ilegal-en-operaciones-del-municipio-de-las-piedras?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fwaloradio%252Frevelan-esquema-ilegal-en-operaciones-del-municipio-de-las-piedras

Vea el informe aquí:

Fuente: Metro Puerto Rico - 05 de junio 2024

El informe revela que el Negociado desembolsó $24,175 por cubiertas de seguro innecesarias del 2015 al 2021

La Oficina del Contralor de Puerto Rico, emitió el miércoles, una opinión adversa de las operaciones del Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones del Negociado objeto de este Informe, no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

El informe revela que el Negociado desembolsó 24,175 dólares por cubiertas de seguro innecesarias del 2015 al 2021; esto es, 9,000 dólares para asegurar obras de arte que no tenía, 2,931 dólares por la prima de instalación que no ocupaba y 12,244 dólares en endoso de cubierta posterior, para la misma instalación que no ocupaba. Esta situación se atribuye a que la directora de Administración no actualizó los inventarios de las propiedades asegurables, ni los envió a los productores de seguro antes de formalizar las pólizas. La directora de Administración no entendía el contenido de las pólizas ya que no contaba con la preparación académica sobre seguros.

La auditoría de dos hallazgos señala que la instalación 4 del Negociado, no tuvo póliza de cubierta de estructura por dos años. La aseguradora autorizó incluir la instalación 4 en la cubierta general vigente el 12 de marzo de 2021 mediante endoso.

Estas situaciones se refirieron a la Oficina del Comisionado de Seguros el 6 de julio de 2023 para que tome las medidas que correspondan.

Los auditores identificaron que el Negociado carece de reglamentos para administrar los seguros. Al 17 de agosto de 2021 no había normas para, por ejemplo, enviar anualmente la lista de propiedades y los riesgos al Área de Seguros Públicos en Hacienda, notificar al productor cualquier cambio de propiedades, o designar el funcionario autorizado para solicitar cambios en el seguro.

El Informe comenta que el administrador del Área no se aseguró de que el productor adiestrara al personal del Negociado o de que el productor hiciera partícipe al personal del Área en las reuniones con el Negociado. Además, el administrador de Área tampoco corroboró con el Negociado, la corrección del aumento en prima por la cubierta de la estructura de 3.3 millones de dólares.

Del 2016 al 2019, los estados financieros auditados por contadores públicos autorizados reflejaron que el Negociado obtuvo ingresos propios por 85,762,777 dólares, incurrió en gastos operacionales por 84,997,850 dólares, y tuvo una pérdida no operacional por 9,226,637 dólares, que resultó en un déficit de 8,461,710 dólares.

La auditoría le recomienda al secretario de Seguridad Pública que imparta instrucciones al comisionado del Negociado, para que se asegure cumplir con las recomendaciones del Informe del Contralor.

Este segundo informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2022, y está disponible en www.ocpr.gov.pr

Fuente: Metro Puerto Rico - 05 de junio 2024

Según un informe de la Oficina del Contralor que detalla irregularidades en operaciones fiscales de la agencia

La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió un informe donde se revelan deficiencias en la gestión de recursos y el cumplimiento de las normativas legales en el Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

Entre las principales irregularidades detectadas se encuentra la falta de un registro de inventario preciso de las instalaciones deportivas y recreativas, lo que ha generado discrepancias significativas en los informes presentados. Estas deficiencias han retrasado el proceso de reclamación de fondos federales y podrían haber resultado en pagos indebidos por servicios y seguros.

“Las pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro poder revelaron que las operaciones del Departamento, en lo que concierne a la propiedad mueble e inmueble y la preparación y remisión de informes por requerimiento de ley, no se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables”, reza el informe.

Además, la auditoría señala la falta de cumplimiento con disposiciones legales, como la constitución de entidades como el Consejo Nacional para la Vinculación del Deporte, la Recreación y la Educación Física, y la falta de rendición de informes anuales sobre el uso de fondos destinados al desarrollo del atleta puertorriqueño de alto rendimiento.

El informe también destaca la falta de remisión oportuna de auditorías y documentos requeridos a agencias federales y la Oficina del Contralor, así como deficiencias en el registro de la propiedad mueble, lo que dificulta el control adecuado de las operaciones y la preparación de estados financieros.

Asimismo, se encontraron irregularidades en las instalaciones de la Oficina Regional Noroeste del Departamento, donde se hallaron edificios abandonados y enseres deteriorados, lo que evidencia un deficiente mantenimiento de las infraestructuras.

El informe, que abarca el período del 1 de enero de 2018 al 30 de abril de 2023, recomienda tomar medidas correctivas para abordar las deficiencias detectadas y asegurar el cumplimiento de las normativas legales y regulatorias.

Pedro Menéndez Sanabria, EL VOCERO

A pesar de los múltiples controles que existen en la contratación gubernamental, la contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso Galib, opinó que se requiere mayor transparencia en el proceso para poder identificar potenciales conflictos que surgen cuando la persona o entidad contratada también forma parte del equipo de campaña de un candidato político.

La funcionaria explicó que tanto a nivel federal como estatal no se le puede privar a un ciudadano o entidad un contrato -incluyendo agencias gubernamentales, corporaciones públicas o municipios- por vínculo político alguno, ya que esto es considerado como un tipo de discrimen. Esta protección, incluso, abarca a aquellos individuos que dirigen campañas políticas.
“En el papel existe una serie de controles. Por ejemplo, cuando un contrato es de más de $10 millones tiene que pasar por la junta fiscal y cuando supera los $10,000 tiene que contar con la aprobación de OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto). En cuanto a las compras es similar. El problema está en cómo determinamos que un contrato se otorgó al más cualificado y no al que es más conveniente políticamente hablando”, explicó Valdivieso Galib a EL VOCERO.

A pesar de esto, la contralora advirtió que existe el riesgo de que los contratos gubernamentales se conviertan en una manera de premiar o hasta remunerar la participación en las campañas políticas, especialmente en el periodo eleccionario.

“Dinero botado” en Educación
La funcionaria mencionó que una manera para poder aclarar si un contrato está o no siendo utilizado como herramienta en el campo político, es la inclusión de periodos de Requerimiento de Propuestas (RFP, en inglés) con requisitos específicos y detallados. Esto, además, ayudaría a la entidad contratante a tener las bases para evaluar el cumplimiento del mismo.

