Fuente: El Nuevo Día. 20 de octubre de 2021. Por Wilma Maldonado Arrigoitía

Alcaldes de los dos partidos de mayoría han utilizado la figura jurídica de las empresas municipales a conveniencia, y las han convertido en extensiones de las alcaldías para evadir regulaciones, y argumentan que son entidades privadas para evitar que se les fiscalice, señaló ayer la contralora Yesmín Valdivieso.

Valdivieso compareció a una vista pública de la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos de la Cámara de Representantes, junto al subdirector de la División de Auditorías de Municipios, Juan Rivera, y su ayudante ejecutivo, Pedro Arévalo.

Según la contralora, muchos de los alcaldes designan a empleados del ayuntamiento para realizar labores en las empresas municipales, a pesar de que, por ley, esas plazas no deben ser cubiertas por servidores públicos.

“Destacan a empleados municipales, quienes mantienen su estatus de empleado público recibiendo sus salarios y beneficios normales, rindiendo labores para la empresa municipal con fines de lucro”, dijo Valdivieso, al revelar uno de los hallazgos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).

De igual manera, comentó que algunos alcaldes utilizan las empresas municipales con el propósito de contratar servicios para sus ayuntamientos y así evadir el requisito de subasta o de requerir tres cotizaciones. Como ejemplo, mencionó el Municipio de Toa Alta.

Aun cuando, para esas tareas, algunos alcaldes no parecen distinguir entre la entidad privada y la municipal, cuando se les requiere rendir cuentas, plantean el carácter privado de estas entidades municipales para evadir la fiscalización de la Oficina del Contralor, según se desprende de la ponencia de los funcionarios de esa entidad.

Los funcionarios de la OCPR fueron citados a deponer ante la comisión cameral que investiga el funcionamiento de las empresas municipales y el manejo fiscal de los ayuntamientos.

Entre las recomendaciones que presentaron, está que las empresas municipales presenten informes anuales bajo juramento a la Asamblea Legislativa, a la OCPR y a sus legislaturas municipales. Esos reportes deben tener detalles sobre la capitalización que le proveyó a la empresa el municipio, incluyendo fondos, así como bienes muebles e inmuebles y cualquier otro activo. También, deberían indicar si se devolvió capital al ayuntamiento y si cuentan con estados financieros anuales auditados.

Valdivieso también recomendó que se obligue a las empresas municipales a registrar y remitir a la OCPR los contratos que otorguen.

Indicó que la oficina que dirige hizo una especie de inventario sobre los ayuntamientos que tienen empresas municipales con fines de lucro o corporaciones de desarrollo municipal sin fines de lucro.

Según las estadísticas de la OCPR, entre los años fiscales 2016 al 2021, 38 municipios mantuvieron 29 corporaciones sin fines de lucro y 62 empresas municipales con fines de lucro. Hubo 30 municipios que no respondieron a la solicitud de información de la entidad pública.

Los ayuntamientos que tuvieron corporaciones sin fines de lucro y empresas municipales con fines de lucro les aportaron más de $88 millones. Esa cifra se desglosa en $64.1 millones en efectivo, $24.2 millones en propiedad y en el pago de salarios y beneficios de 209 empleados.

A juicio de Valdivieso, fue un error la eliminación de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM). Reclamó, además, que se le asignen mayores recursos a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que asumió algunas de las funciones de la extinta oficina.

Semana y Día del Auditor

Del 12 al 18 de septiembre y 17 de septiembre de 2021

Felicito a todos mis auditores, columna vertebral de la Contraloría de Puerto Rico,
en la semana y día que celebramos tan digna profesión.

Ustedes aportan al cumplimiento de la misión constitucional
de fiscalizar las transacciones de la propiedad y de los fondos públicos.
Poseen un caudal de conocimiento y experiencias de incomparable profesionalismo.
Con su labor dan certeza y confianza a los ciudadanos,
a la vez que fortalecen la administración pública.

En los últimos tiempos, se han crecido en el ejercicio
de las mejores prácticas de la profesión
ante los retos de aplicar nuevas disposiciones de ley y reglamento,
nuevas herramientas tecnológicas de trabajo o,
superar las circunstancias adversas relacionadas con la pandemia.

¡Estoy orgullosa de ustedes!

Merece también mencionar, a los auditores internos que,
con su trabajo íntegro, objetivo y competente, honran la profesión.

¡Le agradezco a cada uno su compromiso con la Oficina del Contralor!

¡Muchas felicidades!
Yesmín M Valdivieso
Contralora

Aseguran que fortalecerán la fiscalización con inteligencia fiscal.

Fuente: NotiCentro.tv

La oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) anunció hoy, lunes, que estableció una División de Investigaciones Especiales (DIE) que une los grupos de inteligencia fiscal, forense digital, investigación y apoyo técnico, con el propósito, entre otros, de agilizar los procesos de investigar una querella mediante inteligencia fiscal.

La metodología de inteligencia fiscal se fundamenta en el uso sistemático de técnicas especializadas para la obtención y el análisis de la información.  Con inteligencia fiscal se desarrollan también, nuevas herramientas que apoyan la fiscalización y permiten detectar modalidades que potencialmente puedan afectar el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y las normas.

“La División de Investigaciones Especiales tendrá la responsabilidad de coordinar, asesorar y realizar investigaciones sobre posibles esquemas de fraude relacionados con el mal uso de la propiedad y de los fondos públicos”, expresó la Contralora, Yesmín M. Valdivieso.  

Además, “esta División coordinará la colaboración con las entidades que reciben nuestros referidos u otras externas, en las investigaciones sobre irregularidades, fraude y corrupción gubernamental”, indicó Valdivieso.

Las querellas de los ciudadanos son una herramienta de gran utilidad para detectar el uso indebido de la propiedad y de los fondos públicos.  Si se determina que la OCPR tiene la jurisdicción primaria sobre una querella, la DIE realizará el análisis correspondiente para obtener de la manera más rápida y efectiva, la información y documentación necesaria para concluir y hacer las recomendaciones.

“En la Contraloría desarrollamos nuevos métodos y formas de cumplir con la misión de fiscalizar con independencia y objetividad, las transacciones de las entidades gubernamentales relacionadas con la propiedad y los fondos públicos.  Solicitamos la cooperación de todos los funcionarios y los empleados públicos, en proveer la información y los documentos que solicitemos en nuestra investigaciones”, terminó diciendo Valdivieso.

Fuente: Periódico El Sol de Puerto Rico - Inter News Service - San Juan, PR / 16 de agosto de 2021

La oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) estableció una División de Investigaciones Especiales (DIE) que une los grupos de inteligencia fiscal, forense digital, investigación y apoyo técnico, con el propósito, entre otros, de agilizar los procesos de investigación mediante inteligencia fiscal. 

La metodología de inteligencia fiscal se fundamenta en el uso sistemático de técnicas especializadas para la obtención y el análisis de la información.  

