Día de Acción de Gracias
jueves, 24 de noviembre de 2022

El Día de Acción de Gracias
es una de las celebraciones del año más bonitas que vivimos,
como un gran encuentro con nuestra familia y seres queridos.
El motivo de esta fiesta también es muy bonito:
dar gracias a Dios por todas las bendiciones que nos brinda.

La Oficina del Contralor se une a la celebración de este día tan significativo.
La acción de dar gracias nos ayuda a crecer
en comprensión, empatía y a ser más solidarios.

Este año cumplimos nuestro 70mo aniversario;
buen momento para dar gracias por todas las oportunidades, frutos,
y, sobre todo, por las amistades y compañeros
que forman una gran familia en la Contraloría.

¡Hoy doy gracias a todo el personal,
y espero que la alegría que causa ser agradecidos
fortalezca nuestro compromiso con la Oficina!

¡Les deseo un entrañable Día de Acción de Gracias
y… buen provecho a todos!

Yesmín M. Valdivieso
Contralora

Les incluimos el mensaje de la Contralora con motivo de la Semana del Auditor que se celebra del 11 al 17 de septiembre.
¡Muchas felicidades!

Fuente: El vocero- 12 de septiembre de 2022

Radiografía a los informes de auditoría de la Oficina del Contralor en la última década muestra cómo la deshonestidad administrativa está arraigada en el gobierno

El incremento exponencial de casos de corrupción en Puerto Rico que evidencian los recientes arrestos de políticos y contratistas privados por las autoridades federales, genera preocupación porque visibiliza que esta conducta delictiva ha escalado hasta las altas esferas del gobierno y afecta la legitimidad de las instituciones públicas.

Investigadores del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa (CGPC) presentaron a EL VOCERO el estudio Desafíos de la corrupción para la gobernanza y la economía, en el que hicieron una radiografía de los informes de auditorías publicados por la Oficina del Contralor en la última década, y que según los datos recopilados, muestra cómo este delito está arraigado al gobierno.

¿Considera que las leyes en la Isla no son suficientemente fuertes para combatir la corrupción gubernamental?

Entre el 1ro de julio de 2010 al 30 de junio del 2019, la Oficina del Contralor publicó 1,042 informes de las auditorías realizadas en agencias de gobierno, de las que surgen 215 hallazgos de “carácter serio” que fueron referidos al Departamento de Justicia y/o a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Entre los 215 hallazgos, los investigadores del CGPC identificaron 127 incidentes que implican acciones, actos u omisiones que representan alguna modalidad de corrupción. Sin embargo, señalan que estos potenciales incidentes no representan los únicos actos de corrupción ocurridos en el periodo analizado y conjeturan que otros cientos de casos “escaparon la visibilidad de los auditores” del Contralor.

El análisis establece que de los 127 incidentes de potencial corrupción, 94 (74%) fueron documentados en los municipios, 32 (25%) en la rama ejecutiva y uno (1%) en la judicial. Los patrones identificados, en su mayoría corresponden a fraude, malversación y conflicto de interés, tres modalidades que se repiten en esquemas recientemente revelados por las autoridades federales.

“Los grandes intereses han capturado al gobierno y estos últimos casos (de corrupción) lo han hecho evidente porque ha llegado a la figura más alta del gobierno. Así que nosotros podríamos estar frente a la captura del Estado por grupos de interés particular, políticos y empresariales, y ese es el sello más amplio de lo que es un estado fallido”, sostuvo la directora ejecutiva del centro, Eneida Torres.

Saúl Pratts, catedrático en la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, y Rafael Durand, director de la investigación, urgieron a cambiar el paradigma en la lucha contra la corrupción como estrategia para frenar el aumento en la incidencia de estos casos.

“El andamiaje anticorrupción tiene un problema, y es que se queda mirando al empleado público y al gobierno como ente que da el servicio, sin tomar en cuenta la privatización, y por eso es que la gente tiene una gran desconfianza, porque el sector privado queda impune en la mayoría de estos casos (de corrupción)”, explicó Pratts, al abordar las fisuras en la estructura gubernamental.

Los casos de corrupción más notorios en Puerto Rico —como el de la exgobernadora Wanda Vázquez y el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado— involucran en los esquemas expuestos por las autoridades federales a personas del sector privado, y tienen similitud en las modalidades imputadas, entre ellas el soborno y la conspiración.

Del análisis de los informes del Contralor se desprende que de los 127 incidentes identificados, 66 (52%) corresponden a fraude, 43 (33.9%) a malversación, 10 (7.9%) a conflictos de interés, tres (2.3%) a nepotismo, tres (2.3%) a padrinazgo, uno (0.8%) a soborno y uno (0.8%) a colusión.

En los municipios

El informe refleja que en los municipios el 54.6% de los casos se agrupan en cotizaciones falsas, contratación de ingenieros y/o arquitectos sin licencia o corporaciones no autorizadas a prestar los servicios, apropiación ilegal de fondos públicos, aumento de salario al alcalde y/o dietas a legisladores sin cumplir con el proceso dispuesto, y trámites ilegales relacionados al manejo de recursos humanos.

Según la investigación, los 11 municipios identificados con el mayor número de incidentes señalados durante el 2010 al 2019, son Barranquitas con seis, seguido de Guayanilla, Ponce, Mayagüez y Bayamón con cuatro cada uno. Los municipios de Cidra, Morovis, Guaynabo, Guánica, Camuy y Canóvanas tienen tres incidentes cada uno.

El investigador Durand explicó que los señalamientos en Barranquitas —municipio que encabeza la lista— incluyen pagos por servicios no prestados, contratación de profesionales y/o corporaciones no autorizadas, funcionario del municipio firmando contratos y certificando comprobantes de pago a familiares, y nombramiento de familiares de funcionarios sin las dispensas requeridas.

Añadió que el 55% de los incidentes recurrentes en el Ejecutivo son por pago indebido a proveedor o cobro indebido del proveedor, trámites ilegales relacionados a recursos humanos y conflictos de interés en la otorgación de contratos.

Durand agregó que el 57.2% de los casos en las corporaciones públicas son por utilización de equipo y propiedad pública para beneficio de un ente privado y/o político, pago indebido de compensación por despido, y/o bonificaciones, entre otros.

“No debe ser sorpresa que muchas de estas cosas terminaron en Justicia o en la OEG y no se procedió con ningunos cargos”, expresó.

Impacto en la economía

Durand alertó sobre el costo socioeconómico que tiene la corrupción en Puerto Rico, porque profundiza la desigualdad social y la pobreza, y genera desconfianza en la ciudadanía.

“La economía de Puerto Rico evidencia una reducción de su producto interno bruto (PIB) real. Para el 2021, fue de un 2%, pero esa tendencia viene ocurriendo desde el 2005”, puntualizó Durand.

Indicó que entre los años 2017 y 2018 —cuando Puerto Rico quedó destruido por el huracán María— la caída en el PIB fue más marcada con 4.13% y 4.61%, respectivamente. EL VOCERO reseñó hace un mes, que las pérdidas anuales que causan los actos de corrupción en la Isla se han estimado en el 10% del presupuesto gubernamental, según datos del Contralor.

Durand apuntó a que las deficiencias en el andamiaje económico —dependiente del influjo de fondos federales—, la inflación y el alza en la gasolina, “tienen consecuencias en nuestras posibilidades de encaminar una verdadera y sostenible recuperación económica”.

Agregó que el desarrollo económico se ha complicado en la Isla a causa de la corrupción que promueve el uso de los recursos limitados en contratos y nombramientos que, según entiende, son innecesarios.

Los tres investigadores coincidieron en que es impostergable mejorar la gobernanza y la capacidad administrativa de las instituciones con mecanismos robustos de transparencia y rendición de cuentas.

Además, plantearon que aunque hay una estructura jurídica —que tiene un Código Anticorrupción— no ha sido suficiente para frenar la deshonestidad administrativa.

Torres, quien es la investigadora principal del estudio, destacó que “no es un problema de legislación lo que tenemos frente a nosotros… es un problema de gerencia gubernamental y de malas prácticas enraizadas, porque el veneno es el clientelismo político y el inversionismo político que ha deteriorado aceleradamente la administración pública”.

Aseveró que mejorar la gobernanza y fortalecer el sistema anticorrupción requiere de establecer prioridades claras y estimular la cultura de integridad pública basada en la meritocracia. “Ningún gobierno puede operar de manera centralizada; los gobiernos tienen ya que depender de los insumos de los ciudadanos y las comunidades, y tener un plan de país de lo que van a ejecutar”, concluyó.

Fuente: elnuevodia.com

El severo golpe a la confianza del pueblo, vergonzosamente ilustrado en el caso de corrupción en el que un empresario con múltiples contratos en el gobierno admite haber participado en una conspiración para sobornar a la principal autoridad en el Municipio de Cataño, pone de manifiesto la urgencia de implantar mecanismos realmente rigurosos en las contrataciones gubernamentales en Puerto Rico.

Frenar las conductas que desangran el erario y, por tanto, el bolsillo de los contribuyentes, es posible solo mediante la selección de los contratistas mediante procesos limpios y la verificación certera de los trabajos que justifican los desembolsos de fondos públicos que incluyen partidas federales.

Toda relación contractual en el gobierno tiene que estar sujeta a estricto y constante escrutinio para evitar agudizar el menoscabo de la reputación de la gestión gubernamental local ante las autoridades federales.

Erradicar esquemas corruptos como los que recientemente han implicado a siete exalcaldes y otros altos directivos de varios municipios, es también tarea de las colectividades políticas a las que esos funcionarios pertenecen. Esos partidos son responsables de la selección de los candidatos que sus insignias presentan en las urnas.

El caso contra el empresario José Bou Santiago, quien el martes se declaró culpable de conspirar para sobornar al exalcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo, genera interrogantes sobre los criterios que median en las contrataciones para compras y servicios, tanto en los ayuntamientos como en otras entidades del gobierno puertorriqueño. Estas atrocidades obligan a la revisión de acuerdos vigentes, así como una verdadera fiscalización de las licitaciones que dan pie a onerosas contrataciones originadas en el inversionismo político.

