Subastas
Convocatoria 26-08 Gerente de Asesoramiento Legal
Convocatoria 26-09 Asesor Legal
Informe de Investigación OC-26-35, Centro de Recaudación de lngresos Municipales (CRIM)
San Juan, Puerto Rico – (2 de junio de 2026) El Contralor Auxiliar del Area Legal, Lcdo. Rafael Vázquez, informó el referido al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental de hallazgos relacionados con presuntas irregularidades en el proceso de compras y desembolsos en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), que incluyeron el uso de documentos con información falsa para justificar pagos con fondos públicos.
La investigación, realizada por la División de Investigaciones Especiales de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR), correspondiente al período del 17 de febrero al 18 de julio de 2023, surgió tras la recepción de una querella relacionada con la tramitación de una compra y el desembolso correspondiente en la agencia.
De acuerdo con el informe, la investigación incluyó entrevistas, recopilación y análisis de prueba documental y testifical, revisión de sistemas internos y validación externa de información provista por funcionarios y suplidores.
Como resultado, se identificaron actuaciones administrativas en incumplimiento con la ley y la reglamentación aplicable que culminaron en la aprobación y pago de una orden de compra respaldada por documentos con información falsa e incorrecta.
El hallazgo principal expone que la Junta de Gobierno del CRIM tramitó una orden de compra por $1,000 para la adquisición de alimentos dirigidos originalmente a una reunión ordinaria pautada para el 23 de febrero de 2023. Tras la cancelación de la reunión, funcionarios realizaron gestiones para justificar el desembolso mediante la alegación de que los alimentos habían sido utilizados en un supuesto “Adiestramiento de Propiedad Mueble para el Colegio de CPA”.
“Sin embargo, la investigación corroboró que dicho adiestramiento nunca se ofreció. El director ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos Autorizados certificó que esa entidad no recibió ni impartió adiestramientos en el CRIM durante la fecha señalada. Asimismo, empleados del CRIM que aparecían en listas de asistencia certificaron que no participaron en ningún adiestramiento y que sus firmas fueron requeridas para justificar el pago relacionado con los alimentos.”, apuntó Vázquez, quien agregó que la investigación también reveló que, como parte del expediente justificante del desembolso se utilizó un correo electrónico solicitando alterar la cuenta presupuestaria originalmente utilizada para la compra, una certificación firmada por un funcionario afirmando información falsa y hojas de asistencia vinculadas a una actividad inexistente.
Además, se determinó que la compra se gestionó utilizando una sola cotización, sin cumplir con los requisitos reglamentarios de competencia justa entre suplidores representativos del mercado, situación que puede propiciar pagos a precios inflados y limitar la transparencia en el uso de fondos públicos.
La OCPR concluyó que las situaciones detectadas reflejan deficiencias significativas en el cumplimiento de la ley y una marcada ausencia de controles internos en los procesos de compra, aprobación y justificación de pagos dentro del CRIM.
El informe señala además que, la creación y utilización de documentos falsos, así como la certificación de actividades inexistentes, comprometen la integridad administrativa, evidencian falta de ética en el desempeño de funcionarios y podrían constituir infracciones al Código Penal de Puerto Rico.
Ante estos hallazgos, la Oficina remitió el referido RDIE-1464-5675-26-56 al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental para la evaluación y acción correspondiente. De igual forma, recomendó a la Junta de Gobierno del CRIM considerar el referido administrativo correspondiente y fortalecer de inmediato sus procesos de compra, desembolso y supervisión para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
“El manejo de fondos públicos exige absoluta transparencia, controles efectivos y estricto cumplimiento con la ley. Cuando se utilizan documentos falsos o se certifican actividades inexistentes para justificar desembolsos, se compromete la confianza pública y se atenta contra la integridad del servicio gubernamental”, expresó el Contralor Auxiliar.
El informe destaca la necesidad urgente de implementar acciones correctivas y reforzar los mecanismos de supervisión y control interno para garantizar que los recursos públicos sean administrados con integridad, honradez y conforme a la ley y reglamentación vigente.
Informe de Auditoría OC-26-34, Administración de Vivienda Pública, Área de Sistemas de Información Tecnológica
Contralora revela serias deficiencias de ciberseguridad y controles tecnológicos en la Administración de Vivienda Pública
Auditoría identifica fallas en accesos al Sistema Yardi, Voyager Housing Software (Sistema Yardi), ausencia de planes de contingencia y debilidades en controles de seguridad informática
San Juan, Puerto Rico –(2 de junio de 2026) La contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen Vega Fournier, informó hoy los resultados de una auditoría de tecnología de información realizada al Área de Sistemas de Información Tecnológica (ASIT) de la Administración de Vivienda Pública (AVP), la cual reveló múltiples deficiencias relacionadas con controles de acceso, ciberseguridad, manejo de cuentas de usuarios, continuidad operacional y administración de sistemas de información computadorizados.
La auditoría cubrió el período del 1 de enero de 2022 al 4 de junio de 2025 y concluyó con una opinión cualificada debido a seis hallazgos relacionados con incumplimientos en áreas críticas de seguridad tecnológica y control interno.
“La tecnología avanza hoy a una velocidad sin precedentes, impulsando procesos cada vez más complejos y altamente dependientes de plataformas digitales, almacenamiento de datos y conectividad. Esta realidad obliga a las entidades gubernamentales a priorizar de manera continua el fortalecimiento de sus sistemas de información, mediante la implementación, actualización y evaluación constante de controles internos, protocolos de ciberseguridad y mecanismos de protección de datos. La protección de información confidencial y sensitiva constituye un componente esencial en cualquier agencia pública, particularmente en entidades que administran información personal, financiera y familiar de miles de ciudadanos beneficiarios de programas de vivienda pública. La ausencia de controles adecuados, planes de contingencia, análisis de riesgo y programas robustos de ciberseguridad aumenta significativamente la exposición a accesos no autorizados, pérdida de información, interrupciones operacionales y posibles incidentes cibernéticos que podrían comprometer servicios esenciales al pueblo. Las situaciones identificadas en esta auditoría requieren atención correctiva inmediata y un compromiso institucional sostenido para fortalecer la gobernanza tecnológica, la continuidad operacional y la resiliencia digital de la agencia”, expresó la contralora Carmen Vega Fournier.
El informe señala que la Administración utiliza el Sistema Yardi, una plataforma donde se administran los proyectos de vivienda pública, los procesos de mantenimiento, asignación de viviendas, el Programa de Sección 8 y otras operaciones de la agencia. Además, el sistema almacena información confidencial relacionada con composición familiar, situación económica y circunstancias personales de los solicitantes y participantes de programas de vivienda pública.
Entre los principales hallazgos, la auditoría reveló deficiencias relacionadas con la documentación y autorización de cuentas de acceso al Sistema Yardi.
El examen de los formularios utilizados para crear 25 cuentas de acceso identificó que múltiples solicitudes no contenían información requerida, incluyendo tipo de solicitud, tipo de usuario, tipo de empleado, propiedades autorizadas y permisos relacionados con órdenes de compra y cuentas por pagar.
Asimismo, la Oficina de la Contralora identificó que el ASIT Área de Sistemas de Información Tecnológica no contaba con documentación relacionada con la autorización de cuentas con privilegios administrativos asignadas a grupos de seguridad con acceso amplio al sistema.
Según el informe, estas situaciones impiden mantener evidencia suficiente para determinar si los accesos otorgados fueron autorizados correctamente y conforme a las funciones de los usuarios, además de aumentar el riesgo de accesos no autorizados e irregularidades.
La auditoría también reveló que, al 31 de diciembre de 2024, permanecían activas 23 cuentas de acceso asignadas a exempleados que habían cesado funciones entre julio de 2022 y diciembre de 2024. En algunos casos habían transcurrido hasta 900 días desde la separación del empleado.
Además, se identificaron 412 cuentas activas que no habían sido utilizadas por más de 90 días, incluyendo cuentas con hasta 3,514 días sin actividad registrada.
“El control efectivo de accesos es una medida básica de seguridad informática. Mantener cuentas activas de exempleados o cuentas inactivas por períodos prolongados representa un riesgo significativo para la protección de información confidencial y para la integridad operacional de los sistemas gubernamentales”, añadió Vega Fournier.
Otro de los hallazgos importantes del informe es que la Administración no contaba con un informe formal de análisis de riesgos de sus sistemas de información computadorizados.
La auditoría determinó que la AVP tampoco había desarrollado, documentado ni implementado un programa de ciberseguridad, ni procedimientos aprobados para responder a incidentes de seguridad cibernética relacionados con sus sistemas de información.
La Oficina de la Contralora señaló que esta situación impide desarrollar planes efectivos de respuesta y mitigación ante posibles ciberataques, así como establecer procesos adecuados de contención y recuperación ante incidentes de seguridad.
Además, la auditoría reveló que la Administración no contaba con un plan de contingencia ni con un plan de recuperación de desastres relacionados con sus sistemas de información computadorizados.
El informe advierte que la ausencia de estos planes puede provocar improvisación durante emergencias, interrupciones prolongadas de servicios, pérdida de información y gastos excesivos e innecesarios en caso de incidentes tecnológicos o desastres que afecten la infraestructura informática de la agencia.
La Oficina de la Contralora también identificó que la Administración no mantenía políticas, normas y procedimientos aprobados para áreas críticas relacionadas con:
• Administración y control de accesos lógicos y físicos.
• Administración de redes y sistemas de información.
• Manejo de ciberseguridad e incidentes de seguridad.
• Procesos de respaldo y recuperación de información.
• Control de actualizaciones de aplicaciones.
• Uso de sistemas de información computadorizados.
• Disposición de equipos tecnológicos.
• Clasificación y publicación de datos conforme a la Ley 40-2024, Ley de Ciberseguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
La auditoría atribuye gran parte de estas deficiencias a limitaciones de recursos y falta de personal especializado dentro del ASIT Área de Sistemas de Información Tecnológica. Además, a la falta de participación de esta área en el proceso de la creación de las cuentas de acceso, los atrasos en el recibo de un informe de cuentas sin actividad que debe proveer el consultor, y a que se encuentran en un proceso de actualizar la infraestructura tecnológica de la Administración.
En sus comentarios a la Oficina de la Contralora, la gerencia de la Administración indicó que trabaja en la creación de nuevos formularios y mecanismos de segregación de accesos para mejorar los controles de seguridad en el Sistema Yardi. Además, expresó que se han realizado orientaciones relacionadas con la administración de cuentas y accesos.
Con relación a los hallazgos sobre ciberseguridad, la Administración indicó que no cuenta con personal especializado para desarrollar los análisis y programas requeridos, por lo que solicitó autorización para contratar recursos externos que atiendan dichas áreas.
Ante las situaciones identificadas, la Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas al secretario del Departamento de la Vivienda y al administrador de la Administración de Vivienda Pública.
Entre las recomendaciones se encuentran desarrollar y aprobar políticas y procedimientos tecnológicos formales, actualizar los formularios de acceso al Sistema Yardi, documentar todas las cuentas administrativas, desactivar oportunamente cuentas de exempleados, realizar análisis de riesgo, desarrollar un programa de ciberseguridad, establecer procedimientos para manejo de incidentes y preparar planes de contingencia y recuperación de desastres.
Asimismo, se recomendó realizar ejercicios y simulacros periódicos para evaluar la efectividad de los procedimientos de recuperación y continuidad operacional.
“La transformación digital y la protección de información requieren estructuras sólidas de control interno y seguridad cibernética. La ausencia de estos mecanismos expone a las agencias públicas a riesgos operacionales, financieros y reputacionales que pueden impactar directamente los servicios ofrecidos al ciudadano”, sostuvo la contralora.
La Administración de Vivienda Pública administra programas relacionados con vivienda pública y asistencia habitacional en Puerto Rico. Durante los años fiscales 2021-22 al 2023-24 manejó presupuestos que ascendieron aproximadamente a $562.1 millones, $899.9 millones y $652.6 millones, respectivamente. El informe completo está disponible en la Oficina de la Contralora de Puerto Rico.
Informe de Auditoría OC-26-33, Municipio de Guánica
El 27 de mayo de 2026 aprobamos el Informe de Auditoria OC-26-33. Este contiene los
resultados de la auditoria que realizamos del Municipio de Guanica, para determinar si las
operaciones fiscales se efectuaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe de Auditoria OC-26-33 se puede conseguir en nuestra pagina en Internet:
www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-32, Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
Contralora revela deficiencias millonarias en manejo de cuentas y eventos de interrupción de la AEE y LUMA
Informe de auditoría señala problemas en reposición de fondos, manejo de liquidez y documentación de eventos utilizados para justificar transferencias de millones de dólares
San Juan, Puerto Rico – (1 de junio de 2026) La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen Vega Fournier, informó hoy los resultados de una auditoría realizada a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), relacionada con las operaciones fiscales vinculadas al contrato para la Operación y Mantenimiento (O&M) del Sistema de Transmisión y Distribución (T&D) de Energía Eléctrica suscrito con LUMA Energy, LLC y LUMA Energy Servco, LLC. El examen cubrió el período del 1 de junio de 2020 al 30 de junio de 2024.
El informe emitido por la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) contiene una opinión cualificada, debido a dos hallazgos principales relacionados con el manejo y la reposición de los fondos de las cuentas de servicio establecidas en el contrato O&M de T&D y con deficiencias en la documentación y cualificación de eventos de interrupción utilizados para justificar transferencias de fondos.
El informe también destaca que la auditoría fue realizada conforme a las normas de auditoría gubernamental generalmente aceptadas emitidas por la Government Accountability Office (GAO) de Estados Unidos.
“La fiscalización pública tiene el propósito de garantizar que las entidades gubernamentales y los operadores privados que administran servicios esenciales cumplan con las disposiciones contractuales, mantengan controles adecuados y protejan el uso correcto de los fondos públicos. Este informe presenta situaciones que requieren atención correctiva inmediata debido a su impacto sobre la estabilidad operacional y financiera del sistema eléctrico”, expresó la contralora Vega Fournier.
El informe detalla que el contrato formalizado el 22 de junio de 2020 entre la AEE, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y LUMA estableció diversas cuentas de servicio destinadas a financiar operaciones, mejoras capitales, gastos de generación y eventos de interrupción del servicio eléctrico. Dichas cuentas debían mantenerse con balances específicos conforme al contrato.
La auditoría reveló que, entre mayo de 2021 y febrero de 2024, se realizaron 118 transferencias ascendentes a aproximadamente $4,987 millones para financiar dichas cuentas. Sin embargo, en el examen de 77 transferencias efectuadas entre noviembre de 2022 y enero de 2024, se encontró que la AEE no aprobó las transferencias requeridas de 14 solicitudes para reponer balances de la Cuenta de Capital Financiada con Fondos Federales y de la Cuenta de Reserva para Eventos de Interrupción.
Según el informe, los importes no transferidos fluctuaron entre $1.2 millones y $16.9 millones en una de las cuentas y entre $28.4 millones y $28.5 millones en la otra. Además, se señaló que otras 46 transferencias fueron aprobadas únicamente por dos terceras partes de las cantidades solicitadas por LUMA.
La auditoría concluyó que estas situaciones afectan la estabilidad financiera del sistema eléctrico y pueden limitar la capacidad operacional del operador privado para responder a emergencias y eventos de interrupción del servicio. Asimismo, se indicó que la AEE utilizó más de $400 millones de la cuenta de reserva de reembolsos federales de FEMA para cumplir parcialmente con las reposiciones requeridas.
El informe también señala que, al 29 de agosto de 2024, LUMA mantenía pendientes de reclamar aproximadamente $172.8 millones correspondientes a gastos relacionados con eventos de interrupción cubiertos con fondos de la Cuenta Operacional.
En cuanto al segundo hallazgo, la OCPR identificó deficiencias significativas en la documentación utilizada para justificar transferencias desde la Cuenta de Reserva para Eventos de Interrupción hacia la Cuenta Operacional.
La auditoría examinó 25 eventos de interrupción por los cuales se transfirieron aproximadamente $26.6 millones y encontró que los informes preparados por LUMA no incluían información requerida para cualificar adecuadamente dichos eventos, incluyendo períodos continuos de clientes sin servicio, horas exactas de inicio y terminación, así como datos detallados sobre eventos causados por actos de Dios.
Además, para 17 eventos relacionados con aproximadamente $16.4 millones, no se indicó la fecha ni la hora de terminación de los eventos. La auditoría también determinó que LUMA no conservó los datos originales utilizados para cualificar todos los eventos examinados.
Otro aspecto señalado por la auditoría fue la utilización de parámetros denominados “Grey Sky Days” para justificar 17 eventos por aproximadamente $17.4 millones, aun cuando dichos criterios no estaban establecidos en la definición contractual de eventos de interrupción.
“El manejo adecuado de documentación y evidencia es indispensable en cualquier proceso relacionado con desembolsos de fondos públicos. La ausencia de información original y el uso de criterios no contemplados expresamente en el contrato limitan la capacidad fiscalizadora y afectan la transparencia requerida en la administración de estos recursos”, añadió Vega Fournier.
Como parte del proceso de auditoría, la OCPR incluyó los comentarios de la AEE, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y LUMA Energy.
En sus comentarios, funcionarios de la AEE atribuyeron parte de los problemas de liquidez a deficiencias en los procesos de facturación y cobro del servicio eléctrico, y solicitudes de reembolsos federales por parte de LUMA. Mientras, LUMA sostuvo que el contrato establece claramente que la responsabilidad de financiar las cuentas de servicio corresponde a la AEE y defendió el uso del concepto “Grey Sky Days” como una métrica utilizada en la industria eléctrica.
Ante los hallazgos identificados, la OCPR emitió varias recomendaciones dirigidas a la AAPP, la AEE y LUMA. Entre ellas, evaluar posibles enmiendas al contrato O&M de T&D para establecer mecanismos alternos de financiamiento, fuentes recurrentes para la Cuenta de Reserva para Eventos de Interrupción, y disposiciones específicas relacionadas con el uso de criterios como “Grey Sky Days”.
Asimismo, se recomendó fortalecer los procesos de supervisión, mantener archivados los datos originales relacionados con eventos de interrupción y garantizar que toda transferencia entre cuentas esté debidamente respaldada y documentada.
“El pueblo de Puerto Rico merece que cada dólar relacionado con el sistema eléctrico sea administrado con transparencia, responsabilidad y estricto cumplimiento contractual. Nuestra función es continuar fiscalizando con independencia y objetividad para fortalecer la confianza pública y promover el uso correcto de los recursos gubernamentales”, concluyó la Contralora.
El informe completo está disponible en www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-31, Municipio de Añasco
Informe de auditoría revela deficiencias en compras, contratación y recursos humanos en el Municipio de Añasco
San Juan, Puerto Rico, (21 de mayo de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, publicó hoy el Informe de Auditoría OC-26-31 del Municipio de Añasco, correspondiente al período del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2024, en el cual emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales examinadas. El informe revela múltiples deficiencias relacionadas con procesos de compras, contratación, recursos humanos, controles fiscales y administración municipal.
La auditoría determinó que el Municipio realizó pagos por $2,320 en exceso de la cuantía contratada para el alquiler de equipo pesado, luego de que se desembolsaran $32,320 bajo un contrato cuya cuantía aprobada era de $30,000, sin que se formalizara una enmienda prospectiva al contrato, según requieren las normas aplicables a la contratación gubernamental.
El informe también señala que el Municipio emitió órdenes de compra por $54,145 sin obtener las cotizaciones requeridas por ley. Entre los hallazgos, se identificó la emisión de órdenes de compra para servicios de alquiler de equipo pesado y servicios de luces y sonido sin solicitar, en la mayoría de los casos, las tres cotizaciones requeridas de proveedores representativos en el mercado. Además, se detectaron tardanzas en la emisión de órdenes de compra y requisiciones luego de recibidos los servicios.
En el área de recursos humanos, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) encontró que, varios funcionarios fueron nombrados sin cumplir con los requisitos mínimos de preparación académica y experiencia establecidos en el Plan de Clasificación y Retribución del Municipio. Entre estos, se identificaron nombramientos en las posiciones de director de Obras Públicas, director de Recreación y Deportes y director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias. También se señaló que el puesto de comisionado de la Policía Municipal no estaba incluido en el Plan de Clasificación y que algunos nombramientos no fueron remitidos para confirmación de la Legislatura Municipal.
El informe indica que, un funcionario ocupó interinamente el puesto de director de Obras Públicas por un período de 235 días, excediendo por 115 días el límite permitido por ley, lo que ocasionó pagos indebidos de diferenciales de sueldo por $3,445.
Otros hallazgos incluidos en la auditoría están relacionados con errores en pagos de liquidaciones de licencias acumuladas, deficiencias en comprobantes de desembolso e irregularidades en procesos relacionados con emergencias de los huracanes María y Fiona. También, los auditores de la OCPR encontraron deficiencias en las conciliaciones bancarias e informes mensuales de ingresos y desembolsos, ausencia de gestiones efectivas para el cumplimiento de cláusulas financieras en contratos de facilidades médicas, cesión gratuita de equipo pesado en contravención de ordenanzas municipales y reglamentos de personal sin actualizar.
La auditoría incluyó, además, un comentario especial relacionado con multas impuestas a una empleada, un exempleado y un funcionario municipal por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico.
Por su parte, el alcalde sostuvo que, en el caso del pago relacionado con el alquiler de equipo pesado, los desembolsos correspondieron a servicios efectivamente prestados dentro de la vigencia contractual y argumentó que el Código Municipal permite pagos por servicios recibidos. No obstante, la OCPR determinó que el hallazgo prevalece debido a que la cuantía contractual constituye un elemento esencial del contrato y cualquier aumento debió formalizarse mediante una enmienda prospectiva.
De igual forma, el alcalde indicó que se tomarían medidas correctivas e instrucciones al personal concernido para reforzar los procesos de compras, requisiciones y controles internos relacionados con cotizaciones y órdenes de compra.
Entre las recomendaciones principales del informe, la OCPR recomendó al alcalde de Añasco asegurarse de que los contratos y sus enmiendas se formalicen conforme a derecho antes de efectuar pagos, exigir el cumplimiento de los procedimientos de compras y cotizaciones y fortalecer los controles relacionados con órdenes de compra y obligaciones de fondos.
“Las deficiencias identificadas en este informe muestran la necesidad de reforzar los controles internos, asegurar procesos adecuados de compras y contratación y garantizar que los nombramientos se realicen conforme a los requisitos establecidos para proteger el interés público”, expresó la Contralora de Puerto Rico.
El informe de auditoría OC-26-31 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoria OC-26-30, Municipio de Lajas
San Juan, Puerto Rico (21 de mayo de 2026) – La contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, informó hoy la publicación del Informe de Auditoría OC-26-30 correspondiente al Municipio de Lajas, el cual examinó operaciones fiscales y administrativas realizadas del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2024.
La auditoría, realizada en virtud de la autoridad constitucional y legal conferida a la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR), emitió una opinión cualificada, lo que significa que, en términos generales, las operaciones examinadas se realizaron conforme a la ley y reglamentación aplicable, excepto por los hallazgos del 1 al 5 incluidos en el informe.
El informe contiene cinco hallazgos principales relacionados con contratación gubernamental, desembolsos sin contratos escritos, compras sin cotizaciones, obligaciones presupuestarias tardías y pagos innecesarios de intereses, recargos y multas.
Uno de los señalamientos más significativos establece que la secretaria municipal formalizó el 18 de septiembre de 2022 un contrato por $90,000 para alquiler de equipo pesado relacionado con trabajos tras el paso del huracán Fiona. Posteriormente, los auditores detectaron otro contrato idéntico en número, vigencia y términos, pero con cuantía alterada a $140,000. Según la evidencia recopilada, la secretaria municipal alteró unilateral e ilegalmente el contrato mediante sistema computadorizado para aumentar la cuantía de $90,000 a $140,000.
También se alteró el documento titulado “Datos del Contrato Registrado” emitido por la OCPR como evidencia de registro. Como resultado, se realizaron pagos por $124,497 al contratista, excediendo por $34,497 la cuantía del contrato original registrado. El informe señala que esto privó al Municipio de recursos que pudieron utilizarse para otras necesidades públicas.
El alcalde objetó el hallazgo y sostuvo que se intentó corregir internamente el contrato y gestionar cambios ante la Contraloría. No obstante, la OCPR determinó que el hallazgo prevalece conforme a la evidencia obtenida durante la auditoría.
La auditoría también reveló que el Municipio solicitó y recibió servicios de alquiler de dos camiones para recogido de basura doméstica por $32,800 sin formalizar previamente un contrato escrito. El pago total fue realizado el 25 de febrero de 2022. La gerencia municipal argumentó que se trató de una emergencia decretada mediante orden ejecutiva y que bastaba con una orden de compra. Sin embargo, la OCPR sostuvo que una orden de compra no sustituye un contrato escrito ni establece adecuadamente los derechos y obligaciones entre las partes.
El examen de comprobantes de desembolso determinó, además, que entre mayo de 2021 y febrero de 2024 se realizaron ocho compras por $49,343 sin obtener al menos tres cotizaciones de proveedores representativos del mercado, como exige la reglamentación aplicable. Las compras incluyeron materiales y suministros, armas de fuego, abanicos, máquinas de presión, una cisterna, renta de vehículo y equipo de sonido con instalación. En algunos casos se alegó exclusividad de suplidores, aunque los auditores identificaron proveedores adicionales disponibles en el mercado. Asimismo, en nueve comprobantes de desembolso por $32,287 se identificaron 18 cotizaciones sin nombre, firma o identificación del funcionario municipal que las solicitó o recibió, debilitando la trazabilidad del proceso y dificultando la adjudicación de responsabilidades administrativas.
Otro hallazgo establece que el Municipio formalizó contratos y enmiendas sin obligar previamente los créditos presupuestarios correspondientes. Entre agosto de 2021 y octubre de 2022 no se obligaron oportunamente fondos para cuatro contratos y doce enmiendas por $437,440. La Contraloría indicó que esta práctica impide mantener un control eficaz de las asignaciones presupuestarias y puede provocar sobregiros o litigios innecesarios.
