Subastas
Informe de Auditoría OC-25-90 de Atenas Community Health Center, Inc.
El 6 de junio de 2024 aprobamos el Informe de Auditoría OC-25-90. Este contiene los resultados de la auditoría que realizamos del Atenas Community Health Center, Inc., para determinar si las operaciones fiscales se efectuaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe de Auditoría OC-25-90 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Informe de Auditoría OC-25-89 del Municipio de Las Marías
Contralora revela pagos en exceso y cambios contrarios a la ley en subasta para comprar asfalto en Las Marías
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Las Marías. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que luego de celebrar una subasta general para adquirir asfalto regado y compactado, la Junta de Subastas adjudicó la compra por $114.75 la tonelada de asfalto. Luego de la adjudicación el 3 de junio de 2022, la Junta aprobó cambiar el precio adjudicado cada 90 días, según solicitó la corporación beneficiada, contrario a lo establecido en las Condiciones e Instrucciones Generales de la subasta. Al respecto, el Municipio formalizó dos contratos con esta cláusula y con el aumento a $125.70, el precio por tonelada.
Las especificaciones de una subasta general no pueden enmendarse luego de adjudicada. La corporación beneficiada se había comprometido a honrar los precios y mantenerlos firmes por los primeros 12 meses de la vigencia del contrato. El Municipio ni la Junta de Subastas tenían autoridad para dejar sin efecto las disposiciones del Reglamento Municipal de 2016, ni del Reglamento de Subastas y Adquisiciones del Municipio de 2019.
Esta situación ocasionó el pago en exceso de $13,950, y limitó la participación de los demás licitadores.
La auditoría de ocho hallazgos señala que, el Municipio de Las Marías invirtió $72,189 en la construcción de una pista de caballos para la cual no obtuvo el permiso de la Oficina de Gerencia de Permisos. El examen del expediente del proyecto no tenía informes de labor realizada y en una visita el 9 de octubre de 2024, encontraron la pista deteriorada y sin utilidad.
El Informe publica múltiples deficiencias con los comprobantes de desembolsos y los justificantes para el pago de combustible a la estación de gasolina que obtuvo la subasta por $100,000. Por ejemplo, no se prepararon los cuadres para ninguno de los 17 prepagos de gasolina, nueve comprobantes de desembolso por $84,426, no tenían las facturas justificantes, y no se verificó si el precio del combustible facturado no excedía los $0.30 por galón conforme establecido en el contrato formalizado el 1 de agosto de 2023.
Además, el 39% de los Informes Diarios del Conductor de los vehículos municipales, carecía de los datos de entrada, salida, millaje recorrido, niveles de combustible y firma del conductor. Estos informes permiten velar por el buen uso, custodia y mantenimiento de los vehículos asignados.
El puesto de auditor interno del Municipio de Las Marías está vacante desde el 23 de agosto de 2023. La Unidad de Auditoría Interna solo cuenta con una secretaria. Esta situación no permite la fiscalización continua y eficaz de sus finanzas y operaciones.
De hecho, el Informe destaca la falta de fiscalización del Comité de Auditoría de la Legislatura Municipal, ya que del 2020 al 2024 se reunió solo en tres ocasiones. Esta situación de no mantener una fiscalización continua propicia que se puedan cometer irregularidades y deficiencias en las operaciones municipales.
La auditoría devela atrasos de más de un año en la entrega de los estados financieros auditados del 2022 y el 2023 al Federal Audit Clearinghouse conforme establece el Código de Regulaciones Federales. Al 25 de abril de 2025, el Municipio no había entregado el estado financiero del 2024. Esta situación puede afectar la asignación de fondos federales.
Por otro lado, la ausencia de un administrador de los documentos públicos no permite mantener un control adecuado de los documentos. Este puesto es responsable de cumplir con el Programa de Administración de Documentos Públicos, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Del 2020 al 2024, el Municipio no había remitido al ICP el inventario, el plan de retención ni la lista de disposición de los documentos.
Además, el área designada para archivar los documentos públicos no tenía acondicionador de aire, ni detector de humo, ni equipo de control de la humedad. Las cajas estaban desde el suelo una encima de la otra y el área carecía de anaqueles suficientes. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-22-08 del 2021.
La autonomía municipal conlleva autonomía fiscal. El presupuesto comprende un estimado de gastos y los recursos e ingresos estimados. Del examen de los presupuestos del 2020 al 2024, se revela que el 58% del presupuesto operacional proviene de fondos del Gobierno Estatal. Al respecto el Informe recomienda al alcalde que identifique medidas que le permitan prepararse ante la reducción de asignaciones del Gobierno Estatal.
El presupuesto de Las Marías fue de $5.9 millones en el 2020, $5.4 millones en el 2021, $6.8 millones en el 2022, $7.3 millones en el 2023 y $7.7 millones en el 2024. Sus estados financieros reflejaron superávits acumulados de $1 millón en el 2020, $485,078 en el 2021 y $312,625 en el 2023. Para el año fiscal de 2022, los estados financieros reflejaron un déficit de $455,789.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este primer informe de Las Marías cubre el periodo del 1 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-89 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Informe de Auditoría OC-25-88 del Municipio de Isabela
Contralora revela pago de $376 mil por diseño de planos sin utilidad y ordenanza y destaque de empleados contrarios a la ley en Isabela
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Isabela. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Isabela pagó $376,310 por diseñar planos, tramitar permisos y realizar los estudios requeridos para revitalizar el Túnel de Guajataca. El contrato con vigencia desde el 2014, se enmendó cuatro veces para extenderlo hasta el 2019. Al 30 de junio de 2023, el proyecto no se había construido, por lo cual la inversión no ha tenido utilidad.
La auditoría de siete hallazgos señala que, se realizaron 25 donativos por $53,987 del Fondo Dotal del Deporte, sin la aprobación de la Legislatura Municipal del 2022 al 2023. Además, el Municipio no ha transferido el balance disponible de $6,782 producto de la venta de un auto SUV de alto rendimiento de 2018, que por Resolución se destinaría a este fondo.
En la auditoría se encontró que, al 20 de diciembre de 2023, el Municipio no había facturado ni requerido a la compañía $10,466 correspondientes al 20 % establecido en el contrato. A raíz de la investigación de los auditores de la Contraloría de Puerto Rico, el Municipio facturó y recibió de la compañía administradora del vertedero municipal, los indicados fondos. Esto tuvo el efecto de no recibir $10,466 a tiempo, para atender las necesidades de sus constituyentes.
El Informe devela que los contadores de la Oficina de Finanzas y Presupuesto del Municipio no obligaron los créditos presupuestarios para el pago del 90% de los contratos y el 33% de las enmiendas examinadas, por $853,379. El Municipio debe asegurarse que se obliguen las asignaciones presupuestarias, al momento de otorgar un contrato para que haya balance disponible para cubrir los desembolsos. Las obligaciones se registraron de 13 a 195 días después.
Desde el 1 enero de 2019 hasta el 31 de marzo de 2023, el Municipio de Isabela había formalizado 2,801 contratos y enmiendas por $62.5 millones. Esta situación pudiera causar sobregiros y litigios innecesarios para el Municipio.
Los auditores detectaron que un acuerdo colaborativo que se otorgó el 2 de agosto de 2021, no se registró en la OCPR a los 15 días de otorgarse, sino 896 días después. Además, copias de cuatro enmiendas otorgadas en el 2021, se registraron con tardanzas de hasta 50 días. Estas situaciones, impidieron que estos documentos públicos estuvieran accesibles a la ciudadanía según dispone la reglamentación vigente.
En contravención del Código Municipal de 2020 y la Ley de Municipios de 1991, la Legislatura Municipal autorizó que el Centro Isabelino de Medicina Avanzada (CIMA-EM), no devolviera el capital inicial para su funcionamiento que ascendió a $1.9 millones en efectivo y $480,750 en propiedad. Además, el Municipio sin facultad legal, designó 11 empleados en destaque para que realizaran las funciones de su puesto en el CIMA-EM. Las empresas municipales como CIMA-EM se consideran corporaciones con fines de lucro y con personalidad jurídica propia por lo cual, a sus empleados le aplican las leyes y normas del sector privado.
De hecho, la ayudante ejecutiva del alcalde certificó que la Junta de Directores del CIMA-EM de cinco miembros, estuvo compuesta por cuatro miembros del 2016 al 2019 y no contó con un representante del interés público, del 2021 al 2022.
El presupuesto de Isabela ascendió de $12.6 millones en el 2019, a $12.6 millones en el 2020, $12.9 millones en el 2021, $16.1 millones en el 2022, y $16.6 millones en el 2023. Sus estados financieros reflejaron superávits acumulados de $35.1 millones en el 2019, $35.1 millones en el 2020, $35.5 millones en el 2021, y $37.5 millones en el 2022.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe de Isabela, cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-88 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Informe de Auditoría OC-25-87 del Municipio de Adjuntas
Contralora revela múltiples deficiencias en las operaciones de compras y desembolsos en Adjuntas
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Adjuntas. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Adjuntas no obligó las asignaciones presupuestarias por $949,498 para el pago del 30% de los contratos y el 75% de las enmiendas examinados. Estos contratos se otorgaron para comprar asfalto, reparar vías públicas y estabilizar un talud de terreno. En contravención con el Reglamento Municipal de 2016, el director de Finanzas indicó que obligaba los fondos al recibir la factura y no antes de recibir los materiales o que se rindieran los servicios.
Del 13 de enero de 2021 al 29 de diciembre de 2023, el Municipio otorgó en total 607 contratos y 124 enmiendas por $17,047,941. Esta situación, de no obligar los créditos, impide tener un control eficaz de las asignaciones presupuestarias y puede incurrir en sobregiros y litigios innecesarios.
La auditoría de cinco hallazgos señala que, sin la autorización del Municipio, los trabajos de regado y compactación de asfalto e instalación de barreras de seguridad en el puente de la carretera 522 del Barrio Garzas, se subcontrataron a dos compañías. El Municipio y el funcionario encargado de las subcontrataciones expresaron desconocer esta situación prohibida en el contrato que el alcalde había formalizado con el contratista el 16 de febrero de 2023 por $128,704.
El Informe devela múltiples deficiencias de control con los comprobantes de desembolso y sus justificantes. Del examen realizado, el 87% de los justificantes de pago de comprobantes, no se marcaron como pagados; en el 29% de los comprobantes, las cotizaciones no establecían nombre, título y firma del funcionario a cargo de aceptarlos; y en el 14% de los comprobantes, las facturas carecían de la certificación del proveedor sobre la ausencia de interés.
Los desembolsos por $2.9 millones emitidos del 2021 al 2024 correspondían a la adquisición de vehículos, equipos y materiales relacionados con el manejo de la pandemia del COVID-19, entre otros. Esta situación, propicia que se cometan irregularidades en los desembolsos y hace inoperante los controles internos establecidos.
Sin solicitar el consentimiento de la Legislatura Municipal, el entonces alcalde transó una demanda presentada el 11 de agosto de 2018 ante el Tribunal de Primera Instancia, por el despido de un empleado cuyo contrato transitorio estaba vigente. Todo acuerdo de transacción en acciones judiciales que conlleve algún tipo de desembolso mayor de $25,000 tiene que presentarse a la consideración de la Legislatura Municipal antes de remitirla al foro judicial. Esta situación también afectó los recursos del Municipio ya que tuvo que desembolsar $25,289 sin recibir servicio a cambio.
Al 21 de agosto de 2024, el Municipio no había remitido al secretario de Justicia la información y los documentos requeridos por el Registro de Demandas Civiles de 2003. Esta situación impide que estas demandas estén accesibles a la ciudadanía. La información indica que cinco demandas habían sido resueltas y cuatro demandas están activas con reclamaciones que suman $1.6 millones.
La auditoría comenta que el alcalde mantiene un plan de pago con un balance adeudado por $14,223 con la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Esta Oficina le imputó una multa administrativa por $16,000 en el 2023 por otorgar dos contratos y dos enmiendas a compañía de pariente del director de la Oficina de Obras Públicas del Municipio, sin haber obtenido la dispensa requerida por la OEG.
Al 22 de julio de 2024 estaban pendiente de resolución por los tribunales cuatro demandas civiles por $950,000 por despido, y por daños y perjuicios.
El presupuesto de Adjuntas ascendió de $5.8 millones en el 2021, a $6.8 millones en el 2022, a $7.4 millones en el 2023 y a $7.5 millones en el 2024.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe de Adjuntas, cubre el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-87 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-86 de la Universidad de Puerto Rico, Administración Central
Contralora revela deficiencias con los módulos de Cuentas a Pagar y Activos Fijos en la Administración Central de la UPR
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones de los sistemas de información computadorizados de la Oficina de Sistemas de Información (OSI) de la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que la directora interina de la División de Compras y una contadora de la Oficina de Finanzas no activaron en el módulo de Cuentas por Pagar la opción que calcula la retención por contribución sobre ingresos. Esto tuvo el efecto de que no se le retuvo el 10% conforme al Código de Rentas Internas de 2011, a 10 de 14 proveedores, equivalente a $9,772.
La auditoría, de cinco hallazgos, señala que el módulo de Activos Fijos del Sistema de Información Administrativo (SIA) no tiene información actualizada. De una muestra examinada, no se localizaron 14 de 16 computadoras registradas en el módulo, no guardaban la documentación de las computadoras y el encargado de la propiedad no emitía los recibos de la propiedad usada por funcionarios y empleados.
Además, el encargado de la propiedad tenía solicitudes de hasta más de 12 años de bajas, transferencias, hurtos o decomisos de computadoras sin actualizar en el SIA. Esta situación impide mantener registros confiables de la propiedad y aumenta el riesgo de que se pierdan o se usen de forma indebida.
En contravención de la Política sobre las Mejores Prácticas de Infraestructura Tecnológica de la Carta Circular 2023-004, el encargado de la propiedad no incluyó el nombre del empleado custodio de los equipos en el módulo de los Activos Fijos. El examen realizado a los registros de 1,496 computadoras de escritorio o portátiles reveló que, en el 74%, los campos para identificar al empleado a quien se asignó la propiedad estaban en blanco.
Por otro lado, los auditores hallaron que, al 22 de agosto de 2024, transcurridos hasta 18 meses del cese o terminación de servicio, no se habían inactivado 13 cuentas de acceso al Sistema de Información Administrativo de 12 exempleados y un exconsultor de la Oficina de Finanzas. Esta situación impide mantener un control efectivo y eficaz sobre las cuentas de acceso y hace imposible que se pueda detectar a tiempo accesos no autorizados.
En las inspecciones efectuadas para validar los controles ambientales, se encontraron líquidos inflamables y equipos de limpieza en la Oficina de Servicios Administrativos, pared con panel de madera deteriorada en el cuarto de Telecomunicaciones y cajas almacenadas dentro del gabinete de comunicación de la Oficina de Desarrollo Físico e Infraestructura. Además, varios gabinetes no estaban cerrados con llave y el cableado de todo el Centro de Cómputos estaba desorganizado.
La falta de controles ambientales y físicos para proteger los equipos es una situación contraria a las disposiciones establecidas por el Federal Information System Controls Audit Manual.
La Administración Central cuenta con una infraestructura de 665 computadoras, 607 computadoras portátiles, 80 servidores físicos y 171 virtuales, 27 antenas WiFi, 14 switches, dos routers y dos firewalls.
El presupuesto asignado a la Administración Central fue de $55.3 millones en el 2022, $18.4 millones en el 2023 y de $17.8 millones en el 2024.
El Informe contiene cuatro recomendaciones a la atención de la Junta de Gobierno de la UPR, al secretario de Hacienda, y al presidente de la Universidad.
Este primer informe de la Administración Central de la UPR cubre el periodo del 1 de enero de 2023 al 30 de noviembre de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-86 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-85 de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez
Contralora revela funciones conflictivas de la subdirectora de Recaudaciones y deficiencias con la propiedad en la UPR Mayagüez
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto Universitario de Mayagüez. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que la subdirectora de la Oficina de Recaudaciones realizó funciones de recibir recibos, preparar el informe del recaudador, cuadre diario y de directora de cuentas, en conflicto con su responsabilidad como subdirectora y supervisora de recaudaciones. Esta situación dificulta una evaluación objetiva ya que la funcionaria estaba en una posición de control sobre sus propias funciones administrativas. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría CP-14-17 del 2014.
La auditoría de tres hallazgos señala también deficiencias con las conciliaciones bancarias. Por ejemplo, los auditores advirtieron que la cuenta de Préstamos Federales y Beca Federal no estaba preparada de forma correcta ni se habían realizado los ajustes en las conciliaciones bancarias de las cuentas de Ingresos y Desembolsos, entre otras.
Contrario a la reglamentación vigente, el oficial de propiedad certificó el inventario del año fiscal de 2022-23, sin incluir la propiedad mueble del Departamento de Ingeniería Mecánica. Además, cuando el oficial de propiedad cesó sus funciones en el 2019, no se realizó el inventario correspondiente. Esto tiene el efecto de que los estados financieros no reflejen balances precisos, lo que provoca que los activos estén sobrevaluados o subvalorados en el balance general.
El Informe devela múltiples deficiencias con el control de la propiedad mueble como, por ejemplo, el que no se hayan eliminado las unidades no existentes en los Sistemas Activos Fijos, ni la propiedad no localizada en el Sistema de Inventario de Propiedad, o que personas que ya no trabajan en la UPR Mayagüez, tengan propiedad asignada.
La UPR Mayagüez no suministró a los auditores de la Contraloría, la investigación administrativa de siete unidades extraviadas o hurtadas del 2018 al 2020, por valor de $8,095. Además, la entidad tardó hasta más de dos años en investigar el robo o desaparición de 19 propiedades con valor de $26,879.
Las investigaciones realizadas de 25 propiedades hurtadas o desaparecidas fueron notificadas a la OCPR entre 14 y 457 días laborables más tarde. La ley y la reglamentación vigente, requiere que cualquier pérdida de fondos o bienes públicos, se notifique a la Oficina del Contralor, en un término no mayor a los 10 días de haber concluido la investigación que a su vez, no debe exceder de 20 días.
De hecho, la UPR Mayagüez remitió copias de 26 contratos y 18 enmiendas a los registros de la OCPR hasta 667 días después de formalizados. La ley y la reglamentación dispone que la entidad remita los contratos dentro de los 15 días siguientes a la fecha que se otorga el contrato, ya que ninguna prestación o contraprestación de servicios podrá exigirse hasta tanto el contrato se haya registrado en la Contraloría.
El presupuesto de la UPR Recinto de Mayagüez, fue de $167.2 millones en el 2018, $164.7 millones en el 2019, $150.6 millones en el 2020, $157.9 millones en el 2021 y $142.1 millones en el 2022.
La auditoría le recomienda al presidente de la UPR, que se asegure que el Rector de la UPR Mayagüez, cumpla con las recomendaciones de este Informe de Auditoría.
Este primer informe de la UPR Mayagüez, cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2022.
El Informe de Auditoría OC-25-85 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Evitar señalamientos está en tus manos (4)
Campaña dirigida a los contratistas del Gobierno y municipios de Puerto Rico.
¡Contratista del gobierno de Puerto Rico!
¿Sabías que un solo error te puede costar el contrato?
Las reglas son claras. Son fondos públicos. Cumpla con la ley.
“Evitar señalamientos está en tus manos”.
Oficina del Contralor de Puerto Rico: Velando por el buen uso de los fondos públicos.
Solicitudes de acceso a la información – marzo 2025
Informe de Auditoría OC-25-84 del Municipio de Orocovis
Contralora revela pagos fuera de contrato por más de $200 mil a contratistas de recogido de escombros en Orocovis
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Orocovis. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Orocovis pagó $195,592, entre el 2019 al 2024, a tres contratistas por servicios que no estaban incluidos en sus contratos de recogido y disposición de escombros. Por ejemplo, la compra de mogolla, el alquiler de guaguas con chofer o el traslado de equipo pesado, no estaban incluidos en sus contratos.
La directora de Finanzas autorizó estos pagos, a pesar de la advertencia de los preinterventores de que estos gastos no procedían. Además, el Municipio realizó un pago duplicado por error de $8,502 por el alquiler de un camión, según indicó el director de la Oficina de Planificación y Desarrollo.
La auditoría, de cinco hallazgos, señala que el Municipio obvió el requisito de celebrar subasta pública para realizar trabajos de mejoras permanentes en las estructuras de 25 centros de Head Start y Early Head Start. En su lugar, fraccionó $330,500 en tres contratos para no exceder el límite de $200,000 que la ley establece para celebrar subasta pública. El Municipio de Orocovis administra los fondos federales del Proyecto Head Start y Early Head Start con 35 estructuras localizadas en Barranquitas, Corozal, Villalba y Orocovis.
Además, uno de los trabajos de mejoras permanente, la instalación de campanas y sistemas de supresión de incendios en las estructuras, fueron realizados por un subcontratista sin la autorización previa por escrito del alcalde. Esta situación no le permitió al Municipio evaluar si la compañía subcontratada cumplía con la experiencia y los requisitos.
El Informe publicó que las obras de construcción o reconstrucción de cuatro canchas bajo techo y mejoras al Centro Comunal en el Barrio Mata de Cañas se comenzaron sin obtener los permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Aunque los permisos se obtuvieron de 22 a 399 días después, la OGPe no pudo ejercer su función reguladora previo al inicio de los trabajos.
El Municipio de Orocovis registró en la OCPR con tardanza de hasta un año, copias de 354 contratos y 248 enmiendas por $11 millones del 2019 al 2024. Según dispone la ley y la reglamentación vigente, no se puede autorizar ningún desembolso sin que el contrato se haya remitido y registrado en la OCPR dentro de los 15 días desde que se otorgó el contrato. Esta situación impidió que los contratos estuvieran disponibles a la ciudadanía en calidad de documentos públicos en el tiempo requerido.
El presupuesto de Orocovis fue de $8.9 millones en el 2019, $9.2 millones en el 2020, $7.9 millones en el 2021, $7.3 millones en el 2022, $7 millones en el 2023 y $7.6 millones en el 2024.
La auditoría le recomienda al director de la OGPe que se asegure que el Municipio de Orocovis cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe de Orocovis cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2024
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El Informe de Auditoría OC-25-84 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-83 del Municipio de Barceloneta
Contralora revela pagos en exceso de más de $1.5 millones en contratos de compraventa de edificio, recogido de escombros y adquisición de equipo en Barceloneta
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Barceloneta. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio pagó $1.4 millones en exceso por la compra de un inmueble de $13.5 millones según contrato de arrendamiento con opción a compra de un solar. Este contrato fue enmendado para extender el tiempo de construcción en el solar de las facilidades administrativas de Head Start y Early Head Start, sin embargo, no se enmendó la cuantía.
De hecho, los informes de tasación de valoración preparados por un tasador privado de esta propiedad no fueron revisados por un tasador revisor, ni el Municipio los remitió para la aprobación del Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales como dispone la reglamentación vigente.
El Municipio de Barceloneta también pagó $148,485 en exceso por la compra de consolas de aire con un contrato original de $50,000. Además, el contratista facturó compras realizadas hasta ocho meses después del vencimiento del contrato el 30 de junio de 2022.
Otro pago sin enmienda de contrato se realizó el 24 de febrero de 2021, por el recogido de escombros en exceso de lo establecido en el contrato. El Municipio pagó $29,060 por el exceso de recogido de yardas cúbicas de escombros.
La auditoría, de cinco hallazgos, señala que el Municipio pagó $501,882 por servicios profesionales a un ingeniero para el diseño de planos y trámites de permiso de construcción de facilidades en los predios de la Escuela Dr. Francisco Susoni que no se llegó a edificar. Para esta contratación el Municipio solicitó una sola propuesta, en vez de realizar una competencia entre proveedores como dispone el Código de Regulaciones Federales 2.
La auditoría le recomienda a la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud Federal, que considere estas situaciones para que tome las medidas que correspondan.
Los auditores identificaron que el Municipio no había cobrado $146,162 a una corporación, por la extracción de 116,930 metros cúbicos de material extraído del Tosquero Municipal. Como resultado de esta auditoría, el Municipio recobró $46,824, con un balance pendiente de $99,338. Esta situación resta credibilidad a los procesos de supervisión del Municipio.
Contrario a la ley y la reglamentación vigente, el Municipio de Barceloneta le pagó $203,649 a una pensionada quien había renunciado a su puesto de directora ejecutiva al 30 de junio de 2022 con un sueldo mensual de $8,112. La alcaldesa la reactivó en su puesto de directora ejecutiva, en el cual devengó $269,031, del 15 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2023. Como pensionada, debió haber recibido $65,382; la mitad del sueldo básico de la escala salarial.
Como resultado de esta auditoría, la alcaldesa de Barceloneta remitió una consulta a la Junta de Retiro, que decidieron suspenderle la pensión a la directora ejecutiva. Además, la Junta de Retiro indicó que la pensionada tenía que devolver lo cobrado de pensión.
El Informe publica otras deficiencias como el pago indebido de $1,616 a una empleada por la liquidación de licencias y aportación patronal que no le correspondía. Además, se autorizó la adquisición de un condensador de aire de $10,995, sin solicitar las cotizaciones de por lo menos tres proveedores del mercado.
El presupuesto del Municipio fue de $27.5 millones en el 2020, $26.1 millones en el 2021, $26.5 millones en el 2022, $30.9 millones en el 2023 y $32.1 millones en el 2024.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio de Barceloneta, cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe de Barceloneta cubre el periodo del 1 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2023
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El Informe de Auditoría OC-25-83 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-82 de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio
Contralora revela pagos indebidos por $1.5 millones al contratista de las ventas de boletos por Internet de la Autoridad de Transporte Marítimo
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio (ATM). Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones sobre los servicios contratados para la venta de boletos por Internet para el transporte marítimo de Ceiba a Vieques y Culebra, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que la ATM no formalizó un contrato escrito con el contratista de los servicios de boletería por Internet del 8 de abril al 29 de septiembre de 2019. La entonces directora de la ATM no cumplió con sus responsabilidades administrativas al no establecer los derechos y obligaciones de las partes mediante un contrato. Esta situación le permitió al contratista cobrar $541,151 de forma indebida.
La auditoría, de tres hallazgos, señala que no fue sino hasta el 30 de septiembre de 2019, que la ATM formalizó un contrato para la venta de boletos por Internet con el contratista. Sin embargo, le permitió al contratista recibir ingresos por $878,912 en exceso de la cantidad máxima establecida en los contratos de $9,990 anuales y no le requirió $29,895 de las ventas de boletos de varios meses entre los años de 2020 y 2021.
Además, en contravención con las cláusulas contractuales, el contratista subcontrató los servicios de venta de boletos, no depositaba los ingresos por venta en el tiempo establecido, y él mismo se descontaba los rembolsos de los ingresos.