Los actos ilegales admitidos por Bou Santiago se suman a otros similares detectados en Cataño, por los que también los empresarios Oscar Santamaría, presidente de Waste Collection, así como Raymond Rodríguez y Mario Villegas, directivos de J.R. Asphalt, se declararon culpables de conspiración y soborno ante el Tribunal Federal en San Juan.

Esas ilegalidades conllevaron el desembolso de partidas millonarias para subvencionar servicios de recogido de basura, asfaltado de calles o carreteras municipales, así como de mantenimiento y ornato. En Cataño también se documentaron costosas rentas de vehículos a la empresa de Bou Santiago, incluyendo una lujosa guagua para el transporte del entonces primer ejecutivo municipal.

Los esquemas fraudulentos en Cataño, y otros casos que en menos de seis meses han dejado un saldo bochornoso de actos corruptos cometidos por políticos que juraron trabajar para el bienestar del pueblo, desnudan la falta de honradez y respeto al servicio público. Está claro que ha existido un patrón desenfrenado de favoritismo a empresas con representaciones dudosas o que burlan los procesos que deberían defender el interés público.

Las administraciones municipales, y las demás entidades públicas, están llamadas a frenar la epidemia de corrupción que carcome la gestión pública en detrimento del bienestar ciudadano y del clima saludable para hacer negocios. Por eso es urgente asegurar procesos transparentes que cobijen el manejo de los fondos públicos.

Como parte de los ejercicios impostergables para lograr pulcritud y eficiencia gubernamental, es necesario velar por el cumplimiento de los reglamentos y los estatutos, fortaleciendo las lagunas que dan paso a la delincuencia rampante. Ignorar los marcos legales propicia el manejo ilegal de los recursos públicos, como ha ocurrido con el exalcalde de Yauco, Abel Nazario. El exfuncionario ayer llegó a un acuerdo con la Fiscalía Federal para declararse culpable. Se le imputaron cargos relacionados con el uso indebido de fondos federales y el uso de empleados públicos para fines político-partidistas.

Corresponde a la clase política frenar los patrones de corrupción que desvían los recursos destinados a privilegiar el bienestar ciudadano y la inversión en el progreso socioeconómico. Es tarea de las autoridades no dar tregua a los funcionarios y empresarios que burlan la sana competencia del ecosistema de negocios y las circunstancias posibilitadoras de la recuperación económica de Puerto Rico.

Fuente: Walo radio

(26-agosto-2022) La contralor Yesmín Valdivieso envió una carta circular a alcaldes, presidentes de las legislaturas municipales, comisionados de seguridad de las policías municipales y auditores internos municipales sobre las limitaciones en las actuaciones de los policías municipales.

Valdivieso explicó que el propósito de la comunicación es orientar sobre las actuaciones de los policías en cumplimiento del Código Municipal.

“En nuestras auditorías hemos detectado casos en los que se ha utilizado a la Policía Municipal para ofrecer servicios de vigilancia o de protección a personas privadas, funcionarios municipales y transportar propiedad privada en distintas actividades fuera de la jurisdicción de los municipios concernidos”, expone la contralora.

Añadió que el  Código Municipal prohíbe y penaliza, de forma clara y expresa la participación de los miembros de la Policía Municipal en las actividades político-partidistas mientras se encuentren en el ejercicio de sus funciones.

Valdivieso citó varios artículos contenidos en el Código Municipal  en donde se establecen las violaciones que pudieran considerarse de naturaleza grave y pueden conllevar un castigo de expulsión permanente de la Policía Municipal, a la degradación o la suspensión sin sueldo, por un período no mayor de tres meses. 

Vea la carta circular:OC-23-05

Fuente: Yaritza Rivera Clemente, EL VOCERO10/08/2022

El germen de la corrupción -que acecha la política y se vuelve notorio cuando se revelan esquemas como el que se le imputa a la exgobernadora Wanda Vázquez, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Mark Rossini- trae consigo un costo social que trasciende lo económico.

Las pérdidas anuales que causan los actos de corrupción en Puerto Rico se han estimado en un 10% del presupuesto gubernamental, indicó a EL VOCERO la contralora Yesmín Valdivieso. La funcionaria destacó que hay unos costos asociados que no se pueden monetizar, como la dilación de los servicios y funciones de las agencias afectadas, sin contar el impacto en la recuperación de la Isla y el efecto negativo en la imagen del País.

El cálculo de 10% de pérdidas implica que de un presupuesto del Fondo General de $12,400 millones para las operaciones diarias del gobierno de Puerto Rico, se malgastan unos $1,240 millones. Si se toma en consideración el presupuesto consolidado del gobierno de $28,000 millones, la pérdida rondaría los $2,800 millones. 

¿Consideras que el gobierno puede hacer más para frenar la corrupción?

“La corrupción le cuesta muchísimo al fisco. Un solo dólar que se pierde, es un dólar que no llega para que el gobierno siga operando bien. Nosotros (la Oficina del Contralor) siempre hablamos de un 10%, que es más o menos lo que se estima de pérdida. No hay un estudio, pero siempre se ha estimado en esa cantidad”, reiteró.

“La corrupción cuesta todo y nos hace daño a todos como pueblo. Este no es un problema de dos o tres personas que hicieron algo mal, este es un problema de cómo afecta a la ciudadanía lo que esos dos o tres hicieron mal”, aseveró la funcionaria.

Mientras, el impacto de la corrupción a nivel global se estima que ronda los $3.6 billones anuales, de acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF, en inglés), una organización internacional independiente. La cifra equivale a más del 5% del Producto Interno Bruto mundial, según esa entidad que reconoce que es imperativo combatir la corrupción.

El arresto de la exgobernadora

Valdivieso reconoció que los señalamientos contra Vázquez -quien enfrenta tres cargos por conspiración, soborno y fraude electrónico- así como los recientes arrestos de alcaldes o ayudantes municipales laceran la confianza del pueblo en los funcionarios.

Admitió, además, que en su oficina “no estuvimos envueltos en nada de estas acusaciones” contra la exgobernadora, al tiempo que defendió el trabajo de fiscalización que realizan las entidades gubernamentales y la oficina que dirige.

Asimismo, destacó que el problema social de la corrupción debe trabajarse desde el hogar, por medio de la enseñanza de valores.

A repensar sistema de justicia

Para el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, la corrupción tiene un impacto socioeconómico devastador que provoca la degeneración de la sociedad. Al igual que Valdivieso, dijo que este mal provoca la desconfianza en los funcionarios e instituciones gubernamentales, lo que afecta la estabilidad y progreso del País.

Justicia ha completado 37 investigaciones con referidos al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), entre las cuales se encuentran los casos de alcaldes, exalcaldes y otros funcionarios de distintos partidos políticos, según Emanuelli, y tiene otras 22 investigaciones en curso.

“Es tiempo de repensar nuestro sistema de justicia y realizar cambios significativos para combatir la corrupción”, sostuvo. Agregó que Justicia ha estado evaluando e identificando recursos para reforzar la División de Integridad Pública, que investiga y procesa criminalmente toda conducta delictiva cometida por un funcionario. 

Mencionó que la legislación actual impone limitaciones para investigar a los funcionarios a nivel local, por lo que ha estado en reuniones con funcionarios del Ejecutivo y la Legislatura y ha hecho recomendaciones para reforzar esas pesquisas.

Emanuelli reafirmó que el sistema de ley y orden federal y el estatal no están en igualdad de condiciones y que las diferencias entre estos son en extremo amplias y significativas. Indicó que mientras las autoridades federales tienen años para realizar sus investigaciones, en el plano local solo se le concede 90 días a Justicia para completar una pesquisa preliminar y hacer un referido al PFEI. El término solo se puede prorrogar 90 días adicionales si se justifica y ese organismo lo autoriza.

“Reitero que el Departamento de Justicia no tiene una competencia con las autoridades federales; todo lo contrario, trabajamos en colaboración, compartimos información y recursos. Lo importante es que se investigue y se procese a todo aquel que incurra en actos de corrupción, así como cualquier tipo de delito. Nuestro pueblo merece funcionarios e instituciones que le sirvan con integridad y honradez”, puntualizó Emanuelli.

Explicó que la legislación vigente en Puerto Rico tampoco permite que se utilicen herramientas como las grabaciones, que están disponibles a nivel federal para obtener evidencia. De igual manera, en el ámbito federal no se le tiene que notificar a la persona objeto de investigación hasta el momento de la radicación de cargos, mientras que a nivel local se debe notificar al investigado cuando se le refiera al PFEI. 

El costo electoral

Por otro lado, cada vez que se acusa a un alcalde o legislador por corrupción queda vacante su silla, por lo que se tiene que celebrar una elección especial para llenar el cargo. Esto se traduce en otro gasto. 

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, dijo a EL VOCERO en junio pasado que el gasto por estas elecciones especiales pequeñas fluctúa entre los $3,000 y los $4,000.

“No son planificados, son gastos adicionales, pero impactan partidas que no están en déficit y que nosotros teníamos disponibles”, expresó en ese momento. 

“Actualmente, estamos en cerca de $80,000 entre todos los eventos, particularmente porque el de Néstor Alonso (exrepresentante novoprogresista acusado de corrupción) fue el más que nos costó. Nos costó cerca de $56,000 porque fue a nivel isla”, precisó el titular de la CEE.

Fuente: elnuevodia.com - miércoles, 22 de junio de 2022

También señaló pagos de más de $74,000 por plan médico a las escoltas de Eduardo Bhatia y Thomas Rivera Schatz durante sus presidencias

Un informe de la Oficina del Contralor reveló pagos indebidos en el Senado, entre ellos gastos “extravagantes, excesivos e innecesarios” entre 2013 y 2020 en un sofá, lámparas chandeliers y una mesa de consola, entre otros artículos.