Con inteligencia fiscal se desarrollan también, nuevas herramientas que apoyan la fiscalización y permiten detectar modalidades que potencialmente puedan afectar el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y las normas.

“La División de Investigaciones Especiales tendrá la responsabilidad de coordinar, asesorar y realizar investigaciones sobre posibles esquemas de fraude relacionados con el mal uso de la propiedad y de los fondos públicos”, expresó la Contralora, Yesmín Valdivieso.  

Además, dijo que “esta División coordinará la colaboración con las entidades que reciben nuestros referidos u otras externas, en las investigaciones sobre irregularidades, fraude y corrupción gubernamental”. La funcionaria declaró que “las querellas de los ciudadanos son una herramienta de gran utilidad para detectar el uso indebido de la propiedad y de los fondos públicos.  Si se determina que la OCPR tiene la jurisdicción primaria sobre una querella, la DIE realizará el análisis correspondiente para obtener de la manera más rápida y efectiva, la información y documentación necesaria para concluir y hacer las recomendaciones”.

Fuente: esnoticiapr.com - Bryan Gutiérrez. PUBLICADO EN AGOSTO 16, 2021

La contralora Yesmín M. Valdivieso, informó hoy -lunes- que la oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) estableció una División de Investigaciones Especiales (DIE) dirigida a indagar sobre posibles esquemas de fraude relacionados con el mal uso de la propiedad y fondos públicos.

La contralora explicó en declaraciones escritas que si se determina que la OCPR tiene la jurisdicción primaria sobre una querella, la DIE realizará el análisis correspondiente para obtener de la manera más rápida y efectiva, la información y documentación necesaria para concluir y hacer las recomendaciones.

“Esta División coordinará la colaboración con las entidades que reciben nuestros referidos u otras externas, en las investigaciones sobre irregularidades, fraude y corrupción gubernamental”, indicó Valdivieso.

La División une los grupos de inteligencia fiscal, forense digital, investigación y apoyo técnico de la OCPR.

“En la Contraloría desarrollamos nuevos métodos y formas de cumplir con la misión de fiscalizar con independencia y objetividad, las transacciones de las entidades gubernamentales relacionadas con la propiedad y los fondos públicos.  Solicitamos la cooperación de todos los funcionarios y los empleados públicos, en proveer la información y los documentos que solicitemos en nuestra investigaciones”, sostuvo la contralora.

“Encontramos muchas cosas que no estuvieron bien. Cuando estamos en una situación de emergencia, las cosas a veces no pueden ser perfectas, pero ciertamente esto pudo haber sido muchísimo mejor”, expresó Valdivieso.

Fuente: periodicolaperla.com - jueves 27 de mayo del 2021

EL CAPITOLIO – La Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor atendió este jueves el borrador de evaluación de la Oficina del Contralor (OCPR) sobre el programa Tu Hogar Renace, el cual fue objeto de controversias y decenas de querellas por deficiencias en los trabajos de reparación de residencias tras los huracanes de 2017.

La contralora Yesmín Valdivieso mencionó que el informe no constituye una auditoría, sino una monitoría para determinar el alcance y la veracidad de las querellas que se estaban discutiendo en los medios de comunicación desde que se estableció el programa luego del desastre provocado por los ciclones.

“Encontramos muchas cosas que no estuvieron bien. Cuando estamos en una situación de emergencia, las cosas a veces no pueden ser perfectas, pero ciertamente esto pudo haber sido muchísimo mejor”, expresó Valdivieso, a la vez que confirmó que el borrador fue discutido en 2018 con el entonces gobernador Ricardo Rosselló; la exsecretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, y el resto del componente anticorrupción compuesto por esa administración.

El borrador, enviado en febrero de 2020 al entonces secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Luis Fernández Trinchet, fue realizado a mediados de 2018. Un grupo de 226 auditores visitaron 1,000 hogares correspondientes a los casos seleccionados para evaluación, en los cuales hallaron que la mayoría de los trabajos del programa no fueron realizados o se efectuaron defectuosamente.

Del total de hogares visitados, 949 de ellos cualificaron para Tu Hogar Renace y contaban con una orden de trabajo. La evaluación reveló que para un 67 por ciento de las órdenes, por 5.8 millones de dólares, Vivienda pagó todos los trabajos incluidos, aun cuando hubo trabajos sin realizar o deficientes.

Asimismo, la OCPR observó que las órdenes que incluían trabajos sin realizar, por contratista, fluctuaron entre un 43 por ciento y un 80 por ciento. El costo total por contratista de las órdenes con trabajos no realizados o deficientes osciló entre 202 mil dólares y 1.2 millones de dólares.

El programa Tu Hogar Renace fue implementado en octubre de 2017 cuando la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) autorizó el uso de asistencia pública para la creación de un programa piloto dirigido a realizar reparaciones menores de emergencia en residencias unifamiliares, con el objetivo de que convertirlas en habitables y atender la necesidad de refugios que surgió.

FEMA estableció un costo estimado de 1,680 millones de dólares para el desarrollo del programa, bajo el cual 75,000 hogares en Puerto Rico afectados por el huracán María podían recibir servicios de reparación.

“Cuando uno ve su evaluación, y cuando uno va a la calle y visita las casas que después del huracán quedaron destruidas y las vemos como están todavía, sabemos que no se usó bien el programa; que fue utilizado de manera deficiente; que no se invirtió bien el dinero y ni siquiera parece que sabían lo que estaban haciendo los que estaban al frente”, repugnó el representante Ramón Luis Cruz Burgos, presidente de la comisión.

“No pudimos ser efectivos y eficientes en darle a la gente lo que necesitaban, merecían, y para lo que nos dieron el dinero. Eso es inaceptable”, agregó el legislador.

La contralora detalló durante su comparecencia que, entre los resultados más relevantes del análisis, las órdenes de casos evaluados contaban con problemas de seguridad, impermeabilidad, limpieza, estructura y en el sistema eléctrico.

De acuerdo con la evaluación, la mayoría de las situaciones de seguridad están relacionadas con el reemplazo de las ventanas de aluminio. En algunos casos, en lugar de instalar la ventana, los contratistas instalaban los operadores y en otros las terminaciones eran deficientes. Para administrar el programa, el DV otorgó siete contratos por 350 millones de dólares a siete contratistas para efectuar las mejoras a las residencias.

Mientras tanto, el análisis detectó que en 37 órdenes de labores de impermeabilidad la acumulación de agua en el techo persistía pese a los trabajos que se realizaron para mitigar la situación. Aunque se realizaron reparaciones menores a los techos en otras 188 órdenes, continuaban con filtraciones.

En cuanto a la limpieza, la mayoría de las situaciones tienen que ver con desinfección y aplicación de control de moho al exterior o interior de la residencia, lo que representa un 96% de los casos no realizados. En otros casos relacionados con el sistema eléctrico las residencias tenían áreas no energizadas y paredes que al tacto se sentía la corriente eléctrica.