Los auditores detectaron que la entonces directora ejecutiva no protegió los mejores intereses de la ATM ya que, para la adquisición de los servicios de venta electrónica de boletos no solicitó propuestas adicionales, no obtuvo la autorización del secretario de Transportación y Obras Públicas, ni informó a la Junta de directores sobre los servicios recibidos sin contrato y luego de formalizar los contratos.
La OCPR identificó otras situaciones que se remitieron a la consideración del secretario de Hacienda el 7 de abril de 2025 sobre la falta de preparación de las declaraciones informativas, las retenciones sobre los ingresos recibidos por el contratista, y el cobro del impuesto de venta y uso.
El Informe publica que la ATM no ejerció un control adecuado de sus transacciones fiscales y propició balances incorrectos en los registros de contabilidad. El director ejecutivo auxiliar de Administración y Finanzas remitió sólo uno de los 107 informes de las ventas de los boletos por $1,053,163 millones a la contadora gerencial de la ATM. Por tanto, la contadora gerencial no realizó el cuadre de los ingresos de venta de los boletos, de los cargos por el servicio, ni de las cuentas por cobrar.
Por otro lado, la ATM no pudo determinar la legalidad, exactitud, ni corrección de los informes de venta remitidos por el contratista. El examen de los informes de venta reveló que la ATM no le requirió al contratista la certificación requerida en el contrato, fecha de la preparación del informe, ni el cómputo del importe descontado por el coste del servicio de procesamiento de tarjetas de crédito y débito.
Otro de los hallazgos evidencia que ninguno de los contratos incluyó la información sobre las categorías de los boletos, ni sobre el proceso de rembolso a los clientes. El contrato del 30 de septiembre de 2019 tampoco incluyó el importe máximo de los servicios contratados.
Del 2016 al 2022, la ATM tuvo ingresos por $322.9 millones, una contribución de capital por $9 millones, y gastos por $297.2 millones. Al año fiscal de 2022, la ATM registró un déficit de $41.7 millones.
Este informe, cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de enero de 2022
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El Informe de Auditoría OC-25-82 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Evitar señalamientos está en tus manos (3)
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“Evitar señalamientos está en tus manos”.
Mensaje de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Informe de Investigación OC-25-81 al Departamento de Educación – Resultado de la investigación sobre alegadas irregularidades relacionadas con los servicios de terapias psicológicas
Contralora revela cobro fraudulento por servicios de psicología en la escuela elemental Eugenio Brac de Naguabo
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó hoy el resultado de una investigación de una querella sobre alegadas irregularidades relacionadas con los servicios de terapias psicológicas en la Escuela Elemental Eugenio Brac de Naguabo. La especialista estaba contratada por una compañía privada bajo la Unidad Secretarial del Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional del Departamento de Educación de Puerto Rico.
La investigación reveló que la especialista certificó, de forma fraudulenta, que del 26 de septiembre de 2023 al 27 de marzo de 2024 había dado 77 servicios de terapias a 23 estudiantes. La especialista facturó 39 servicios que correspondía a periodos fuera del horario escolar, en ausencia de los maestros y estudiantes, e incluso en días de sábados. Además, facturó 38 servicios de psicología en días y horas que se encontraba trabajando en una tienda ubicada en un centro comercial.
Los auditores validaron con cinco padres de los estudiantes que sus hijos no habían recibido terapias fuera del horario escolar y que las firmas en 31 certificaciones de servicios mensuales no eran las suyas, ni habían autorizado a nadie firmar por ellos. Mediante declaraciones juradas, tres educadoras declararon que algunos documentos de la compañía tenían firmas de maestros falsificadas.
La especialista cobró de forma indebida $5,035. Al respecto, se pudo haber configurado delitos tipificados en la Ley 146-2012, Código Penal de Puerto Rico.
Esta situación se refirió a la secretaria de Justicia el 21 de febrero de 2025 para que evaluara la posible violación de leyes y/o reglamentos, y al comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales para que tome las medidas que estime pertinentes.
También le recomendamos a la inspectora general de la Oficina del Inspector General, que considere ampliar el alcance de la revisión de los servicios facturados por la especialista, y al secretario de Educación que tome las medidas administrativas pertinentes.
Del 1 de septiembre de 2023 al 30 de abril de 2024, la especialista cobró $73,800 por 1,125 terapias. Para este periodo, el Departamento de Educación había desembolsado $1.3 millones por 22,744 terapias a esta compañía.
Este informe, resultado de la investigación de una querella, con fecha del 22 de mayo de 2025.
El Informe OC-25-81 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-80 del Municipio de Trujillo Alto
Contralora revela compra de vehículos y asfalto por más de $147 mil sin las cotizaciones requeridas en Trujillo Alto
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Trujillo Alto. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Trujillo Alto compró del 2021 al 2022, tres vehículos de motor por $81,428, sin obtener al menos tres cotizaciones. Para una de las compras sólo se obtuvo la cotización del proveedor agraciado, y para la otra compra no se encontraron las cotizaciones.
Además, el Municipio compró en el 2020, 840 toneladas de asfalto por $65,733, sin obtener las cotizaciones requeridas, sino sólo la del proveedor agraciado.
La ley y la reglamentación vigente prohíbe el desembolso de fondos municipales para la compra de bienes, suministros y servicios, sin las cotizaciones requeridas. Además, estas situaciones impiden la libre competencia entre el mayor número de proveedores.
La auditoría, de dos hallazgos, señala que el Archivo Municipal para los documentos inactivos carecía de equipo para el control de humedad y tenía filtraciones en el techo y cajas en el piso. La falta de control adecuado de los documentos públicos propicia su deterioro, destrucción o que se pierdan.
El Informe comenta las sentencias de la fiscalía federal contra el exalcalde el 11 de enero de 2023 y contra el exayudante del alcalde el 3 de marzo de 2023, por fraude contra el Gobierno de los Estados Unidos. Ambos solicitaron, aceptaron y recibieron pagos a cambio de gestionar y otorgar contratos a dos compañías de servicios de asfalto, pavimentación y recogido de basura. Los dueños de las compañías se declararon culpables por cargos de corrupción en procesos judiciales relacionados con este esquema, también en otros municipios.
Los estados financieros reflejaron déficits acumulados en el Fondo General de $3.1 millones en el 2020, $3.1 millones en el 2021, $2.7 millones en el 2022 y $533,490 en el 2023. El estado financiero del 2024 reflejó un superávit acumulado de $3.9 millones.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio de Trujillo Alto cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este informe cubre el periodo del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-80 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
La mayoría de las empresas de turismo náutico en la Isla están ilegales, según auditoría
Wapa Digital May 27, 2025
Un 68% de las empresas de turismo náutico en Puerto Rico operan ilegalmente sin contar con las debidas certificaciones, según se reveló hoy en un informe de auditoría a la Compañía de Turismo realizado por la Oficina de la Contralora.
Según el informe, el 68% de las empresas de turismo náutico examinadas continúan brindando servicios a pesar de no tener la Certificación de Actividad Turística vigente al 27 de marzo de 2025. Esta situación, que se atribuye a la falta de personal en la Compañía de Turismo para realizar las inspecciones necesarias, genera una competencia desleal con los operadores que sí cumplen con la ley y la reglamentación vigente.
La auditoría, de tres hallazgos, señala también múltiples deficiencias con el registro de las empresas de turismo náutico. Los auditores identificaron certificaciones vencidas registradas como regulares y certificaciones condicionadas que estaban vencidas, en el 28% de los expedientes examinados. Además, la Compañía no mantiene un registro público de las empresas dedicadas a las actividades de turismo náutico y de las marinas turísticas según dispone la Ley de Turismo Náutico de 2010 (Ley 241-2010).
En visita realizada a la Oficina de Servicios y Fiscalización de la Compañía de Turismo, se verificó que el archivo carece de un custodio designado, no tiene un registro de las personas con acceso y los documentos estaban sueltos en los expedientes. Esta situación propicia que se desaparezcan los documentos y afecta la planificación, inversión y desarrollo de las empresas de turismo náutico.
Los estados financieros auditados reflejaron que la Compañía de Turismo tuvo ingresos por $377.4 millones, y gastó $264.6 millones del 2022 al 2023.
Este informe es uno de auditoría de cumplimiento de alcance específico, el cual significa que atiende uno o dos asuntos en un periodo de tiempo establecido. Este informe cubre el periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de enero de 2025, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
Contralora identifica 19 empleados de CESCO alrededor de la isla que borraban sus multas en auditoría
Fuente: Radio Isla
Fecha: 23 de mayo de 2025
La Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso reveló en Pega’os en la Mañana que identificaron unos 19 empleados de Centro de Servicios al Conductor (CESCO) borraron sus multas en su último informe, que cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2021.
“Hicimos pruebas, tanto en el centro metropolitano, en el CESCO Bayamón, en el de Ponce, Aguadilla, Arecibo, Humacao, Barranquitas, Caguas, Guayama, en el Urbano, en Minillas, y en todos encontramos por lo menos un empleado o borrándose cuentas propias, las multas que le habían dado a ellos mismos, borrando, cambiando estatus de algunas multas, diciendo que se habían pagado en Hacienda, y en Hacienda no tenían récord del pago”, reveló Valdivieso. “Y eso es de una muestra. Nosotros de todo el universo se cogieron que eran miles de multas. Lo que revisamos fueron 437 multas que se encontraron mal, pero eran como de 25 mil, y ahí entran miles de multas al año”.
La auditoría revela que no se habían cobrado 47.9 millones de dólares en multas de tránsito de 543,711 multas sin corregir para el 2019. La oficinista encargada de verificar el proceso de digitalización de los boletos por la compañía contratada y trabajar los boletos con errores, se acogió a una licencia en septiembre de 2017, y al reintegrarse, fue asignada a otras funciones. El informe también señala que entre el 48% y el 68% de las 921,322 multas de AutoExpreso por $29.2 millones entre el 2016 al 2018, no se cobraron, ya que el DTOP no tiene los mecanismos para identificar los conductores de vehículos arrendados.
“Los 47 millones, 50 millones esos que no se cobraron muchos de ellos es porque cuando digitalizaban el boleto, la letra del que escribió el boleto no se entendía, así que no podían llevar esa multa ni a una licencia, ni a un carro, así que por ahí tenías un problema de digitalización por la falta de buena escritura de los policía”, explicó la Contralora. “Tienes un montón de multas que llegan a esos almacenes y no se procesan inmediatamente. Y si tú no las procesas, o sea, no las grabas en el sistema DAVID, ¿después cómo las cobras?”
El informe de la Oficina del Contralor confirmó que las situaciones fueron referidas al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) el 23 de febrero de 2022. El 23 de diciembre de 2024, la entonces secretaria del DTOP notificó que tras investigaciones internas, se destituyó un empleado del CESCO Metropolitano y se le formularon cargos e intención de destitución a tres empleados del CESCO Bayamón, Caguas y Minillas.
Contralor revela ASES pagó millones por contratos que habían vencido
Según el informe, ASES no llevó a cabo un proceso de contratación abierto y competitivo.
Por Metro Puerto Rico
19 de mayo 2025 a las 12:36 hrs.
La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió un informe sobre las operaciones fiscales de la Administración de Seguros de Salud (ASES), tras detectar pagos por más de 34 millones de dólares por contratos de servicios profesionales y consultivos nulos.
“La ASES otorgó enmiendas con vigencia retroactiva para pagar servicios a contratistas, aun cuando se había alcanzado el límite máximo establecido por contrato”, indicó el informe del Contralor.
Del análisis de una muestra de 319 contratos y 314 enmiendas otorgadas entre 2016 y 2020 por 10,362 millones de dólares, el 16 por ciento de las enmiendas se emitió retroactivamente, el 10 por ciento se hizo sobre contratos vencidos, y el 5 por ciento sin aprobación de la Junta de Directores.
También se indicó que ASES no llevó a cabo un proceso de contratación abierto y competitivo.
El informe establece que la ASES justificó sus acciones en una opinión legal “errónea” que permitía enmendar contratos después de haber recibido aprobación de fondos adicionales de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esta interpretación fue utilizada para realizar pagos retroactivos, lo que contraviene la normativa vigente.
Durante julio y agosto de 2018, ASES firmó enmiendas nulas a contratos vencidos por más de 34.3 millones de dólares para servicios de relaciones públicas y manejo de beneficios de farmacia, práctica que la Oficina del Contralor calificó como inválida bajo la ley.
La auditoría encontró que ASES pagó 2.9 millones de dólares por servicios subcontratados sin autorización, 3,213 dólares sin contrato y 1,751 dólares en exceso de lo contratado. También se permitió que una empresa facturara 8,970 dólares por asesores fuera de contrato, redistribuyendo horas luego de la entrada en vigor del acuerdo.
El Contralor recomendó a la Junta de Directores de ASES iniciar una investigación sobre el cumplimiento del personal de finanzas y administración, y tomar medidas disciplinarias si procede.
Otras deficiencias incluyen la autorización de trabajos ya realizados, pagos retroactivos, ausencia de reglamentación para servicios de publicidad y falta de evaluaciones de riesgo entre 2018 y 2022. Además, se pagaron hasta 2.1 millones de dólares por funciones equivalentes a puestos regulares, lo que pudo representar un ahorro de 1.4 millones si se hubiesen pagado por nómina.
Al 30 de junio de 2022, la ASES aseguraba 1,276,451 vidas, y entre 2017 y 2022, manejó un presupuesto de 19,176 millones de dólares con desembolsos de 18,952 millones.
Este segundo y último informe de auditoría cubre el periodo del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2022.
Expresiones de ASES
La Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) aseguró mediante declaraciones escritas que activó un plan de acción correctivo y preventivo tras recibir el pasado viernes un informe de la Oficina del Contralor que señala múltiples deficiencias administrativas.
En una declaración oficial emitida hoy lunes, la directora ejecutiva interina de ASES, Lymari Colón, indicó que: “Desde el momento en que recibimos el informe la semana pasada, no perdimos tiempo. Activamos de inmediato un plan de acción concreto —no solo para corregir lo señalado, sino también para prevenir que situaciones similares vuelvan a repetirse”.
Detectan posibles fraudes y sobre $50 millones en multas sin cobrar en el CESCO
Las irregularidades fueron reveladas por la Oficina del Contralor de Puerto Rico
CyberNews 22/05/2025 Actualizado hace May 22, 2025
La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió el jueves una opinión adversa sobre las operaciones fiscales del Centro de Servicios al Conductor Metropolitano (CESCO), tras revelar irregularidades con el manejo de multas, posibles fraudes en cambios de estatus y la pérdida de más de $50 millones en ingresos.
Según el informe, “no se habían cobrado $47.9 millones de 543,711 multas sin corregir para el 2019”, debido a errores en el sistema y la falta de personal para procesarlas. El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) contrató una empresa por $350,000 para trabajar las multas, pero el 90% de los boletos no pudo corregirse por ser ilegibles.
En una muestra de 42 facturas por $6 millones, el 69% fue certificado por personal ajeno al proceso de digitalización, y el 31% se pagó sin hojas de control firmadas. Además, auditores encontraron cambios de estatus de multas sin evidencia de pago y casos en los que operadores invalidaron sus propias multas o las de otros empleados, fuera del horario laboral.
La Contralora identificó 19 operadores que cambiaron el estatus de 129 multas de forma irregular y alteraron otras 2,290 multas por $83,100 fuera de la muestra examinada. El informe señala que estas acciones fueron referidas al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental en febrero de 2022.
El DTOP confirmó en diciembre de 2024 la destitución de un empleado del CESCO Metropolitano y la intención de destituir a tres empleados de los CESCO de Bayamón, Caguas y Minillas.
La auditoría también reveló que entre el 48 y el 68 por ciento de las 921,322 multas de AutoExpreso emitidas entre 2016 y 2018, equivalentes a 29.2 millones de dólares, no se cobraron por falta de mecanismos para identificar a conductores de vehículos arrendados.
El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2021 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-79 de la Compañía de Turismo de Puerto Rico
Contralora revela que el 68% de las empresas de turismo náutico operan fuera de la legalidad
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones de la Compañía de Turismo de Puerto Rico relacionadas con la industria del turismo náutico. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El informe revela que el 68% de las empresas de turismo náutico examinadas continúan brindando servicios a pesar de no tener la Certificación de Actividad Turística vigente al 27 de marzo de 2025. Esta situación, que se atribuye a la falta de personal en la Compañía de Turismo para realizar las inspecciones necesarias, genera una competencia desleal con los operadores que sí cumplen con la ley y la reglamentación vigente.
La auditoría, de tres hallazgos, señala también múltiples deficiencias con el registro de las empresas de turismo náutico. Los auditores identificaron certificaciones vencidas registradas como regulares y certificaciones condicionadas que estaban vencidas, en el 28% de los expedientes examinados. Además, la Compañía no mantiene un registro público de las empresas dedicadas a las actividades de turismo náutico y de las marinas turísticas según dispone la Ley de Turismo Náutico de 2010 (Ley 241-2010).
En visita realizada a la Oficina de Servicios y Fiscalización de la Compañía de Turismo, se verificó que el archivo carece de un custodio designado, no tiene un registro de las personas con acceso y los documentos estaban sueltos en los expedientes. Esta situación propicia que se desaparezcan los documentos y afecta la planificación, inversión y desarrollo de las empresas de turismo náutico.
Los estados financieros auditados reflejaron que la Compañía de Turismo tuvo ingresos por $377.4 millones, y gastó $264.6 millones del 2022 al 2023.
Este informe es uno de auditoría de cumplimiento de alcance específico, el cual significa que atiende uno o dos asuntos en un periodo de tiempo establecido. Este informe cubre el periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de enero de 2025
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El Informe de Auditoría OC-25-79 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-78 de la Compañía de Fomento Industrial
Opinión favorable de la Oficina del Contralor a las operaciones fiscales de la Compañía de Fomento Industrial
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión favorable de las operaciones fiscales de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones de la Compañía se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
Los auditores evaluaron objetivos específicos de los contratos y los desembolsos de los servicios de mantenimiento, reparación y conservación de las propiedades de la Compañía. Al respecto, se examinaron, entre otros, si se formalizaron los contratos antes de que el contratista prestara servicios, si los contratos se radicaron en la Oficina del Contralor, y si los desembolsos se efectuaron según la reglamentación aplicable.
A base del trabajo realizado, no se identificaron deficiencias significativas relacionadas con los controles internos que ameriten comentarse en este Informe.
Los ingresos y los gastos del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2023 reflejaron que la Compañía generó ingresos por $191.7 millones e incurrió en gastos por $152 millones.
Este Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2020 al 15 de enero de 2025.
El Informe de Auditoría OC-25-78 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-77, Departamento de Transportación y Obras Públicas Centro de Servicios al Conductor Metropolitano Directoría de Servicios al Conductor
Contralora revela más de $50 millones en multas sin cobrar en el CESCO Metropolitano y posible fraude en cambios de estatus de multas
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales del Centro de Servicios al Conductor Metropolitano (CESCO) de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la corrección y el cambio de estatus de las multas administrativas gravadas en el Drivers and Vehicles Information Database Plus – Sistema DAVID, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que no se habían cobrado $47.9 millones de multas de tránsito de 543,711 multas sin corregir para el 2019. La oficinista encargada de verificar el proceso de digitalización de los boletos por la compañía contratada y trabajar los boletos con errores, se acogió a una licencia en septiembre de 2017, y al reintegrarse fue asignada a otras funciones.
Al respecto, el DTOP tuvo que formalizar en el 2019, un contrato por $350,000 para trabajar estas multas sin corregir. Del trabajo realizado mediante programación automatizada, no se pudieron corregir el 90% de los boletos con errores porque, en la mayoría, la escritura era ilegible.
De hecho, la propuesta del contratista era que el 95% del proceso de trabajar las multas con incidencias, se llevaría a cabo con tecnología de captación de datos en imagen. Sin embargo, al no poder cumplir, la compañía le indicó al DTOP que asignara personal para analizar las imágenes de los datos capturados y registrados en el sistema DAVID.
La compañía encargada de la digitalización enviaba las facturas para pago con la Hoja de Control de Boletos Digitalizados y Gravados en el Sistema DAVID Plus. Los auditores detectaron en una muestra de 42 facturas por $6 millones, que el 69% fueron certificadas correctas por personal que no estuvo en el proceso de digitalización, y el 31% fueron pagadas sin que las hojas de control estuvieran firmadas por personal del CESCO Metropolitano.
La auditoría, de cuatro hallazgos, señala múltiples deficiencias con el proceso de cambio de estatus de las multas gravadas en el Sistema DAVID. Del examen de una muestra de las multas cambiadas a estatus de expiradas, se detectó que el 63% habían vencido por la tardanza de hasta 10 meses en registrar el gravamen. Además, se hallaron multas con cambio de estatus a pagadas sin evidencia de pago, multas cambiadas a expiradas de forma incorrecta, y multas invalidadas sin explicar la razón. Estas situaciones causaron la pérdida de $48,837 en ingresos, de la muestra de 455 multas examinadas del 2016 al 2018.
En este proceso de cambio de estatus de las multas, los auditores identificaron 19 operadores que realizaron 129 cambios de estatus a las multas contrario a la ley. Por ejemplo, el Operador 1 del CESCO Metropolitano, invalidó una multa suya de las 15 que invalidó y cambió el estatus de otras nueve multas a pagadas, fuera de horas laborables. El Operador 2 del CESCO Bayamón, cambió a estatus de pagadas, cinco multas fuera de horas laborables de las cuales dos no tenían pagos registrados. El Operador 3 del CESCO Bayamón, también realizó cambios de estatus fuera de horas laborables e invalidó multas. El Operador 4 consultor de DISCO, cambió a estatus de expiradas unas 10 multas sin evidencia de pagos de los peajes de auto expreso, ni renovación del marbete, y canceló una multa suya de $500 y la de una empleada de DISCO de $75. El Operador 5 y 6, el exdirector de Investigaciones e Inspección de DISCO canceló siete multas e invalidó otras dos multas. Estos operadores, también cambiaron el estatus de otras 2,290 multas por $83,100 fuera de la muestra examinada.
El Informe comenta que estas situaciones fueron referidas al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental el 23 de febrero de 2022. El 23 de diciembre de 2024, la entonces secretaria del DTOP, notificó que tras investigaciones internas se destituyó un empleado del CESCO Metropolitano y se le formularon cargos e intención de destitución a tres empleados del CESCO Bayamón, Caguas y Minillas.
La auditoría identificó que el Reglamento 8645 que regula la imposición y cancelación de gravámenes, no había sido revisado al 4 de febrero de 2020 para atemperar los costos por imposición y cancelación de los gravámenes de hipoteca y de mobiliario, según establece la Ley 21- 2012. Además, el DTOP no cuenta con normas de control para el proceso de cambio de estatus de las multas administrativas de tránsito que se registran en el sistema DAVID.
Por otro lado, el almacén de documentos del CESCO Metropolitano no mantiene un inventario actualizado de los documentos del almacén, no se controla el acceso, y se entregaban cajas sin hojas de trámite.
El informe también comenta que entre el 48% y el 68% de las 921,322 multas de AutoExpreso por $29.2 millones entre el 2016 al 2018, no se cobran ya que el DTOP no tiene los mecanismos para identificar los conductores de vehículos arrendados.
Este informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2021
El Informe de Auditoría OC-25-77 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Evitar señalamientos está en tus manos (2)
Campaña dirigida a los contratistas del Gobierno y municipios de Puerto Rico.
Contratar con el Gobierno de Puerto Rico implica una gran responsabilidad.
Porque se manejan fondos públicos, el cumplimiento de la ley no es opcional: es obligatorio.
Asegúrate de cumplir con la ley y la reglamentación aplicable.
“Evitar señalamientos está en tus manos”.
Este mensaje es traído a usted por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Informe de Auditoría OC-25-76, Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico
La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES). Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la contratación de servicios profesionales y consultivos no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, pagó más de $34 millones por contratos de servicios profesionales y consultivos nulos. Del examen de una muestra de los 319 contratos y 314 enmiendas otorgados por $10,362 millones entre el 2016 al 2020, se detectó que el 16% de las enmiendas se otorgaron de forma retroactiva, el 10% de las enmiendas se otorgaron a contratos vencidos, y el 5% de los contratos se formalizó sin la aprobación de la Junta de Directores. Además, no se llevo a cabo un proceso abierto, competitivo y público de contratación.
Por ejemplo, en contravención de la ley y de la reglamentación aplicable, la ASES permitió continuar prestando servicios a contratista de firma de consultores, a una firma de relaciones públicas y a una compañía de servicios actuariales, aun cuando habían llegado al límite máximo establecido por contrato. Al respecto, la ASES otorgó enmiendas con vigencia retroactiva para pagar dichos servicios.
Esta situación se atribuye a que la ASES sustentaba su acción con una opinión legal errónea. Esta opinión establecía que se podían pagar los servicios con enmiendas retroactivas, antes de la aprobación de fondos adicionales por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para entonces enmendar contratos.
Además, del 31 de julio y 1 de agosto de 2018, la ASES otorgó enmiendas nulas a contratos vencidos por más de $34.3 millones para servicios de relaciones públicas y de un manejador de beneficios de farmacia. La extensión de un contrato vencido es nulo y no se puede calificar como enmienda.
La auditoría de tres hallazgos señala que la ASES pagó $2.9 millones en servicios subcontratados sin autorización y sin tener certeza de que los subcontratistas estaban capacitados para prestar el servicio. Además, la ASES pagó $3,213 a contratista por servicios sin contrato y $1,751 en exceso de lo contratado. Estas deficiencias se atribuyen a que la reglamentación de la ASES no precisa ni contiene disposiciones sobre cómo los empleados deben preintervenir las facturas.
Los auditores hallaron que la ASES permitió que una compañía facturara $8,970 por servicios de dos asesores fuera de contrato. Las facturas reclamadas fuera de contrato vigente no se procesaron. Sin embargo, el contratista actuó contrario a la ley y al contrato, y distribuyó la totalidad de las horas en nuevo informe de labor cuando el contrato entró en vigencia.
Al respecto de este hallazgo, se recomienda al presidente de la Junta de Directores que requiera una investigación sobre el cumplimiento del personal de finanzas y administración con sus funciones, y aplicar los reglamentos en caso de detectar faltas.
El Informe también revela múltiples deficiencias como el autorizar trabajos ya realizados que generaron pagos retroactivos prohibidos por las normas de contratación gubernamental. La ASES tampoco contaba con reglamentación para administrar los servicios de publicidad y no realizó evaluaciones de riesgo del 2018 al 2022 para identificar eventos potenciales y gestionar sus riesgos.
