Así lo reveló una investigación sobre programa que impulsó el gobierno de Puerto Rico este cuatrienio.

Por Metro Puerto Rico - 27 de septiembre 2023

Una auditoría coordinada entre la Oficina de la Contralora de Puerto Rico y su contra parte en Argentina culminó en un informe especial sobre iniciativas para el desarrollo sostenible y fin de la pobreza en Puerto Rico que reveló la inactividad de entes creados por el gobierno, al punto de no haber utilizado fondos asignados para la lucha contra la pobreza.

Se trata de una investigación dirigida por la Auditoría General de la Nación de la República Argentina. En coordinación con auditores de la Contraloría evaluaron la eficacia en la aprobación, el desarrollo y la implementación de acciones basadas en la política pública para reducir la pobreza y la pobreza infantil en Puerto Rico, según establecido en la Orden Ejecutiva OE-2021-039, aprobada por el gobernador el 25 de mayo de 2021 y en la Ley 84-2021, Ley de Política Pública de Puerto Rico para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social, aprobada el 31 de diciembre de 2021.

Aunque se estableció la comisión mediante ley, no se establecieron los mecanismos necesarios para cumplir sus objetivos, ya que no se integraron las iniciativas estatales y federales con las de los gobiernos municipales, las entidades sin fines de lucro y con las del sector privado. Además, la Comisión no había preparado un plan estratégico, ni una lista de los fondos disponibles a nivel federal y estatal, y la ley no incluyó tampoco métodos de participación ciudadana, entre otros.

Para el año fiscal de 2023, se había aprobado un presupuesto de $1,200,000 para sufragar el Programa contra la Pobreza Infantil. Sin embargo, al 20 de enero de 2023, no se habían utilizado estos fondos. Esta situación impidió medir el avance para reducir la pobreza infantil.

Con respecto al logro de las metas para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 y la disminución de la brecha de género, el Informe indica que se implementó una campaña para promover la solicitud del crédito tributario por niño, pero no se establecieron acciones adicionales a la política pública de reducción de la pobreza infantil y la pobreza. Al 6 de octubre se habían radicado 222,327 planillas en el Servicio de Rentas Internas Federal con el reclamo del crédito tributario por niño. Esto representó el 73% del total de las familias que cualificaban. “A largo plazo, no se puede determinar el impacto de estos fondos, ya que no es una ayuda recurrente”, lee el informe.

La auditoría coordinada es realizada por diferentes entidades fiscalizadoras superiores (EFS o entidades fiscalizadoras), ofrece las condiciones necesarias para analizar diferentes perspectivas sobre un mismo tema y, al mismo tiempo, presenta un panorama de cómo es tratado el tema a nivel nacional o regional.

La pobreza, según la ONU, es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, tales como acceso a alimentos, agua potable, servicios de salud, vivienda, educación e información.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico recibió una invitación por parte de la Auditoría General de Argentina para participar de una auditoría coordinada sobre la implementación de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible, Fin de la Pobreza (Objetivo 1), y la mitigación del impacto del COVID-19, con énfasis en la disminución de las brechas de género.

El Informe Especial enumera los programas federales y estatales, y su propósito para mitigar la pobreza por agencia del Gobierno. Además, detalla el importe de las diversas leyes y programas del Gobierno para atender la pandemia del COVID-19 tales como la Ley CARES, Ley CRTRA y la Ley ARPA, entre otras.

Fuente: La Isla Oeste

San Juan. La Contraloría de Puerto Rico publicó una auditoría coordinada sobre la eficacia de las acciones de política pública para: reducir la pobreza y la pobreza infantil, mitigar el impacto del COVID-19, y disminuir la brecha de género.

La auditoría, dirigida por la Auditoría General de Argentina, analiza el panorama de Puerto Rico con respecto al Objetivo de Desarrollo Sostenible, Fin de la Pobreza, según la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

El Informe especial revela que, aunque se estableció un marco legal para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 mediante la creación de una Comisión Asesora por Orden Ejecutiva el 25 de mayo de 2021, esta no estuvo en funciones ni se creó una estructura para su implementación. La Comisión Asesora la formaban 11 funcionarios que sólo se reunieron en una ocasión.

INFORME ESPECIAL OC-24-16

OC-24-16 by La Isla Oeste

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La auditoría indica que la Orden Ejecutiva no incluyó métodos de participación ciudadana ni acciones para disminuir la brecha de género para atender los objetivos. Además, no se nombraron a los ocho representantes de universidades, sector privado y de las entidades sin fines de lucro en la Comisión Asesora.

El Gobierno de Puerto Rico estableció el 31 de diciembre de 2021, la Comisión para Combatir la Pobreza mediante la Ley 84-2021, para reducir la pobreza infantil y la desigualdad social en un 50% para el 2032, entre otros objetivos. Según datos del Censo de los Estados Unidos al 2022, el 42% de la población y el 58% de los menores de 18 años vivían en situación de pobreza en la isla.

Sin embargo, no se establecieron los mecanismos necesarios para cumplir los objetivos, ya que no se integraron las iniciativas estatales y federales con las de los gobiernos municipales, las entidades sin fines de lucro y con las del sector privado. Además, la Comisión no había preparado un plan estratégico, ni una lista de los fondos disponibles a nivel federal y estatal, y la ley no incluyó tampoco métodos de participación ciudadana, entre otros.

Para el año fiscal de 2023, se había aprobado un presupuesto de $1,200,000 para sufragar el Programa contra la Pobreza Infantil. Sin embargo, al 20 de enero de 2023, no se habían utilizado estos fondos. Esta situación impidió medir el avance para reducir la pobreza infantil.

Con respecto al logro de las metas para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 y la disminución de la brecha de género, el Informe indica que se implementó una campaña para promover la solicitud del crédito tributario por niño, pero no se establecieron acciones adicionales a la política pública de reducción de la pobreza infantil y la pobreza. Al 6 de octubre se habían radicado 222,327 planillas en el Servicio de Rentas Internas Federal con el reclamo del crédito tributario por niño. Esto representó el 73% del total de las familias que cualificaban. A largo plazo, no se puede determinar el impacto de estos fondos ya que no es una ayuda recurrente.

El Informe Especial enumera los programas federales y estatales, y su propósito para mitigar la pobreza por agencia del Gobierno. Además, detalla el importe de las diversas leyes y programas del Gobierno para atender la pandemia del COVID-19 tales como la Ley CARES, Ley CRTRA y la Ley ARPA, entre otras El informe especial, cubre el periodo del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022.

Fuente: Periódico La Perla - Fecha: 21 de septiembre de 2023

Un informe de la Contraloría de Puerto Rico reveló, desde el 2018 hasta el primer semestre del año fiscal de 2021, la Oficina Regional Educativa (ORE) de Ponce, no celebró subastas para la adquisición de los servicios de transporte escolar.

Durante este periodo, la Oficina otorgó 407 contratos de emergencia por $7,299,090, por este servicio.

La Oficina de Auditoría Interna del Departamento de Educación, había comentado una situación similar en el 2018.

Además, la auditoría señala que los contratos contenían una cláusula que justificaba que por la falta de un presupuesto definido, no podía cumplir con el proceso de subasta para la contratación de la transportación escolar. Al ser un servicio esencial, el Departamento entonces determinó utilizar el proceso de emergencia.

Del examen realizado, se concluye que la Oficina suscribió contratos de emergencia cada seis meses durante cuatro años fiscales consecutivos.

El Contralor concluye que esta situación propicia que se beneficien a unos proveedores en particular y que no se evalúen otras ofertas.

“La Ley 3-2017, Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico, no es una excusa contractual para no haber llevado a cabo las subastas correspondientes. Por el contrario, la ley es una razón adicional para realizar los procesos de subasta requeridos”, expone el reporte.

La auditoría comenta que, no se pudieron examinar los expedientes físicos de nueve contratos de transportación escolar otorgados del 7 al 12 de agosto 2019, por $1,021,925.

El superintendente notificó que los expedientes estaban ubicados en uno de los edificios afectados por el terremoto del 7 de enero de 2020, al cual no se podía entrar por razones de salud y seguridad.

El Informe le recomienda a la secretaria de Educación, que imparta instrucciones para que se cumpla con la reglamentación aplicable a las subastas de transporte escolar. Este primer informe de la ORE de Ponce, cubre el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de noviembre de 2021, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Cuatro empleados de la zona de Manatí-Dorado recibieron unos $15,892 aunque tenían sus salarios regulares

fuente: El Nuevo Día - fecha: 21 de septiembre de 2023

Cuatro empleados públicos de la entidad conocida como Área Local de Desarrollo Laboral de Manatí-Dorado (ALDL) recibieron pagos del Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA) aunque ninguno perdió su fuente de ingreso principal durante el trimestre de julio a septiembre de 2020.

Según un informe de auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), estos empleados recibieron pagos del PUA emitidos por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) por un total de $15,892 pese a que los cuatro empleados recibieron sus salarios regulares durante ese período de tiempo.

“Además de una verificación de datos adicional, se identificaron otros seis empleados para los cuales el DTRH emitió pagos por beneficios del PUA. No obstante, no se pudo determinar el importe de los beneficios pagados o si los recibieron”, lee el informe.

Como parte de su informe, la OCPR recomendó a DTRH a tomar las medidas pertinentes tras la revelación del desembolso de estos fondos del PUA y exhortó a la directora ejecutiva de la oficina a también tomar cartas en el asunto.

El informe de auditoría detalló, además, que esta entidad también adquirió el marbete de un autobús pesado sin cumplir con los requisitos de ley.