La licenciada Yarliz Ríos, jefa de personal en Vivienda, reconoció junto a Valdivieso y el presidente de la comisión que Tu Hogar Renace no cumplió con las expectativas propuestas por el gobierno federal. Como resultado de las múltiples deficiencias, FEMA cerró el programa en 2019.

“Si ustedes fueran los que tuvieran que pagar de su bolsillo estos trabajos que hemos visto en este informe, si fueran los responsables de desembolsar el dinero, ¿pagarían por un trabajo como este en su casa?”, preguntó Cruz Burgos a la licenciada.

“Ni en mi casa, ni con los fondos que estamos administrando actualmente en el Departamento de la Vivienda”, manifestó Ríos, quien acudió a la vista en representación del designado secretario William Rodríguez.

Vivienda aseguró que comparte la preocupación de la OCPR, FEMA y la Asamblea Legislativa por la insatisfacción del programa. La agencia señaló, por otro lado, que el actual titular tuvo conocimiento del borrador el pasado 11 de mayo mediante una vista pública celebrada en el Senado, pues el documento no fue parte del proceso de transición con el pasado secretario.

Al no tratarse de una auditoría, el documento no es de alcance público en la página oficial de la OCPR. Sin embargo, la funcionaria no descartó que se continúe un análisis para formalizar una auditoría del programa.

“Esto era solo una herramienta de trabajo para nosotros tener información de primera mano cuando comenzáramos nuestra auditoría. Si vamos a ver esto o no, se determinará durante la planificación de la auditoría porque siguen añadiéndose programas, sigue añadiéndose dinero, y ya este (Tu Hogar Renace) el gobierno federal lo finiquitó”, explicó la contralora.

Cruz Burgos, quien representa el Distrito 34, tildó el alcance del programa como un “desastre” y adelantó que la comisión citará a exfuncionarios de Vivienda para “identificar responsables”.

“Cosas como estas no se pueden repetir porque tienen unas consecuencias nefastas para el país. Lo que más le molesta a uno es que yo sé que había gente con necesidad que no tenía donde dormir”, manifestó el presidente. “Nosotros vamos a continuar la investigación, y aquí tiene que desfilar mucha gente que tiene responsabilidad y tienen que dar muchas respuestas”.

La medida busca obligar a potenciales contratistas gubernamentales a divulgar sus donativos y gastos políticos.

Fuente: TELEMUNDOPR.com • Publicado el 17 de mayo del 2021

La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes celebró este lunes una vista pública sobre el proyecto de ley 320 que crearía la ‘’Ley para Prohibir los Donativos a Partidos o Candidatos Políticos por parte de Contratistas Gubernamentales y Obligar a Contratistas del Gobierno a Divulgar sus Donativos y Gastos Políticos”.

La medida busca obligar a potenciales contratistas gubernamentales a divulgar sus donativos y gastos políticos y crear el “Registro de donativos y gastos de contratistas gubernamentales”.

Asimismo, el estatuto forzará la divulgación de donativos políticos realizados por personas, previo a otorgarle contratos gubernamentales.

Esta prohibición ha sido adoptada en los Estados Unidos en al menos 16 estados, tanto a nivel federal y estatal, y ha sido validada en los tribunales donde se ha reconocido el riesgo de corrupción cuando un contratista o una persona que interesa contratos gubernamentales realiza donativos políticos.

La representante y autora de la medida, Mariana Nogales Molinelli explicó que “el proyecto establecería sanciones y penalidades para quienes incumplan con la ley”.

Mientras, el presidente de la Comisión, Jesús Manuel González Ortiz, manifestó la importancia de conocer la postura del licenciado Domingo Emanuelli, secretario del Departamento de Justicia, quien fue excusado de la vista pública.

‘’Es menester que el Departamento de Justicia nos aclare su posición en cuanto a este proyecto, debido a la importancia que implica su rol dentro del carácter de una medida como esta’’, dijo en su turno inicial Ortiz González.

Por su parte, Walter Vélez Martínez, contralor electoral favoreció la adopción de la política pública propuesta. ‘’Esta medida abona a combatir la corrupción gubernamental en forma de inversionismo político, es decir, ayuda a evitar que se hagan donativos políticos a cambio de acciones oficiales’’.

Vélez Martínez propuso que, en lugar de crear una Ley por separado para atender el tema de evitar el ‘’quid pro quo’’ (‘algo a cambio de algo’) en cuanto a la contratación gubernamental, el Proyecto debería enmendar las leyes orgánicas de las agencias que atenderán el asunto; Oficina de Ética Gubernamental (OGE), Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y Oficina del Contralor Electoral.

‘’Este ajuste que propongo al Proyecto refuerza la jurisdicción y facultad fiscalizadora de la Oficina del Contralor Electoral sobre los donativos políticos por parte de contratistas gubernamentales que se persigue regular’’, expresó el Contralor Electoral de la OCE.

Por otro lado, Aniano Rivera Torres, director ejecutivo interino de la OGE, afirmó que ‘’debido a que la medida propuesta involucra a la Oficina del Contralor y la Oficina del Contralor Electoral, estimamos necesario que se obtengan las observaciones de dichas oficinas’’.

‘’Es incuestionable que la contratación gubernamental debe estar libre de influencias o favores políticos-partidistas. Además, debe existir la garantía de que las decisiones respecto a la contratación gubernamental siempre deben velar el interés público en general y no de los grupos particulares. Así pues, es de suma importancia que se legisle para garantizar que los procesos de adjudicación de contratos sean justos y transparentes, basados en el mérito y no en el amiguismo político’’, declaró Rivera Torres.

Del mismo modo, Yesmin Valdivieso Galib, contralora, indicó que ‘’en la OCPR hemos sido consistentes en avalar todo esfuerzo que promueva la sana administración pública y la buena utilización de los recursos en beneficios de nuestro pueblo. Sin embargo, nuestra oficina no define ni promulga política pública’’.

Según la Contralora, la Ley 222, que creó una División de Auditoría de Donativos y Gastos como una división dentro de la OCE, ya establece unas prohibiciones relacionadas con los donantes que pueden realizar, tanto las personas naturales como las personas jurídicas.

‘’De hecho se dispone que ninguna persona natural podrá, en forma directa o indirecta, hacer donaciones en o fuera de Puerto Rico a un partido político, aspirante, candidato, comité de campaña autorizado o de acción política en exceso de $2,600’’, expuso Valdivieso Galib.

Asimismo, eso no aplicará a los Comités de Fondos Segregados o para Gastos Independientes que no coordinen o donen a algún partido, aspirante o candidato.

De acuerdo con Valdivieso Galib, la OCE es la entidad que tiene el conocimiento, experiencia y la autoridad en ley para fiscalizar, auditar y adoptar normas específicas de los registros que propone la medida.