La auditoría comenta que la ASES pagó honorarios de hasta $2.1 millón por tareas similares a los deberes y funciones de puestos incluidos en los planes de clasificación y retribución. De haber, pagado a base de nómina, el ahorro potencial de la ASES hubiese sido de $1.4 millones.
Al 30 de junio de 2022, la ASES aseguraba 1,276,451 vidas. De 2017 al 2022, contó con un presupuesto de $19,176 millones y realizó desembolsos por $18,952 millones.
Este segundo y último informe, cubre el periodo del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2022.
El Informe de Auditoría OC-25-76 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Convocatoria – Auditor Gubernamental
Convocatoria – Auditor Gubernamental
Se aceptarán solicitudes desde el 24 de marzo hasta el 30 de junio de 2025
Evitar señalamientos está en tus manos
Campaña dirigida a los contratistas del Gobierno y municipios de Puerto Rico.
Cuando contratas con el Gobierno de Puerto Rico… no solo estás firmando un contrato. Estás asumiendo un compromiso con el pueblo.
Remítelo al Registro de Contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Cada centavo que administras proviene de fondos públicos.
“Evitar señalamientos está en tus manos”.
Este es un mensaje de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Comunicado de Prensa – La Oficina del Contralor de Puerto Rico firma acuerdo de cooperación e intercambio de información con la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, México
(San Juan-PR) – La Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, firmó un Convenio de Cooperación e Intercambio de Información con el Auditor Superior del Estado de Hidalgo, México, Jorge Valverde Islas. El acuerdo, que no conlleva erogación de fondos, se formalizó para intercambiar ideas, experiencias, información y material científico.
“Este convenio se enmarca en nuestros esfuerzos de expandir conocimientos y experiencias anticorrupción de entidades fiscalizadoras superiores fuera de Puerto Rico. Con la Auditoría Superior del estado de Hidalgo, queremos además, contribuir al intercambio de las buenas prácticas del quehacer del control fiscal”, expresó Valdivieso.
Por otro lado, el Auditor Superior del Hidalgo, México, Jorge Valverde Islas, enfatizó que: “Para mí es un honor encabezar hoy este proyecto tan significativo, la firma del Convenio de Cooperación e Intercambio entre la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, México. Estoy convencido que, con la firma del presente convenio se establecen bases sólidas para presentes y futuras colaboraciones, que nos permiten generar mecanismos que obliguen a las autoridades que manejan o administran recursos públicos, a responder por el origen y destino de estos, y así evitar ambigüedades en el proceso de fiscalización.”
Con este acuerdo, efectivo el 12 de mayo de 2025, ambas partes compartirán información sobre normas y procesos de auditoría, y organizarán programas de intercambio técnico para analizar temas sobre fiscalización y auditoría. Además, se comprometen a dar asistencia técnica sobre tecnología de información y crear herramientas tecnológicas para el beneficio de ambas partes.
La Oficina del Contralor de Puerto Rico participa desde el 1965 en la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Este organismo internacional, fomenta el intercambio de experiencias relacionadas con la fiscalización y control gubernamental, entre sus miembros.
“El acuerdo nos permitirá dar un paso adelante para fortalecer las estrategias de fiscalización de los fondos y la propiedad pública en Puerto Rico. Además, ante la evidente internalización de la corrupción, con este acuerdo adquirimos las técnicas y estrategias de primera mano, sobre cómo se combate este mal desde otras jurisdicciones”, indicó la Contralora de Puerto Rico.
Informe de Auditoría OC-25-75 del Municipio de Guánica
Contralora revela que el Municipio de Guánica no cobró $46 mil en arbitrios de construcción ni remitió retenciones por $20 mil al Departamento de Hacienda
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Guánica. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Guánica no le cobró el 5% de arbitrio al 80% de los proyectos de construcción, ni le retuvo este importe en los pagos efectuados a los contratistas por mejoras al edificio de la alcaldía, la demolición de viviendas afectadas por los terremotos, o por la instalación de mallas de control de palomas en varias canchas, entre otras.
De los cinco proyectos de construcción, demolición y mejoras permanente examinados, el Municipio no le requirió a cuatro de ellos el pago de $45,849 de arbitrios por las obras contratadas por $1.1 millones entre el 2020 al 2023.
Además, los expedientes de los proyectos carecían de documentos requeridos por ley como: la fianza para garantizar el pago de mano de obra (payment bond), fianza para el cumplimiento del contrato (performance bond), o la evidencia de póliza de responsabilidad pública.
Estas deficiencias, dejan sin garantía al Municipio, en caso de incumplimiento y dificultan la función fiscalizadora.
La auditoría de seis hallazgos señala que el Municipio no consignó $79,761 en los presupuestos del 2019 al 2021 para el pago de una sentencia por cobro de dinero de una ferretería, acordada mediante sentencia por el Tribunal de Primera Instancia el 18 de abril de 2017. Esta falta de control causó, además, el pago de $7,000 en penalidades.
Al 10 de abril de 2024, el Municipio no tenía los estados financieros auditados para los años fiscales del 2021, 2022 y 2023. Esta situación no permite tener información financiera actualizada y confiable para la toma de decisiones. Además, puede ocasionar que se afecten las asignaciones de fondos federales al Municipio.
Los auditores detectaron que el Municipio le retuvo $22,316 a dos contratistas por trabajos de ingeniería que no remitieron al Departamento de Hacienda. Una situación similar se había publicado en el Informe de Auditoría M-22-22 del 2022. Por este incumplimiento el Municipio se expone a tener que pagar intereses, penalidades y recargos.
El Municipio de Guánica, carece de una unidad de compras centralizada. Por ejemplo, las subastas informales para obras de construcción y mejoras, no se remitían a la Unidad de Compras sino a un comité nombrado por el alcalde que evaluaba las cotizaciones y adjudicaba las obras. De hecho, en contravención del Código Municipal de 2020, dicho comité carecía de reglamentación.
La OCPR no pudo verificar en todos sus detalles la corrección y propiedad del desembolso de ocho cheques cancelados por $278,488, 19 cheques cancelados por $84,000, ni de 31 cheques cancelados por $39,000. Tras los terremotos, los documentos se enviaron al Museo Pedro Juan Vargas, pero no se organizaron adecuadamente. Los directores de finanzas en funciones no mantuvieron una custodia adecuada de los documentos.
El Informe comenta que el Municipio transó una demanda por más de $1 millón, por la cancelación de contrato sin arbitraje en el 2015, con una compañía de recogido de desperdicios sólidos, escombros y reciclaje. El Municipio realiza este desembolso sin recibir beneficio alguno.
Por despido injustificado de un policía municipal en el 2011, el Municipio tuvo que pagarle $73,540 en salarios, bonos y licencias por vacaciones dejadas de devengar sin recibir servicio alguno. Además, al 12 de septiembre de 2023, siete demandas por $31.8 millones, estaban pendientes de resolución por los tribunales.
Desde los años fiscales del 2019 al 2023, Guánica ha contado con un presupuesto de $7.8 millones, $6.4 millones, $5.1 millones, y $7.3 millones respectivamente. Los estados financieros auditados del 2019 al 2021 reflejaron déficits acumulados de $6.5 millones, $3.8 millones y $3.5 millones respectivamente.
El Municipio tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional del 49% en el 2020 y del 54% en el 2021. Esto se atribuye a la sobrestimación en los ingresos, al uso inadecuado de ingresos de patentes municipales para cubrir gastos operacionales y a la ausencia de un sistema de contabilidad, entre otros.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo informe, cubre el periodo del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-75 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-74 del Municipio de Morovis
Contralora revela pagos de más de medio millón sin subasta y cotizaciones requeridas en Morovis
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Morovis. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Morovis pagó $593,653 a dos contratistas por servicios de mantenimiento de áreas verdes sin celebrar subasta. De esta cantidad, $385,870, el 65%, eran fondos federales de la Ley del Plan de Rescate Americano y de fondos del COVID-19. La ley y el Reglamento de Subastas de 2021, dispone que es requisito celebrar subasta pública en la compra de materiales, equipos, medicinas y otros suministros cuando excedan de $100,000.
Además, el Municipio otorgó dos contratos por $47,500 para limpieza de terrenos y mantenimiento, sin obtener al menos tres cotizaciones. Estas situaciones impiden la libre competencia, propician el favoritismo y que se cometan irregularidades, entre otras.
La auditoría de seis hallazgos señala que, sin facultad legal, el Municipio le pagó a un funcionario $6,375 por los excesos de licencia de vacaciones acumuladas, en contravención de la Ordenanza 15 de 2017. Además, a la directora de Recursos Humanos se le pagó un diferencial de $2,907 para atender asuntos de personal de la Oficina de Recuperación; tareas que ya estaban definidas en el Plan de Clasificación y Retribución de Puestos de 2008.
Los auditores detectaron que el Municipio nombró un empleado en 11 ocasiones a los puestos de trabajador y conductor de vehículos pesados sin estar habilitado por la Oficina de Habilitación para el Servicio Público. Dicho empleado fue convicto por delitos graves y sentenciado a siete años de probatoria en el 2008. El hecho de no estar habilitado según requiere la ley, pudiera ocasionar que el Municipio tenga que rembolsar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos los salarios devengados bajo la Ley 52-1991 de Seguridad de Empleo.
Por otro lado, el Municipio no obligó las asignaciones presupuestarias de más de $2.2 millones al momento de otorgar siete contratos y tres enmiendas para el servicio de recogido de escombros, construcción y mejoras permanentes. El registro de las obligaciones se realizó hasta 100 días después de formalizar los contratos. Una situación similar se había comentado en el 2020, en el Informe de Auditoría M-21-08.
Sin obtener los permisos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el Municipio de Morovis contrató la construcción de 15 monumentos para identificar los barrios por $348,835. Esta situación expone al Municipio a multas y penalidades ya que no permitió la función reguladora del DTOP, y que los monumentos se construyeran en contravención de las leyes y reglamentos aplicables. (Ver fotos adjuntas, relacionadas con este hallazgo 5)
El Informe publica múltiples deficiencias con la ausencia o tardanza en completar los documentos requeridos a los contratistas, tales como: la póliza de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, fianzas para garantizar el pago de jornales y materiales (payment bond), y fianzas para garantizar el cumplimiento del contrato (performance bond), entre otros. De esta manera, el Municipio no tiene garantías de que los contratistas cumplan con sus empleados, por ejemplo, en caso de accidente; y no verificaron si los contratistas cumplían con los requisitos de ley para formalizar contratos.
La auditoría comenta que el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Morovis, dictó sentencia el 23 de abril de 2024, y ordenó al Municipio el pago de $375,000 a contratista de recogido de desperdicios sólidos. El contratista había demandado al Municipio y a la alcaldesa el 27 de julio de 2018 por incumplimiento de contrato y daños por actuación dolosa al cancelar el contrato en el 2017.
Además, al 26 de septiembre de 2024, estaban pendientes de resolución por los tribunales, cuatro demandas civiles por daños y perjuicios y expropiación forzosa por $4 millones.
Desde los años fiscales del 2019 al 2024, Morovis ha contado con un presupuesto de $10.5 millones, $11.1 millones, $10.2 millones, $9.8 millones, $8.7 millones y $8.5 millones respectivamente. Los estados financieros auditados reflejaron superávits de $781,812, $1.1 millones y $979,700 para los años fiscales del 2019 al 2021.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-74 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Negociado de la Policía no retuvo aportación especial a contratistas, según Contralor
fuente: NotiCel - 6 de mayo de 2025
Una opinión cualificada de las operaciones fiscales revela que a cinco contratistas no se les descontó el 1.5% que se requiere a los proveedores con contratos que excedan los $300,000.
La auditoría comenta que el Negociado de la Policía tenía al 29 de febrero de 2024, 390 demandas con reclamos de hasta $557 millones pendientes de resolución.
Foto: Archivo/NotiCel
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Negociado de la Policía no le retuvo a cinco contratistas el 1.5% de la aportación especial que por ley se debe descontar a los proveedores con contratos que excedan los $300,000. Al contratista se le puede exonerar de la aportación especial si presenta una declaración jurada (Modelo SC-1350) conforme establece la Ley 48-2013 y la Carta Circular 1300-07-21.
De la evaluación de una muestra de 27 comprobantes de pago por $664,084, emitidos del 2022 al 2024, el Negociado no retuvo $1,394 equivalente a la aportación especial del 1.5% en 14 comprobantes de pago por $93,039 a cinco contratistas que no tenían la declaración jurada. Para el periodo auditado del 2020 al 2024, el Negociado había otorgado un total de 856 contratos y enmiendas por $124 millones.
Esta situación incumple el propósito de recaudar fondos para aliviar la crisis fiscal y atender gastos operacionales del Gobierno.
La auditoría comenta que el Negociado de la Policía tenía al 29 de febrero de 2024, 390 demandas con reclamos de hasta $557 millones pendientes de resolución. La mayoría de los casos es por daños y perjuicios, violación de derechos civiles y discrimen. La cuantía mayor corresponde a una demanda por fabricación de cargos y detención ilegal por $100 millones.
Además, el Negociado no había remitido, al 30 de octubre de 2024, la Certificación Anual requerida por ley del Registro de Puestos de los años fiscales de 2021, 2022 y 2023. Este registro. que administra la OCPR, contiene la información de los cambios mensuales que ocurren con los puestos en todas las agencias y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva.
El presupuesto del Negociado desde el 2020 al 2024 ascendió a $3,709 millones, y realizó desembolsos por $3,193 millones.
Informe de Auditoría OC-25-73 del Negociado de la Policía de Puerto Rico
Contralora revela que el Negociado de la Policía no retuvo el 1.5% de la aportación especial a los contratistas
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Negociado de la Policía no le retuvo a cinco contratistas el 1.5% de la aportación especial que por ley se debe descontar a los proveedores con contratos que excedan los $300 mil. Al contratista se le puede exonerar de la aportación especial si presenta una declaración jurada (Modelo SC-1350) conforme establece la Ley 48-2013 y la Carta Circular 1300-07-21.
De la evaluación de una muestra de 27 comprobantes de pago por $664,084, emitidos del 2022 al 2024, el Negociado no retuvo $1,394 equivalente a la aportación especial del 1.5% en 14 comprobantes de pago por $93,039 a cinco contratistas que no tenían la declaración jurada. Para el periodo auditado del 2020 al 2024, el Negociado había otorgado un total de 856 contratos y enmiendas por $124 millones.
Esta situación incumple el propósito de recaudar fondos para aliviar la crisis fiscal y atender gastos operacionales del Gobierno.
La auditoría comenta que el Negociado de la Policía tenía al 29 de febrero de 2024, 390 demandas con reclamos de hasta $557 millones pendientes de resolución. La mayoría de los casos es por daños y perjuicios, violación de derechos civiles y discrimen. La cuantía mayor corresponde a una demanda por fabricación de cargos y detención ilegal por $100 millones.
Además, el Negociado no había remitido, al 30 de octubre de 2024, la Certificación Anual requerida por ley del Registro de Puestos de los años fiscales de 2021, 2022 y 2023. Este registro. que administra la OCPR, contiene la información de los cambios mensuales que ocurren con los puestos en todas las agencias y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva.
El presupuesto del Negociado desde el 2020 al 2024 ascendió a $3,709 millones, y realizó desembolsos por $3,193 millones.
Este primer informe, cubre el periodo del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-73 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Más de $42 millones en el limbo: gobierno incumple con recobro de dinero ante fallas en contratos auditados
fuente: El Nuevo Día - Por David Cordero Mercado - 1 de mayo de 2025
En los pasados cinco años, las entidades públicas solo han recuperado $267,380 tras las irregularidades detectadas por la Oficina del Contralor
El gobierno ha fallado en recuperar más de $42.1 millones que, según los informes de auditoría de laOficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), deben ser devueltos a las arcas públicas debido a irregularidades detectadas en contrataciones gubernamentales durante los pasados cinco años.
De un total de $44.5 millones identificados en auditorías, entre enero de 2020 y diciembre de 2024, apenas $267,380 han sido recuperados, mientras otros $2,100,668 ya se consideran incobrables, de acuerdo con datos que la OCPR compartió con El Nuevo Día.
Esta ínfima tasa de recobro destapa un cuadro de inacción y aparente impunidad en la gestión de fondos públicos, a juicio de la contralora, Yesmín Valdivieso.
“Nosotros no tenemos el poder para obligar a ninguna unidad a recobrar el dinero”, dijo Valdivieso, al argumentar que ejecutar el recobro no está en sus manos. “Nosotros sí le seguimos dando seguimiento a las solicitudes de recobro de dinero. En algunos casos, lo recobran y, en otros casos, (los encargados en las unidades gubernamentales) se hacen los locos. No tengo otra palabra para decirlo”, subrayó.
Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2024, la OCPR publicó 123 informes de auditoría qu0e revelaron fallas en contratos relacionados con construcción, obras, mejoras permanentes y servicios profesionales correspondientes a 86 entidades gubernamentales.
De esos, 50 reportes contenían recomendaciones específicas para recobrar fondos mal utilizados o pagados indebidamente, por un total de $44,501,586. Sin embargo, al culminar el pasado mes de marzo, cerca del 95% de ese monto –unos $42,133,538– aún no había sido reingresado al erario.
La OCPR explicó que hay 11 casos en los que las respectivas entidades gubernamentales ya determinaron no realizar gestiones de recobro, entre ellos, los gobiernos municipales de Hormigueros, Hatillo, Coamo y Arecibo. En otro ejemplo, una deuda de $65,214 fue declarada incobrable debido a que el Municipio de Naguabo no hizo las gestiones correspondientes de recobro y prescribió.
Al tope de la lista con gestiones de recobro pendientes, está el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres ($27,237,370), seguido de la Oficina de Gerencia y Presupuesto ($2,870,023), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura ($2,306,895), el Departamento de Corrección y Rehabilitación ($1,709,431), la Administración de Servicios Médicos ($1,681,841), el Municipio de Barceloneta($1,468,024) y el Negociado de Telecomunicaciones($1,031,028).
La información –que solo cubre cinco años– surge en momentos en que se prevé que las partidas provenientes del gobierno estadounidense se reduzcan del 46% actual a 43%, en el presupuesto del año fiscal 2025-2026, como consecuencia de los recortes en fondos federales impulsados por la administración de Donald Trump. En Puerto Rico, esta ofensiva ha afectado principalmente, hasta el momento, a los departamentos de Educación y de Salud.
Los hallazgos más comunes que activan las recomendaciones de recobro incluyen la ausencia de cláusulas requeridas por ley en los contratos, pagos realizados fuera de los términos contractuales y servicios prestados antes o después de la vigencia del contrato. Son errores que, según la contralora, se repiten con demasiada frecuencia.
“En algunos casos, lo recobran y, en otros casos, se hacen los locos ”
Yesmín Valdivieso, Contralora
“En nuestros informes, en todos los informes, siempre hay algún problema con algún contrato”, anotó Valdivieso, quien censuró el reiterado registro tardío de contratos en la OCPR por parte de las entidades gubernamentales. “Le caemos encima a las agencias para que registren (correctamente los contratos), pero la realidad es que el contratista es tan responsable como la agencia de que este contrato se registre”, subrayó.
10 casos bajo investigación
Valdivieso explicó que la OCPR refiere los casos de recobro principalmente al Departamento de Justicia y al Departamento de Hacienda, que tiene una unidad de cobro de deudas al gobierno. De igual modo, estos informes son referidos a la Comisión Conjunta de Informes Especiales del Contralor en la Legislatura, que se supone dé seguimiento a las recomendaciones. “Pudiera ser mejor”, respondió la funcionaria, al preguntársele si consideraba que las gestiones de recobro de parte de esas entidades eran efectivas.
Al respecto, Justicia indicó que recibe los referidos de la OCPR, los evalúa y, de proceder, asigna los casos a su División de Contributivo, Cobro de Dinero y Expropiaciones Forzosas.
En una declaración escrita, la agencia precisó que, hasta esta semana, dicha División tenía 10 casos activos bajo investigación. “Como parte del proceso, una vez culminen las investigaciones, el Departamento de Justicia notificará a las agencias correspondientes si se procederá con una reclamación o si el caso será cerrado”, indicó.
La declaración, sin embargo, no detalla la antigüedad de esos 10 casos, cuántos referidos han recibido en los últimos cinco años, ni un plazo estimado para la conclusión de las pesquisas.
Hacienda no respondió una petición de información de El Nuevo Día.
De igual forma, la senadora Karen Román, presidenta de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor, no estuvo disponible. Su portavoz, Josian Vázquez, indicó que la legisladora novoprogresista se encontraba ocupada atendiendo asuntos relacionados con el incidente, de carácter personal, que tuvo con una aerolínea.
Incompetencia e impunidad
La inacción que predomina es vista como un síntoma de un mal mayor, según Mario Negrón Portillo, catedrático retirado y exdirector de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, quien describió el panorama como “incompetencia, por un lado, e impunidad por otro”.
“Lo que estás trayendo describe lo que está pasando con la administración pública de Puerto Rico”, afirmó Negrón Portillo, en entrevista separada. “Por un lado, dando el beneficio de la duda, puede que la gente se equivoque por desconocimiento. Y, al otro lado, tienes el problema de la impunidad, que aquí se toman decisiones, suceden cosas y, al final del día, es como si nada hubiera pasado”.
Negrón Portillo argumentó que la falta de diligencia en el recobro abona a la percepción de que “no importa lo que tú hagas mal, nada va a pasar”. En esa dirección, añadió que las agencias, sobrecargadas o sin el personal capacitado, optan por no invertir esfuerzos en recuperar el dinero, por entender que no se le pedirán explicaciones al respecto.
Opinó que, en el pasado, los informes de la OCPR generaban cierto temor entre algunos funcionarios, particularmente alcaldes, por su posible costo electoral, pero eso quedó en el pasado. “Si ya no hay ese miedo, ya no hay esa deferencia, ese ‘creo que me puede pasar algo malo’, pues, nada va a pasar, las decisiones se siguen tomando, los problemas se siguen acumulando”, declaró.
Necesidad urgente de consecuencias
Tanto Valdivieso como Negrón Portillo coincidieron en la necesidad de que haya consecuencias reales. La contralora, aunque sostuvo que, en ocasiones, los errores pueden ser administrativos y no de mala fe, insistió en la rigurosidad necesaria al manejar fondos públicos. “Las reglas de contratación gubernamental son bien estrictas y tiene que haber un esfuerzo”, aseveró.
“Tiene que haber consecuencias”, subrayó, por su parte, Negrón Portillo. “Esto empieza desde arriba, tiene que haber una directriz bien clara de la Oficina del Gobernador, exigir un cumplimiento y un trabajo a los funcionarios públicos y, además de exigirle, poner una consecuencia”, puntualizó.
La corresponsabilidad entre el gobierno y el contratista es el eje de una reciente campaña de la OCPR titulada “Evitar señalamientos está en tus manos”, con la que buscan concienciar a los proveedores del gobierno sobre la necesidad de vigilar, también, el cumplimiento estricto de las normativas.
“Le recomendamos que se aseguren que el contrato cumpla con todos los requisitos de ley, la reglamentación y la jurisprudencia interpretativa para evitar irregularidades”, expresó Valdivieso.
Enfatizó que un contrato debe ser por escrito y estar firmado por las partes, tener vigencia prospectiva y estar debidamente registrado en la OCPR antes de iniciar servicios.Un error común, como enmendar un contrato ya vencido, invalida dicha enmienda, poniendo en riesgo el pago al contratista, incluso si este realizó el trabajo.
“Puede que te hayan pagado, pero eso no significa que nosotros no vamos a señalar o a solicitar que se te recobre el dinero que se te pagó”, advirtió la contralora. “La contratación pública representa una proporción significativa del presupuesto gubernamental. Por eso, los contratistas tienen la responsabilidad de asegurarse de cumplir con todas las normas legales que apliquen para evitar un señalamiento o una recomendación de recobro”, manifestó.
NotiContralor News – Informe de auditoría OC-25-72 de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA)
¡Saludos!
La Oficina del Contralor de Puerto Rico reveló, que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, también conocida como ASSMCA, pagó $48 mil dólares en exceso a tres contratistas. El Informe recomienda que se recobre ese dinero pagado de forma indebida.
Además, los auditores detectaron múltiples deficiencias en la facturación y pago de servicios administrativos remotos, de tareas presenciales como: ponchar contratos, crear expedientes y clasificar documentos.
En ASSMCA se contrataron varios servicios de puestos regulares vacantes como el del director médico y coordinadora de compras. Sin embargo, ante la disminución de empleados, esta entidad no había realizado una evaluación sobre la manera más eficiente de prestar estos servicios.
Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor, las Cartas Circulares y otros documentos, están disponibles en nuestra página www.ocpr.gov.pr
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Contraloría a sus órdenes…
NotiContralor News – Informe de auditoría OC-25-71 de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico
¡Saludos!
La auditoría de la Administración de Servicios Generales reveló que se realizaron compras en modalidad excepcional, sin los documentos requeridos. Por reglamentación, estas compras se realizan en situaciones de emergencia, cuando los fondos están a punto de acabarse o porque hay una sola fuente de abastecimiento.
Sin embrago, la auditoría encontró que una ayudante especial de la Junta de Subastas de la Agencia instruyó a que se adquiriera el servicio de impresión de guías para maestros y estudiantes de escuela mediante compra excepcional, debido a que los fondos federales vencían en 10 días. Esta compra se había solicitado a la Administración de Servicios Generales casi tres meses antes para tramitar como subasta informal. Esta compra excepcional, no fue evaluada por el administrador auxiliar de adquisiciones ni autorizada por el oficial de licitación.
Una situación similar ocurrió con el decomiso de materiales de construcción en su almacén en Aguadilla. Después de 10 meses de haberse solicitado, y a días de vencer la disponibilidad de fondos federales, se autorizó el decomiso mediante compra excepcional.
Estas situaciones vulneran los controles internos y pueden beneficiar a un proveedor en específico sobre los demás.
Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor, las Cartas Circulares y otros documentos, están disponibles en nuestra página www.ocpr.gov.pr
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Contraloría a sus órdenes…
Anuncios en la Prensa dirigidos a los contratistas del Gobierno de Puerto Rico
Carta Circular OC-25-20, Requerimiento de información de la Certificación requerida por el Artículo 9 de la Ley 103-2006, Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según enmendada, para los años fiscales 2022-23 y 2023-24
Comunicado de Prensa – Contralora alerta a los contratistas del gobierno a evitar irregularidades en la contratación
(San Juan-PR) – La Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, hizo un llamado a los contratistas del Gobierno de Puerto Rico, instrumentalidades públicas y municipios a seguir las reglas de contratación gubernamental. La campaña titulada “Evitar señalamientos está en tus manos” enfatiza que todo contrato debe estar por escrito, que esté firmado por todas las partes, que tenga vigencia prospectiva, y se registre y remita al Registro de contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).