Mediante entrevista y certificación del 4 y 10 de agosto de 2022, el agente comprador informó que el 14 de junio de 2022 entregó la licencia del autobús al dueño de una estación de inspección, ubicada en el municipio de Barceloneta, quien procedió a expedirle el certificado. Esto, sin haber inspeccionado dicha unidad. El 30 de junio de 2022 el agente comprador adquirió el marbete para el autobús en una colecturía ubicada en Arecibo.

De acuerdo con el documento, ALDL es un “área de prestación de servicios” que recibe fondos federales para adiestramientos y empleos y recibe fondos por parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

El proyecto no tuvo utilidad ni redundó en beneficio de la universidad, ni del interés público

Fuente: Cybernews-12 de septiembre 2023

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó hoy, martes, el resultado de una investigación sobre alegadas irregularidades con la adquisición del licenciamiento e implementación de una plataforma para el desarrollo de un programa de educación a distancia en la Universidad de Puerto Rico en Carolina (UPRCa).

La investigación reveló que UPRCa pagó $254,881 dólares por la adquisición de la plataforma, que no se implementó y que hubiese permitido la creación de aulas virtuales, acceso al portal institucional y la participación desde múltiples dispositivos electrónicos, según establece el contrato formalizado el 20 de diciembre de 2019.

Sin embargo, la plataforma no se estaba utilizando, no se encontró evidencia del plan de trabajo para su implementación, y no se realizó un estudio de necesidad y viabilidad. Esta situación se atribuye a los cambios de personal en las oficinas del Decanato de Asuntos Académicos y del Rector del recinto que afectaron los servicios, las fechas y el desarrollo de este proyecto.

Al respecto, el 9 de diciembre de 2022, el Rector notificó al contratista la terminación del contrato.

La institución educativa invirtió recursos en un proyecto que no tuvo utilidad ni redundó en beneficio de la universidad, ni del interés público.

El Informe recomienda al Rector, entre otras, que para inversiones futuras se planifique adecuadamente la contratación según establece la “Política ATI-013 de la Carta Circular 140-16, Normas Generales sobre la Implantación de Sistemas, Compra de Equipos y Uso de la Tecnología de Información para los Organismos Gubernamentales, del 2016″.

Este informe del 31 de agosto de 2023 está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Fuente: Metro - 28 de junio de 2023

Según un informe de la contralora Yesmín Valdivieso, Educación pagó $335,793 por servicios de agua y luz en escuelas cerradas desde el 2017

La Contralora Yesmín Valdivieso emitió el miércoles una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Oficina Regional Educativa de Mayagüez (OREM) del Departamento de Educación.

El Informe de un hallazgo revela que, el Departamento de Educación pagó 335,793 dólares por servicios de agua potable y energía eléctrica en escuelas cerradas desde el 2017.  La suspensión de estos servicios se produjo hasta cuatro años después del cierre.  Del 2017 al 2018 se cerraron 90 escuelas en la región educativa de Mayagüez.

De hecho, al 7 de julio de 2022, el Departamento pagó 47,379 dólares por concepto de siete cuentas de energía eléctrica que se mantenían activas o en uso en tres de las escuelas cerradas. Estos pagos innecesarios se pudieron haber utilizado en las operaciones del Departamento y, además, personas ajenas pudieron haberse beneficiado de los servicios de agua y luz en las escuelas.

De las visitas realizadas a diez de las escuelas cerradas, se identificaron ocho en estado de abandono, cinco de ellas vandalizadas y llena de escombros. Los auditores encontraron también, equipos y materiales de instrucción abandonados, parafernalia de sustancias controladas, personas ajenas a la institución, y una de las escuelas servía de establo para 14 caballos.

La Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, no prestó el mantenimiento a las escuelas cerradas y el Departamento tampoco impartió instrucciones al respecto.

Además, cuatro de las escuelas visitadas tenían documentos administrativos y académicos confidenciales, y no se localizaron documentos relacionados al cierre tales como: el inventario físico, hoja de materiales transferidos, o la certificación de disposición de equipo preparada por el director escolar, entre otros.

La auditoría comenta que el Departamento no midió el cumplimiento de los objetivos del proceso de consolidación y cierre de las escuelas. Un ayudante especial del secretario y el superintendente de la OREM confirmaron que no contaban con información sobre el impacto económico, impacto en los estudiantes, y la calidad de servicios ofrecidos tras el cierre de escuelas.

Los auditores identificaron cuatro planteles escolares bajo la custodia del Departamento de Transportación y Obras Públicas, ocupados por dos municipios y dos corporaciones sin fines de lucro sin contar con un contrato de arrendamiento por escrito. Una de las escuelas servía de Head Start del Suroeste y Early Head Start. Otro de los planteles lo ocupaba una corporación sin fines de lucro cuyo presidente usaba uno de los salones como su residencia.

Este primer informe de la Oficina Regional Educativa de Mayagüez cubre el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2022, y está disponible en  www.ocpr.gov.pr.

Según informe de la Contraloría de Puerto Rico

Fuente: Cybernews/ El Vocero-26 de mayo 2023

Un informe reciente de la Contraloría de Puerto Rico evidenció que el Municipio de Lares realizó un proyecto de construcción de plataformas para nichos en el cementerio municipal sin obtener el debido permiso.

“El permiso de construcción para mejoras a la pista atlética Julio C. Morales, que costó 183 mil 384 dólares, se obtuvo seis meses después de iniciar los trabajos”, declaró la Contraloría. “Estas situaciones impidieron que la Oficina de Gerencia de Permisos pudiera ejercer su función reguladora antes del inicio de la construcción”, añade.

“En seis de las 14 cotizaciones para tres de los cinco proyectos examinados, no se identificó quién las solicitó y las aceptó”, lee el informe. “Estas deficiencias propician la comisión de irregularidades en los procesos”.

El informe también revela que dos acuerdos del Municipio con una entidad sin fines de lucro no recibieron aprobación de la Legislatura Municipal antes de su formalización en 2019 y 2020. Además, el acuerdo de 2019 no se remitió al Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, y el de 2020 se registró dos años y medio después de su formalización.

Se identificó que el Municipio de Lares no mantuvo un control continuo y eficaz de las finanzas y operaciones, ya que la Oficina de Auditoría Interna no realizó auditorías en áreas de materialidad y riesgo, por ejemplo, en compras y desembolsos con los fondos para atender la emergencia del COVID-19.

“El Municipio de Lares no informó 46 de los 55 accidentes y hurtos a la Contraloría de Puerto Rico”, advirtió el informe. “Además, no se realizaron investigaciones administrativas en 34 incidentes. Esto impide que el Municipio pueda determinar las causas de los incidentes y tomar las medidas correspondientes”.

Las deficiencias con las actas de la Legislatura Municipal, la falta de un reglamento para el personal de confianza y un reglamento para el uso de ponchadores biométricos son otras situaciones que el informe señala como preocupantes.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto debe asegurarse de que el Municipio de Lares cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor, concluye el informe. El documento cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2022.

El informe fue referido al Departamento de Justicia

Fuente: Cybernews-22 de mayo 2023 

Un informe de la Contraloría de Puerto Rico que fue referido al Departamento de Justicia reveló que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) pagó más de un millón de dólares a la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) sin un contrato escrito.

Según la auditoría, el DCR pagó un total de $1,691,571 a la agencia gubernamental el 13 de septiembre del 2018 por el reembolso de gastos incurridos en el análisis del desarrollo de dos instituciones correccionales, bajo la modalidad de alianzas público-privadas. El mismo incluía $1,383,124 de los trabajos realizados por la Autoridad relacionado con el proyecto, $165,974 por cargos por servicios y $142,473 por intereses de la línea de crédito.

El análisis de la Contraloría indica que el Departamento de Corrección no formalizó un contrato escrito de asistencia con la Autoridad.

“La ausencia de contratos escritos, puede propiciar que se presenten reclamaciones fraudulentas e ilegales”, advirtió la Contraloría en el informe.

Además, la auditoría también reveló que el Departamento de Corrección y Rehabilitación no ha utilizado el equipo tecnológico de dos de los siete laboratorios educativos, adquiridos por trescientos trece mil, setecientos siete dólares, a pesar de haber transcurrido más de dos años desde su instalación.

“Esto no solo supone un despilfarro de recursos, sino que priva a los internos de la oportunidad de adquirir nuevas habilidades y conocimientos”, añade el informe de la Contraloría.

El informe también evidenció el pago de diecisiete mil, ochocientos sesenta dólares a un contratista por horas de adiestramiento no realizados.

Se detectaron, además, múltiples desviaciones de la reglamentación en relación a los contratos de servicios profesionales y consultivos y deficiencias en el procesamiento de facturas para pago.

Finalmente, el informe destacó un caso en el que una contratista facturó diecisiete mil, seiscientos setenta y dos dólares por trabajos en horarios que confligían con otros trabajos facturados a otras entidades gubernamentales.“Estas situaciones se remitieron a la consideración del secretario de Justicia el 12 de mayo de 2022″, concluyó la Contraloría.

Fuente: CyberNews/El Vocero-31 de mayo de 2023

El informe señala que el municipio no registró en su sistema de contabilidad los comprobantes de desembolso de 24 de 51 transferencias electrónicas

La Contraloría de Puerto Rico emitió el martes, una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del municipio de Humacao. 

Según el informe, el municipio proporcionó $24,959 como capital en exceso a las resoluciones aprobadas por la Legislatura Municipal, para establecer la Empresa Municipal para el Desarrollo Económico, Cultural, Recreativo y Deportivo.

“El hecho de no obtener el consentimiento de la Legislatura, impide cumplir con su responsabilidad de evaluar la asignación de fondos”, detalla el informe.