‘’Entendemos que cualquier disposición estatutaria que afecte lo relacionado con los donativos políticos debe ser integrada a lo establecido en la Ley 222’’, determinó la Contralora de la OCPR.

La dependencia gubernamental recomendó que se tomen en consideración los comentarios que puedan emitir el Departamento de Justicia, la OGE y la OCE.

De igual manera, los tres deponentes coincidieron en que es ‘’ el proyecto es demasiado amplio tal como está redactado’’ y exigieron que los roles establecidos en la medida hacia cada entidad gubernamental deben de ser más específicos.‘’Si alguien está en contra de la corrupción y sabe de la cantidad de dinero que se pierde en contrataciones gubernamentales es nuestra oficina. Sin embargo, cuando tienes una medida que prohíben algo a un ciudadano se hace bien difícil y entiendo que es una medida demasiado amplia, en el sentido de que no hace sentido que una persona por dar 50 dólares en donativos debe estar excluido de realizar contrataciones o peor aún que por dar esa cantidad pensar que esa persona es un corrupto. Algo que me parece ilógico y ridículo’’, puntualizó Valdivieso Galib.

El pasado 5 de mayo se realizó el segundo conversatorio virtual de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEGPR) titulado La Experiencia Anticorrupción. El panel contó con la participación de las jefas de las principales entidades gubernamentales dedicadas a prevenir y fiscalizar la corrupción en Puerto Rico. Estas fueron: la Contralora de Puerto Rico, la CPA Yesmín Valdivieso; la Presidenta del PFEI, Lcda. Nydia Cotto Vives y la Inspectora General de Puerto Rico, Ivelisse Torres Rivera.  También contaron con la participación del organizador del conversatorio, el Director Ejecutivo de la OEGPR, Luis A. Pérez Vargas. 

La Contralora por su parte, indicó que, a través de las auditorías “podemos alertar que ciertas agencias no cumplen con la Ley”.  Enfatizó en lo que establece la Constitución,  su Artículo III, Sección 22, la Ley Núm. 9 del 24 de julio de 1952,  y la misión de la Contraloría  en cuanto a su compromiso de fiscalizar las transacciones de la propiedad y de los fondos públicos, con independencia y objetividad, para determinar si se han realizado de acuerdo con la ley. 

También recalcó la importancia de que los funcionarios conozcan las leyes y la reglamentación, y que haya en sus oficinas una supervisión eficiente.

Para ver este conversatorio, puede acceder al siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=d_Z0q9uN0Yg

Mensaje

Semana y día del Profesional Administrativo

18 al 24 y 21 de abril de 2021

¡Reconocemos en esta semana, la valiosa e indispensable labor que realizan las compañeras y los compañeros profesionales administrativos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico! 

Este año sin duda, ha representado un gran reto para una labor tan alineada a la gestión de las diligencias diarias. Sin embargo, con el apoyo de la tecnología y gracias al compromiso de estos profesionales, los trabajos han salido adelante.

La Oficina del Contralor cuenta con profesionales administrativos comprometidos, siempre dispuestos a apoyar, coordinar y verificar los procesos y el logro de las metas. Además, aportan conocimiento, experiencia e inteligencia para resolver los diversos escenarios que se presentan en el cumplimiento de los objetivos.

Distinguimos también a nuestros profesionales administrativos porque son como el hilo conductor que une todos los componentes de nuestra Oficina, por su alto nivel de desempeño, sentido de equipo y ética profesional.  ¡Me siento sumamente complacida y respaldada, tras una década de estrecha labor!

¡Disfruten de su semana y muchas felicidades!

Yesmín M. Valdivieso
Contralora

Fuente: Javier Colón Dávila. El Nuevo Día. jueves, 11 de marzo de 2021

No obstante, la contralora solicitó que se extienda el periodo de tiempo que le otorga una resolución conjunta para cumplir con la encomienda y pidió más dinero para hacer el trabajo

La contralora Yesmín Valdivieso afirmó esta mañana que su oficina puede cumplir con la encomienda de auditar la deuda pública emitida al sostener que tiene el personal y la capacidad administrativa para así hacerlo.

La Resolución Conjunta de la Cámara 63 (RCC-63) presentada por La Fortaleza dispone que una vez concluya la auditoría, la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) podrá, a través del Secretario de Justicia y en representación del pueblo de Puerto Rico, impugnar en los foros competentes con jurisdicción cualquier deuda emitida ilegalmente y solicitar que se anule o elimine

Sin embargo, Valdivieso propuso en una vista pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes enmiendas a la resolución con que se planifica darle esta encomienda a la OCPR para tener tiempo adicional para realizar la labor. La medida dispone que sea hasta un año, pero la funcionaria quiere que sean al menos dos años.

“Lo razonable es de 18 a 24 meses, con una opción a seis meses”, dijo Valdivieso al describir el término incluido en la medida como “una locura”.

Por su parte, el Departamento de Justicia, en una ponencia firmada por su secretario designado, Domingo Emanuelli , sostuvo que si bien la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) estableció un proceso para revisar la ilegalidad de la deuda pública, esto no debe interpretarse como una limitación a que el gobierno haga lo propio.

En el caso de Valdivieso, propuso que el periodo a auditarse se reduzca de 1972-73 al 2016. La RCC 63 le requiere que audite emisiones desde 1952 hasta el 2016. La medida la faculta a hace referidos a Justicia, la Oficinal del Panel del Fiscal Especial Independiente “o a cualquier agencia federal con jurisdicción sobre la materia, para imponer las responsabilidades civiles o criminales que correspondan contra quienes les hallan fallado a la confianza del Pueblo, y para impugnar en los foros competentes con jurisdicción cualquier deuda emitida ilegalmente y solicitar que se anule o elimine”, lee la medida

“Contamos con la capacidad administrativa, la experiencia colectiva y con un equipo de más de 325 profesionales en el área de auditoría. Entre estos, contadores públicos autorizados, auditores, abogados, examinadores de fraude y peritos forense digitales”, reza parte de la ponencia de Valdivieso presentada hoy ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

La funcionaria rechazó, a preguntas de El Nuevo Día, que la encomienda que recibiría la OCPR comprometa el personal que ahora trabaja en auditorías ordenadas por ley, como la de la Compañía de Turismo.

Valdivieso indicó que tiene dinero para poder reclutar personal. “Tengo plazas vacantes. Pero tenemos más personal… somos la firma de auditoría más grande de Puerto Rico”.

Objetó también el tiempo que le otorga la RCC-63 para realizar su trabajo. La medida dispone que el informe final deberá ser entregado dentro de un término de seis meses a partir de comenzada la auditoría, aunque ese periodo puede ser aplazado seis meses más.

“El tiempo establecido en la resolución no es el adecuado para realizar una auditoría responsablemente”, indicó Valdivieso, al sostener que una vez finalizada la fase de planificación, identificar los objetivos y el tipo de auditoría a realizarse, entonces estaría en una mejor posición de determinar cuánto tiempo necesitaría.