La auditoría también documentó que entre junio de 2021 y abril de 2024 el Municipio pagó $11,697 en intereses, recargos y multas por tardanzas en remesas al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y al Servicio de Rentas Internas Federal (IRS). De esa cantidad, $10,981 correspondieron al Departamento del Trabajo por atrasos en aportaciones y retenciones, mientras $716 fueron pagados al IRS por tardanzas en remesas federales. La Oficina señaló que estos pagos reducen recursos municipales que debieron utilizarse en servicios directos a la ciudadanía y podrían afectar derechos y beneficios de empleados municipales.
El informe además menciona que, al 30 de septiembre de 2024, existían demandas civiles pendientes contra el Municipio por $10,560,000, relacionadas con incumplimiento de contrato, discrimen político, acoso laboral y daños y perjuicios. También había tres casos pendientes ante la Comisión Apelativa del Servicio Público. Asimismo, se señaló que al 30 de junio de 2024 no se habían recobrado $85,500 recomendados en un informe de auditoría anterior emitido en 2014.
Entre las recomendaciones emitidas por la OCPR se encuentran evaluar y asegurar cumplimiento con el Plan de Acción Correctiva sometido, fortalecer controles de contratación pública, exigir contratos escritos antes de recibir servicios, garantizar procesos competitivos de compras con cotizaciones válidas, obligar oportunamente los créditos presupuestarios, evitar tardanzas en remesas estatales y federales y continuar gestiones de recobro de fondos señalados en auditorías previas.
“Esta Oficina tiene el deber ministerial de velar por la sana administración pública, la transparencia fiscal y el uso correcto de los recursos del pueblo. Cada auditoría busca fortalecer los controles internos y promover la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales”, expresó la contralora Vega Fournier.
El informe completo está disponible en el portal oficial de la Oficina www.ocpr.gov.pr
Informe de Investigación OC-26-29, Municipio de Cataño sobre Resultados de las investigaciones sobre alegadas irregularidades relacionadas con el uso de computadoras, cuentas de correos electrónicos, vehículos, empleados y fondos del municipio, para actividades ajenas al interés público.
Contralora pública informe de investigación del Municipio de Cataño
San Juan, Puerto Rico – 15 de mayo de 2026 – Según se había establecido, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico publicó informe sobre investigación en el Municipio de Cataño.
La Contralora de Puerto Rico anunció hoy la publicación del Informe de Auditoría relacionado con la atención e investigación de la querella presentada sobre ciertas actividades en el Municipio de Cataño.
La investigación comenzó el año pasado tras recibirse una querella formal y se realizó conforme a las normas de auditoría gubernamental generalmente aceptadas y a las disposiciones de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada.
El Informe completo estará disponible para el público a partir de hoy en el portal oficial de la Oficina de la Contralora: www.ocpr.gov.pr.
Programa de Internado en Bibliotecologia
Programa de Internado en Derecho
Programa de Internado en Relaciones Públicas, Comunicaciones o Periodismo
Programa de Internado en Auditoria Gubernamental
Programa de Internado en Auditoria Gubernamental de Tecnología de Información
Programa de Internado en Sistemas de Información (Programación)
Programa de Internado en Sistemas de Información (Servicios Técnicos)
Informe de Auditoría OC-26-28 – Área Local de Desarrollo Laboral Guaynabo – Toa Baja
Contralora revela deficiencias administrativas y fiscales en el Área Local de Desarrollo Laboral Guaynabo-Toa Baja.
Se detectaron fallas administrativas en las retenciones contributivas y en los procesos competitivos
San Juan, Puerto Rico, (13 de mayo de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, anunció hoy la publicación del Informe de Auditoría OC-26-28, correspondiente al Área Local de Desarrollo Laboral Guaynabo-Toa Baja, en el cual se identificaron múltiples deficiencias en los procesos fiscales, de contratación y administración de fondos públicos relacionados con programas sufragados bajo la Ley federal Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA). El período auditado comprendió del 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2024.
La auditoría emitió una opinión cualificada, lo que significa que, aunque en términos generales las operaciones examinadas se realizaron conforme a la ley y reglamentación aplicable, se detectaron incumplimientos contenidos en cuatro hallazgos principales.
“La fiscalización pública no solo consiste en revisar números. También exige examinar si los procesos se ejecutan con transparencia, controles internos adecuados y estricto apego a la ley. Cada dólar federal y estatal debe administrarse con la máxima responsabilidad”, expresó la Contralora Vega Fournier.
El informe identifica cuatro señalamientos medulares: deficiencias en la preintervención de facturas y retenciones contributivas, irregularidades en procesos de evaluación de propuestas, insuficiencia en la obligación de fondos contractuales y contratos sin cláusulas ni certificaciones requeridas.
En el primer hallazgo, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) examinó 80 facturas por $342,964 pagadas a contratistas y determinó que ninguna contenía el sello de “Pagado”, mecanismo básico de control interno para evitar duplicidad de desembolsos. Asimismo, en cinco facturas por $23,775 no se incluyeron certificaciones requeridas por ley y en cuatro facturas por $15,775 no aparecía la firma de los representantes de las compañías proveedoras.
Adicionalmente, en pagos relacionados con ocho contratos de servicios profesionales y de adiestramiento, se detectó que no se realizaron retenciones contributivas requeridas por ley
a tres contratistas, por un total de $1,281, privando al Departamento de Hacienda de ingresos legalmente exigibles y exponiendo a la entidad a penalidades contributivas.
El segundo hallazgo revela fallas sustanciales en los procesos competitivos para adjudicar contratos. Entre octubre de 2020 y abril de 2024, el Comité Ejecutivo y el Comité de Jóvenes celebraron 18 reuniones para evaluar 893 propuestas de servicios. Sin embargo, no se conservó evidencia formal de las puntuaciones otorgadas por el Comité Evaluador Administrativo, las evaluaciones se hacían a lápiz y no quedaban debidamente documentadas en los expedientes oficiales.
También se encontró que en trece minutas no se indicó el total de propuestas recibidas, y en quince minutas no se consignaron las razones para aprobar o rechazar propuestas evaluadas. Incluso, en un contrato de servicios profesionales por $20,000, el Comité Ejecutivo aprobó una propuesta con menor puntuación sin justificar adecuadamente su decisión.
La auditoría igualmente determinó que durante 30 meses el Comité Ejecutivo no contó con la composición reglamentaria requerida. Para algunos periodos solo tenía uno o dos miembros con derecho al voto, pese a que durante ese tiempo aprobó 615 propuestas, situación que debilita la legitimidad de las determinaciones adoptadas.
En el tercer hallazgo, se identificó que en un contrato por $10,000 para servicios de adiestramiento solo se obligaron inicialmente $5,000, provocando una insuficiencia presupuestaria igual a esa cantidad. Los restantes fondos fueron obligados posteriormente, luego de haberse iniciado pagos bajo el contrato.
La Contralora indicó que este tipo de práctica puede generar déficits en partidas presupuestarias y riesgos operacionales si no existieran fondos disponibles para cubrir compromisos previamente asumidos.
En el cuarto hallazgo, el informe señala falta de cláusulas contractuales esenciales y ausencia de certificaciones requeridas en expedientes contractuales, lo que refleja debilidades adicionales en los controles de contratación y cumplimiento normativo.
Como comentario especial, el informe menciona además un caso pendiente de resolución ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.
En sus comentarios oficiales, la gerencia del Área Local sostuvo que varias situaciones respondían a prácticas administrativas internas, uso del sistema SAP, notas preliminares no oficiales y limitaciones operacionales durante el periodo auditado. También indicó que ha comenzado a implantar medidas correctivas, incluyendo hojas de cotejo, nuevas directrices documentales y refuerzo de los procesos de evaluación y archivo.
Entre las recomendaciones emitidas por la OCPR se incluyen fortalecer los controles internos, asegurar evidencia documental en todos los procesos de contratación, garantizar la composición reglamentaria de los comités decisionales, efectuar retenciones contributivas conforme a ley, obligar previamente los fondos necesarios antes de contratar y revisar los expedientes contractuales para que contengan todas las cláusulas y certificaciones requeridas.
“Exhortamos a la gerencia del Área Local de Desarrollo Laboral Guaynabo-Toa Baja a atender con prontitud cada recomendación para proteger los recursos públicos y fortalecer los servicios a la ciudadanía. De igual forma, a que nos envíen el plan correctivo y sus respectivos logros”, concluyó Vega Fournier.
Informe de Auditoría OC-26-27, Autoridad de Tierras de Puerto Rico
Contralora revela deficiencias administrativas y fiscales en la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, pagos de $297,177 sin contrato y ordenó recobrar $410,677a entidades sin fines de lucro
San Juan, Puerto Rico, (8 de mayo de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, anunció hoy la publicación del Informe de Auditoría OC-26-27, correspondiente a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, en el cual se identificaron múltiples incumplimientos legales, debilidades de control interno y deficiencias significativas en la administración del Fondo de Mejoras Municipales y otras operaciones relacionadas. El período auditado comprendió del 1 de julio de 2015 al 31 de marzo de 2023.
La auditoría emitió una opinión adversa, lo que significa que las pruebas realizadas y la evidencia recopilada reflejan que las operaciones examinadas no se llevaron a cabo conforme a la ley y reglamentación aplicable.
“La sana administración pública requiere controles firmes, transparencia absoluta y respeto irrestricto al uso de los fondos públicos. Cuando esos principios fallan, se afecta la confianza ciudadana y la capacidad del Gobierno para servir con justicia y eficiencia”, expresó la Contralora Vega Fournier.
El Informe contiene dos hallazgos principales relacionados con los objetivos de auditoría, un hallazgo adicional sobre otros asuntos detectados y un comentario especial referente a la falta de personal para atender las responsabilidades delegadas a la Autoridad.
Uno de los señalamientos más significativos corresponde a $297,177 pagados contrario a las disposiciones contractuales. La auditoría examinó contratos otorgados a entidades sin fines de lucro y determinó que la Autoridad efectuó desembolsos sin contratos vigentes, incluyendo pagos realizados antes del otorgamiento formal del contrato y luego de vencida su vigencia.
Asimismo, para ocho contratos por $375,820, la Autoridad requirió tardíamente —o no requirió— informes sobre el uso de los fondos o la devolución de sobrantes, lo que provocó que $262,732 no estuvieran disponibles para atender obras y servicios en beneficio de la ciudadanía.
La auditoría también reveló que en siete contratos por $385,000 no se especificaron claramente las obras, las mejoras permanentes, los servicios a prestar, ni los beneficiarios de los fondos asignados, situación que aumenta el riesgo de uso indebido de recursos públicos y dificulta la fiscalización.
Además, en un caso específico, se determinó que fondos por $30,000 fueron utilizados de una resolución distinta a la establecida contractualmente, en violación a los términos pactados.
En cuanto al segundo hallazgo, la Contralora informó que la entonces directora de Finanzas, Contabilidad y Presupuesto realizó funciones incompatibles entre sí, tales como preintervenir justificantes de desembolso, emitir y firmar cheques, y registrar pagos, lo que representa una clara falta de segregación de deberes y eleva el riesgo de errores o irregularidades no detectadas oportunamente.
Igualmente, se encontró que la Autoridad carecía de reglamentación adecuada para procesos esenciales de contabilidad y finanzas, incluyendo preparación y registro de comprobantes de desembolso, conciliaciones bancarias y emisión de cheques. También se determinó que el Reglamento del Fondo de Mejoras de 2024 no había sido presentado ante el Departamento de Estado, pese a contener requisitos aplicables a terceros.
Otro hallazgo importante se relaciona con contratos no registrados ni remitidos a la Oficina de la Contralora, como exige la ley. Se identificaron seis contratos por $113,500 formalizados con una entidad sin fines de lucro que no fueron registrados ni remitidos, pese a que se efectuaron pagos relacionados con dichos acuerdos.
También se determinó que la Autoridad incumplió con el envío de certificaciones anuales requeridas por ley para los años fiscales del 2015-16 al 2021-22 y remitió diez informes mensuales de nómina y puestos con tardanzas de entre 3 y 30 días.
En sus comentarios oficiales, la gerencia indicó que muchas de las deficiencias señaladas habían sido atendidas mediante nueva reglamentación y controles internos, incluyendo procesos de verificación desde la solicitud legislativa hasta la aprobación final de asignaciones. También expresó que el incumplimiento relacionado con contratos no radicados y certificaciones anuales fue subsanado para evitar recurrencia. Sin embargo, la Oficina de la Contralora sostuvo los hallazgos tras evaluar las respuestas recibidas.
Como comentario especial, la auditoría destacó que la Autoridad no cuenta con suficiente estructura administrativa para cumplir las funciones del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes (PIR), encargado de manejar cientos de solicitudes legislativas y cerca de mil contratos anuales. Según el informe, esta insuficiencia obligó a contratar servicios externos y contribuyó a retrasos operacionales.
Entre las recomendaciones emitidas, la Contralora ordenó recobrar $410,677 a entidades sin fines de lucro, fortalecer la fiscalización de fondos, asignar personal suficiente al PIR, asegurar la revisión legal de contratos, implementar sistemas electrónicos de transparencia ciudadana, registrar oportunamente contratos, corregir deficiencias reglamentarias y adiestrar personal financiero en el uso del sistema contable.
“Nuestro deber constitucional exige impulsar correcciones, prevenir reincidencias y proteger cada recurso público que pertenece al pueblo de Puerto Rico. Exhortamos a la Autoridad a implementar con urgencia todas las recomendaciones emitidas las que evaluaremos en seis meses.”, concluyó Vega Fournier.
Informe de Auditoría OC-26-26 del Municipio de Maunabo
Informe de la Contralora revela pagos contrarios a la ley, atrasos financieros y fallas en recursos humanos en Maunabo
San Juan, Puerto Rico, (1 de mayo de 2026) -La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, publicó hoy el Informe de Auditoría OC-26-26, del Municipio de Maunabo, el cual examina las operaciones fiscales y administrativas realizadas durante el período del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2023.
Esta auditoría, de naturaleza de cumplimiento, tuvo como objetivo principal determinar si las operaciones del Municipio se realizaron conforme al Código Municipal de 2020, la Ley de Municipios y la reglamentación aplicable. Entre los objetivos específicos se incluyó la evaluación de la contratación de servicios profesionales, particularmente los relacionados con emergencias tras los huracanes Irma y María, así como la revisión de procesos de recursos humanos, manejo de nómina y cumplimiento con informes financieros.
Como resultado de las pruebas realizadas, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada, lo que significa que, aunque en términos generales las operaciones se realizaron conforme a la ley, se identificaron desviaciones significativas reflejadas en seis hallazgos.
Entre los principales hallazgos se destacan:
• Pagos por $83,240 contrarios a la ley y reglamentación aplicable, relacionados con servicios profesionales prestados sin contrato formal previo, en exceso de la cuantía contratada y pagos duplicados. Además, créditos presupuestarios no obligados al momento de otorgarse un contrato.
• Atrasos en la entrega de los estados financieros auditados, con demoras de hasta 364 días, así como incumplimiento en el envío de certificaciones requeridas por ley, lo que puede afectar la transparencia y la asignación de fondos federales.
• Pagos por $27,807 en exceso de la escala salarial establecida, además de deficiencias en nombramientos de personal y procesos de reclutamiento.
• Falta de formalización de acuerdos en destaques de empleados municipales, lo que implica ausencia de documentos legales que establezcan responsabilidades entre las partes.
• Incumplimiento y tardanzas en el envío de informes de nómina y certificaciones de privatización, afectando la rendición de cuentas.
• Ausencia de reglamentación y documentación en expedientes de personal, lo que limita la aplicación de controles uniformes en la administración pública.
Asimismo, el informe incluye comentarios especiales relacionados con déficits presupuestarios, opiniones de abstención y cualificadas en auditorías financieras previas y costos cuestionados en programas federales.
Por su parte, el Municipio le contestó a la OCPR que ha iniciado acciones correctivas, incluyendo gestiones de recobro por pagos en exceso y la actualización de sus informes financieros, como parte de sus esfuerzos por cumplir con las disposiciones legales.
Entre las recomendaciones principales, la Contralora exhorta al Municipio a fortalecer los controles internos, asegurar el cumplimiento estricto de la normativa aplicable en la contratación y manejo de fondos públicos, corregir las deficiencias en los procesos de recursos humanos y garantizar la presentación oportuna de informes financieros y certificaciones requeridas.
“Aunque en términos generales las operaciones del Municipio se realizaron conforme a la ley y la reglamentación aplicable, los hallazgos identificados evidencian desviaciones que deben atenderse con prontitud para fortalecer la sana administración pública y prevenir su recurrencia”, indicó la Contralora.
Este informe constituye el segundo y último sobre el Municipio de Maunabo y está disponible en la página oficial de la OCPR en ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-25, Negociado de la Policía de Puerto Rico
Contralora desvela deficiencias en recaudaciones y controles fiscales del Negociado de la Policía para el 2021 al 2025
San Juan, Puerto Rico, (1 de mayo de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, anunció hoy la publicación del Informe de Auditoría OC-26-25 del Negociado de la Policía de Puerto Rico (ahora Policía de Puerto Rico), el cual estaba adscrito al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP), en el cual se evaluaron las operaciones fiscales y administrativas realizadas durante el período comprendido del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2025.
La auditoría se realizó conforme a las facultades constitucionales y legales de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR), en la cual se emitió una opinión cualificada, lo que significa que, aunque en términos generales las operaciones examinadas se realizaron conforme a la ley y la reglamentación aplicable en sus aspectos significativos, se identificaron hallazgos que requieren medidas correctivas inmediatas.
“La seguridad pública también exige disciplina fiscal, controles administrativos rigurosos y absoluto cumplimiento con las normas que rigen el manejo de fondos públicos. Cada dólar administrado correctamente fortalece la capacidad operacional del Estado y la confianza ciudadana”, expresó la Contralora Vega Fournier.
El informe contiene dos hallazgos principales: uno relacionado con deficiencias en el proceso de las recaudaciones y el otro vinculado a funciones conflictivas en las cuentas por cobrar.
En el primer hallazgo del Informe, la OCPR examinó el manejo de ingresos generados por contratos de servicios policiacos prestados a otras entidades gubernamentales, empresas privadas e individuos, almacenamiento de armas de fuego, donativos federales, operaciones conjuntas con agencias federales, reembolsos y otros conceptos. Durante el período auditado se registraron en el Sistema Ingresos y Recaudos del Área del Tesoro (SIRAT) 2,489 comprobantes de remesa que contenían 5,834 recibos oficiales por $145,425,210 en recaudos del Negociado. Para fines de auditoría se examinaron 20 comprobantes de remesa que incluían 333 recibos oficiales por $11,927,154.
La auditoría determinó que, empleados recaudaron valores sin contar con un nombramiento de recaudador sustituto o auxiliar del Departamento de Hacienda. Además, se emitieron 18 recibos manuales no oficiales por $5,290, utilizando formularios
creados internamente y no autorizados por el Departamento de Hacienda. También se encontró que no se llevaba control sobre la numeración y registro de dichos recibos.
Asimismo, se identificaron tardanzas en depósitos de recaudos que fluctuaron entre 1 y 29 días, así como recibos oficiales que no fueron preparados al momento de recibirse los valores. En algunos casos, los depósitos se realizaron entre 1 y 82 días antes de emitirse los recibos oficiales. También se detectaron inconsistencias entre fechas de hojas de depósito y fechas registradas en el sistema SIRAT, una hoja de depósito ilegible sin sello bancario y 247 recibos oficiales que no seguían la secuencia numérica correspondiente.
Según la OCPR, estas deficiencias demuestran que no se mantuvo un control adecuado sobre el proceso de recaudaciones, lo que puede propiciar errores, irregularidades, uso indebido de fondos o dificultar la detección oportuna de situaciones impropias.
En sus comentarios, el DSP reconoció que los procesos de recaudación requerían revisión y actualización. No obstante, destacó que la auditoría no identificó pérdidas de fondos públicos y confirmó que las recaudaciones fueron depositadas íntegramente en las cuentas correspondientes, así como remesadas y registradas en SIRAT. Además, informó que designó personal como recaudador sustituto, implantó el uso de recibos oficiales autorizados y comenzó procesos de capacitación al personal de finanzas.
Por su parte, el Negociado de la Policía indicó que muchos de los señalamientos ocurrieron bajo la estructura administrativa centralizada del DSP antes de la nueva reorganización legal y que las recomendaciones serán incorporadas al proceso de transición operacional dispuesto por la Ley 83-2025, que creó la nueva Policía de Puerto Rico con autonomía administrativa y fiscal.
El segundo hallazgo se relaciona con funciones conflictivas en el área de cuentas por cobrar. Al 30 de junio de 2025, el Negociado mantenía 985 casos de cuentas por cobrar ascendentes a $980,233. La auditoría determinó que una misma empleada realizaba funciones de preparar facturas, gestionar cobros y registrar facturas y pagos en el sistema, tareas que debieron estar segregadas entre distintos empleados como medida básica de control interno.
La OCPR advirtió que esta situación impide mantener controles adecuados sobre las cuentas por cobrar y aumenta el riesgo de errores o irregularidades que podrían no detectarse a tiempo. Se señaló además que, una situación similar había sido comentada previamente en el Informe de Auditoría DA-15-41.
El DSP respondió que la limitación de personal incidió en la adecuada segregación de funciones, pero informó que ya inició una evaluación integral de tareas, aprobó la creación de nuevos puestos y analiza incorporar herramientas tecnológicas para alertar casos sin gestión de cobro y fortalecer la supervisión.
Una de las recomendaciones de la Contralora, va dirigida al superintendente de la Policía de Puerto Rico, a quien le indica que, debe asegurarse de supervisar adecuadamente las operaciones relacionadas con las recaudaciones, asegurarse que quienes manejen valores cuenten con nombramientos válidos expedidos por el Departamento de Hacienda, que utilicen recibos oficiales preimpresos y autorizados, exija depósitos diarios, garantice la exactitud en SIRAT y segregue adecuadamente las funciones de facturación, cobro y registro de los pagos.
“Como he comentado desde el día uno, la rendición de cuentas no se limita a detectar fallas; también procura corregir procesos, fortalecer instituciones y proteger el interés público. Exhortamos a las agencias concernidas a implantar con prontitud cada recomendación emitida para asegurar operaciones más ágiles, confiables y transparentes”, concluyó la Contralora Vega Fournier.
Carta Circular OC-26-21, División de Investigaciones Especiales de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico
Informe de Auditoría OC-26-24, Departamento de Familia
Contralora publica auditoría al Departamento de la Familia con señalamientos sobre pagos pendientes, controles fiscales, cuentas por cobrar, propiedad y cumplimiento financiero federal
San Juan, Puerto Rico – (29 de abril de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, informó hoy la publicación del Informe de Auditoría OC-26-24, correspondiente al Departamento de la Familia, el cual cubre el período del 1 de julio de 2020 al 30 de noviembre de 2024.
El informe fue realizado en cumplimiento con las facultades constitucionales y legales de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) y contiene una opinión cualificada. Esto significa que, en términos generales, las operaciones examinadas se realizaron conforme a la ley y reglamentación aplicable, excepto por los hallazgos señalados del 1 al 9, que son los siguientes: pagos de evidencia médica y de gastos de viaje pendientes por procesar por $1,563,138, y falta de controles en las operaciones de la división de pagos; deficiencias relacionadas con los comprobantes del oficial pagador y sus justificantes; deficiencias en las conciliaciones bancarias; más de $27,000 en débitos no autorizados de la cuenta bancaria del Oficial Pagador Especial, y pérdidas por $3,164 no reclamadas contra la fianza global o a la aseguradora del departamento; cuentas por cobrar por $65,920 por pagos indebidos de salarios, y falta de gestiones de cobro; atrasos en la contratación de los servicios de los estados financieros, e incumplimientos del envío de los estados a la federal audit clearinghouse y de la certificación anual sobre la ley 273-2003; deficiencias con los inventarios y el control de la propiedad; ausencia de registros internos de contabilidad; e incumplimientos y tardanzas en el envío de los informes mensuales de nóminas y puestos.
“Esta auditoría reafirma el deber ministerial de nuestra Oficina de examinar con objetividad el uso de los recursos públicos, promover controles internos sólidos y fomentar una administración pública eficiente, transparente y responsable”, expresó la contralora Vega Fournier, quien mencionó que ya el Departamento de la Familia estableció un plan correctivo que la contraloría evaluará en 6 meses.
El examen identificó hallazgos significativos en áreas sensitivas relacionadas con pagos del Programa de Determinación de Incapacidad, conciliaciones bancarias, débitos no autorizados, cuentas por cobrar, contratación de auditorías externas, manejo de propiedad, contabilidad interna y cumplimiento con informes requeridos por ley.
Uno de los principales señalamientos establece que, al 30 de diciembre de 2024, existían pagos pendientes por procesar por $1,563,138 por conceptos de evidencia médica y gastos de viaje, correspondientes a varios años fiscales.
Asimismo, se identificaron deficiencias importantes en los controles internos de la División de Pagos, incluyendo ausencia de registros adecuados de cheques devueltos por correo, falta de segregación de funciones en la custodia de cheques en blanco, inexistencia de inventario perpetuo y más de 10,000 cheques obsoletos sin anular.
En otra área, la auditoría reveló tardanzas en la remisión de conciliaciones bancarias al Departamento de Hacienda, diferencias sin aclarar por $52,552 y la falta de devolución de $152,809 correspondientes a 7,222 cheques caducados por más de seis meses sin ser cobrados por beneficiarios.
De igual forma, se detectaron 59 débitos no autorizados por $27,696 en la cuenta bancaria del Oficial Pagador Especial, utilizados para pagos ajenos a la función pública, incluyendo tarjetas de crédito, seguros médicos, internet, telefonía y otros conceptos. El informe también señala pérdidas por $3,164 que no fueron reclamadas oportunamente contra la fianza global o la aseguradora correspondiente.