Entre 2012 y 2019, el municipio desembolsó un total de $3,943,284 a la Empresa Municipal.

El informe de la Contraloría señala que el municipio no registró en su sistema de contabilidad Monet GFS, los comprobantes de desembolso de 24 de las 51 transferencias electrónicas que realizó a la Empresa Municipal del 2016 al 2019. Esto representa $1,594,391 de un total de $3,352,922 transferidos en parte para realizar mejoras al Centro de Bellas Artes y al Coliseo.

La Empresa Municipal no formalizó contratos escritos por servicios de arquitectura por los que desembolsó $24,165.

Además, tampoco se formalizaron contratos escritos por los servicios prestados como director ejecutivo, del también director de Finanzas del Municipio, desde el 2014 al 2018 por $34,025. El informe finaliza con una recomendación a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure de que el Municipio de Humacao cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

Como parte de las buenas prácticas en comunicación interna, en la Oficina del Contralor se rediseñó la Revista institucional NotiContralor-e. Incluimos un video preparado por el equipo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) que presenta a la Directora de Prensa y Comunicaciones de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, explicando esta estrategia de comunicación interna.

Por otro lado, La Gerente de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Oficina del Contralor de Puerto Rico nos presenta la herramienta de comunicación interna Help Desk, el cual permite un mayor control y estatus de las peticiones que hacen los compañeros al área.

Evolución y tendencias sobre el fraude de fondos públicos
Por: Marielis Rivera Márquez
Directora  – Centro de Desarrollo Profesional
y Actividades Especiales

El personal de auditoría de nuestra Oficina participó del adiestramiento Evolución y tendencias sobre el fraude de fondos públicos. El adiestramiento, realizado el pasado 18 de mayo, contó con los conferenciantes: el exdirector de la Oficina de Ética Gubernamental, Lcdo. Hiram R. Morales Lugo, y la exfiscal federal, Lcda. María Domínguez.

Semana Digital
Del 14 al 20 de mayo de 2023

La Oficina del Contralor se une a la celebración de la semana digital en Puerto Rico para reconocer los avances logrados y para apoyar toda iniciativa que nos posicione como una Contraloría moderna y tecnológica. Gracias a la transformación digital, podemos cumplir mejor la misión de fiscalizar las transacciones de los fondos y la propiedad pública, así como contribuir de forma eficaz al logro de una administración pública de excelencia.

El mundo digital abarca todos los órdenes de nuestra vida. En nuestra institución, implantamos herramientas digitales, tecnologías de vanguardia y dispositivos inteligentes, que nos ayudan a contar con una estructura ágil y efectiva. Algunos ejemplos para destacar son: la Mecanización de Formularios en la División de Finanzas, la aplicación del Control del Progreso de las Auditorías que integra las bases de datos y permite simular proyecciones, así como la optimización de la aplicación del Business Intelligence para fortalecer la eficiencia de los procesos de auditoría y apoyar la toma de decisiones oportunas.

También agradecemos los avances en el campo digital, que la destreza y creatividad de los compañeros han realizado para el beneficio de esta institución y de los ciudadanos. 

Muchas felicidades a todos esta semana y seguiremos adelante en el desarrollo del mundo digital
en la Contraloría de Puerto Rico.  

Yesmín M. Valdivieso
Contralora

Fuente: metro.pr

Un informe de la Contraloría de Puerto Rico reveló que el alcalde del Municipio de Juncos, Alfredo “Papo” Alejandro Carrión, modificó sin aprobación de la legislatura de Juncos el propósito de la compra de un colegio en el cual se construyeron dos habitaciones tipo hotel.

El informe indica que en 2009, Juncos adquirió el antiguo Colegio Corazón de María por 2.5 millones de dólares para desarrollar una escuela de cursos vocacionales e incluir un área para niños con impedimentos. Sin embargo, el alcalde modificó el propósito inicial sin aprobación y en 2019 construyó dos habitaciones tipo hotel, cuyo proyecto se encontraba detenido en febrero de 2022.

“El alcalde modificó el propósito para el cual el habían aprobado la adquisición de la propiedad, sin contar con la aprobación de la legislatura municipal, es decir, de una escuela para cursos vocacionales a un hotel. No fue hasta el 25 de abril de 2022 que, mediante la Ordenanza 18, la Legislatura Municipal enmendó la Ordenanza 9, para cambiar el uso propuesto de las instalaciones adquiridas al de un hotel de aproximadamente 50 habitaciones, y espacios comerciales para el alquiler de pequeñas y medianas empresas. La aprobación del cambio de uso se realizó 12 años y 6 meses después de la aprobación de uso original de la propiedad, y 3 años y 6 meses después de que se contratara la construcción de las habitaciones modelo”, lee el informe.

Del mismo modo, se señala que el municipio no realizó un estudio de viabilidad y mercadeo para el desarrollo del proyecto hotelero en la estructura adquirida previo al desembolso de $63,320 invertidos en la construcción de las habitaciones modelo.

La auditoría señala también que no se realizó un estudio de viabilidad y mercadeo para el proyecto hotelero y que la Unidad de Auditoría Interna no realizó auditorías de los sistemas de información en 2021. Además, se encontraron irregularidades en la adjudicación de proyectos de construcción y en la entrega de fianzas por parte de contratistas.

El informe recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto asegurar el cumplimiento del Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

Fuente:jayfonseca.com - Cynthia López Cabán
01/05/2023

Un informe de la Oficina de la Contralora concluyó que el Municipio de Guaynabo invirtió $15,921,660 en la construcción del Museo de la Música Rafael Ithier, que no ha tenido utilidad ni ha redundado en beneficio del interés público.

La auditoría, divulgada hoy, consignó que del 2013 al 2017, se formalizaron 16 contratos y 22 enmiendas con cinco contratistas para servicios de diseño, construcción, inspección, supervisión y estudio de suelo. El ayuntamiento desembolsó $11.2 millones en las labores de reconstrucción del museo, que ubica en la antigua escuela elemental Román Baldorioty de Castro. Gastó otros $4.4 millones en el diseño.

Los trabajos del museo iban a todo vapor cuando el convicto exalcalde Héctor O’Neill renunció en medio de una investigación por hostigamiento sexual en junio de 2015. A su llegada a la alcaldía, el ahora convicto exalcalde Ángel Pérez Otero abandonó la iniciativa, que a su llegada al poder el hijo de Héctor O’Neill y actual alcalde, Edward O’Neill anunció que retomaría.

El año pasado Edward O’Neill indicó al periódico Primera Hora que el Museo de la Música abriría para principios del 2023, pero la apertura todavía no ha ocurrido.

En total, la auditoría, que comprende el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2020, identificó cinco señalamientos.

El ayuntamiento también compró una planta de concreto mezclado por $221,158 a un proveedor de Kentucky, para producir concreto de alta calidad. De esa cifra, pagó $205,387 por el equipo y $15,771 por servicios de transportación y embarque hacia Puerto Rico. La adquisición de esta maquinaria, según una auditoría, tenía el propósito de reducir los costos de construcción del municipio y dar servicios de hormigón a otros municipios y empresas privadas. Sin embargo, esta inversión no ha tenido utilidad ya que la planta está deteriorada, cubierta de vegetación y no se había instalado.

“En una inspección realizada el 16 de julio de 2020, por nuestros auditores y un empleado municipal, se observó que la planta no se había instalado. Esta se encontraba en los terrenos del Departamento de Obras Públicas, deteriorada y cubierta por vegetación”, reveló la auditoría de 29 páginas.

Pero además de desembolsar millones largos para iniciativas que no tuvieron ninguna utilidad, la auditoría encontró, que el municipio no celebró una subasta para adquirir los módulos de juego o playground del parque pasivo de Torrimar por $124,294 . El Reglamento Municipal dispone que para compras que exceden los $100,000, se tiene que celebrar subasta. En su lugar, el Municipio solicitó cotizaciones a cuatro proveedores.

El Municipio desembolsó otros $29,450 para el pago de tres multas por violaciones a reglamentos relacionados con el manejo de desperdicios sólidos, control de erosión, trámites de permisos generales. Además, pagó una penalidad por condiciones de trabajo no seguras estipuladas en la reglamentación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en ingles). Estas situaciones tienen el efecto de reducir los recursos disponibles, y pueden ocasionar daños ambientales y pleitos judiciales innecesarios.

Los auditores detectaron que del 2015 al 2018, el Municipio realizó 907 pagos por $35,578,580, mediante transferencias electrónicas, sin reglamentación para este tipo de procesamiento de pagos. Además, no suministraron para examen 17 desembolsos y sus justificantes correspondientes al pago de obras de construcción por $870,147, y no se marcaron como pagados los justificantes de siete comprobantes de desembolso por la suma de $242,206. Estas deficiencias no permitieron verificar la corrección y propiedad de dichos desembolsos.

Como parte del análisis de su oficina, la contralora Yesmín Valdivieso incluyó un comentario especial sobre la presentación de cargos y convicción del entonces alcalde Ángel Pérez Otero, quien renunció al cargo el 16 de diciembre de 2021 y después de que agentes federales lo arrestaran en su residencia. El 22 de marzo de 2023 un jurado lo encontró culpable de cargos de soborno, extorsión y conspiración por recibir dinero del convicto contratista Oscar Santamaría a cambio de contratos municipales para sus empresas.

Fuente:  Metro Puerto Rico - 02 de mayo 2023

Hace 11 años el gobierno recibió el control de los terrenos de la antigua base naval Rosevelt Roads, sin embargo una auditoría publicada hoy por la Oficina de la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, revela que las instalaciones de la Estación Naval se encuentran deterioradas y no se están utilizando.