La problemática de contratos en agencias, específicamente el Departamento de Educación (DE), a entidades o personas con vínculos políticos ha sido eje de controversia en las pasadas semanas desde que salió a relucir que 90 de las 93 figuras que componen la nómina de confianza en la agencia participan activamente en la campaña del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.
Asimismo, la dependencia otorgó un contrato por $174,300 por servicios de publicidad a la compañía Pivot Solutions L.L.C., presidida por Michelle M. Cobb, directora ejecutiva de la campaña del aspirante a la comisaría residente en Washington D.C. por el Partido Nuevo Progresista (PNP), el senador William Villafañe.

“Recae en cada agencia o municipio velar por el cumplimiento del contrato hasta que entra la Oficina del Inspector General o nosotros en la Contraloría, pero debido a la gran cantidad de contratos no podemos auditarlos todos, así que nos limitamos a un muestreo. Es una tarea problemática y por eso es que cada vez que entramos a Educación encontramos tanto dinero botado”, comentó Valdivieso Galib.

Sin embargo, la contralora afirmó que uno de los mayores retos a la hora de identificar potenciales conflictos es que, en muchos casos, existe una discordancia entre la rama de gobierno en la que se otorga el contrato y la campaña política que impulsa la persona.

“Puede darse el caso que tengas una persona con un contrato en el municipio X y que esté trabajando con la campaña de alguien que aspira a representante de otro distrito. No quiere decir que no pueda hacerlo, porque esto es legal, pero se debe evaluar si este está cumpliendo con todo lo estipulado y si el contrato se dio porque estaba cualificado y no porque era conveniente para el candidato”, sostuvo.

Valdivieso Galib lamentó que en Puerto Rico se haya normalizado el entrelace de contratos gubernamentales con la actividad política a tal punto que cambiar esta práctica tomará mucho tiempo.

“Tenemos que asegurarnos de que somos transparentes y de que cada uno de los componentes haga un cambio, sea Educación o la Contraloría, es algo de todo el sistema. Con propuestas claras podemos escoger mejor y si después resulta que se trata de una persona que está en la política, se puede determinar entonces, sin espacio a duda, que está haciendo su trabajo, pero para eso el proceso tiene que ser lo más transparente posible”, insistió.

Prudencia y sensatez
Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa Rodríguez, comentó que, aunque es posible establecer mayores controles, recae en los candidatos tener mayor prudencia y sensatez a la hora de seleccionar a las personas que componen su equipo de trabajo para evitar cualquier señalamiento de corrupción gubernamental.

“Yo creo que esto no es algo nuevo. Aunque no me atrevo a decir que es algo institucionalizado, pero de que haya pasado antes y que ocurra en otras agencias u otros candidatos, muy a mi pesar, pienso que sí puede estar sucediendo”, opinó el legislador.
Aunque dentro de los trabajos que realiza su comisión legislativa para evaluar el presupuesto de las agencias se solicita información sobre contratos y memoriales explicativos, Santa Rodríguez reconoció que más allá de un gasto exorbitante es difícil detectar conflictos políticos, ya que el trabajo se enfoca en el asunto financiero.

“Yo puedo utilizar el grupo de la Comisión para entonces buscar los contratos que aparecen en (la Oficina) del Contralor Electoral y ese tipo de cosas, pero la realidad es que no tengo mucha gente y tengo un presupuesto que correr”, agregó.
Santa Rodríguez opinó que “siempre ha habido el cuestionamiento de que se utiliza el dinero del gobierno para, de una forma directa o indirecta, financiar campañas”.

“Posiblemente hace falta legislación para tratar de controlar esto, pero si no hay alguien que lo ejecute no se logra nada. Pienso que quizás dándoles más recursos a las oficinas del Contralor y Ética para que puedan identificar posibles conflictos de intereses. Es más una solución en conjunto, pero de que tenemos que ponernos las pilas, sí, es necesario”, concluyó.

fuente: El Vocero - fecha: 2 de abril de 2024 - por: Istra Pacheco

En el 2022 se hicieron referidos al Departamento de Justicia por presuntas irregularidades

Aunque en el 2022 hubo referidos ante el Departamento de Justicia debido a las aparentes irregularidades con el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes – que en términos prácticos sustituyó al barril de tocino – y que ahora administra la Autoridad de Tierras (AT), la situación lejos de resolverse ha empeorado, dijo la contralora Yesmín Valdivieso, quien no descarta hacer nuevos referidos, esta vez a las autoridades federales.

La funcionaria dijo que este verano espera dar a conocer la auditoría realizada a la AT y si culmina la investigación paralela de su oficina antes del 30 de septiembre también la dará a conocer. Si la pesquisa termina posterior a esa fecha, esperaría al 2025 para dar a conocer los resultados para que no le achaquen intenciones político-partidistas.

“Hemos encontrado falta de procedimientos en el área de finanzas, deficiencias en la reglamentación que ya existía, registros contables incorrectos, expedientes incompletos, los contratos no tienen detalles sobre ‘le estamos asignando tanto dinero para estas obras en específico’, por ejemplo. No dicen qué tipo de obras ni a quién se le asignó esa obra. O sea, todo muy, muy diferente a lo que nosotros esperábamos”, declaró en entrevista con EL VOCERO.

En algunos casos se asignaba dinero para ciertas obras y no había constancia de si se utilizó completo y, en caso de que no, no había rendición de cuentas sobre qué sucedió con el sobrante. En otras instancias, las organizaciones recibían el dinero, pero no había un contrato formal para la realización de las obras con términos y condiciones.

Asimismo, se asignaron fondos para que algunas organizaciones rindieran servicios comunitarios, pero lo primero que hacían era arreglar las oficinas administrativas y después -con el sobrante- se invertía en el propósito original.

La contralora criticó que el fondo se ha utilizado, además, como el antiguo barrilito de tocino que el Tribunal Supremo declaró que era inconstitucional, en la medida en que se usa el dinero público para regalar enseres eléctricos y equipos.

“Si tú le quieres regalar una nevera o una cisterna a una gente, por lo menos antes tenía que haber una resolución de la Asamblea Legislativa, se llevaba a votación y había un récord de que eso se había aprobado. Ahora no hay. No hay ningún rastro sobre eso”, lamentó Valdivieso.

Lo peor para la contralora es que el año pasado se aumentó la cantidad disponible para que los legisladores por distrito tuvieran “para servicios a la comunidad” de 15% a 50%, lo que es de sumo peligro en un año eleccionario.