En materia de nómina, se determinaron cuentas por cobrar por $65,920 por pagos indebidos de salarios a empleados que cesaron funciones, estaban en licencia sin sueldo o no tenían balances disponibles de licencias acumuladas. El informe también señala deficiencias en las gestiones de cobro posteriores.
La auditoría también documentó atrasos sustanciales en la contratación de auditores externos para realizar los single audits requeridos por regulación federal, así como tardanzas de hasta 613 días en la remisión de informes financieros auditados al Federal Audit Clearinghouse, lo que puede exponer a la agencia a riesgos relacionados con fondos federales.
En el área administrativa, se señalaron deficiencias con inventarios y control de propiedad, ausencia de registros internos de contabilidad para ciertos programas y tardanzas en la entrega de informes mensuales de nómina, registro de puestos y certificaciones anuales requeridas por ley.
El informe recoge comentarios de la gerencia del Departamento, en los cuales se informa que ya se comenzaron a implementar acciones correctivas. Entre estas, se indicó que se tramitarían las peticiones de fondos pendientes para desembolsos de evidencia médica y gastos de viaje, se establecerían controles para la custodia de cheques, se anularían formularios obsoletos, se remitirían fondos de cheques caducados al Departamento de Hacienda y se reforzaría el cumplimiento con informes regulatorios.
Además, la secretaria informó que se remitirán los informes mensuales de nómina y puestos dentro del término requerido por ley, así como el Registro de Puestos y la Certificación Anual correspondiente.
Entre las recomendaciones principales emitidas por la OCPR se encuentran: establecer normas escritas de control interno; procesar puntualmente pagos pendientes; fortalecer conciliaciones bancarias; investigar irregularidades; reclamar pérdidas cuando corresponda; mejorar el manejo de cuentas por cobrar; cumplir con auditorías federales; actualizar registros contables; fortalecer el control de propiedad; y remitir oportunamente todos los informes requeridos.
“Las recomendaciones emitidas constituyen una hoja de ruta para fortalecer la gobernanza fiscal y administrativa del Departamento de la Familia. Nuestro llamado es a implantarlas con diligencia y sentido de urgencia, siempre en beneficio de las poblaciones más vulnerables que dependen de estos servicios”, concluyó la contralora Vega Fournier.
El informe completo está disponible en el portal oficial de la Oficina: ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-23, Departamento de la Vivienda
Contralora de Puerto Rico revela deficiencias en elegibilidad, ejecución de obras y controles del Programa R3 del Departamento de la Vivienda
San Juan, Puerto Rico — (29 de abril de 2026)- La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-23 del Departamento de la Vivienda, el cual cubre el período del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2023.
En el informe se emitió una opinión cualificada al determinarse que las operaciones del Departamento se realizaron, en todos los aspectos significativos, conforme a la ley y la reglamentación aplicable, excepto por los hallazgos del 1 al 3, relacionados con la administración del Programa de Asistencia en Reparación, Reconstrucción o Reubicación (Programa R3), financiado con fondos federales CDBG-DR.
La auditoría evaluó el proceso completo de otorgación de ayudas a los ciudadanos, desde la solicitud hasta la reparación, reconstrucción o reubicación de viviendas afectadas por los huracanes Irma y María, así como el cumplimiento con los requisitos establecidos en las guías del programa.
Entre los hallazgos más relevantes, se identificó un caso en el cual una propiedad fue reconstruida con fondos públicos por más de $250,000 y posteriormente fue objeto de ejecución de hipoteca por parte de una institución financiera. En este caso, el Programa R3 desembolsó $253,139 para la reconstrucción de la vivienda, la cual nunca fue habitada por el beneficiario, ya que el banco adquirió la propiedad mediante proceso de embargo antes de la finalización de los trabajos.
La auditoría determinó que esta situación tuvo entonces como efecto que fondos públicos beneficiaran intereses privados, debido a que las guías del programa no contemplaban la verificación del estatus de pagos hipotecarios como criterio de elegibilidad.
En sus comentarios, la gerencia del Departamento indicó que la deuda hipotecaria no constituye un criterio de inelegibilidad bajo las disposiciones del programa federal, y que la inclusión de dicho requisito requeriría una enmienda sustancial al Plan de Acción aprobado. Asimismo, informó que se iniciaron gestiones para la recaptura de los fondos desembolsados en este caso.
El segundo hallazgo reveló que el Programa R3 aprobó ayudas a solicitantes que no proveyeron la documentación requerida o que no cumplían con los criterios de elegibilidad establecidos. De una muestra de 868 casos evaluados, se identificaron múltiples deficiencias, incluyendo falta de evidencia de identidad, ausencia de documentación sobre ingresos, inconsistencias en la residencia declarada y aprobación de ayudas a participantes que excedían los límites de ingresos permitidos.
Entre los casos examinados, se determinó que se otorgó un vale de reubicación por $185,000 a un solicitante que no cumplía con los requisitos de ingresos, lo que evidencia fallas en los procesos de validación y supervisión.
La gerencia del Departamento reconoció que, aun con procesos de revisión establecidos, pueden ocurrir errores o presentarse información incorrecta o fraudulenta por parte de los solicitantes, y destacó que el programa cuenta con mecanismos para la recaptura de fondos en estos casos.
El tercer hallazgo está relacionado con deficiencias en la ejecución de trabajos de reparación en viviendas beneficiadas por el programa. La auditoría determinó que se realizaron pagos por trabajos no ejecutados, así como por trabajos realizados de forma deficiente. En una muestra de 324 residencias inspeccionadas, se identificaron incumplimientos en trabajos como instalación de techos, sistemas eléctricos y otros componentes estructurales.
Además, se documentaron deficiencias en la calidad de las obras, incluyendo filtraciones, problemas en sistemas de plomería, instalaciones defectuosas y condiciones que afectan la seguridad de los residentes. Estas situaciones evidencian que no se logró plenamente el objetivo del programa de proveer viviendas dignas a los beneficiarios, a pesar de los desembolsos realizados.
La auditoría atribuye estas deficiencias a la falta de supervisión efectiva por parte del Programa R3 sobre los gerentes de programas y de construcción, así como a la ausencia de controles adecuados para garantizar el cumplimiento de los contratos y órdenes de trabajo.
En sus comentarios, la gerencia indicó que ha implementado mecanismos dentro de sus políticas y procedimientos para fortalecer la supervisión de los procesos de elegibilidad y ejecución de obras, así como medidas de contingencia como garantías de construcción y recaptura de fondos cuando corresponda.
Como parte de los comentarios especiales, la auditoría incluyó los resultados de una encuesta de satisfacción a 834 participantes del programa, la cual reflejó un nivel general de satisfacción de 78%, aunque con resultados mixtos en aspectos como la comunicación del progreso de los trabajos y la interacción con los gerentes de construcción.
Asimismo, se documentaron deficiencias adicionales en viviendas reconstruidas, incluyendo problemas en ventanas, puertas, techos, sistemas eléctricos, plomería y otras áreas estructurales, lo que refuerza la necesidad de fortalecer los controles de calidad en los proyectos.
Como resultado de estos hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas al Departamento de la Vivienda, incluyendo el fortalecimiento de los controles internos en la evaluación de elegibilidad, la implementación de mecanismos efectivos de supervisión en la ejecución de obras, la validación rigurosa de la documentación presentada por los solicitantes y la recuperación de fondos en los casos en que corresponda.
“La administración de fondos públicos, particularmente aquellos dirigidos a atender necesidades críticas como la vivienda, exige el más alto nivel de diligencia, transparencia y cumplimiento. Los hallazgos de este informe evidencian áreas que deben ser atendidas con urgencia para garantizar que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes realmente los necesitan y que los resultados cumplan con los estándares de calidad y legalidad que exige el interés público”, expresó la Contralora.
El informe completo está disponible en la página oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-22 del Municipio de Hatillo
Contralora de Puerto Rico emite opinión favorable sobre operaciones del Municipio de Hatillo en auditoría de cumplimiento
San Juan, Puerto Rico – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-22 del Municipio de Hatillo, el cual cubre el período del 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2025.
El informe emitió una opinión favorable, al determinarse que las operaciones fiscales del Municipio objeto de auditoría se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable.
La auditoría, de alcance específico, tuvo como objetivo evaluar los procesos relacionados con la adquisición de baterías portátiles y cisternas, incluyendo la adjudicación de subastas, la formalización de contratos, la obligación de fondos, la compra y desembolso de los recursos, así como la entrega de estos equipos a los beneficiarios.
Como resultado del examen realizado, se determinó que estos procesos se llevaron a cabo conforme a la ley, la reglamentación aplicable y las resoluciones de la Legislatura Municipal que rigen este tipo de programas, incluyendo aquellos financiados con fondos de la American Rescue Plan Act (ARPA).
El informe también establece que el Municipio cuenta con una estructura organizacional definida, con funciones administrativas y operacionales claramente delineadas, y que sus estados financieros auditados reflejan superávits acumulados en el Fondo General durante los años fiscales evaluados.
En cuanto al control interno, la auditoría concluyó que la gerencia municipal es responsable de mantener una estructura adecuada que garantice la eficiencia y eficacia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables.
Asimismo, durante el proceso de auditoría, la Oficina de la Contralora sostuvo comunicación con la gerencia municipal, sin que se identificaran situaciones que ameritaran comentarios o señalamientos.
La Contralora destacó que este tipo de resultado refleja una administración alineada con las mejores prácticas de cumplimiento y control fiscal, y reiteró la importancia de mantener estos estándares en la gestión pública.
“La opinión favorable emitida en este informe demuestra que es posible administrar los recursos públicos con rigor, transparencia y cumplimiento estricto de la ley. Este resultado debe servir como referencia para fortalecer la confianza de la ciudadanía y como compromiso continuo con la sana administración pública”, expresó la Contralora.
El informe completo está disponible en la página oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-21, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
Contralora de Puerto Rico revela deficiencias significativas en permisos, fiscalización ingresos y control de propiedad en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
San Juan, Puerto Rico — La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-21 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el cual cubre el período del 1 de julio de 2020 al 31 de marzo de 2025.
El informe emitió una opinión cualificada, al determinar que, aunque las operaciones del Departamento se realizaron en términos generales conforme a la ley y reglamentación aplicable, se identificaron deficiencias relacionadas con el otorgamiento de permisos, la fiscalización, la generación de ingresos y el manejo de la propiedad pública.
Entre los principales hallazgos, la auditoría evidenció irregularidades en el proceso de evaluación y aprobación de autorizaciones, licencias y permisos especiales. Se determinó que solicitudes fueron aprobadas sin contar con la documentación requerida, incluyendo certificaciones contributivas, evidencia de seguros, evaluaciones ambientales y cumplimiento con recomendaciones técnicas.
Asimismo, se identificaron atrasos significativos en el trámite de solicitudes de autorización para el uso de la zona marítimo terrestre y aguas sumergidas; concesión para el aprovechamiento y uso de los bienes de dominio público marítimo terrestre, licencia de pescador comercial, permiso de construcción de pozo y franquicias para el aprovechamiento y uso de las aguas públicas de Puerto Rico, incluyendo casos que excedieron por hasta 138 días el término reglamentario de 30 días, lo que afectó la eficiencia en la prestación de servicios y pudo impactar negativamente los ingresos del Departamento y de los solicitantes.
La auditoría también reveló deficiencias en la determinación de cargos y en el cumplimiento de obligaciones por parte de concesionarios. A estos se les cobra un cargo fijo mensual por persona que participe de la actividad para la que se le otorgó el permiso o autorización. Entre las actividades están embarco y desembarco a la reserva natural de Isla de Mona, Isla Desecheo, Cayo Aurora; entre otros. En un caso, se estableció un cargo inferior al requerido por reglamento, lo que representó una ventaja económica indebida para el concesionario. Además, no se evidenció el seguimiento adecuado para la entrega de informes y pagos requeridos, ni la imposición de multas correspondientes por incumplimientos, lo que resultó en la pérdida de ingresos para el Departamento.
En cuanto a la fiscalización, se determinó que el Cuerpo de Vigilantes no contaba con evidencia de inspecciones o verificaciones realizadas a los concesionarios, lo que limita la capacidad del Departamento para garantizar el cumplimiento de las condiciones de los permisos y proteger adecuadamente los recursos naturales.
Otro hallazgo relevante se relaciona con el uso de terrenos sin permisos vigentes y deficiencias en el control de permisos especiales para instalaciones de telecomunicaciones en bosques estatales. Se identificó que la mayoría de los permisos evaluados estaban vencidos y, aun así, las operaciones continuaban. Además, se documentaron limitaciones de acceso del personal del Departamento a ciertas instalaciones, lo que dificulta la supervisión y fiscalización.
En el área de ingresos, la auditoría determinó que no se emitieron múltiples facturas relacionadas con cánones de arrendamiento de permisos especiales, y en algunos casos no fue posible determinar el importe dejado de facturar, lo que representa una deficiencia en la administración financiera del Departamento.
Por otro lado, el informe revela deficiencias en el manejo de la propiedad pública. No se ha realizado un inventario físico de la propiedad en más de 20 años, y durante varios periodos el Departamento no contó con un encargado de la propiedad debidamente nombrado, lo que debilita el control interno y aumenta el riesgo de pérdida o uso indebido de activos.
En sus comentarios, la gerencia del Departamento atribuyó varias de estas deficiencias a la falta de personal, la carga operacional y limitaciones presupuestarias. Indicaron que han iniciado medidas correctivas, incluyendo gestiones para reclutamiento de personal, acuerdos interagenciales para agilizar procesos, revisión de procedimientos de facturación y la contratación de consultores para realizar inventarios de propiedad.
Además, se informó sobre iniciativas para fortalecer el Cuerpo de Vigilantes, incluyendo la celebración de una academia para reclutar nuevos miembros, con el objetivo de mejorar la fiscalización de los recursos naturales.
Como resultado de estos hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas al Secretario del DRNA, incluyendo asegurar el cumplimiento estricto de los requisitos legales en la evaluación de permisos, reducir atrasos en los procesos administrativos, fortalecer la fiscalización mediante inspecciones periódicas, mejorar los mecanismos de facturación y cobro, mantener registros actualizados de permisos y garantizar la realización de inventarios anuales de la propiedad pública.
“La protección de nuestros recursos naturales requiere una administración rigurosa, transparente y en cumplimiento con la ley para salvaguardar el patrimonio ambiental de Puerto Rico y garantizar el uso responsable de los recursos públicos”, expresó la Contralora.
El informe completo está disponible en la página oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-20 del Municipio de Barranquitas
Contralora de Puerto Rico revela pagos indebidos, deficiencias administrativas y riesgos fiscales en auditoría al Municipio de Barranquitas
San Juan, Puerto Rico — (21 de abril de 2026) La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-20 del Municipio de Barranquitas, el cual cubre el período del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2024.
El informe contiene una opinión cualificada al determinarse que, aunque las operaciones del Municipio se realizaron en términos generales conforme a la ley y la reglamentación aplicable, se identificaron hallazgos que evidencian deficiencias en el manejo de fondos públicos, cumplimiento legal y controles internos.
Entre los señalamientos más relevantes, la auditoría identificó pagos de salarios por $84,268 a una pensionada del Sistema de Retiro para Maestros en contravención con la Ley del Sistema de Retiro para Maestros de 2013. La funcionaria fue nombrada en un puesto de confianza mientras continuaba recibiendo su pensión, en violación a las disposiciones legales que requieren la suspensión de dicho beneficio al ocupar un empleo remunerado en el gobierno.
La gerencia municipal sostuvo que el nombramiento se realizó conforme a una interpretación de la Ley Núm. 40 de 1959, que permite el empleo parcial de pensionados sin menoscabo de su pensión. No obstante, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) determinó que prevalece el hallazgo, al concluir que la legislación aplicable en este caso es la Ley del Sistema de Retiro para Maestros de 2013, la cual establece una prohibición específica.
Asimismo, se identificaron pagos indebidos por $13,500 por servicios artísticos que no fueron prestados. Aunque el Municipio argumentó que el artista incurrió en gastos y que la actividad fue interrumpida por un apagón, la auditoría determinó que el pago no procedía conforme a los términos contractuales. Posteriormente, el dinero fue recuperado mediante un acuerdo extrajudicial alcanzado en agosto de 2025.
En el área de infraestructura, la auditoría reveló deficiencias en la ejecución de proyectos de construcción. Se determinó que el Municipio inició trabajos sin contar con los permisos requeridos en al menos cuatro proyectos, obteniendo los mismos con retrasos de hasta 707 días. Además, se formalizaron contratos sin que los contratistas presentaran oportunamente fianzas, pólizas del Fondo del Seguro del Estado y seguros de responsabilidad pública, lo que expone al Municipio a riesgos legales, financieros y administrativos.
También se identificaron deficiencias en el manejo presupuestario, al no obligarse créditos presupuestarios en contratos y enmiendas por $5,947,287 al momento de su otorgamiento, registrándose dichas obligaciones con retrasos de hasta 541 días. Esta práctica debilita el control fiscal y aumenta el riesgo de sobregiros y litigios innecesarios.
En cuanto a la administración de ingresos, la auditoría evidenció la ausencia de análisis en cuentas por cobrar que superan los $1.6 millones, de las cuales más de $1.2 millones tienen más de cinco años de antigüedad. Además, se detectaron deficiencias en las gestiones de cobro, incluyendo falta de evidencia de seguimiento a deudores, incumplimiento en la verificación de patentes municipales y ausencia de declaraciones de volumen de negocios en varios casos.
La gerencia municipal indicó que ha iniciado procesos para analizar las cuentas incobrables, fortalecer las gestiones de cobro y mejorar la supervisión de los contribuyentes. Asimismo, señaló que se impartieron instrucciones para asegurar el cumplimiento con los permisos de construcción y la documentación requerida en los contratos.
Por último, una evaluación de contratos de arrendamiento de locales entre 2021 y 2023 por $123,000 reveló que el Municipio no obtuvo estudios de renta ni certificaciones registrales en cuatro contratos, y omitió la certificación de deuda del Departamento de Hacienda en dos casos. Esto impide determinar si los cánones de arrendamiento eran razonables y validar el derecho legal de los arrendadores sobre los inmuebles, lo que expone al Municipio a posibles reclamaciones de terceros y a riesgos relacionados con cargas o gravámenes. Además, pudo haber contratado con arrendadores con deudas contributivas.
Como resultado de estos hallazgos, la OCPR emitió recomendaciones dirigidas al alcalde y a las unidades administrativas del Municipio, incluyendo el fortalecimiento de los controles internos, la recuperación de fondos pagados indebidamente, la correcta aplicación de las disposiciones legales en materia de recursos humanos, la obtención previa de permisos y garantías en proyectos de construcción, y el establecimiento de mecanismos efectivos para la administración y cobro de ingresos.
“La gestión pública exige cumplimiento estricto con la ley, controles internos robustos y una administración responsable de los recursos del pueblo”, expresó la Contralora. El informe completo está disponible en la página oficial de la OCPR www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-19, Municipio de San Juan Corporación para el Desarrollo Empresarial y Cultural de la Isleta de San Juan
Contralora de Puerto Rico revela deficiencias en controles administrativos y cumplimiento legal en auditoría a CODEVISA
San Juan, Puerto Rico, (20 de abril de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, informó los resultados del Informe de Auditoría OC-26-19, correspondiente a la Corporación para el Desarrollo Empresarial y Cultural de la Isleta de San Juan (CODEVISA), el cual cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2024.
El informe contiene una opinión cualificada, al determinarse que, aunque las operaciones examinadas se realizaron en todos los aspectos significativos conforme a la ley y la reglamentación aplicable, se identificaron hallazgos relevantes relacionados con compras, contratación de auditorías externas y cumplimiento con requerimientos de informes y certificaciones.
La Contralora explicó que la auditoría evaluó el uso de fondos públicos, incluyendo subvenciones federales, asignaciones legislativas y aportaciones municipales, así como la efectividad de los controles internos y el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables a una corporación especial municipal. Indicó que los resultados evidencian deficiencias en áreas claves de administración, documentación y supervisión que requieren acciones correctivas.
En cuanto al primer hallazgo, la auditoría identificó deficiencias en los procesos de compras realizadas con una asignación legislativa de $50,000 otorgada en diciembre de 2022 para el desarrollo de un centro comunitario en la Isleta de San Juan. Se determinó que, de siete pagos realizados por un total de $33,812 entre mayo y junio de 2023, se efectuaron seis pagos por $30,378 sin obtener las dos cotizaciones requeridas para todos los artículos adquiridos. Además, en tres pagos por $14,174 no se suministraron las facturas correspondientes, encontrándose únicamente cotizaciones en los expedientes. Estas deficiencias limitaron la libre competencia entre proveedores y afectaron la integridad de la documentación requerida para fines de fiscalización y rendición de cuentas.
El informe atribuye estas deficiencias a la falta de personal, incluyendo la vacante del puesto de oficial de compras durante el periodo auditado, y a desviaciones de las disposiciones reglamentarias por parte de la gerencia ejecutiva. En sus comentarios, el Municipio de San Juan sostuvo que no forma parte de la gerencia de CODEVISA ni tiene control sobre el uso de los fondos legislativos. Por su parte, el vicepresidente de la Junta y el director ejecutivo indicaron que se documentaron las gestiones y que las facturas estaban disponibles. No obstante, la Oficina de la Contralora concluyó que el hallazgo prevalece, al evidenciarse la ausencia de cotizaciones requeridas y documentación completa en los expedientes.
En el segundo hallazgo, se determinó que CODEVISA incumplió con los términos establecidos para la contratación de auditorías externas de sus estados financieros para los años fiscales 2022-23 y 2023-24. Al 30 de junio de 2024, existían atrasos de hasta 456 días en la contratación de estos servicios, lo que provocó que la entidad no contara con información financiera oportuna y actualizada para la toma de decisiones y pudiera afectar la asignación de fondos públicos.
Entre las causas de esta situación se encuentran cambios en la Junta de Directores, dificultades para obtener propuestas de auditores externos y el incumplimiento de las disposiciones reglamentarias aplicables. El Municipio reiteró que no tiene control sobre los procesos internos de la corporación, mientras que la gerencia de CODEVISA reconoció el atraso e indicó que ya se han completado algunos estados financieros y se ha contratado servicios de auditoría para años posteriores. Sin embargo, la Oficina de la Contralora determinó que el hallazgo prevalece.
El tercer hallazgo refleja incumplimientos significativos con la Ley de Auditoría a Entidades Gubernamentales de 2003 y otras disposiciones relacionadas con la rendición de informes. La auditoría determinó que CODEVISA no remitió las certificaciones anuales requeridas a la Oficina del Contralor para los años fiscales del 2015-16 al 2023-24. Asimismo, no se enviaron 15 informes mensuales de nómina y puestos correspondientes al periodo de febrero de 2023 a abril de 2024, con atrasos de hasta 458 días,
y se remitieron 67 informes con tardanzas que fluctuaron entre 5 y 467 días.
Estas deficiencias limitaron la disponibilidad de información actualizada para la ciudadanía, el Gobierno y los procesos de fiscalización.
En sus comentarios, la gerencia de CODEVISA argumentó que, como corporación sin fines de lucro independiente, no le aplicaban ciertos requisitos de informes. No obstante, la Oficina de la Contralora determinó que el hallazgo prevalece, al establecer que toda entidad que recibe fondos públicos en exceso de $200,000 está obligada a cumplir con dichos requerimientos legales, independientemente de su naturaleza jurídica.
Entre las principales recomendaciones se incluyen asegurar el cumplimiento del plan de acción correctiva, fortalecer los procesos de compras mediante la obtención de cotizaciones requeridas, mantener expedientes completos con la documentación fiscal correspondiente, cumplir con la contratación oportuna de auditorías externas y designar un oficial de enlace responsable de someter las certificaciones e informes requeridos por ley en los términos establecidos.
Es indispensable que todas las entidades que manejan recursos públicos cumplan cabalmente con sus responsabilidades legales y administrativas, sin excepción”, concluyó la Contralora.
El informe completo está disponible en la página oficial de la OCPR www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-18, Municipio de Sabana Grande
Contralora de Puerto Rico revela deficiencias significativas en auditoría al Municipio de Sabana Grande que afectan la gestión fiscal, administrativa y de control interno
San Juan, Puerto Rico, (17 de abril de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA, dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-18 correspondiente al Municipio de Sabana Grande, el cual cubre el periodo del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2024. El informe contiene una opinión cualificada, al identificarse múltiples hallazgos que reflejan incumplimientos con disposiciones legales y deficiencias en los controles internos.
La Contralora indicó que, aunque las operaciones del Municipio se realizaron en términos generales conforme a la ley y la reglamentación aplicable, las desviaciones señaladas en los hallazgos afectan áreas críticas como la contratación, el manejo de fondos públicos, la administración de ingresos, el control de la propiedad y los procesos de recursos humanos.
La auditoría reveló pagos indebidos por miles de dólares por trabajos no realizados y otros sin cotizaciones; más de $15,000 sin cobrar y deficiencias en los pagos de contratos contingentes relacionados con la facturación a planes médicos por servicios de ambulancia; créditos presupuestarios no obligados al momento de otorgarse los contratos; pérdida de propiedad notificadas con tardanza; y documentos incompletos en los expedientes de personal.
En el primer hallazgo, la auditoría reveló pagos indebidos por $13,861 por trabajos no realizados en un proyecto de mejoras a un parque recreativo. El examen evidenció que se pagaron partidas correspondientes a la construcción de una base de verja y la instalación de un poste de luz que no fueron ejecutadas, según corroborado mediante inspecciones y declaraciones del contratista. Además, se identificaron deficiencias en los procesos de cotización, incluyendo la ausencia del mínimo requerido de propuestas y la falta de documentación esencial como firmas, nombres y títulos de los funcionarios que participaron en el proceso. Estas deficiencias limitaron la competencia y restaron confiabilidad al proceso de adjudicación.