“La normativa de la contratación gubernamental es muy estricta y específica ya que se trata de fondos públicos. Le recomendamos que se aseguren que el contrato cumpla con todos los requisitos de ley, la reglamentación y la jurisprudencia interpretativa para evitar irregularidades”, expresó la Contralora.
Además, es requisito que el contrato esté registrado en el Registro de Contratos de la OCPR antes de comenzar a rendir los servicios. Al respecto, el contratista debe recibir un correo electrónico que indique expresamente que su contrato está registrado. Por otro lado, las enmiendas a los contratos gubernamentales se tienen que realizar durante la vigencia del contrato, no después de vencido.
Por años, los hallazgos más comunes de las auditorías se refieren a pagos realizados fuera de contrato, servicios prestados antes o después de la vigencia del contrato, falta de cláusulas o registrar y remitir tarde el contrato al registro de la OCPR. “La contratación pública representa una proporción significativa del presupuesto gubernamental. Por eso, los contratistas tienen la responsabilidad de asegurarse cumplir con todas las normas legales que apliquen para evitar un señalamiento o una recomendación de recobro”, indicó la Contralora de Puerto Rico.
Los contratistas pueden obtener información adicional en el folleto informativo Guías Generales de Contratación del Gobierno de Puerto Rico, publicado en el portal de internet www.ocpr.gov.pr. O pueden solicitar una orientación mediante llamada al (787) 754-3030 extensiones 5413 ó 5414.
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Informe de Auditoría OC-25-72, Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción
Contraloría revela pagos en exceso por $48 mil y ausencia de análisis sobre la contratación de servicios profesionales en puestos regulares en la ASSMCA
La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), pagó $47,976 en exceso a tres contratistas por servicios relacionados con la salud, servicios profesionales y servicios no profesionales. Además, se detectaron múltiples deficiencias en facturas certificadas sin desglosar el tiempo invertido en cada tarea, sin incluir el número ni fecha del contrato, ni deducir la aportación al Fondo General. La ASSMCA también pagó $4,962 por servicios administrativos realizados de forma remota que incluían tareas presenciales como ponchar contratos, crear expedientes y clasificar documentos.
Esta situación tiene el efecto de que la ASSMCA no tiene certeza de que la información en las facturas y los pagos estén de acuerdo a lo contratado. Además, el Informe recomienda que se realicen gestiones de recobro de los $47,976 pagados de forma indebida.
La auditoría de tres hallazgos señala que el 75% de los contratos examinados, se registraron en la Oficina del Contralor con tardanzas de hasta dos meses. Al 3 de julio de 2024, el administrador de ASSMCA no había enviado la Certificación Anual de Registro de Contratos del año fiscal de 2022, y la del 2023 la envió 150 días más tarde de la fecha establecida.
El Informe indica que la contratación de los servicios de contadores para realizar los single audits de ASSMCA, se formalizaron hasta 196 días después de la fecha límite. Cualquier entidad que desembolse fondos federales por $750,000 o más, tiene que realizar una auditoria única de los estados financieros e informarlo a las agencias federales.
La auditoría comenta que la ASSMCA contrató servicios para realizar tareas de puestos regulares vacantes como el de director de centro, director médico o coordinadora administrativa de compras, entre otros. Del 2021 al 2023, la entidad tuvo una disminución de 416 puestos y otorgó 379 contratos por $16.5 millones. La ASSMCA no había realizado un estudio para determinar la manera más económica y eficiente de prestar estos servicios, ni tampoco le había solicitado ayuda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para realizar esta evaluación.
Además, los auditores identificaron que una contratista facturó $262 a la ASSMCA y al Senado por una misma actividad, el “Taller FORPAP de Primeros Auxilios Psicológicos en el Club Puertorriqueño del Municipio de Guánica”, que se llevó a cabo el 14 de noviembre.
El presupuesto de ASSMCA desde el 2020 al 2024, ascendió a $915.4 millones, y realizó desembolsos por $769.2 millones.
Este segundo y último informe, cubre el periodo del 1 de julio de 2019 al 30 de abril de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-72 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-71 de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico
Contraloría revela deficiencias con la modalidad de compra excepcional en la Administración de Servicios Generales
La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Administración de Servicios Generales. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que la Administración de Servicios Generales (ASG) realizó compras mediante la modalidad de compra excepcional, sin los documentos requeridos conforme al Reglamento 9230. Estas compras se realizan en situaciones de emergencia, cuando la vigencia de los fondos esta próximo a vencer, o cuando exista una sola fuente de abastecimiento, entre otros.
Por ejemplo, una entidad solicitó el servicio de impresión de guías para maestros y estudiantes de escuela, el 27 de octubre de 2021 mediante el trámite de subasta informal. Sin embargo, 86 días después, el 21 de enero de 2022, una ayudante especial de la Junta de Subastas de la ASG, instruyó que se adquiriera el servicio mediante compra excepcional debido a que los fondos federales vencían el 31 de enero de 2022. Esta compra excepcional, no fue evaluada por el administrador auxiliar de adquisiciones ni autorizada por el oficial de licitación.
Esta situación vulnera los controles internos establecidos y puede ocasionar que se beneficie un proveedor en específico sobre los demás.
La auditoría de un hallazgo señala también que la ASG solicitó un servicio de decomiso de materiales de construcción ubicados en el almacén de la anterior Oficina de Servicios de Aguadilla el 10 de agosto de 2021. Transcurridos 315 días de la solicitud, el administrador auxiliar instruyó que se adquiriera el servicio de decomiso pero en modalidad de compra excepcional, ya que la disponibilidad de fondos vencía el 30 de junio de 2022. Los auditores no encontraron evidencia de que se haya realizado gestiones para adquirir el servicio antes de esa fecha.
Además, la renovación del servicio de empleos temporeros de la ASG por $228,780, no se formalizó mediante un contrato de servicios profesionales sino mediante orden de compra excepcional el 30 de junio de 2022. El día anterior, el gerente de Recursos Humanos informó sobre la necesidad inmediata de recursos humanos y que solicitaba una orden de compra excepcional. La ASG tenía conocimiento de que el contrato de empleados temporeros que se firmó el 17 de noviembre de 2021, tenía vigencia hasta el 30 de junio de 2022.
Al respecto, no se protegieron los intereses de la ASG en caso de incumplimiento por parte del proveedor, al no existir un contrato entre las partes.
El Informe publica también que la compra de uniformes para 177 empleados de la ASG por $73,057, se realizó mediante compra excepcional, sin justificación.
Estas situaciones se atribuyen a que los compradores se apartaron de las disposiciones de ley y reglamento relacionadas con los procesos de adquisición y los funcionarios a cargo que no supervisaron de forma adecuada estas operaciones.
El presupuesto de la ASG fue de $108.4 millones desde el 2020 hasta el 2023. Para el mismo periodo, realizó desembolsos por $73.2 millones.
Este segundo y último informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-71 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Aviso de Subasta OC-25-06 Servicios de Mantenimiento y Limpieza
Informe de Auditoría OC-25-70 del Puerto Rico Innovation and Technology Service
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Puerto Rico Innovation and Technology Service. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el entonces principal ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno, y la abogada principal del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), no se aseguraron de que la persona contratada para realizar tareas cónsonas con la profesión de relacionista público tuviera la licencia requerida. La contratista, que facturó $63,697 en el 2021, rindió sus servicios como una compañía de responsabilidad limitada que requiere que sus oficiales cuenten con las licencias profesionales correspondientes.
Esta situación se notificó al Presidente de la Junta Reglamentadora de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico el 1 de octubre de 2024 para que tome las medidas correspondientes.
A su vez, esta compañía, obtuvo 101 contratos con 19 entidades desde el 2015 al 2023 con facturación de $4.5 millones, todos relacionados con la prestación de servicios de relaciones públicas. Al respecto, los directores y funcionarios de la compañía están obligados a cumplir con la Ley General de Corporaciones y tener las licencias requeridas.
Por otro lado, la auditoría de dos hallazgos señala que el PRITS no validó los servicios prestados por un contratista en cuya factura incluyó reuniones de trabajo con empleados en fines de semana que no se llevaron a cabo. Esto ocasionó pagos indebidos por $1,000.
Además, a seis contratistas no se le requirió, con su última factura, la Certificación de Deuda y la Certificación de Deuda de IVU, según requerido por el contrato. El PRITS pagó $271,665 sin asegurarse que estos contratistas no tenían deudas pendientes con el Departamento de Hacienda.
El Informe comenta que el PRITS contrató los servicios de asesoramiento legal, laboral gubernamental y administrativa, a una corporación de responsabilidad limitada cuyo contratista a su vez tenía contratos con otras siete entidades; entre las que se encuentran la Junta de Planificación, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Departamento de Educación y el Municipio de Utuado.
La evaluación de los servicios facturados a las siete entidades entre mayo y junio de 2022, reveló que el contratista facturó un total de 21 a 30 horas diarias en 17 ocasiones. La evidencia testifical valida que, para esa fecha, la corporación no contaba con empleados o profesionales que le asistieran
Esta situación de posible violación al Código Penal y al Código de Ética de la Profesión Legal se refirió al Departamento de Justicia el 24 de junio de 2024 y al Tribunal Supremo de Puerto Rico el 10 de septiembre de 2024.
La auditoría comenta que el 10 de mayo de 2024, se refirió un asunto que pudiese constituir posibles violaciones a la Oficina de Ética Gubernamental. Además, los auditores identificaron cláusulas contractuales que, según redactadas, pueden invalidar los contratos examinados en los hallazgos de la auditoría.
El Informe halló que, al 26 de mayo de 2023, unas 32 entidades no utilizaban el dominio pr.gov. Todo portal de gobierno debe residir en el dominio oficial designado, pr.gov, según instruye la Carta Circular Num. 2021-004.
El presupuesto del PRITS del 2020 al 2024 fue de $249.8 millones y realizó desembolsos por $180.8 millones. Este informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-70 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.p
Solicitudes de acceso a la información – febrero 2025
Informe de Auditoría OC-25-69 del Municipio de Bayamón
Contralora revela deficiencias de control con los desembolsos y la propiedad en Bayamón
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Bayamón. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela de una muestra de los comprobantes examinados, que todos carecían de las firmas de aprobación del director de finanzas y del pagador oficial. En particular, el 88% de las órdenes de compra para servicios de mantenimiento de áreas verdes, no tenían la firma del director de finanzas y el 17% de los comprobantes de desembolso para el pago de contribuciones retenidas, no tenían la firma del pagador oficial ni del director de finanzas.
Además, no se marcaron como pagados el 80% de los comprobantes de desembolso y, en el 30%, no incluyeron la fecha que se prestaron los servicios. Desde el 2018 al 2022, el Municipio emitió 252,688 comprobantes de desembolsos por $717.4 millones en total.
Estas deficiencias hacen inoperante el control interno establecido. Además, propicia que se cometan errores o irregularidades y dificultaron verificar en detalle, si los desembolsos se realizaron correctamente.
La auditoría de cuatro hallazgos señala que al 13 de diciembre de 2022, el entonces vicealcalde y dos asistentes ejecutivos principales, no habían enviado al secretario de Justicia, los documentos sobre 58 demandas radicadas en los tribunales contra el Municipio desde el 2018 al 2022. La Ley de Registro de Demandas Civiles de 2003, requiere, entre otras, que se notifique al secretario de Justicia, toda reclamación de carácter civil por o en contra del Municipio, que se relacione con las funciones de su cargo y cuya cuantía excedan los $5,000. Al respecto, se recomienda a la secretaria de Justicia, que evalue la situación comentada y que considere preparar el reglamento requerido por ley para la creación del Registro de Demandas Civiles.
Por otro lado, los auditores detectaron que en la Comisión de Asuntos de Auditoría de la Legislatura Municipal no evaluaron los informes de auditoría de la OCPR: M-20-05 de 2019, M-21-12 de 2020, ni el M-22-13 de 2021. Tampoco, evaluaron los estados financieros auditados por contadores públicos autorizados de los años fiscales del 2018 al 2020. Esta situación impide la fiscalización continua y eficaz de las finanzas y operaciones del Municipio.
En contravención del Reglamento Municipal de 2016, la oficial de la propiedad no realizó los inventarios físicos anuales de la propiedad mueble desde el 2018 al 2021. Además, seis hurtos de propiedad con valor en los libros de $37,910 se notificaron con tardanzas de hasta dos años y medio a la OCPR. La ley vigente dispone que la entidad tiene 10 días laborales para notificar la pérdida de propiedad.
El Informe comenta que al 30 de junio de 2022, 18 demandas civiles por $2.7 millones estaban pendientes de resolución por los tribunales. Además, dos casos presentados por empleados estaban pendientes de resolución ante la Comisión Apelativa de Servicio Público y ante el Equal Employment Opportunity Commission.
El presupuesto de Bayamón, de $116.6 millones en el 2019, $118 millones en el 2020, y $121.7 millones en el 2021, ascendió a $127.4 millones en el 2022. Los estados financieros reflejaron superávits acumulados del 2019 al 2022, de $27 millones, $41.2 millones, $33.7 millones y $40.5 millones respectivamente.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este primer informe, cubre el periodo del 1 de noviembre de 2018 al 30 de junio de 2022.
El Informe de Auditoría OC-25-69 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Solicitudes de acceso a la información – enero 2025
Informe Especial OC-25-68 de la Autoridad de Carreteras y Transportación – Resultado de la evaluación sobre la construcción del Puente Jesús Izcoa Moure (Puente Atirantado) sobre el Río de La Plata
Contralora revela incumplimiento con las especificaciones de rugosidad y múltiples irregularidades en la construcción del Puente Atirantado
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) anunció los resultados de la investigación sobre la construcción del puente Jesús Izcoa Moure (Puente Atirantado). El entonces director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT) y actual secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo, le solicitó el 10 de enero de 2023 a la OCPR, investigar el proyecto cuyo avanzado deterioro apuntaba a una ejecución incorrecta del contrato de construcción.
La investigación reveló que el Puente Atirantado se inauguró el 24 de octubre de 2008 a petición de la ACT. El contratista indicó el 23 de octubre de 2008 que el puente estaba sustancialmente terminado.
Sin embargo, el diseñador informó que se podía abrir, pero con la restricción de evitar el tráfico pesado y limitar el espacio a dos peatones por metro cuadrado, hasta que los tendones del puente fueran tensados y cementados. El diseñador señaló, además, que no se podía garantizar que la plataforma de rodaje no se agrietara, y advirtió que se diera la más alta prioridad a completar los trabajos con los tendones. A pesar de las advertencias, dos días después de su inauguración se celebró la carrera 10K el Chango con 1,200 corredores.
Un mes después de su inauguración, el administrador notificó que no debía permitirse el tráfico pesado ya que estaba causando vibración excesiva en la plataforma y estaba ejerciendo un impacto excesivo en el anclaje y que faltaban trabajos críticos por completar. Al 1 de febrero de 2024, la ACT confirmó que no hallaron documentación que explique las razones por las cuales no se llevaron a cabo las restricciones recomendadas.
A tales efectos, la integridad de la estructura pudo verse comprometida, se puso en riesgo la seguridad de los usuarios del puente, y este hecho pudo haber tenido consecuencias adversas para la ACT.
El Informe, de ocho resultados, señala que el 6 % del hormigón que se depositó en el puente era de una resistencia a la compresión menor a la requerida. La ACT aceptó el hormigón de baja resistencia depositado en la torre #4 tras un análisis estructural del diseñador. Sin embargo, no hay evidencia de haberse realizado la validación para la torre #5 ni para la plataforma.
La inspección de la rugosidad de la superficie de la plataforma de rodaje reveló que, no cumplía con los estándares de construcción, y el contratista tampoco presentó alternativas para corregir las ondulaciones según requerido. Un informe de inspección de una compañía privada en el 2016 le informó a la AC que las vigas de los bordes no estaban derechas y parecían desviarse de los alineamientos, y que esa irregularidad podría estar relacionada a las ondulaciones de la vía de rodaje. Sin embargo, estas deficiencias no se corrigieron.
La directora del Área de Construcción de la ACT certificó que no tenía conocimiento de haberse realizado reparaciones y mantenimientos en el puente desde el 2010 hasta el 2022. El director ejecutivo de ACT certificó que no se habían documentado planes de mantenimiento para el puente desde el 2008 hasta el 2016 y que desde el 31 de octubre de 2022 se llevan a cabo proyectos de reparación por $31 millones.
La falta de planificación en los trabajos de mantenimiento del Puente Atirantado ocasionó que la ACT tuviera que incurrir en gastos de contratación por $31 millones para llevar a cabo las inspecciones, la rehabilitación, y encargar una auditoría forense para determinar las deficiencias y adjudicar responsabilidades.
La evaluación devela que la fecha de terminación sustancial de la construcción del Puente Atirantado se adelantó del 8 de mayo de 2010 al 31 de enero del 2010 a solicitud del contratista y aprobado por el entonces director regional previa recomendación de la ingeniera supervisora. Al 1 de febrero de 2024, el director ejecutivo de la ACT no había tomado una decisión sobre el pago de este “early completion bonus”, según indica el contrato.
El contratista y la ACT formalizaron un acuerdo –Change Order– en el 2019, por un importe negativo de $1.4 millones como parte del proceso de liquidación de pago de la construcción del puente. El Manual de Especificaciones establece que, al terminar un proyecto, el ingeniero tiene 10 días para inspeccionar y certificar la obra.
Sin embargo, al 8 de mayo de 2023, la inspección final no se había realizado, y el 1 de febrero de 2024 el director ejecutivo de la ACT certificó que está revisando posibles incumplimientos por parte del contratista.
Los auditores detectaron que 30 enmiendas por $4.4 millones otorgadas desde el 2002 al 2009, no se registraron en la OCPR en contravención de la reglamentación vigente. Además, del 2015 al 2022, la ACT no presentó a la Asamblea Legislativa informes detallados sobre el estado y progreso de todas las facilidades de tránsito y de transportación, según dispone la Ley 74 de 1965.
El Informe le recomienda a la secretaria designada de Justicia y al administrador de la Federal Highway Administration en Puerto Rico, considerar los resultados de esta investigación para que tomen las medidas que estime pertinentes.
El Informe Especial OC-25-68 con fecha del 1 de abril de 2025 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-67 de la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto C. D.
Contralora revela deficiencias en las operaciones de la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto C.D. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto C.D. (CDETA) no pudo proveer a los auditores de la OCPR copia del certificado de Registro de Comerciantes de cinco contratistas. Por sus servicios profesionales y de mantenimiento, los contratistas recibieron 26 pagos por $33,146 del 2021 al 2024. Además, esta Corporación sin fines de lucro, no remitió a la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario copia de 10 declaraciones informativas (formularios 480) de los años contributivos 2021 y 2022, ni 56 cheques cancelados por $36,071.
Estas situaciones contrarias al Reglamento de Fondos Legislativos impiden mantener un control administrativo de los desembolsos relacionados con los donativos, propicia el uso indebido de los fondos otorgados y que se suspenda la subvención.
La auditoría, de seis hallazgos, señala que la Corporación no registró en su sistema de contabilidad seis transferencias electrónicas por $1,529 de las retenciones de contribución sobre ingresos. Además, la Corporación emitió 99 órdenes de compra por $49,369 de la cuenta de donativos legislativos, sin la firma de la oficial de compras.
En contravención de la reglamentación vigente, la Corporación pagó $8,109 por servicios educativos sin haber registrado antes el contrato en la OCPR. Al respecto, los auditores detectaron también que del 2015 al 2024, la Corporación había registrado 174 contratos y 4 enmiendas por $1.1 millones con retrasos de hasta seis años. La directora ejecutiva atribuyó las tardanzas a la carga administrativa que superaba la capacidad operativa de la Corporación y a que sólo contaba con tres empleadas.
El Informe publica que la Junta de directores de la Corporación estaba constituida por ocho de los 13 miembros requeridos, no contaba con un Comité de Auditoría y no se reunía cada dos meses como disponen los Estatutos Corporativos. Esta situación resta autenticidad a los acuerdos y afecta la supervisión financiera, la transparencia y el control de los recursos.
La Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto C.D tuvo un presupuesto de $112,423 en el 2020, $118,375 en el 2021, $118,375 en el 2022, $118,375 en el 2023 y aumentó a $140,400 en el 2024. Los estados financieros auditados reflejaron superávits acumulados de $3.2 millones en el 2020, $3 millones en el 2021, $2.9 millones en el 2022 y ascendió a $2.7 millones en el 2023.
La auditoría recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto C.D. a través de la Oficina de Gerencia Municipal, cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
La auditoría de cumplimiento de alcance específico cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 19 de diciembre de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-67 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Informe de Auditoría OC-25-66 del Departamento de Educación, Oficina Regional Educativa de Caguas
Contralora emite opinión adversa sobre las contrataciones de servicios de transportación escolar en la Oficina Regional Educativa de Caguas
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales de la Oficina Regional Educativa de Caguas (OREC) del Departamento de Educación. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la contratación de servicios de transporte escolar, entre otros objetivos, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que, la OREC no registró en la OCPR el 46% de los contratos otorgados para servicios de transporte escolar entre el 2017 al 2020. Además, al 6 de julio de 2023, la OREC no había remitido 256 contratos y enmiendas por $33.9 millones al Registro de Contratos de la OCPR, y del 2016 al 2019, tardaron entre 37 a 398 días en registrar 137 contratos que sumaban $14.9 millones.
Esta situación, contraria a la ley y a la reglamentación vigente, no permitió que los contratos estuvieran accesibles a la ciudadanía. De la muestra analizada se detectaron pagos indebidos por $133,864.
La auditoría de cinco hallazgos señala que se realizaron pagos indebidos por $65,589 a tres contratistas por rutas nuevas de transportación escolar, no incluidas en los contratos. Al respecto, se le recomienda al Departamento de Educación recobrar estos fondos pagados a los transportistas.
La OREC formalizó un total de 393 contratos por $48.8 millones del 2017 al 2020, sin celebrar subasta formal sino mediante contrato de emergencia. Esta deficiencia había sido señalada en el Audit Report 2019-01 del 2018 que concluyó que el hecho de no celebrar subastas no era la forma correcta de controlar estos costos. Esta situación también fomenta la noción equivocada de que los contratos de emergencia sirven para obviar las cualificaciones necesarias de los proveedores y puede beneficiar a unos proveedores en específico.
El Departamento de Educación no retuvo $39,024 en el origen a ocho contratistas por los servicios prestados. En los contratos otorgados por la OREC se establece una retención del 10% de contribuciones sobre ingresos salvo que el contratista entregue un relevo emitido por el Departamento de Hacienda. Por esta situación, el Departamento de Educación se expone a penalidades establecidas en el Código de Rentas Internas.
Los auditores detectaron múltiples deficiencias en los expedientes de los contratos de los porteadores, ya que ninguno tenía el permiso de la Comisión de Servicio Público, ni los documentos de las condiciones del vehículo ni las inspecciones cuatrimestrales. Además, la OREC no suministró para examen de los auditores, los expedientes de 102 contratos por $17.4 millones del año escolar de 2019, no se encontraron las solicitudes de servicio, ni se preparó un Plan Anual de Transportación Escolar.
La auditoría comenta que, al 30 de noviembre de 2023, no se había recobrado $181,723 recomendado en el Informe de Auditoría DA-15-38 del 2015. Desde el 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2023, la OREC ha contado con un presupuesto de $335.1 millones, y ha efectuado desembolsos por $273.6 millones. La auditoría le recomienda al secretario de Educación, velar por el cumplimiento claro y específico de las disposiciones legales vigentes, la reglamentación y las cláusulas y condiciones en los contratos otorgados en la contratación de los servicios de transportación escolar, entre otras.
El informe de la OREC cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 30 de agosto de 2022, y está disponible en www.ocpr.gov.pr. Esa Oficina ofrece servicios a 35,086 estudiantes de 11 pueblos y 122 escuelas en Aguas Buenas, Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Caguas, Cayey, Cidra, Comerío, Guayama, Gurabo y Salinas.
Solicitudes de acceso a la información – diciembre 2024
Solicitudes de acceso a la información – noviembre 2024
Informe de Auditoría OC-25-65 del Departamento de Seguridad Pública
Contralora revela que el Departamento de Seguridad Pública no formó la Junta de Evaluación Médica ni el Comité Ejecutivo de Seguridad según dispone la ley
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Departamento de Seguridad Pública. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Departamento de Seguridad Pública no designó a los funcionarios que conformarían la Junta de Evaluación Médica, establecida por la Ley 20-2017, creadora del Departamento. Esta Junta tiene como responsabilidad recomendar las solicitudes de retiro por incapacidad física, determinar aptitud y condición física de los candidatos a policías, bomberos y técnicos de emergencias, así como a dar consejería por situaciones que afecten la estabilidad emocional de los empleados.
En su lugar, el Departamento contrató una empresa por $454 mil para prestar estos servicios a un máximo de 500 empleados, y actuar como si fuera la Junta, del 21 de mayo al 31 de diciembre del 2024. Por esta situación el Departamento no contó con la información necesaria para determinar aptitud, condición física y mental de los candidatos y empleados que requieren las diversas funciones de los negociados.
La auditoría de dos hallazgos señala que el Departamento de Seguridad Pública, tampoco estableció el Comité Ejecutivo de Seguridad adscrito a la Oficina del Gobernador, para trabajar la integración plena del Departamento y sus negociados. Los auditores identificaron que del 20 de diciembre de 2019 al 8 de febrero del 2022 no se estableció el Comité, no prepararon 23 de los 26 informes de progreso que debían presentar cada 60 días al gobernador y a la Asamblea Legislativa, y los tres informes preparados no se remitieron a la Oficina del Gobernador.
Por otro lado, los funcionarios encargados de la propiedad no realizaron un inventario físico al cese de funciones del encargado el 27 de junio de 2022, no habían establecido un registro sobre casos de pérdidas e irregularidades, ni habían emitido el recibo de propiedad en uso para propiedad valorada en $636 mil. Estas deficiencias impiden validar con certeza que la información y los procesos sean los correctos, y que, de hallarse una irregularidad, se puede detectar a tiempo.
El presupuesto del Departamento de Seguridad Pública fue de $82.5 millones del 2022 al 2024, y realizó desembolsos por $68.6 millones.
El Departamento de Seguridad Pública se compone de los siguientes negociados: Cuerpo de Bomberos, Cuerpo de Emergencias Médicas, Investigaciones Especiales, Policía de Puerto Rico, Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, y Sistema de Emergencias 911.