“Los años eleccionarios a mí no me caen muy bien, porque cuando tú vas a hacer un bien, tú lo haces porque de verdad entiendes y yo no estoy diciendo que no haya una intención de hacer el bien, pero el bien tú lo haces callado. El bien tú lo haces humildemente. No con la expectativa de que vayan a votar por ti. Esa es la parte que a mí no me gusta. Con fondos públicos tiene que haber una transparencia. Pero aquí no hay ni la transparencia de cómo se hizo la cosa, sino que la transparencia se da cuando sale el legislador en fotos entregando la nevera o la puerta de madera. Eso para mí es politiquería”, sentenció.

La funcionaria insistió que cuando se administran fondos públicos, las personas a cargo tienen que seguir reglas y asegurarse de que se da un buen uso a ese dinero.

No obstante, reconoció que parte del problema radica en que para algunas personas en el gobierno es muy difícil negarse a seguir las regulaciones cuando es un legislador quien las llama y exige cosas como “quiero que tú le des tanto dinero a Fulano”.

“Tú sabes que, de alguna manera, cuando alguien con un puesto como ese llama, puede ser hasta intimidante. Yo a la verdad que desde el principio y cuando me enteré de que eso lo habían pasado (el aumento en los fondos discrecionales)… yo me puse mal”, expresó.

Aprobada en el 2022, la Ley 173 creó el fondo que se nutre de los recaudos del .1% del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU). La pieza contenía muchísimos otros asuntos, dijo Valdivieso. No obstante, el proyecto nunca lo enviaron a su oficina para su evaluación y recomendaciones, que es el curso regular.

“Para mí esto estaba escondido en el texto de la ley… Si el barrilito fue declarado inconstitucional y tenía que pasar por una resolución, había más transparencia que ahora; pero aquí el senador o el representante decide a dónde va el dinero y, ¿quién le cuestiona?”, indicó.

Aunque inicialmente el Departamento de Agricultura hizo referidos al Departamento de Justicia, que a su vez recomendó que se designara un Fiscal Especial Independiente (FEI), la Oficina del Panel del FEI detuvo la pesquisa porque están a la espera de los hallazgos de la Oficina del Contralor para evitar una duplicidad de esfuerzos y dada la especialización de esa entidad en auditorías sobre uso de dinero, dijo por su parte Eloína Torres Cancel, portavoz del FEI.

Los referidos fueron específicamente sobre presuntas actuaciones de la exdirectora ejecutiva de la AT, Dorally Rivera Martínez, la exadministradora de Finanzas, Astrid Rivera Febres, y el ingeniero Miguel Santiago Irizarry.

“Se había designado al fiscal Emilio Arill, que se retiró… y ahora lo tienen asignado (los fiscales Zulma) Fuster, (Ramón) Mendoza y Fabiola Acarón. Pero ese caso para fines del FEI está paralizado en lo que se termina la investigación del Contralor”, dijo.

La pesquisa abarca más acciones, adelantó la contralora.

Cargos son otro cantar

Cuando se le cuestionó a Valdivieso cuán grave es la situación y si podría involucrar legisladores, la funcionaria declinó especificar, por entender que todavía faltan puntos que se tienen que corroborar por parte del área de asuntos legales de su oficina.

Sin embargo, ante la pregunta de si se debían radicar cargos criminales en torno al manejo que se ha dado a los fondos, Valdivieso no dudó: “Si por nosotros fuera, sí… pero eso depende de otras entidades”.

Reconoció que puede haber una percepción de que luego de las denuncias no se “resuelve nada”, por lo que puntualizó que su oficina no tiene el poder de “arreglar” las cosas.

Lo más que puede hacer son recomendaciones y en este caso, la suya es que aunque no haya concluido la auditoría el fondo no debe continuar a cargo de la AT, toda vez que no tiene el personal suficiente ni preparado para asegurar que se manejan los fondos para fines públicos.

“Debe estar en manos de otra dependencia”, sostuvo.

El representante del Movimiento Victoria Ciudadana José Bernardo Márquez, quien dio la voz de alerta sobre la inconstitucionalidad de la ley que permite repartir dinero a los legisladores por distrito, dijo que este mes se cumplen dos años desde que hizo los primeros señalamientos y catalogó como una “total desfachatez” que nada haya cambiado.

“La contralora me dio la razón en ese momento y me contestó mi referido diciendo que está de acuerdo con que el diseño del barril era ilegal e inconstitucional y exhortaba a la Legislatura a enmendarlo. Entonces la Legislatura no ha hecho eso para corregir el problema legal que se señaló. Lo que hizo fue enmendarlo para aumentar la discreción individual de los legisladores en el uso de los fondos. Es por eso que estamos viendo más legisladores haciendo reparticiones semanales y publicando en sus redes sociales”, denunció.

Lamentó, además, que el Departamento de Justicia se negó a evaluar la ley y emitiera una opinión sobre su constitucionalidad bajo el argumento de que fue un pedido solamente suyo y no del pleno de la Cámara de Representantes, que Márquez entiende no es necesario. Dijo que por ello, más recientemente, hizo un referido a la Oficina de la Inspectora General, en busca de “alguna acción con mayor premura… Van dos años de esto, nadie utiliza ninguna herramienta, ministerial, administrativa, legal para paralizar el fondo… el tiempo sigue corriendo y, peor aún, los fondos se siguen administrando de forma altamente cuestionable”.

Al cierre de esta edición no había sido posible conseguir una reacción de la Autoridad de Tierras.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) es un tratado multilateral de la Organización de las Naciones Unidas con el fin de prevenir y combatir la corrupción política, promovida por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Esta fue adoptada el 31 de octubre de 2003 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y entró en vigor el 14 de diciembre de 2005. La CNUCC es considerada el principal instrumento internacional para abordar la corrupción en todos los sectores.

El Centro de Gobernanza Pública y Corporativa (CGPC) es una organización de la sociedad civil que como miembro de la Coalición de la Sociedad Civil de la CNUCC realizó un estudio dirigido a evaluar el marco jurídico y la estrategia anticorrupción de Puerto Rico y su cumplimiento con las disposiciones de la CNUCC. Esta iniciativa es un esfuerzo colaborativo del CGPC con la Coalición de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). Para llevar a cabo el estudio se aplicó una metodología que utilizó varias técnicas para recopilar información que incluyó el análisis documental, el análisis de los informes de auditoría de la OCPR, el diseño de un cuestionario de autoevaluación del cumplimiento del marco jurídico y la estrategia anticorrupción de Puerto Rico con las disposiciones de la CNUCC, entre otras.