En sus comentarios, la gerencia municipal indicó que las situaciones corresponden a la administración anterior y que la administración actual ha iniciado procesos de recobro contra el contratista, así como medidas correctivas para garantizar el cumplimiento con los procedimientos establecidos.
No obstante, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) determinó que el hallazgo prevalece.
El segundo hallazgo señala deficiencias en la administración de contratos contingentes relacionados con la facturación a planes médicos por servicios de ambulancia. La auditoría identificó $15,168 en ingresos no cobrados correspondientes a cheques emitidos por aseguradoras, así como pagos indebidos por $416 por facturas duplicadas. Además, se determinó que el Municipio no retuvo $5,297 en contribuciones sobre ingresos, ni registró adecuadamente los contratos en la Oficina del Contralor, al asignarles un valor nominal de $1 en lugar de una cuantía estimada razonable.
La gerencia expresó estar de acuerdo con algunos de los señalamientos e indicó que ha iniciado gestiones de cobro para recuperar los fondos no recibidos y corregir los procesos. Sin embargo, expresó desacuerdo en cuanto a la naturaleza de los contratos contingentes. La Contraloría concluyó que el hallazgo prevalece, al incumplirse disposiciones específicas sobre el registro y control de contratos.
En el tercer hallazgo, se identificaron deficiencias en la obligación de créditos presupuestarios, incluyendo tardanzas de hasta 110 días en registrar obligaciones relacionadas con contratos, y retrasos de hasta 428 días en la obligación de fondos en contratos contingentes. Estas prácticas debilitan el control fiscal y aumentan el riesgo de sobregiros y litigios innecesarios.
La administración municipal indicó que ha corregido estas prácticas y que actualmente se asegura la certificación de fondos antes de formalizar contratos. No obstante, la auditoría concluyó que las deficiencias existieron durante el periodo evaluado.
El cuarto hallazgo revela deficiencias en el manejo de pérdidas de propiedad municipal. Se identificaron 38 unidades de propiedad perdidas en 33 incidentes, con un valor estimado de $738,352. De estas, 13 pérdidas fueron notificadas a la Oficina del Contralor con tardanzas que oscilaron entre 4 y 998 días, en incumplimiento con los términos establecidos por ley.
La gerencia indicó que ha impartido instrucciones para mejorar la notificación oportuna de incidentes y fortalecer los controles. Sin embargo, la Contraloría señaló que la tardanza en estos procesos limita la capacidad de investigar los hechos y fijar responsabilidades.
El quinto hallazgo se relaciona con deficiencias en los expedientes de personal. La auditoría determinó que múltiples documentos carecían de firmas, fechas y otra información esencial, lo que debilita los controles sobre pagos de nómina y propicia la comisión de irregularidades. La administración indicó que esta situación fue corregida y que se han impartido instrucciones al personal correspondiente.
El informe también incluye un comentario especial sobre demandas civiles pendientes de resolución, tanto en contra como a favor del Municipio, lo que representa posibles riesgos fiscales futuros.
Como resultado de estos hallazgos, la OCPR emitió recomendaciones dirigidas al secretario de Hacienda, al presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al alcalde del Municipio. Entre las medidas recomendadas se destacan el recobro de fondos pagados indebidamente, el fortalecimiento de los procesos de cotización, la supervisión efectiva de los contratos, la retención correcta de contribuciones, la obligación oportuna de fondos, la mejora en los controles de propiedad y la correcta documentación de los expedientes de personal.
La Contralora reiteró que la sana administración pública exige controles efectivos, cumplimiento estricto de la ley y supervisión continua en todas las áreas operacionales. El informe completo está disponible en la página oficial de la OCPR www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-17, Autoridad para las Alianzas Público – Privadas de Puerto Rico Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3) – Sistemas de Información Computadorizados
Contralora de Puerto Rico revela deficiencias en el manejo y seguimiento de adelantos de capital en la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y COR3
San Juan, Puerto Rico, (17 de abril de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, dio a conocer hoy los resultados del Informe de Auditoría OC-26-17 sobre los sistemas de información computadorizados de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3, por sus siglas en inglés), una división de la Autoridad para las Alianzas Público – Privadas de Puerto Rico, el cual cubre el período del 10 de diciembre de 2020 al 12 de febrero de 2025.
El informe emitió una opinión cualificada, al determinarse que, aunque las operaciones se realizaron en todos los aspectos significativos conforme a la ley y reglamentación aplicables, se identificaron deficiencias en los procesos de seguimiento a subrecipientes que recibieron adelantos de capital bajo programas financiados por FEMA.
La auditoría identificó deficiencias en el proceso de monitoreo de los adelantos de capital otorgados mediante el programa piloto Request for Working Capital Advance (RFCA), implementado por la COR3 para facilitar liquidez a entidades subrecipientes en proyectos de recuperación. Estos adelantos, que pueden alcanzar hasta un máximo de 75 % del costo estimado de los proyectos, están sujetos a estrictos requisitos de seguimiento y justificación de gastos.
El examen reveló que, al 11 de septiembre de 2024, existían 974 proyectos referidos a la División de Cumplimiento, de los cuales para 504, no habían presentado solicitudes de reembolso, a pesar de haber recibido adelantos de capital por $747,673,335 entre junio de 2022 y septiembre de 2024.
Además, en una muestra de 30 proyectos evaluados, se determinó que, en 28 de estos, la División de Cumplimiento no realizó el seguimiento dentro de los términos establecidos. En 27 de estos casos no se enviaron las notificaciones iniciales de incumplimiento dentro del plazo requerido, registrándose retrasos de entre 7 y 401 días, aun cuando se habían desembolsado $8,871,876 en adelantos.
De igual forma, se identificó un caso en el cual, transcurridos 133 días desde el vencimiento del término requerido, no se envió notificación de incumplimiento a un subrecipiente que no envió la solicitud de rembolso y había recibido $857,838 en adelantos.
La Contraloría señaló que estas deficiencias afectaron entonces la capacidad de la COR3 mantener un control efectivo sobre los proyectos financiados con fondos federales y pueden impedir el cumplimiento de los objetivos de recuperación y reconstrucción para los cuales fueron asignados los recursos. Asimismo, destacó que la falta de seguimiento oportuno limitó la capacidad del Gobierno para garantizar el uso adecuado de fondos públicos.
En sus comentarios, la gerencia de la COR3 indicó que las situaciones se relacionan con la implementación de un programa piloto en desarrollo, así como con la falta de conocimiento por parte de algunos subrecipientes en el manejo de fondos federales. Además, señaló que se realizaron ajustes a los procedimientos para fortalecer los controles y mejorar el monitoreo del programa.
La gerencia también expresó desacuerdo con las conclusiones del informe, al sostener que la entidad ha mantenido controles internos efectivos y ha trabajado de manera continua para asegurar el cumplimiento con los requisitos federales, aun en el contexto de los retos asociados al proceso de recuperación tras los desastres naturales.
No obstante, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) determinó que el hallazgo prevalece, al no evidenciarse el cumplimiento con los términos establecidos en la reglamentación aplicable ni la documentación necesaria para justificar excepciones en los procesos de seguimiento.
Como resultado de estos hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas a la Junta de Directores de la Autoridad, al director ejecutivo de la Autoridad y al director ejecutivo de la COR3. Entre estas se incluyen la orientación a los subrecipientes sobre el manejo de fondos federales, el fortalecimiento de los procesos de seguimiento y cumplimiento, y la obligación de mantener documentación escrita que respalde cualquier excepción autorizada por FEMA o por la gerencia.
“Las deficiencias señaladas en este informe evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y control para asegurar que los recursos asignados cumplan con su propósito de reconstrucción y mitigación. La transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento estricto de la normativa son esenciales para proteger los fondos públicos y garantizar resultados efectivos para nuestro pueblo”, expresó la Contralora.
El informe completo está disponible en la página oficial de la OCPR www.ocpr.gov.pr.
Carta Circular OC-26-20, Certificación Anual sobre el cumplimiento con el Registro Electrónico Público de los Informes Requeridos a las Agencias del Gobierno de Puerto Rico
Invitación a Subasta OC-26-02 Servicios de Seguridad y Vigilancia
Informe de Auditoría OC-26-16. Compañía de Turismo de Puerto Rico
Contralora de Puerto Rico revela deficiencias significativas en la Compañía de Turismo que afectan la fiscalización del turismo náutico
San Juan, Puerto Rico, (14 de abril de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, dio a conocer hoy los resultados del Informe de Auditoría OC-26-16 de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, correspondiente al periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de marzo de 2025. El informe emitió una opinión cualificada al identificar deficiencias en los controles internos, la reglamentación y los procesos de certificación y fiscalización de las empresas de turismo náutico.
La Contralora señaló que, si bien las operaciones de la entidad se realizaron conforme a la ley en términos generales, los hallazgos identificados evidencian debilidades estructurales que comprometen la integridad del sistema de certificación, la seguridad de los usuarios y la equidad en la industria turística.
El informe revela, como hallazgo principal, que la Compañía permitió la operación de empresas de turismo náutico sin cumplir con los requisitos establecidos por ley y reglamentación. La auditoría determinó que varias empresas operaban con certificaciones vencidas, algunas por periodos que se extendían desde junio hasta diciembre de 2024, sin que la agencia tomara acción correctiva o impusiera penalidades. Asimismo, se identificó que se aprobaron certificaciones condicionadas no permitidas por la reglamentación vigente, incluyendo casos en los que las empresas no contaban con autorizaciones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, ni con inspecciones requeridas.
Adicionalmente, la auditoría evidenció deficiencias en la documentación y fiscalización, ya que en varios expedientes no se encontraron informes de inspección, y en otros casos se certificaron embarcaciones y equipos acuáticos sin la debida autorización regulatoria. También se detectó que la Compañía mantuvo certificaciones vigentes a empresas cuyos seguros, relevos de responsabilidad y permisos del DRNA estaban vencidos, en algunos casos por más de 600 días. Estas situaciones crean un ambiente de competencia desleal, exponen a los turistas a riesgos innecesarios y podrían implicar responsabilidad legal para la agencia.
La Contralora indicó que estas deficiencias responden, en gran medida, a la falta de personal adecuado para fiscalizar las operaciones, así como a la ausencia de supervisión efectiva por parte de los directores ejecutivos y del personal encargado. Como parte de este hallazgo, se refirió la conducta de un funcionario a la Oficina de Ética Gubernamental para evaluación correspondiente.
En un segundo hallazgo, el informe establece que la Compañía no había actualizado su reglamentación principal, el Reglamento 8855 de 2016 a pesar de haber transcurrido más de ocho años desde su aprobación. La auditoría determinó que dicho reglamento carece de disposiciones esenciales para la operación de empresas de turismo náutico, incluyendo requisitos sobre inspecciones periódicas, seguimiento a las empresas para mantener vigentes los documentos vencidos, criterios para otorgar endosos promocionales y controles sobre los sellos de certificación. Esta omisión limita la capacidad operativa de la agencia y propicia la emisión de certificaciones a entidades que no cumplen con los requisitos establecidos.
El tercer hallazgo señala deficiencias significativas en los controles internos, particularmente por la concentración de funciones incompatibles en el director de la Oficina de Servicios y Fiscalización Turística. Según el informe, este funcionario evaluaba solicitudes, realizaba inspecciones, determinaba cumplimiento, aprobaba certificaciones y controlaba la asignación de sellos, lo que compromete la objetividad del proceso y aumenta el riesgo de irregularidades. Asimismo, se identificó que los sellos de inspección no contaban con controles adecuados, ya que no se mantenían bajo custodia segura ni existía un registro formal de los mismos, lo que propicia su pérdida o uso no autorizado.
En cuanto a los comentarios de la gerencia, la directora ejecutiva de la Compañía informó que tomaría acciones para atender las recomendaciones emitidas en el informe, incluyendo medidas dirigidas a fortalecer la fiscalización, actualizar la reglamentación y mejorar los controles internos. No obstante, el exdirector ejecutivo no remitió comentarios sobre los hallazgos señalados.
Como resultado de estos hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas a la Junta de Directores, a la directora ejecutiva y al personal operacional. Entre estas se destacan la necesidad de revisar y actualizar el Reglamento 8855 de 2016 para atemperarlo con la legislación vigente, asignar el personal necesario para la fiscalización efectiva, segregar funciones incompatibles dentro de la estructura organizacional, asegurar el cumplimiento de los requisitos para la certificación de empresas de turismo náutico, y establecer controles adecuados para la custodia y uso de los sellos de inspección.
La Contralora reiteró que la industria turística representa un componente estratégico para el desarrollo económico de Puerto Rico, por lo que es indispensable que las entidades responsables de su regulación operen con rigor, transparencia y estricto cumplimiento de la ley. Añadió que este informe constituye una hoja de ruta clara para fortalecer los controles, proteger a los consumidores y garantizar una competencia justa dentro del sector.
El informe completo está disponible en la página oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-15 del Municipio de Las Marías
Contralora de Puerto Rico revela deficiencias significativas en el Municipio de Las Marías tras auditoría de cumplimiento
San Juan, Puerto Rico — La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA, dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-15 correspondiente al Municipio de Las Marías, el cual cubre el periodo del 1 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2025, y en el que se identifican deficiencias relevantes en los controles internos, el manejo de la propiedad municipal y la administración financiera.
La Contralora expresó que “la función fiscalizadora del Estado requiere no solo cumplimiento técnico, sino una cultura administrativa sólida que garantice la protección de los recursos públicos, y señaló que el informe evidencia áreas críticas que deben ser atendidas con urgencia para fortalecer la rendición de cuentas”.
Vega Fournier, explicó que “La auditoría emitió una opinión cualificada, lo que significa que, aunque las operaciones del Municipio se realizaron conforme a la ley y la reglamentación aplicable en términos generales, se identificaron desviaciones significativas en tres áreas principales que afectan la integridad administrativa y financiera del gobierno municipal”.
En cuanto al manejo de la propiedad municipal, el informe revela deficiencias sustanciales en los controles internos. Entre estas, se identificó que no se realizaron inventarios físicos anuales durante varios años fiscales, incumpliendo las disposiciones reglamentarias. Además, no se localizaron varias unidades de propiedad adquiridas, incluyendo equipos electrónicos y herramientas, no se emitieron recibos de propiedad en uso a empleados custodios y múltiples activos no estaban debidamente identificados o marcados. Asimismo, se detectaron deficiencias en el registro de activos en el sistema SIMA, incluyendo unidades no registradas, datos incompletos y discrepancias en la información, lo que debilita significativamente la capacidad del Municipio para salvaguardar sus bienes y propicia riesgos de pérdida, uso indebido y falta de transparencia.
De igual forma, se determinó que el Municipio no notificó a la Oficina del Contralor 39 accidentes relacionados con vehículos municipales, ni realizó investigaciones administrativas sobre dichos incidentes. Esta omisión limita la capacidad de establecer responsabilidades y afecta negativamente la cultura de control interno y la confianza pública en la gestión gubernamental.
En el área de propiedad inmueble, la auditoría identificó que no todas las propiedades estaban registradas en el sistema oficial y que los expedientes carecían de documentación esencial, como certificaciones del Registro de la Propiedad, estudios de título y validaciones contributivas. Estas deficiencias afectan la confiabilidad de los estados financieros y la toma de decisiones administrativas informadas.
En relación con la confiabilidad de la información, el informe concluye que el módulo de Activos Fijos del sistema SIMA no contiene datos confiables, debido a la existencia de miles de campos incompletos, registros duplicados, inclusión de activos que no cualifican como propiedad municipal y discrepancias en las secuencias de registro. Estas deficiencias comprometen la integridad de la información financiera y limitan la capacidad del Municipio para administrar adecuadamente sus recursos.
En el área financiera, la auditoría reveló deficiencias significativas en las conciliaciones bancarias, incluyendo atrasos de hasta 52 meses en su preparación, diferencias entre los balances bancarios y los registros contables, cheques sin cancelar por largos periodos y transacciones registradas incorrectamente entre cuentas. Estas situaciones afectan la confiabilidad de la información financiera y limitan la capacidad del Municipio para tomar decisiones fiscales responsables y oportunas.
El Municipio de Las Marías indicó, mediante sus comentarios oficiales, que ha iniciado acciones correctivas, incluyendo la realización de inventarios físicos en un término de
90 días, la identificación y registro de propiedades, la emisión de recibos de propiedad en uso, la implementación de informes mensuales sobre pérdidas, el registro de activos en el sistema SIMA y el inicio de procesos para completar expedientes de propiedades inmuebles. También informó que algunas cuentas bancarias han sido conciliadas y que se encuentra en proceso de cancelar cheques pendientes y corregir registros contables.
No obstante, la Oficina de la Contralora determinó que los hallazgos prevalecen, ya que no se presentó evidencia suficiente que sustente la corrección total de las deficiencias señaladas y persisten inconsistencias en los registros, así como incumplimientos en los controles administrativos requeridos.
El informe atribuye estas deficiencias principalmente a la falta de supervisión por parte de los directores de Finanzas y Presupuesto, al incumplimiento de procedimientos establecidos, a deficiencias en la comunicación interna sobre la adquisición y transferencia de activos, y a la ausencia de controles administrativos efectivos.
Como resultado de los hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió múltiples recomendaciones dirigidas al alcalde, a la gerencia municipal y su Oficina de Gerencia y Presupuesto. “Entre las recomendaciones, se incluyen la realización de inventarios físicos anuales, la localización o investigación de bienes no encontrados, la emisión de recibos de propiedad en uso, el fortalecimiento del registro de activos en el sistema SIMA, la notificación oportuna de pérdidas o irregularidades, la realización de investigaciones administrativas, la preparación mensual de conciliaciones bancarias, la corrección de discrepancias contables, la cancelación de cheques pendientes, el reembolso de fondos utilizados incorrectamente y el mantenimiento de expedientes completos de propiedad inmueble”.
La Contralora reiteró que la transparencia, la disciplina fiscal y la integridad administrativa son pilares fundamentales del servicio público, y que cada señalamiento representa una oportunidad de mejora, pero también una responsabilidad indelegable de los funcionarios encargados de la administración de fondos públicos. Añadió que este informe establece una hoja de ruta clara para fortalecer la gobernanza municipal y garantizar el uso responsable, eficiente y ético de los recursos en beneficio del pueblo de Puerto Rico.
El informe completo está disponible en el portal oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico www.ocpr.gov.pr.
###
Informe de Auditoría OC-26-14 del Municipio de Las Piedras
Contralora de Puerto Rico revela hallazgos significativos en auditoría del Municipio de Las Piedras y emite recomendaciones para fortalecer la gestión fiscal y administrativa
San Juan, Puerto Rico — La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA, dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-14 correspondiente al Municipio de Las Piedras, el cual cubre el periodo del 1 de febrero de 2019 al 31 de diciembre de 2022. El informe identifica múltiples deficiencias en los procesos de compras, contratación, administración de obras, control fiscal y gobernanza municipal, lo que dio lugar a una opinión cualificada.
La Contralora expresó que, “aunque las operaciones del Municipio se realizaron conforme a la ley en términos generales, los hallazgos identificados evidencian desviaciones significativas que requieren atención inmediata para garantizar el uso eficiente, transparente y legal de los recursos públicos. Señaló además que la fiscalización no solo busca identificar incumplimientos, sino promover mejoras estructurales en la administración pública municipal”.
Vega Fournier, detalló que entre los principales hallazgos, “se identificó que el Municipio adquirió seis vehículos por $255,404 mediante un proceso de cotizaciones dirigido a concesionarios de una sola marca, lo que restringió la libre competencia y limitó la posibilidad de obtener mejores alternativas en el mercado. La auditoría determinó que se incluyeron especificaciones que favorecían una marca en particular, contrario a la normativa estatal y federal aplicable. La gerencia municipal indicó que esta decisión respondió a la uniformidad de la flota y a la experiencia previa con dichos suplidores, así como a las condiciones de emergencia durante la pandemia del COVID-19. No obstante, la Oficina de la Contralora concluyó que el hallazgo prevalece, ya que dichas circunstancias no justifican la limitación de la competencia abierta”.
“Asimismo, según el informe, los auditores determinaron que el Municipio formalizó contratos por $640,033 para proyectos de construcción sin haber obtenido previamente los permisos requeridos por la Oficina de Gerencia de Permisos. Aunque los trabajos fueron completados y aceptados, los permisos fueron obtenidos luego de iniciadas las obras, lo que impidió la supervisión regulatoria oportuna y expuso al Municipio a posibles sanciones. La administración municipal alegó que utilizó el método de diseño y construcción, delegando la responsabilidad en el contratista; sin embargo, la Contralora reiteró que la responsabilidad última recae en el Municipio como dueño de los proyectos, por lo que el hallazgo prevalece”.
En el área de gobernanza, la auditoría reveló tardanzas significativas en la remisión de nombramientos de los miembros de la Junta de Subastas para su confirmación por la Legislatura Municipal. En algunos casos, estos nombramientos se remitieron hasta 969 días después del inicio del nuevo cuatrienio, a pesar de que la Junta continuó tomando decisiones durante ese periodo. La gerencia municipal sostuvo que los miembros podían continuar en funciones conforme al Código Municipal; no obstante, la Contralora determinó que el incumplimiento en el proceso de confirmación podría poner en cuestionamiento la validez de las decisiones tomadas.
En el ámbito fiscal, se identificó que no se obligaron créditos presupuestarios al momento de otorgarse contratos por $640,033, registrándose tardanzas de hasta 473 días en el registro de dichas obligaciones. Esta situación debilita el control presupuestario y puede propiciar sobregiros y riesgos legales. La gerencia atribuyó esta situación a las condiciones operacionales durante la pandemia, pero la auditoría determinó que varios contratos fueron otorgados antes de dicha emergencia, por lo que el hallazgo prevalece.
Además, se señaló que el Municipio realizó un pago de $21,980 por servicios de reparación eléctrica sin formalizar un contrato escrito, limitándose a una orden de compra. Esta práctica dejó desprovisto al Municipio de garantías legales adecuadas y dificultó la verificación de la corrección del desembolso. Aunque la administración argumentó que la orden de compra era suficiente en el contexto de emergencia, la Contralora enfatizó que dicho mecanismo no sustituye la obligación legal de formalizar contratos.
De igual forma, se determinó que el Municipio otorgó contratos y enmiendas por más de $8.5 millones para la administración del Centro de Diagnóstico y Tratamiento sin remitirlos a la Legislatura Municipal para su evaluación y aprobación, limitando la función fiscalizadora de dicho cuerpo. La gerencia sostuvo que se trataba de servicios profesionales; sin embargo, la Oficina de la Contralora concluyó que la naturaleza del contrato requería aprobación legislativa, por lo que el hallazgo prevalece.
El informe también incluye otros señalamientos relacionados con la falta de contratos escritos en la venta o alquiler de lotes en el cementerio municipal, la no localización de equipo y tardanzas en investigaciones administrativas, así como un comentario especial sobre una demanda civil pendiente de resolución.
La Contralora indicó que, aunque la administración municipal presentó argumentos y medidas correctivas en varios de los hallazgos, en todos los casos se determinó que las deficiencias señaladas persisten o no fueron debidamente subsanadas con evidencia suficiente.
Como resultado de estos hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas al alcalde, a la administración municipal, a la Legislatura Municipal y a otras entidades pertinentes. Entre estas se incluyen el fortalecer los procesos de compras para garantizar la libre competencia, asegurar el cumplimiento con los requisitos de permisos antes de iniciar proyectos de construcción, cumplir con los procesos de confirmación de la Junta de Subastas, establecer controles efectivos en la obligación de fondos, formalizar adecuadamente todos los contratos, remitir a la Legislatura aquellos contratos que así lo requieran, y reforzar los mecanismos de control interno en todas las áreas operacionales.
La Contralora reiteró que la sana administración pública requiere disciplina fiscal, cumplimiento estricto de la ley y una supervisión efectiva en todos los niveles de gobierno. Añadió que cada uno de los hallazgos representa una oportunidad para corregir deficiencias, fortalecer la gobernanza municipal y garantizar que los recursos públicos sean utilizados en beneficio del pueblo de Puerto Rico.
El informe completo está disponible en la página oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico www.ocpr.gov.pr.
###
Informe de Auditoría OC 26-13 de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado
Contralora de Puerto Rico emite informe de auditoría sobre la Corporación del Fondo del Seguro del Estado con opinión favorable por el manejo de fondos federales relacionados con la pandemia del COVID-19
San Juan, Puerto Rico — (10 de abril de 2026) La nueva Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, informó hoy los resultados de la auditoría de cumplimiento realizada a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2025. La auditoría, de alcance específico, estuvo dirigida a evaluar el manejo de fondos federales relacionados con la pandemia del COVID-19, incluyendo los fondos bajo el Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act) y el American Rescue Plan Act (ARPA).
“El resultado de esta auditoría refleja que las operaciones evaluadas de la Corporación se realizaron, en todos los aspectos significativos, conforme a la ley y la reglamentación aplicable. El informe emitido contiene una opinión favorable, lo que significa que las transacciones examinadas cumplen sustancialmente con los requisitos legales y normativos aplicables”.
La Lcda. Vega Fournier, quien es abogada y Contador Público Autorizado, detalló “entre los principales resultados se destaca que: los ingresos federales fueron depositados en cuentas bancarias separadas conforme a la reglamentación aplicable; los fondos fueron registrados oportunamente en el sistema contable según las disposiciones federales, y se prepararon los informes de cierre correspondientes, incluyendo la devolución de sobrantes al Departamento de Hacienda conforme a la normativa federal. En cuanto al control interno, la auditoría determinó que la Corporación mantiene una estructura adecuada y efectiva,
sin identificarse deficiencias significativas que ameriten señalamientos o comentarios en el informe. Por lo que reconocemos estas buenas ejecutorias de los empleados y la administración de la Corporación”.
Asimismo, según reza el informe de los auditores, como parte del proceso de comunicación con la gerencia, los auditores notificaron los resultados de la evaluación a la administración de la Corporación, sin que surgieran situaciones adversas que requirieran acción correctiva.