La auditoría cubre el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 31 de diciembre de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-65 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Carta Circular OC-25-19, Certificación sobre el Cumplimiento de la Ley 273-2003, Ley de Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías de Entidades Gubernamentales, según enmendada, para el año fiscal 2023-24
Informe de Auditoría OC-25-90 de Atenas Community Health Center, Inc.
El 6 de junio de 2024 aprobamos el Informe de Auditoría OC-25-90. Este contiene los resultados de la auditoría que realizamos del Atenas Community Health Center, Inc., para determinar si las operaciones fiscales se efectuaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe de Auditoría OC-25-90 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Informe de Auditoría OC-25-89 del Municipio de Las Marías
Contralora revela pagos en exceso y cambios contrarios a la ley en subasta para comprar asfalto en Las Marías
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Las Marías. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que luego de celebrar una subasta general para adquirir asfalto regado y compactado, la Junta de Subastas adjudicó la compra por $114.75 la tonelada de asfalto. Luego de la adjudicación el 3 de junio de 2022, la Junta aprobó cambiar el precio adjudicado cada 90 días, según solicitó la corporación beneficiada, contrario a lo establecido en las Condiciones e Instrucciones Generales de la subasta. Al respecto, el Municipio formalizó dos contratos con esta cláusula y con el aumento a $125.70, el precio por tonelada.
Las especificaciones de una subasta general no pueden enmendarse luego de adjudicada. La corporación beneficiada se había comprometido a honrar los precios y mantenerlos firmes por los primeros 12 meses de la vigencia del contrato. El Municipio ni la Junta de Subastas tenían autoridad para dejar sin efecto las disposiciones del Reglamento Municipal de 2016, ni del Reglamento de Subastas y Adquisiciones del Municipio de 2019.
Esta situación ocasionó el pago en exceso de $13,950, y limitó la participación de los demás licitadores.
La auditoría de ocho hallazgos señala que, el Municipio de Las Marías invirtió $72,189 en la construcción de una pista de caballos para la cual no obtuvo el permiso de la Oficina de Gerencia de Permisos. El examen del expediente del proyecto no tenía informes de labor realizada y en una visita el 9 de octubre de 2024, encontraron la pista deteriorada y sin utilidad.
El Informe publica múltiples deficiencias con los comprobantes de desembolsos y los justificantes para el pago de combustible a la estación de gasolina que obtuvo la subasta por $100,000. Por ejemplo, no se prepararon los cuadres para ninguno de los 17 prepagos de gasolina, nueve comprobantes de desembolso por $84,426, no tenían las facturas justificantes, y no se verificó si el precio del combustible facturado no excedía los $0.30 por galón conforme establecido en el contrato formalizado el 1 de agosto de 2023.
Además, el 39% de los Informes Diarios del Conductor de los vehículos municipales, carecía de los datos de entrada, salida, millaje recorrido, niveles de combustible y firma del conductor. Estos informes permiten velar por el buen uso, custodia y mantenimiento de los vehículos asignados.
El puesto de auditor interno del Municipio de Las Marías está vacante desde el 23 de agosto de 2023. La Unidad de Auditoría Interna solo cuenta con una secretaria. Esta situación no permite la fiscalización continua y eficaz de sus finanzas y operaciones.
De hecho, el Informe destaca la falta de fiscalización del Comité de Auditoría de la Legislatura Municipal, ya que del 2020 al 2024 se reunió solo en tres ocasiones. Esta situación de no mantener una fiscalización continua propicia que se puedan cometer irregularidades y deficiencias en las operaciones municipales.
La auditoría devela atrasos de más de un año en la entrega de los estados financieros auditados del 2022 y el 2023 al Federal Audit Clearinghouse conforme establece el Código de Regulaciones Federales. Al 25 de abril de 2025, el Municipio no había entregado el estado financiero del 2024. Esta situación puede afectar la asignación de fondos federales.
Por otro lado, la ausencia de un administrador de los documentos públicos no permite mantener un control adecuado de los documentos. Este puesto es responsable de cumplir con el Programa de Administración de Documentos Públicos, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Del 2020 al 2024, el Municipio no había remitido al ICP el inventario, el plan de retención ni la lista de disposición de los documentos.
Además, el área designada para archivar los documentos públicos no tenía acondicionador de aire, ni detector de humo, ni equipo de control de la humedad. Las cajas estaban desde el suelo una encima de la otra y el área carecía de anaqueles suficientes. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-22-08 del 2021.
La autonomía municipal conlleva autonomía fiscal. El presupuesto comprende un estimado de gastos y los recursos e ingresos estimados. Del examen de los presupuestos del 2020 al 2024, se revela que el 58% del presupuesto operacional proviene de fondos del Gobierno Estatal. Al respecto el Informe recomienda al alcalde que identifique medidas que le permitan prepararse ante la reducción de asignaciones del Gobierno Estatal.
El presupuesto de Las Marías fue de $5.9 millones en el 2020, $5.4 millones en el 2021, $6.8 millones en el 2022, $7.3 millones en el 2023 y $7.7 millones en el 2024. Sus estados financieros reflejaron superávits acumulados de $1 millón en el 2020, $485,078 en el 2021 y $312,625 en el 2023. Para el año fiscal de 2022, los estados financieros reflejaron un déficit de $455,789.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este primer informe de Las Marías cubre el periodo del 1 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-89 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Informe de Auditoría OC-25-88 del Municipio de Isabela
Contralora revela pago de $376 mil por diseño de planos sin utilidad y ordenanza y destaque de empleados contrarios a la ley en Isabela
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Isabela. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Isabela pagó $376,310 por diseñar planos, tramitar permisos y realizar los estudios requeridos para revitalizar el Túnel de Guajataca. El contrato con vigencia desde el 2014, se enmendó cuatro veces para extenderlo hasta el 2019. Al 30 de junio de 2023, el proyecto no se había construido, por lo cual la inversión no ha tenido utilidad.
La auditoría de siete hallazgos señala que, se realizaron 25 donativos por $53,987 del Fondo Dotal del Deporte, sin la aprobación de la Legislatura Municipal del 2022 al 2023. Además, el Municipio no ha transferido el balance disponible de $6,782 producto de la venta de un auto SUV de alto rendimiento de 2018, que por Resolución se destinaría a este fondo.
En la auditoría se encontró que, al 20 de diciembre de 2023, el Municipio no había facturado ni requerido a la compañía $10,466 correspondientes al 20 % establecido en el contrato. A raíz de la investigación de los auditores de la Contraloría de Puerto Rico, el Municipio facturó y recibió de la compañía administradora del vertedero municipal, los indicados fondos. Esto tuvo el efecto de no recibir $10,466 a tiempo, para atender las necesidades de sus constituyentes.
El Informe devela que los contadores de la Oficina de Finanzas y Presupuesto del Municipio no obligaron los créditos presupuestarios para el pago del 90% de los contratos y el 33% de las enmiendas examinadas, por $853,379. El Municipio debe asegurarse que se obliguen las asignaciones presupuestarias, al momento de otorgar un contrato para que haya balance disponible para cubrir los desembolsos. Las obligaciones se registraron de 13 a 195 días después.
Desde el 1 enero de 2019 hasta el 31 de marzo de 2023, el Municipio de Isabela había formalizado 2,801 contratos y enmiendas por $62.5 millones. Esta situación pudiera causar sobregiros y litigios innecesarios para el Municipio.
Los auditores detectaron que un acuerdo colaborativo que se otorgó el 2 de agosto de 2021, no se registró en la OCPR a los 15 días de otorgarse, sino 896 días después. Además, copias de cuatro enmiendas otorgadas en el 2021, se registraron con tardanzas de hasta 50 días. Estas situaciones, impidieron que estos documentos públicos estuvieran accesibles a la ciudadanía según dispone la reglamentación vigente.
En contravención del Código Municipal de 2020 y la Ley de Municipios de 1991, la Legislatura Municipal autorizó que el Centro Isabelino de Medicina Avanzada (CIMA-EM), no devolviera el capital inicial para su funcionamiento que ascendió a $1.9 millones en efectivo y $480,750 en propiedad. Además, el Municipio sin facultad legal, designó 11 empleados en destaque para que realizaran las funciones de su puesto en el CIMA-EM. Las empresas municipales como CIMA-EM se consideran corporaciones con fines de lucro y con personalidad jurídica propia por lo cual, a sus empleados le aplican las leyes y normas del sector privado.
De hecho, la ayudante ejecutiva del alcalde certificó que la Junta de Directores del CIMA-EM de cinco miembros, estuvo compuesta por cuatro miembros del 2016 al 2019 y no contó con un representante del interés público, del 2021 al 2022.
El presupuesto de Isabela ascendió de $12.6 millones en el 2019, a $12.6 millones en el 2020, $12.9 millones en el 2021, $16.1 millones en el 2022, y $16.6 millones en el 2023. Sus estados financieros reflejaron superávits acumulados de $35.1 millones en el 2019, $35.1 millones en el 2020, $35.5 millones en el 2021, y $37.5 millones en el 2022.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe de Isabela, cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-88 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Informe de Auditoría OC-25-87 del Municipio de Adjuntas
Contralora revela múltiples deficiencias en las operaciones de compras y desembolsos en Adjuntas
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Adjuntas. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Adjuntas no obligó las asignaciones presupuestarias por $949,498 para el pago del 30% de los contratos y el 75% de las enmiendas examinados. Estos contratos se otorgaron para comprar asfalto, reparar vías públicas y estabilizar un talud de terreno. En contravención con el Reglamento Municipal de 2016, el director de Finanzas indicó que obligaba los fondos al recibir la factura y no antes de recibir los materiales o que se rindieran los servicios.
Del 13 de enero de 2021 al 29 de diciembre de 2023, el Municipio otorgó en total 607 contratos y 124 enmiendas por $17,047,941. Esta situación, de no obligar los créditos, impide tener un control eficaz de las asignaciones presupuestarias y puede incurrir en sobregiros y litigios innecesarios.
La auditoría de cinco hallazgos señala que, sin la autorización del Municipio, los trabajos de regado y compactación de asfalto e instalación de barreras de seguridad en el puente de la carretera 522 del Barrio Garzas, se subcontrataron a dos compañías. El Municipio y el funcionario encargado de las subcontrataciones expresaron desconocer esta situación prohibida en el contrato que el alcalde había formalizado con el contratista el 16 de febrero de 2023 por $128,704.
El Informe devela múltiples deficiencias de control con los comprobantes de desembolso y sus justificantes. Del examen realizado, el 87% de los justificantes de pago de comprobantes, no se marcaron como pagados; en el 29% de los comprobantes, las cotizaciones no establecían nombre, título y firma del funcionario a cargo de aceptarlos; y en el 14% de los comprobantes, las facturas carecían de la certificación del proveedor sobre la ausencia de interés.
Los desembolsos por $2.9 millones emitidos del 2021 al 2024 correspondían a la adquisición de vehículos, equipos y materiales relacionados con el manejo de la pandemia del COVID-19, entre otros. Esta situación, propicia que se cometan irregularidades en los desembolsos y hace inoperante los controles internos establecidos.
Sin solicitar el consentimiento de la Legislatura Municipal, el entonces alcalde transó una demanda presentada el 11 de agosto de 2018 ante el Tribunal de Primera Instancia, por el despido de un empleado cuyo contrato transitorio estaba vigente. Todo acuerdo de transacción en acciones judiciales que conlleve algún tipo de desembolso mayor de $25,000 tiene que presentarse a la consideración de la Legislatura Municipal antes de remitirla al foro judicial. Esta situación también afectó los recursos del Municipio ya que tuvo que desembolsar $25,289 sin recibir servicio a cambio.
Al 21 de agosto de 2024, el Municipio no había remitido al secretario de Justicia la información y los documentos requeridos por el Registro de Demandas Civiles de 2003. Esta situación impide que estas demandas estén accesibles a la ciudadanía. La información indica que cinco demandas habían sido resueltas y cuatro demandas están activas con reclamaciones que suman $1.6 millones.
La auditoría comenta que el alcalde mantiene un plan de pago con un balance adeudado por $14,223 con la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Esta Oficina le imputó una multa administrativa por $16,000 en el 2023 por otorgar dos contratos y dos enmiendas a compañía de pariente del director de la Oficina de Obras Públicas del Municipio, sin haber obtenido la dispensa requerida por la OEG.
Al 22 de julio de 2024 estaban pendiente de resolución por los tribunales cuatro demandas civiles por $950,000 por despido, y por daños y perjuicios.
El presupuesto de Adjuntas ascendió de $5.8 millones en el 2021, a $6.8 millones en el 2022, a $7.4 millones en el 2023 y a $7.5 millones en el 2024.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe de Adjuntas, cubre el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-87 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-86 de la Universidad de Puerto Rico, Administración Central
Contralora revela deficiencias con los módulos de Cuentas a Pagar y Activos Fijos en la Administración Central de la UPR
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones de los sistemas de información computadorizados de la Oficina de Sistemas de Información (OSI) de la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que la directora interina de la División de Compras y una contadora de la Oficina de Finanzas no activaron en el módulo de Cuentas por Pagar la opción que calcula la retención por contribución sobre ingresos. Esto tuvo el efecto de que no se le retuvo el 10% conforme al Código de Rentas Internas de 2011, a 10 de 14 proveedores, equivalente a $9,772.
La auditoría, de cinco hallazgos, señala que el módulo de Activos Fijos del Sistema de Información Administrativo (SIA) no tiene información actualizada. De una muestra examinada, no se localizaron 14 de 16 computadoras registradas en el módulo, no guardaban la documentación de las computadoras y el encargado de la propiedad no emitía los recibos de la propiedad usada por funcionarios y empleados.
Además, el encargado de la propiedad tenía solicitudes de hasta más de 12 años de bajas, transferencias, hurtos o decomisos de computadoras sin actualizar en el SIA. Esta situación impide mantener registros confiables de la propiedad y aumenta el riesgo de que se pierdan o se usen de forma indebida.
En contravención de la Política sobre las Mejores Prácticas de Infraestructura Tecnológica de la Carta Circular 2023-004, el encargado de la propiedad no incluyó el nombre del empleado custodio de los equipos en el módulo de los Activos Fijos. El examen realizado a los registros de 1,496 computadoras de escritorio o portátiles reveló que, en el 74%, los campos para identificar al empleado a quien se asignó la propiedad estaban en blanco.
Por otro lado, los auditores hallaron que, al 22 de agosto de 2024, transcurridos hasta 18 meses del cese o terminación de servicio, no se habían inactivado 13 cuentas de acceso al Sistema de Información Administrativo de 12 exempleados y un exconsultor de la Oficina de Finanzas. Esta situación impide mantener un control efectivo y eficaz sobre las cuentas de acceso y hace imposible que se pueda detectar a tiempo accesos no autorizados.
En las inspecciones efectuadas para validar los controles ambientales, se encontraron líquidos inflamables y equipos de limpieza en la Oficina de Servicios Administrativos, pared con panel de madera deteriorada en el cuarto de Telecomunicaciones y cajas almacenadas dentro del gabinete de comunicación de la Oficina de Desarrollo Físico e Infraestructura. Además, varios gabinetes no estaban cerrados con llave y el cableado de todo el Centro de Cómputos estaba desorganizado.
La falta de controles ambientales y físicos para proteger los equipos es una situación contraria a las disposiciones establecidas por el Federal Information System Controls Audit Manual.
La Administración Central cuenta con una infraestructura de 665 computadoras, 607 computadoras portátiles, 80 servidores físicos y 171 virtuales, 27 antenas WiFi, 14 switches, dos routers y dos firewalls.
El presupuesto asignado a la Administración Central fue de $55.3 millones en el 2022, $18.4 millones en el 2023 y de $17.8 millones en el 2024.
El Informe contiene cuatro recomendaciones a la atención de la Junta de Gobierno de la UPR, al secretario de Hacienda, y al presidente de la Universidad.
Este primer informe de la Administración Central de la UPR cubre el periodo del 1 de enero de 2023 al 30 de noviembre de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-86 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-85 de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez
Contralora revela funciones conflictivas de la subdirectora de Recaudaciones y deficiencias con la propiedad en la UPR Mayagüez
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto Universitario de Mayagüez. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que la subdirectora de la Oficina de Recaudaciones realizó funciones de recibir recibos, preparar el informe del recaudador, cuadre diario y de directora de cuentas, en conflicto con su responsabilidad como subdirectora y supervisora de recaudaciones. Esta situación dificulta una evaluación objetiva ya que la funcionaria estaba en una posición de control sobre sus propias funciones administrativas. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría CP-14-17 del 2014.
La auditoría de tres hallazgos señala también deficiencias con las conciliaciones bancarias. Por ejemplo, los auditores advirtieron que la cuenta de Préstamos Federales y Beca Federal no estaba preparada de forma correcta ni se habían realizado los ajustes en las conciliaciones bancarias de las cuentas de Ingresos y Desembolsos, entre otras.
Contrario a la reglamentación vigente, el oficial de propiedad certificó el inventario del año fiscal de 2022-23, sin incluir la propiedad mueble del Departamento de Ingeniería Mecánica. Además, cuando el oficial de propiedad cesó sus funciones en el 2019, no se realizó el inventario correspondiente. Esto tiene el efecto de que los estados financieros no reflejen balances precisos, lo que provoca que los activos estén sobrevaluados o subvalorados en el balance general.
El Informe devela múltiples deficiencias con el control de la propiedad mueble como, por ejemplo, el que no se hayan eliminado las unidades no existentes en los Sistemas Activos Fijos, ni la propiedad no localizada en el Sistema de Inventario de Propiedad, o que personas que ya no trabajan en la UPR Mayagüez, tengan propiedad asignada.
La UPR Mayagüez no suministró a los auditores de la Contraloría, la investigación administrativa de siete unidades extraviadas o hurtadas del 2018 al 2020, por valor de $8,095. Además, la entidad tardó hasta más de dos años en investigar el robo o desaparición de 19 propiedades con valor de $26,879.
Las investigaciones realizadas de 25 propiedades hurtadas o desaparecidas fueron notificadas a la OCPR entre 14 y 457 días laborables más tarde. La ley y la reglamentación vigente, requiere que cualquier pérdida de fondos o bienes públicos, se notifique a la Oficina del Contralor, en un término no mayor a los 10 días de haber concluido la investigación que a su vez, no debe exceder de 20 días.
De hecho, la UPR Mayagüez remitió copias de 26 contratos y 18 enmiendas a los registros de la OCPR hasta 667 días después de formalizados. La ley y la reglamentación dispone que la entidad remita los contratos dentro de los 15 días siguientes a la fecha que se otorga el contrato, ya que ninguna prestación o contraprestación de servicios podrá exigirse hasta tanto el contrato se haya registrado en la Contraloría.
El presupuesto de la UPR Recinto de Mayagüez, fue de $167.2 millones en el 2018, $164.7 millones en el 2019, $150.6 millones en el 2020, $157.9 millones en el 2021 y $142.1 millones en el 2022.
La auditoría le recomienda al presidente de la UPR, que se asegure que el Rector de la UPR Mayagüez, cumpla con las recomendaciones de este Informe de Auditoría.
Este primer informe de la UPR Mayagüez, cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2022.
El Informe de Auditoría OC-25-85 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Evitar señalamientos está en tus manos (4)
Campaña dirigida a los contratistas del Gobierno y municipios de Puerto Rico.
¡Contratista del gobierno de Puerto Rico!
¿Sabías que un solo error te puede costar el contrato?
Las reglas son claras. Son fondos públicos. Cumpla con la ley.
“Evitar señalamientos está en tus manos”.
Oficina del Contralor de Puerto Rico: Velando por el buen uso de los fondos públicos.
Solicitudes de acceso a la información – marzo 2025
Informe de Auditoría OC-25-84 del Municipio de Orocovis
Contralora revela pagos fuera de contrato por más de $200 mil a contratistas de recogido de escombros en Orocovis
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Orocovis. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Orocovis pagó $195,592, entre el 2019 al 2024, a tres contratistas por servicios que no estaban incluidos en sus contratos de recogido y disposición de escombros. Por ejemplo, la compra de mogolla, el alquiler de guaguas con chofer o el traslado de equipo pesado, no estaban incluidos en sus contratos.
La directora de Finanzas autorizó estos pagos, a pesar de la advertencia de los preinterventores de que estos gastos no procedían. Además, el Municipio realizó un pago duplicado por error de $8,502 por el alquiler de un camión, según indicó el director de la Oficina de Planificación y Desarrollo.
La auditoría, de cinco hallazgos, señala que el Municipio obvió el requisito de celebrar subasta pública para realizar trabajos de mejoras permanentes en las estructuras de 25 centros de Head Start y Early Head Start. En su lugar, fraccionó $330,500 en tres contratos para no exceder el límite de $200,000 que la ley establece para celebrar subasta pública. El Municipio de Orocovis administra los fondos federales del Proyecto Head Start y Early Head Start con 35 estructuras localizadas en Barranquitas, Corozal, Villalba y Orocovis.
Además, uno de los trabajos de mejoras permanente, la instalación de campanas y sistemas de supresión de incendios en las estructuras, fueron realizados por un subcontratista sin la autorización previa por escrito del alcalde. Esta situación no le permitió al Municipio evaluar si la compañía subcontratada cumplía con la experiencia y los requisitos.
El Informe publicó que las obras de construcción o reconstrucción de cuatro canchas bajo techo y mejoras al Centro Comunal en el Barrio Mata de Cañas se comenzaron sin obtener los permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Aunque los permisos se obtuvieron de 22 a 399 días después, la OGPe no pudo ejercer su función reguladora previo al inicio de los trabajos.
El Municipio de Orocovis registró en la OCPR con tardanza de hasta un año, copias de 354 contratos y 248 enmiendas por $11 millones del 2019 al 2024. Según dispone la ley y la reglamentación vigente, no se puede autorizar ningún desembolso sin que el contrato se haya remitido y registrado en la OCPR dentro de los 15 días desde que se otorgó el contrato. Esta situación impidió que los contratos estuvieran disponibles a la ciudadanía en calidad de documentos públicos en el tiempo requerido.
El presupuesto de Orocovis fue de $8.9 millones en el 2019, $9.2 millones en el 2020, $7.9 millones en el 2021, $7.3 millones en el 2022, $7 millones en el 2023 y $7.6 millones en el 2024.
La auditoría le recomienda al director de la OGPe que se asegure que el Municipio de Orocovis cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe de Orocovis cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2024
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El Informe de Auditoría OC-25-84 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-83 del Municipio de Barceloneta
Contralora revela pagos en exceso de más de $1.5 millones en contratos de compraventa de edificio, recogido de escombros y adquisición de equipo en Barceloneta
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Barceloneta. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio pagó $1.4 millones en exceso por la compra de un inmueble de $13.5 millones según contrato de arrendamiento con opción a compra de un solar. Este contrato fue enmendado para extender el tiempo de construcción en el solar de las facilidades administrativas de Head Start y Early Head Start, sin embargo, no se enmendó la cuantía.
De hecho, los informes de tasación de valoración preparados por un tasador privado de esta propiedad no fueron revisados por un tasador revisor, ni el Municipio los remitió para la aprobación del Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales como dispone la reglamentación vigente.
El Municipio de Barceloneta también pagó $148,485 en exceso por la compra de consolas de aire con un contrato original de $50,000. Además, el contratista facturó compras realizadas hasta ocho meses después del vencimiento del contrato el 30 de junio de 2022.
Otro pago sin enmienda de contrato se realizó el 24 de febrero de 2021, por el recogido de escombros en exceso de lo establecido en el contrato. El Municipio pagó $29,060 por el exceso de recogido de yardas cúbicas de escombros.
La auditoría, de cinco hallazgos, señala que el Municipio pagó $501,882 por servicios profesionales a un ingeniero para el diseño de planos y trámites de permiso de construcción de facilidades en los predios de la Escuela Dr. Francisco Susoni que no se llegó a edificar. Para esta contratación el Municipio solicitó una sola propuesta, en vez de realizar una competencia entre proveedores como dispone el Código de Regulaciones Federales 2.
La auditoría le recomienda a la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud Federal, que considere estas situaciones para que tome las medidas que correspondan.
Los auditores identificaron que el Municipio no había cobrado $146,162 a una corporación, por la extracción de 116,930 metros cúbicos de material extraído del Tosquero Municipal. Como resultado de esta auditoría, el Municipio recobró $46,824, con un balance pendiente de $99,338. Esta situación resta credibilidad a los procesos de supervisión del Municipio.
Contrario a la ley y la reglamentación vigente, el Municipio de Barceloneta le pagó $203,649 a una pensionada quien había renunciado a su puesto de directora ejecutiva al 30 de junio de 2022 con un sueldo mensual de $8,112. La alcaldesa la reactivó en su puesto de directora ejecutiva, en el cual devengó $269,031, del 15 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2023. Como pensionada, debió haber recibido $65,382; la mitad del sueldo básico de la escala salarial.
Como resultado de esta auditoría, la alcaldesa de Barceloneta remitió una consulta a la Junta de Retiro, que decidieron suspenderle la pensión a la directora ejecutiva. Además, la Junta de Retiro indicó que la pensionada tenía que devolver lo cobrado de pensión.
El Informe publica otras deficiencias como el pago indebido de $1,616 a una empleada por la liquidación de licencias y aportación patronal que no le correspondía. Además, se autorizó la adquisición de un condensador de aire de $10,995, sin solicitar las cotizaciones de por lo menos tres proveedores del mercado.
El presupuesto del Municipio fue de $27.5 millones en el 2020, $26.1 millones en el 2021, $26.5 millones en el 2022, $30.9 millones en el 2023 y $32.1 millones en el 2024.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio de Barceloneta, cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe de Barceloneta cubre el periodo del 1 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2023
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El Informe de Auditoría OC-25-83 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-82 de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio
Contralora revela pagos indebidos por $1.5 millones al contratista de las ventas de boletos por Internet de la Autoridad de Transporte Marítimo
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio (ATM). Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones sobre los servicios contratados para la venta de boletos por Internet para el transporte marítimo de Ceiba a Vieques y Culebra, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que la ATM no formalizó un contrato escrito con el contratista de los servicios de boletería por Internet del 8 de abril al 29 de septiembre de 2019. La entonces directora de la ATM no cumplió con sus responsabilidades administrativas al no establecer los derechos y obligaciones de las partes mediante un contrato. Esta situación le permitió al contratista cobrar $541,151 de forma indebida.
La auditoría, de tres hallazgos, señala que no fue sino hasta el 30 de septiembre de 2019, que la ATM formalizó un contrato para la venta de boletos por Internet con el contratista. Sin embargo, le permitió al contratista recibir ingresos por $878,912 en exceso de la cantidad máxima establecida en los contratos de $9,990 anuales y no le requirió $29,895 de las ventas de boletos de varios meses entre los años de 2020 y 2021.