Como parte de esta metodología, el 16 de noviembre de 2021 se realizó un grupo focal y un análisis FODA con personal ejecutivo y directivo de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR). El personal de la OCPR estuvo destacado evaluando la ejecución gubernamental y utilizó como criterios los indicadores y los principios anticorrupción establecidos por la ONU, que se categorizan en:

1. políticas y prácticas de prevención de la corrupción,
2. penalización y aplicación de la ley,
3. cooperación internacional y
4. restitución de activos.

El 16 de marzo de 2022 el CGPC presentó a la Contralora de Puerto Rico, Hon. Yesmín M. Valdivieso, y a los funcionarios de la OCPR que participaron en el grupo focal el informe Autoevaluación del cumplimiento de Puerto Rico con las disposiciones anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. El informe contiene los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones para atender las áreas de mejoras identificadas en el grupo focal. Entre los resultados se destaca la necesidad de fortalecer el sistema de gobernanza y gestión de los asuntos públicos para mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía. Además, el estudio reveló que Puerto Rico cumple parcialmente con las disposiciones anticorrupción de la CNUCC en lo relativo a las categorías de información relacionadas con las medidas preventivas y al marco jurídico y regulatorio, y que no cumple con lo relacionado a la penalización de las prácticas de corrupción. La presentación de los resultados desató un productivo intercambio de ideas y recomendaciones para desarrollar y establecer las acciones requeridas para fortalecer el marco jurídico y la estrategia anticorrupción.

El 9 de junio de 2022 el CGPC presentó el Plan de acción para guiar la implantación de las recomendaciones del estudio de investigación sobre la Autoevaluación del cumplimiento de Puerto Rico con las disposiciones anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Este Plan de Acción es el resultado de los trabajos realizados con los participantes del grupo focal de la OCPR el 16 de marzo, e incluye las estrategias de buenas prácticas de gobierno sugeridas para movilizar la mejora del cumplimiento de Puerto Rico con las disposiciones anticorrupción de la CNUCC. Entre las buenas prácticas se encuentran:  

• fortalecer el ordenamiento jurídico y normativo para prevenir, combatir y penalizar la corrupción.
• revisar el marco institucional del sistema anticorrupción y formular e implantar políticas y prácticas coordinadas y eficaces.
• establecer sistemas de contratación pública, compras y subastas basados en criterios de transparencia, capacidad y competencia.
• desarrollar e implantar políticas y prácticas de transparencia y acceso a la información que promuevan la inclusión, la participación de la sociedad y la rendición de cuentas.
• fortalecer la transparencia y el acceso a la información del proceso electoral.
• impulsar las reformas requeridas para atender las debilidades del sistema judicial para prevenir, combatir y penalizar la corrupción.

El 19 de enero de 2024 se efectuó un conversatorio entre el CGPC y los participantes del grupo focal en el que se intercambiaron ideas y experiencias sobre lo plasmado en el Informe de sociedad civil sobre la implementación del Capítulo II (Prevención) & Capítulo V (Recuperación de Activos) de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (CNUCC) en Puerto Rico preparado por el CGPC y presentado ante las Naciones Unidas en noviembre de 2023. Las recomendaciones del informe están encaminadas a proveer apoyo al gobierno de Puerto Rico en el fortalecimiento de la estrategia y el marco jurídico para prevenir, combatir y penalizar la corrupción.

Para la Oficina del Contralor, participar en este tipo de estudio e investigación es de gran relevancia, pues la corrupción es una mala práctica que opera en detrimento de una sana y transparente gestión pública. Es un fenómeno que ha afectado a Puerto Rico por décadas lacerando la confianza hacia el gobierno. Esto hace necesario crear un frente común en el que las agencias de gobierno estatales y federales, y las instituciones de la sociedad civil y del sector privado se involucren de manera proactiva para establecer y poner en función políticas públicas en pro y bienestar de la ciudadanía.

Fuente: Departamento de Trabajo de los EE. UU. | 5 de febrero de 2024

Figura 1 Julio J. Dávila Bravo, Rocío J. de Jesús Gómez (Oficina del Contralor), Ivonne Rivera (Investigadora principal de la División de Horas y Salarios), José R. Vázquez (Director del distrito del Caribe de la División de Horas y Salarios), Yesmín M. Valdivieso (Contralor de Puerto Rico), Mayra L. Nigaglioni, José Maldonado (Oficina del Contralor).

A raíz de los retos que representó la pandemia, la Oficina del Contralor de Puerto Rico respondió a los nuevos escenarios de trabajo que esto produjo.  En esta sección se agrupa informes de auditoría sobre desembolsos de fondos para atender la emergencia, cartas circulares, entre otra información.

Vigilan cumplimiento de fondos públicos

Fuente: El Vocero
Fecha: 20 de octubre de 2023

Varias leyes en Puerto Rico prohíben el desembolso de fondos públicos a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que no hayan cumplido con sus responsabilidades y no se encuentren en cumplimiento (Good Standing) con los departamentos de Estado y Hacienda, recordó la Oficina de la Contralora.

“No procede el desembolso de fondos públicos a estas organizaciones, ya sean los mismos para su uso o para que esta sirva de intermediaria en el desembolso a un tercero. De recibir y desembolsar los fondos, sin estar en cumplimiento, la OSFL está sujeta al recobro de estos por el Estado”, expresó la Contralora, Yesmín M. Valdivieso, en un comunicado de prensa.

De la misma forma, agregó que ningún funcionario público o electo puede asignar fondos a una entidad que no está al día en sus responsabilidades. Los legisladores asumen una función ejecutiva mediante la determinación administrativa del uso especifico de los fondos. “Sobre esto, véase lo dispuesto en el Artículo IV, Sección 4 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 458 y 466 (1994)”, agrega el parte de prensa.

Por tanto, previo a la asignación de fondos públicos, se debe realizar una evaluación sobre si la OSFL está capacitada o no para realizar la obra o el servicio para el cual le son asignados estos fondos.

“Exhortamos a todas las OSFL a ponerse al día con todas las entidades gubernamentales requeridas y a los funcionarios públicos o electos a no asignar fondos a las OSFL hasta asegurarse de que estén en cumplimiento. La Oficina del Contralor publicó el folleto informativo Organizaciones sin fines de lucro, uso de la propiedad y de los fondos públicos”, expresó.