“La ausencia de hallazgos en esta auditoría no debe interpretarse como un ejercicio concluido, sino como una responsabilidad continua de mantener controles efectivos, fortalecer la gobernanza y asegurar el cumplimiento riguroso de las leyes aplicables, especialmente en el manejo de fondos federales”, añadió la Contralora.
La titular también subrayó que este informe reafirma la importancia de mantener prácticas administrativas robustas en entidades que manejan recursos críticos para el bienestar de los trabajadores de Puerto Rico, destacando el rol de la Corporación en la protección y compensación de la fuerza laboral de la Isla.
Como parte de sus recomendaciones generales —aun en ausencia de hallazgos— la Oficina de la Contralora exhortó a la gerencia de la CFSE a: continuar fortaleciendo sus controles internos, mantener la transparencia en el manejo de fondos públicos, y asegurar la sostenibilidad de sus prácticas administrativas conforme a los estándares estatales y federales.
“Reiteramos nuestro llamado a todos los funcionarios y empleados públicos a velar por el uso eficiente, económico, ético y responsable de los recursos del Gobierno, en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, concluyó la Contralora.
###
Informe de Auditoría OC 26-12 del Departamento de la Familia – Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF)
Oficina de la Contralora presenta hallazgos significativos en auditoría a la ADSEF sobre el manejo de fondos del PAN y deficiencias en controles internos
San Juan, Puerto Rico – (9 de abril de 2026) La contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA, informó hoy la publicación del Informe de Auditoría OC-26-12, correspondiente a la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), adscrita al Departamento de la Familia, el cual cubre el período del 1 de enero de 2017 al 31 de agosto de 2024.
“El análisis realizado por los auditores -para los años del 2017 hasta 2024- reveló que se efectuaron pagos a beneficiarios fallecidos antes del cierre de sus casos, que algunos casos permanecieron activos aun después del fallecimiento de los participantes y que se realizaron pagos a unidades familiares sin ajustar oportunamente la composición del núcleo tras la muerte de alguno de sus miembros. Asimismo, se identificaron fallas significativas en la supervisión de instituciones de residencia transitoria autorizadas a manejar beneficios del PAN, en las cuales se detectaron transacciones con fondos para la compra de artículos no elegibles, tales como bebidas alcohólicas, ropa, artículos electrónicos, gasolina y otros gastos no relacionados con alimentos”, explicó Vega Fournier, quien es abogada y Contador Público Autorizado (CPA).
El Programa de Asistencia Nutricional (PAN) ofrece ayudas económicas a familias sin ingresos o con ingresos limitados para que puedan complementar sus necesidades alimentarias. Esta ayuda se otorga en proporción a la cantidad de personas en el núcleo familiar. Para la distribución de los fondos y la determinación de los beneficios del PAN, la ADSEF se rige por lo establecido en el Reglamento 8684 de 2015.
El informe, realizado en cumplimiento con las facultades constitucionales y legales de esta Oficina, contiene una opinión adversa, lo que significa que las operaciones evaluadas no se realizaron, en todos los aspectos significativos, conforme a la ley y la reglamentación aplicables, particularmente en áreas relacionadas con la administración del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y la supervisión de instituciones participantes.
“La emisión de una opinión adversa refleja deficiencias materiales en los controles internos y en el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias. Nuestro deber es presentar estos hallazgos con objetividad para propiciar acciones correctivas y fortalecer la administración pública”, expresó la contralora Vega Fournier.
“El examen realizado reveló que, del 3 de enero de 2017 al 28 de agosto de 2024, la ADSEF realizó 988,617 pagos en beneficios del PAN por $150,663,786 a 38,618 participantes [1], cuyo número de seguro social se identificó en el Registro de Defunciones como personas fallecidas.
De los 38,618 participantes, evaluamos la información de 385[2], a los que se realizaron 10,700 pagos por $1,623,280, del 4 de enero de 2017 al 22 de agosto de 2024. Esto, para determinar el estatus de los casos. Nuestra evaluación reveló que 351 (256 + 95) casos estaban cerrados y 34 continuaban activos, según se indica:
- Del 4 de enero de 2017 al 6 de febrero de 2024, la ADSEF realizó 4,035 pagos de beneficios por $435,579 a 256 casos de únicos beneficiarios (88%) que habían fallecido antes del cierre de sus casos. De acuerdo con el archivo del Registro Demográfico, los beneficiarios fallecieron del 6 de febrero de 1991 al 12 de noviembre de 2022. Mientras los casos fueron cerrados del 22 de febrero de 2017 al 31 enero de 2024[3].
- Al 30 de septiembre de 2024, 34 casos de únicos beneficiarios continuaban activos. Esto, a pesar de que habían fallecido del 15 de febrero de 1990 al 21 de agosto de 2022. Del 4 de enero de 2017 al 22 de agosto de 2024, se emitieron 3,332 pagos de beneficios por $437,035.
- Del 4 de enero de 2017 al 20 de agosto de 2024, la ADSEF realizó 3,333 pagos por $750,665 a 95 unidades familiares en las que había fallecido algún integrante, antes de proceder con los ajustes o el cierre de los casos. Para el 30 de septiembre de 2024, la ADSEF implementó acciones para reducir los beneficios correspondientes a las personas fallecidas”, lee el informe.
Estas situaciones estuvieron asociadas, entre otros factores, a deficiencias en los procesos de validación de información y a debilidades en los controles internos, lo que permitió la emisión de pagos indebidos y afectó la confiabilidad del Sistema,enfatizó la Contralora de Puerto Rico.
“Actualmente, el Departamento de la Familia y Departamento de la Salud y su oficina de Registro Demográfico, tienen un acuerdo para que puedan acceder a la plataforma del sistema ‘State and Territorial Exchange of Vital Events’ (STEVE), el cual es un sistema de intercambio de datos que maneja el Registro Demográfico del Departamento de Salud que permite a los estados y territorios obtener información confiable de los récords vitales (nacimientos y defunciones),” enfatizó la Contralora de Puerto Rico.
El informe también señala deficiencias significativas en la supervisión de instituciones de residencia transitoria. En particular, se determinó que la ADSEF no pudo suministrar 36 informes trimestrales requeridos para evaluación, no suspendió la autorización de instituciones que incumplieron con la entrega de informes por períodos prolongados y no verificó adecuadamente el uso de los fondos.
“Asimismo, se identificaron transacciones con fondos del PAN para la compra de artículos no elegibles, así como deficiencias en la documentación, incluyendo recibos ilegibles o ausencia de evidencia, lo que limita la capacidad de fiscalización. Estas deficiencias propician un ambiente de riesgo para el uso indebido de fondos públicos y podrían exponer al Gobierno de Puerto Rico a señalamientos o sanciones por parte de entidades federales,” reveló el Informe de auditoría.
El informe recoge comentarios de la gerencia de la ADSEF, en los cuales se reconoce que eventos extraordinarios como los huracanes Irma y María, los sismos en el suroeste de Puerto Rico y la pandemia del COVID-19 afectaron significativamente la capacidad operacional del Gobierno y la continuidad de los procesos administrativos. Asimismo, se señala que las restricciones presupuestarias, la reducción de personal y otros factores estructurales impactaron la capacidad de supervisión y fiscalización de la agencia.
De igual forma, la Contralora indicó que la actual agencia ha demostrado disposición para atender los señalamientos mediante la formalización de acuerdos con el Registro Demográfico, el fortalecimiento de procesos internos, la implementación de protocolos de validación de información y el desarrollo de un Plan de Acción Correctiva dirigido a mejorar la eficiencia, la transparencia y el cumplimiento.
La Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas a fortalecer los controles internos, asegurar la continuidad de los acuerdos interagenciales para la validación de datos de defunciones, asignar el personal necesario para la fiscalización efectiva del programa, revisar la reglamentación vigente y realizar las investigaciones y gestiones de recobro que correspondan.
“Reiteramos nuestro llamado a que se implementen de manera diligente las recomendaciones emitidas de las cuales sé que actualmente muchas se están ejecutando. La administración adecuada de los programas de asistencia social es esencial para garantizar que los recursos públicos lleguen a las poblaciones que verdaderamente los necesitan y por este lado evita consecuencias de agencias estatales y federales”, concluyó la contralora Vega Fournier.
Recomendaciones del Informe:
- Al fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico
Considerar las situaciones comentadas en el Hallazgos 1 y realizar los procesos que estime pertinentes.
- A la secretaria de Justicia
Considerar las situaciones comentadas en el Hallazgos 1 y realizar los procesos que estime pertinentes.
- Al director de la Oficina de Área del Caribe de la Food and Nutrition Services
Considerar las situaciones comentadas en el Hallazgo 1 y realizar los procesos que estime pertinentes.
- A la secretaria de la Familia
Tomar las medidas necesarias para asegurarse de que el administrador de la ADSEF cumpla con las recomendaciones y que situaciones como estas no se repitan.
Imparta instrucciones a la División de Integridad para que realice las investigaciones correspondientes de los casos de participantes con número de seguro social de personas fallecidas a los que la ADSEF les realizó pagos de beneficios del PAN, y a las instituciones que utilizaron los fondos del PAN para realizar compras que no estén relacionadas con alimentos. Además, obtenga el asesoramiento legal necesario para llevar a cabo cualquier gestión de recobro.
El informe completo está disponible en el portal oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico en www.ocpr.gov.pr
###
[1] Once participantes pertenecían a tres instituciones que se mencionan en el Hallazgo 2-a.1).
[2] Doscientos noventa casos eran de únicos beneficiarios y 95 casos de miembros de unidades familiares.
[3] Ciento noventa y cuatro casos fueron cerrados por muerte único beneficiario, 1 se desconoce paradero, 53 casos cierre administrativo Oficina Central, cinco casos no cooperaron en determinar elegibilidad, 1 caso retiro voluntario, 1 caso retiro voluntario por emigración y 1 caso sin código de cierre.
Contraloría revela pagos indebidos y sin contrato por más de El 26 de marzo de 2026 aprobamos el Informe de Auditoría OC-26-12. Este contiene los resultados de la auditoría que realizamos a la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF); para determinar si las operaciones si las operaciones fiscales se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe de Auditoría OC-26-12 se puede conseguir en nuestra página en Internet.
Carta Circular OC-26-19, Notificación de Correo electrónico de la Oficina de Prevención y Orientaciones Externa
Carta Circular OC-26-18, Calendario del curso requerido por la Ley 190-2006.
Carta Circular OC-26-17, Certificación sobre el Cumplimiento de la Ley 273-2003, Ley de Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías de Entidades Gubernamentales, según enmendada, para el año fiscal 2024-2025
Carta Circular OC-26-16, Informe Anual sobre el Estado de las Privatizaciones de los años fiscales 2022-23 al 2024-25
El Programa de Internado de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) ofrece al estudiante un escenario para adquirir conocimientos prácticos que le ayudan a comprender las funciones que realiza la OCPR. Esto, para que, una vez alcanzadas sus metas académicas, pueda considerar el servicio público como una opción para su desarrollo profesional. Además, promueve el análisis y la investigación entre los estudiantes.
Los aspirantes a participar del Programa están sujetos a las disposiciones contenidas en el Reglamento 63, Programa de Internado de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico, aprobado el 6 de octubre de 2014. El mismo está disponible en nuestra página de Internet https://www.ocpr.gov.pr.
Para obtener información, nos puedes contactar:
Dirección física:
105 Avenida Ponce de León
San Juan, Puerto Rico 00918
Dirección postal:
PO BOX 366069
San Juan, PR 00936
Teléfono:
787-754-3030
Correo electrónico:
Horarios:
Lunes a viernes
8:00 a.m. – 4:00 p.m.
SOLICITUD DE PARTICIPACIóN PROGRAMA DE INTERNADO
Carta Circular OC-26-15, Fechas límite para enviar la Certificación Trimestral del Registro de Contratos a la Oficina de la Contralora
Visitarán universidades para educar sobre la corrupción
fuente: Radio Isla - fecha: 23 de enero de 2026
La contralora Carmen Vega Fournier busca reducir la corrupción en el gobierno para las próximas generaciones
La contralora Carmen Vega Fournier anunció hoy,viernes, que su oficina visitará todas las universidades de Puerto Rico para educar sobre la corrupción y la ética pública, como parte de un plan que luego se extenderá a las escuelas públicas desde grado 12 hasta kínder.
“En la universidad están los futuros funcionarios públicos y tenemos que darles el ejemplo de las cosas que sí han pasado. Siempre va haber alguien que se desvíe porque lo que queremos es que sea el menor porciento”, dijo la contralora..
Contralora anuncia la designación de Saudhi Soto Pagán como nueva Subcontralora de Puerto Rico
Comunicado de Prensa
20 de enero de 2026
San Juan, Puerto Rico – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen Vega Fournier, Cpa, anunció la designación de la CPA y licenciada Saudhi Soto Pagán como nueva Subcontralora de Puerto Rico, aportando su vasta experiencia en auditorías, cumplimiento normativo, procesos contributivos y en derecho.
Soto Pagán es abogada licenciada y Contadora Pública Autorizada (CPA) con 35 años de experiencia en derecho contributivo, corporativo y administrativo. Ha liderado procesos de planificación contributiva, consultoría financiera y representación legal ante agencias gubernamentales estatales y federales, así como auditorías y Single Audits, contribuyendo a la mejora de controles internos y fortaleciendo la transparencia en entidades públicas y municipales.
“La nueva Subcontralora tiene el expertise y el compromiso para lograr y mantener que nuestras auditorías impacten al Pueblo en la transparencia y la rendición de cuentas”, expresó Vega Fournier, reafirmando su compromiso con la fiscalización responsable de la propiedad y los fondos públicos.
Con esta designación, la Oficina de la Contralora reafirma su compromiso con la excelencia, la transparencia y la fiscalización efectiva en la gestión pública.
Contralora anuncia la designación de Saudhi Soto Pagán como nueva Subcontralora de Puerto Rico
Carta Circular OC-26-14, Fechas límites en el 2026 para remitir a la Oficina del Contralor los informes mensuales del Registro de Puestos e Información Relacionada
Carta Circular OC-26-13, Extensión de fecha límite para remitir la Certificación sobre el Cumplimiento de la Ley 273-2003, Ley de Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías de Entidades Gubernamentales, según enmendada, para el año fiscal 2023-24
Derogada por la Carta Circular OC-26-17 del 9 de marzo de 2026.
Contralora e Inspectora General sellan acuerdo histórico para fortalecer la integridad y la fiscalización gubernamental
San Juan, Puerto Rico- Con el fin de maximizar la transparencia, prevenir riesgos en el manejo de fondos públicos y elevar los estándares de cumplimiento en la gestión gubernamental, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) y la Oficina del Inspector General (OIG), firmaron hoy un acuerdo interagencial sin precedentes, que formaliza y fortalece su colaboración estratégica en beneficio del pueblo de Puerto Rico. El acuerdo fue suscrito por la nueva Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, y la Inspectora General, Ivelisse Torres Rivera, quienes destacaron el compromiso compartido de ambas entidades con la sana administración pública, la rendición de cuentas y la integridad institucional.
Vega Fournier sostuvo que la fiscalización moderna exige coordinación gubernamental, madurez institucional y sistemas ágiles que permitan optimizar los controles públicos. Resaltó que la alianza alcanzada “nos permite sumar capacidades, compartir conocimientos y fortalecer el ecosistema de controles gubernamentales para que Puerto Rico tenga una administración pública más transparente, más ética y responsable”, y enfatizó que el proceso fiscalizador requiere visión estratégica y colaboración constante.
Por su parte, la Inspectora General Torres Rivera señaló que el acuerdo destaca que la colaboración estratégica no es solo un complemento del buen gobierno, sino un pilar fundamental para asegurar el uso adecuado de los fondos públicos. “Unimos capacidades desde nuestras jurisdicciones particulares para fortalecer los controles internos, elevar los estándares de cumplimiento y garantizar que el Estado administre sus recursos con eficiencia. Mediante esta alianza, el Gobierno refuerza su capacidad de fiscalización, fomentando la confianza de la ciudadanía”, señaló, destacando el rol de ambas oficinas en la supervisión de los procesos gubernamentales.
Como parte del convenio, ambas agencias establecerán mecanismos de intercambio seguro de información mediante plataformas tecnológicas protegidas, así como protocolos estrictos de confidencialidad para garantizar la reserva de documentos, informes y datos sensibles. El acuerdo también permitirá la asistencia técnica especializada para investigaciones, auditorías e intervenciones relacionadas con riesgos o posibles irregularidades en la gestión pública. Todo apoyo interagencial estará acompañado de medidas que aseguren la protección de expedientes, el manejo adecuado de información y el cumplimiento con los deberes legales de ambas entidades.
El documento, además, integra iniciativas conjuntas en materia de educación y capacitación dirigidas a funcionarios, empleados públicos y ciudadanía en general. Entre estas, se desarrollarán adiestramientos, guías, cartas circulares, materiales educativos y herramientas pedagógicas enfocadas en fortalecer la cultura del cumplimiento, el uso adecuado de los recursos gubernamentales y las mejores prácticas de administración pública. También se establece que ambas entidades podrán emitir referidos y colaborar en la evaluación de planes de acción correctiva relacionados con incumplimientos o hallazgos que requieran intervención interagencial.
Finalmente, la Contralora enfatizó “…el acuerdo no solo formaliza una relación de trabajo colaborativo ya existente, sino que la eleva a un nuevo nivel de integración, responsabilidad compartida y eficiencia fiscalizadora. Nos reafirmamos en nuestra disposición a continuar promoviendo iniciativas que fortalezcan la confianza del pueblo en sus instituciones y consoliden un enfoque moderno y colaborativo de supervisión pública en Puerto Rico.”
Contacto OCPR:
Lisandra Rivera, Lic. R-168
Directora de área
Oficina de Prensa y Comunicaciones
Oficina de la Contralora de Puerto Rico
(787) 250-3322
lriverar@ocpr.gov.pr
Contacto OIG: Gladys Arce , Lic. R – 300
Teléfono: (787) 382-1037
Email: gladys.arce711@gmail.com
Contacto alterno OIG: Kenneth Matos
Teléfono: (787) 679-7997 Ext. 1115
Email: Kenneth.matos@oig.pr.gov
prensa@oig.pr.gov
Carta Circular OC-26-12, Enmienda a la Carta Circular OC-18-15, Procedimiento para comentarios a borradores de informes de auditoría y para la entrega de información solicitada
Nueva Contralora celebra un histórico foro multisectorial en el Día Internacional contra la Corrupción
San Juan, Puerto Rico (martes, 9 de diciembre de 2025) – En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la nueva Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen Vega Fournier, encabezó hoy un foro sin precedentes que reunió a representantes del gobierno, la academia y la sociedad civil para discutir estrategias coordinadas de transparencia, control y prevención. Bajo el nombre “Un diálogo entre el gobierno, la academia y la sociedad civil”, el evento congregó a más de 200 participantes en una jornada de reflexión profunda sobre la lucha anticorrupción y la importancia de una vigilancia pública más innovadora y colaborativa.
El foro, el primero en su clase organizado por la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), marcó el inicio de una etapa enfocada en fortalecer la prevención, la fiscalización eficiente y la comunicación interagencial.
Durante su mensaje de apertura, la Contralora destacó que el foro responde “a nuestro modelo participativo que promueve alianzas proactivas con las entidades fiscalizadoras y con la academia.” Asimismo, Vega subrayó que mantiene comunicación constante y directa con el Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Inspector General, afirmando que “estas colaboraciones son esenciales en la investigación de casos de malversación, fraude y uso indebido de fondos públicos.”
También, la abogada y Contador Público Autorizado, Vega Fournier, resaltó ” es importante integrar a la Academia y, a su vez, a las nuevas generaciones mediante programas de internado que acerquen a los jóvenes al servicio público como una opción profesional ética y con sentido de propósito, al tiempo nos ayuden con trabajos e investigaciones académicas que fortalezcan la misión fiscalizadora de la OCPR.”
El primer panel, titulado “Responsabilidad pública y transparencia desde el Estado”, reunió a los principales funcionarios del aparato fiscalizador y judicial del país. Participaron el Lcdo. Luis A. Pérez Vargas, director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental; la Lcda. Annette del C. Esteves Serrano, subdirectora del Departamento de Justicia; Ivelisse Torres Rivera, inspectora de la Oficina del Inspector General; el Lcdo. W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico; la Lcda. Ygrí Rivera Sánchez, presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente; el Dr. Orville M. Disdier Flores, director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; y la Contralora de Puerto Rico.
Los panelistas discutieron nuevas modalidades en la detección de actos de corrupción, la importancia de auditorías internas centralizadas y la necesidad de utilizar datos confiables para detectar señales de alerta. También destacaron el valor colaborativo del Grupo PRECO, espacio interagencial dedicado a la prevención y erradicación de la corrupción. El fiscal federal Muldrow enfatizó la necesidad de fortalecer programas de protección y recompensa para denunciantes, señalando que muchos casos se esclarecen gracias a ciudadanos que alertan sobre irregularidades.
El segundo panel, “Educación e investigación para una cultura de integridad”, destacó la aportación de la academia a la vigilancia ética y a la construcción de una ciudadanía informada. Estuvo compuesto por el Dr. Melvin Rosario Crespo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano; el Dr. César Rey Hernández de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras; y el Dr. Hernán A. Vera Rodríguez de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Los académicos coincidieron en que la lucha contra la corrupción debe comenzar desde el sistema educativo, incorporando la ética, el civismo y la ciudadanía como competencias esenciales desde los primeros años hasta los estudios universitarios. También destacaron que alianzas estratégicas entre universidades, entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir al desarrollo de políticas públicas más sostenibles e innovadoras.
El tercer panel, “La voz de la Sociedad Civil en la Lucha contra la Corrupción”, dio espacio a organizaciones que lideran la fiscalización ciudadana independiente. Participaron la Dra. Eneida Torres de Durand del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa; Issel Masses Ferrer de Sembrando Sentido; Oscar J. Serrano del Centro de Periodismo Investigativo; y Michael G. Carmona Soto de Somos Más PR. Los panelistas resaltaron la importancia del monitoreo independiente, el acceso a información pública en formatos utilizables y las colaboraciones con organismos internacionales para desarrollar herramientas que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas en la contratación pública. Además, destacaron que la sociedad civil desempeña un rol insustituible en exigir integridad en el manejo de fondos públicos.
Esta primera edición del foro marca un hito en la agenda de la OCPR, demostrando su compromiso con la transparencia gubernamental y la promoción de una cultura de integridad. La Contralora concluyó que este esfuerzo es el comienzo de una agenda sostenida de colaboración multisectorial orientada a fortalecer la confianza pública y erradicar la corrupción en Puerto Rico.
###
CONTACTO: Lisandra Rivera Rivera, Directora
Oficina de Prensa y Comunicaciones
lriverar@ocpr.gov.pr
(787) 250-3322
Carta Circular OC-26-11, Extensión de fecha límite para remitir la Certificación Anual Requerida por el Artículo 9 de la Ley 103-2006, Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006,según enmendada, para el Año Fiscal 2024-25.
Convocatoria 26-08 Gerente de Asesoramiento Legal
Convocatoria 26-09 Asesor Legal
Informe de Investigación OC-26-35, Centro de Recaudación de lngresos Municipales (CRIM)
San Juan, Puerto Rico – (2 de junio de 2026) El Contralor Auxiliar del Area Legal, Lcdo. Rafael Vázquez, informó el referido al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental de hallazgos relacionados con presuntas irregularidades en el proceso de compras y desembolsos en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), que incluyeron el uso de documentos con información falsa para justificar pagos con fondos públicos.
La investigación, realizada por la División de Investigaciones Especiales de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR), correspondiente al período del 17 de febrero al 18 de julio de 2023, surgió tras la recepción de una querella relacionada con la tramitación de una compra y el desembolso correspondiente en la agencia.
De acuerdo con el informe, la investigación incluyó entrevistas, recopilación y análisis de prueba documental y testifical, revisión de sistemas internos y validación externa de información provista por funcionarios y suplidores.
Como resultado, se identificaron actuaciones administrativas en incumplimiento con la ley y la reglamentación aplicable que culminaron en la aprobación y pago de una orden de compra respaldada por documentos con información falsa e incorrecta.
El hallazgo principal expone que la Junta de Gobierno del CRIM tramitó una orden de compra por $1,000 para la adquisición de alimentos dirigidos originalmente a una reunión ordinaria pautada para el 23 de febrero de 2023. Tras la cancelación de la reunión, funcionarios realizaron gestiones para justificar el desembolso mediante la alegación de que los alimentos habían sido utilizados en un supuesto “Adiestramiento de Propiedad Mueble para el Colegio de CPA”.
“Sin embargo, la investigación corroboró que dicho adiestramiento nunca se ofreció. El director ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos Autorizados certificó que esa entidad no recibió ni impartió adiestramientos en el CRIM durante la fecha señalada. Asimismo, empleados del CRIM que aparecían en listas de asistencia certificaron que no participaron en ningún adiestramiento y que sus firmas fueron requeridas para justificar el pago relacionado con los alimentos.”, apuntó Vázquez, quien agregó que la investigación también reveló que, como parte del expediente justificante del desembolso se utilizó un correo electrónico solicitando alterar la cuenta presupuestaria originalmente utilizada para la compra, una certificación firmada por un funcionario afirmando información falsa y hojas de asistencia vinculadas a una actividad inexistente.
Además, se determinó que la compra se gestionó utilizando una sola cotización, sin cumplir con los requisitos reglamentarios de competencia justa entre suplidores representativos del mercado, situación que puede propiciar pagos a precios inflados y limitar la transparencia en el uso de fondos públicos.
La OCPR concluyó que las situaciones detectadas reflejan deficiencias significativas en el cumplimiento de la ley y una marcada ausencia de controles internos en los procesos de compra, aprobación y justificación de pagos dentro del CRIM.
El informe señala además que, la creación y utilización de documentos falsos, así como la certificación de actividades inexistentes, comprometen la integridad administrativa, evidencian falta de ética en el desempeño de funcionarios y podrían constituir infracciones al Código Penal de Puerto Rico.