Además, en contravención con las cláusulas contractuales, el contratista subcontrató los servicios de venta de boletos, no depositaba los ingresos por venta en el tiempo establecido, y él mismo se descontaba los rembolsos de los ingresos.
Los auditores detectaron que la entonces directora ejecutiva no protegió los mejores intereses de la ATM ya que, para la adquisición de los servicios de venta electrónica de boletos no solicitó propuestas adicionales, no obtuvo la autorización del secretario de Transportación y Obras Públicas, ni informó a la Junta de directores sobre los servicios recibidos sin contrato y luego de formalizar los contratos.
La OCPR identificó otras situaciones que se remitieron a la consideración del secretario de Hacienda el 7 de abril de 2025 sobre la falta de preparación de las declaraciones informativas, las retenciones sobre los ingresos recibidos por el contratista, y el cobro del impuesto de venta y uso.
El Informe publica que la ATM no ejerció un control adecuado de sus transacciones fiscales y propició balances incorrectos en los registros de contabilidad. El director ejecutivo auxiliar de Administración y Finanzas remitió sólo uno de los 107 informes de las ventas de los boletos por $1,053,163 millones a la contadora gerencial de la ATM. Por tanto, la contadora gerencial no realizó el cuadre de los ingresos de venta de los boletos, de los cargos por el servicio, ni de las cuentas por cobrar.
Por otro lado, la ATM no pudo determinar la legalidad, exactitud, ni corrección de los informes de venta remitidos por el contratista. El examen de los informes de venta reveló que la ATM no le requirió al contratista la certificación requerida en el contrato, fecha de la preparación del informe, ni el cómputo del importe descontado por el coste del servicio de procesamiento de tarjetas de crédito y débito.
Otro de los hallazgos evidencia que ninguno de los contratos incluyó la información sobre las categorías de los boletos, ni sobre el proceso de rembolso a los clientes. El contrato del 30 de septiembre de 2019 tampoco incluyó el importe máximo de los servicios contratados.
Del 2016 al 2022, la ATM tuvo ingresos por $322.9 millones, una contribución de capital por $9 millones, y gastos por $297.2 millones. Al año fiscal de 2022, la ATM registró un déficit de $41.7 millones.
Este informe, cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de enero de 2022
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El Informe de Auditoría OC-25-82 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Evitar señalamientos está en tus manos (3)
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“Evitar señalamientos está en tus manos”.
Mensaje de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Informe de Investigación OC-25-81 al Departamento de Educación – Resultado de la investigación sobre alegadas irregularidades relacionadas con los servicios de terapias psicológicas
Contralora revela cobro fraudulento por servicios de psicología en la escuela elemental Eugenio Brac de Naguabo
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó hoy el resultado de una investigación de una querella sobre alegadas irregularidades relacionadas con los servicios de terapias psicológicas en la Escuela Elemental Eugenio Brac de Naguabo. La especialista estaba contratada por una compañía privada bajo la Unidad Secretarial del Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional del Departamento de Educación de Puerto Rico.
La investigación reveló que la especialista certificó, de forma fraudulenta, que del 26 de septiembre de 2023 al 27 de marzo de 2024 había dado 77 servicios de terapias a 23 estudiantes. La especialista facturó 39 servicios que correspondía a periodos fuera del horario escolar, en ausencia de los maestros y estudiantes, e incluso en días de sábados. Además, facturó 38 servicios de psicología en días y horas que se encontraba trabajando en una tienda ubicada en un centro comercial.
Los auditores validaron con cinco padres de los estudiantes que sus hijos no habían recibido terapias fuera del horario escolar y que las firmas en 31 certificaciones de servicios mensuales no eran las suyas, ni habían autorizado a nadie firmar por ellos. Mediante declaraciones juradas, tres educadoras declararon que algunos documentos de la compañía tenían firmas de maestros falsificadas.
La especialista cobró de forma indebida $5,035. Al respecto, se pudo haber configurado delitos tipificados en la Ley 146-2012, Código Penal de Puerto Rico.
Esta situación se refirió a la secretaria de Justicia el 21 de febrero de 2025 para que evaluara la posible violación de leyes y/o reglamentos, y al comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales para que tome las medidas que estime pertinentes.
También le recomendamos a la inspectora general de la Oficina del Inspector General, que considere ampliar el alcance de la revisión de los servicios facturados por la especialista, y al secretario de Educación que tome las medidas administrativas pertinentes.
Del 1 de septiembre de 2023 al 30 de abril de 2024, la especialista cobró $73,800 por 1,125 terapias. Para este periodo, el Departamento de Educación había desembolsado $1.3 millones por 22,744 terapias a esta compañía.
Este informe, resultado de la investigación de una querella, con fecha del 22 de mayo de 2025.
El Informe OC-25-81 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-80 del Municipio de Trujillo Alto
Contralora revela compra de vehículos y asfalto por más de $147 mil sin las cotizaciones requeridas en Trujillo Alto
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Trujillo Alto. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Trujillo Alto compró del 2021 al 2022, tres vehículos de motor por $81,428, sin obtener al menos tres cotizaciones. Para una de las compras sólo se obtuvo la cotización del proveedor agraciado, y para la otra compra no se encontraron las cotizaciones.
Además, el Municipio compró en el 2020, 840 toneladas de asfalto por $65,733, sin obtener las cotizaciones requeridas, sino sólo la del proveedor agraciado.
La ley y la reglamentación vigente prohíbe el desembolso de fondos municipales para la compra de bienes, suministros y servicios, sin las cotizaciones requeridas. Además, estas situaciones impiden la libre competencia entre el mayor número de proveedores.
La auditoría, de dos hallazgos, señala que el Archivo Municipal para los documentos inactivos carecía de equipo para el control de humedad y tenía filtraciones en el techo y cajas en el piso. La falta de control adecuado de los documentos públicos propicia su deterioro, destrucción o que se pierdan.
El Informe comenta las sentencias de la fiscalía federal contra el exalcalde el 11 de enero de 2023 y contra el exayudante del alcalde el 3 de marzo de 2023, por fraude contra el Gobierno de los Estados Unidos. Ambos solicitaron, aceptaron y recibieron pagos a cambio de gestionar y otorgar contratos a dos compañías de servicios de asfalto, pavimentación y recogido de basura. Los dueños de las compañías se declararon culpables por cargos de corrupción en procesos judiciales relacionados con este esquema, también en otros municipios.
Los estados financieros reflejaron déficits acumulados en el Fondo General de $3.1 millones en el 2020, $3.1 millones en el 2021, $2.7 millones en el 2022 y $533,490 en el 2023. El estado financiero del 2024 reflejó un superávit acumulado de $3.9 millones.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio de Trujillo Alto cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este informe cubre el periodo del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-80 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
La mayoría de las empresas de turismo náutico en la Isla están ilegales, según auditoría
Wapa Digital May 27, 2025
Un 68% de las empresas de turismo náutico en Puerto Rico operan ilegalmente sin contar con las debidas certificaciones, según se reveló hoy en un informe de auditoría a la Compañía de Turismo realizado por la Oficina de la Contralora.
Según el informe, el 68% de las empresas de turismo náutico examinadas continúan brindando servicios a pesar de no tener la Certificación de Actividad Turística vigente al 27 de marzo de 2025. Esta situación, que se atribuye a la falta de personal en la Compañía de Turismo para realizar las inspecciones necesarias, genera una competencia desleal con los operadores que sí cumplen con la ley y la reglamentación vigente.
La auditoría, de tres hallazgos, señala también múltiples deficiencias con el registro de las empresas de turismo náutico. Los auditores identificaron certificaciones vencidas registradas como regulares y certificaciones condicionadas que estaban vencidas, en el 28% de los expedientes examinados. Además, la Compañía no mantiene un registro público de las empresas dedicadas a las actividades de turismo náutico y de las marinas turísticas según dispone la Ley de Turismo Náutico de 2010 (Ley 241-2010).
En visita realizada a la Oficina de Servicios y Fiscalización de la Compañía de Turismo, se verificó que el archivo carece de un custodio designado, no tiene un registro de las personas con acceso y los documentos estaban sueltos en los expedientes. Esta situación propicia que se desaparezcan los documentos y afecta la planificación, inversión y desarrollo de las empresas de turismo náutico.
Los estados financieros auditados reflejaron que la Compañía de Turismo tuvo ingresos por $377.4 millones, y gastó $264.6 millones del 2022 al 2023.
Este informe es uno de auditoría de cumplimiento de alcance específico, el cual significa que atiende uno o dos asuntos en un periodo de tiempo establecido. Este informe cubre el periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de enero de 2025, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
Contralora identifica 19 empleados de CESCO alrededor de la isla que borraban sus multas en auditoría
Fuente: Radio Isla
Fecha: 23 de mayo de 2025
La Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso reveló en Pega’os en la Mañana que identificaron unos 19 empleados de Centro de Servicios al Conductor (CESCO) borraron sus multas en su último informe, que cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2021.
“Hicimos pruebas, tanto en el centro metropolitano, en el CESCO Bayamón, en el de Ponce, Aguadilla, Arecibo, Humacao, Barranquitas, Caguas, Guayama, en el Urbano, en Minillas, y en todos encontramos por lo menos un empleado o borrándose cuentas propias, las multas que le habían dado a ellos mismos, borrando, cambiando estatus de algunas multas, diciendo que se habían pagado en Hacienda, y en Hacienda no tenían récord del pago”, reveló Valdivieso. “Y eso es de una muestra. Nosotros de todo el universo se cogieron que eran miles de multas. Lo que revisamos fueron 437 multas que se encontraron mal, pero eran como de 25 mil, y ahí entran miles de multas al año”.
La auditoría revela que no se habían cobrado 47.9 millones de dólares en multas de tránsito de 543,711 multas sin corregir para el 2019. La oficinista encargada de verificar el proceso de digitalización de los boletos por la compañía contratada y trabajar los boletos con errores, se acogió a una licencia en septiembre de 2017, y al reintegrarse, fue asignada a otras funciones. El informe también señala que entre el 48% y el 68% de las 921,322 multas de AutoExpreso por $29.2 millones entre el 2016 al 2018, no se cobraron, ya que el DTOP no tiene los mecanismos para identificar los conductores de vehículos arrendados.
“Los 47 millones, 50 millones esos que no se cobraron muchos de ellos es porque cuando digitalizaban el boleto, la letra del que escribió el boleto no se entendía, así que no podían llevar esa multa ni a una licencia, ni a un carro, así que por ahí tenías un problema de digitalización por la falta de buena escritura de los policía”, explicó la Contralora. “Tienes un montón de multas que llegan a esos almacenes y no se procesan inmediatamente. Y si tú no las procesas, o sea, no las grabas en el sistema DAVID, ¿después cómo las cobras?”
El informe de la Oficina del Contralor confirmó que las situaciones fueron referidas al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) el 23 de febrero de 2022. El 23 de diciembre de 2024, la entonces secretaria del DTOP notificó que tras investigaciones internas, se destituyó un empleado del CESCO Metropolitano y se le formularon cargos e intención de destitución a tres empleados del CESCO Bayamón, Caguas y Minillas.
Contralor revela ASES pagó millones por contratos que habían vencido
Según el informe, ASES no llevó a cabo un proceso de contratación abierto y competitivo.
Por Metro Puerto Rico
19 de mayo 2025 a las 12:36 hrs.
La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió un informe sobre las operaciones fiscales de la Administración de Seguros de Salud (ASES), tras detectar pagos por más de 34 millones de dólares por contratos de servicios profesionales y consultivos nulos.
“La ASES otorgó enmiendas con vigencia retroactiva para pagar servicios a contratistas, aun cuando se había alcanzado el límite máximo establecido por contrato”, indicó el informe del Contralor.
Del análisis de una muestra de 319 contratos y 314 enmiendas otorgadas entre 2016 y 2020 por 10,362 millones de dólares, el 16 por ciento de las enmiendas se emitió retroactivamente, el 10 por ciento se hizo sobre contratos vencidos, y el 5 por ciento sin aprobación de la Junta de Directores.
También se indicó que ASES no llevó a cabo un proceso de contratación abierto y competitivo.
El informe establece que la ASES justificó sus acciones en una opinión legal “errónea” que permitía enmendar contratos después de haber recibido aprobación de fondos adicionales de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esta interpretación fue utilizada para realizar pagos retroactivos, lo que contraviene la normativa vigente.
Durante julio y agosto de 2018, ASES firmó enmiendas nulas a contratos vencidos por más de 34.3 millones de dólares para servicios de relaciones públicas y manejo de beneficios de farmacia, práctica que la Oficina del Contralor calificó como inválida bajo la ley.
La auditoría encontró que ASES pagó 2.9 millones de dólares por servicios subcontratados sin autorización, 3,213 dólares sin contrato y 1,751 dólares en exceso de lo contratado. También se permitió que una empresa facturara 8,970 dólares por asesores fuera de contrato, redistribuyendo horas luego de la entrada en vigor del acuerdo.
El Contralor recomendó a la Junta de Directores de ASES iniciar una investigación sobre el cumplimiento del personal de finanzas y administración, y tomar medidas disciplinarias si procede.
Otras deficiencias incluyen la autorización de trabajos ya realizados, pagos retroactivos, ausencia de reglamentación para servicios de publicidad y falta de evaluaciones de riesgo entre 2018 y 2022. Además, se pagaron hasta 2.1 millones de dólares por funciones equivalentes a puestos regulares, lo que pudo representar un ahorro de 1.4 millones si se hubiesen pagado por nómina.
Al 30 de junio de 2022, la ASES aseguraba 1,276,451 vidas, y entre 2017 y 2022, manejó un presupuesto de 19,176 millones de dólares con desembolsos de 18,952 millones.
Este segundo y último informe de auditoría cubre el periodo del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2022.
Expresiones de ASES
La Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) aseguró mediante declaraciones escritas que activó un plan de acción correctivo y preventivo tras recibir el pasado viernes un informe de la Oficina del Contralor que señala múltiples deficiencias administrativas.
En una declaración oficial emitida hoy lunes, la directora ejecutiva interina de ASES, Lymari Colón, indicó que: “Desde el momento en que recibimos el informe la semana pasada, no perdimos tiempo. Activamos de inmediato un plan de acción concreto —no solo para corregir lo señalado, sino también para prevenir que situaciones similares vuelvan a repetirse”.
Detectan posibles fraudes y sobre $50 millones en multas sin cobrar en el CESCO
Las irregularidades fueron reveladas por la Oficina del Contralor de Puerto Rico
CyberNews 22/05/2025 Actualizado hace May 22, 2025
La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió el jueves una opinión adversa sobre las operaciones fiscales del Centro de Servicios al Conductor Metropolitano (CESCO), tras revelar irregularidades con el manejo de multas, posibles fraudes en cambios de estatus y la pérdida de más de $50 millones en ingresos.
Según el informe, “no se habían cobrado $47.9 millones de 543,711 multas sin corregir para el 2019”, debido a errores en el sistema y la falta de personal para procesarlas. El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) contrató una empresa por $350,000 para trabajar las multas, pero el 90% de los boletos no pudo corregirse por ser ilegibles.
En una muestra de 42 facturas por $6 millones, el 69% fue certificado por personal ajeno al proceso de digitalización, y el 31% se pagó sin hojas de control firmadas. Además, auditores encontraron cambios de estatus de multas sin evidencia de pago y casos en los que operadores invalidaron sus propias multas o las de otros empleados, fuera del horario laboral.
La Contralora identificó 19 operadores que cambiaron el estatus de 129 multas de forma irregular y alteraron otras 2,290 multas por $83,100 fuera de la muestra examinada. El informe señala que estas acciones fueron referidas al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental en febrero de 2022.
El DTOP confirmó en diciembre de 2024 la destitución de un empleado del CESCO Metropolitano y la intención de destituir a tres empleados de los CESCO de Bayamón, Caguas y Minillas.
La auditoría también reveló que entre el 48 y el 68 por ciento de las 921,322 multas de AutoExpreso emitidas entre 2016 y 2018, equivalentes a 29.2 millones de dólares, no se cobraron por falta de mecanismos para identificar a conductores de vehículos arrendados.
El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2021 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-79 de la Compañía de Turismo de Puerto Rico
Contralora revela que el 68% de las empresas de turismo náutico operan fuera de la legalidad
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones de la Compañía de Turismo de Puerto Rico relacionadas con la industria del turismo náutico. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El informe revela que el 68% de las empresas de turismo náutico examinadas continúan brindando servicios a pesar de no tener la Certificación de Actividad Turística vigente al 27 de marzo de 2025. Esta situación, que se atribuye a la falta de personal en la Compañía de Turismo para realizar las inspecciones necesarias, genera una competencia desleal con los operadores que sí cumplen con la ley y la reglamentación vigente.
La auditoría, de tres hallazgos, señala también múltiples deficiencias con el registro de las empresas de turismo náutico. Los auditores identificaron certificaciones vencidas registradas como regulares y certificaciones condicionadas que estaban vencidas, en el 28% de los expedientes examinados. Además, la Compañía no mantiene un registro público de las empresas dedicadas a las actividades de turismo náutico y de las marinas turísticas según dispone la Ley de Turismo Náutico de 2010 (Ley 241-2010).
En visita realizada a la Oficina de Servicios y Fiscalización de la Compañía de Turismo, se verificó que el archivo carece de un custodio designado, no tiene un registro de las personas con acceso y los documentos estaban sueltos en los expedientes. Esta situación propicia que se desaparezcan los documentos y afecta la planificación, inversión y desarrollo de las empresas de turismo náutico.
Los estados financieros auditados reflejaron que la Compañía de Turismo tuvo ingresos por $377.4 millones, y gastó $264.6 millones del 2022 al 2023.
Este informe es uno de auditoría de cumplimiento de alcance específico, el cual significa que atiende uno o dos asuntos en un periodo de tiempo establecido. Este informe cubre el periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de enero de 2025
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El Informe de Auditoría OC-25-79 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-78 de la Compañía de Fomento Industrial
Opinión favorable de la Oficina del Contralor a las operaciones fiscales de la Compañía de Fomento Industrial
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión favorable de las operaciones fiscales de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones de la Compañía se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
Los auditores evaluaron objetivos específicos de los contratos y los desembolsos de los servicios de mantenimiento, reparación y conservación de las propiedades de la Compañía. Al respecto, se examinaron, entre otros, si se formalizaron los contratos antes de que el contratista prestara servicios, si los contratos se radicaron en la Oficina del Contralor, y si los desembolsos se efectuaron según la reglamentación aplicable.
A base del trabajo realizado, no se identificaron deficiencias significativas relacionadas con los controles internos que ameriten comentarse en este Informe.
Los ingresos y los gastos del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2023 reflejaron que la Compañía generó ingresos por $191.7 millones e incurrió en gastos por $152 millones.
Este Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2020 al 15 de enero de 2025.
El Informe de Auditoría OC-25-78 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-77, Departamento de Transportación y Obras Públicas Centro de Servicios al Conductor Metropolitano Directoría de Servicios al Conductor
Contralora revela más de $50 millones en multas sin cobrar en el CESCO Metropolitano y posible fraude en cambios de estatus de multas
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales del Centro de Servicios al Conductor Metropolitano (CESCO) de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la corrección y el cambio de estatus de las multas administrativas gravadas en el Drivers and Vehicles Information Database Plus – Sistema DAVID, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que no se habían cobrado $47.9 millones de multas de tránsito de 543,711 multas sin corregir para el 2019. La oficinista encargada de verificar el proceso de digitalización de los boletos por la compañía contratada y trabajar los boletos con errores, se acogió a una licencia en septiembre de 2017, y al reintegrarse fue asignada a otras funciones.
Al respecto, el DTOP tuvo que formalizar en el 2019, un contrato por $350,000 para trabajar estas multas sin corregir. Del trabajo realizado mediante programación automatizada, no se pudieron corregir el 90% de los boletos con errores porque, en la mayoría, la escritura era ilegible.
De hecho, la propuesta del contratista era que el 95% del proceso de trabajar las multas con incidencias, se llevaría a cabo con tecnología de captación de datos en imagen. Sin embargo, al no poder cumplir, la compañía le indicó al DTOP que asignara personal para analizar las imágenes de los datos capturados y registrados en el sistema DAVID.
La compañía encargada de la digitalización enviaba las facturas para pago con la Hoja de Control de Boletos Digitalizados y Gravados en el Sistema DAVID Plus. Los auditores detectaron en una muestra de 42 facturas por $6 millones, que el 69% fueron certificadas correctas por personal que no estuvo en el proceso de digitalización, y el 31% fueron pagadas sin que las hojas de control estuvieran firmadas por personal del CESCO Metropolitano.
La auditoría, de cuatro hallazgos, señala múltiples deficiencias con el proceso de cambio de estatus de las multas gravadas en el Sistema DAVID. Del examen de una muestra de las multas cambiadas a estatus de expiradas, se detectó que el 63% habían vencido por la tardanza de hasta 10 meses en registrar el gravamen. Además, se hallaron multas con cambio de estatus a pagadas sin evidencia de pago, multas cambiadas a expiradas de forma incorrecta, y multas invalidadas sin explicar la razón. Estas situaciones causaron la pérdida de $48,837 en ingresos, de la muestra de 455 multas examinadas del 2016 al 2018.
En este proceso de cambio de estatus de las multas, los auditores identificaron 19 operadores que realizaron 129 cambios de estatus a las multas contrario a la ley. Por ejemplo, el Operador 1 del CESCO Metropolitano, invalidó una multa suya de las 15 que invalidó y cambió el estatus de otras nueve multas a pagadas, fuera de horas laborables. El Operador 2 del CESCO Bayamón, cambió a estatus de pagadas, cinco multas fuera de horas laborables de las cuales dos no tenían pagos registrados. El Operador 3 del CESCO Bayamón, también realizó cambios de estatus fuera de horas laborables e invalidó multas. El Operador 4 consultor de DISCO, cambió a estatus de expiradas unas 10 multas sin evidencia de pagos de los peajes de auto expreso, ni renovación del marbete, y canceló una multa suya de $500 y la de una empleada de DISCO de $75. El Operador 5 y 6, el exdirector de Investigaciones e Inspección de DISCO canceló siete multas e invalidó otras dos multas. Estos operadores, también cambiaron el estatus de otras 2,290 multas por $83,100 fuera de la muestra examinada.
El Informe comenta que estas situaciones fueron referidas al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental el 23 de febrero de 2022. El 23 de diciembre de 2024, la entonces secretaria del DTOP, notificó que tras investigaciones internas se destituyó un empleado del CESCO Metropolitano y se le formularon cargos e intención de destitución a tres empleados del CESCO Bayamón, Caguas y Minillas.
La auditoría identificó que el Reglamento 8645 que regula la imposición y cancelación de gravámenes, no había sido revisado al 4 de febrero de 2020 para atemperar los costos por imposición y cancelación de los gravámenes de hipoteca y de mobiliario, según establece la Ley 21- 2012. Además, el DTOP no cuenta con normas de control para el proceso de cambio de estatus de las multas administrativas de tránsito que se registran en el sistema DAVID.
Por otro lado, el almacén de documentos del CESCO Metropolitano no mantiene un inventario actualizado de los documentos del almacén, no se controla el acceso, y se entregaban cajas sin hojas de trámite.
El informe también comenta que entre el 48% y el 68% de las 921,322 multas de AutoExpreso por $29.2 millones entre el 2016 al 2018, no se cobran ya que el DTOP no tiene los mecanismos para identificar los conductores de vehículos arrendados.
Este informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2021
El Informe de Auditoría OC-25-77 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Evitar señalamientos está en tus manos (2)
Campaña dirigida a los contratistas del Gobierno y municipios de Puerto Rico.
Contratar con el Gobierno de Puerto Rico implica una gran responsabilidad.
Porque se manejan fondos públicos, el cumplimiento de la ley no es opcional: es obligatorio.
Asegúrate de cumplir con la ley y la reglamentación aplicable.
“Evitar señalamientos está en tus manos”.
Este mensaje es traído a usted por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Informe de Auditoría OC-25-76, Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico
La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES). Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la contratación de servicios profesionales y consultivos no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, pagó más de $34 millones por contratos de servicios profesionales y consultivos nulos. Del examen de una muestra de los 319 contratos y 314 enmiendas otorgados por $10,362 millones entre el 2016 al 2020, se detectó que el 16% de las enmiendas se otorgaron de forma retroactiva, el 10% de las enmiendas se otorgaron a contratos vencidos, y el 5% de los contratos se formalizó sin la aprobación de la Junta de Directores. Además, no se llevo a cabo un proceso abierto, competitivo y público de contratación.
Por ejemplo, en contravención de la ley y de la reglamentación aplicable, la ASES permitió continuar prestando servicios a contratista de firma de consultores, a una firma de relaciones públicas y a una compañía de servicios actuariales, aun cuando habían llegado al límite máximo establecido por contrato. Al respecto, la ASES otorgó enmiendas con vigencia retroactiva para pagar dichos servicios.
Esta situación se atribuye a que la ASES sustentaba su acción con una opinión legal errónea. Esta opinión establecía que se podían pagar los servicios con enmiendas retroactivas, antes de la aprobación de fondos adicionales por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para entonces enmendar contratos.
Además, del 31 de julio y 1 de agosto de 2018, la ASES otorgó enmiendas nulas a contratos vencidos por más de $34.3 millones para servicios de relaciones públicas y de un manejador de beneficios de farmacia. La extensión de un contrato vencido es nulo y no se puede calificar como enmienda.
La auditoría de tres hallazgos señala que la ASES pagó $2.9 millones en servicios subcontratados sin autorización y sin tener certeza de que los subcontratistas estaban capacitados para prestar el servicio. Además, la ASES pagó $3,213 a contratista por servicios sin contrato y $1,751 en exceso de lo contratado. Estas deficiencias se atribuyen a que la reglamentación de la ASES no precisa ni contiene disposiciones sobre cómo los empleados deben preintervenir las facturas.
Los auditores hallaron que la ASES permitió que una compañía facturara $8,970 por servicios de dos asesores fuera de contrato. Las facturas reclamadas fuera de contrato vigente no se procesaron. Sin embargo, el contratista actuó contrario a la ley y al contrato, y distribuyó la totalidad de las horas en nuevo informe de labor cuando el contrato entró en vigencia.
Al respecto de este hallazgo, se recomienda al presidente de la Junta de Directores que requiera una investigación sobre el cumplimiento del personal de finanzas y administración con sus funciones, y aplicar los reglamentos en caso de detectar faltas.
El Informe también revela múltiples deficiencias como el autorizar trabajos ya realizados que generaron pagos retroactivos prohibidos por las normas de contratación gubernamental. La ASES tampoco contaba con reglamentación para administrar los servicios de publicidad y no realizó evaluaciones de riesgo del 2018 al 2022 para identificar eventos potenciales y gestionar sus riesgos.