Para orientarse, se pueden acceder en www.ocpr.gov.pr. (Folletos y Publicaciones).

“Cualquier persona que no cumpla con estas disposiciones le será requerido y vendrá obligada a rembolsar los fondos públicos ilegalmente desembolsados”, indicó.

Hace dos semanas, Valdivieso confirmó a EL VOCERO que una auditoría extensa sobre el uso de los fondos del llamado “barril de tocino” para obras permanentes tuvo que ser ampliada y está a punto de concluir.

Recordó que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien es el custodio del Fondo de Mejoras Municipales, ha comentado que se estaban asignando a las organizaciones sin fines de lucro grandes cantidades de dinero para asuntos no cualificados, lo cual está bajo la lupa de la contraloría.

Detalló que como parte de la auditoría, entrevistaron a algunos legisladores cuyos nombres se reservó.

Fuente: Cybernews

SAN JUAN (CyberNews) – La Contralora de Puerto Rico Yesmín Valdivieso publicó el martes, el resultado de una investigación sobre supuestas irregularidades relacionadas con la contratación, los servicios prestados y los pagos realizados a dos contratistas de servicios profesionales del Municipio entre el 2017 al 2018.

Los hallazgos se remitieron para la consideración de entidades de ley y orden, y entidades que rigen la profesión.

La investigación reveló que el contratista 1 facturó 3,150 dólares por servicios directos relacionados a los acondicionadores de aire y electricidad, sin tener la licencia de perito electricista ni la de técnico de refrigeración y aires acondicionados. Además, el contratista 1 realizó trabajos sin haber formalizado un contrato por escrito y facturó dos veces por los mismos servicios de evaluar daños a los aires acondicionados ubicados en el Centro de Gobierno.

El 29 de abril de 2018, el Municipio de Cataño canceló el contrato del contratista 1, por 4,200 dólares mensuales, tras ser acusado por el Negociado de Investigaciones Federales de soborno y conspiración por fraude a un programa de fondos federales cuando era funcionario del Municipio de Toa Baja.

Estas situaciones contrarias a la ley y reglamentación vigente se remitieron a la evaluación del secretario de Justicia y de la administradora de servicios generales y principal oficial de compras el 20 y 21 de julio de 2023 respectivamente. También, se tramitaron referidos a la Junta Examinadora y Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico, y a la Junta Examinadora y Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico el 18 de septiembre de 2023.

La investigación le recomienda al alcalde, entre otras, que se asegure que la secretaria municipal establezca los controles necesarios para los procesos de contratación, que el director de finanzas se asegure de la corrección de las facturas, y que recobre de los contratistas aquellas cantidades indicadas en el Informe.

Este Informe de Investigación del 4 de octubre de 2023 está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Entrevistarán a los residentes y verán los arreglos.

Fuente: Primera Hora - 5 de octubre de 2023

Como parte de una auditoría al Programa R3 del Departamento de la Vivienda, auditores de la Oficina del Contralor de Puerto Rico se prestan a visitar a los residentes de 868 viviendas en la Isla que se beneficiaron de esta ayuda otorgada para reparar casas tras la devastación ocasionada por el huracán María.

Se alertó, en comunicado de prensa, que en estas visitas se entrevistará al residente, así como se documentarán los cambios y arreglos en las viviendas.

Este programa cuenta con $3,415 millones de dólares de los fondos del Community Development Block Grant–Disaster Recovery (CDBG-DR), de los cuales se han desembolsados $990 millones, para reconstruir, reparar o reubicar viviendas en la isla

“Nuestras normas de auditoría requieren que realicemos entrevistas, exámenes y análisis, para obtener evidencia suficiente de acuerdo con los objetivos, que proporcionen una base razonable para emitir nuestra opinión y publicar los hallazgos”, explicó la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M Valdivieso.

“Las pruebas que realizaremos, como parte del proceso regular de auditoría, consistirán en examinar la inversión y el trabajo que se llevó a cabo en las residencias”, añadió.

Ante todas las alertas de fraude que se registran en la Isla, la funcionaria precisó cómo será el proceso en que se llevarán a cabo estas entrevistas a los residentes. En primera instancia, se detalló que el personal de la Oficina del Contralor se comunicará por teléfono, correo electrónico o carta con los residentes seleccionados de una muestra para coordinar la visita. El auditor, entonces, realizará la visita coordinada y estará identificado en todo momento. De ninguna manera, el personal solicitará información personal ni dinero.

En el portal web www.ocpr.gov.pr se publicará información relevante al proceso de encuesta. Para más información, también se puede comunicar con la Oficina del Contralor al (787) 754-3030, extensiones 2202, 2207, 2208, 2213, y/o a los correos electrónicos ocprc041@ocpr.pr.gov, ocprc050@ocpr.gov.pr.

“Tan pronto concluya este proceso que requieren las normas de auditoría, procederemos a publicar los hallazgos en cumplimiento con el Plan Anual de Auditorías y la misión de la Oficina del Contralor de Puerto Rico”, indicó Valdivieso.

Así lo reveló una investigación sobre programa que impulsó el gobierno de Puerto Rico este cuatrienio.

Por Metro Puerto Rico - 27 de septiembre 2023

Una auditoría coordinada entre la Oficina de la Contralora de Puerto Rico y su contra parte en Argentina culminó en un informe especial sobre iniciativas para el desarrollo sostenible y fin de la pobreza en Puerto Rico que reveló la inactividad de entes creados por el gobierno, al punto de no haber utilizado fondos asignados para la lucha contra la pobreza.

Se trata de una investigación dirigida por la Auditoría General de la Nación de la República Argentina. En coordinación con auditores de la Contraloría evaluaron la eficacia en la aprobación, el desarrollo y la implementación de acciones basadas en la política pública para reducir la pobreza y la pobreza infantil en Puerto Rico, según establecido en la Orden Ejecutiva OE-2021-039, aprobada por el gobernador el 25 de mayo de 2021 y en la Ley 84-2021, Ley de Política Pública de Puerto Rico para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social, aprobada el 31 de diciembre de 2021.

Aunque se estableció la comisión mediante ley, no se establecieron los mecanismos necesarios para cumplir sus objetivos, ya que no se integraron las iniciativas estatales y federales con las de los gobiernos municipales, las entidades sin fines de lucro y con las del sector privado. Además, la Comisión no había preparado un plan estratégico, ni una lista de los fondos disponibles a nivel federal y estatal, y la ley no incluyó tampoco métodos de participación ciudadana, entre otros.