Ante estos hallazgos, la Oficina remitió el referido RDIE-1464-5675-26-56 al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental para la evaluación y acción correspondiente. De igual forma, recomendó a la Junta de Gobierno del CRIM considerar el referido administrativo correspondiente y fortalecer de inmediato sus procesos de compra, desembolso y supervisión para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
“El manejo de fondos públicos exige absoluta transparencia, controles efectivos y estricto cumplimiento con la ley. Cuando se utilizan documentos falsos o se certifican actividades inexistentes para justificar desembolsos, se compromete la confianza pública y se atenta contra la integridad del servicio gubernamental”, expresó el Contralor Auxiliar.
El informe destaca la necesidad urgente de implementar acciones correctivas y reforzar los mecanismos de supervisión y control interno para garantizar que los recursos públicos sean administrados con integridad, honradez y conforme a la ley y reglamentación vigente.
Informe de Auditoría OC-26-34, Administración de Vivienda Pública, Área de Sistemas de Información Tecnológica
Contralora revela serias deficiencias de ciberseguridad y controles tecnológicos en la Administración de Vivienda Pública
Auditoría identifica fallas en accesos al Sistema Yardi, Voyager Housing Software (Sistema Yardi), ausencia de planes de contingencia y debilidades en controles de seguridad informática
San Juan, Puerto Rico –(2 de junio de 2026) La contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen Vega Fournier, informó hoy los resultados de una auditoría de tecnología de información realizada al Área de Sistemas de Información Tecnológica (ASIT) de la Administración de Vivienda Pública (AVP), la cual reveló múltiples deficiencias relacionadas con controles de acceso, ciberseguridad, manejo de cuentas de usuarios, continuidad operacional y administración de sistemas de información computadorizados.
La auditoría cubrió el período del 1 de enero de 2022 al 4 de junio de 2025 y concluyó con una opinión cualificada debido a seis hallazgos relacionados con incumplimientos en áreas críticas de seguridad tecnológica y control interno.
“La tecnología avanza hoy a una velocidad sin precedentes, impulsando procesos cada vez más complejos y altamente dependientes de plataformas digitales, almacenamiento de datos y conectividad. Esta realidad obliga a las entidades gubernamentales a priorizar de manera continua el fortalecimiento de sus sistemas de información, mediante la implementación, actualización y evaluación constante de controles internos, protocolos de ciberseguridad y mecanismos de protección de datos. La protección de información confidencial y sensitiva constituye un componente esencial en cualquier agencia pública, particularmente en entidades que administran información personal, financiera y familiar de miles de ciudadanos beneficiarios de programas de vivienda pública. La ausencia de controles adecuados, planes de contingencia, análisis de riesgo y programas robustos de ciberseguridad aumenta significativamente la exposición a accesos no autorizados, pérdida de información, interrupciones operacionales y posibles incidentes cibernéticos que podrían comprometer servicios esenciales al pueblo. Las situaciones identificadas en esta auditoría requieren atención correctiva inmediata y un compromiso institucional sostenido para fortalecer la gobernanza tecnológica, la continuidad operacional y la resiliencia digital de la agencia”, expresó la contralora Carmen Vega Fournier.
El informe señala que la Administración utiliza el Sistema Yardi, una plataforma donde se administran los proyectos de vivienda pública, los procesos de mantenimiento, asignación de viviendas, el Programa de Sección 8 y otras operaciones de la agencia. Además, el sistema almacena información confidencial relacionada con composición familiar, situación económica y circunstancias personales de los solicitantes y participantes de programas de vivienda pública.
Entre los principales hallazgos, la auditoría reveló deficiencias relacionadas con la documentación y autorización de cuentas de acceso al Sistema Yardi.
El examen de los formularios utilizados para crear 25 cuentas de acceso identificó que múltiples solicitudes no contenían información requerida, incluyendo tipo de solicitud, tipo de usuario, tipo de empleado, propiedades autorizadas y permisos relacionados con órdenes de compra y cuentas por pagar.
Asimismo, la Oficina de la Contralora identificó que el ASIT Área de Sistemas de Información Tecnológica no contaba con documentación relacionada con la autorización de cuentas con privilegios administrativos asignadas a grupos de seguridad con acceso amplio al sistema.
Según el informe, estas situaciones impiden mantener evidencia suficiente para determinar si los accesos otorgados fueron autorizados correctamente y conforme a las funciones de los usuarios, además de aumentar el riesgo de accesos no autorizados e irregularidades.
La auditoría también reveló que, al 31 de diciembre de 2024, permanecían activas 23 cuentas de acceso asignadas a exempleados que habían cesado funciones entre julio de 2022 y diciembre de 2024. En algunos casos habían transcurrido hasta 900 días desde la separación del empleado.
Además, se identificaron 412 cuentas activas que no habían sido utilizadas por más de 90 días, incluyendo cuentas con hasta 3,514 días sin actividad registrada.
“El control efectivo de accesos es una medida básica de seguridad informática. Mantener cuentas activas de exempleados o cuentas inactivas por períodos prolongados representa un riesgo significativo para la protección de información confidencial y para la integridad operacional de los sistemas gubernamentales”, añadió Vega Fournier.
Otro de los hallazgos importantes del informe es que la Administración no contaba con un informe formal de análisis de riesgos de sus sistemas de información computadorizados.
La auditoría determinó que la AVP tampoco había desarrollado, documentado ni implementado un programa de ciberseguridad, ni procedimientos aprobados para responder a incidentes de seguridad cibernética relacionados con sus sistemas de información.
La Oficina de la Contralora señaló que esta situación impide desarrollar planes efectivos de respuesta y mitigación ante posibles ciberataques, así como establecer procesos adecuados de contención y recuperación ante incidentes de seguridad.
Además, la auditoría reveló que la Administración no contaba con un plan de contingencia ni con un plan de recuperación de desastres relacionados con sus sistemas de información computadorizados.
El informe advierte que la ausencia de estos planes puede provocar improvisación durante emergencias, interrupciones prolongadas de servicios, pérdida de información y gastos excesivos e innecesarios en caso de incidentes tecnológicos o desastres que afecten la infraestructura informática de la agencia.
La Oficina de la Contralora también identificó que la Administración no mantenía políticas, normas y procedimientos aprobados para áreas críticas relacionadas con:
• Administración y control de accesos lógicos y físicos.
• Administración de redes y sistemas de información.
• Manejo de ciberseguridad e incidentes de seguridad.
• Procesos de respaldo y recuperación de información.
• Control de actualizaciones de aplicaciones.
• Uso de sistemas de información computadorizados.
• Disposición de equipos tecnológicos.
• Clasificación y publicación de datos conforme a la Ley 40-2024, Ley de Ciberseguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
La auditoría atribuye gran parte de estas deficiencias a limitaciones de recursos y falta de personal especializado dentro del ASIT Área de Sistemas de Información Tecnológica. Además, a la falta de participación de esta área en el proceso de la creación de las cuentas de acceso, los atrasos en el recibo de un informe de cuentas sin actividad que debe proveer el consultor, y a que se encuentran en un proceso de actualizar la infraestructura tecnológica de la Administración.
En sus comentarios a la Oficina de la Contralora, la gerencia de la Administración indicó que trabaja en la creación de nuevos formularios y mecanismos de segregación de accesos para mejorar los controles de seguridad en el Sistema Yardi. Además, expresó que se han realizado orientaciones relacionadas con la administración de cuentas y accesos.
Con relación a los hallazgos sobre ciberseguridad, la Administración indicó que no cuenta con personal especializado para desarrollar los análisis y programas requeridos, por lo que solicitó autorización para contratar recursos externos que atiendan dichas áreas.
Ante las situaciones identificadas, la Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas al secretario del Departamento de la Vivienda y al administrador de la Administración de Vivienda Pública.
Entre las recomendaciones se encuentran desarrollar y aprobar políticas y procedimientos tecnológicos formales, actualizar los formularios de acceso al Sistema Yardi, documentar todas las cuentas administrativas, desactivar oportunamente cuentas de exempleados, realizar análisis de riesgo, desarrollar un programa de ciberseguridad, establecer procedimientos para manejo de incidentes y preparar planes de contingencia y recuperación de desastres.
Asimismo, se recomendó realizar ejercicios y simulacros periódicos para evaluar la efectividad de los procedimientos de recuperación y continuidad operacional.
“La transformación digital y la protección de información requieren estructuras sólidas de control interno y seguridad cibernética. La ausencia de estos mecanismos expone a las agencias públicas a riesgos operacionales, financieros y reputacionales que pueden impactar directamente los servicios ofrecidos al ciudadano”, sostuvo la contralora.
La Administración de Vivienda Pública administra programas relacionados con vivienda pública y asistencia habitacional en Puerto Rico. Durante los años fiscales 2021-22 al 2023-24 manejó presupuestos que ascendieron aproximadamente a $562.1 millones, $899.9 millones y $652.6 millones, respectivamente. El informe completo está disponible en la Oficina de la Contralora de Puerto Rico.
Informe de Auditoría OC-26-33, Municipio de Guánica
El 27 de mayo de 2026 aprobamos el Informe de Auditoria OC-26-33. Este contiene los
resultados de la auditoria que realizamos del Municipio de Guanica, para determinar si las
operaciones fiscales se efectuaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe de Auditoria OC-26-33 se puede conseguir en nuestra pagina en Internet:
www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-32, Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
Contralora revela deficiencias millonarias en manejo de cuentas y eventos de interrupción de la AEE y LUMA
Informe de auditoría señala problemas en reposición de fondos, manejo de liquidez y documentación de eventos utilizados para justificar transferencias de millones de dólares
San Juan, Puerto Rico – (1 de junio de 2026) La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen Vega Fournier, informó hoy los resultados de una auditoría realizada a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), relacionada con las operaciones fiscales vinculadas al contrato para la Operación y Mantenimiento (O&M) del Sistema de Transmisión y Distribución (T&D) de Energía Eléctrica suscrito con LUMA Energy, LLC y LUMA Energy Servco, LLC. El examen cubrió el período del 1 de junio de 2020 al 30 de junio de 2024.
El informe emitido por la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) contiene una opinión cualificada, debido a dos hallazgos principales relacionados con el manejo y la reposición de los fondos de las cuentas de servicio establecidas en el contrato O&M de T&D y con deficiencias en la documentación y cualificación de eventos de interrupción utilizados para justificar transferencias de fondos.
El informe también destaca que la auditoría fue realizada conforme a las normas de auditoría gubernamental generalmente aceptadas emitidas por la Government Accountability Office (GAO) de Estados Unidos.
“La fiscalización pública tiene el propósito de garantizar que las entidades gubernamentales y los operadores privados que administran servicios esenciales cumplan con las disposiciones contractuales, mantengan controles adecuados y protejan el uso correcto de los fondos públicos. Este informe presenta situaciones que requieren atención correctiva inmediata debido a su impacto sobre la estabilidad operacional y financiera del sistema eléctrico”, expresó la contralora Vega Fournier.
El informe detalla que el contrato formalizado el 22 de junio de 2020 entre la AEE, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y LUMA estableció diversas cuentas de servicio destinadas a financiar operaciones, mejoras capitales, gastos de generación y eventos de interrupción del servicio eléctrico. Dichas cuentas debían mantenerse con balances específicos conforme al contrato.
La auditoría reveló que, entre mayo de 2021 y febrero de 2024, se realizaron 118 transferencias ascendentes a aproximadamente $4,987 millones para financiar dichas cuentas. Sin embargo, en el examen de 77 transferencias efectuadas entre noviembre de 2022 y enero de 2024, se encontró que la AEE no aprobó las transferencias requeridas de 14 solicitudes para reponer balances de la Cuenta de Capital Financiada con Fondos Federales y de la Cuenta de Reserva para Eventos de Interrupción.
Según el informe, los importes no transferidos fluctuaron entre $1.2 millones y $16.9 millones en una de las cuentas y entre $28.4 millones y $28.5 millones en la otra. Además, se señaló que otras 46 transferencias fueron aprobadas únicamente por dos terceras partes de las cantidades solicitadas por LUMA.
La auditoría concluyó que estas situaciones afectan la estabilidad financiera del sistema eléctrico y pueden limitar la capacidad operacional del operador privado para responder a emergencias y eventos de interrupción del servicio. Asimismo, se indicó que la AEE utilizó más de $400 millones de la cuenta de reserva de reembolsos federales de FEMA para cumplir parcialmente con las reposiciones requeridas.
El informe también señala que, al 29 de agosto de 2024, LUMA mantenía pendientes de reclamar aproximadamente $172.8 millones correspondientes a gastos relacionados con eventos de interrupción cubiertos con fondos de la Cuenta Operacional.
En cuanto al segundo hallazgo, la OCPR identificó deficiencias significativas en la documentación utilizada para justificar transferencias desde la Cuenta de Reserva para Eventos de Interrupción hacia la Cuenta Operacional.
La auditoría examinó 25 eventos de interrupción por los cuales se transfirieron aproximadamente $26.6 millones y encontró que los informes preparados por LUMA no incluían información requerida para cualificar adecuadamente dichos eventos, incluyendo períodos continuos de clientes sin servicio, horas exactas de inicio y terminación, así como datos detallados sobre eventos causados por actos de Dios.
Además, para 17 eventos relacionados con aproximadamente $16.4 millones, no se indicó la fecha ni la hora de terminación de los eventos. La auditoría también determinó que LUMA no conservó los datos originales utilizados para cualificar todos los eventos examinados.
Otro aspecto señalado por la auditoría fue la utilización de parámetros denominados “Grey Sky Days” para justificar 17 eventos por aproximadamente $17.4 millones, aun cuando dichos criterios no estaban establecidos en la definición contractual de eventos de interrupción.
“El manejo adecuado de documentación y evidencia es indispensable en cualquier proceso relacionado con desembolsos de fondos públicos. La ausencia de información original y el uso de criterios no contemplados expresamente en el contrato limitan la capacidad fiscalizadora y afectan la transparencia requerida en la administración de estos recursos”, añadió Vega Fournier.
Como parte del proceso de auditoría, la OCPR incluyó los comentarios de la AEE, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y LUMA Energy.
En sus comentarios, funcionarios de la AEE atribuyeron parte de los problemas de liquidez a deficiencias en los procesos de facturación y cobro del servicio eléctrico, y solicitudes de reembolsos federales por parte de LUMA. Mientras, LUMA sostuvo que el contrato establece claramente que la responsabilidad de financiar las cuentas de servicio corresponde a la AEE y defendió el uso del concepto “Grey Sky Days” como una métrica utilizada en la industria eléctrica.
Ante los hallazgos identificados, la OCPR emitió varias recomendaciones dirigidas a la AAPP, la AEE y LUMA. Entre ellas, evaluar posibles enmiendas al contrato O&M de T&D para establecer mecanismos alternos de financiamiento, fuentes recurrentes para la Cuenta de Reserva para Eventos de Interrupción, y disposiciones específicas relacionadas con el uso de criterios como “Grey Sky Days”.
Asimismo, se recomendó fortalecer los procesos de supervisión, mantener archivados los datos originales relacionados con eventos de interrupción y garantizar que toda transferencia entre cuentas esté debidamente respaldada y documentada.
“El pueblo de Puerto Rico merece que cada dólar relacionado con el sistema eléctrico sea administrado con transparencia, responsabilidad y estricto cumplimiento contractual. Nuestra función es continuar fiscalizando con independencia y objetividad para fortalecer la confianza pública y promover el uso correcto de los recursos gubernamentales”, concluyó la Contralora.
El informe completo está disponible en www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-31, Municipio de Añasco
Informe de auditoría revela deficiencias en compras, contratación y recursos humanos en el Municipio de Añasco
San Juan, Puerto Rico, (21 de mayo de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, publicó hoy el Informe de Auditoría OC-26-31 del Municipio de Añasco, correspondiente al período del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2024, en el cual emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales examinadas. El informe revela múltiples deficiencias relacionadas con procesos de compras, contratación, recursos humanos, controles fiscales y administración municipal.
La auditoría determinó que el Municipio realizó pagos por $2,320 en exceso de la cuantía contratada para el alquiler de equipo pesado, luego de que se desembolsaran $32,320 bajo un contrato cuya cuantía aprobada era de $30,000, sin que se formalizara una enmienda prospectiva al contrato, según requieren las normas aplicables a la contratación gubernamental.
El informe también señala que el Municipio emitió órdenes de compra por $54,145 sin obtener las cotizaciones requeridas por ley. Entre los hallazgos, se identificó la emisión de órdenes de compra para servicios de alquiler de equipo pesado y servicios de luces y sonido sin solicitar, en la mayoría de los casos, las tres cotizaciones requeridas de proveedores representativos en el mercado. Además, se detectaron tardanzas en la emisión de órdenes de compra y requisiciones luego de recibidos los servicios.
En el área de recursos humanos, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) encontró que, varios funcionarios fueron nombrados sin cumplir con los requisitos mínimos de preparación académica y experiencia establecidos en el Plan de Clasificación y Retribución del Municipio. Entre estos, se identificaron nombramientos en las posiciones de director de Obras Públicas, director de Recreación y Deportes y director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias. También se señaló que el puesto de comisionado de la Policía Municipal no estaba incluido en el Plan de Clasificación y que algunos nombramientos no fueron remitidos para confirmación de la Legislatura Municipal.
El informe indica que, un funcionario ocupó interinamente el puesto de director de Obras Públicas por un período de 235 días, excediendo por 115 días el límite permitido por ley, lo que ocasionó pagos indebidos de diferenciales de sueldo por $3,445.
Otros hallazgos incluidos en la auditoría están relacionados con errores en pagos de liquidaciones de licencias acumuladas, deficiencias en comprobantes de desembolso e irregularidades en procesos relacionados con emergencias de los huracanes María y Fiona. También, los auditores de la OCPR encontraron deficiencias en las conciliaciones bancarias e informes mensuales de ingresos y desembolsos, ausencia de gestiones efectivas para el cumplimiento de cláusulas financieras en contratos de facilidades médicas, cesión gratuita de equipo pesado en contravención de ordenanzas municipales y reglamentos de personal sin actualizar.
La auditoría incluyó, además, un comentario especial relacionado con multas impuestas a una empleada, un exempleado y un funcionario municipal por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico.
Por su parte, el alcalde sostuvo que, en el caso del pago relacionado con el alquiler de equipo pesado, los desembolsos correspondieron a servicios efectivamente prestados dentro de la vigencia contractual y argumentó que el Código Municipal permite pagos por servicios recibidos. No obstante, la OCPR determinó que el hallazgo prevalece debido a que la cuantía contractual constituye un elemento esencial del contrato y cualquier aumento debió formalizarse mediante una enmienda prospectiva.
De igual forma, el alcalde indicó que se tomarían medidas correctivas e instrucciones al personal concernido para reforzar los procesos de compras, requisiciones y controles internos relacionados con cotizaciones y órdenes de compra.
Entre las recomendaciones principales del informe, la OCPR recomendó al alcalde de Añasco asegurarse de que los contratos y sus enmiendas se formalicen conforme a derecho antes de efectuar pagos, exigir el cumplimiento de los procedimientos de compras y cotizaciones y fortalecer los controles relacionados con órdenes de compra y obligaciones de fondos.
“Las deficiencias identificadas en este informe muestran la necesidad de reforzar los controles internos, asegurar procesos adecuados de compras y contratación y garantizar que los nombramientos se realicen conforme a los requisitos establecidos para proteger el interés público”, expresó la Contralora de Puerto Rico.
El informe de auditoría OC-26-31 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoria OC-26-30, Municipio de Lajas
San Juan, Puerto Rico (21 de mayo de 2026) – La contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, informó hoy la publicación del Informe de Auditoría OC-26-30 correspondiente al Municipio de Lajas, el cual examinó operaciones fiscales y administrativas realizadas del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2024.
La auditoría, realizada en virtud de la autoridad constitucional y legal conferida a la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR), emitió una opinión cualificada, lo que significa que, en términos generales, las operaciones examinadas se realizaron conforme a la ley y reglamentación aplicable, excepto por los hallazgos del 1 al 5 incluidos en el informe.
El informe contiene cinco hallazgos principales relacionados con contratación gubernamental, desembolsos sin contratos escritos, compras sin cotizaciones, obligaciones presupuestarias tardías y pagos innecesarios de intereses, recargos y multas.
Uno de los señalamientos más significativos establece que la secretaria municipal formalizó el 18 de septiembre de 2022 un contrato por $90,000 para alquiler de equipo pesado relacionado con trabajos tras el paso del huracán Fiona. Posteriormente, los auditores detectaron otro contrato idéntico en número, vigencia y términos, pero con cuantía alterada a $140,000. Según la evidencia recopilada, la secretaria municipal alteró unilateral e ilegalmente el contrato mediante sistema computadorizado para aumentar la cuantía de $90,000 a $140,000.
También se alteró el documento titulado “Datos del Contrato Registrado” emitido por la OCPR como evidencia de registro. Como resultado, se realizaron pagos por $124,497 al contratista, excediendo por $34,497 la cuantía del contrato original registrado. El informe señala que esto privó al Municipio de recursos que pudieron utilizarse para otras necesidades públicas.
El alcalde objetó el hallazgo y sostuvo que se intentó corregir internamente el contrato y gestionar cambios ante la Contraloría. No obstante, la OCPR determinó que el hallazgo prevalece conforme a la evidencia obtenida durante la auditoría.
La auditoría también reveló que el Municipio solicitó y recibió servicios de alquiler de dos camiones para recogido de basura doméstica por $32,800 sin formalizar previamente un contrato escrito. El pago total fue realizado el 25 de febrero de 2022. La gerencia municipal argumentó que se trató de una emergencia decretada mediante orden ejecutiva y que bastaba con una orden de compra. Sin embargo, la OCPR sostuvo que una orden de compra no sustituye un contrato escrito ni establece adecuadamente los derechos y obligaciones entre las partes.
El examen de comprobantes de desembolso determinó, además, que entre mayo de 2021 y febrero de 2024 se realizaron ocho compras por $49,343 sin obtener al menos tres cotizaciones de proveedores representativos del mercado, como exige la reglamentación aplicable. Las compras incluyeron materiales y suministros, armas de fuego, abanicos, máquinas de presión, una cisterna, renta de vehículo y equipo de sonido con instalación. En algunos casos se alegó exclusividad de suplidores, aunque los auditores identificaron proveedores adicionales disponibles en el mercado. Asimismo, en nueve comprobantes de desembolso por $32,287 se identificaron 18 cotizaciones sin nombre, firma o identificación del funcionario municipal que las solicitó o recibió, debilitando la trazabilidad del proceso y dificultando la adjudicación de responsabilidades administrativas.
Otro hallazgo establece que el Municipio formalizó contratos y enmiendas sin obligar previamente los créditos presupuestarios correspondientes. Entre agosto de 2021 y octubre de 2022 no se obligaron oportunamente fondos para cuatro contratos y doce enmiendas por $437,440. La Contraloría indicó que esta práctica impide mantener un control eficaz de las asignaciones presupuestarias y puede provocar sobregiros o litigios innecesarios.
La auditoría también documentó que entre junio de 2021 y abril de 2024 el Municipio pagó $11,697 en intereses, recargos y multas por tardanzas en remesas al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y al Servicio de Rentas Internas Federal (IRS). De esa cantidad, $10,981 correspondieron al Departamento del Trabajo por atrasos en aportaciones y retenciones, mientras $716 fueron pagados al IRS por tardanzas en remesas federales. La Oficina señaló que estos pagos reducen recursos municipales que debieron utilizarse en servicios directos a la ciudadanía y podrían afectar derechos y beneficios de empleados municipales.
El informe además menciona que, al 30 de septiembre de 2024, existían demandas civiles pendientes contra el Municipio por $10,560,000, relacionadas con incumplimiento de contrato, discrimen político, acoso laboral y daños y perjuicios. También había tres casos pendientes ante la Comisión Apelativa del Servicio Público. Asimismo, se señaló que al 30 de junio de 2024 no se habían recobrado $85,500 recomendados en un informe de auditoría anterior emitido en 2014.
Entre las recomendaciones emitidas por la OCPR se encuentran evaluar y asegurar cumplimiento con el Plan de Acción Correctiva sometido, fortalecer controles de contratación pública, exigir contratos escritos antes de recibir servicios, garantizar procesos competitivos de compras con cotizaciones válidas, obligar oportunamente los créditos presupuestarios, evitar tardanzas en remesas estatales y federales y continuar gestiones de recobro de fondos señalados en auditorías previas.
“Esta Oficina tiene el deber ministerial de velar por la sana administración pública, la transparencia fiscal y el uso correcto de los recursos del pueblo. Cada auditoría busca fortalecer los controles internos y promover la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales”, expresó la contralora Vega Fournier.
El informe completo está disponible en el portal oficial de la Oficina www.ocpr.gov.pr
Informe de Investigación OC-26-29, Municipio de Cataño sobre Resultados de las investigaciones sobre alegadas irregularidades relacionadas con el uso de computadoras, cuentas de correos electrónicos, vehículos, empleados y fondos del municipio, para actividades ajenas al interés público.
Contralora pública informe de investigación del Municipio de Cataño
San Juan, Puerto Rico – 15 de mayo de 2026 – Según se había establecido, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico publicó informe sobre investigación en el Municipio de Cataño.
La Contralora de Puerto Rico anunció hoy la publicación del Informe de Auditoría relacionado con la atención e investigación de la querella presentada sobre ciertas actividades en el Municipio de Cataño.
La investigación comenzó el año pasado tras recibirse una querella formal y se realizó conforme a las normas de auditoría gubernamental generalmente aceptadas y a las disposiciones de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada.
El Informe completo estará disponible para el público a partir de hoy en el portal oficial de la Oficina de la Contralora: www.ocpr.gov.pr.
