Falta de mecanismos en el gobierno para reducir la pobreza y mitigar el impacto del COVID-19
Fuente: La Isla Oeste
San Juan. La Contraloría de Puerto Rico publicó una auditoría coordinada sobre la eficacia de las acciones de política pública para: reducir la pobreza y la pobreza infantil, mitigar el impacto del COVID-19, y disminuir la brecha de género.
La auditoría, dirigida por la Auditoría General de Argentina, analiza el panorama de Puerto Rico con respecto al Objetivo de Desarrollo Sostenible, Fin de la Pobreza, según la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.
El Informe especial revela que, aunque se estableció un marco legal para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 mediante la creación de una Comisión Asesora por Orden Ejecutiva el 25 de mayo de 2021, esta no estuvo en funciones ni se creó una estructura para su implementación. La Comisión Asesora la formaban 11 funcionarios que sólo se reunieron en una ocasión.
INFORME ESPECIAL OC-24-16
La auditoría indica que la Orden Ejecutiva no incluyó métodos de participación ciudadana ni acciones para disminuir la brecha de género para atender los objetivos. Además, no se nombraron a los ocho representantes de universidades, sector privado y de las entidades sin fines de lucro en la Comisión Asesora.
El Gobierno de Puerto Rico estableció el 31 de diciembre de 2021, la Comisión para Combatir la Pobreza mediante la Ley 84-2021, para reducir la pobreza infantil y la desigualdad social en un 50% para el 2032, entre otros objetivos. Según datos del Censo de los Estados Unidos al 2022, el 42% de la población y el 58% de los menores de 18 años vivían en situación de pobreza en la isla.
Sin embargo, no se establecieron los mecanismos necesarios para cumplir los objetivos, ya que no se integraron las iniciativas estatales y federales con las de los gobiernos municipales, las entidades sin fines de lucro y con las del sector privado. Además, la Comisión no había preparado un plan estratégico, ni una lista de los fondos disponibles a nivel federal y estatal, y la ley no incluyó tampoco métodos de participación ciudadana, entre otros.
Para el año fiscal de 2023, se había aprobado un presupuesto de $1,200,000 para sufragar el Programa contra la Pobreza Infantil. Sin embargo, al 20 de enero de 2023, no se habían utilizado estos fondos. Esta situación impidió medir el avance para reducir la pobreza infantil.
Con respecto al logro de las metas para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 y la disminución de la brecha de género, el Informe indica que se implementó una campaña para promover la solicitud del crédito tributario por niño, pero no se establecieron acciones adicionales a la política pública de reducción de la pobreza infantil y la pobreza. Al 6 de octubre se habían radicado 222,327 planillas en el Servicio de Rentas Internas Federal con el reclamo del crédito tributario por niño. Esto representó el 73% del total de las familias que cualificaban. A largo plazo, no se puede determinar el impacto de estos fondos ya que no es una ayuda recurrente.
El Informe Especial enumera los programas federales y estatales, y su propósito para mitigar la pobreza por agencia del Gobierno. Además, detalla el importe de las diversas leyes y programas del Gobierno para atender la pandemia del COVID-19 tales como la Ley CARES, Ley CRTRA y la Ley ARPA, entre otras El informe especial, cubre el periodo del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022.