Para el año fiscal de 2023, se había aprobado un presupuesto de $1,200,000 para sufragar el Programa contra la Pobreza Infantil. Sin embargo, al 20 de enero de 2023, no se habían utilizado estos fondos. Esta situación impidió medir el avance para reducir la pobreza infantil.

Con respecto al logro de las metas para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 y la disminución de la brecha de género, el Informe indica que se implementó una campaña para promover la solicitud del crédito tributario por niño, pero no se establecieron acciones adicionales a la política pública de reducción de la pobreza infantil y la pobreza. Al 6 de octubre se habían radicado 222,327 planillas en el Servicio de Rentas Internas Federal con el reclamo del crédito tributario por niño. Esto representó el 73% del total de las familias que cualificaban. “A largo plazo, no se puede determinar el impacto de estos fondos, ya que no es una ayuda recurrente”, lee el informe.

La auditoría coordinada es realizada por diferentes entidades fiscalizadoras superiores (EFS o entidades fiscalizadoras), ofrece las condiciones necesarias para analizar diferentes perspectivas sobre un mismo tema y, al mismo tiempo, presenta un panorama de cómo es tratado el tema a nivel nacional o regional.

La pobreza, según la ONU, es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, tales como acceso a alimentos, agua potable, servicios de salud, vivienda, educación e información.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico recibió una invitación por parte de la Auditoría General de Argentina para participar de una auditoría coordinada sobre la implementación de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible, Fin de la Pobreza (Objetivo 1), y la mitigación del impacto del COVID-19, con énfasis en la disminución de las brechas de género.

El Informe Especial enumera los programas federales y estatales, y su propósito para mitigar la pobreza por agencia del Gobierno. Además, detalla el importe de las diversas leyes y programas del Gobierno para atender la pandemia del COVID-19 tales como la Ley CARES, Ley CRTRA y la Ley ARPA, entre otras.

Fuente: La Isla Oeste

San Juan. La Contraloría de Puerto Rico publicó una auditoría coordinada sobre la eficacia de las acciones de política pública para: reducir la pobreza y la pobreza infantil, mitigar el impacto del COVID-19, y disminuir la brecha de género.

La auditoría, dirigida por la Auditoría General de Argentina, analiza el panorama de Puerto Rico con respecto al Objetivo de Desarrollo Sostenible, Fin de la Pobreza, según la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

El Informe especial revela que, aunque se estableció un marco legal para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 mediante la creación de una Comisión Asesora por Orden Ejecutiva el 25 de mayo de 2021, esta no estuvo en funciones ni se creó una estructura para su implementación. La Comisión Asesora la formaban 11 funcionarios que sólo se reunieron en una ocasión.

INFORME ESPECIAL OC-24-16

OC-24-16 by La Isla Oeste

Ver este documento en Scribd

La auditoría indica que la Orden Ejecutiva no incluyó métodos de participación ciudadana ni acciones para disminuir la brecha de género para atender los objetivos. Además, no se nombraron a los ocho representantes de universidades, sector privado y de las entidades sin fines de lucro en la Comisión Asesora.

El Gobierno de Puerto Rico estableció el 31 de diciembre de 2021, la Comisión para Combatir la Pobreza mediante la Ley 84-2021, para reducir la pobreza infantil y la desigualdad social en un 50% para el 2032, entre otros objetivos. Según datos del Censo de los Estados Unidos al 2022, el 42% de la población y el 58% de los menores de 18 años vivían en situación de pobreza en la isla.

Sin embargo, no se establecieron los mecanismos necesarios para cumplir los objetivos, ya que no se integraron las iniciativas estatales y federales con las de los gobiernos municipales, las entidades sin fines de lucro y con las del sector privado. Además, la Comisión no había preparado un plan estratégico, ni una lista de los fondos disponibles a nivel federal y estatal, y la ley no incluyó tampoco métodos de participación ciudadana, entre otros.

Para el año fiscal de 2023, se había aprobado un presupuesto de $1,200,000 para sufragar el Programa contra la Pobreza Infantil. Sin embargo, al 20 de enero de 2023, no se habían utilizado estos fondos. Esta situación impidió medir el avance para reducir la pobreza infantil.

Con respecto al logro de las metas para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 y la disminución de la brecha de género, el Informe indica que se implementó una campaña para promover la solicitud del crédito tributario por niño, pero no se establecieron acciones adicionales a la política pública de reducción de la pobreza infantil y la pobreza. Al 6 de octubre se habían radicado 222,327 planillas en el Servicio de Rentas Internas Federal con el reclamo del crédito tributario por niño. Esto representó el 73% del total de las familias que cualificaban. A largo plazo, no se puede determinar el impacto de estos fondos ya que no es una ayuda recurrente.

El Informe Especial enumera los programas federales y estatales, y su propósito para mitigar la pobreza por agencia del Gobierno. Además, detalla el importe de las diversas leyes y programas del Gobierno para atender la pandemia del COVID-19 tales como la Ley CARES, Ley CRTRA y la Ley ARPA, entre otras El informe especial, cubre el periodo del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022.

Fuente: Periódico La Perla - Fecha: 21 de septiembre de 2023

Un informe de la Contraloría de Puerto Rico reveló, desde el 2018 hasta el primer semestre del año fiscal de 2021, la Oficina Regional Educativa (ORE) de Ponce, no celebró subastas para la adquisición de los servicios de transporte escolar.

Durante este periodo, la Oficina otorgó 407 contratos de emergencia por $7,299,090, por este servicio.

La Oficina de Auditoría Interna del Departamento de Educación, había comentado una situación similar en el 2018.

Además, la auditoría señala que los contratos contenían una cláusula que justificaba que por la falta de un presupuesto definido, no podía cumplir con el proceso de subasta para la contratación de la transportación escolar. Al ser un servicio esencial, el Departamento entonces determinó utilizar el proceso de emergencia.

Del examen realizado, se concluye que la Oficina suscribió contratos de emergencia cada seis meses durante cuatro años fiscales consecutivos.

El Contralor concluye que esta situación propicia que se beneficien a unos proveedores en particular y que no se evalúen otras ofertas.

“La Ley 3-2017, Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico, no es una excusa contractual para no haber llevado a cabo las subastas correspondientes. Por el contrario, la ley es una razón adicional para realizar los procesos de subasta requeridos”, expone el reporte.