Programa de Internado en Bibliotecologia
Programa de Internado en Derecho
Programa de Internado en Relaciones Públicas, Comunicaciones o Periodismo
Programa de Internado en Auditoria Gubernamental
Programa de Internado en Auditoria Gubernamental de Tecnología de Información
Programa de Internado en Sistemas de Información (Programación)
Programa de Internado en Sistemas de Información (Servicios Técnicos)
Informe de Auditoría OC-26-28 – Área Local de Desarrollo Laboral Guaynabo – Toa Baja
Contralora revela deficiencias administrativas y fiscales en el Área Local de Desarrollo Laboral Guaynabo-Toa Baja.
Se detectaron fallas administrativas en las retenciones contributivas y en los procesos competitivos
San Juan, Puerto Rico, (13 de mayo de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, anunció hoy la publicación del Informe de Auditoría OC-26-28, correspondiente al Área Local de Desarrollo Laboral Guaynabo-Toa Baja, en el cual se identificaron múltiples deficiencias en los procesos fiscales, de contratación y administración de fondos públicos relacionados con programas sufragados bajo la Ley federal Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA). El período auditado comprendió del 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2024.
La auditoría emitió una opinión cualificada, lo que significa que, aunque en términos generales las operaciones examinadas se realizaron conforme a la ley y reglamentación aplicable, se detectaron incumplimientos contenidos en cuatro hallazgos principales.
“La fiscalización pública no solo consiste en revisar números. También exige examinar si los procesos se ejecutan con transparencia, controles internos adecuados y estricto apego a la ley. Cada dólar federal y estatal debe administrarse con la máxima responsabilidad”, expresó la Contralora Vega Fournier.
El informe identifica cuatro señalamientos medulares: deficiencias en la preintervención de facturas y retenciones contributivas, irregularidades en procesos de evaluación de propuestas, insuficiencia en la obligación de fondos contractuales y contratos sin cláusulas ni certificaciones requeridas.
En el primer hallazgo, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) examinó 80 facturas por $342,964 pagadas a contratistas y determinó que ninguna contenía el sello de “Pagado”, mecanismo básico de control interno para evitar duplicidad de desembolsos. Asimismo, en cinco facturas por $23,775 no se incluyeron certificaciones requeridas por ley y en cuatro facturas por $15,775 no aparecía la firma de los representantes de las compañías proveedoras.
Adicionalmente, en pagos relacionados con ocho contratos de servicios profesionales y de adiestramiento, se detectó que no se realizaron retenciones contributivas requeridas por ley
a tres contratistas, por un total de $1,281, privando al Departamento de Hacienda de ingresos legalmente exigibles y exponiendo a la entidad a penalidades contributivas.
El segundo hallazgo revela fallas sustanciales en los procesos competitivos para adjudicar contratos. Entre octubre de 2020 y abril de 2024, el Comité Ejecutivo y el Comité de Jóvenes celebraron 18 reuniones para evaluar 893 propuestas de servicios. Sin embargo, no se conservó evidencia formal de las puntuaciones otorgadas por el Comité Evaluador Administrativo, las evaluaciones se hacían a lápiz y no quedaban debidamente documentadas en los expedientes oficiales.
También se encontró que en trece minutas no se indicó el total de propuestas recibidas, y en quince minutas no se consignaron las razones para aprobar o rechazar propuestas evaluadas. Incluso, en un contrato de servicios profesionales por $20,000, el Comité Ejecutivo aprobó una propuesta con menor puntuación sin justificar adecuadamente su decisión.
La auditoría igualmente determinó que durante 30 meses el Comité Ejecutivo no contó con la composición reglamentaria requerida. Para algunos periodos solo tenía uno o dos miembros con derecho al voto, pese a que durante ese tiempo aprobó 615 propuestas, situación que debilita la legitimidad de las determinaciones adoptadas.
En el tercer hallazgo, se identificó que en un contrato por $10,000 para servicios de adiestramiento solo se obligaron inicialmente $5,000, provocando una insuficiencia presupuestaria igual a esa cantidad. Los restantes fondos fueron obligados posteriormente, luego de haberse iniciado pagos bajo el contrato.
La Contralora indicó que este tipo de práctica puede generar déficits en partidas presupuestarias y riesgos operacionales si no existieran fondos disponibles para cubrir compromisos previamente asumidos.
En el cuarto hallazgo, el informe señala falta de cláusulas contractuales esenciales y ausencia de certificaciones requeridas en expedientes contractuales, lo que refleja debilidades adicionales en los controles de contratación y cumplimiento normativo.
Como comentario especial, el informe menciona además un caso pendiente de resolución ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.
En sus comentarios oficiales, la gerencia del Área Local sostuvo que varias situaciones respondían a prácticas administrativas internas, uso del sistema SAP, notas preliminares no oficiales y limitaciones operacionales durante el periodo auditado. También indicó que ha comenzado a implantar medidas correctivas, incluyendo hojas de cotejo, nuevas directrices documentales y refuerzo de los procesos de evaluación y archivo.
Entre las recomendaciones emitidas por la OCPR se incluyen fortalecer los controles internos, asegurar evidencia documental en todos los procesos de contratación, garantizar la composición reglamentaria de los comités decisionales, efectuar retenciones contributivas conforme a ley, obligar previamente los fondos necesarios antes de contratar y revisar los expedientes contractuales para que contengan todas las cláusulas y certificaciones requeridas.
“Exhortamos a la gerencia del Área Local de Desarrollo Laboral Guaynabo-Toa Baja a atender con prontitud cada recomendación para proteger los recursos públicos y fortalecer los servicios a la ciudadanía. De igual forma, a que nos envíen el plan correctivo y sus respectivos logros”, concluyó Vega Fournier.
Informe de Auditoría OC-26-27, Autoridad de Tierras de Puerto Rico
Contralora revela deficiencias administrativas y fiscales en la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, pagos de $297,177 sin contrato y ordenó recobrar $410,677a entidades sin fines de lucro
San Juan, Puerto Rico, (8 de mayo de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, anunció hoy la publicación del Informe de Auditoría OC-26-27, correspondiente a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, en el cual se identificaron múltiples incumplimientos legales, debilidades de control interno y deficiencias significativas en la administración del Fondo de Mejoras Municipales y otras operaciones relacionadas. El período auditado comprendió del 1 de julio de 2015 al 31 de marzo de 2023.
La auditoría emitió una opinión adversa, lo que significa que las pruebas realizadas y la evidencia recopilada reflejan que las operaciones examinadas no se llevaron a cabo conforme a la ley y reglamentación aplicable.
“La sana administración pública requiere controles firmes, transparencia absoluta y respeto irrestricto al uso de los fondos públicos. Cuando esos principios fallan, se afecta la confianza ciudadana y la capacidad del Gobierno para servir con justicia y eficiencia”, expresó la Contralora Vega Fournier.
El Informe contiene dos hallazgos principales relacionados con los objetivos de auditoría, un hallazgo adicional sobre otros asuntos detectados y un comentario especial referente a la falta de personal para atender las responsabilidades delegadas a la Autoridad.
Uno de los señalamientos más significativos corresponde a $297,177 pagados contrario a las disposiciones contractuales. La auditoría examinó contratos otorgados a entidades sin fines de lucro y determinó que la Autoridad efectuó desembolsos sin contratos vigentes, incluyendo pagos realizados antes del otorgamiento formal del contrato y luego de vencida su vigencia.
Asimismo, para ocho contratos por $375,820, la Autoridad requirió tardíamente —o no requirió— informes sobre el uso de los fondos o la devolución de sobrantes, lo que provocó que $262,732 no estuvieran disponibles para atender obras y servicios en beneficio de la ciudadanía.
La auditoría también reveló que en siete contratos por $385,000 no se especificaron claramente las obras, las mejoras permanentes, los servicios a prestar, ni los beneficiarios de los fondos asignados, situación que aumenta el riesgo de uso indebido de recursos públicos y dificulta la fiscalización.
Además, en un caso específico, se determinó que fondos por $30,000 fueron utilizados de una resolución distinta a la establecida contractualmente, en violación a los términos pactados.
En cuanto al segundo hallazgo, la Contralora informó que la entonces directora de Finanzas, Contabilidad y Presupuesto realizó funciones incompatibles entre sí, tales como preintervenir justificantes de desembolso, emitir y firmar cheques, y registrar pagos, lo que representa una clara falta de segregación de deberes y eleva el riesgo de errores o irregularidades no detectadas oportunamente.
Igualmente, se encontró que la Autoridad carecía de reglamentación adecuada para procesos esenciales de contabilidad y finanzas, incluyendo preparación y registro de comprobantes de desembolso, conciliaciones bancarias y emisión de cheques. También se determinó que el Reglamento del Fondo de Mejoras de 2024 no había sido presentado ante el Departamento de Estado, pese a contener requisitos aplicables a terceros.
Otro hallazgo importante se relaciona con contratos no registrados ni remitidos a la Oficina de la Contralora, como exige la ley. Se identificaron seis contratos por $113,500 formalizados con una entidad sin fines de lucro que no fueron registrados ni remitidos, pese a que se efectuaron pagos relacionados con dichos acuerdos.
También se determinó que la Autoridad incumplió con el envío de certificaciones anuales requeridas por ley para los años fiscales del 2015-16 al 2021-22 y remitió diez informes mensuales de nómina y puestos con tardanzas de entre 3 y 30 días.
En sus comentarios oficiales, la gerencia indicó que muchas de las deficiencias señaladas habían sido atendidas mediante nueva reglamentación y controles internos, incluyendo procesos de verificación desde la solicitud legislativa hasta la aprobación final de asignaciones. También expresó que el incumplimiento relacionado con contratos no radicados y certificaciones anuales fue subsanado para evitar recurrencia. Sin embargo, la Oficina de la Contralora sostuvo los hallazgos tras evaluar las respuestas recibidas.
Como comentario especial, la auditoría destacó que la Autoridad no cuenta con suficiente estructura administrativa para cumplir las funciones del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes (PIR), encargado de manejar cientos de solicitudes legislativas y cerca de mil contratos anuales. Según el informe, esta insuficiencia obligó a contratar servicios externos y contribuyó a retrasos operacionales.
Entre las recomendaciones emitidas, la Contralora ordenó recobrar $410,677 a entidades sin fines de lucro, fortalecer la fiscalización de fondos, asignar personal suficiente al PIR, asegurar la revisión legal de contratos, implementar sistemas electrónicos de transparencia ciudadana, registrar oportunamente contratos, corregir deficiencias reglamentarias y adiestrar personal financiero en el uso del sistema contable.
“Nuestro deber constitucional exige impulsar correcciones, prevenir reincidencias y proteger cada recurso público que pertenece al pueblo de Puerto Rico. Exhortamos a la Autoridad a implementar con urgencia todas las recomendaciones emitidas las que evaluaremos en seis meses.”, concluyó Vega Fournier.
Informe de Auditoría OC-26-26 del Municipio de Maunabo
Informe de la Contralora revela pagos contrarios a la ley, atrasos financieros y fallas en recursos humanos en Maunabo
San Juan, Puerto Rico, (1 de mayo de 2026) -La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, publicó hoy el Informe de Auditoría OC-26-26, del Municipio de Maunabo, el cual examina las operaciones fiscales y administrativas realizadas durante el período del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2023.
Esta auditoría, de naturaleza de cumplimiento, tuvo como objetivo principal determinar si las operaciones del Municipio se realizaron conforme al Código Municipal de 2020, la Ley de Municipios y la reglamentación aplicable. Entre los objetivos específicos se incluyó la evaluación de la contratación de servicios profesionales, particularmente los relacionados con emergencias tras los huracanes Irma y María, así como la revisión de procesos de recursos humanos, manejo de nómina y cumplimiento con informes financieros.
Como resultado de las pruebas realizadas, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada, lo que significa que, aunque en términos generales las operaciones se realizaron conforme a la ley, se identificaron desviaciones significativas reflejadas en seis hallazgos.
Entre los principales hallazgos se destacan:
• Pagos por $83,240 contrarios a la ley y reglamentación aplicable, relacionados con servicios profesionales prestados sin contrato formal previo, en exceso de la cuantía contratada y pagos duplicados. Además, créditos presupuestarios no obligados al momento de otorgarse un contrato.
• Atrasos en la entrega de los estados financieros auditados, con demoras de hasta 364 días, así como incumplimiento en el envío de certificaciones requeridas por ley, lo que puede afectar la transparencia y la asignación de fondos federales.
• Pagos por $27,807 en exceso de la escala salarial establecida, además de deficiencias en nombramientos de personal y procesos de reclutamiento.
• Falta de formalización de acuerdos en destaques de empleados municipales, lo que implica ausencia de documentos legales que establezcan responsabilidades entre las partes.
• Incumplimiento y tardanzas en el envío de informes de nómina y certificaciones de privatización, afectando la rendición de cuentas.
• Ausencia de reglamentación y documentación en expedientes de personal, lo que limita la aplicación de controles uniformes en la administración pública.
Asimismo, el informe incluye comentarios especiales relacionados con déficits presupuestarios, opiniones de abstención y cualificadas en auditorías financieras previas y costos cuestionados en programas federales.
Por su parte, el Municipio le contestó a la OCPR que ha iniciado acciones correctivas, incluyendo gestiones de recobro por pagos en exceso y la actualización de sus informes financieros, como parte de sus esfuerzos por cumplir con las disposiciones legales.
Entre las recomendaciones principales, la Contralora exhorta al Municipio a fortalecer los controles internos, asegurar el cumplimiento estricto de la normativa aplicable en la contratación y manejo de fondos públicos, corregir las deficiencias en los procesos de recursos humanos y garantizar la presentación oportuna de informes financieros y certificaciones requeridas.
“Aunque en términos generales las operaciones del Municipio se realizaron conforme a la ley y la reglamentación aplicable, los hallazgos identificados evidencian desviaciones que deben atenderse con prontitud para fortalecer la sana administración pública y prevenir su recurrencia”, indicó la Contralora.
Este informe constituye el segundo y último sobre el Municipio de Maunabo y está disponible en la página oficial de la OCPR en ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-25, Negociado de la Policía de Puerto Rico
Contralora desvela deficiencias en recaudaciones y controles fiscales del Negociado de la Policía para el 2021 al 2025
San Juan, Puerto Rico, (1 de mayo de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, anunció hoy la publicación del Informe de Auditoría OC-26-25 del Negociado de la Policía de Puerto Rico (ahora Policía de Puerto Rico), el cual estaba adscrito al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP), en el cual se evaluaron las operaciones fiscales y administrativas realizadas durante el período comprendido del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2025.
La auditoría se realizó conforme a las facultades constitucionales y legales de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR), en la cual se emitió una opinión cualificada, lo que significa que, aunque en términos generales las operaciones examinadas se realizaron conforme a la ley y la reglamentación aplicable en sus aspectos significativos, se identificaron hallazgos que requieren medidas correctivas inmediatas.
“La seguridad pública también exige disciplina fiscal, controles administrativos rigurosos y absoluto cumplimiento con las normas que rigen el manejo de fondos públicos. Cada dólar administrado correctamente fortalece la capacidad operacional del Estado y la confianza ciudadana”, expresó la Contralora Vega Fournier.
El informe contiene dos hallazgos principales: uno relacionado con deficiencias en el proceso de las recaudaciones y el otro vinculado a funciones conflictivas en las cuentas por cobrar.
En el primer hallazgo del Informe, la OCPR examinó el manejo de ingresos generados por contratos de servicios policiacos prestados a otras entidades gubernamentales, empresas privadas e individuos, almacenamiento de armas de fuego, donativos federales, operaciones conjuntas con agencias federales, reembolsos y otros conceptos. Durante el período auditado se registraron en el Sistema Ingresos y Recaudos del Área del Tesoro (SIRAT) 2,489 comprobantes de remesa que contenían 5,834 recibos oficiales por $145,425,210 en recaudos del Negociado. Para fines de auditoría se examinaron 20 comprobantes de remesa que incluían 333 recibos oficiales por $11,927,154.
La auditoría determinó que, empleados recaudaron valores sin contar con un nombramiento de recaudador sustituto o auxiliar del Departamento de Hacienda. Además, se emitieron 18 recibos manuales no oficiales por $5,290, utilizando formularios
creados internamente y no autorizados por el Departamento de Hacienda. También se encontró que no se llevaba control sobre la numeración y registro de dichos recibos.
Asimismo, se identificaron tardanzas en depósitos de recaudos que fluctuaron entre 1 y 29 días, así como recibos oficiales que no fueron preparados al momento de recibirse los valores. En algunos casos, los depósitos se realizaron entre 1 y 82 días antes de emitirse los recibos oficiales. También se detectaron inconsistencias entre fechas de hojas de depósito y fechas registradas en el sistema SIRAT, una hoja de depósito ilegible sin sello bancario y 247 recibos oficiales que no seguían la secuencia numérica correspondiente.
Según la OCPR, estas deficiencias demuestran que no se mantuvo un control adecuado sobre el proceso de recaudaciones, lo que puede propiciar errores, irregularidades, uso indebido de fondos o dificultar la detección oportuna de situaciones impropias.
En sus comentarios, el DSP reconoció que los procesos de recaudación requerían revisión y actualización. No obstante, destacó que la auditoría no identificó pérdidas de fondos públicos y confirmó que las recaudaciones fueron depositadas íntegramente en las cuentas correspondientes, así como remesadas y registradas en SIRAT. Además, informó que designó personal como recaudador sustituto, implantó el uso de recibos oficiales autorizados y comenzó procesos de capacitación al personal de finanzas.
Por su parte, el Negociado de la Policía indicó que muchos de los señalamientos ocurrieron bajo la estructura administrativa centralizada del DSP antes de la nueva reorganización legal y que las recomendaciones serán incorporadas al proceso de transición operacional dispuesto por la Ley 83-2025, que creó la nueva Policía de Puerto Rico con autonomía administrativa y fiscal.
El segundo hallazgo se relaciona con funciones conflictivas en el área de cuentas por cobrar. Al 30 de junio de 2025, el Negociado mantenía 985 casos de cuentas por cobrar ascendentes a $980,233. La auditoría determinó que una misma empleada realizaba funciones de preparar facturas, gestionar cobros y registrar facturas y pagos en el sistema, tareas que debieron estar segregadas entre distintos empleados como medida básica de control interno.
La OCPR advirtió que esta situación impide mantener controles adecuados sobre las cuentas por cobrar y aumenta el riesgo de errores o irregularidades que podrían no detectarse a tiempo. Se señaló además que, una situación similar había sido comentada previamente en el Informe de Auditoría DA-15-41.
El DSP respondió que la limitación de personal incidió en la adecuada segregación de funciones, pero informó que ya inició una evaluación integral de tareas, aprobó la creación de nuevos puestos y analiza incorporar herramientas tecnológicas para alertar casos sin gestión de cobro y fortalecer la supervisión.
Una de las recomendaciones de la Contralora, va dirigida al superintendente de la Policía de Puerto Rico, a quien le indica que, debe asegurarse de supervisar adecuadamente las operaciones relacionadas con las recaudaciones, asegurarse que quienes manejen valores cuenten con nombramientos válidos expedidos por el Departamento de Hacienda, que utilicen recibos oficiales preimpresos y autorizados, exija depósitos diarios, garantice la exactitud en SIRAT y segregue adecuadamente las funciones de facturación, cobro y registro de los pagos.
“Como he comentado desde el día uno, la rendición de cuentas no se limita a detectar fallas; también procura corregir procesos, fortalecer instituciones y proteger el interés público. Exhortamos a las agencias concernidas a implantar con prontitud cada recomendación emitida para asegurar operaciones más ágiles, confiables y transparentes”, concluyó la Contralora Vega Fournier.
Carta Circular OC-26-21, División de Investigaciones Especiales de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico
Informe de Auditoría OC-26-24, Departamento de Familia
Contralora publica auditoría al Departamento de la Familia con señalamientos sobre pagos pendientes, controles fiscales, cuentas por cobrar, propiedad y cumplimiento financiero federal
San Juan, Puerto Rico – (29 de abril de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, informó hoy la publicación del Informe de Auditoría OC-26-24, correspondiente al Departamento de la Familia, el cual cubre el período del 1 de julio de 2020 al 30 de noviembre de 2024.
El informe fue realizado en cumplimiento con las facultades constitucionales y legales de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) y contiene una opinión cualificada. Esto significa que, en términos generales, las operaciones examinadas se realizaron conforme a la ley y reglamentación aplicable, excepto por los hallazgos señalados del 1 al 9, que son los siguientes: pagos de evidencia médica y de gastos de viaje pendientes por procesar por $1,563,138, y falta de controles en las operaciones de la división de pagos; deficiencias relacionadas con los comprobantes del oficial pagador y sus justificantes; deficiencias en las conciliaciones bancarias; más de $27,000 en débitos no autorizados de la cuenta bancaria del Oficial Pagador Especial, y pérdidas por $3,164 no reclamadas contra la fianza global o a la aseguradora del departamento; cuentas por cobrar por $65,920 por pagos indebidos de salarios, y falta de gestiones de cobro; atrasos en la contratación de los servicios de los estados financieros, e incumplimientos del envío de los estados a la federal audit clearinghouse y de la certificación anual sobre la ley 273-2003; deficiencias con los inventarios y el control de la propiedad; ausencia de registros internos de contabilidad; e incumplimientos y tardanzas en el envío de los informes mensuales de nóminas y puestos.
“Esta auditoría reafirma el deber ministerial de nuestra Oficina de examinar con objetividad el uso de los recursos públicos, promover controles internos sólidos y fomentar una administración pública eficiente, transparente y responsable”, expresó la contralora Vega Fournier, quien mencionó que ya el Departamento de la Familia estableció un plan correctivo que la contraloría evaluará en 6 meses.
El examen identificó hallazgos significativos en áreas sensitivas relacionadas con pagos del Programa de Determinación de Incapacidad, conciliaciones bancarias, débitos no autorizados, cuentas por cobrar, contratación de auditorías externas, manejo de propiedad, contabilidad interna y cumplimiento con informes requeridos por ley.
Uno de los principales señalamientos establece que, al 30 de diciembre de 2024, existían pagos pendientes por procesar por $1,563,138 por conceptos de evidencia médica y gastos de viaje, correspondientes a varios años fiscales.
Asimismo, se identificaron deficiencias importantes en los controles internos de la División de Pagos, incluyendo ausencia de registros adecuados de cheques devueltos por correo, falta de segregación de funciones en la custodia de cheques en blanco, inexistencia de inventario perpetuo y más de 10,000 cheques obsoletos sin anular.
En otra área, la auditoría reveló tardanzas en la remisión de conciliaciones bancarias al Departamento de Hacienda, diferencias sin aclarar por $52,552 y la falta de devolución de $152,809 correspondientes a 7,222 cheques caducados por más de seis meses sin ser cobrados por beneficiarios.
De igual forma, se detectaron 59 débitos no autorizados por $27,696 en la cuenta bancaria del Oficial Pagador Especial, utilizados para pagos ajenos a la función pública, incluyendo tarjetas de crédito, seguros médicos, internet, telefonía y otros conceptos. El informe también señala pérdidas por $3,164 que no fueron reclamadas oportunamente contra la fianza global o la aseguradora correspondiente.
En materia de nómina, se determinaron cuentas por cobrar por $65,920 por pagos indebidos de salarios a empleados que cesaron funciones, estaban en licencia sin sueldo o no tenían balances disponibles de licencias acumuladas. El informe también señala deficiencias en las gestiones de cobro posteriores.
La auditoría también documentó atrasos sustanciales en la contratación de auditores externos para realizar los single audits requeridos por regulación federal, así como tardanzas de hasta 613 días en la remisión de informes financieros auditados al Federal Audit Clearinghouse, lo que puede exponer a la agencia a riesgos relacionados con fondos federales.
En el área administrativa, se señalaron deficiencias con inventarios y control de propiedad, ausencia de registros internos de contabilidad para ciertos programas y tardanzas en la entrega de informes mensuales de nómina, registro de puestos y certificaciones anuales requeridas por ley.
El informe recoge comentarios de la gerencia del Departamento, en los cuales se informa que ya se comenzaron a implementar acciones correctivas. Entre estas, se indicó que se tramitarían las peticiones de fondos pendientes para desembolsos de evidencia médica y gastos de viaje, se establecerían controles para la custodia de cheques, se anularían formularios obsoletos, se remitirían fondos de cheques caducados al Departamento de Hacienda y se reforzaría el cumplimiento con informes regulatorios.
Además, la secretaria informó que se remitirán los informes mensuales de nómina y puestos dentro del término requerido por ley, así como el Registro de Puestos y la Certificación Anual correspondiente.
Entre las recomendaciones principales emitidas por la OCPR se encuentran: establecer normas escritas de control interno; procesar puntualmente pagos pendientes; fortalecer conciliaciones bancarias; investigar irregularidades; reclamar pérdidas cuando corresponda; mejorar el manejo de cuentas por cobrar; cumplir con auditorías federales; actualizar registros contables; fortalecer el control de propiedad; y remitir oportunamente todos los informes requeridos.
“Las recomendaciones emitidas constituyen una hoja de ruta para fortalecer la gobernanza fiscal y administrativa del Departamento de la Familia. Nuestro llamado es a implantarlas con diligencia y sentido de urgencia, siempre en beneficio de las poblaciones más vulnerables que dependen de estos servicios”, concluyó la contralora Vega Fournier.
El informe completo está disponible en el portal oficial de la Oficina: ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-23, Departamento de la Vivienda
Contralora de Puerto Rico revela deficiencias en elegibilidad, ejecución de obras y controles del Programa R3 del Departamento de la Vivienda
San Juan, Puerto Rico — (29 de abril de 2026)- La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-23 del Departamento de la Vivienda, el cual cubre el período del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2023.
En el informe se emitió una opinión cualificada al determinarse que las operaciones del Departamento se realizaron, en todos los aspectos significativos, conforme a la ley y la reglamentación aplicable, excepto por los hallazgos del 1 al 3, relacionados con la administración del Programa de Asistencia en Reparación, Reconstrucción o Reubicación (Programa R3), financiado con fondos federales CDBG-DR.