Según la auditoría de 48 páginas, el 20% de la totalidad de las compras por $376,921 en dicho periodo correspondió a gastos extravagantes, incluyendo un sofá por $2,545, dos lámparas por $1,200 cada una, una mesa de consola por $870 y dos laptops por $9,106 para la Oficina de la Presidencia en 2016.

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Fuente: elnuevodia.com - miércoles, 22 de junio de 2022

De acuerdo a un informe de la Oficina del Contralor, la oficial no cumplía con las funciones de volar helicópteros con la clasificación autorizada de Piloto en Comando

Una investigación de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) reveló que el Negociado de la Policía realizó $40,671 en pagos suplementarios indebidos a una piloto de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) que no cumplía con las funciones de volar naves aéreas, en este caso helicópteros, con la clasificación autorizada de Piloto en Comando.

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Día de los padres

19 de junio de 2022

¡Estimados padres de la Contraloría de Puerto Rico!

Hoy es un día para honrar la figura paterna del hogar y demostrarle todo nuestro cariño y respeto. Un buen padre protege, educa y se desvive por sus hijos y su familia…

y alcanzaría el cielo por sus seres queridos.

Al recordar a nuestro viejo, evocamos con nostalgia su andar, su hablar… su ejemplo y afecto.

De niños, papá era nuestro héroe y con el tiempo, nuestro amigo y mentor de vida.

Demos gracias por los padres que aún nos acompañan y pensemos en quienes se han marchado para siempre… y la falta que nos hace.

El domingo, día de los padres es un buen momento para dar un abrazo de corazón,

a todos los familiares y amigos que son padres,

y una buena ocasión de regalarle un gesto de estima y amor.

A ti padre que laboras en la Contraloría y a los padres de todo el personal,

¡Muchas Felicidades!

Yesmín M. Valdivieso
Contralora de Puerto Rico

Fuente: olacefs.com

Los días 1, 2 y 3 de junio se celebró en Puerto Rico el Taller IntoSAINT, en el marco del Proyecto de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de la OLACEFS, a cargo del Lic. Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación Argentina.

Este Taller tuvo lugar gracias al compromiso de la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso. Su objetivo fue realizar un análisis de riesgos con enfoque en integridad y evaluar el nivel de madurez de los sistemas de control interno con funcionarios de la casa, con el fin de identificar medidas… Ver más…

Fuente: https://www.agn.gob.ar/
23-03-2022

En el marco de los proyectos que lleva adelante la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG), a cargo del presidente de la AGN, Jesús Rodríguez, el pasado 17 de marzo doce funcionarios de las EFS de Argentina, México y Puerto Rico abordaron virtualmente la importancia de la Herramienta de Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT) y organizaron el taller presencial que se realizará en Puerto Rico. Asistieron la contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso y varios de sus funcionarios; Juan José Ramírez Gutiérrez y Paola Romero Gorrostieta por la entidad fiscalizadora superior (EFS) de México y Miriam Insausti, enlace de la CTPBG.

IntoSAINT permite realizar análisis de riesgos y evaluar el nivel de madurez de los sistemas de control interno a fin de identificar medidas orientadas a fortalecer la gestión de la integridad. Esto lo convierte en un instrumento eficaz para generar o fortalecer una política de integridad en las EFS.

Ya se encuentran planificadas dos reuniones más con las EFS de Panamá y Venezuela. La implementación de estos tres talleres, suspendidos en su momento debido a la COVID-19, llevaría a que la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) sea la primera región mundial en el que el 100% de sus EFS han evaluado la integridad de sus organizaciones.

Fuente: CyberNews
Fecha: 3 de febrero de 2022

La situación fue referida al secretario de Justicia el 22 de noviembre de 2021

La Contraloría de Puerto Rico publicó este jueves, el resultado de la investigación de una querella relacionada con la asistencia de un empleado del Municipio de Santa Isabel.

En la querella se alega que un familiar del supervisor de Limpieza y Ornato en la oficina de Obras Públicas, cobraba en el Municipio, pero no trabajaba.

La investigación reveló que el empleado del Municipio desde el 2011, también trabajó como ensamblador en una compañía de reclutamiento del 26 de mayo de 2016 al 30 de abril de 2017 y registraba su asistencia en el sistema AutoTime.

El examen realizado al registro de asistencia, develó que, por 46 días, el empleado había trabajado en la corporación durante horas laborables, sin embargo, registró en las Hojas de Asistencia que había trabajado en su horario regular en el Municipio. Esto representó un pago de $946.27 por concepto de salario. Además, en 28 ocasiones se ausentó de su trabajo regular en el Municipio por laborar en la corporación.

Esta situación se refirió al secretario de Justicia el 22 de noviembre de 2021, ya que se pudo haber configurado los delitos de apropiación agravada, falsedad ideológica, archivo de documentos o datos falsos, posesión y traspaso de documentos falsificados y fraude.

La investigación señala también que el supervisor de este empleado, revisó y aprobó todas las hojas de asistencia, a pesar de ser un familiar. Esta situación se refirió al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, ya que se pudo haber configurado los delitos de incumplimiento del deber y violaciones de carácter penal.

El Resultado de la Investigación con fecha del 1 de febrero de 2022, está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Fuente: NOTICEL.com - Por: Hillary Román 
Publicado: Jan 31, 2022 05:45 AM

Informe de la Oficina de la Contralora apunta a que no cuentan con el personal necesario para atender casos de impericia médica y de conducta no profesional.

Tras una auditoría a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, adscrita al Departamento de Salud (DS), la Oficina de Contraloría en Puerto Rico encontró que habían cientos de casos de impericia médica desde hace años sin resolver y que además la forma en la que se guardaban los expedientes de médicos no era la adecuada.

La situación que parece haber llevado a la Junta al incumplimiento de su deber es común y sucede en otras agencias: falta de recursos adecuados y de líderes que se adentren a la situación para buscar soluciones.

Y es que según el informe de autoría elaborado por la Oficina de la Contralora, los hallazgos respecto a los casos de impericia médica fueron dos:

– Al 30 de agosto de 2021, según la secretaria legal -que no fue identificada-, había 160 casos de conducta no profesional pendientes por resolver. El caso más antiguo de 2001, por lo que habían transcurrido entre 1 y 20 años sin que se resolvieran.

– A la misma fecha, pero según la administradora del Sistema III -que tampoco fue identificada-, había 408 casos de impericia médica sin resolver. El caso más antiguo de 2003, por lo que habían transcurrido entre 1 y 18 años sin que se resolvieran.

¿Qué provocó esta situación?

El personal “no es suficiente. La división legal de la Junta contó con los servicios de únicamente un abogado para trabajar los casos de conducta no profesional. En octubre de 2020 el oficial investigador asignado a la Junta remitió su carta de renuncia. Entonces, comenzó el proceso para buscar un sustituto o sustituta. No obstante, una vez la Junta había elegido una candidata, desde el Departamento de Salud, que entonces dirigía Lorenzo González, informaron que no procedía el contrato.

“La Oficina del Secretario de Salud ordenó la cancelación del contrato”, lee el informe, que abunda que en sustitución, asignaron una abogada del Departamento de Justicia “a tiempo parcial” para que se encargara de estos casos de impericia.

Sumado a eso, la Junta contaba también con un solo abogado asignado a casos de conducta no profesional.

Vea también: Contraloría revela que hay 408 casos de impericia médica sin resolver

La Junta alega que se comunicó con la entonces secretaria de Justicia desde el 2019, pero que esta les indicó que los recortes en la agencia hacían complicado enviar más recursos. Aunque no se identifica en el informe, Wanda Vázquez Garced fungía como secretaria de Justicia durante gran parte del tiempo en que la Junta alega haber pedido auxilio de Justicia. Vázquez Garced fue secretaria de Justicia hasta el 7 de agosto de 2019, cuando juramentó como gobernadora de Puerto Rico tras la renuncia de Ricardo A. Rosselló Nevares.

A Vázquez Garced la sucedió Dennise N. Longo Quiñones, quien también estuvo en el poder durante el periodo en el que la Junta solicitó recursos adicionales.

El exsecretario González no ha respondido una comunicación emitida por la Oficina del Contralor sobre estas situaciones, algunas de las cuales ocurrieron bajo su mandato, según el informe.

Tras una petición de este diario digital, el Departamento de Justicia confirmó que el pasado 10 de septiembre la agencia aprobó un destaque administrativo de una abogada para que preste servicios a tiempo completo en la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.

La aprobación ocurrió tras una solicitud realizada por el actual secretario de Salud, Carlos Mellado López.

Expedientes médicos:

La Junta debe contar un archivo de expedientes de médicos en Puerto Rico, que debe estar dividido entre expedientes generales, licencias permanentes, telemedicina, entre otros. Sin embargo, una visita de la Oficina de la Contralora al archivo concluyó que “la Junta no cuenta con un inventario ni un plan de retención para los expedientes médicos”.

“Se observó que… las instalaciones no contaban con anaqueles suficientes para el archivo de los expedientes de médicos. Estos se colocaban en cajas en el suelo, unas sobre otras, lo cual dificulta la identificación de documentos”, dice el informe también.

La Ley 38 de 2017 establece que todo caso sujeto a un proceso administrativo debe ser resuelto dentro de seis meses, desde su radicación, salvo en circunstancias excepcionales.

Además, la ley establece que la Junta, tan pronto recibe información sobre actuaciones que constituya impericia profesional, se trate o no un caso finalmente adjudicado, debe iniciar una investigación y rendir un informe dentro de los primeros 90 días siguientes. En dicho informe se debe recomendar si procede la imposición de sanciones disciplinarias al médico.

La Oficina de la Contralora recomendó a la Junta asegurarse de que se cumpla la ley y que se prepare un inventario y plan de retención de los expedientes de médicos.

Para ver el informe pulse aquí.