La auditoría comenta que, no se pudieron examinar los expedientes físicos de nueve contratos de transportación escolar otorgados del 7 al 12 de agosto 2019, por $1,021,925.

El superintendente notificó que los expedientes estaban ubicados en uno de los edificios afectados por el terremoto del 7 de enero de 2020, al cual no se podía entrar por razones de salud y seguridad.

El Informe le recomienda a la secretaria de Educación, que imparta instrucciones para que se cumpla con la reglamentación aplicable a las subastas de transporte escolar. Este primer informe de la ORE de Ponce, cubre el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de noviembre de 2021, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Cuatro empleados de la zona de Manatí-Dorado recibieron unos $15,892 aunque tenían sus salarios regulares

fuente: El Nuevo Día - fecha: 21 de septiembre de 2023

Cuatro empleados públicos de la entidad conocida como Área Local de Desarrollo Laboral de Manatí-Dorado (ALDL) recibieron pagos del Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA) aunque ninguno perdió su fuente de ingreso principal durante el trimestre de julio a septiembre de 2020.

Según un informe de auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), estos empleados recibieron pagos del PUA emitidos por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) por un total de $15,892 pese a que los cuatro empleados recibieron sus salarios regulares durante ese período de tiempo.

“Además de una verificación de datos adicional, se identificaron otros seis empleados para los cuales el DTRH emitió pagos por beneficios del PUA. No obstante, no se pudo determinar el importe de los beneficios pagados o si los recibieron”, lee el informe.

Como parte de su informe, la OCPR recomendó a DTRH a tomar las medidas pertinentes tras la revelación del desembolso de estos fondos del PUA y exhortó a la directora ejecutiva de la oficina a también tomar cartas en el asunto.

El informe de auditoría detalló, además, que esta entidad también adquirió el marbete de un autobús pesado sin cumplir con los requisitos de ley.

Mediante entrevista y certificación del 4 y 10 de agosto de 2022, el agente comprador informó que el 14 de junio de 2022 entregó la licencia del autobús al dueño de una estación de inspección, ubicada en el municipio de Barceloneta, quien procedió a expedirle el certificado. Esto, sin haber inspeccionado dicha unidad. El 30 de junio de 2022 el agente comprador adquirió el marbete para el autobús en una colecturía ubicada en Arecibo.

De acuerdo con el documento, ALDL es un “área de prestación de servicios” que recibe fondos federales para adiestramientos y empleos y recibe fondos por parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

El proyecto no tuvo utilidad ni redundó en beneficio de la universidad, ni del interés público

Fuente: Cybernews-12 de septiembre 2023

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó hoy, martes, el resultado de una investigación sobre alegadas irregularidades con la adquisición del licenciamiento e implementación de una plataforma para el desarrollo de un programa de educación a distancia en la Universidad de Puerto Rico en Carolina (UPRCa).

La investigación reveló que UPRCa pagó $254,881 dólares por la adquisición de la plataforma, que no se implementó y que hubiese permitido la creación de aulas virtuales, acceso al portal institucional y la participación desde múltiples dispositivos electrónicos, según establece el contrato formalizado el 20 de diciembre de 2019.

Sin embargo, la plataforma no se estaba utilizando, no se encontró evidencia del plan de trabajo para su implementación, y no se realizó un estudio de necesidad y viabilidad. Esta situación se atribuye a los cambios de personal en las oficinas del Decanato de Asuntos Académicos y del Rector del recinto que afectaron los servicios, las fechas y el desarrollo de este proyecto.

Al respecto, el 9 de diciembre de 2022, el Rector notificó al contratista la terminación del contrato.

La institución educativa invirtió recursos en un proyecto que no tuvo utilidad ni redundó en beneficio de la universidad, ni del interés público.

El Informe recomienda al Rector, entre otras, que para inversiones futuras se planifique adecuadamente la contratación según establece la “Política ATI-013 de la Carta Circular 140-16, Normas Generales sobre la Implantación de Sistemas, Compra de Equipos y Uso de la Tecnología de Información para los Organismos Gubernamentales, del 2016″.

Este informe del 31 de agosto de 2023 está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Fuente: Metro - 28 de junio de 2023

Según un informe de la contralora Yesmín Valdivieso, Educación pagó $335,793 por servicios de agua y luz en escuelas cerradas desde el 2017

La Contralora Yesmín Valdivieso emitió el miércoles una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Oficina Regional Educativa de Mayagüez (OREM) del Departamento de Educación.

El Informe de un hallazgo revela que, el Departamento de Educación pagó 335,793 dólares por servicios de agua potable y energía eléctrica en escuelas cerradas desde el 2017.  La suspensión de estos servicios se produjo hasta cuatro años después del cierre.  Del 2017 al 2018 se cerraron 90 escuelas en la región educativa de Mayagüez.

De hecho, al 7 de julio de 2022, el Departamento pagó 47,379 dólares por concepto de siete cuentas de energía eléctrica que se mantenían activas o en uso en tres de las escuelas cerradas. Estos pagos innecesarios se pudieron haber utilizado en las operaciones del Departamento y, además, personas ajenas pudieron haberse beneficiado de los servicios de agua y luz en las escuelas.

De las visitas realizadas a diez de las escuelas cerradas, se identificaron ocho en estado de abandono, cinco de ellas vandalizadas y llena de escombros. Los auditores encontraron también, equipos y materiales de instrucción abandonados, parafernalia de sustancias controladas, personas ajenas a la institución, y una de las escuelas servía de establo para 14 caballos.

La Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, no prestó el mantenimiento a las escuelas cerradas y el Departamento tampoco impartió instrucciones al respecto.

Además, cuatro de las escuelas visitadas tenían documentos administrativos y académicos confidenciales, y no se localizaron documentos relacionados al cierre tales como: el inventario físico, hoja de materiales transferidos, o la certificación de disposición de equipo preparada por el director escolar, entre otros.

La auditoría comenta que el Departamento no midió el cumplimiento de los objetivos del proceso de consolidación y cierre de las escuelas. Un ayudante especial del secretario y el superintendente de la OREM confirmaron que no contaban con información sobre el impacto económico, impacto en los estudiantes, y la calidad de servicios ofrecidos tras el cierre de escuelas.

Los auditores identificaron cuatro planteles escolares bajo la custodia del Departamento de Transportación y Obras Públicas, ocupados por dos municipios y dos corporaciones sin fines de lucro sin contar con un contrato de arrendamiento por escrito. Una de las escuelas servía de Head Start del Suroeste y Early Head Start. Otro de los planteles lo ocupaba una corporación sin fines de lucro cuyo presidente usaba uno de los salones como su residencia.

