Fuente:jayfonseca.com - Cynthia López Cabán
01/05/2023

Un informe de la Oficina de la Contralora concluyó que el Municipio de Guaynabo invirtió $15,921,660 en la construcción del Museo de la Música Rafael Ithier, que no ha tenido utilidad ni ha redundado en beneficio del interés público.

La auditoría, divulgada hoy, consignó que del 2013 al 2017, se formalizaron 16 contratos y 22 enmiendas con cinco contratistas para servicios de diseño, construcción, inspección, supervisión y estudio de suelo. El ayuntamiento desembolsó $11.2 millones en las labores de reconstrucción del museo, que ubica en la antigua escuela elemental Román Baldorioty de Castro. Gastó otros $4.4 millones en el diseño.

Los trabajos del museo iban a todo vapor cuando el convicto exalcalde Héctor O’Neill renunció en medio de una investigación por hostigamiento sexual en junio de 2015. A su llegada a la alcaldía, el ahora convicto exalcalde Ángel Pérez Otero abandonó la iniciativa, que a su llegada al poder el hijo de Héctor O’Neill y actual alcalde, Edward O’Neill anunció que retomaría.

El año pasado Edward O’Neill indicó al periódico Primera Hora que el Museo de la Música abriría para principios del 2023, pero la apertura todavía no ha ocurrido.

En total, la auditoría, que comprende el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2020, identificó cinco señalamientos.

El ayuntamiento también compró una planta de concreto mezclado por $221,158 a un proveedor de Kentucky, para producir concreto de alta calidad. De esa cifra, pagó $205,387 por el equipo y $15,771 por servicios de transportación y embarque hacia Puerto Rico. La adquisición de esta maquinaria, según una auditoría, tenía el propósito de reducir los costos de construcción del municipio y dar servicios de hormigón a otros municipios y empresas privadas. Sin embargo, esta inversión no ha tenido utilidad ya que la planta está deteriorada, cubierta de vegetación y no se había instalado.

“En una inspección realizada el 16 de julio de 2020, por nuestros auditores y un empleado municipal, se observó que la planta no se había instalado. Esta se encontraba en los terrenos del Departamento de Obras Públicas, deteriorada y cubierta por vegetación”, reveló la auditoría de 29 páginas.

Pero además de desembolsar millones largos para iniciativas que no tuvieron ninguna utilidad, la auditoría encontró, que el municipio no celebró una subasta para adquirir los módulos de juego o playground del parque pasivo de Torrimar por $124,294 . El Reglamento Municipal dispone que para compras que exceden los $100,000, se tiene que celebrar subasta. En su lugar, el Municipio solicitó cotizaciones a cuatro proveedores.

El Municipio desembolsó otros $29,450 para el pago de tres multas por violaciones a reglamentos relacionados con el manejo de desperdicios sólidos, control de erosión, trámites de permisos generales. Además, pagó una penalidad por condiciones de trabajo no seguras estipuladas en la reglamentación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en ingles). Estas situaciones tienen el efecto de reducir los recursos disponibles, y pueden ocasionar daños ambientales y pleitos judiciales innecesarios.

Los auditores detectaron que del 2015 al 2018, el Municipio realizó 907 pagos por $35,578,580, mediante transferencias electrónicas, sin reglamentación para este tipo de procesamiento de pagos. Además, no suministraron para examen 17 desembolsos y sus justificantes correspondientes al pago de obras de construcción por $870,147, y no se marcaron como pagados los justificantes de siete comprobantes de desembolso por la suma de $242,206. Estas deficiencias no permitieron verificar la corrección y propiedad de dichos desembolsos.

Como parte del análisis de su oficina, la contralora Yesmín Valdivieso incluyó un comentario especial sobre la presentación de cargos y convicción del entonces alcalde Ángel Pérez Otero, quien renunció al cargo el 16 de diciembre de 2021 y después de que agentes federales lo arrestaran en su residencia. El 22 de marzo de 2023 un jurado lo encontró culpable de cargos de soborno, extorsión y conspiración por recibir dinero del convicto contratista Oscar Santamaría a cambio de contratos municipales para sus empresas.