La auditoría comenta que la ASES pagó honorarios de hasta $2.1 millón por tareas similares a los deberes y funciones de puestos incluidos en los planes de clasificación y retribución. De haber, pagado a base de nómina, el ahorro potencial de la ASES hubiese sido de $1.4 millones.
Al 30 de junio de 2022, la ASES aseguraba 1,276,451 vidas. De 2017 al 2022, contó con un presupuesto de $19,176 millones y realizó desembolsos por $18,952 millones.
Este segundo y último informe, cubre el periodo del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2022.
El Informe de Auditoría OC-25-76 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Convocatoria – Auditor Gubernamental
Convocatoria – Auditor Gubernamental
Se aceptarán solicitudes desde el 24 de marzo hasta el 30 de junio de 2025
Evitar señalamientos está en tus manos
Campaña dirigida a los contratistas del Gobierno y municipios de Puerto Rico.
Cuando contratas con el Gobierno de Puerto Rico… no solo estás firmando un contrato. Estás asumiendo un compromiso con el pueblo.
Remítelo al Registro de Contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Cada centavo que administras proviene de fondos públicos.
“Evitar señalamientos está en tus manos”.
Este es un mensaje de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Comunicado de Prensa – La Oficina del Contralor de Puerto Rico firma acuerdo de cooperación e intercambio de información con la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, México
(San Juan-PR) – La Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, firmó un Convenio de Cooperación e Intercambio de Información con el Auditor Superior del Estado de Hidalgo, México, Jorge Valverde Islas. El acuerdo, que no conlleva erogación de fondos, se formalizó para intercambiar ideas, experiencias, información y material científico.
“Este convenio se enmarca en nuestros esfuerzos de expandir conocimientos y experiencias anticorrupción de entidades fiscalizadoras superiores fuera de Puerto Rico. Con la Auditoría Superior del estado de Hidalgo, queremos además, contribuir al intercambio de las buenas prácticas del quehacer del control fiscal”, expresó Valdivieso.
Por otro lado, el Auditor Superior del Hidalgo, México, Jorge Valverde Islas, enfatizó que: “Para mí es un honor encabezar hoy este proyecto tan significativo, la firma del Convenio de Cooperación e Intercambio entre la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, México. Estoy convencido que, con la firma del presente convenio se establecen bases sólidas para presentes y futuras colaboraciones, que nos permiten generar mecanismos que obliguen a las autoridades que manejan o administran recursos públicos, a responder por el origen y destino de estos, y así evitar ambigüedades en el proceso de fiscalización.”
Con este acuerdo, efectivo el 12 de mayo de 2025, ambas partes compartirán información sobre normas y procesos de auditoría, y organizarán programas de intercambio técnico para analizar temas sobre fiscalización y auditoría. Además, se comprometen a dar asistencia técnica sobre tecnología de información y crear herramientas tecnológicas para el beneficio de ambas partes.
La Oficina del Contralor de Puerto Rico participa desde el 1965 en la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Este organismo internacional, fomenta el intercambio de experiencias relacionadas con la fiscalización y control gubernamental, entre sus miembros.
“El acuerdo nos permitirá dar un paso adelante para fortalecer las estrategias de fiscalización de los fondos y la propiedad pública en Puerto Rico. Además, ante la evidente internalización de la corrupción, con este acuerdo adquirimos las técnicas y estrategias de primera mano, sobre cómo se combate este mal desde otras jurisdicciones”, indicó la Contralora de Puerto Rico.
Informe de Auditoría OC-25-75 del Municipio de Guánica
Contralora revela que el Municipio de Guánica no cobró $46 mil en arbitrios de construcción ni remitió retenciones por $20 mil al Departamento de Hacienda
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Guánica. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Guánica no le cobró el 5% de arbitrio al 80% de los proyectos de construcción, ni le retuvo este importe en los pagos efectuados a los contratistas por mejoras al edificio de la alcaldía, la demolición de viviendas afectadas por los terremotos, o por la instalación de mallas de control de palomas en varias canchas, entre otras.
De los cinco proyectos de construcción, demolición y mejoras permanente examinados, el Municipio no le requirió a cuatro de ellos el pago de $45,849 de arbitrios por las obras contratadas por $1.1 millones entre el 2020 al 2023.
Además, los expedientes de los proyectos carecían de documentos requeridos por ley como: la fianza para garantizar el pago de mano de obra (payment bond), fianza para el cumplimiento del contrato (performance bond), o la evidencia de póliza de responsabilidad pública.
Estas deficiencias, dejan sin garantía al Municipio, en caso de incumplimiento y dificultan la función fiscalizadora.
La auditoría de seis hallazgos señala que el Municipio no consignó $79,761 en los presupuestos del 2019 al 2021 para el pago de una sentencia por cobro de dinero de una ferretería, acordada mediante sentencia por el Tribunal de Primera Instancia el 18 de abril de 2017. Esta falta de control causó, además, el pago de $7,000 en penalidades.
Al 10 de abril de 2024, el Municipio no tenía los estados financieros auditados para los años fiscales del 2021, 2022 y 2023. Esta situación no permite tener información financiera actualizada y confiable para la toma de decisiones. Además, puede ocasionar que se afecten las asignaciones de fondos federales al Municipio.
Los auditores detectaron que el Municipio le retuvo $22,316 a dos contratistas por trabajos de ingeniería que no remitieron al Departamento de Hacienda. Una situación similar se había publicado en el Informe de Auditoría M-22-22 del 2022. Por este incumplimiento el Municipio se expone a tener que pagar intereses, penalidades y recargos.
El Municipio de Guánica, carece de una unidad de compras centralizada. Por ejemplo, las subastas informales para obras de construcción y mejoras, no se remitían a la Unidad de Compras sino a un comité nombrado por el alcalde que evaluaba las cotizaciones y adjudicaba las obras. De hecho, en contravención del Código Municipal de 2020, dicho comité carecía de reglamentación.
La OCPR no pudo verificar en todos sus detalles la corrección y propiedad del desembolso de ocho cheques cancelados por $278,488, 19 cheques cancelados por $84,000, ni de 31 cheques cancelados por $39,000. Tras los terremotos, los documentos se enviaron al Museo Pedro Juan Vargas, pero no se organizaron adecuadamente. Los directores de finanzas en funciones no mantuvieron una custodia adecuada de los documentos.
El Informe comenta que el Municipio transó una demanda por más de $1 millón, por la cancelación de contrato sin arbitraje en el 2015, con una compañía de recogido de desperdicios sólidos, escombros y reciclaje. El Municipio realiza este desembolso sin recibir beneficio alguno.
Por despido injustificado de un policía municipal en el 2011, el Municipio tuvo que pagarle $73,540 en salarios, bonos y licencias por vacaciones dejadas de devengar sin recibir servicio alguno. Además, al 12 de septiembre de 2023, siete demandas por $31.8 millones, estaban pendientes de resolución por los tribunales.
Desde los años fiscales del 2019 al 2023, Guánica ha contado con un presupuesto de $7.8 millones, $6.4 millones, $5.1 millones, y $7.3 millones respectivamente. Los estados financieros auditados del 2019 al 2021 reflejaron déficits acumulados de $6.5 millones, $3.8 millones y $3.5 millones respectivamente.
El Municipio tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional del 49% en el 2020 y del 54% en el 2021. Esto se atribuye a la sobrestimación en los ingresos, al uso inadecuado de ingresos de patentes municipales para cubrir gastos operacionales y a la ausencia de un sistema de contabilidad, entre otros.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo informe, cubre el periodo del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-75 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-74 del Municipio de Morovis
Contralora revela pagos de más de medio millón sin subasta y cotizaciones requeridas en Morovis
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Morovis. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Morovis pagó $593,653 a dos contratistas por servicios de mantenimiento de áreas verdes sin celebrar subasta. De esta cantidad, $385,870, el 65%, eran fondos federales de la Ley del Plan de Rescate Americano y de fondos del COVID-19. La ley y el Reglamento de Subastas de 2021, dispone que es requisito celebrar subasta pública en la compra de materiales, equipos, medicinas y otros suministros cuando excedan de $100,000.
Además, el Municipio otorgó dos contratos por $47,500 para limpieza de terrenos y mantenimiento, sin obtener al menos tres cotizaciones. Estas situaciones impiden la libre competencia, propician el favoritismo y que se cometan irregularidades, entre otras.
La auditoría de seis hallazgos señala que, sin facultad legal, el Municipio le pagó a un funcionario $6,375 por los excesos de licencia de vacaciones acumuladas, en contravención de la Ordenanza 15 de 2017. Además, a la directora de Recursos Humanos se le pagó un diferencial de $2,907 para atender asuntos de personal de la Oficina de Recuperación; tareas que ya estaban definidas en el Plan de Clasificación y Retribución de Puestos de 2008.
Los auditores detectaron que el Municipio nombró un empleado en 11 ocasiones a los puestos de trabajador y conductor de vehículos pesados sin estar habilitado por la Oficina de Habilitación para el Servicio Público. Dicho empleado fue convicto por delitos graves y sentenciado a siete años de probatoria en el 2008. El hecho de no estar habilitado según requiere la ley, pudiera ocasionar que el Municipio tenga que rembolsar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos los salarios devengados bajo la Ley 52-1991 de Seguridad de Empleo.
Por otro lado, el Municipio no obligó las asignaciones presupuestarias de más de $2.2 millones al momento de otorgar siete contratos y tres enmiendas para el servicio de recogido de escombros, construcción y mejoras permanentes. El registro de las obligaciones se realizó hasta 100 días después de formalizar los contratos. Una situación similar se había comentado en el 2020, en el Informe de Auditoría M-21-08.
Sin obtener los permisos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el Municipio de Morovis contrató la construcción de 15 monumentos para identificar los barrios por $348,835. Esta situación expone al Municipio a multas y penalidades ya que no permitió la función reguladora del DTOP, y que los monumentos se construyeran en contravención de las leyes y reglamentos aplicables. (Ver fotos adjuntas, relacionadas con este hallazgo 5)
El Informe publica múltiples deficiencias con la ausencia o tardanza en completar los documentos requeridos a los contratistas, tales como: la póliza de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, fianzas para garantizar el pago de jornales y materiales (payment bond), y fianzas para garantizar el cumplimiento del contrato (performance bond), entre otros. De esta manera, el Municipio no tiene garantías de que los contratistas cumplan con sus empleados, por ejemplo, en caso de accidente; y no verificaron si los contratistas cumplían con los requisitos de ley para formalizar contratos.
La auditoría comenta que el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Morovis, dictó sentencia el 23 de abril de 2024, y ordenó al Municipio el pago de $375,000 a contratista de recogido de desperdicios sólidos. El contratista había demandado al Municipio y a la alcaldesa el 27 de julio de 2018 por incumplimiento de contrato y daños por actuación dolosa al cancelar el contrato en el 2017.
Además, al 26 de septiembre de 2024, estaban pendientes de resolución por los tribunales, cuatro demandas civiles por daños y perjuicios y expropiación forzosa por $4 millones.
Desde los años fiscales del 2019 al 2024, Morovis ha contado con un presupuesto de $10.5 millones, $11.1 millones, $10.2 millones, $9.8 millones, $8.7 millones y $8.5 millones respectivamente. Los estados financieros auditados reflejaron superávits de $781,812, $1.1 millones y $979,700 para los años fiscales del 2019 al 2021.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-74 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Negociado de la Policía no retuvo aportación especial a contratistas, según Contralor
fuente: NotiCel - 6 de mayo de 2025
Una opinión cualificada de las operaciones fiscales revela que a cinco contratistas no se les descontó el 1.5% que se requiere a los proveedores con contratos que excedan los $300,000.
La auditoría comenta que el Negociado de la Policía tenía al 29 de febrero de 2024, 390 demandas con reclamos de hasta $557 millones pendientes de resolución.
Foto: Archivo/NotiCel
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Negociado de la Policía no le retuvo a cinco contratistas el 1.5% de la aportación especial que por ley se debe descontar a los proveedores con contratos que excedan los $300,000. Al contratista se le puede exonerar de la aportación especial si presenta una declaración jurada (Modelo SC-1350) conforme establece la Ley 48-2013 y la Carta Circular 1300-07-21.
De la evaluación de una muestra de 27 comprobantes de pago por $664,084, emitidos del 2022 al 2024, el Negociado no retuvo $1,394 equivalente a la aportación especial del 1.5% en 14 comprobantes de pago por $93,039 a cinco contratistas que no tenían la declaración jurada. Para el periodo auditado del 2020 al 2024, el Negociado había otorgado un total de 856 contratos y enmiendas por $124 millones.
Esta situación incumple el propósito de recaudar fondos para aliviar la crisis fiscal y atender gastos operacionales del Gobierno.
La auditoría comenta que el Negociado de la Policía tenía al 29 de febrero de 2024, 390 demandas con reclamos de hasta $557 millones pendientes de resolución. La mayoría de los casos es por daños y perjuicios, violación de derechos civiles y discrimen. La cuantía mayor corresponde a una demanda por fabricación de cargos y detención ilegal por $100 millones.
Además, el Negociado no había remitido, al 30 de octubre de 2024, la Certificación Anual requerida por ley del Registro de Puestos de los años fiscales de 2021, 2022 y 2023. Este registro. que administra la OCPR, contiene la información de los cambios mensuales que ocurren con los puestos en todas las agencias y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva.
El presupuesto del Negociado desde el 2020 al 2024 ascendió a $3,709 millones, y realizó desembolsos por $3,193 millones.
Informe de Auditoría OC-25-73 del Negociado de la Policía de Puerto Rico
Contralora revela que el Negociado de la Policía no retuvo el 1.5% de la aportación especial a los contratistas
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Negociado de la Policía no le retuvo a cinco contratistas el 1.5% de la aportación especial que por ley se debe descontar a los proveedores con contratos que excedan los $300 mil. Al contratista se le puede exonerar de la aportación especial si presenta una declaración jurada (Modelo SC-1350) conforme establece la Ley 48-2013 y la Carta Circular 1300-07-21.
De la evaluación de una muestra de 27 comprobantes de pago por $664,084, emitidos del 2022 al 2024, el Negociado no retuvo $1,394 equivalente a la aportación especial del 1.5% en 14 comprobantes de pago por $93,039 a cinco contratistas que no tenían la declaración jurada. Para el periodo auditado del 2020 al 2024, el Negociado había otorgado un total de 856 contratos y enmiendas por $124 millones.
Esta situación incumple el propósito de recaudar fondos para aliviar la crisis fiscal y atender gastos operacionales del Gobierno.
La auditoría comenta que el Negociado de la Policía tenía al 29 de febrero de 2024, 390 demandas con reclamos de hasta $557 millones pendientes de resolución. La mayoría de los casos es por daños y perjuicios, violación de derechos civiles y discrimen. La cuantía mayor corresponde a una demanda por fabricación de cargos y detención ilegal por $100 millones.
Además, el Negociado no había remitido, al 30 de octubre de 2024, la Certificación Anual requerida por ley del Registro de Puestos de los años fiscales de 2021, 2022 y 2023. Este registro. que administra la OCPR, contiene la información de los cambios mensuales que ocurren con los puestos en todas las agencias y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva.
El presupuesto del Negociado desde el 2020 al 2024 ascendió a $3,709 millones, y realizó desembolsos por $3,193 millones.
Este primer informe, cubre el periodo del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-73 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Más de $42 millones en el limbo: gobierno incumple con recobro de dinero ante fallas en contratos auditados
fuente: El Nuevo Día - Por David Cordero Mercado - 1 de mayo de 2025
En los pasados cinco años, las entidades públicas solo han recuperado $267,380 tras las irregularidades detectadas por la Oficina del Contralor
El gobierno ha fallado en recuperar más de $42.1 millones que, según los informes de auditoría de laOficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), deben ser devueltos a las arcas públicas debido a irregularidades detectadas en contrataciones gubernamentales durante los pasados cinco años.
De un total de $44.5 millones identificados en auditorías, entre enero de 2020 y diciembre de 2024, apenas $267,380 han sido recuperados, mientras otros $2,100,668 ya se consideran incobrables, de acuerdo con datos que la OCPR compartió con El Nuevo Día.
Esta ínfima tasa de recobro destapa un cuadro de inacción y aparente impunidad en la gestión de fondos públicos, a juicio de la contralora, Yesmín Valdivieso.
“Nosotros no tenemos el poder para obligar a ninguna unidad a recobrar el dinero”, dijo Valdivieso, al argumentar que ejecutar el recobro no está en sus manos. “Nosotros sí le seguimos dando seguimiento a las solicitudes de recobro de dinero. En algunos casos, lo recobran y, en otros casos, (los encargados en las unidades gubernamentales) se hacen los locos. No tengo otra palabra para decirlo”, subrayó.
Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2024, la OCPR publicó 123 informes de auditoría qu0e revelaron fallas en contratos relacionados con construcción, obras, mejoras permanentes y servicios profesionales correspondientes a 86 entidades gubernamentales.
De esos, 50 reportes contenían recomendaciones específicas para recobrar fondos mal utilizados o pagados indebidamente, por un total de $44,501,586. Sin embargo, al culminar el pasado mes de marzo, cerca del 95% de ese monto –unos $42,133,538– aún no había sido reingresado al erario.
La OCPR explicó que hay 11 casos en los que las respectivas entidades gubernamentales ya determinaron no realizar gestiones de recobro, entre ellos, los gobiernos municipales de Hormigueros, Hatillo, Coamo y Arecibo. En otro ejemplo, una deuda de $65,214 fue declarada incobrable debido a que el Municipio de Naguabo no hizo las gestiones correspondientes de recobro y prescribió.
Al tope de la lista con gestiones de recobro pendientes, está el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres ($27,237,370), seguido de la Oficina de Gerencia y Presupuesto ($2,870,023), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura ($2,306,895), el Departamento de Corrección y Rehabilitación ($1,709,431), la Administración de Servicios Médicos ($1,681,841), el Municipio de Barceloneta($1,468,024) y el Negociado de Telecomunicaciones($1,031,028).
La información –que solo cubre cinco años– surge en momentos en que se prevé que las partidas provenientes del gobierno estadounidense se reduzcan del 46% actual a 43%, en el presupuesto del año fiscal 2025-2026, como consecuencia de los recortes en fondos federales impulsados por la administración de Donald Trump. En Puerto Rico, esta ofensiva ha afectado principalmente, hasta el momento, a los departamentos de Educación y de Salud.
Los hallazgos más comunes que activan las recomendaciones de recobro incluyen la ausencia de cláusulas requeridas por ley en los contratos, pagos realizados fuera de los términos contractuales y servicios prestados antes o después de la vigencia del contrato. Son errores que, según la contralora, se repiten con demasiada frecuencia.
“En algunos casos, lo recobran y, en otros casos, se hacen los locos ”
Yesmín Valdivieso, Contralora
“En nuestros informes, en todos los informes, siempre hay algún problema con algún contrato”, anotó Valdivieso, quien censuró el reiterado registro tardío de contratos en la OCPR por parte de las entidades gubernamentales. “Le caemos encima a las agencias para que registren (correctamente los contratos), pero la realidad es que el contratista es tan responsable como la agencia de que este contrato se registre”, subrayó.
10 casos bajo investigación
Valdivieso explicó que la OCPR refiere los casos de recobro principalmente al Departamento de Justicia y al Departamento de Hacienda, que tiene una unidad de cobro de deudas al gobierno. De igual modo, estos informes son referidos a la Comisión Conjunta de Informes Especiales del Contralor en la Legislatura, que se supone dé seguimiento a las recomendaciones. “Pudiera ser mejor”, respondió la funcionaria, al preguntársele si consideraba que las gestiones de recobro de parte de esas entidades eran efectivas.
Al respecto, Justicia indicó que recibe los referidos de la OCPR, los evalúa y, de proceder, asigna los casos a su División de Contributivo, Cobro de Dinero y Expropiaciones Forzosas.
En una declaración escrita, la agencia precisó que, hasta esta semana, dicha División tenía 10 casos activos bajo investigación. “Como parte del proceso, una vez culminen las investigaciones, el Departamento de Justicia notificará a las agencias correspondientes si se procederá con una reclamación o si el caso será cerrado”, indicó.
La declaración, sin embargo, no detalla la antigüedad de esos 10 casos, cuántos referidos han recibido en los últimos cinco años, ni un plazo estimado para la conclusión de las pesquisas.
Hacienda no respondió una petición de información de El Nuevo Día.
De igual forma, la senadora Karen Román, presidenta de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor, no estuvo disponible. Su portavoz, Josian Vázquez, indicó que la legisladora novoprogresista se encontraba ocupada atendiendo asuntos relacionados con el incidente, de carácter personal, que tuvo con una aerolínea.
Incompetencia e impunidad
La inacción que predomina es vista como un síntoma de un mal mayor, según Mario Negrón Portillo, catedrático retirado y exdirector de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, quien describió el panorama como “incompetencia, por un lado, e impunidad por otro”.
“Lo que estás trayendo describe lo que está pasando con la administración pública de Puerto Rico”, afirmó Negrón Portillo, en entrevista separada. “Por un lado, dando el beneficio de la duda, puede que la gente se equivoque por desconocimiento. Y, al otro lado, tienes el problema de la impunidad, que aquí se toman decisiones, suceden cosas y, al final del día, es como si nada hubiera pasado”.
Negrón Portillo argumentó que la falta de diligencia en el recobro abona a la percepción de que “no importa lo que tú hagas mal, nada va a pasar”. En esa dirección, añadió que las agencias, sobrecargadas o sin el personal capacitado, optan por no invertir esfuerzos en recuperar el dinero, por entender que no se le pedirán explicaciones al respecto.
Opinó que, en el pasado, los informes de la OCPR generaban cierto temor entre algunos funcionarios, particularmente alcaldes, por su posible costo electoral, pero eso quedó en el pasado. “Si ya no hay ese miedo, ya no hay esa deferencia, ese ‘creo que me puede pasar algo malo’, pues, nada va a pasar, las decisiones se siguen tomando, los problemas se siguen acumulando”, declaró.
Necesidad urgente de consecuencias
Tanto Valdivieso como Negrón Portillo coincidieron en la necesidad de que haya consecuencias reales. La contralora, aunque sostuvo que, en ocasiones, los errores pueden ser administrativos y no de mala fe, insistió en la rigurosidad necesaria al manejar fondos públicos. “Las reglas de contratación gubernamental son bien estrictas y tiene que haber un esfuerzo”, aseveró.
“Tiene que haber consecuencias”, subrayó, por su parte, Negrón Portillo. “Esto empieza desde arriba, tiene que haber una directriz bien clara de la Oficina del Gobernador, exigir un cumplimiento y un trabajo a los funcionarios públicos y, además de exigirle, poner una consecuencia”, puntualizó.
La corresponsabilidad entre el gobierno y el contratista es el eje de una reciente campaña de la OCPR titulada “Evitar señalamientos está en tus manos”, con la que buscan concienciar a los proveedores del gobierno sobre la necesidad de vigilar, también, el cumplimiento estricto de las normativas.
“Le recomendamos que se aseguren que el contrato cumpla con todos los requisitos de ley, la reglamentación y la jurisprudencia interpretativa para evitar irregularidades”, expresó Valdivieso.
Enfatizó que un contrato debe ser por escrito y estar firmado por las partes, tener vigencia prospectiva y estar debidamente registrado en la OCPR antes de iniciar servicios.Un error común, como enmendar un contrato ya vencido, invalida dicha enmienda, poniendo en riesgo el pago al contratista, incluso si este realizó el trabajo.
“Puede que te hayan pagado, pero eso no significa que nosotros no vamos a señalar o a solicitar que se te recobre el dinero que se te pagó”, advirtió la contralora. “La contratación pública representa una proporción significativa del presupuesto gubernamental. Por eso, los contratistas tienen la responsabilidad de asegurarse de cumplir con todas las normas legales que apliquen para evitar un señalamiento o una recomendación de recobro”, manifestó.
NotiContralor News – Informe de auditoría OC-25-72 de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA)
¡Saludos!
La Oficina del Contralor de Puerto Rico reveló, que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, también conocida como ASSMCA, pagó $48 mil dólares en exceso a tres contratistas. El Informe recomienda que se recobre ese dinero pagado de forma indebida.
Además, los auditores detectaron múltiples deficiencias en la facturación y pago de servicios administrativos remotos, de tareas presenciales como: ponchar contratos, crear expedientes y clasificar documentos.
En ASSMCA se contrataron varios servicios de puestos regulares vacantes como el del director médico y coordinadora de compras. Sin embargo, ante la disminución de empleados, esta entidad no había realizado una evaluación sobre la manera más eficiente de prestar estos servicios.
Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor, las Cartas Circulares y otros documentos, están disponibles en nuestra página www.ocpr.gov.pr
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Contraloría a sus órdenes…
NotiContralor News – Informe de auditoría OC-25-71 de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico
¡Saludos!
La auditoría de la Administración de Servicios Generales reveló que se realizaron compras en modalidad excepcional, sin los documentos requeridos. Por reglamentación, estas compras se realizan en situaciones de emergencia, cuando los fondos están a punto de acabarse o porque hay una sola fuente de abastecimiento.
Sin embrago, la auditoría encontró que una ayudante especial de la Junta de Subastas de la Agencia instruyó a que se adquiriera el servicio de impresión de guías para maestros y estudiantes de escuela mediante compra excepcional, debido a que los fondos federales vencían en 10 días. Esta compra se había solicitado a la Administración de Servicios Generales casi tres meses antes para tramitar como subasta informal. Esta compra excepcional, no fue evaluada por el administrador auxiliar de adquisiciones ni autorizada por el oficial de licitación.
Una situación similar ocurrió con el decomiso de materiales de construcción en su almacén en Aguadilla. Después de 10 meses de haberse solicitado, y a días de vencer la disponibilidad de fondos federales, se autorizó el decomiso mediante compra excepcional.
Estas situaciones vulneran los controles internos y pueden beneficiar a un proveedor en específico sobre los demás.
Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor, las Cartas Circulares y otros documentos, están disponibles en nuestra página www.ocpr.gov.pr
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Contraloría a sus órdenes…
Anuncios en la Prensa dirigidos a los contratistas del Gobierno de Puerto Rico
Carta Circular OC-25-20, Requerimiento de información de la Certificación requerida por el Artículo 9 de la Ley 103-2006, Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según enmendada, para los años fiscales 2022-23 y 2023-24
Comunicado de Prensa – Contralora alerta a los contratistas del gobierno a evitar irregularidades en la contratación
(San Juan-PR) – La Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, hizo un llamado a los contratistas del Gobierno de Puerto Rico, instrumentalidades públicas y municipios a seguir las reglas de contratación gubernamental. La campaña titulada “Evitar señalamientos está en tus manos” enfatiza que todo contrato debe estar por escrito, que esté firmado por todas las partes, que tenga vigencia prospectiva, y se registre y remita al Registro de contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).