Este primer informe de la Oficina Regional Educativa de Mayagüez cubre el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2022, y está disponible en  www.ocpr.gov.pr.

Según informe de la Contraloría de Puerto Rico

Fuente: Cybernews/ El Vocero-26 de mayo 2023

Un informe reciente de la Contraloría de Puerto Rico evidenció que el Municipio de Lares realizó un proyecto de construcción de plataformas para nichos en el cementerio municipal sin obtener el debido permiso.

“El permiso de construcción para mejoras a la pista atlética Julio C. Morales, que costó 183 mil 384 dólares, se obtuvo seis meses después de iniciar los trabajos”, declaró la Contraloría. “Estas situaciones impidieron que la Oficina de Gerencia de Permisos pudiera ejercer su función reguladora antes del inicio de la construcción”, añade.

“En seis de las 14 cotizaciones para tres de los cinco proyectos examinados, no se identificó quién las solicitó y las aceptó”, lee el informe. “Estas deficiencias propician la comisión de irregularidades en los procesos”.

El informe también revela que dos acuerdos del Municipio con una entidad sin fines de lucro no recibieron aprobación de la Legislatura Municipal antes de su formalización en 2019 y 2020. Además, el acuerdo de 2019 no se remitió al Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, y el de 2020 se registró dos años y medio después de su formalización.

Se identificó que el Municipio de Lares no mantuvo un control continuo y eficaz de las finanzas y operaciones, ya que la Oficina de Auditoría Interna no realizó auditorías en áreas de materialidad y riesgo, por ejemplo, en compras y desembolsos con los fondos para atender la emergencia del COVID-19.

“El Municipio de Lares no informó 46 de los 55 accidentes y hurtos a la Contraloría de Puerto Rico”, advirtió el informe. “Además, no se realizaron investigaciones administrativas en 34 incidentes. Esto impide que el Municipio pueda determinar las causas de los incidentes y tomar las medidas correspondientes”.

Las deficiencias con las actas de la Legislatura Municipal, la falta de un reglamento para el personal de confianza y un reglamento para el uso de ponchadores biométricos son otras situaciones que el informe señala como preocupantes.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto debe asegurarse de que el Municipio de Lares cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor, concluye el informe. El documento cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2022.

El informe fue referido al Departamento de Justicia

Fuente: Cybernews-22 de mayo 2023 

Un informe de la Contraloría de Puerto Rico que fue referido al Departamento de Justicia reveló que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) pagó más de un millón de dólares a la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) sin un contrato escrito.

Según la auditoría, el DCR pagó un total de $1,691,571 a la agencia gubernamental el 13 de septiembre del 2018 por el reembolso de gastos incurridos en el análisis del desarrollo de dos instituciones correccionales, bajo la modalidad de alianzas público-privadas. El mismo incluía $1,383,124 de los trabajos realizados por la Autoridad relacionado con el proyecto, $165,974 por cargos por servicios y $142,473 por intereses de la línea de crédito.

El análisis de la Contraloría indica que el Departamento de Corrección no formalizó un contrato escrito de asistencia con la Autoridad.

“La ausencia de contratos escritos, puede propiciar que se presenten reclamaciones fraudulentas e ilegales”, advirtió la Contraloría en el informe.

Además, la auditoría también reveló que el Departamento de Corrección y Rehabilitación no ha utilizado el equipo tecnológico de dos de los siete laboratorios educativos, adquiridos por trescientos trece mil, setecientos siete dólares, a pesar de haber transcurrido más de dos años desde su instalación.

“Esto no solo supone un despilfarro de recursos, sino que priva a los internos de la oportunidad de adquirir nuevas habilidades y conocimientos”, añade el informe de la Contraloría.

El informe también evidenció el pago de diecisiete mil, ochocientos sesenta dólares a un contratista por horas de adiestramiento no realizados.

Se detectaron, además, múltiples desviaciones de la reglamentación en relación a los contratos de servicios profesionales y consultivos y deficiencias en el procesamiento de facturas para pago.

Finalmente, el informe destacó un caso en el que una contratista facturó diecisiete mil, seiscientos setenta y dos dólares por trabajos en horarios que confligían con otros trabajos facturados a otras entidades gubernamentales.“Estas situaciones se remitieron a la consideración del secretario de Justicia el 12 de mayo de 2022″, concluyó la Contraloría.

Fuente: CyberNews/El Vocero-31 de mayo de 2023

El informe señala que el municipio no registró en su sistema de contabilidad los comprobantes de desembolso de 24 de 51 transferencias electrónicas

La Contraloría de Puerto Rico emitió el martes, una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del municipio de Humacao. 

Según el informe, el municipio proporcionó $24,959 como capital en exceso a las resoluciones aprobadas por la Legislatura Municipal, para establecer la Empresa Municipal para el Desarrollo Económico, Cultural, Recreativo y Deportivo.

“El hecho de no obtener el consentimiento de la Legislatura, impide cumplir con su responsabilidad de evaluar la asignación de fondos”, detalla el informe.

Entre 2012 y 2019, el municipio desembolsó un total de $3,943,284 a la Empresa Municipal.

El informe de la Contraloría señala que el municipio no registró en su sistema de contabilidad Monet GFS, los comprobantes de desembolso de 24 de las 51 transferencias electrónicas que realizó a la Empresa Municipal del 2016 al 2019. Esto representa $1,594,391 de un total de $3,352,922 transferidos en parte para realizar mejoras al Centro de Bellas Artes y al Coliseo.

La Empresa Municipal no formalizó contratos escritos por servicios de arquitectura por los que desembolsó $24,165.

Además, tampoco se formalizaron contratos escritos por los servicios prestados como director ejecutivo, del también director de Finanzas del Municipio, desde el 2014 al 2018 por $34,025. El informe finaliza con una recomendación a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure de que el Municipio de Humacao cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

Como parte de las buenas prácticas en comunicación interna, en la Oficina del Contralor se rediseñó la Revista institucional NotiContralor-e. Incluimos un video preparado por el equipo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) que presenta a la Directora de Prensa y Comunicaciones de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, explicando esta estrategia de comunicación interna.

Por otro lado, La Gerente de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Oficina del Contralor de Puerto Rico nos presenta la herramienta de comunicación interna Help Desk, el cual permite un mayor control y estatus de las peticiones que hacen los compañeros al área.