La contralora recordó que la resolución cameral le requiere a su oficina que se determine el propósito de cada emisión de deuda, su legalidad, si tenían fuente de repago al ser autorizadas, para qué se usó el dinero y si se cumplió con lo que se conoce como el “trust agreement”.

La Comisión de Hacienda de la Cámara, presidida por el representante popular Jesús Santa Rodríguez, evalúa tres medidas en torno al tema de la auditoría de la deuda pública, incluyendo la RCC-63.

La medida establece que la Oficia de Gerencia y Presupuesto le asignará $1 millón anual a la OCPR para realizar esta labor y también le requiere a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda, el Departamento de Justicia y la OGP que le brinden el asesoramiento técnico necesario a la OCPR.

Valdivieso indicó a este diario que ese dinero no es suficiente, aunque recordó que la resolución incluye un lenguaje que le permite recibir dinero “fondos adicionales” al dispuesto en el presupuesto con cargo al Fondo General

En su ponencia, Valdivieso indicó que su oficina ha auditado deuda gubernamental en entidades como la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico, la Autoridad de Financiamiento de la Infraestructura, la Corporación de Interés Apremiante y la Autoridad del Distrito de Convenciones. Igualmente, se han publicado informes de emisiones de deuda relacionadas al Tren Urbano, el Superacueducto, el Distrito del Centro de Convenciones , el coliseo José Miguel Agrelot, la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura.

No obstante, la funcionaria sí advirtió a los legisladores que las negociaciones que realiza la JSF con los acreedores y los acuerdos finales aceptados por la jueza Laura Taylor Swain podrían tener un efecto “drástico” en los criterios que tenga que aplicar al hacer las auditorías.

Valdivieso llamó la atención a que la lista de entidades que deben dar apoyo técnico a la OCPR debe ser ampliada para incluir a la Oficina de Instituciones Financieras y la Oficina del Comisionado de Seguros.

Otras medidas discutidas

La Comisión cameral de Hacienda también atendió hoy otras dos medidas: el Proyecto de la Cámara 457 y el Proyecto de la Cámara 506.

El PC-457 es del representante popular José Rivera Madera y crea la Comisión para la Auditoría de la Deuda Pública de Puerto Rico, que tendría la encomienda de auditar la deuda pública desde 1972-73. Estaría integrada por el director de Instituto de Estadísticas y el presidente del Banco de Desarrollo Económico, cuatro miembros de la Asamblea Legislativa, entre otras figuras para un total de 15.

El PC 506, de los representantes Denis Márquez, Mariana Nogales y José Bernardo Márquez propone crear una la Comisión de la Verdad y para la Auditoría Integral de la Deuda Pública de Puerto Rico y tendría la encomienda de realizar una auditoria integral de la deuda, comenzando en el año fiscal 1972-73, comprendiendo cuatro aspectos: auditoría financiera, auditoría forense, auditoría de cumplimiento y rendimiento y auditoría de impacto social.

Esta comisión estará integrada por 17 personas.

En lo que concierne a estas dos medidas, Justicia concluyó que ambas son “legítimas y válidas”. No obstante, la dependencia insistió en que, aunque reconoce que la Legislatura (en el caso del PC-457) tiene toda la facultad constitucional para realizar investigaciones, es la OCPR la que tiene la facultad constitucional, el andamiaje y los recursos para llevar a cabo una auditoría a gran escala, que es lo que propone la RCC-63.

(segundo mensaje – 21 de abril de 2020)

Yesmín M. Valdivieso
Contralora de Puerto Rico

Mediante la Orden Ejecutiva OE-20-33, el Gobierno de Puerto Rico estableció la continuación del estado de emergencia para Puerto Rico hasta el 3 de mayo inclusive. La Orden dispone el toque de queda, cuarentena y cierre gubernamental con excepciones, entre otras. 

En la Contraloría de Puerto Rico seguimos atentos a las instrucciones del Departamento de Salud y del Center for Disease Control and Prevention, https://www.cdc.gov. Queremos que todo nuestro personal cuide de su salud y la de su familia, siguiendo las pautas que establecen las autoridades.

En atención a la emergencia, nuestra Oficina publicó la Carta Circular OC-20-20 que autoriza la extensión hasta por 15 días después de finalizado el Toque de Queda, como fecha límite para registrar y remitir copia de todos los contratos otorgados cuyo término vence durante dicho periodo. Además, mediante la Carta Circular OC-20-21, se extiende hasta el 30 de junio, el remitir los Informes Mensuales del Registro de Nóminas y de Puestos de los meses de febrero, marzo y abril.

Por otro lado, la  Carta Circular OC-20-22, extiende hasta el 30 de octubre de 2020, completar y remitir a nuestra Oficina, el formulario OC-DA-123, Certificación de  Cumplimiento de la Ley 273-2003, Ley de Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías Externas, según enmendada; y de Notificación de Envío de Cartas de Recomendaciones (Management Letters), Informes de Auditoría, Estados Financieros Auditados y Otros, correspondiente al año fiscal 2018-19.

Queremos alertar que si conoce alguna situación sobre el mal uso de la propiedad y los fondos públicos, compras ilegales, contratos no otorgados conforme a las leyes y reglamentos, y otras, puede querellarse a la Oficina del Contralor mediante la plataforma https://querellas.ocpr.gov.pr, o enviando un correo electrónico a querellas@ocpr.gov.pr.

¡Les animo a permanecer en sus casas en espera de que pronto pase la pandemia del Coronavirus.  Cuídense mucho!

Contraloría a sus órdenes…

Yesmín M. Valdivieso
Contralora de Puerto Rico

La gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced, declaró un estado de emergencia para Puerto Rico del 13 al 31 de marzo ante la alerta del coronavirus que causa la enfermedad COVID-19. Este estado de emergencia se ha extendido hasta el 12 de abril de 2020.

La Orden Ejecutiva Núm. OE-2020-023 ordena, entre otras disposiciones, el “cierre total de todas las operaciones gubernamentales y privadas”. A tales efectos, decidimos detener las operaciones de la Oficina para salvaguardar la salud de nuestro personal y los autorizamos a realizar aquellos trabajos que se puedan efectuar de forma remota desde su hogar.

En la Oficina del Contralor le exhortamos a que permanezcan en sus casas y sigan las recomendaciones del Departamento de Salud de Puerto Rico y del Center for Disease Control and Prevention, https://www.cdc.gov.

Aprovechemos para agradecerle a todas las personas que, por su profesión, se exponen al contacto directo con la enfermedad del COVID-19, en particular al personal médico, de enfermería, terapistas y otros.

Le invitamos también, a conectarse con toda la información valiosa que contiene nuestro portal www.ocpr.gov.pr, nuestro canal en YouTube Prensa OCPR y a seguirnos por Facebook y Twitter. Cualquier duda o pregunta, pueden escribirnos al correo electrónico ocpr@ocpr.gov.pr.