PDF: 20220126084441203Informe Contralora JLDM.pdf

El 7 de diciembre agencias fiscalizadoras firmaron un Acuerdo de Colaboración para trabajar juntos investigaciones sobre corrupción. El equipo está compuesto por las agencias: FBI de Puerto Rico, la Fiscalía Federal, la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación federal, la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal, la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo federal, el Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, la Administración de Servicios Generales (ASG) y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

Anuncian ‘task force’ del FBI con agencias locales y federales para trabajar contra la corrupción

Fuente: primerahora.com

El equipo multiagencial colaborará desde la sede del FBI en San Juan, compartiendo toda la información de manera que se pueda reducir en tiempo de las investigaciones.

El Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés), y varias agencias estatales y federales, anunciaron hoy un importante e histórico acuerdo de colaboración, a través del cual se crea un equipo de trabajo contra la corrupción.

Según explicó el agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico, Joseph González, bajo este acuerdo todas las agencias participantes tendrían recursos destacados en el “task force” anticorrupción, algunos trabajando a tiempo completo desde la sede del FBI en San Juan, para que los casos se puedan atender de manera más rápida, más eficaz y desde todos los ángulos posibles.

Además del FBI, también participan del acuerdo la Fiscalía Federal, la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación federal, la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal, la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo federal, el Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, la Administración de Servicios Generales (ASG) y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

“Por años el FBI ha sido parte de esfuerzos colaborativos para promover y agilizar los procesos investigativos en materia de seguridad nacional, gangas, drogas y crímenes violentes, los cuales han sido muy exitosos. Nunca habíamos creado un grupo de trabajo, o ‘task force’ para atender el tema de corrupción en Puerto Rico”, afirmó Joseph González, agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico.

“Cada agencia presente hoy históricamente ha manejado estos asuntos según sus procedimientos internos y las leyes que le aplican de forma individual. Este grupo estará compuesto por investigadores de las distintas agencias, con el propósito de que, al llegar una alegación de corrupción, la misma se pueda evaluar a nivel federal, estatal y administrativo de forma coordinada”, agregó González.

El jefe del FBI en Puerto Rico agregó que el propósito de la iniciativa “es que el comportamiento ya sea criminal, negligente o de mero descuido de los oficiales públicos, siempre tenga consecuencia”.

“El propósito es trabajar en conjunto con agencias federales y estatales para poder utilizar todas las herramientas disponibles para atender las alegaciones de corrupción de una forma más completa”, insistió González.

El jefe del FBI destacó además la importancia de la colaboración ciudadana y de la prensa en denunciar la corrupción y exhortó a cualquier persona que tenga conocimiento de alguna situación que pueda significar un acto de corrupción a acudir ante las autoridades y denunciarlo.

Asimismo, como ha hecho en muchas de sus presentaciones públicas, González exhortó a cualquier funcionario que esté involucrado en actos de corrupción a acudir ante las autoridades antes de que toquen a su puerta.

De manera similar, directivos de las otras agencias involucradas se hicieron eco de las palabras de González, así como al llamado a la cooperación del pueblo para denunciar la corrupción, y a los involucrados en esquemas de corrupción a dar el paso al frente y colaborar con las autoridades.

El fiscal federal Stephen Muldrow, jefe de la división criminal de Fiscalía Federal, destacó que la corrupción pública “tiene un impacto horrible en los programas públicos”, y recordó a cualquier posible involucrado en actos de corrupción que “mientras más rápido usted llega a nosotros el beneficio potencial para usted es mucho mayor… dé un paso al frente lo antes posible, pues tarde o temprano vamos a dar con ustedes”.

Rafael Riviere, subsecretario del DSP, calificó “el daño que hacen los oficiales corruptos” como “uno de los peores cánceres de la sociedad civilizada”.

“Son la peor clase de criminales. Estas personas justifican sus acciones y se las justifican al pueblo. El número de víctimas es en muchos casos mayor que las víctimas de otros crímenes que nos ocupan a diario”, afirmó Riviere, agregando que los seis negociados bajo el DSP estarían cooperando con la iniciativa.

A preguntas de la prensa, González insistió en que “el pueblo está cansado de la corrupción” y el ‘task force’ que anunciaban era un ejemplo de cómo pensaban combatir la corrupción. “Se va a trabajar totalmente transparente, compartiendo información. No se va a tolerar”.

A pesar que se espera que se con la iniciativa se pueda acortar un poco el tiempo de las investigaciones para traer a los corruptos ante la justicia, los líderes de las diferentes agencias presentes en el anuncio recordaron que ese tipo de investigaciones suele tomar bastante tiempo, de manera que se pueda recopilar toda la evidencia necesaria para que los casos se sostengan en los tribunales.

González, sin embargo, comentó que cuando hablaban de ‘task force’ hablaban de “agentes, analistas, investigadores, auditores, que van a estar trabajando día a día, hombro a hombro, con a este edificio (la sede del FBI en San Juan), a nuestro sistema, compartiendo información, y todo eso va a ayudar a cortar la burocracia. Eso va a evitar que los casos tomen tanto tiempo y esperar por diferentes informes, reportes, porque van a estar trabajando juntos en estas oficinas”.

A preguntas de este diario sobre el llamado a la cooperación ciudadana y el grado de protección que podrían esperar quienes denuncien, el jefe del FBI aseguró que “proteger nuestras fuentes es lo más importante, porque sin ellos no podemos hacer nuestro caso”.

“Si todo el mundo sabe, que llamen. Nosotros podemos tener información, pero si no hay evidencias no se puede hacer un caso. Y si tienen esa información lo que estamos pidiendo es que llamen. Vamos a proteger la confidencialidad de todas las personas que cooperen con nosotros”, comentó González. “Nosotros no hacemos los casos solos. Lo hemos por más de cien años con la cooperación del pueblo, de nuestras fuentes. Y para nosotros es muy importante, y hacemos todo lo posible para proteger a nuestras fuentes”.

La contralor Yesmín Valdivieso, llamó además a denunciar cualquier represalia que pueda estar recibiendo algún denunciante, y recordó que “hay leyes federales, leyes de Puerto Rico, el código anticorrupción, que protege a ese informante hasta lo último. La ley dice que te vamos a proteger y que vamos a proteger a quien dé la información. Es un deber nuestro el protegerlos, y es un deber ciudadano el dejarnos saber que está ocurriendo (la corrupción)”.

De hecho, aunque no dio números específicos, González comentó que “desde la semana pasada”, cuando se dio el arresto de un contratista relacionado con el caso de corrupción contra el exalcalde de Cataño, “hemos visto un incremento en las llamadas sobre querellas de corrupción. Ha sido más de lo normal”.

Por otro lado, González aclaró que “no vamos a esperar que lleguen confidencias, vamos a estar al frente de la amenaza. No vamos a ser reactivos, vamos a ser proactivos. El compromiso del FBI y todas las agencias aquí presentes hoy es que vamos a dar todo contra la corrupción”. Agregó que, aunque tengan personas de tantas agencias trabajando en conjunto, en cada caso se evaluaría si los casos se llevan a nivel estatal o federal, según consideren en cuál de los foros pueden obtener mejores resultados.

“La corrupción es un cáncer”, afirma el agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico

Fuente: Foro Noticioso - Fecha: 7 diciembre 2021

El agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico, Joseph González, calificó este martes la corrupción pública en la isla como «un cáncer», esto tras anunciar en conferencia de prensa un acuerdo de colaboración con múltiples agencias federales y estatales para crear un “Public corrupción task force” para combatir la corrupción pública en la isla.

“La corrupción es un cáncer… el pueblo está cansado de la corrupción… se va a trabajar totalmente trasparente compartiendo información, y como han dicho los compañeros no se va a tolerar (la corrupción)”,  dijo a preguntas de Foro Noticioso.

González,  comentó que muchas personas se han comunicado a la agencia para ofrece confidencias, aunque rechazó indicar sobre que o de quienes se trataban.

Añadió que “los casos van a salir cuando estén listos, un Task Force son los investigadores que van a estar trabajando compartiendo información para ayudar a acortar la burocracia y que no tomen mucho tiempo”.

Por su parte, la contralora Yesmín Valdivieso, afirmó que la Oficina del Contralor no espera que se adjudique el informe hacer los referidos.

“Lo informes se tardan el tiempo que se tengan que tardar para salir correctamente, pero ciertamente no esperamos que el informe se publique para hacer los referidos, esto se trabaja desde antes y en la oficina hemos tratado es que tan pronto entendemos que está pasando algo, hacemos una investigación preliminar, inmediatamente referimos” dijo al añadir que las investigaciones llevan tiempo. En la conferencia además del FBI y la Contralora Yesmín Valdivieso, también participaron el subdirector de la Oficina de Ética Gubernamental Aniano Rivera Torres, el fiscal federal W. Stephen Muldrow y el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, entre otros.

Fuente: El Vocero , 30 de noviembre de 2021

Yesmín Valdivieso cuestionó el derroche de fondos públicos en actividades navideñas

En momentos de estrechez económica y cuando muchos municipios siguen cabildeando por fondos de distintas partidas, hay alcaldes que han optado por tirar la casa por la ventana y hacer actividades de bienvenida a la Navidad que han requerido de cuantiosa inversión.

La contralora de Puerto Rico Yesmín Valdivieso, al trascender en informes de prensa y en redes sociales el gasto en el cual están incurriendo algunos municipios, hizo un llamado a que haya prudencia en el uso de los fondos públicos. De igual manera, el presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, pidió a sus homólogos establecer prioridades.

Valdivieso sostuvo que le preocupa que haya gastos exorbitantes para actividades y decoraciones navideñas en los municipios y lamentó que muchos alcaldes parecieran no tener los servicios esenciales entre las prioridades a la hora de utilizar fondos públicos. Los gastos de los municipios son parte de las auditorías periódicas que realiza la Oficina del Contralor a los ayuntamientos.

La contralora puntualizó que en el pasado los municipios tomaron prestado sin medida al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y esas deudas todavía afectan sus arcas y son parte de las decisiones financieras que contribuyeron a que el País esté en quiebra.