El traspaso de las Parcelas I y II de la antigua Base Naval Roosevelt Roads se completó entre 2012 y 2013 bajo las administraciones de los exgobernadores Luis Fortuño y Alejandro García Padilla.

En tanto, en el periodo que cubre la auditoría, del 1 de julio de 2016 al 15 de septiembre de 2021, señala que al cabo de nueve años transcurridos desde la transferencia de tres parcelas a la Autoridad, y realizar inversiones por $30,792,029, sólo tenía 14 proyectos con 17 arrendatarios que ocupaban una tercera parte de los acres de terreno de la Autoridad. Mientras mantiene una deuda de $24,498,168,

Por otro lado, apunta a que la Autoridad no había contratado un desarrollador maestro, tras una evaluación de ocho proponentes en el 2014, y de realizar gastos al respecto por $459,455.

Además, tras formalizar un contrato con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, para otorgar un préstamo por $4,936,000 y recibir una subvención de $666,200 con el propósito de llevar a cabo mejoras al sistema de agua potable, esta se encuentra en fase de comenzar el proceso de subasta.

A junio de 2021, sólo se habían creado 392 empleos, según los informes de Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

La auditoría le recomienda al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, tomar las medidas que correspondan con respecto al retraso en el redesarrollo de los terrenos y las instalaciones de la Estación Naval.

El informe señala, además, que la Autoridad no requirió a tiempo itinerarios de trabajo e informes de progreso en contratos de arrendamiento formalizados del 2015 al 2018 para la operación del astillero y de un dique seco y para el desarrollo de una comunidad resort de alquiler residencial.

“El cumplimiento de estos requisitos contractuales se produjo, hasta cuatro años más tarde con los itinerarios y hasta dos años más tarde con los informes de progreso. Estas situaciones no permiten tener un control del estatus de los trabajos ni supervisar el cumplimiento de los contratos”, establece la contralora.

Fue en julio del 2020 que la exgobernadora Wanda Vázquez colocó la primera piedra del primer proyecto para el desarrollo de las tierras, que consistía en la rehabilitación de unas 700 casas militares para convertirlas en villas de hotel.

En tanto, el informe también señala que la Autoridad no mantiene un expediente técnico por proyecto y la Junta no suministró a examen, evidencia de que el director ejecutivo haya presentado tres de los cinco planes de trabajo, ni seis presupuestos. “De este modo, la Autoridad no pudo ejercer un control adecuado del archivo, y además, se dificulta la labor fiscalizadora de los auditores de la Contraloría”, menciona.

Fuente: TeleOnce - Programa, El Poder del Pueblo.
marzo 27, 2023

El Nuevo Día
27 Mar 2023 por: Maricarmen Rivera Sánchez

“(Los municipios) no hacen inventarios anuales y,
si no tienes un inventario, no puedes saber si se te perdió algo o si lo robaron”

Un análisis de la Oficina del Contralor confirma que continúan todo tipo de irregularidades al otorgar contratos, adquirir bienes y hasta el pago de cuentas privadas como el agua y la luz con fondos públicos

Mientras todavía se digiere la culpabilidad del ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, por aceptar sobornos a cambio de favorecer al ex contratista Oscar Santamaría, un análisis de la Oficina del Contralor (OCPR) que surge de múltiples auditorías contables denota que las malas mañas -con dinero público- siguen siendo la orden del día en los municipios.

La contralora Yesmín M. Valdivieso recopiló los hallazgos más comunes que han encontrado los auditores de la OCPR en los municipios y recientemente, presentó el informe en el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA).
En síntesis, podría decirse que uno de cada tres municipios auditados entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de diciembre de 2022, no siguieron las leyes y reglamentos ya vigentes.

Por ejemplo, en el renglón de obras permanentes, los auditores de la OCPR encontraron que las obras se realizaron sin permiso; hicieron trabajos sin formalizar contratos, faltaba información en las facturas y los estudios de viabilidad brillaban por su ausencia.

TRUCOS PARA EVADIR LAS SUBASTAS
Uno de los hallazgos más comunes es la práctica de fraccionar el costo de la obra de construcción para evadir los topes que obligan a realizar subastas para cada trabajo.
Encontraron, además, frecuentemente, que en los municipios se pagan servicios profesionales sin que medie un contrato y en ciertos servicios –de relaciones públicas, ingeniería, arquitectura, plomeros y electricistas– se contratan personas que carecen de las debidas licencias que exige el estado. Otra de las fallas frecuentes es que, a la hora de requisar bienes, se solicitan con demasiada especificidad. Por ejemplo, en vez de requerir la compra de un vehículo, se ponen detalles como la marca que quieren adquirir.
“Se supone que si quieres decir que quieres una SUV, pues no tienes que decir que sea de tal marca. Cuando vemos que describen demasiado lo que quieren también se considera mal porque la idea no es que compres el carro que tú quieras, es que compres uno que pueda suplir las necesidades de la entidad”, indicó Valdivieso.
En los municipios, de igual forma, es frecuente encontrar empleados nombrados por demasiado tiempo en puestos transitorios y pagos indebidos de liquidación de licencias.

PAGA CON CARGO AL MUNICIPIO
Otro de los hallazgos comunes se relaciona al robo de fondos públicos. En su informe, la contralora detalló como uno de los hallazgos más comunes en los municipios es la apropiación de fondos públicos y utilizar cuentas bancarias del municipio para pagar cuentas privadas de agua, luz, cable y préstamos personales.
Además, según la OCPR, la pérdida de propiedad e incluso hurtos que se notifican muy tarde a las autoridades son la orden del día.
Según Valdivieso, una de las razones para que la pérdida de bienes públicos sea tan común es que los ayuntamientos no cuentan con un registro de la propiedad municipal.

“En varios informes hemos dicho que no se están reportando todas las pérdidas y la razón por la que no se reportan es porque no hacen inventarios anuales y si no tienes un inventario, no puedes saber si se te perdió algo o si lo robaron”, afirmó.

Los informes de la OCPR son públicos y, en caso de tener hallazgos, son referidos al Departamento de Justicia y a otras entidades fiscalizadoras.
Valdivieso reconoció que no le complace ver que se repiten los mismos señalamientos en las auditorías año tras año.
“No estoy complacida del todo. Nadie me puede cuestionar que le he puesto las herramientas necesarias en las manos, damos adiestramientos mensuales porque ahora -el curso de contratación es obligatorio- son de ocho horas. Las herramientas las estamos dando. No es que estamos exigiendo cosas y los dejamos ahí a ver cómo sobreviven”, dijo la CPA.

Alejandra Jover, EL VOCERO 23/03/2023

Valdivieso señaló que con la campaña “Alto a la corrupción” de la División de Investigaciones Especiales de su agencia, han logrado cursar varias querellas gracias a información provista por el público. >Archivo / EL VOCERO

Se proponen recuperar el dinero de fondos públicos implicados en esquemas de corrupción

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó ayer que implementará mecanismos legales para recobrar los fondos públicos implicados en esquemas de corrupción de los funcionarios de gobierno o de contratistas privados que se han lucrado ilegalmente de las arcas gubernamentales.

“Vamos dirigidos a recuperar el dinero del pueblo puertorriqueño. Junto al gobernador, Pedro Pierluisi, hemos estado evaluando distintos mecanismos para atajar la corrupción pública, como parte del plan de seguridad y la política anticorrupción de esta administración. Entre estos, se encuentran la posibilidad de iniciar demandas civiles en recobro del dinero público malversado o apropiado ilegalmente, ya sea por parte de funcionarios o personas del sector privado que le han fallado a Puerto Rico. Para esto tendremos que realizar una evaluación caso a caso. Queremos que devuelvan lo que le han robado al pueblo”, expresó el secretario de Justicia en comunicado de prensa.

El año pasado el gobernador aprobó una enmienda al Código Penal de Puerto Rico, mediante la Ley 76-2022, que dispone la pena de restitución, ya sea en dinero, mediante la prestación de servicios, o la entrega de los bienes ilegalmente apropiados.

“A través de este estatuto, podríamos recobrar el dinero en el procedimiento penal”, explicó Emanuelli Hernández.

La contralora Yesmín Valdivieso —a raíz del caso que se ventila en el Tribunal federal contra Ángel Pérez, el exalcalde de Guaynabo— indicó a EL VOCERO que muchas de las personas convictas por actos de corrupción tuvieron que entregar lo que tenían al gobierno federal, pero no sabe si las entidades federales lo devolverán al fisco.

“Ciertamente, lo que son fondos públicos se supone que se recobre, punto, y esa gestión le corresponde al secretario de Justicia”.

“Que tengan dinero para pagar, son otros veinte pesos. Que se determine que son fondos públicos es otro asunto; muchos de estos dineros salieron de las cuentas personales de los que hicieron los pagos, y que puedas pensar que los dineros que tenían salieron de fondos públicos es un poco más complicado de evidenciar”, explicó Valdivieso.

“Pero la regla general es que fondos públicos perdidos son fondos que tienes que recobrar”, recalcó.

“¿Recobrar ese dinero resarce el daño público?”, preguntamos.

“El daño que se ha hecho jamás va a ser verdaderamente borrado”, respondió la contralora.

En referencia a la visita de Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, luego del huracán María, alertó que “cuando te ponen la etiqueta de ‘Mira todos los corruptos que existen en Puerto Rico’, es muy difícil quitarles esa idea a las personas”.

Valdivieso concede que hay personas corruptas en todos los niveles de la sociedad, pero la culpa cae sobre todo el mundo.

“Somos muchas personas decentes que trabajamos y no le tenemos que robar a nadie. Hay gente que estaba robando porque sencillamente lo podían hacer”, indicó.