¡Hoy más que nunca, cuídense mucho, y permanezcan en su hogar!

Contraloría a sus órdenes.

BRIDGING THE EQUALITY GAP: SAI FEMALE LEADERSHIP
by Yesmín M. Valdivieso, Comptroller of Puerto Rico

“Work with passion as a driving force to make-and carry out-wise choices.”

As a female leader, what has been your most significant challenge? As a female leader,  I have felt empowered to assume important positions in the public sphere, including my most recent positions as Undersecretary of the Department of Treasury and Comptroller of Puerto Rico. My most significant challenge has been to impel audited entities to implement recommendations outlined in the Office of the Comptroller reports.

When you face challenges, what encourages you to push forward? I am inspired and encouraged to push forward by the desire for Puerto Rico to overcome dire economic conditions and reach common good for the citizens.

What advice would you give to increase Supreme Audit institution female leadership? To increase and strengthen female leadership, the leader should follow the mission through teamwork and a high level of professionalism. I would advise to work with passion as a driving force to make-and carry- wise choices.

Reportaje completo: INTOSAI Journal_Spring 2020_Special Contribution

El FBI dijo que logró congelar el dinero luego del ataque por correo electrónico a cuatro corporaciones públicas en envíos de $4 millones en remesas a Retiro

El Nuevo Día – 14 Feb 2020 – JOANISABEL GONZÁLEZ joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com Twitter: @jgonzalezpr

La Compañía de Fomento Industrial reportó a la Policía la supuesta pérdida de unos $2.6 millones.

La Contraloría denunció que lleva años detectando deficiencias en el manejo de los sistemas del gobierno que nunca se corrigen.

El ataque a través de un correo electrónico que sufrió la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y que pudo haber resultado en el robo de sobre $4 millones en fondos públicos en, por lo menos, cuatro corporaciones públicas no afectará el pago de las pensiones.

Sin embargo, es la prueba más reciente de que el gobierno exhibe fallas importantes en sus sistemas o falta de voluntad y recursos para corregirlos, una deficiencia que la Contraloría de Puerto Rico (OCPR) ha señalado por años y que le ha costado millones de dólares al fisco.

De igual forma, según el experto en fraude y contador público autorizado Eduardo González Green, este nuevo incidente en el gobierno supone otro golpe a su credibilidad para manejar el dinero que custodia y ello, a su vez, en la percepción que tiene la isla como administrador de fondos federales, en especial, aquellos que se esperan desde Washington para la reconstrucción tras el huracán María.

“Escuchar esto otra vez, solo da rabia”, expresó la contralora Yesmín Valdivieso a El Nuevo Día, al señalar que la OCPR lleva más de una década, detectando deficiencias en el manejo de los sistemas de información que utilizan agencias, corporaciones públicas y municipios y también en el manejo de cuentas bancarias que nunca se corrigen.

“Ha habido casos de agencias donde los empleados se han ido hace 10 años y todavía tienen acceso a sus cuentas”, fustigó la funcionaria.

“Me temo que esto es más frecuente de lo que se dice en Puerto Rico porque la gente no quiere compartirlo”, indicó, por su parte, González Green, en referencia al ataque cibernético que habría afectado a la ASR. “Y la reputación, con un botón basta”.

A SALVO, LAS PENSIONES Y EL DINERO

En una declaración escrita, el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto García, y el administrador de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), Luis M. Collazo Rodríguez, aseguraron que la situación no afectará los pagos que reciben los pensionados de la ASR.

En tanto, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), a través de su portavoz Limary Cruz Rubio, indicó que esa dependencia federal logró “congelar” el dinero que se alega habría sido transferido a una cuenta fraudulenta, pero no ofreció más información del caso.

“Sí, podemos confirmarlo. El dinero en las cuentas afectadas se congeló, minimizando el impacto al erario público”, indicó Cruz Rubio.

Las declaraciones de Soto García, Collazo Rodríguez y el FBI se produjeron ayer, un día después de que la Policía de Puerto Rico hiciera pública la radicación de una querella por parte de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, en inglés) para reportar la supuesta pérdida de unos $2.6 millones.

Además de Pridco, según el gobierno, otras dos dependencias de la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) también habrían caído en la treta: la Compañía de Turismo, durante diciembre pasado, y la Compañía de Comercio y Exportación (CCE). La cuarta corporación pública perjudicada habría sido la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). En el caso de la CCE y la ACT, el gobierno no ofreció cifras.

Ayer, a las 9:00 am, El Nuevo Día solicitó a la Policía copia de las querellas que se habrían radicado. Al cierre de la edición, todavía no se había entregado la información solicitada.

“La realidad es que esta administración no le abrió la puerta a esta oficina para que se implementen las mejores prácticas que se necesitan”
YESMÍN VALDIVIESO CONTRALORA DE PUERTO RICO

LA GOBERNADORA, LA JUNTA Y LOS FONDOS FEDERALES

“Esto es un esquema. Esto lo hemos visto en otros lugares. No solamente en Puerto Rico. Aquí, no quiero abundar porque es parte de la investigación, (pero) son personas que se hacen pasar y utilizan logos, correos electrónicos oficiales… así que son personas expertas en ‘hackear’ cuentas, agencias de gobierno. Así que todo forma parte de la investigación que tiene el FBI”, indicó la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

“La información que tenemos es que el FBI, con la acción rápida del secretario de Desarrollo Económico, pudimos trazar (dar con el trayecto) del dinero y es bien probable que podamos recuperar todo el dinero”, agregó la mandataria.

Ante este cuadro y pese al informe policiaco que da cuenta del robo a mediados de enero pasado, Vázquez Garced indicó que el gobierno supo de este esquema fraudulento el pasado lunes.

En tanto, la comisionada residente Jennifer González, admitió que el incidente es llover sobre mojado para Puerto Rico.

“Quisiera decir que no, pero una transferencia de esta magnitud levanta unas sombras terribles sobre los procesos en Puerto Rico y los procesos de utilización de fondos públicos”, dijo González. “Es una nube bien grande que afecta la credibilidad de los procesos”.

“Estamos conscientes de la situación que ocurrió, pero no podemos comentar sobre una investigación que está en curso”, dijo el portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Edward Zayas, al agregar que el organismo fiscal “continuará monitoreando el incidente”.

A medida que la noticia del ataque cibernético cobraba fuerza en la discusión pública y las redes sociales y esta se intersecaba con la asignación de fondos federales en Puerto Rico, el directivo de la JSF, Andrew Biggs, dijo en su cuenta de Twitter y a título personal “que el camino de Puerto Rico para salir de la bancarrota y hacia la prosperidad habría sido mejorado con una junta fiscal que fuera más cercana a la junta de control en Washington, D.C., con poderes más fuertes”.