“Yo no sé si los alcaldes llevaron a cabo un estudio para determinar si eran viables sus actividades. Fíjate en el parque acuático de San Germán: ahora están como locos buscando quién lo maneje porque el municipio no tiene dinero para pagar el préstamo que tomó para hacerlo. Son decisiones que hasta ahora —y los últimos que han tomado este tipo de decisión— han sido fallidas”, expresó Valdivieso a EL VOCERO.

El Surf N´Fun Water Park fue desarrollado por el municipio de San Germán a un costo de casi $26 millones y fue inaugurado en 2015. Actualmente se encuentra cerrado, luego de generar grandes pérdidas económicas.

“Antes de tirarse y hacer este tipo de cosas (sean proyectos particulares o inversiones en celebraciones) deben hacer una lista de prioridades y establecer qué es prioritario en el municipio, si se están cubriendo todas las necesidades de los ciudadanos. Tienen que asegurar que cada centavo lo utilizan de la mejor manera y de la manera más correcta, para eso tienen que tener prioridades”, enfatizó Valdivieso.

Pistas de patinaje y decoraciones de temporada

En Utuado, trascendió que el alcalde Jorge Pérez alegadamente usó unos $100 mil en fondos de las partidas federales para mitigación del covid-19, en la instalación de una pista de patinaje en el centro de pueblo, como parte de los ofrecimientos de entretenimiento para la temporada navideña.

Aunque el ejecutivo municipal ayer no respondió a las llamadas y mensajes de texto de este diario, en una estación radial (Red Informativa de Puerto Rico) expresó que esos fondos no eran únicamente para la compra de “alcohol, mascarillas y (‘hand) sanitizer’”.

Pérez ya había sido señalado por haber utilizado fondos federales destinados a mitigar el covid para comprar una guagua nueva por más de $60 mil. También se alega que destinó parte de esos fondos a un contrato de cinco meses para asesoría en publicidad, con un monto de $291 mil. También que utilizó de esos fondos para establecer un autocine y para transmitir las Olimpiadas en la plaza pública.

Mientras que otro caso sobre inversiones significativas en actividades o decoraciones para la Navidad es el del encendido navideño en Mayagüez, a un costo de cerca de medio millón de dólares, denunció el director político del Partido Nuevo Progresista (PNP), José ‘Pichy’ Torres Zamora.

La administración municipal de Mayagüez otorgó dos contratos a las empresas que se encargarían de la decoración y el encendido navideño por un total entre ambas de $490 mil.

A pesar de las llamadas y mensajes de texto, al cierre de esta edición ni el gerente de Prensa y Comunicaciones, Nelson Albino, ni el gerente de Vivienda municipal y presidente del comité de la Navidad, Javier Román, contestaron las preguntas sobre el tema.

En Camuy también se instaló una pista de patinaje en la plaza pública, pero el alcalde Gabriel Hernández dijo que solo funcionará durante 10 días y sostuvo que a su entender la pista representa un gasto menor.

¿Apoyas que los municipios inviertan mucho dinero en actividades navideñas?

“Es la primera vez (que ponemos una pista de patinaje). En la plaza pública hubo sobre 500 personas (el domingo) y sobre 400 el sábado. Gente visitando el comercio local, promoviendo sus productos, los artesanos netamente camuyanos. Es un atractivo y eso es lo que estoy buscando: inversión que va a producir un desarrollo económico”, destacó en declaraciones a EL VOCERO.

El costo de la pista es de $1,900 por día, para un total de $19 mil. El ejecutivo municipal señaló que pudo hacer la inversión porque tuvo un sobrante de la actividad que hizo en verano —denominada Camuy Summer Fest— para la cual contó con la ayuda de los comercios, que hicieron donaciones, así como una partida de la Compañía de Turismo.

Además, agregó que tuvo 16% en la recaudación de ingresos por concepto de patentes municipales por encima de la proyección, lo que aseguró le da un margen a las finanzas municipales.

Hernández enfatizó que no utilizó ni un solo centavo destinado a mitigar el covid para la pista de hielo, porque gran parte de los fondos del covid los usó para la compra de cisternas en barrios rurales donde siempre hay problema con el suministro de agua.

Utilizar los fondos con prudencia

El alcalde Ángel Pérez, por su parte, puntualizó que hacer buen uso de los recursos públicos es una responsabilidad que tienen los alcaldes, más aún cuando los ingresos municipales han mermado por los recortes millonarios que han recibido en el presupuesto.

“El buen juicio para definir las prioridades debe prevalecer en la administración del presupuesto municipal. Aunque las actividades navideñas también son necesarias para impulsar la economía de los pueblos —por la gente que los visita y consume en sus comercios— se debe ejercer la prudencia en el gasto público”, indicó en declaraciones escritas. Al cierre de esta edición el presidente de la Asociación de Alcalde del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández, no había respondido a la solicitud de una reacción sobre los gastos navideños en los ayuntamientos.

fuente: El Nuevo Día / Punto de Vista
por: Yesmín M. Valdivieso
fecha: 16 de noviembre de 2021

Cuando en el 2010 juramenté a mi cargo como Contralora de Puerto Rico, juré defender la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Desde ese instante me comprometí a defender y fiscalizar el buen uso de la propiedad y de los fondos públicos. Asumí esta responsabilidad con el mayor respeto al puesto que desempeño, y con el firme compromiso de servir a los ciudadanos.

La Contraloría de Puerto Rico, tiene un extenso legado de casi siete décadas de conocimiento y experiencia, adquirido en los más de 10,600 informes de auditorías e investigaciones que garantizan un conocimiento cabal y de primera mano, sobre las mejores prácticas administrativas para lograr el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del gobierno en beneficio de nuestro Puerto Rico. De hecho, en los últimos 11 años, hemos publicado 67 Informes de Auditoría sobre los distintos componentes del Sistema de la Universidad de Puerto Rico. Por eso es preocupante, las situaciones en las cuales se observa un evidente uso incorrecto de la propiedad pública y de los escasos recursos económicos que deben servir para prestar los servicios esenciales del pueblo.

La Universidad de Puerto Rico está llamada a desempeñarse como centro académico e investigativo, motor del desarrollo económico y de la promoción social. Los estudiantes, constituyen uno de los tres componentes importantes en la ecuación de la gobernanza universitaria, junto a los profesores y empleados, en el ejercicio responsable y juicioso de la propiedad y los fondos públicos.

El cierre de algunos recintos, se traduce en pérdida de fondos públicos. Sólo en el Recinto de Rio Piedras se paga aproximadamente, $200,000 en nómina diarios -$5 millones mensuales-, sin que el personal pueda realizar su trabajo a capacidad, ya que no todos los trabajadores pueden trabajar remoto por la labor que realizan. Si a ese gasto le sumamos el costo de los cierres de los otros recintos, la cifra sería significativa.

La situación económica de Puerto Rico es crítica. Esta evidencia debe llevar a reflexionar que, tan reprobable son los gastos innecesarios, extravagantes y excesivos que la Oficina le ha señalado a las tres ramas de gobierno, como aquellas acciones que impiden prestar por acción u omisión, los servicios esenciales a los ciudadanos.

Puerto Rico merece personas comprometidas que utilicen con prudencia la propiedad y los fondos públicos, para ponerlos al servicio de los ciudadanos. En la Contraloría de Puerto Rico, seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad de fiscalizar y levantar la voz de alerta, sobre el mejor uso de los recursos en beneficio del pueblo.

Fuente: WAPA TV - Noticentro al amanecer

La Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, habló esta mañana en NotiCentro al Amanecer sobre auditorías recientes realizadas en esa agencia sobre las finanzas y operaciones de varios municipios, entre estas las del municipio de Arecibo y de Mayagüez.

Sobre Arecibo, Valdivieso explicó que bajo la administración del exalcalde Carlos Molina “sobreestimaron los ingresos para poder gastar”, al señalar que los ingresos en los presupuestos se habían aumentado por 30%, y que el municipio tiene un déficit de $30 millones. 

La Contralora explicó que estas acciones no necesariamente implican violaciones a la ley. “En la auditoría nuestra no encontramos ninguna evidencia de fraude. Para que halla fraude nosotros tenemos que probar que algo se hizo intencionalmente. La mera mala administración o poca diligencia, o poca ética, la realidad es que es muy difícil hacer que se pague por esa mala administración”, dijo la funcionaria. 

Sobre el municipio de Mayagüez y la administración del alcalde José Guillermo “Guillito” Rodríguez, Valdivieso dijo que actualmente llevan a cabo dos auditorías en el municipio y en la empresa municipal MEDI que es eje de otras investigaciones federales por inversiones dudosas e hipotecar propiedades del municipio.

En el caso de Mayagüez, las auditorías de la Contraloría si fueron referidas a las agencias ley y orden y generaron las investigaciones que están en curso. 

Sobre la responsabilidad y ética que se debe llevar en la administración pública, Valdivieso expresó que “si cada uno de nosotros da lo mejor de nosotros, estamos comprometidos con Puerto Rico, nos olvidamos de las politiquerías, de lo que a mi me gusta o no me gusta, nosotros podemos echar para ‘alante”.

La entrevista con Valdivieso se dio en el marco de la Semana de la Ética Gubernamental en la isla. 

Fuente: El Nuevo Día. 20 de octubre de 2021. Por Wilma Maldonado Arrigoitía

Alcaldes de los dos partidos de mayoría han utilizado la figura jurídica de las empresas municipales a conveniencia, y las han convertido en extensiones de las alcaldías para evadir regulaciones, y argumentan que son entidades privadas para evitar que se les fiscalice, señaló ayer la contralora Yesmín Valdivieso.

Valdivieso compareció a una vista pública de la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos de la Cámara de Representantes, junto al subdirector de la División de Auditorías de Municipios, Juan Rivera, y su ayudante ejecutivo, Pedro Arévalo.

Según la contralora, muchos de los alcaldes designan a empleados del ayuntamiento para realizar labores en las empresas municipales, a pesar de que, por ley, esas plazas no deben ser cubiertas por servidores públicos.