“El daño está hecho. Van a pasar muchos años de que esta mala fama se olvide”, lamentó.

La contralora agregó que en actos de corrupción se pierde el 5% del producto bruto en el mundo, “y estamos hablando de trillones de dólares. Es un mal mundial, pero desgraciadamente de esa gente no se saben los nombres. Aquí conocemos quiénes son y quiénes le fallaron al pueblo de Puerto Rico, y eso es muy difícil de tragar y perdonar”.

Denunciar la corrupción

Valdivieso señaló que con la campaña Alto a la corrupción, de la División de Investigaciones Especiales de la agencia, han logrado cursar varias querellas fundamentadas en información provista por el público.

Las personas pueden denunciar el daño o descuido a la propiedad mueble o inmueble del gobierno, apropiación o malversación de fondos públicos, compra ilegal de materiales o equipo, irregularidades en las subastas, intervención indebida en el proceso de compras, contratos onerosos al erario o que se hayan otorgado en violación a las leyes y a reglamentos, y empleados “fantasmas” que reciben salario sin trabajar.

“Nunca podríamos saber si alguien está cometiendo actos de corrupción a menos que alguien se moleste, se canse y lo denuncie”, expresó Valdivieso.

“Parar la corrupción es posible, pero necesitamos que, si conoce a alguien cometiendo actos ilegales, se comunique con nosotros”, señaló.

Además de la Oficina del Contralor, las querellas pueden ser radicadas en la Oficina de Ética Gubernamental, el Departamento de Justicia, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) o la Oficina del Procurador de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Vital la transparencia

Manuel Quilichini, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, coincidió con Valdivieso en que le corresponde a Justicia recobrar el dinero perdido a causa de la corrupción.

“Le toca al Departamento de Justicia porque es el bufete de Puerto Rico, no solamente en la parte criminal sino también en la parte civil. Así que en ese sentido coincido con Yesmín Valdivieso en que a Justicia le toca recobrar el dinero robado”, indicó.

“En cuanto a si lo debe hacer o no, yo entiendo que nos han robado mucho dinero, la gente confiesa libremente que nos ha robado pero entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Puede que sea ir a prisión, pero a veces es por un periodo corto de tiempo. Las personas que han robado se han lucrado increíblemente; solamente veamos el caso de Víctor Fajardo, que se robó millones de dólares, que es dinero del pueblo. Yo entiendo que la ley está para el recobro”, puntualizó el abogado.

Agregó que recobrar el dinero puede ser difícil porque los funcionarios lo gastan y no les queda nada.

“Francamente yo creo que tratar de recobrar el dinero puede ser bien cuesta arriba, pero el intento se debe hacer porque es un disuasivo a los que quieran seguir robando. En cuanto a la confianza en nuestras instituciones, lo que necesitamos es transparencia. El gobierno hace muchas cosas de espalda al público y eso es lo que causa la suspicacia. Si supieran poner todo sobre la mesa —quién se gana una subasta, cuánto se paga— la transparencia ataca la raíz de la corrupción”, abundó Quilichini.

Para conocer más sobre el programa Alto a la corrupción y hacer denuncias de forma anónima, visite https://www.ocpr.gov.pr/querellese/

La periodista Glorimar Velázquez colaboró en esta historia.

Semana y día de la Mujer
5 al 11 de marzo y 8 de marzo de 2023

Recordemos esta semana
los actos de valor y sacrificio alcanzados por la mujer
en todos los ámbitos de la vida.

Y que esta celebración sea un motivo de reflexión
y aliciente para alcanzar nuevas metas personales y profesionales.

Aprovechamos para invitarlos a participar mañana del evento conmemorativo
del Día Internacional de la Mujer organizado por la OLACEFS:
¿Cómo lograr la igualdad cuando hay corrupción?

¡En la Contraloría nos unimos a este noble propósito
y agradecemos la contribución única de la mujer al cumplimiento de nuestra misión!

Yesmín M. Valdivieso
Contralora

Fecha: 27 de febrero de 2023
Por: Lcda. Loida E. Pazo Díaz, JD, LLM, CFCE - Ayudante Ejecutiva de la OARE, Oficina del Contralor

El 24 de febrero el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico celebró la 1^era Conferencia Anual Anti-Fraude. En la conferencia se discutieron temas como: las funciones del Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción (PRECO), estrategias para el desarrollo de programas anticorrupción, la evasión fiscal en Puerto Rico y Estados Unidos y sus consecuencias, el esquema regulatorio para la protección de datos en Puerto Rico y Estados Unidos, la importancia de la colaboración entre agencias para prevenir el fraude, y diferentes esquemas de fraude vistos desde la perspectiva del defraudador, entre otros.

La contralora Yesmín Valdivieso, fue parte de los panelistas invitados, siendo la Oficina del Contralor una de las agencias que forma parte del Grupo PRECO. En el evento también participaron el Sr. Bruce Dorris, presidente y principal ejecutivo de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, el Sr. Francisco Parés Alicea, secretario del Departamento de Hacienda, el Sr. José Carlos Colón De Jesús, secretario auxiliar Área de Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda, el Sr. Luis Pérez Vargas, director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, la Sra. Ivelisse Torres Rivera, inspectora general de Puerto Rico, el Sr. Joseph González, agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico, y el Sr. Juan Carlos López Velázquez, agente especial del FBI en el área de corrupción pública.

Fuente: David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación
elfinanciero.com.mx

La OCCEFS es un grupo subregional de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), autónomo y apolítico, cuyo objetivo es promover el fortalecimiento de las EFS de Centroamérica y el Caribe a través de la cooperación y la asistencia técnica en las diversas temáticas vinculadas con la fiscalización de fondos públicos.

Se acaba de celebrar los veintiocho aniversarios de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS). En 1995, en la ciudad de San Salvador, las EFS de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá decidieron formar una alianza para promover la integración y el fortalecimiento de las EFS de Centroamérica: la Organización Centroamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCEFS).  Posteriormente, se integrarían a la nueva Organización la EFS de República Dominicana y la Contraloría del Banco Centroamericana de Integración Económica (BCIE).

Con la incorporación de República Dominicana a la Organización, se tomó la decisión de reformar los Estatutos de la OCEFS para cambiar su denominación a Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS). En 2003, la Contraloría General de la República de Cuba fue aceptada como miembro de la OCCEFS, la Auditoría General de Belice haría lo propio en 2007, la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 2015 y la Auditoría Superior de la Federación de México, en 2019.

La OCCEFS es un grupo subregional de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), autónomo y apolítico, cuyo objetivo es promover el fortalecimiento de las EFS de Centroamérica y el Caribe a través de la cooperación y la asistencia técnica en las diversas temáticas vinculadas con la fiscalización de fondos públicos. Por medio de la OCCEFS, las once EFS que la conforman estudian y analizan procesos y metodologías de fiscalización y desarrollan proyectos conjuntos que contribuyen a la mejora de sus capacidades y de su independencia.

El órgano supremo de la Organización es su Asamblea General, en la que participan sus once miembros, y cuenta con el apoyo de la Presidencia -a cargo de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador- y la Secretaría Ejecutiva -encabezada por el Tribunal de Cuentas de la República de Honduras-. Además, cuenta con cuatro comités: Comunicación e Imagen, Asuntos Jurídicos, de Incremento de Capacidades y de Planificación Estratégica.

Actualmente, como parte de la OCCEFS, la Auditoría Superior de la Federación coordina el Comité de Incremento de Capacidades (CIC), el cual fue creado en 2017, con la finalidad de gestionar iniciativas para el desarrollo sostenible de las capacidades tanto de la Organización como de sus EFS miembros.  Bajo la coordinación de la ASF, el CIC elaboró un Diagnóstico de las Necesidades de Capacitación de la OCCEFS en materia de conocimiento para la fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desarrolló dos ciclos de Webinarios, uno en materia de integridad y ética públicas y otro sobre ODS y la Agenda 2030, y un Encuentro Regional de Fiscalización, en el que se discutió sobre buena gobernanza, transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. Además, la ASF implementó el curso digital “Panorama general para la fiscalización de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, el cual, en 2022, fue cursado por más de cuatrocientas personas funcionarias de las EFS de OCCEFS y OLACEFS. En sus primeros veintiocho años de vida, la OCCEFS se ha distinguido por ser un espacio en el que, gracias a los lazos de amistad, solidaridad y cooperación mutua, así como el respeto al sistema democrático, se discuten y analizan temáticas de actualidad en materia de control y fiscalización gubernamental, se comparten buenas prácticas y se accede a asistencia técnica, lo que ha contribuido a su vez, a fortalecer las capacidades de cada una de las once EFS que la integran.

Día de Acción de Gracias
jueves, 24 de noviembre de 2022

El Día de Acción de Gracias
es una de las celebraciones del año más bonitas que vivimos,
como un gran encuentro con nuestra familia y seres queridos.
El motivo de esta fiesta también es muy bonito:
dar gracias a Dios por todas las bendiciones que nos brinda.

La Oficina del Contralor se une a la celebración de este día tan significativo.
La acción de dar gracias nos ayuda a crecer
en comprensión, empatía y a ser más solidarios.

Este año cumplimos nuestro 70mo aniversario;
buen momento para dar gracias por todas las oportunidades, frutos,
y, sobre todo, por las amistades y compañeros
que forman una gran familia en la Contraloría.

¡Hoy doy gracias a todo el personal,
y espero que la alegría que causa ser agradecidos
fortalezca nuestro compromiso con la Oficina!

¡Les deseo un entrañable Día de Acción de Gracias
y… buen provecho a todos!

