Fuente: EFE/ Hoy Los Angeles
1 de julio de 2019

La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió este lunes una carta circular para orientar a los funcionarios sobre los controles que deben tener para salvaguardar los fondos públicos que se remiten por medio de transferencias a través del Sistema de Pago Electrónico (red ACH).

La Contraloría redactó esta carta con la intención de que se lleven a cabo estos controles, ya sea para el pago directo de la nómina o por bienes y servicios prestados por suplidores del Gobierno por la red ACH.

La red ACH es un sistema de transferencia electrónica de fondos administrado por la National Automated Clearing House Association (NACHA).

Según detalla la carta, el Gobierno de Puerto Rico alineado con esta era informática, estableció la política pública de que todo desembolso de fondos públicos se realice mediante métodos electrónicos.

Como resultado, las entidades gubernamentales han incorporado en sus operaciones y en los servicios que ofrecen una alternativa que le permite hacer todos los procesos de cobro o pago electrónicamente a través de la red ACH.

Ante ello, la Contraloría recomendó a los funcionarios principales de las entidades que utilicen la red ACH para efectuar pagos y el personal designado para trabajar con el proceso de las transferencias electrónicas, entre otras cosas, que consideren varios aspectos.

Entre esos aspectos, están formalizar un acuerdo escrito con la institución financiera donde mantienen sus cuentas, en el cual aceptan regirse por las normas establecidas en la red ACH, y solicitar y obtener el consentimiento por escrito de empleados y suplidores, en el cual se establezca que toda transacción de pago se realiza mediante transferencia electrónica.

Los referidos de la contralora

Nuestra Oficina se creó hace más de 66 años. Sin embargo, desde 1901, la función actual del contralor la llevaba a cabo un auditor, nombrado por el presidente de Estados Unidos. Antes de que se me confirmara en el puesto, seis personas ya lo habían ocupado. Cada uno de ellos llevó a cabo y cumplió sus responsabilidades de la mejor manera que entendió. Con mucho respeto a mis antecesores y a su visión, yo impartí la mía. 

Han transcurrido más de ocho años desde mi nombramiento como contralora de Puerto Rico y hemos transformado nuestros procesos y enfoques para servir mejor al propósito de nuestra misión. 

En el pasado ha quedado la práctica de publicar en tres informes lo que se podía decir en uno, para evitar que se interprete esto como un ataque a la unidad auditada o a sus funcionarios. En el pasado ha quedado la práctica de hacer nuestros los hallazgos y las situaciones que había detectado la propia unidad. Ahora, cuando son importantes, los incluimos en la sección de comentarios especiales y damos crédito a la entidad.

También hemos dejado atrás la práctica de dar notas por los controles internos de una entidad, ya que esto se prestaba para uso político. Ni los mejores controles pueden evitar el fraude cuando alguien tiene tan mala intención. Seguimos evaluando y auditando los mismos, pero no damos notas.

A pesar del peso y de la presencia de la Contraloría en la administración pública, hay personas y sectores que aún no entienden nuestra responsabilidad constitucional. Una de las funciones esenciales de nuestra Oficina es la práctica de referir a las entidades con jurisdicción, aquellas situaciones que entendamos deben ser consideradas por las entidades competentes.

Cuando hacemos un referido de situaciones, y a excepción los referidos a la Oficina de Ética Gubernamental, el mismo va acompañado de un memorando legal trabajado por nuestros asesores legales. Nuestra ley habilitadora dispone que la Oficina “tendrá su propio servicio legal”. ¿Y esto para qué? Para que sean nuestros propios e independientes asesores legales (16) los que determinen, desde el punto de vista legal, si existe o no cumplimiento de las leyes. Los auditores detectan las fallas, pero son nuestros asesores legales los que me asesoran sobre si el asunto debe referirse. La determinación final siempre será mi responsabilidad. Cuando un referido no resulta en una acusación o en alguna imposición de multa, no se puede concluir que el mismo no fue correcto. 

Lo cierto es que es nuestra responsabilidad es señalar el incumplimiento. No está bajo nuestro control si el hecho de que por consideraciones de política pública, falta de recursos, financieros o de capital humano u otras razones ajenas al servicio público, nuestros referidos terminen sin consecuencia. Hemos visto cuánto se han trivializado leyes que fueron aprobadas para la protección de los fondos y la propiedad pública.

Tampoco tenemos control del tiempo que se tardan las entidades con jurisdicción para concluir su investigación y radicar cargos. Muchas veces nos preguntan por qué nos tardamos tanto en publicar un informe con señalamiento de posible fraude. La contestación es que el caso fue referido, está bajo investigación de una autoridad competente y no se puede publicar el informe hasta que la entidad nos lo permita.

El mayor poder que tiene la Oficina del Contralor de Puerto Rico es el de auditar, cuestionar, revisar cualquier transacción llevada a cabo con fondos o propiedad pública. Este poder no solo aplica a las entidades gubernamentales, sino a cualquier entidad privada, que reciba una asignación de fondos públicos.

La Contraloría no hace público los nombres y otros detalles de los referidos, hasta tanto la entidad a la que se hace el referido lo determine. Está fuera de nuestro control si alguien utiliza nuestros informes para politiquear o dañar reputaciones.

Continuaremos así cumpliendo nuestra misión y haciendo nuestros referidos a las entidades que correspondan de manera justa y objetiva. Seguiremos con la integridad que caracteriza nuestra labor de fiscalización.