“Destacan a empleados municipales, quienes mantienen su estatus de empleado público recibiendo sus salarios y beneficios normales, rindiendo labores para la empresa municipal con fines de lucro”, dijo Valdivieso, al revelar uno de los hallazgos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).

De igual manera, comentó que algunos alcaldes utilizan las empresas municipales con el propósito de contratar servicios para sus ayuntamientos y así evadir el requisito de subasta o de requerir tres cotizaciones. Como ejemplo, mencionó el Municipio de Toa Alta.

Aun cuando, para esas tareas, algunos alcaldes no parecen distinguir entre la entidad privada y la municipal, cuando se les requiere rendir cuentas, plantean el carácter privado de estas entidades municipales para evadir la fiscalización de la Oficina del Contralor, según se desprende de la ponencia de los funcionarios de esa entidad.

Los funcionarios de la OCPR fueron citados a deponer ante la comisión cameral que investiga el funcionamiento de las empresas municipales y el manejo fiscal de los ayuntamientos.

Entre las recomendaciones que presentaron, está que las empresas municipales presenten informes anuales bajo juramento a la Asamblea Legislativa, a la OCPR y a sus legislaturas municipales. Esos reportes deben tener detalles sobre la capitalización que le proveyó a la empresa el municipio, incluyendo fondos, así como bienes muebles e inmuebles y cualquier otro activo. También, deberían indicar si se devolvió capital al ayuntamiento y si cuentan con estados financieros anuales auditados.

Valdivieso también recomendó que se obligue a las empresas municipales a registrar y remitir a la OCPR los contratos que otorguen.

Indicó que la oficina que dirige hizo una especie de inventario sobre los ayuntamientos que tienen empresas municipales con fines de lucro o corporaciones de desarrollo municipal sin fines de lucro.

Según las estadísticas de la OCPR, entre los años fiscales 2016 al 2021, 38 municipios mantuvieron 29 corporaciones sin fines de lucro y 62 empresas municipales con fines de lucro. Hubo 30 municipios que no respondieron a la solicitud de información de la entidad pública.

Los ayuntamientos que tuvieron corporaciones sin fines de lucro y empresas municipales con fines de lucro les aportaron más de $88 millones. Esa cifra se desglosa en $64.1 millones en efectivo, $24.2 millones en propiedad y en el pago de salarios y beneficios de 209 empleados.

A juicio de Valdivieso, fue un error la eliminación de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM). Reclamó, además, que se le asignen mayores recursos a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que asumió algunas de las funciones de la extinta oficina.

Semana y Día del Auditor

Del 12 al 18 de septiembre y 17 de septiembre de 2021

Felicito a todos mis auditores, columna vertebral de la Contraloría de Puerto Rico,
en la semana y día que celebramos tan digna profesión.

Ustedes aportan al cumplimiento de la misión constitucional
de fiscalizar las transacciones de la propiedad y de los fondos públicos.
Poseen un caudal de conocimiento y experiencias de incomparable profesionalismo.
Con su labor dan certeza y confianza a los ciudadanos,
a la vez que fortalecen la administración pública.

En los últimos tiempos, se han crecido en el ejercicio
de las mejores prácticas de la profesión
ante los retos de aplicar nuevas disposiciones de ley y reglamento,
nuevas herramientas tecnológicas de trabajo o,
superar las circunstancias adversas relacionadas con la pandemia.

¡Estoy orgullosa de ustedes!

Merece también mencionar, a los auditores internos que,
con su trabajo íntegro, objetivo y competente, honran la profesión.

¡Le agradezco a cada uno su compromiso con la Oficina del Contralor!

¡Muchas felicidades!
Yesmín M Valdivieso
Contralora

Aseguran que fortalecerán la fiscalización con inteligencia fiscal.

Fuente: NotiCentro.tv

La oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) anunció hoy, lunes, que estableció una División de Investigaciones Especiales (DIE) que une los grupos de inteligencia fiscal, forense digital, investigación y apoyo técnico, con el propósito, entre otros, de agilizar los procesos de investigar una querella mediante inteligencia fiscal.

La metodología de inteligencia fiscal se fundamenta en el uso sistemático de técnicas especializadas para la obtención y el análisis de la información.  Con inteligencia fiscal se desarrollan también, nuevas herramientas que apoyan la fiscalización y permiten detectar modalidades que potencialmente puedan afectar el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y las normas.

“La División de Investigaciones Especiales tendrá la responsabilidad de coordinar, asesorar y realizar investigaciones sobre posibles esquemas de fraude relacionados con el mal uso de la propiedad y de los fondos públicos”, expresó la Contralora, Yesmín M. Valdivieso.  

Además, “esta División coordinará la colaboración con las entidades que reciben nuestros referidos u otras externas, en las investigaciones sobre irregularidades, fraude y corrupción gubernamental”, indicó Valdivieso.

Las querellas de los ciudadanos son una herramienta de gran utilidad para detectar el uso indebido de la propiedad y de los fondos públicos.  Si se determina que la OCPR tiene la jurisdicción primaria sobre una querella, la DIE realizará el análisis correspondiente para obtener de la manera más rápida y efectiva, la información y documentación necesaria para concluir y hacer las recomendaciones.

“En la Contraloría desarrollamos nuevos métodos y formas de cumplir con la misión de fiscalizar con independencia y objetividad, las transacciones de las entidades gubernamentales relacionadas con la propiedad y los fondos públicos.  Solicitamos la cooperación de todos los funcionarios y los empleados públicos, en proveer la información y los documentos que solicitemos en nuestra investigaciones”, terminó diciendo Valdivieso.

Fuente: Periódico El Sol de Puerto Rico - Inter News Service - San Juan, PR / 16 de agosto de 2021

La oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) estableció una División de Investigaciones Especiales (DIE) que une los grupos de inteligencia fiscal, forense digital, investigación y apoyo técnico, con el propósito, entre otros, de agilizar los procesos de investigación mediante inteligencia fiscal. 

La metodología de inteligencia fiscal se fundamenta en el uso sistemático de técnicas especializadas para la obtención y el análisis de la información.  

Con inteligencia fiscal se desarrollan también, nuevas herramientas que apoyan la fiscalización y permiten detectar modalidades que potencialmente puedan afectar el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y las normas.

“La División de Investigaciones Especiales tendrá la responsabilidad de coordinar, asesorar y realizar investigaciones sobre posibles esquemas de fraude relacionados con el mal uso de la propiedad y de los fondos públicos”, expresó la Contralora, Yesmín Valdivieso.  

Además, dijo que “esta División coordinará la colaboración con las entidades que reciben nuestros referidos u otras externas, en las investigaciones sobre irregularidades, fraude y corrupción gubernamental”. La funcionaria declaró que “las querellas de los ciudadanos son una herramienta de gran utilidad para detectar el uso indebido de la propiedad y de los fondos públicos.  Si se determina que la OCPR tiene la jurisdicción primaria sobre una querella, la DIE realizará el análisis correspondiente para obtener de la manera más rápida y efectiva, la información y documentación necesaria para concluir y hacer las recomendaciones”.

Fuente: esnoticiapr.com - Bryan Gutiérrez. PUBLICADO EN AGOSTO 16, 2021

La contralora Yesmín M. Valdivieso, informó hoy -lunes- que la oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) estableció una División de Investigaciones Especiales (DIE) dirigida a indagar sobre posibles esquemas de fraude relacionados con el mal uso de la propiedad y fondos públicos.

La contralora explicó en declaraciones escritas que si se determina que la OCPR tiene la jurisdicción primaria sobre una querella, la DIE realizará el análisis correspondiente para obtener de la manera más rápida y efectiva, la información y documentación necesaria para concluir y hacer las recomendaciones.

“Esta División coordinará la colaboración con las entidades que reciben nuestros referidos u otras externas, en las investigaciones sobre irregularidades, fraude y corrupción gubernamental”, indicó Valdivieso.

La División une los grupos de inteligencia fiscal, forense digital, investigación y apoyo técnico de la OCPR.

“En la Contraloría desarrollamos nuevos métodos y formas de cumplir con la misión de fiscalizar con independencia y objetividad, las transacciones de las entidades gubernamentales relacionadas con la propiedad y los fondos públicos.  Solicitamos la cooperación de todos los funcionarios y los empleados públicos, en proveer la información y los documentos que solicitemos en nuestra investigaciones”, sostuvo la contralora.

“Encontramos muchas cosas que no estuvieron bien. Cuando estamos en una situación de emergencia, las cosas a veces no pueden ser perfectas, pero ciertamente esto pudo haber sido muchísimo mejor”, expresó Valdivieso.

Fuente: periodicolaperla.com - jueves 27 de mayo del 2021

EL CAPITOLIO – La Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor atendió este jueves el borrador de evaluación de la Oficina del Contralor (OCPR) sobre el programa Tu Hogar Renace, el cual fue objeto de controversias y decenas de querellas por deficiencias en los trabajos de reparación de residencias tras los huracanes de 2017.

La contralora Yesmín Valdivieso mencionó que el informe no constituye una auditoría, sino una monitoría para determinar el alcance y la veracidad de las querellas que se estaban discutiendo en los medios de comunicación desde que se estableció el programa luego del desastre provocado por los ciclones.

“Encontramos muchas cosas que no estuvieron bien. Cuando estamos en una situación de emergencia, las cosas a veces no pueden ser perfectas, pero ciertamente esto pudo haber sido muchísimo mejor”, expresó Valdivieso, a la vez que confirmó que el borrador fue discutido en 2018 con el entonces gobernador Ricardo Rosselló; la exsecretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, y el resto del componente anticorrupción compuesto por esa administración.

El borrador, enviado en febrero de 2020 al entonces secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Luis Fernández Trinchet, fue realizado a mediados de 2018. Un grupo de 226 auditores visitaron 1,000 hogares correspondientes a los casos seleccionados para evaluación, en los cuales hallaron que la mayoría de los trabajos del programa no fueron realizados o se efectuaron defectuosamente.