INTRUSO SILENTE

De acuerdo con González Green, cada vez es más evidente que los piratas cibernéticos se han vuelto más sofisticados y están dejando su huella en Puerto Rico.

Relató que recientemente, uno de sus clientes que compra materias primas fuera de la isla -lo que requiere enviar los pagos mediante transferencias electrónicas fue víctima de un ataque.

Explicó que los piratas se adentraron en el sistema de contabilidad de la empresa, específicamente, en las cuentas a pagar y lograron replicar una factura de uno de los suplidores a punto de ser entregada. Los piratas hicieron una llamada telefónica y el personal de la empresa -al ver la supuesta factura en su sistema- entendió que procedía el pago y se efectuó.

Según González Green, el pago efectuado por la empresa llegó a una cuenta de un banco reconocido en el continente, pero de ahí se transfirió a una cuenta bancaria en China, representando una pérdida para el cliente.

“Seguimos pensando que esto solo pasa en películas”, dijo González Green.

Según el experto en fraude, aunque queda por determinarse lo sucedido en la ASR, su firma recién completó la investigación del robo de unos $4.5 millones a otra empresa en la isla y la situación se identificó porque la institución bancaria notificó a la empresa de un movimiento atípico en sus cuentas. La pronta respuesta evitó la pérdida, explicó González Green.

“Esa bandera roja es efectiva en los bancos, que están muy activos y eso es bueno, pero lo mejor es que no pase”, dijo González Green.

En el caso del gobierno, de acuerdo con González Green, la obsolescencia de los sistemas de contabilidad y el hecho de que los sistemas no se comuniquen lo que permitiría que una transacción de nómina, se refleje en un libro de cuentas, por ejemplo, le hacen más vulnerables a este tipo de ataques.

LISTA DE DEFICIENCIAS CRASAS

Pero, según la contralora Valdivieso, responder a un correo electrónico con una instrucción de cambio de cuenta bancaria en una agencia de gobierno, una decisión que supondría la transferencia de millones de dólares, no es tan simple.

Explicó que, por lo general, cuando en una agencia de gobierno se toma ese tipo de decisión, esta suele estar acompañada de una carta o normativa, comunicada a los funcionarios concernidos y divulgada en las páginas de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la propia ASR o el Departamento de Hacienda.

El problema, según Valdivieso y la directora de Auditorías a Sistemas Informáticos de la OCPR, Ivonne Plumey, es la renuencia a cumplir con las guías para el manejo de tecnología, para actualizar las guías que existen y en ciertos casos, la falta de recursos para hacerlo factible.

Y lo mismo sucede con los controles de las cuentas bancarias, aseguraron las funcionarias.

Los ejemplos sobran tanto en el gobierno central como en corporaciones públicas y municipios: gestionar transacciones oficiales desde cuentas personales, no limitar los accesos de un usuario con funciones específicas e incluso, permitir que un mismo empleado pueda realizar diversas funciones de finanzas que requieren controles separados.

Valdivieso sostuvo que ha habido casos de ataques cibernéticos en municipios en los que se han vaciado sus cuentas. Pero como en uno de estos municipios el proceso de conciliación de cuentas era frecuente y se tomó acción rápida con el FBI, el dinero logró recuperarse.

En este reportaje, colaboraron Gloria Ruiz Kuilan, Paola Arroyo, Javier Colón Dávila y Alex Figueroa Cancel.

“Lo importante es que el más mínimo centavo de fondos públicos de Puerto Rico lo podamos recuperar”
WANDA VÁZQUEZ GARCED GOBERNADORA

Recuperación De La Red Eléctrica En Puerto Rico: Se Necesita Mejor Información y Coordinación para Enfrentar Desafíos

https://www.gao.gov/products/GAO-20-143

 Puerto Rico Electricity Grid Recovery: Better Information and Enhanced Coordination Is Needed to Address Challenges

https://www.gao.gov/products/GAO-20-141

Para más información de estos y otros informes del Gao visite: https://www.gao.gov/

Fuente: Editorial de El Nuevo Día
11 de octubre de 2019

Los fraudes contra el caudal y la confianza públicos cometidos por exempleados del Senado agudizan el grave daño que la corrupción causa, no solo a la institución legislativa, sino a las oportunidades de desarrollo del pueblo de Puerto Rico.

La corrupción en instituciones gubernamentales locales ha sido señalada como uno de los factores que han llevado al gobierno federal a imponer mayores controles y condiciones para liberar los millones de dólares de fondos asignados por el Congreso estadounidense para la recuperación de la isla.

Actuaciones delictivas como las que se han producido en esta legislatura, en medio de los grandes desafíos fiscales, entorpecen los esfuerzos de distintos sectores puertorriqueños de recuperar la confianza de los ciudadanos, del gobierno federal y de los mercados de inversión.

Corresponde al liderato legislativo tomar las medidas administrativas y fiscales que fortalezcan la credibilidad de la institución, cuyo deber impostergable y obligado es convertirse en modelo de integridad, formando un sólido frente contra la corrupción.

La reciente declaración de culpabilidad del pasado director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado se suma a anteriores capítulos de corrupción que han mancillado la reputación legislativa. En esta ocasión, el imputado, Ángel Figueroa Cruz, ha reconocido que, entre 2016 y 2018, conspiró para firmar facturas falsas por servicios no rendidos en favor de la entonces coordinadora interagencial del Senado. Además, enfrenta cargos por fraude bancario y por conspiración para cometerlo. La excoordinadora ya había admitido su culpa junto al tercer coacusado, contratista de la Cámara y coordinador político del presidente senatorial en el área de Humacao. Ambos se declararon culpables de cometer fraude electrónico al facturar por servicios que no realizaron.

Las autoridades federales han informado que continúan trabajando en la pesquisa sobre este caso de empleados fantasmas en el Capitolio. Figueroa Cruz era asambleísta municipal de Bayamón y dirigía en el Senado una oficina que emplea a más de 60 personas, entre ellas, a familiares de legisladores y políticos activos o derrotados. La referida oficina senatorial tiene cinco sedes satélites alrededor de la isla y desembolsa $1 millón en contratos por servicios, más $100,000 en alquileres anuales.

La recurrencia delictiva gubernamental, en este caso legislativa, apunta a la falta de celo en la supervisión y fiscalización de la administración y contratación de los haberes públicos. Además, fraudes como el recién desvelado en el Senado contradicen la retórica política del liderato legislativo en favor de empleados y pensionados públicos. Los verdaderos intereses del pueblo se protegen con la sana administración pública.

Nuestra gente se pronunció sin rodeos el pasado verano en contra de la corrupción y la impunidad. Ha exigido a la clase política, incluida la Asamblea Legislativa, transparencia y pulcritud en el uso de los limitados bienes públicos.