Yesmín M. Valdivieso
Contralora

Les incluimos el mensaje de la Contralora con motivo de la Semana del Auditor que se celebra del 11 al 17 de septiembre.
¡Muchas felicidades!

Fuente: El vocero- 12 de septiembre de 2022

Radiografía a los informes de auditoría de la Oficina del Contralor en la última década muestra cómo la deshonestidad administrativa está arraigada en el gobierno

El incremento exponencial de casos de corrupción en Puerto Rico que evidencian los recientes arrestos de políticos y contratistas privados por las autoridades federales, genera preocupación porque visibiliza que esta conducta delictiva ha escalado hasta las altas esferas del gobierno y afecta la legitimidad de las instituciones públicas.

Investigadores del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa (CGPC) presentaron a EL VOCERO el estudio Desafíos de la corrupción para la gobernanza y la economía, en el que hicieron una radiografía de los informes de auditorías publicados por la Oficina del Contralor en la última década, y que según los datos recopilados, muestra cómo este delito está arraigado al gobierno.

¿Considera que las leyes en la Isla no son suficientemente fuertes para combatir la corrupción gubernamental?

Entre el 1ro de julio de 2010 al 30 de junio del 2019, la Oficina del Contralor publicó 1,042 informes de las auditorías realizadas en agencias de gobierno, de las que surgen 215 hallazgos de “carácter serio” que fueron referidos al Departamento de Justicia y/o a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Entre los 215 hallazgos, los investigadores del CGPC identificaron 127 incidentes que implican acciones, actos u omisiones que representan alguna modalidad de corrupción. Sin embargo, señalan que estos potenciales incidentes no representan los únicos actos de corrupción ocurridos en el periodo analizado y conjeturan que otros cientos de casos “escaparon la visibilidad de los auditores” del Contralor.

El análisis establece que de los 127 incidentes de potencial corrupción, 94 (74%) fueron documentados en los municipios, 32 (25%) en la rama ejecutiva y uno (1%) en la judicial. Los patrones identificados, en su mayoría corresponden a fraude, malversación y conflicto de interés, tres modalidades que se repiten en esquemas recientemente revelados por las autoridades federales.

“Los grandes intereses han capturado al gobierno y estos últimos casos (de corrupción) lo han hecho evidente porque ha llegado a la figura más alta del gobierno. Así que nosotros podríamos estar frente a la captura del Estado por grupos de interés particular, políticos y empresariales, y ese es el sello más amplio de lo que es un estado fallido”, sostuvo la directora ejecutiva del centro, Eneida Torres.

Saúl Pratts, catedrático en la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, y Rafael Durand, director de la investigación, urgieron a cambiar el paradigma en la lucha contra la corrupción como estrategia para frenar el aumento en la incidencia de estos casos.

“El andamiaje anticorrupción tiene un problema, y es que se queda mirando al empleado público y al gobierno como ente que da el servicio, sin tomar en cuenta la privatización, y por eso es que la gente tiene una gran desconfianza, porque el sector privado queda impune en la mayoría de estos casos (de corrupción)”, explicó Pratts, al abordar las fisuras en la estructura gubernamental.

Los casos de corrupción más notorios en Puerto Rico —como el de la exgobernadora Wanda Vázquez y el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado— involucran en los esquemas expuestos por las autoridades federales a personas del sector privado, y tienen similitud en las modalidades imputadas, entre ellas el soborno y la conspiración.

Del análisis de los informes del Contralor se desprende que de los 127 incidentes identificados, 66 (52%) corresponden a fraude, 43 (33.9%) a malversación, 10 (7.9%) a conflictos de interés, tres (2.3%) a nepotismo, tres (2.3%) a padrinazgo, uno (0.8%) a soborno y uno (0.8%) a colusión.

En los municipios

El informe refleja que en los municipios el 54.6% de los casos se agrupan en cotizaciones falsas, contratación de ingenieros y/o arquitectos sin licencia o corporaciones no autorizadas a prestar los servicios, apropiación ilegal de fondos públicos, aumento de salario al alcalde y/o dietas a legisladores sin cumplir con el proceso dispuesto, y trámites ilegales relacionados al manejo de recursos humanos.

Según la investigación, los 11 municipios identificados con el mayor número de incidentes señalados durante el 2010 al 2019, son Barranquitas con seis, seguido de Guayanilla, Ponce, Mayagüez y Bayamón con cuatro cada uno. Los municipios de Cidra, Morovis, Guaynabo, Guánica, Camuy y Canóvanas tienen tres incidentes cada uno.

El investigador Durand explicó que los señalamientos en Barranquitas —municipio que encabeza la lista— incluyen pagos por servicios no prestados, contratación de profesionales y/o corporaciones no autorizadas, funcionario del municipio firmando contratos y certificando comprobantes de pago a familiares, y nombramiento de familiares de funcionarios sin las dispensas requeridas.

Añadió que el 55% de los incidentes recurrentes en el Ejecutivo son por pago indebido a proveedor o cobro indebido del proveedor, trámites ilegales relacionados a recursos humanos y conflictos de interés en la otorgación de contratos.

Durand agregó que el 57.2% de los casos en las corporaciones públicas son por utilización de equipo y propiedad pública para beneficio de un ente privado y/o político, pago indebido de compensación por despido, y/o bonificaciones, entre otros.

“No debe ser sorpresa que muchas de estas cosas terminaron en Justicia o en la OEG y no se procedió con ningunos cargos”, expresó.

Impacto en la economía

Durand alertó sobre el costo socioeconómico que tiene la corrupción en Puerto Rico, porque profundiza la desigualdad social y la pobreza, y genera desconfianza en la ciudadanía.

“La economía de Puerto Rico evidencia una reducción de su producto interno bruto (PIB) real. Para el 2021, fue de un 2%, pero esa tendencia viene ocurriendo desde el 2005”, puntualizó Durand.

Indicó que entre los años 2017 y 2018 —cuando Puerto Rico quedó destruido por el huracán María— la caída en el PIB fue más marcada con 4.13% y 4.61%, respectivamente. EL VOCERO reseñó hace un mes, que las pérdidas anuales que causan los actos de corrupción en la Isla se han estimado en el 10% del presupuesto gubernamental, según datos del Contralor.

Durand apuntó a que las deficiencias en el andamiaje económico —dependiente del influjo de fondos federales—, la inflación y el alza en la gasolina, “tienen consecuencias en nuestras posibilidades de encaminar una verdadera y sostenible recuperación económica”.

Agregó que el desarrollo económico se ha complicado en la Isla a causa de la corrupción que promueve el uso de los recursos limitados en contratos y nombramientos que, según entiende, son innecesarios.

Los tres investigadores coincidieron en que es impostergable mejorar la gobernanza y la capacidad administrativa de las instituciones con mecanismos robustos de transparencia y rendición de cuentas.

Además, plantearon que aunque hay una estructura jurídica —que tiene un Código Anticorrupción— no ha sido suficiente para frenar la deshonestidad administrativa.

Torres, quien es la investigadora principal del estudio, destacó que “no es un problema de legislación lo que tenemos frente a nosotros… es un problema de gerencia gubernamental y de malas prácticas enraizadas, porque el veneno es el clientelismo político y el inversionismo político que ha deteriorado aceleradamente la administración pública”.

Aseveró que mejorar la gobernanza y fortalecer el sistema anticorrupción requiere de establecer prioridades claras y estimular la cultura de integridad pública basada en la meritocracia. “Ningún gobierno puede operar de manera centralizada; los gobiernos tienen ya que depender de los insumos de los ciudadanos y las comunidades, y tener un plan de país de lo que van a ejecutar”, concluyó.

Fuente: elnuevodia.com

El severo golpe a la confianza del pueblo, vergonzosamente ilustrado en el caso de corrupción en el que un empresario con múltiples contratos en el gobierno admite haber participado en una conspiración para sobornar a la principal autoridad en el Municipio de Cataño, pone de manifiesto la urgencia de implantar mecanismos realmente rigurosos en las contrataciones gubernamentales en Puerto Rico.

Frenar las conductas que desangran el erario y, por tanto, el bolsillo de los contribuyentes, es posible solo mediante la selección de los contratistas mediante procesos limpios y la verificación certera de los trabajos que justifican los desembolsos de fondos públicos que incluyen partidas federales.

Toda relación contractual en el gobierno tiene que estar sujeta a estricto y constante escrutinio para evitar agudizar el menoscabo de la reputación de la gestión gubernamental local ante las autoridades federales.

Erradicar esquemas corruptos como los que recientemente han implicado a siete exalcaldes y otros altos directivos de varios municipios, es también tarea de las colectividades políticas a las que esos funcionarios pertenecen. Esos partidos son responsables de la selección de los candidatos que sus insignias presentan en las urnas.

El caso contra el empresario José Bou Santiago, quien el martes se declaró culpable de conspirar para sobornar al exalcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo, genera interrogantes sobre los criterios que median en las contrataciones para compras y servicios, tanto en los ayuntamientos como en otras entidades del gobierno puertorriqueño. Estas atrocidades obligan a la revisión de acuerdos vigentes, así como una verdadera fiscalización de las licitaciones que dan pie a onerosas contrataciones originadas en el inversionismo político.

Los actos ilegales admitidos por Bou Santiago se suman a otros similares detectados en Cataño, por los que también los empresarios Oscar Santamaría, presidente de Waste Collection, así como Raymond Rodríguez y Mario Villegas, directivos de J.R. Asphalt, se declararon culpables de conspiración y soborno ante el Tribunal Federal en San Juan.