Del total de hogares visitados, 949 de ellos cualificaron para Tu Hogar Renace y contaban con una orden de trabajo. La evaluación reveló que para un 67 por ciento de las órdenes, por 5.8 millones de dólares, Vivienda pagó todos los trabajos incluidos, aun cuando hubo trabajos sin realizar o deficientes.

Asimismo, la OCPR observó que las órdenes que incluían trabajos sin realizar, por contratista, fluctuaron entre un 43 por ciento y un 80 por ciento. El costo total por contratista de las órdenes con trabajos no realizados o deficientes osciló entre 202 mil dólares y 1.2 millones de dólares.

El programa Tu Hogar Renace fue implementado en octubre de 2017 cuando la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) autorizó el uso de asistencia pública para la creación de un programa piloto dirigido a realizar reparaciones menores de emergencia en residencias unifamiliares, con el objetivo de que convertirlas en habitables y atender la necesidad de refugios que surgió.

FEMA estableció un costo estimado de 1,680 millones de dólares para el desarrollo del programa, bajo el cual 75,000 hogares en Puerto Rico afectados por el huracán María podían recibir servicios de reparación.

“Cuando uno ve su evaluación, y cuando uno va a la calle y visita las casas que después del huracán quedaron destruidas y las vemos como están todavía, sabemos que no se usó bien el programa; que fue utilizado de manera deficiente; que no se invirtió bien el dinero y ni siquiera parece que sabían lo que estaban haciendo los que estaban al frente”, repugnó el representante Ramón Luis Cruz Burgos, presidente de la comisión.

“No pudimos ser efectivos y eficientes en darle a la gente lo que necesitaban, merecían, y para lo que nos dieron el dinero. Eso es inaceptable”, agregó el legislador.

La contralora detalló durante su comparecencia que, entre los resultados más relevantes del análisis, las órdenes de casos evaluados contaban con problemas de seguridad, impermeabilidad, limpieza, estructura y en el sistema eléctrico.

De acuerdo con la evaluación, la mayoría de las situaciones de seguridad están relacionadas con el reemplazo de las ventanas de aluminio. En algunos casos, en lugar de instalar la ventana, los contratistas instalaban los operadores y en otros las terminaciones eran deficientes. Para administrar el programa, el DV otorgó siete contratos por 350 millones de dólares a siete contratistas para efectuar las mejoras a las residencias.

Mientras tanto, el análisis detectó que en 37 órdenes de labores de impermeabilidad la acumulación de agua en el techo persistía pese a los trabajos que se realizaron para mitigar la situación. Aunque se realizaron reparaciones menores a los techos en otras 188 órdenes, continuaban con filtraciones.

En cuanto a la limpieza, la mayoría de las situaciones tienen que ver con desinfección y aplicación de control de moho al exterior o interior de la residencia, lo que representa un 96% de los casos no realizados. En otros casos relacionados con el sistema eléctrico las residencias tenían áreas no energizadas y paredes que al tacto se sentía la corriente eléctrica.

La licenciada Yarliz Ríos, jefa de personal en Vivienda, reconoció junto a Valdivieso y el presidente de la comisión que Tu Hogar Renace no cumplió con las expectativas propuestas por el gobierno federal. Como resultado de las múltiples deficiencias, FEMA cerró el programa en 2019.

“Si ustedes fueran los que tuvieran que pagar de su bolsillo estos trabajos que hemos visto en este informe, si fueran los responsables de desembolsar el dinero, ¿pagarían por un trabajo como este en su casa?”, preguntó Cruz Burgos a la licenciada.

“Ni en mi casa, ni con los fondos que estamos administrando actualmente en el Departamento de la Vivienda”, manifestó Ríos, quien acudió a la vista en representación del designado secretario William Rodríguez.

Vivienda aseguró que comparte la preocupación de la OCPR, FEMA y la Asamblea Legislativa por la insatisfacción del programa. La agencia señaló, por otro lado, que el actual titular tuvo conocimiento del borrador el pasado 11 de mayo mediante una vista pública celebrada en el Senado, pues el documento no fue parte del proceso de transición con el pasado secretario.

Al no tratarse de una auditoría, el documento no es de alcance público en la página oficial de la OCPR. Sin embargo, la funcionaria no descartó que se continúe un análisis para formalizar una auditoría del programa.

“Esto era solo una herramienta de trabajo para nosotros tener información de primera mano cuando comenzáramos nuestra auditoría. Si vamos a ver esto o no, se determinará durante la planificación de la auditoría porque siguen añadiéndose programas, sigue añadiéndose dinero, y ya este (Tu Hogar Renace) el gobierno federal lo finiquitó”, explicó la contralora.

Cruz Burgos, quien representa el Distrito 34, tildó el alcance del programa como un “desastre” y adelantó que la comisión citará a exfuncionarios de Vivienda para “identificar responsables”.

“Cosas como estas no se pueden repetir porque tienen unas consecuencias nefastas para el país. Lo que más le molesta a uno es que yo sé que había gente con necesidad que no tenía donde dormir”, manifestó el presidente. “Nosotros vamos a continuar la investigación, y aquí tiene que desfilar mucha gente que tiene responsabilidad y tienen que dar muchas respuestas”.

La medida busca obligar a potenciales contratistas gubernamentales a divulgar sus donativos y gastos políticos.

Fuente: TELEMUNDOPR.com • Publicado el 17 de mayo del 2021

La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes celebró este lunes una vista pública sobre el proyecto de ley 320 que crearía la ‘’Ley para Prohibir los Donativos a Partidos o Candidatos Políticos por parte de Contratistas Gubernamentales y Obligar a Contratistas del Gobierno a Divulgar sus Donativos y Gastos Políticos”.

La medida busca obligar a potenciales contratistas gubernamentales a divulgar sus donativos y gastos políticos y crear el “Registro de donativos y gastos de contratistas gubernamentales”.

Asimismo, el estatuto forzará la divulgación de donativos políticos realizados por personas, previo a otorgarle contratos gubernamentales.

Esta prohibición ha sido adoptada en los Estados Unidos en al menos 16 estados, tanto a nivel federal y estatal, y ha sido validada en los tribunales donde se ha reconocido el riesgo de corrupción cuando un contratista o una persona que interesa contratos gubernamentales realiza donativos políticos.

La representante y autora de la medida, Mariana Nogales Molinelli explicó que “el proyecto establecería sanciones y penalidades para quienes incumplan con la ley”.

Mientras, el presidente de la Comisión, Jesús Manuel González Ortiz, manifestó la importancia de conocer la postura del licenciado Domingo Emanuelli, secretario del Departamento de Justicia, quien fue excusado de la vista pública.

‘’Es menester que el Departamento de Justicia nos aclare su posición en cuanto a este proyecto, debido a la importancia que implica su rol dentro del carácter de una medida como esta’’, dijo en su turno inicial Ortiz González.

Por su parte, Walter Vélez Martínez, contralor electoral favoreció la adopción de la política pública propuesta. ‘’Esta medida abona a combatir la corrupción gubernamental en forma de inversionismo político, es decir, ayuda a evitar que se hagan donativos políticos a cambio de acciones oficiales’’.

Vélez Martínez propuso que, en lugar de crear una Ley por separado para atender el tema de evitar el ‘’quid pro quo’’ (‘algo a cambio de algo’) en cuanto a la contratación gubernamental, el Proyecto debería enmendar las leyes orgánicas de las agencias que atenderán el asunto; Oficina de Ética Gubernamental (OGE), Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y Oficina del Contralor Electoral.

‘’Este ajuste que propongo al Proyecto refuerza la jurisdicción y facultad fiscalizadora de la Oficina del Contralor Electoral sobre los donativos políticos por parte de contratistas gubernamentales que se persigue regular’’, expresó el Contralor Electoral de la OCE.

Por otro lado, Aniano Rivera Torres, director ejecutivo interino de la OGE, afirmó que ‘’debido a que la medida propuesta involucra a la Oficina del Contralor y la Oficina del Contralor Electoral, estimamos necesario que se obtengan las observaciones de dichas oficinas’’.

‘’Es incuestionable que la contratación gubernamental debe estar libre de influencias o favores políticos-partidistas. Además, debe existir la garantía de que las decisiones respecto a la contratación gubernamental siempre deben velar el interés público en general y no de los grupos particulares. Así pues, es de suma importancia que se legisle para garantizar que los procesos de adjudicación de contratos sean justos y transparentes, basados en el mérito y no en el amiguismo político’’, declaró Rivera Torres.

Del mismo modo, Yesmin Valdivieso Galib, contralora, indicó que ‘’en la OCPR hemos sido consistentes en avalar todo esfuerzo que promueva la sana administración pública y la buena utilización de los recursos en beneficios de nuestro pueblo. Sin embargo, nuestra oficina no define ni promulga política pública’’.

Según la Contralora, la Ley 222, que creó una División de Auditoría de Donativos y Gastos como una división dentro de la OCE, ya establece unas prohibiciones relacionadas con los donantes que pueden realizar, tanto las personas naturales como las personas jurídicas.

‘’De hecho se dispone que ninguna persona natural podrá, en forma directa o indirecta, hacer donaciones en o fuera de Puerto Rico a un partido político, aspirante, candidato, comité de campaña autorizado o de acción política en exceso de $2,600’’, expuso Valdivieso Galib.

Asimismo, eso no aplicará a los Comités de Fondos Segregados o para Gastos Independientes que no coordinen o donen a algún partido, aspirante o candidato.

De acuerdo con Valdivieso Galib, la OCE es la entidad que tiene el conocimiento, experiencia y la autoridad en ley para fiscalizar, auditar y adoptar normas específicas de los registros que propone la medida.

‘’Entendemos que cualquier disposición estatutaria que afecte lo relacionado con los donativos políticos debe ser integrada a lo establecido en la Ley 222’’, determinó la Contralora de la OCPR.

La dependencia gubernamental recomendó que se tomen en consideración los comentarios que puedan emitir el Departamento de Justicia, la OGE y la OCE.