La corrupción violenta los derechos de los ciudadanos, porque les niega servicios indispensables. En días recientes, la contralora Yesmín Valdivieso estimó que la corrupción le cuesta al país un promedio de $1,000 millones anuales. Se trata de recursos necesarios para proveer servicios a los estudiantes de educación especial; reducir el recorte a las pensiones; reparar semáforos y carreteras; y mejorar el transporte hacia las islas municipio, entre muchas otras responsabilidades de los líderes en los que el pueblo ha depositado su confianza.

Los actos delictivos admitidos por el pasado director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado y otros participantes en el esquema fraudulento obligan a la legislatura a cerrarles el paso a cualquier asomo de irregularidad.

De la misma manera, corresponde a las autoridades de ley y orden federales y estatales proseguir con las investigaciones que pongan fin al menoscabo de los recursos y las oportunidades de desarrollo de nuestro país.

Disaster Response: FEMA and the American Red Cross Need to Ensure Key Mass Care Organizations are Included in Coordination and Planning
https://www.gao.gov/products/GAO-19-526

Resumen en español:

Respuesta a Desastres: FEMA y la Cruz Roja Americana Necesitan Asegurar que Las Organizaciones Claves del Cuidado en Masa Sean Incluidas en la Coordinación y el Planeamiento
https://www.gao.gov/products/GAO-19-708

Blog en inglés y español: 
https://blog.gao.gov/2019/09/23/the-state-of-recovery-two-years-after-hurricanes-irma-and-maria/

Fuente: EFE/ Hoy Los Angeles
1 de julio de 2019

La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió este lunes una carta circular para orientar a los funcionarios sobre los controles que deben tener para salvaguardar los fondos públicos que se remiten por medio de transferencias a través del Sistema de Pago Electrónico (red ACH).

La Contraloría redactó esta carta con la intención de que se lleven a cabo estos controles, ya sea para el pago directo de la nómina o por bienes y servicios prestados por suplidores del Gobierno por la red ACH.

La red ACH es un sistema de transferencia electrónica de fondos administrado por la National Automated Clearing House Association (NACHA).

Según detalla la carta, el Gobierno de Puerto Rico alineado con esta era informática, estableció la política pública de que todo desembolso de fondos públicos se realice mediante métodos electrónicos.

Como resultado, las entidades gubernamentales han incorporado en sus operaciones y en los servicios que ofrecen una alternativa que le permite hacer todos los procesos de cobro o pago electrónicamente a través de la red ACH.

Ante ello, la Contraloría recomendó a los funcionarios principales de las entidades que utilicen la red ACH para efectuar pagos y el personal designado para trabajar con el proceso de las transferencias electrónicas, entre otras cosas, que consideren varios aspectos.

Entre esos aspectos, están formalizar un acuerdo escrito con la institución financiera donde mantienen sus cuentas, en el cual aceptan regirse por las normas establecidas en la red ACH, y solicitar y obtener el consentimiento por escrito de empleados y suplidores, en el cual se establezca que toda transacción de pago se realiza mediante transferencia electrónica.

Columna de la Contralora
hoy 20 de diciembre de 2018
Endi.com

Los referidos de la contralora

Nuestra Oficina se creó hace más de 66 años. Sin embargo, desde 1901, la función actual del contralor la llevaba a cabo un auditor, nombrado por el presidente de Estados Unidos. Antes de que se me confirmara en el puesto, seis personas ya lo habían ocupado. Cada uno de ellos llevó a cabo y cumplió sus responsabilidades de la mejor manera que entendió. Con mucho respeto a mis antecesores y a su visión, yo impartí la mía. 

Han transcurrido más de ocho años desde mi nombramiento como contralora de Puerto Rico y hemos transformado nuestros procesos y enfoques para servir mejor al propósito de nuestra misión. 

En el pasado ha quedado la práctica de publicar en tres informes lo que se podía decir en uno, para evitar que se interprete esto como un ataque a la unidad auditada o a sus funcionarios. En el pasado ha quedado la práctica de hacer nuestros los hallazgos y las situaciones que había detectado la propia unidad. Ahora, cuando son importantes, los incluimos en la sección de comentarios especiales y damos crédito a la entidad.

También hemos dejado atrás la práctica de dar notas por los controles internos de una entidad, ya que esto se prestaba para uso político. Ni los mejores controles pueden evitar el fraude cuando alguien tiene tan mala intención. Seguimos evaluando y auditando los mismos, pero no damos notas.

A pesar del peso y de la presencia de la Contraloría en la administración pública, hay personas y sectores que aún no entienden nuestra responsabilidad constitucional. Una de las funciones esenciales de nuestra Oficina es la práctica de referir a las entidades con jurisdicción, aquellas situaciones que entendamos deben ser consideradas por las entidades competentes.

Cuando hacemos un referido de situaciones, y a excepción los referidos a la Oficina de Ética Gubernamental, el mismo va acompañado de un memorando legal trabajado por nuestros asesores legales. Nuestra ley habilitadora dispone que la Oficina “tendrá su propio servicio legal”. ¿Y esto para qué? Para que sean nuestros propios e independientes asesores legales (16) los que determinen, desde el punto de vista legal, si existe o no cumplimiento de las leyes. Los auditores detectan las fallas, pero son nuestros asesores legales los que me asesoran sobre si el asunto debe referirse. La determinación final siempre será mi responsabilidad. Cuando un referido no resulta en una acusación o en alguna imposición de multa, no se puede concluir que el mismo no fue correcto. 

Lo cierto es que es nuestra responsabilidad es señalar el incumplimiento. No está bajo nuestro control si el hecho de que por consideraciones de política pública, falta de recursos, financieros o de capital humano u otras razones ajenas al servicio público, nuestros referidos terminen sin consecuencia. Hemos visto cuánto se han trivializado leyes que fueron aprobadas para la protección de los fondos y la propiedad pública.

Tampoco tenemos control del tiempo que se tardan las entidades con jurisdicción para concluir su investigación y radicar cargos. Muchas veces nos preguntan por qué nos tardamos tanto en publicar un informe con señalamiento de posible fraude. La contestación es que el caso fue referido, está bajo investigación de una autoridad competente y no se puede publicar el informe hasta que la entidad nos lo permita.

El mayor poder que tiene la Oficina del Contralor de Puerto Rico es el de auditar, cuestionar, revisar cualquier transacción llevada a cabo con fondos o propiedad pública. Este poder no solo aplica a las entidades gubernamentales, sino a cualquier entidad privada, que reciba una asignación de fondos públicos.

La Contraloría no hace público los nombres y otros detalles de los referidos, hasta tanto la entidad a la que se hace el referido lo determine. Está fuera de nuestro control si alguien utiliza nuestros informes para politiquear o dañar reputaciones.

Continuaremos así cumpliendo nuestra misión y haciendo nuestros referidos a las entidades que correspondan de manera justa y objetiva. Seguiremos con la integridad que caracteriza nuestra labor de fiscalización.