Esas ilegalidades conllevaron el desembolso de partidas millonarias para subvencionar servicios de recogido de basura, asfaltado de calles o carreteras municipales, así como de mantenimiento y ornato. En Cataño también se documentaron costosas rentas de vehículos a la empresa de Bou Santiago, incluyendo una lujosa guagua para el transporte del entonces primer ejecutivo municipal.

Los esquemas fraudulentos en Cataño, y otros casos que en menos de seis meses han dejado un saldo bochornoso de actos corruptos cometidos por políticos que juraron trabajar para el bienestar del pueblo, desnudan la falta de honradez y respeto al servicio público. Está claro que ha existido un patrón desenfrenado de favoritismo a empresas con representaciones dudosas o que burlan los procesos que deberían defender el interés público.

Las administraciones municipales, y las demás entidades públicas, están llamadas a frenar la epidemia de corrupción que carcome la gestión pública en detrimento del bienestar ciudadano y del clima saludable para hacer negocios. Por eso es urgente asegurar procesos transparentes que cobijen el manejo de los fondos públicos.

Como parte de los ejercicios impostergables para lograr pulcritud y eficiencia gubernamental, es necesario velar por el cumplimiento de los reglamentos y los estatutos, fortaleciendo las lagunas que dan paso a la delincuencia rampante. Ignorar los marcos legales propicia el manejo ilegal de los recursos públicos, como ha ocurrido con el exalcalde de Yauco, Abel Nazario. El exfuncionario ayer llegó a un acuerdo con la Fiscalía Federal para declararse culpable. Se le imputaron cargos relacionados con el uso indebido de fondos federales y el uso de empleados públicos para fines político-partidistas.

Corresponde a la clase política frenar los patrones de corrupción que desvían los recursos destinados a privilegiar el bienestar ciudadano y la inversión en el progreso socioeconómico. Es tarea de las autoridades no dar tregua a los funcionarios y empresarios que burlan la sana competencia del ecosistema de negocios y las circunstancias posibilitadoras de la recuperación económica de Puerto Rico.

Fuente: Walo radio

(26-agosto-2022) La contralor Yesmín Valdivieso envió una carta circular a alcaldes, presidentes de las legislaturas municipales, comisionados de seguridad de las policías municipales y auditores internos municipales sobre las limitaciones en las actuaciones de los policías municipales.

Valdivieso explicó que el propósito de la comunicación es orientar sobre las actuaciones de los policías en cumplimiento del Código Municipal.

“En nuestras auditorías hemos detectado casos en los que se ha utilizado a la Policía Municipal para ofrecer servicios de vigilancia o de protección a personas privadas, funcionarios municipales y transportar propiedad privada en distintas actividades fuera de la jurisdicción de los municipios concernidos”, expone la contralora.

Añadió que el  Código Municipal prohíbe y penaliza, de forma clara y expresa la participación de los miembros de la Policía Municipal en las actividades político-partidistas mientras se encuentren en el ejercicio de sus funciones.

Valdivieso citó varios artículos contenidos en el Código Municipal  en donde se establecen las violaciones que pudieran considerarse de naturaleza grave y pueden conllevar un castigo de expulsión permanente de la Policía Municipal, a la degradación o la suspensión sin sueldo, por un período no mayor de tres meses. 

Vea la carta circular:OC-23-05

Fuente: Yaritza Rivera Clemente, EL VOCERO10/08/2022

El germen de la corrupción -que acecha la política y se vuelve notorio cuando se revelan esquemas como el que se le imputa a la exgobernadora Wanda Vázquez, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Mark Rossini- trae consigo un costo social que trasciende lo económico.

Las pérdidas anuales que causan los actos de corrupción en Puerto Rico se han estimado en un 10% del presupuesto gubernamental, indicó a EL VOCERO la contralora Yesmín Valdivieso. La funcionaria destacó que hay unos costos asociados que no se pueden monetizar, como la dilación de los servicios y funciones de las agencias afectadas, sin contar el impacto en la recuperación de la Isla y el efecto negativo en la imagen del País.

El cálculo de 10% de pérdidas implica que de un presupuesto del Fondo General de $12,400 millones para las operaciones diarias del gobierno de Puerto Rico, se malgastan unos $1,240 millones. Si se toma en consideración el presupuesto consolidado del gobierno de $28,000 millones, la pérdida rondaría los $2,800 millones. 

¿Consideras que el gobierno puede hacer más para frenar la corrupción?

“La corrupción le cuesta muchísimo al fisco. Un solo dólar que se pierde, es un dólar que no llega para que el gobierno siga operando bien. Nosotros (la Oficina del Contralor) siempre hablamos de un 10%, que es más o menos lo que se estima de pérdida. No hay un estudio, pero siempre se ha estimado en esa cantidad”, reiteró.

“La corrupción cuesta todo y nos hace daño a todos como pueblo. Este no es un problema de dos o tres personas que hicieron algo mal, este es un problema de cómo afecta a la ciudadanía lo que esos dos o tres hicieron mal”, aseveró la funcionaria.

Mientras, el impacto de la corrupción a nivel global se estima que ronda los $3.6 billones anuales, de acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF, en inglés), una organización internacional independiente. La cifra equivale a más del 5% del Producto Interno Bruto mundial, según esa entidad que reconoce que es imperativo combatir la corrupción.

El arresto de la exgobernadora

Valdivieso reconoció que los señalamientos contra Vázquez -quien enfrenta tres cargos por conspiración, soborno y fraude electrónico- así como los recientes arrestos de alcaldes o ayudantes municipales laceran la confianza del pueblo en los funcionarios.

Admitió, además, que en su oficina “no estuvimos envueltos en nada de estas acusaciones” contra la exgobernadora, al tiempo que defendió el trabajo de fiscalización que realizan las entidades gubernamentales y la oficina que dirige.

Asimismo, destacó que el problema social de la corrupción debe trabajarse desde el hogar, por medio de la enseñanza de valores.

A repensar sistema de justicia

Para el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, la corrupción tiene un impacto socioeconómico devastador que provoca la degeneración de la sociedad. Al igual que Valdivieso, dijo que este mal provoca la desconfianza en los funcionarios e instituciones gubernamentales, lo que afecta la estabilidad y progreso del País.

Justicia ha completado 37 investigaciones con referidos al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), entre las cuales se encuentran los casos de alcaldes, exalcaldes y otros funcionarios de distintos partidos políticos, según Emanuelli, y tiene otras 22 investigaciones en curso.

“Es tiempo de repensar nuestro sistema de justicia y realizar cambios significativos para combatir la corrupción”, sostuvo. Agregó que Justicia ha estado evaluando e identificando recursos para reforzar la División de Integridad Pública, que investiga y procesa criminalmente toda conducta delictiva cometida por un funcionario. 

Mencionó que la legislación actual impone limitaciones para investigar a los funcionarios a nivel local, por lo que ha estado en reuniones con funcionarios del Ejecutivo y la Legislatura y ha hecho recomendaciones para reforzar esas pesquisas.

Emanuelli reafirmó que el sistema de ley y orden federal y el estatal no están en igualdad de condiciones y que las diferencias entre estos son en extremo amplias y significativas. Indicó que mientras las autoridades federales tienen años para realizar sus investigaciones, en el plano local solo se le concede 90 días a Justicia para completar una pesquisa preliminar y hacer un referido al PFEI. El término solo se puede prorrogar 90 días adicionales si se justifica y ese organismo lo autoriza.

“Reitero que el Departamento de Justicia no tiene una competencia con las autoridades federales; todo lo contrario, trabajamos en colaboración, compartimos información y recursos. Lo importante es que se investigue y se procese a todo aquel que incurra en actos de corrupción, así como cualquier tipo de delito. Nuestro pueblo merece funcionarios e instituciones que le sirvan con integridad y honradez”, puntualizó Emanuelli.

Explicó que la legislación vigente en Puerto Rico tampoco permite que se utilicen herramientas como las grabaciones, que están disponibles a nivel federal para obtener evidencia. De igual manera, en el ámbito federal no se le tiene que notificar a la persona objeto de investigación hasta el momento de la radicación de cargos, mientras que a nivel local se debe notificar al investigado cuando se le refiera al PFEI. 

El costo electoral

Por otro lado, cada vez que se acusa a un alcalde o legislador por corrupción queda vacante su silla, por lo que se tiene que celebrar una elección especial para llenar el cargo. Esto se traduce en otro gasto. 

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, dijo a EL VOCERO en junio pasado que el gasto por estas elecciones especiales pequeñas fluctúa entre los $3,000 y los $4,000.

“No son planificados, son gastos adicionales, pero impactan partidas que no están en déficit y que nosotros teníamos disponibles”, expresó en ese momento. 

“Actualmente, estamos en cerca de $80,000 entre todos los eventos, particularmente porque el de Néstor Alonso (exrepresentante novoprogresista acusado de corrupción) fue el más que nos costó. Nos costó cerca de $56,000 porque fue a nivel isla”, precisó el titular de la CEE.

Fuente: elnuevodia.com - miércoles, 22 de junio de 2022

También señaló pagos de más de $74,000 por plan médico a las escoltas de Eduardo Bhatia y Thomas Rivera Schatz durante sus presidencias

Un informe de la Oficina del Contralor reveló pagos indebidos en el Senado, entre ellos gastos “extravagantes, excesivos e innecesarios” entre 2013 y 2020 en un sofá, lámparas chandeliers y una mesa de consola, entre otros artículos.

Según la auditoría de 48 páginas, el 20% de la totalidad de las compras por $376,921 en dicho periodo correspondió a gastos extravagantes, incluyendo un sofá por $2,545, dos lámparas por $1,200 cada una, una mesa de consola por $870 y dos laptops por $9,106 para la Oficina de la Presidencia en 2016.

