La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) es un tratado multilateral de la Organización de las Naciones Unidas con el fin de prevenir y combatir la corrupción política, promovida por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Esta fue adoptada el 31 de octubre de 2003 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y entró en vigor el 14 de diciembre de 2005. La CNUCC es considerada el principal instrumento internacional para abordar la corrupción en todos los sectores.

El Centro de Gobernanza Pública y Corporativa (CGPC) es una organización de la sociedad civil que como miembro de la Coalición de la Sociedad Civil de la CNUCC realizó un estudio dirigido a evaluar el marco jurídico y la estrategia anticorrupción de Puerto Rico y su cumplimiento con las disposiciones de la CNUCC. Esta iniciativa es un esfuerzo colaborativo del CGPC con la Coalición de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). Para llevar a cabo el estudio se aplicó una metodología que utilizó varias técnicas para recopilar información que incluyó el análisis documental, el análisis de los informes de auditoría de la OCPR, el diseño de un cuestionario de autoevaluación del cumplimiento del marco jurídico y la estrategia anticorrupción de Puerto Rico con las disposiciones de la CNUCC, entre otras.

Como parte de esta metodología, el 16 de noviembre de 2021 se realizó un grupo focal y un análisis FODA con personal ejecutivo y directivo de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR). El personal de la OCPR estuvo destacado evaluando la ejecución gubernamental y utilizó como criterios los indicadores y los principios anticorrupción establecidos por la ONU, que se categorizan en:

1. políticas y prácticas de prevención de la corrupción,
2. penalización y aplicación de la ley,
3. cooperación internacional y
4. restitución de activos.

El 16 de marzo de 2022 el CGPC presentó a la Contralora de Puerto Rico, Hon. Yesmín M. Valdivieso, y a los funcionarios de la OCPR que participaron en el grupo focal el informe Autoevaluación del cumplimiento de Puerto Rico con las disposiciones anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. El informe contiene los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones para atender las áreas de mejoras identificadas en el grupo focal. Entre los resultados se destaca la necesidad de fortalecer el sistema de gobernanza y gestión de los asuntos públicos para mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía. Además, el estudio reveló que Puerto Rico cumple parcialmente con las disposiciones anticorrupción de la CNUCC en lo relativo a las categorías de información relacionadas con las medidas preventivas y al marco jurídico y regulatorio, y que no cumple con lo relacionado a la penalización de las prácticas de corrupción. La presentación de los resultados desató un productivo intercambio de ideas y recomendaciones para desarrollar y establecer las acciones requeridas para fortalecer el marco jurídico y la estrategia anticorrupción.

El 9 de junio de 2022 el CGPC presentó el Plan de acción para guiar la implantación de las recomendaciones del estudio de investigación sobre la Autoevaluación del cumplimiento de Puerto Rico con las disposiciones anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Este Plan de Acción es el resultado de los trabajos realizados con los participantes del grupo focal de la OCPR el 16 de marzo, e incluye las estrategias de buenas prácticas de gobierno sugeridas para movilizar la mejora del cumplimiento de Puerto Rico con las disposiciones anticorrupción de la CNUCC. Entre las buenas prácticas se encuentran:  

• fortalecer el ordenamiento jurídico y normativo para prevenir, combatir y penalizar la corrupción.
• revisar el marco institucional del sistema anticorrupción y formular e implantar políticas y prácticas coordinadas y eficaces.
• establecer sistemas de contratación pública, compras y subastas basados en criterios de transparencia, capacidad y competencia.
• desarrollar e implantar políticas y prácticas de transparencia y acceso a la información que promuevan la inclusión, la participación de la sociedad y la rendición de cuentas.
• fortalecer la transparencia y el acceso a la información del proceso electoral.
• impulsar las reformas requeridas para atender las debilidades del sistema judicial para prevenir, combatir y penalizar la corrupción.

Para la Oficina del Contralor, participar en este tipo de estudio e investigación es de gran relevancia, pues la corrupción es una mala práctica que opera en detrimento de una sana y transparente gestión pública. Es un fenómeno que ha afectado a Puerto Rico por décadas lacerando la confianza hacia el gobierno. Esto hace necesario crear un frente común en el que las agencias de gobierno estatales y federales, y las instituciones de la sociedad civil y del sector privado se involucren de manera proactiva para establecer y poner en función políticas públicas en pro y bienestar de la ciudadanía.