“La normativa de la contratación gubernamental es muy estricta y específica ya que se trata de fondos públicos. Le recomendamos que se aseguren que el contrato cumpla con todos los requisitos de ley, la reglamentación y la jurisprudencia interpretativa para evitar irregularidades”, expresó la Contralora.
Además, es requisito que el contrato esté registrado en el Registro de Contratos de la OCPR antes de comenzar a rendir los servicios. Al respecto, el contratista debe recibir un correo electrónico que indique expresamente que su contrato está registrado. Por otro lado, las enmiendas a los contratos gubernamentales se tienen que realizar durante la vigencia del contrato, no después de vencido.
Por años, los hallazgos más comunes de las auditorías se refieren a pagos realizados fuera de contrato, servicios prestados antes o después de la vigencia del contrato, falta de cláusulas o registrar y remitir tarde el contrato al registro de la OCPR. “La contratación pública representa una proporción significativa del presupuesto gubernamental. Por eso, los contratistas tienen la responsabilidad de asegurarse cumplir con todas las normas legales que apliquen para evitar un señalamiento o una recomendación de recobro”, indicó la Contralora de Puerto Rico.
Los contratistas pueden obtener información adicional en el folleto informativo Guías Generales de Contratación del Gobierno de Puerto Rico, publicado en el portal de internet www.ocpr.gov.pr. O pueden solicitar una orientación mediante llamada al (787) 754-3030 extensiones 5413 ó 5414.
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Informe de Auditoría OC-25-72, Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción
Contraloría revela pagos en exceso por $48 mil y ausencia de análisis sobre la contratación de servicios profesionales en puestos regulares en la ASSMCA
La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), pagó $47,976 en exceso a tres contratistas por servicios relacionados con la salud, servicios profesionales y servicios no profesionales. Además, se detectaron múltiples deficiencias en facturas certificadas sin desglosar el tiempo invertido en cada tarea, sin incluir el número ni fecha del contrato, ni deducir la aportación al Fondo General. La ASSMCA también pagó $4,962 por servicios administrativos realizados de forma remota que incluían tareas presenciales como ponchar contratos, crear expedientes y clasificar documentos.
Esta situación tiene el efecto de que la ASSMCA no tiene certeza de que la información en las facturas y los pagos estén de acuerdo a lo contratado. Además, el Informe recomienda que se realicen gestiones de recobro de los $47,976 pagados de forma indebida.
La auditoría de tres hallazgos señala que el 75% de los contratos examinados, se registraron en la Oficina del Contralor con tardanzas de hasta dos meses. Al 3 de julio de 2024, el administrador de ASSMCA no había enviado la Certificación Anual de Registro de Contratos del año fiscal de 2022, y la del 2023 la envió 150 días más tarde de la fecha establecida.
El Informe indica que la contratación de los servicios de contadores para realizar los single audits de ASSMCA, se formalizaron hasta 196 días después de la fecha límite. Cualquier entidad que desembolse fondos federales por $750,000 o más, tiene que realizar una auditoria única de los estados financieros e informarlo a las agencias federales.
La auditoría comenta que la ASSMCA contrató servicios para realizar tareas de puestos regulares vacantes como el de director de centro, director médico o coordinadora administrativa de compras, entre otros. Del 2021 al 2023, la entidad tuvo una disminución de 416 puestos y otorgó 379 contratos por $16.5 millones. La ASSMCA no había realizado un estudio para determinar la manera más económica y eficiente de prestar estos servicios, ni tampoco le había solicitado ayuda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para realizar esta evaluación.
Además, los auditores identificaron que una contratista facturó $262 a la ASSMCA y al Senado por una misma actividad, el “Taller FORPAP de Primeros Auxilios Psicológicos en el Club Puertorriqueño del Municipio de Guánica”, que se llevó a cabo el 14 de noviembre.
El presupuesto de ASSMCA desde el 2020 al 2024, ascendió a $915.4 millones, y realizó desembolsos por $769.2 millones.
Este segundo y último informe, cubre el periodo del 1 de julio de 2019 al 30 de abril de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-72 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-71 de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico
Contraloría revela deficiencias con la modalidad de compra excepcional en la Administración de Servicios Generales
La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Administración de Servicios Generales. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que la Administración de Servicios Generales (ASG) realizó compras mediante la modalidad de compra excepcional, sin los documentos requeridos conforme al Reglamento 9230. Estas compras se realizan en situaciones de emergencia, cuando la vigencia de los fondos esta próximo a vencer, o cuando exista una sola fuente de abastecimiento, entre otros.
Por ejemplo, una entidad solicitó el servicio de impresión de guías para maestros y estudiantes de escuela, el 27 de octubre de 2021 mediante el trámite de subasta informal. Sin embargo, 86 días después, el 21 de enero de 2022, una ayudante especial de la Junta de Subastas de la ASG, instruyó que se adquiriera el servicio mediante compra excepcional debido a que los fondos federales vencían el 31 de enero de 2022. Esta compra excepcional, no fue evaluada por el administrador auxiliar de adquisiciones ni autorizada por el oficial de licitación.
Esta situación vulnera los controles internos establecidos y puede ocasionar que se beneficie un proveedor en específico sobre los demás.
La auditoría de un hallazgo señala también que la ASG solicitó un servicio de decomiso de materiales de construcción ubicados en el almacén de la anterior Oficina de Servicios de Aguadilla el 10 de agosto de 2021. Transcurridos 315 días de la solicitud, el administrador auxiliar instruyó que se adquiriera el servicio de decomiso pero en modalidad de compra excepcional, ya que la disponibilidad de fondos vencía el 30 de junio de 2022. Los auditores no encontraron evidencia de que se haya realizado gestiones para adquirir el servicio antes de esa fecha.
Además, la renovación del servicio de empleos temporeros de la ASG por $228,780, no se formalizó mediante un contrato de servicios profesionales sino mediante orden de compra excepcional el 30 de junio de 2022. El día anterior, el gerente de Recursos Humanos informó sobre la necesidad inmediata de recursos humanos y que solicitaba una orden de compra excepcional. La ASG tenía conocimiento de que el contrato de empleados temporeros que se firmó el 17 de noviembre de 2021, tenía vigencia hasta el 30 de junio de 2022.
Al respecto, no se protegieron los intereses de la ASG en caso de incumplimiento por parte del proveedor, al no existir un contrato entre las partes.
El Informe publica también que la compra de uniformes para 177 empleados de la ASG por $73,057, se realizó mediante compra excepcional, sin justificación.
Estas situaciones se atribuyen a que los compradores se apartaron de las disposiciones de ley y reglamento relacionadas con los procesos de adquisición y los funcionarios a cargo que no supervisaron de forma adecuada estas operaciones.
El presupuesto de la ASG fue de $108.4 millones desde el 2020 hasta el 2023. Para el mismo periodo, realizó desembolsos por $73.2 millones.
Este segundo y último informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-71 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Aviso de Subasta OC-25-06 Servicios de Mantenimiento y Limpieza
Informe de Auditoría OC-25-70 del Puerto Rico Innovation and Technology Service
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Puerto Rico Innovation and Technology Service. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el entonces principal ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno, y la abogada principal del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), no se aseguraron de que la persona contratada para realizar tareas cónsonas con la profesión de relacionista público tuviera la licencia requerida. La contratista, que facturó $63,697 en el 2021, rindió sus servicios como una compañía de responsabilidad limitada que requiere que sus oficiales cuenten con las licencias profesionales correspondientes.
Esta situación se notificó al Presidente de la Junta Reglamentadora de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico el 1 de octubre de 2024 para que tome las medidas correspondientes.
A su vez, esta compañía, obtuvo 101 contratos con 19 entidades desde el 2015 al 2023 con facturación de $4.5 millones, todos relacionados con la prestación de servicios de relaciones públicas. Al respecto, los directores y funcionarios de la compañía están obligados a cumplir con la Ley General de Corporaciones y tener las licencias requeridas.
Por otro lado, la auditoría de dos hallazgos señala que el PRITS no validó los servicios prestados por un contratista en cuya factura incluyó reuniones de trabajo con empleados en fines de semana que no se llevaron a cabo. Esto ocasionó pagos indebidos por $1,000.
Además, a seis contratistas no se le requirió, con su última factura, la Certificación de Deuda y la Certificación de Deuda de IVU, según requerido por el contrato. El PRITS pagó $271,665 sin asegurarse que estos contratistas no tenían deudas pendientes con el Departamento de Hacienda.
El Informe comenta que el PRITS contrató los servicios de asesoramiento legal, laboral gubernamental y administrativa, a una corporación de responsabilidad limitada cuyo contratista a su vez tenía contratos con otras siete entidades; entre las que se encuentran la Junta de Planificación, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Departamento de Educación y el Municipio de Utuado.
La evaluación de los servicios facturados a las siete entidades entre mayo y junio de 2022, reveló que el contratista facturó un total de 21 a 30 horas diarias en 17 ocasiones. La evidencia testifical valida que, para esa fecha, la corporación no contaba con empleados o profesionales que le asistieran
Esta situación de posible violación al Código Penal y al Código de Ética de la Profesión Legal se refirió al Departamento de Justicia el 24 de junio de 2024 y al Tribunal Supremo de Puerto Rico el 10 de septiembre de 2024.
La auditoría comenta que el 10 de mayo de 2024, se refirió un asunto que pudiese constituir posibles violaciones a la Oficina de Ética Gubernamental. Además, los auditores identificaron cláusulas contractuales que, según redactadas, pueden invalidar los contratos examinados en los hallazgos de la auditoría.
El Informe halló que, al 26 de mayo de 2023, unas 32 entidades no utilizaban el dominio pr.gov. Todo portal de gobierno debe residir en el dominio oficial designado, pr.gov, según instruye la Carta Circular Num. 2021-004.
El presupuesto del PRITS del 2020 al 2024 fue de $249.8 millones y realizó desembolsos por $180.8 millones. Este informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-70 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.p
Solicitudes de acceso a la información – febrero 2025
Informe de Auditoría OC-25-69 del Municipio de Bayamón
Contralora revela deficiencias de control con los desembolsos y la propiedad en Bayamón
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Bayamón. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela de una muestra de los comprobantes examinados, que todos carecían de las firmas de aprobación del director de finanzas y del pagador oficial. En particular, el 88% de las órdenes de compra para servicios de mantenimiento de áreas verdes, no tenían la firma del director de finanzas y el 17% de los comprobantes de desembolso para el pago de contribuciones retenidas, no tenían la firma del pagador oficial ni del director de finanzas.
Además, no se marcaron como pagados el 80% de los comprobantes de desembolso y, en el 30%, no incluyeron la fecha que se prestaron los servicios. Desde el 2018 al 2022, el Municipio emitió 252,688 comprobantes de desembolsos por $717.4 millones en total.
Estas deficiencias hacen inoperante el control interno establecido. Además, propicia que se cometan errores o irregularidades y dificultaron verificar en detalle, si los desembolsos se realizaron correctamente.
La auditoría de cuatro hallazgos señala que al 13 de diciembre de 2022, el entonces vicealcalde y dos asistentes ejecutivos principales, no habían enviado al secretario de Justicia, los documentos sobre 58 demandas radicadas en los tribunales contra el Municipio desde el 2018 al 2022. La Ley de Registro de Demandas Civiles de 2003, requiere, entre otras, que se notifique al secretario de Justicia, toda reclamación de carácter civil por o en contra del Municipio, que se relacione con las funciones de su cargo y cuya cuantía excedan los $5,000. Al respecto, se recomienda a la secretaria de Justicia, que evalue la situación comentada y que considere preparar el reglamento requerido por ley para la creación del Registro de Demandas Civiles.
Por otro lado, los auditores detectaron que en la Comisión de Asuntos de Auditoría de la Legislatura Municipal no evaluaron los informes de auditoría de la OCPR: M-20-05 de 2019, M-21-12 de 2020, ni el M-22-13 de 2021. Tampoco, evaluaron los estados financieros auditados por contadores públicos autorizados de los años fiscales del 2018 al 2020. Esta situación impide la fiscalización continua y eficaz de las finanzas y operaciones del Municipio.
En contravención del Reglamento Municipal de 2016, la oficial de la propiedad no realizó los inventarios físicos anuales de la propiedad mueble desde el 2018 al 2021. Además, seis hurtos de propiedad con valor en los libros de $37,910 se notificaron con tardanzas de hasta dos años y medio a la OCPR. La ley vigente dispone que la entidad tiene 10 días laborales para notificar la pérdida de propiedad.
El Informe comenta que al 30 de junio de 2022, 18 demandas civiles por $2.7 millones estaban pendientes de resolución por los tribunales. Además, dos casos presentados por empleados estaban pendientes de resolución ante la Comisión Apelativa de Servicio Público y ante el Equal Employment Opportunity Commission.
El presupuesto de Bayamón, de $116.6 millones en el 2019, $118 millones en el 2020, y $121.7 millones en el 2021, ascendió a $127.4 millones en el 2022. Los estados financieros reflejaron superávits acumulados del 2019 al 2022, de $27 millones, $41.2 millones, $33.7 millones y $40.5 millones respectivamente.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este primer informe, cubre el periodo del 1 de noviembre de 2018 al 30 de junio de 2022.
El Informe de Auditoría OC-25-69 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Solicitudes de acceso a la información – enero 2025
Informe Especial OC-25-68 de la Autoridad de Carreteras y Transportación – Resultado de la evaluación sobre la construcción del Puente Jesús Izcoa Moure (Puente Atirantado) sobre el Río de La Plata
Contralora revela incumplimiento con las especificaciones de rugosidad y múltiples irregularidades en la construcción del Puente Atirantado
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) anunció los resultados de la investigación sobre la construcción del puente Jesús Izcoa Moure (Puente Atirantado). El entonces director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT) y actual secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo, le solicitó el 10 de enero de 2023 a la OCPR, investigar el proyecto cuyo avanzado deterioro apuntaba a una ejecución incorrecta del contrato de construcción.
La investigación reveló que el Puente Atirantado se inauguró el 24 de octubre de 2008 a petición de la ACT. El contratista indicó el 23 de octubre de 2008 que el puente estaba sustancialmente terminado.
Sin embargo, el diseñador informó que se podía abrir, pero con la restricción de evitar el tráfico pesado y limitar el espacio a dos peatones por metro cuadrado, hasta que los tendones del puente fueran tensados y cementados. El diseñador señaló, además, que no se podía garantizar que la plataforma de rodaje no se agrietara, y advirtió que se diera la más alta prioridad a completar los trabajos con los tendones. A pesar de las advertencias, dos días después de su inauguración se celebró la carrera 10K el Chango con 1,200 corredores.
Un mes después de su inauguración, el administrador notificó que no debía permitirse el tráfico pesado ya que estaba causando vibración excesiva en la plataforma y estaba ejerciendo un impacto excesivo en el anclaje y que faltaban trabajos críticos por completar. Al 1 de febrero de 2024, la ACT confirmó que no hallaron documentación que explique las razones por las cuales no se llevaron a cabo las restricciones recomendadas.
A tales efectos, la integridad de la estructura pudo verse comprometida, se puso en riesgo la seguridad de los usuarios del puente, y este hecho pudo haber tenido consecuencias adversas para la ACT.
El Informe, de ocho resultados, señala que el 6 % del hormigón que se depositó en el puente era de una resistencia a la compresión menor a la requerida. La ACT aceptó el hormigón de baja resistencia depositado en la torre #4 tras un análisis estructural del diseñador. Sin embargo, no hay evidencia de haberse realizado la validación para la torre #5 ni para la plataforma.
La inspección de la rugosidad de la superficie de la plataforma de rodaje reveló que, no cumplía con los estándares de construcción, y el contratista tampoco presentó alternativas para corregir las ondulaciones según requerido. Un informe de inspección de una compañía privada en el 2016 le informó a la AC que las vigas de los bordes no estaban derechas y parecían desviarse de los alineamientos, y que esa irregularidad podría estar relacionada a las ondulaciones de la vía de rodaje. Sin embargo, estas deficiencias no se corrigieron.
La directora del Área de Construcción de la ACT certificó que no tenía conocimiento de haberse realizado reparaciones y mantenimientos en el puente desde el 2010 hasta el 2022. El director ejecutivo de ACT certificó que no se habían documentado planes de mantenimiento para el puente desde el 2008 hasta el 2016 y que desde el 31 de octubre de 2022 se llevan a cabo proyectos de reparación por $31 millones.
La falta de planificación en los trabajos de mantenimiento del Puente Atirantado ocasionó que la ACT tuviera que incurrir en gastos de contratación por $31 millones para llevar a cabo las inspecciones, la rehabilitación, y encargar una auditoría forense para determinar las deficiencias y adjudicar responsabilidades.
La evaluación devela que la fecha de terminación sustancial de la construcción del Puente Atirantado se adelantó del 8 de mayo de 2010 al 31 de enero del 2010 a solicitud del contratista y aprobado por el entonces director regional previa recomendación de la ingeniera supervisora. Al 1 de febrero de 2024, el director ejecutivo de la ACT no había tomado una decisión sobre el pago de este “early completion bonus”, según indica el contrato.
El contratista y la ACT formalizaron un acuerdo –Change Order– en el 2019, por un importe negativo de $1.4 millones como parte del proceso de liquidación de pago de la construcción del puente. El Manual de Especificaciones establece que, al terminar un proyecto, el ingeniero tiene 10 días para inspeccionar y certificar la obra.
Sin embargo, al 8 de mayo de 2023, la inspección final no se había realizado, y el 1 de febrero de 2024 el director ejecutivo de la ACT certificó que está revisando posibles incumplimientos por parte del contratista.
Los auditores detectaron que 30 enmiendas por $4.4 millones otorgadas desde el 2002 al 2009, no se registraron en la OCPR en contravención de la reglamentación vigente. Además, del 2015 al 2022, la ACT no presentó a la Asamblea Legislativa informes detallados sobre el estado y progreso de todas las facilidades de tránsito y de transportación, según dispone la Ley 74 de 1965.
El Informe le recomienda a la secretaria designada de Justicia y al administrador de la Federal Highway Administration en Puerto Rico, considerar los resultados de esta investigación para que tomen las medidas que estime pertinentes.
El Informe Especial OC-25-68 con fecha del 1 de abril de 2025 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-67 de la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto C. D.
Contralora revela deficiencias en las operaciones de la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto C.D. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto C.D. (CDETA) no pudo proveer a los auditores de la OCPR copia del certificado de Registro de Comerciantes de cinco contratistas. Por sus servicios profesionales y de mantenimiento, los contratistas recibieron 26 pagos por $33,146 del 2021 al 2024. Además, esta Corporación sin fines de lucro, no remitió a la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario copia de 10 declaraciones informativas (formularios 480) de los años contributivos 2021 y 2022, ni 56 cheques cancelados por $36,071.
Estas situaciones contrarias al Reglamento de Fondos Legislativos impiden mantener un control administrativo de los desembolsos relacionados con los donativos, propicia el uso indebido de los fondos otorgados y que se suspenda la subvención.
La auditoría, de seis hallazgos, señala que la Corporación no registró en su sistema de contabilidad seis transferencias electrónicas por $1,529 de las retenciones de contribución sobre ingresos. Además, la Corporación emitió 99 órdenes de compra por $49,369 de la cuenta de donativos legislativos, sin la firma de la oficial de compras.
En contravención de la reglamentación vigente, la Corporación pagó $8,109 por servicios educativos sin haber registrado antes el contrato en la OCPR. Al respecto, los auditores detectaron también que del 2015 al 2024, la Corporación había registrado 174 contratos y 4 enmiendas por $1.1 millones con retrasos de hasta seis años. La directora ejecutiva atribuyó las tardanzas a la carga administrativa que superaba la capacidad operativa de la Corporación y a que sólo contaba con tres empleadas.
El Informe publica que la Junta de directores de la Corporación estaba constituida por ocho de los 13 miembros requeridos, no contaba con un Comité de Auditoría y no se reunía cada dos meses como disponen los Estatutos Corporativos. Esta situación resta autenticidad a los acuerdos y afecta la supervisión financiera, la transparencia y el control de los recursos.
La Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto C.D tuvo un presupuesto de $112,423 en el 2020, $118,375 en el 2021, $118,375 en el 2022, $118,375 en el 2023 y aumentó a $140,400 en el 2024. Los estados financieros auditados reflejaron superávits acumulados de $3.2 millones en el 2020, $3 millones en el 2021, $2.9 millones en el 2022 y ascendió a $2.7 millones en el 2023.
La auditoría recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto C.D. a través de la Oficina de Gerencia Municipal, cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
La auditoría de cumplimiento de alcance específico cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 19 de diciembre de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-67 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Informe de Auditoría OC-25-66 del Departamento de Educación, Oficina Regional Educativa de Caguas
Contralora emite opinión adversa sobre las contrataciones de servicios de transportación escolar en la Oficina Regional Educativa de Caguas
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales de la Oficina Regional Educativa de Caguas (OREC) del Departamento de Educación. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la contratación de servicios de transporte escolar, entre otros objetivos, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que, la OREC no registró en la OCPR el 46% de los contratos otorgados para servicios de transporte escolar entre el 2017 al 2020. Además, al 6 de julio de 2023, la OREC no había remitido 256 contratos y enmiendas por $33.9 millones al Registro de Contratos de la OCPR, y del 2016 al 2019, tardaron entre 37 a 398 días en registrar 137 contratos que sumaban $14.9 millones.
Esta situación, contraria a la ley y a la reglamentación vigente, no permitió que los contratos estuvieran accesibles a la ciudadanía. De la muestra analizada se detectaron pagos indebidos por $133,864.
La auditoría de cinco hallazgos señala que se realizaron pagos indebidos por $65,589 a tres contratistas por rutas nuevas de transportación escolar, no incluidas en los contratos. Al respecto, se le recomienda al Departamento de Educación recobrar estos fondos pagados a los transportistas.
La OREC formalizó un total de 393 contratos por $48.8 millones del 2017 al 2020, sin celebrar subasta formal sino mediante contrato de emergencia. Esta deficiencia había sido señalada en el Audit Report 2019-01 del 2018 que concluyó que el hecho de no celebrar subastas no era la forma correcta de controlar estos costos. Esta situación también fomenta la noción equivocada de que los contratos de emergencia sirven para obviar las cualificaciones necesarias de los proveedores y puede beneficiar a unos proveedores en específico.
El Departamento de Educación no retuvo $39,024 en el origen a ocho contratistas por los servicios prestados. En los contratos otorgados por la OREC se establece una retención del 10% de contribuciones sobre ingresos salvo que el contratista entregue un relevo emitido por el Departamento de Hacienda. Por esta situación, el Departamento de Educación se expone a penalidades establecidas en el Código de Rentas Internas.
Los auditores detectaron múltiples deficiencias en los expedientes de los contratos de los porteadores, ya que ninguno tenía el permiso de la Comisión de Servicio Público, ni los documentos de las condiciones del vehículo ni las inspecciones cuatrimestrales. Además, la OREC no suministró para examen de los auditores, los expedientes de 102 contratos por $17.4 millones del año escolar de 2019, no se encontraron las solicitudes de servicio, ni se preparó un Plan Anual de Transportación Escolar.
La auditoría comenta que, al 30 de noviembre de 2023, no se había recobrado $181,723 recomendado en el Informe de Auditoría DA-15-38 del 2015. Desde el 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2023, la OREC ha contado con un presupuesto de $335.1 millones, y ha efectuado desembolsos por $273.6 millones. La auditoría le recomienda al secretario de Educación, velar por el cumplimiento claro y específico de las disposiciones legales vigentes, la reglamentación y las cláusulas y condiciones en los contratos otorgados en la contratación de los servicios de transportación escolar, entre otras.
El informe de la OREC cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 30 de agosto de 2022, y está disponible en www.ocpr.gov.pr. Esa Oficina ofrece servicios a 35,086 estudiantes de 11 pueblos y 122 escuelas en Aguas Buenas, Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Caguas, Cayey, Cidra, Comerío, Guayama, Gurabo y Salinas.
Solicitudes de acceso a la información – diciembre 2024
Solicitudes de acceso a la información – noviembre 2024
Informe de Auditoría OC-25-65 del Departamento de Seguridad Pública
Contralora revela que el Departamento de Seguridad Pública no formó la Junta de Evaluación Médica ni el Comité Ejecutivo de Seguridad según dispone la ley
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Departamento de Seguridad Pública. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Departamento de Seguridad Pública no designó a los funcionarios que conformarían la Junta de Evaluación Médica, establecida por la Ley 20-2017, creadora del Departamento. Esta Junta tiene como responsabilidad recomendar las solicitudes de retiro por incapacidad física, determinar aptitud y condición física de los candidatos a policías, bomberos y técnicos de emergencias, así como a dar consejería por situaciones que afecten la estabilidad emocional de los empleados.
En su lugar, el Departamento contrató una empresa por $454 mil para prestar estos servicios a un máximo de 500 empleados, y actuar como si fuera la Junta, del 21 de mayo al 31 de diciembre del 2024. Por esta situación el Departamento no contó con la información necesaria para determinar aptitud, condición física y mental de los candidatos y empleados que requieren las diversas funciones de los negociados.
La auditoría de dos hallazgos señala que el Departamento de Seguridad Pública, tampoco estableció el Comité Ejecutivo de Seguridad adscrito a la Oficina del Gobernador, para trabajar la integración plena del Departamento y sus negociados. Los auditores identificaron que del 20 de diciembre de 2019 al 8 de febrero del 2022 no se estableció el Comité, no prepararon 23 de los 26 informes de progreso que debían presentar cada 60 días al gobernador y a la Asamblea Legislativa, y los tres informes preparados no se remitieron a la Oficina del Gobernador.
Por otro lado, los funcionarios encargados de la propiedad no realizaron un inventario físico al cese de funciones del encargado el 27 de junio de 2022, no habían establecido un registro sobre casos de pérdidas e irregularidades, ni habían emitido el recibo de propiedad en uso para propiedad valorada en $636 mil. Estas deficiencias impiden validar con certeza que la información y los procesos sean los correctos, y que, de hallarse una irregularidad, se puede detectar a tiempo.
El presupuesto del Departamento de Seguridad Pública fue de $82.5 millones del 2022 al 2024, y realizó desembolsos por $68.6 millones.
El Departamento de Seguridad Pública se compone de los siguientes negociados: Cuerpo de Bomberos, Cuerpo de Emergencias Médicas, Investigaciones Especiales, Policía de Puerto Rico, Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, y Sistema de Emergencias 911.
La auditoría cubre el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 31 de diciembre de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-65 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.