De igual manera, los tres deponentes coincidieron en que es ‘’ el proyecto es demasiado amplio tal como está redactado’’ y exigieron que los roles establecidos en la medida hacia cada entidad gubernamental deben de ser más específicos.‘’Si alguien está en contra de la corrupción y sabe de la cantidad de dinero que se pierde en contrataciones gubernamentales es nuestra oficina. Sin embargo, cuando tienes una medida que prohíben algo a un ciudadano se hace bien difícil y entiendo que es una medida demasiado amplia, en el sentido de que no hace sentido que una persona por dar 50 dólares en donativos debe estar excluido de realizar contrataciones o peor aún que por dar esa cantidad pensar que esa persona es un corrupto. Algo que me parece ilógico y ridículo’’, puntualizó Valdivieso Galib.

El pasado 5 de mayo se realizó el segundo conversatorio virtual de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEGPR) titulado La Experiencia Anticorrupción. El panel contó con la participación de las jefas de las principales entidades gubernamentales dedicadas a prevenir y fiscalizar la corrupción en Puerto Rico. Estas fueron: la Contralora de Puerto Rico, la CPA Yesmín Valdivieso; la Presidenta del PFEI, Lcda. Nydia Cotto Vives y la Inspectora General de Puerto Rico, Ivelisse Torres Rivera.  También contaron con la participación del organizador del conversatorio, el Director Ejecutivo de la OEGPR, Luis A. Pérez Vargas. 

La Contralora por su parte, indicó que, a través de las auditorías “podemos alertar que ciertas agencias no cumplen con la Ley”.  Enfatizó en lo que establece la Constitución,  su Artículo III, Sección 22, la Ley Núm. 9 del 24 de julio de 1952,  y la misión de la Contraloría  en cuanto a su compromiso de fiscalizar las transacciones de la propiedad y de los fondos públicos, con independencia y objetividad, para determinar si se han realizado de acuerdo con la ley. 

También recalcó la importancia de que los funcionarios conozcan las leyes y la reglamentación, y que haya en sus oficinas una supervisión eficiente.

Para ver este conversatorio, puede acceder al siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=d_Z0q9uN0Yg

Mensaje

Semana y día del Profesional Administrativo

18 al 24 y 21 de abril de 2021

¡Reconocemos en esta semana, la valiosa e indispensable labor que realizan las compañeras y los compañeros profesionales administrativos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico! 

Este año sin duda, ha representado un gran reto para una labor tan alineada a la gestión de las diligencias diarias. Sin embargo, con el apoyo de la tecnología y gracias al compromiso de estos profesionales, los trabajos han salido adelante.

La Oficina del Contralor cuenta con profesionales administrativos comprometidos, siempre dispuestos a apoyar, coordinar y verificar los procesos y el logro de las metas. Además, aportan conocimiento, experiencia e inteligencia para resolver los diversos escenarios que se presentan en el cumplimiento de los objetivos.

Distinguimos también a nuestros profesionales administrativos porque son como el hilo conductor que une todos los componentes de nuestra Oficina, por su alto nivel de desempeño, sentido de equipo y ética profesional.  ¡Me siento sumamente complacida y respaldada, tras una década de estrecha labor!

¡Disfruten de su semana y muchas felicidades!

Yesmín M. Valdivieso
Contralora

Fuente: Javier Colón Dávila. El Nuevo Día. jueves, 11 de marzo de 2021

No obstante, la contralora solicitó que se extienda el periodo de tiempo que le otorga una resolución conjunta para cumplir con la encomienda y pidió más dinero para hacer el trabajo

La contralora Yesmín Valdivieso afirmó esta mañana que su oficina puede cumplir con la encomienda de auditar la deuda pública emitida al sostener que tiene el personal y la capacidad administrativa para así hacerlo.

La Resolución Conjunta de la Cámara 63 (RCC-63) presentada por La Fortaleza dispone que una vez concluya la auditoría, la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) podrá, a través del Secretario de Justicia y en representación del pueblo de Puerto Rico, impugnar en los foros competentes con jurisdicción cualquier deuda emitida ilegalmente y solicitar que se anule o elimine

Sin embargo, Valdivieso propuso en una vista pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes enmiendas a la resolución con que se planifica darle esta encomienda a la OCPR para tener tiempo adicional para realizar la labor. La medida dispone que sea hasta un año, pero la funcionaria quiere que sean al menos dos años.

“Lo razonable es de 18 a 24 meses, con una opción a seis meses”, dijo Valdivieso al describir el término incluido en la medida como “una locura”.

Por su parte, el Departamento de Justicia, en una ponencia firmada por su secretario designado, Domingo Emanuelli , sostuvo que si bien la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) estableció un proceso para revisar la ilegalidad de la deuda pública, esto no debe interpretarse como una limitación a que el gobierno haga lo propio.

En el caso de Valdivieso, propuso que el periodo a auditarse se reduzca de 1972-73 al 2016. La RCC 63 le requiere que audite emisiones desde 1952 hasta el 2016. La medida la faculta a hace referidos a Justicia, la Oficinal del Panel del Fiscal Especial Independiente “o a cualquier agencia federal con jurisdicción sobre la materia, para imponer las responsabilidades civiles o criminales que correspondan contra quienes les hallan fallado a la confianza del Pueblo, y para impugnar en los foros competentes con jurisdicción cualquier deuda emitida ilegalmente y solicitar que se anule o elimine”, lee la medida

“Contamos con la capacidad administrativa, la experiencia colectiva y con un equipo de más de 325 profesionales en el área de auditoría. Entre estos, contadores públicos autorizados, auditores, abogados, examinadores de fraude y peritos forense digitales”, reza parte de la ponencia de Valdivieso presentada hoy ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

La funcionaria rechazó, a preguntas de El Nuevo Día, que la encomienda que recibiría la OCPR comprometa el personal que ahora trabaja en auditorías ordenadas por ley, como la de la Compañía de Turismo.

Valdivieso indicó que tiene dinero para poder reclutar personal. “Tengo plazas vacantes. Pero tenemos más personal… somos la firma de auditoría más grande de Puerto Rico”.

Objetó también el tiempo que le otorga la RCC-63 para realizar su trabajo. La medida dispone que el informe final deberá ser entregado dentro de un término de seis meses a partir de comenzada la auditoría, aunque ese periodo puede ser aplazado seis meses más.

“El tiempo establecido en la resolución no es el adecuado para realizar una auditoría responsablemente”, indicó Valdivieso, al sostener que una vez finalizada la fase de planificación, identificar los objetivos y el tipo de auditoría a realizarse, entonces estaría en una mejor posición de determinar cuánto tiempo necesitaría.

La contralora recordó que la resolución cameral le requiere a su oficina que se determine el propósito de cada emisión de deuda, su legalidad, si tenían fuente de repago al ser autorizadas, para qué se usó el dinero y si se cumplió con lo que se conoce como el “trust agreement”.

La Comisión de Hacienda de la Cámara, presidida por el representante popular Jesús Santa Rodríguez, evalúa tres medidas en torno al tema de la auditoría de la deuda pública, incluyendo la RCC-63.

La medida establece que la Oficia de Gerencia y Presupuesto le asignará $1 millón anual a la OCPR para realizar esta labor y también le requiere a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda, el Departamento de Justicia y la OGP que le brinden el asesoramiento técnico necesario a la OCPR.

Valdivieso indicó a este diario que ese dinero no es suficiente, aunque recordó que la resolución incluye un lenguaje que le permite recibir dinero “fondos adicionales” al dispuesto en el presupuesto con cargo al Fondo General

En su ponencia, Valdivieso indicó que su oficina ha auditado deuda gubernamental en entidades como la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico, la Autoridad de Financiamiento de la Infraestructura, la Corporación de Interés Apremiante y la Autoridad del Distrito de Convenciones. Igualmente, se han publicado informes de emisiones de deuda relacionadas al Tren Urbano, el Superacueducto, el Distrito del Centro de Convenciones , el coliseo José Miguel Agrelot, la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura.

No obstante, la funcionaria sí advirtió a los legisladores que las negociaciones que realiza la JSF con los acreedores y los acuerdos finales aceptados por la jueza Laura Taylor Swain podrían tener un efecto “drástico” en los criterios que tenga que aplicar al hacer las auditorías.

Valdivieso llamó la atención a que la lista de entidades que deben dar apoyo técnico a la OCPR debe ser ampliada para incluir a la Oficina de Instituciones Financieras y la Oficina del Comisionado de Seguros.

Otras medidas discutidas

La Comisión cameral de Hacienda también atendió hoy otras dos medidas: el Proyecto de la Cámara 457 y el Proyecto de la Cámara 506.

El PC-457 es del representante popular José Rivera Madera y crea la Comisión para la Auditoría de la Deuda Pública de Puerto Rico, que tendría la encomienda de auditar la deuda pública desde 1972-73. Estaría integrada por el director de Instituto de Estadísticas y el presidente del Banco de Desarrollo Económico, cuatro miembros de la Asamblea Legislativa, entre otras figuras para un total de 15.

El PC 506, de los representantes Denis Márquez, Mariana Nogales y José Bernardo Márquez propone crear una la Comisión de la Verdad y para la Auditoría Integral de la Deuda Pública de Puerto Rico y tendría la encomienda de realizar una auditoria integral de la deuda, comenzando en el año fiscal 1972-73, comprendiendo cuatro aspectos: auditoría financiera, auditoría forense, auditoría de cumplimiento y rendimiento y auditoría de impacto social.

Esta comisión estará integrada por 17 personas.

En lo que concierne a estas dos medidas, Justicia concluyó que ambas son “legítimas y válidas”. No obstante, la dependencia insistió en que, aunque reconoce que la Legislatura (en el caso del PC-457) tiene toda la facultad constitucional para realizar investigaciones, es la OCPR la que tiene la facultad constitucional, el andamiaje y los recursos para llevar a cabo una auditoría a gran escala, que es lo que propone la RCC-63.