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Fuente: elnuevodia.com - miércoles, 22 de junio de 2022

De acuerdo a un informe de la Oficina del Contralor, la oficial no cumplía con las funciones de volar helicópteros con la clasificación autorizada de Piloto en Comando

Una investigación de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) reveló que el Negociado de la Policía realizó $40,671 en pagos suplementarios indebidos a una piloto de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) que no cumplía con las funciones de volar naves aéreas, en este caso helicópteros, con la clasificación autorizada de Piloto en Comando.

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Día de los padres

19 de junio de 2022

¡Estimados padres de la Contraloría de Puerto Rico!

Hoy es un día para honrar la figura paterna del hogar y demostrarle todo nuestro cariño y respeto. Un buen padre protege, educa y se desvive por sus hijos y su familia…

y alcanzaría el cielo por sus seres queridos.

Al recordar a nuestro viejo, evocamos con nostalgia su andar, su hablar… su ejemplo y afecto.

De niños, papá era nuestro héroe y con el tiempo, nuestro amigo y mentor de vida.

Demos gracias por los padres que aún nos acompañan y pensemos en quienes se han marchado para siempre… y la falta que nos hace.

El domingo, día de los padres es un buen momento para dar un abrazo de corazón,

a todos los familiares y amigos que son padres,

y una buena ocasión de regalarle un gesto de estima y amor.

A ti padre que laboras en la Contraloría y a los padres de todo el personal,

¡Muchas Felicidades!

Yesmín M. Valdivieso
Contralora de Puerto Rico

Fuente: olacefs.com

Los días 1, 2 y 3 de junio se celebró en Puerto Rico el Taller IntoSAINT, en el marco del Proyecto de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de la OLACEFS, a cargo del Lic. Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación Argentina.

Este Taller tuvo lugar gracias al compromiso de la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso. Su objetivo fue realizar un análisis de riesgos con enfoque en integridad y evaluar el nivel de madurez de los sistemas de control interno con funcionarios de la casa, con el fin de identificar medidas… Ver más…

Fuente: https://www.agn.gob.ar/
23-03-2022

En el marco de los proyectos que lleva adelante la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG), a cargo del presidente de la AGN, Jesús Rodríguez, el pasado 17 de marzo doce funcionarios de las EFS de Argentina, México y Puerto Rico abordaron virtualmente la importancia de la Herramienta de Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT) y organizaron el taller presencial que se realizará en Puerto Rico. Asistieron la contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso y varios de sus funcionarios; Juan José Ramírez Gutiérrez y Paola Romero Gorrostieta por la entidad fiscalizadora superior (EFS) de México y Miriam Insausti, enlace de la CTPBG.

IntoSAINT permite realizar análisis de riesgos y evaluar el nivel de madurez de los sistemas de control interno a fin de identificar medidas orientadas a fortalecer la gestión de la integridad. Esto lo convierte en un instrumento eficaz para generar o fortalecer una política de integridad en las EFS.

Ya se encuentran planificadas dos reuniones más con las EFS de Panamá y Venezuela. La implementación de estos tres talleres, suspendidos en su momento debido a la COVID-19, llevaría a que la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) sea la primera región mundial en el que el 100% de sus EFS han evaluado la integridad de sus organizaciones.

Fuente: CyberNews
Fecha: 3 de febrero de 2022

La situación fue referida al secretario de Justicia el 22 de noviembre de 2021

La Contraloría de Puerto Rico publicó este jueves, el resultado de la investigación de una querella relacionada con la asistencia de un empleado del Municipio de Santa Isabel.

En la querella se alega que un familiar del supervisor de Limpieza y Ornato en la oficina de Obras Públicas, cobraba en el Municipio, pero no trabajaba.

La investigación reveló que el empleado del Municipio desde el 2011, también trabajó como ensamblador en una compañía de reclutamiento del 26 de mayo de 2016 al 30 de abril de 2017 y registraba su asistencia en el sistema AutoTime.

El examen realizado al registro de asistencia, develó que, por 46 días, el empleado había trabajado en la corporación durante horas laborables, sin embargo, registró en las Hojas de Asistencia que había trabajado en su horario regular en el Municipio. Esto representó un pago de $946.27 por concepto de salario. Además, en 28 ocasiones se ausentó de su trabajo regular en el Municipio por laborar en la corporación.

Esta situación se refirió al secretario de Justicia el 22 de noviembre de 2021, ya que se pudo haber configurado los delitos de apropiación agravada, falsedad ideológica, archivo de documentos o datos falsos, posesión y traspaso de documentos falsificados y fraude.

La investigación señala también que el supervisor de este empleado, revisó y aprobó todas las hojas de asistencia, a pesar de ser un familiar. Esta situación se refirió al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, ya que se pudo haber configurado los delitos de incumplimiento del deber y violaciones de carácter penal.

El Resultado de la Investigación con fecha del 1 de febrero de 2022, está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Fuente: NOTICEL.com - Por: Hillary Román 
Publicado: Jan 31, 2022 05:45 AM

Informe de la Oficina de la Contralora apunta a que no cuentan con el personal necesario para atender casos de impericia médica y de conducta no profesional.

Tras una auditoría a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, adscrita al Departamento de Salud (DS), la Oficina de Contraloría en Puerto Rico encontró que habían cientos de casos de impericia médica desde hace años sin resolver y que además la forma en la que se guardaban los expedientes de médicos no era la adecuada.

La situación que parece haber llevado a la Junta al incumplimiento de su deber es común y sucede en otras agencias: falta de recursos adecuados y de líderes que se adentren a la situación para buscar soluciones.

Y es que según el informe de autoría elaborado por la Oficina de la Contralora, los hallazgos respecto a los casos de impericia médica fueron dos:

– Al 30 de agosto de 2021, según la secretaria legal -que no fue identificada-, había 160 casos de conducta no profesional pendientes por resolver. El caso más antiguo de 2001, por lo que habían transcurrido entre 1 y 20 años sin que se resolvieran.

– A la misma fecha, pero según la administradora del Sistema III -que tampoco fue identificada-, había 408 casos de impericia médica sin resolver. El caso más antiguo de 2003, por lo que habían transcurrido entre 1 y 18 años sin que se resolvieran.

¿Qué provocó esta situación?

El personal “no es suficiente. La división legal de la Junta contó con los servicios de únicamente un abogado para trabajar los casos de conducta no profesional. En octubre de 2020 el oficial investigador asignado a la Junta remitió su carta de renuncia. Entonces, comenzó el proceso para buscar un sustituto o sustituta. No obstante, una vez la Junta había elegido una candidata, desde el Departamento de Salud, que entonces dirigía Lorenzo González, informaron que no procedía el contrato.

“La Oficina del Secretario de Salud ordenó la cancelación del contrato”, lee el informe, que abunda que en sustitución, asignaron una abogada del Departamento de Justicia “a tiempo parcial” para que se encargara de estos casos de impericia.

Sumado a eso, la Junta contaba también con un solo abogado asignado a casos de conducta no profesional.

Vea también: Contraloría revela que hay 408 casos de impericia médica sin resolver

La Junta alega que se comunicó con la entonces secretaria de Justicia desde el 2019, pero que esta les indicó que los recortes en la agencia hacían complicado enviar más recursos. Aunque no se identifica en el informe, Wanda Vázquez Garced fungía como secretaria de Justicia durante gran parte del tiempo en que la Junta alega haber pedido auxilio de Justicia. Vázquez Garced fue secretaria de Justicia hasta el 7 de agosto de 2019, cuando juramentó como gobernadora de Puerto Rico tras la renuncia de Ricardo A. Rosselló Nevares.

A Vázquez Garced la sucedió Dennise N. Longo Quiñones, quien también estuvo en el poder durante el periodo en el que la Junta solicitó recursos adicionales.

El exsecretario González no ha respondido una comunicación emitida por la Oficina del Contralor sobre estas situaciones, algunas de las cuales ocurrieron bajo su mandato, según el informe.

Tras una petición de este diario digital, el Departamento de Justicia confirmó que el pasado 10 de septiembre la agencia aprobó un destaque administrativo de una abogada para que preste servicios a tiempo completo en la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.

La aprobación ocurrió tras una solicitud realizada por el actual secretario de Salud, Carlos Mellado López.

Expedientes médicos:

La Junta debe contar un archivo de expedientes de médicos en Puerto Rico, que debe estar dividido entre expedientes generales, licencias permanentes, telemedicina, entre otros. Sin embargo, una visita de la Oficina de la Contralora al archivo concluyó que “la Junta no cuenta con un inventario ni un plan de retención para los expedientes médicos”.

“Se observó que… las instalaciones no contaban con anaqueles suficientes para el archivo de los expedientes de médicos. Estos se colocaban en cajas en el suelo, unas sobre otras, lo cual dificulta la identificación de documentos”, dice el informe también.

La Ley 38 de 2017 establece que todo caso sujeto a un proceso administrativo debe ser resuelto dentro de seis meses, desde su radicación, salvo en circunstancias excepcionales.

Además, la ley establece que la Junta, tan pronto recibe información sobre actuaciones que constituya impericia profesional, se trate o no un caso finalmente adjudicado, debe iniciar una investigación y rendir un informe dentro de los primeros 90 días siguientes. En dicho informe se debe recomendar si procede la imposición de sanciones disciplinarias al médico.

La Oficina de la Contralora recomendó a la Junta asegurarse de que se cumpla la ley y que se prepare un inventario y plan de retención de los expedientes de médicos.

Para ver el informe pulse aquí.

PDF: 20220126084441203Informe Contralora JLDM.pdf