Contralora de Puerto Rico revela pagos indebidos, deficiencias administrativas y riesgos fiscales en auditoría al Municipio de Barranquitas

San Juan, Puerto Rico — (21 de abril de 2026) La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-20 del Municipio de Barranquitas, el cual cubre el período del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2024.

El informe contiene una opinión cualificada al determinarse que, aunque las operaciones del Municipio se realizaron en términos generales conforme a la ley y la reglamentación aplicable, se identificaron hallazgos que evidencian deficiencias en el manejo de fondos públicos, cumplimiento legal y controles internos.

Entre los señalamientos más relevantes, la auditoría identificó pagos de salarios por $84,268 a una pensionada del Sistema de Retiro para Maestros en contravención con la Ley del Sistema de Retiro para Maestros de 2013. La funcionaria fue nombrada en un puesto de confianza mientras continuaba recibiendo su pensión, en violación a las disposiciones legales que requieren la suspensión de dicho beneficio al ocupar un empleo remunerado en el gobierno.

La gerencia municipal sostuvo que el nombramiento se realizó conforme a una interpretación de la Ley Núm. 40 de 1959, que permite el empleo parcial de pensionados sin menoscabo de su pensión. No obstante, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) determinó que prevalece el hallazgo, al concluir que la legislación aplicable en este caso es la Ley del Sistema de Retiro para Maestros de 2013, la cual establece una prohibición específica.

Asimismo, se identificaron pagos indebidos por $13,500 por servicios artísticos que no fueron prestados. Aunque el Municipio argumentó que el artista incurrió en gastos y que la actividad fue interrumpida por un apagón, la auditoría determinó que el pago no procedía conforme a los términos contractuales. Posteriormente, el dinero fue recuperado mediante un acuerdo extrajudicial alcanzado en agosto de 2025.

En el área de infraestructura, la auditoría reveló deficiencias en la ejecución de proyectos de construcción. Se determinó que el Municipio inició trabajos sin contar con los permisos requeridos en al menos cuatro proyectos, obteniendo los mismos con retrasos de hasta 707 días. Además, se formalizaron contratos sin que los contratistas presentaran oportunamente fianzas, pólizas del Fondo del Seguro del Estado y seguros de responsabilidad pública, lo que expone al Municipio a riesgos legales, financieros y administrativos.

También se identificaron deficiencias en el manejo presupuestario, al no obligarse créditos presupuestarios en contratos y enmiendas por $5,947,287 al momento de su otorgamiento, registrándose dichas obligaciones con retrasos de hasta 541 días. Esta práctica debilita el control fiscal y aumenta el riesgo de sobregiros y litigios innecesarios.

En cuanto a la administración de ingresos, la auditoría evidenció la ausencia de análisis en cuentas por cobrar que superan los $1.6 millones, de las cuales más de $1.2 millones tienen más de cinco años de antigüedad. Además, se detectaron deficiencias en las gestiones de cobro, incluyendo falta de evidencia de seguimiento a deudores, incumplimiento en la verificación de patentes municipales y ausencia de declaraciones de volumen de negocios en varios casos.

La gerencia municipal indicó que ha iniciado procesos para analizar las cuentas incobrables, fortalecer las gestiones de cobro y mejorar la supervisión de los contribuyentes. Asimismo, señaló que se impartieron instrucciones para asegurar el cumplimiento con los permisos de construcción y la documentación requerida en los contratos.

Por último, una evaluación de contratos de arrendamiento de locales entre 2021 y 2023 por $123,000 reveló que el Municipio no obtuvo estudios de renta ni certificaciones registrales en cuatro contratos, y omitió la certificación de deuda del Departamento de Hacienda en dos casos. Esto impide determinar si los cánones de arrendamiento eran razonables y validar el derecho legal de los arrendadores sobre los inmuebles, lo que expone al Municipio a posibles reclamaciones de terceros y a riesgos relacionados con cargas o gravámenes. Además, pudo haber contratado con arrendadores con deudas contributivas.

Como resultado de estos hallazgos, la OCPR emitió recomendaciones dirigidas al alcalde y a las unidades administrativas del Municipio, incluyendo el fortalecimiento de los controles internos, la recuperación de fondos pagados indebidamente, la correcta aplicación de las disposiciones legales en materia de recursos humanos, la obtención previa de permisos y garantías en proyectos de construcción, y el establecimiento de mecanismos efectivos para la administración y cobro de ingresos.

“La gestión pública exige cumplimiento estricto con la ley, controles internos robustos y una administración responsable de los recursos del pueblo”, expresó la Contralora. El informe completo está disponible en la página oficial de la OCPR www.ocpr.gov.pr.