La auditoría evaluó el proceso completo de otorgación de ayudas a los ciudadanos, desde la solicitud hasta la reparación, reconstrucción o reubicación de viviendas afectadas por los huracanes Irma y María, así como el cumplimiento con los requisitos establecidos en las guías del programa.
Entre los hallazgos más relevantes, se identificó un caso en el cual una propiedad fue reconstruida con fondos públicos por más de $250,000 y posteriormente fue objeto de ejecución de hipoteca por parte de una institución financiera. En este caso, el Programa R3 desembolsó $253,139 para la reconstrucción de la vivienda, la cual nunca fue habitada por el beneficiario, ya que el banco adquirió la propiedad mediante proceso de embargo antes de la finalización de los trabajos.
La auditoría determinó que esta situación tuvo entonces como efecto que fondos públicos beneficiaran intereses privados, debido a que las guías del programa no contemplaban la verificación del estatus de pagos hipotecarios como criterio de elegibilidad.
En sus comentarios, la gerencia del Departamento indicó que la deuda hipotecaria no constituye un criterio de inelegibilidad bajo las disposiciones del programa federal, y que la inclusión de dicho requisito requeriría una enmienda sustancial al Plan de Acción aprobado. Asimismo, informó que se iniciaron gestiones para la recaptura de los fondos desembolsados en este caso.
El segundo hallazgo reveló que el Programa R3 aprobó ayudas a solicitantes que no proveyeron la documentación requerida o que no cumplían con los criterios de elegibilidad establecidos. De una muestra de 868 casos evaluados, se identificaron múltiples deficiencias, incluyendo falta de evidencia de identidad, ausencia de documentación sobre ingresos, inconsistencias en la residencia declarada y aprobación de ayudas a participantes que excedían los límites de ingresos permitidos.
Entre los casos examinados, se determinó que se otorgó un vale de reubicación por $185,000 a un solicitante que no cumplía con los requisitos de ingresos, lo que evidencia fallas en los procesos de validación y supervisión.
La gerencia del Departamento reconoció que, aun con procesos de revisión establecidos, pueden ocurrir errores o presentarse información incorrecta o fraudulenta por parte de los solicitantes, y destacó que el programa cuenta con mecanismos para la recaptura de fondos en estos casos.
El tercer hallazgo está relacionado con deficiencias en la ejecución de trabajos de reparación en viviendas beneficiadas por el programa. La auditoría determinó que se realizaron pagos por trabajos no ejecutados, así como por trabajos realizados de forma deficiente. En una muestra de 324 residencias inspeccionadas, se identificaron incumplimientos en trabajos como instalación de techos, sistemas eléctricos y otros componentes estructurales.
Además, se documentaron deficiencias en la calidad de las obras, incluyendo filtraciones, problemas en sistemas de plomería, instalaciones defectuosas y condiciones que afectan la seguridad de los residentes. Estas situaciones evidencian que no se logró plenamente el objetivo del programa de proveer viviendas dignas a los beneficiarios, a pesar de los desembolsos realizados.
La auditoría atribuye estas deficiencias a la falta de supervisión efectiva por parte del Programa R3 sobre los gerentes de programas y de construcción, así como a la ausencia de controles adecuados para garantizar el cumplimiento de los contratos y órdenes de trabajo.
En sus comentarios, la gerencia indicó que ha implementado mecanismos dentro de sus políticas y procedimientos para fortalecer la supervisión de los procesos de elegibilidad y ejecución de obras, así como medidas de contingencia como garantías de construcción y recaptura de fondos cuando corresponda.
Como parte de los comentarios especiales, la auditoría incluyó los resultados de una encuesta de satisfacción a 834 participantes del programa, la cual reflejó un nivel general de satisfacción de 78%, aunque con resultados mixtos en aspectos como la comunicación del progreso de los trabajos y la interacción con los gerentes de construcción.
Asimismo, se documentaron deficiencias adicionales en viviendas reconstruidas, incluyendo problemas en ventanas, puertas, techos, sistemas eléctricos, plomería y otras áreas estructurales, lo que refuerza la necesidad de fortalecer los controles de calidad en los proyectos.
Como resultado de estos hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas al Departamento de la Vivienda, incluyendo el fortalecimiento de los controles internos en la evaluación de elegibilidad, la implementación de mecanismos efectivos de supervisión en la ejecución de obras, la validación rigurosa de la documentación presentada por los solicitantes y la recuperación de fondos en los casos en que corresponda.
“La administración de fondos públicos, particularmente aquellos dirigidos a atender necesidades críticas como la vivienda, exige el más alto nivel de diligencia, transparencia y cumplimiento. Los hallazgos de este informe evidencian áreas que deben ser atendidas con urgencia para garantizar que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes realmente los necesitan y que los resultados cumplan con los estándares de calidad y legalidad que exige el interés público”, expresó la Contralora.
El informe completo está disponible en la página oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-22 del Municipio de Hatillo
Contralora de Puerto Rico emite opinión favorable sobre operaciones del Municipio de Hatillo en auditoría de cumplimiento
San Juan, Puerto Rico – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-22 del Municipio de Hatillo, el cual cubre el período del 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2025.
El informe emitió una opinión favorable, al determinarse que las operaciones fiscales del Municipio objeto de auditoría se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable.
La auditoría, de alcance específico, tuvo como objetivo evaluar los procesos relacionados con la adquisición de baterías portátiles y cisternas, incluyendo la adjudicación de subastas, la formalización de contratos, la obligación de fondos, la compra y desembolso de los recursos, así como la entrega de estos equipos a los beneficiarios.
Como resultado del examen realizado, se determinó que estos procesos se llevaron a cabo conforme a la ley, la reglamentación aplicable y las resoluciones de la Legislatura Municipal que rigen este tipo de programas, incluyendo aquellos financiados con fondos de la American Rescue Plan Act (ARPA).
El informe también establece que el Municipio cuenta con una estructura organizacional definida, con funciones administrativas y operacionales claramente delineadas, y que sus estados financieros auditados reflejan superávits acumulados en el Fondo General durante los años fiscales evaluados.
En cuanto al control interno, la auditoría concluyó que la gerencia municipal es responsable de mantener una estructura adecuada que garantice la eficiencia y eficacia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables.
Asimismo, durante el proceso de auditoría, la Oficina de la Contralora sostuvo comunicación con la gerencia municipal, sin que se identificaran situaciones que ameritaran comentarios o señalamientos.
La Contralora destacó que este tipo de resultado refleja una administración alineada con las mejores prácticas de cumplimiento y control fiscal, y reiteró la importancia de mantener estos estándares en la gestión pública.
“La opinión favorable emitida en este informe demuestra que es posible administrar los recursos públicos con rigor, transparencia y cumplimiento estricto de la ley. Este resultado debe servir como referencia para fortalecer la confianza de la ciudadanía y como compromiso continuo con la sana administración pública”, expresó la Contralora.
El informe completo está disponible en la página oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-21, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
Contralora de Puerto Rico revela deficiencias significativas en permisos, fiscalización ingresos y control de propiedad en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
San Juan, Puerto Rico — La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-21 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el cual cubre el período del 1 de julio de 2020 al 31 de marzo de 2025.
El informe emitió una opinión cualificada, al determinar que, aunque las operaciones del Departamento se realizaron en términos generales conforme a la ley y reglamentación aplicable, se identificaron deficiencias relacionadas con el otorgamiento de permisos, la fiscalización, la generación de ingresos y el manejo de la propiedad pública.
Entre los principales hallazgos, la auditoría evidenció irregularidades en el proceso de evaluación y aprobación de autorizaciones, licencias y permisos especiales. Se determinó que solicitudes fueron aprobadas sin contar con la documentación requerida, incluyendo certificaciones contributivas, evidencia de seguros, evaluaciones ambientales y cumplimiento con recomendaciones técnicas.
Asimismo, se identificaron atrasos significativos en el trámite de solicitudes de autorización para el uso de la zona marítimo terrestre y aguas sumergidas; concesión para el aprovechamiento y uso de los bienes de dominio público marítimo terrestre, licencia de pescador comercial, permiso de construcción de pozo y franquicias para el aprovechamiento y uso de las aguas públicas de Puerto Rico, incluyendo casos que excedieron por hasta 138 días el término reglamentario de 30 días, lo que afectó la eficiencia en la prestación de servicios y pudo impactar negativamente los ingresos del Departamento y de los solicitantes.
La auditoría también reveló deficiencias en la determinación de cargos y en el cumplimiento de obligaciones por parte de concesionarios. A estos se les cobra un cargo fijo mensual por persona que participe de la actividad para la que se le otorgó el permiso o autorización. Entre las actividades están embarco y desembarco a la reserva natural de Isla de Mona, Isla Desecheo, Cayo Aurora; entre otros. En un caso, se estableció un cargo inferior al requerido por reglamento, lo que representó una ventaja económica indebida para el concesionario. Además, no se evidenció el seguimiento adecuado para la entrega de informes y pagos requeridos, ni la imposición de multas correspondientes por incumplimientos, lo que resultó en la pérdida de ingresos para el Departamento.
En cuanto a la fiscalización, se determinó que el Cuerpo de Vigilantes no contaba con evidencia de inspecciones o verificaciones realizadas a los concesionarios, lo que limita la capacidad del Departamento para garantizar el cumplimiento de las condiciones de los permisos y proteger adecuadamente los recursos naturales.
Otro hallazgo relevante se relaciona con el uso de terrenos sin permisos vigentes y deficiencias en el control de permisos especiales para instalaciones de telecomunicaciones en bosques estatales. Se identificó que la mayoría de los permisos evaluados estaban vencidos y, aun así, las operaciones continuaban. Además, se documentaron limitaciones de acceso del personal del Departamento a ciertas instalaciones, lo que dificulta la supervisión y fiscalización.
En el área de ingresos, la auditoría determinó que no se emitieron múltiples facturas relacionadas con cánones de arrendamiento de permisos especiales, y en algunos casos no fue posible determinar el importe dejado de facturar, lo que representa una deficiencia en la administración financiera del Departamento.
Por otro lado, el informe revela deficiencias en el manejo de la propiedad pública. No se ha realizado un inventario físico de la propiedad en más de 20 años, y durante varios periodos el Departamento no contó con un encargado de la propiedad debidamente nombrado, lo que debilita el control interno y aumenta el riesgo de pérdida o uso indebido de activos.
En sus comentarios, la gerencia del Departamento atribuyó varias de estas deficiencias a la falta de personal, la carga operacional y limitaciones presupuestarias. Indicaron que han iniciado medidas correctivas, incluyendo gestiones para reclutamiento de personal, acuerdos interagenciales para agilizar procesos, revisión de procedimientos de facturación y la contratación de consultores para realizar inventarios de propiedad.
Además, se informó sobre iniciativas para fortalecer el Cuerpo de Vigilantes, incluyendo la celebración de una academia para reclutar nuevos miembros, con el objetivo de mejorar la fiscalización de los recursos naturales.
Como resultado de estos hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas al Secretario del DRNA, incluyendo asegurar el cumplimiento estricto de los requisitos legales en la evaluación de permisos, reducir atrasos en los procesos administrativos, fortalecer la fiscalización mediante inspecciones periódicas, mejorar los mecanismos de facturación y cobro, mantener registros actualizados de permisos y garantizar la realización de inventarios anuales de la propiedad pública.
“La protección de nuestros recursos naturales requiere una administración rigurosa, transparente y en cumplimiento con la ley para salvaguardar el patrimonio ambiental de Puerto Rico y garantizar el uso responsable de los recursos públicos”, expresó la Contralora.
El informe completo está disponible en la página oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-20 del Municipio de Barranquitas
Contralora de Puerto Rico revela pagos indebidos, deficiencias administrativas y riesgos fiscales en auditoría al Municipio de Barranquitas
San Juan, Puerto Rico — (21 de abril de 2026) La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-20 del Municipio de Barranquitas, el cual cubre el período del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2024.
El informe contiene una opinión cualificada al determinarse que, aunque las operaciones del Municipio se realizaron en términos generales conforme a la ley y la reglamentación aplicable, se identificaron hallazgos que evidencian deficiencias en el manejo de fondos públicos, cumplimiento legal y controles internos.
Entre los señalamientos más relevantes, la auditoría identificó pagos de salarios por $84,268 a una pensionada del Sistema de Retiro para Maestros en contravención con la Ley del Sistema de Retiro para Maestros de 2013. La funcionaria fue nombrada en un puesto de confianza mientras continuaba recibiendo su pensión, en violación a las disposiciones legales que requieren la suspensión de dicho beneficio al ocupar un empleo remunerado en el gobierno.
La gerencia municipal sostuvo que el nombramiento se realizó conforme a una interpretación de la Ley Núm. 40 de 1959, que permite el empleo parcial de pensionados sin menoscabo de su pensión. No obstante, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) determinó que prevalece el hallazgo, al concluir que la legislación aplicable en este caso es la Ley del Sistema de Retiro para Maestros de 2013, la cual establece una prohibición específica.
Asimismo, se identificaron pagos indebidos por $13,500 por servicios artísticos que no fueron prestados. Aunque el Municipio argumentó que el artista incurrió en gastos y que la actividad fue interrumpida por un apagón, la auditoría determinó que el pago no procedía conforme a los términos contractuales. Posteriormente, el dinero fue recuperado mediante un acuerdo extrajudicial alcanzado en agosto de 2025.
En el área de infraestructura, la auditoría reveló deficiencias en la ejecución de proyectos de construcción. Se determinó que el Municipio inició trabajos sin contar con los permisos requeridos en al menos cuatro proyectos, obteniendo los mismos con retrasos de hasta 707 días. Además, se formalizaron contratos sin que los contratistas presentaran oportunamente fianzas, pólizas del Fondo del Seguro del Estado y seguros de responsabilidad pública, lo que expone al Municipio a riesgos legales, financieros y administrativos.
También se identificaron deficiencias en el manejo presupuestario, al no obligarse créditos presupuestarios en contratos y enmiendas por $5,947,287 al momento de su otorgamiento, registrándose dichas obligaciones con retrasos de hasta 541 días. Esta práctica debilita el control fiscal y aumenta el riesgo de sobregiros y litigios innecesarios.
En cuanto a la administración de ingresos, la auditoría evidenció la ausencia de análisis en cuentas por cobrar que superan los $1.6 millones, de las cuales más de $1.2 millones tienen más de cinco años de antigüedad. Además, se detectaron deficiencias en las gestiones de cobro, incluyendo falta de evidencia de seguimiento a deudores, incumplimiento en la verificación de patentes municipales y ausencia de declaraciones de volumen de negocios en varios casos.
La gerencia municipal indicó que ha iniciado procesos para analizar las cuentas incobrables, fortalecer las gestiones de cobro y mejorar la supervisión de los contribuyentes. Asimismo, señaló que se impartieron instrucciones para asegurar el cumplimiento con los permisos de construcción y la documentación requerida en los contratos.
Por último, una evaluación de contratos de arrendamiento de locales entre 2021 y 2023 por $123,000 reveló que el Municipio no obtuvo estudios de renta ni certificaciones registrales en cuatro contratos, y omitió la certificación de deuda del Departamento de Hacienda en dos casos. Esto impide determinar si los cánones de arrendamiento eran razonables y validar el derecho legal de los arrendadores sobre los inmuebles, lo que expone al Municipio a posibles reclamaciones de terceros y a riesgos relacionados con cargas o gravámenes. Además, pudo haber contratado con arrendadores con deudas contributivas.
Como resultado de estos hallazgos, la OCPR emitió recomendaciones dirigidas al alcalde y a las unidades administrativas del Municipio, incluyendo el fortalecimiento de los controles internos, la recuperación de fondos pagados indebidamente, la correcta aplicación de las disposiciones legales en materia de recursos humanos, la obtención previa de permisos y garantías en proyectos de construcción, y el establecimiento de mecanismos efectivos para la administración y cobro de ingresos.
“La gestión pública exige cumplimiento estricto con la ley, controles internos robustos y una administración responsable de los recursos del pueblo”, expresó la Contralora. El informe completo está disponible en la página oficial de la OCPR www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-19, Municipio de San Juan Corporación para el Desarrollo Empresarial y Cultural de la Isleta de San Juan
Contralora de Puerto Rico revela deficiencias en controles administrativos y cumplimiento legal en auditoría a CODEVISA
San Juan, Puerto Rico, (20 de abril de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, informó los resultados del Informe de Auditoría OC-26-19, correspondiente a la Corporación para el Desarrollo Empresarial y Cultural de la Isleta de San Juan (CODEVISA), el cual cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2024.
El informe contiene una opinión cualificada, al determinarse que, aunque las operaciones examinadas se realizaron en todos los aspectos significativos conforme a la ley y la reglamentación aplicable, se identificaron hallazgos relevantes relacionados con compras, contratación de auditorías externas y cumplimiento con requerimientos de informes y certificaciones.
La Contralora explicó que la auditoría evaluó el uso de fondos públicos, incluyendo subvenciones federales, asignaciones legislativas y aportaciones municipales, así como la efectividad de los controles internos y el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables a una corporación especial municipal. Indicó que los resultados evidencian deficiencias en áreas claves de administración, documentación y supervisión que requieren acciones correctivas.
En cuanto al primer hallazgo, la auditoría identificó deficiencias en los procesos de compras realizadas con una asignación legislativa de $50,000 otorgada en diciembre de 2022 para el desarrollo de un centro comunitario en la Isleta de San Juan. Se determinó que, de siete pagos realizados por un total de $33,812 entre mayo y junio de 2023, se efectuaron seis pagos por $30,378 sin obtener las dos cotizaciones requeridas para todos los artículos adquiridos. Además, en tres pagos por $14,174 no se suministraron las facturas correspondientes, encontrándose únicamente cotizaciones en los expedientes. Estas deficiencias limitaron la libre competencia entre proveedores y afectaron la integridad de la documentación requerida para fines de fiscalización y rendición de cuentas.
El informe atribuye estas deficiencias a la falta de personal, incluyendo la vacante del puesto de oficial de compras durante el periodo auditado, y a desviaciones de las disposiciones reglamentarias por parte de la gerencia ejecutiva. En sus comentarios, el Municipio de San Juan sostuvo que no forma parte de la gerencia de CODEVISA ni tiene control sobre el uso de los fondos legislativos. Por su parte, el vicepresidente de la Junta y el director ejecutivo indicaron que se documentaron las gestiones y que las facturas estaban disponibles. No obstante, la Oficina de la Contralora concluyó que el hallazgo prevalece, al evidenciarse la ausencia de cotizaciones requeridas y documentación completa en los expedientes.
En el segundo hallazgo, se determinó que CODEVISA incumplió con los términos establecidos para la contratación de auditorías externas de sus estados financieros para los años fiscales 2022-23 y 2023-24. Al 30 de junio de 2024, existían atrasos de hasta 456 días en la contratación de estos servicios, lo que provocó que la entidad no contara con información financiera oportuna y actualizada para la toma de decisiones y pudiera afectar la asignación de fondos públicos.
Entre las causas de esta situación se encuentran cambios en la Junta de Directores, dificultades para obtener propuestas de auditores externos y el incumplimiento de las disposiciones reglamentarias aplicables. El Municipio reiteró que no tiene control sobre los procesos internos de la corporación, mientras que la gerencia de CODEVISA reconoció el atraso e indicó que ya se han completado algunos estados financieros y se ha contratado servicios de auditoría para años posteriores. Sin embargo, la Oficina de la Contralora determinó que el hallazgo prevalece.
El tercer hallazgo refleja incumplimientos significativos con la Ley de Auditoría a Entidades Gubernamentales de 2003 y otras disposiciones relacionadas con la rendición de informes. La auditoría determinó que CODEVISA no remitió las certificaciones anuales requeridas a la Oficina del Contralor para los años fiscales del 2015-16 al 2023-24. Asimismo, no se enviaron 15 informes mensuales de nómina y puestos correspondientes al periodo de febrero de 2023 a abril de 2024, con atrasos de hasta 458 días,
y se remitieron 67 informes con tardanzas que fluctuaron entre 5 y 467 días.
Estas deficiencias limitaron la disponibilidad de información actualizada para la ciudadanía, el Gobierno y los procesos de fiscalización.
En sus comentarios, la gerencia de CODEVISA argumentó que, como corporación sin fines de lucro independiente, no le aplicaban ciertos requisitos de informes. No obstante, la Oficina de la Contralora determinó que el hallazgo prevalece, al establecer que toda entidad que recibe fondos públicos en exceso de $200,000 está obligada a cumplir con dichos requerimientos legales, independientemente de su naturaleza jurídica.
Entre las principales recomendaciones se incluyen asegurar el cumplimiento del plan de acción correctiva, fortalecer los procesos de compras mediante la obtención de cotizaciones requeridas, mantener expedientes completos con la documentación fiscal correspondiente, cumplir con la contratación oportuna de auditorías externas y designar un oficial de enlace responsable de someter las certificaciones e informes requeridos por ley en los términos establecidos.
Es indispensable que todas las entidades que manejan recursos públicos cumplan cabalmente con sus responsabilidades legales y administrativas, sin excepción”, concluyó la Contralora.
El informe completo está disponible en la página oficial de la OCPR www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-18, Municipio de Sabana Grande
Contralora de Puerto Rico revela deficiencias significativas en auditoría al Municipio de Sabana Grande que afectan la gestión fiscal, administrativa y de control interno
San Juan, Puerto Rico, (17 de abril de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA, dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-18 correspondiente al Municipio de Sabana Grande, el cual cubre el periodo del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2024. El informe contiene una opinión cualificada, al identificarse múltiples hallazgos que reflejan incumplimientos con disposiciones legales y deficiencias en los controles internos.
La Contralora indicó que, aunque las operaciones del Municipio se realizaron en términos generales conforme a la ley y la reglamentación aplicable, las desviaciones señaladas en los hallazgos afectan áreas críticas como la contratación, el manejo de fondos públicos, la administración de ingresos, el control de la propiedad y los procesos de recursos humanos.
La auditoría reveló pagos indebidos por miles de dólares por trabajos no realizados y otros sin cotizaciones; más de $15,000 sin cobrar y deficiencias en los pagos de contratos contingentes relacionados con la facturación a planes médicos por servicios de ambulancia; créditos presupuestarios no obligados al momento de otorgarse los contratos; pérdida de propiedad notificadas con tardanza; y documentos incompletos en los expedientes de personal.
En el primer hallazgo, la auditoría reveló pagos indebidos por $13,861 por trabajos no realizados en un proyecto de mejoras a un parque recreativo. El examen evidenció que se pagaron partidas correspondientes a la construcción de una base de verja y la instalación de un poste de luz que no fueron ejecutadas, según corroborado mediante inspecciones y declaraciones del contratista. Además, se identificaron deficiencias en los procesos de cotización, incluyendo la ausencia del mínimo requerido de propuestas y la falta de documentación esencial como firmas, nombres y títulos de los funcionarios que participaron en el proceso. Estas deficiencias limitaron la competencia y restaron confiabilidad al proceso de adjudicación.
En sus comentarios, la gerencia municipal indicó que las situaciones corresponden a la administración anterior y que la administración actual ha iniciado procesos de recobro contra el contratista, así como medidas correctivas para garantizar el cumplimiento con los procedimientos establecidos.
No obstante, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) determinó que el hallazgo prevalece.
El segundo hallazgo señala deficiencias en la administración de contratos contingentes relacionados con la facturación a planes médicos por servicios de ambulancia. La auditoría identificó $15,168 en ingresos no cobrados correspondientes a cheques emitidos por aseguradoras, así como pagos indebidos por $416 por facturas duplicadas. Además, se determinó que el Municipio no retuvo $5,297 en contribuciones sobre ingresos, ni registró adecuadamente los contratos en la Oficina del Contralor, al asignarles un valor nominal de $1 en lugar de una cuantía estimada razonable.
La gerencia expresó estar de acuerdo con algunos de los señalamientos e indicó que ha iniciado gestiones de cobro para recuperar los fondos no recibidos y corregir los procesos. Sin embargo, expresó desacuerdo en cuanto a la naturaleza de los contratos contingentes. La Contraloría concluyó que el hallazgo prevalece, al incumplirse disposiciones específicas sobre el registro y control de contratos.
En el tercer hallazgo, se identificaron deficiencias en la obligación de créditos presupuestarios, incluyendo tardanzas de hasta 110 días en registrar obligaciones relacionadas con contratos, y retrasos de hasta 428 días en la obligación de fondos en contratos contingentes. Estas prácticas debilitan el control fiscal y aumentan el riesgo de sobregiros y litigios innecesarios.
La administración municipal indicó que ha corregido estas prácticas y que actualmente se asegura la certificación de fondos antes de formalizar contratos. No obstante, la auditoría concluyó que las deficiencias existieron durante el periodo evaluado.
El cuarto hallazgo revela deficiencias en el manejo de pérdidas de propiedad municipal. Se identificaron 38 unidades de propiedad perdidas en 33 incidentes, con un valor estimado de $738,352. De estas, 13 pérdidas fueron notificadas a la Oficina del Contralor con tardanzas que oscilaron entre 4 y 998 días, en incumplimiento con los términos establecidos por ley.
La gerencia indicó que ha impartido instrucciones para mejorar la notificación oportuna de incidentes y fortalecer los controles. Sin embargo, la Contraloría señaló que la tardanza en estos procesos limita la capacidad de investigar los hechos y fijar responsabilidades.
El quinto hallazgo se relaciona con deficiencias en los expedientes de personal. La auditoría determinó que múltiples documentos carecían de firmas, fechas y otra información esencial, lo que debilita los controles sobre pagos de nómina y propicia la comisión de irregularidades. La administración indicó que esta situación fue corregida y que se han impartido instrucciones al personal correspondiente.
El informe también incluye un comentario especial sobre demandas civiles pendientes de resolución, tanto en contra como a favor del Municipio, lo que representa posibles riesgos fiscales futuros.
Como resultado de estos hallazgos, la OCPR emitió recomendaciones dirigidas al secretario de Hacienda, al presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al alcalde del Municipio. Entre las medidas recomendadas se destacan el recobro de fondos pagados indebidamente, el fortalecimiento de los procesos de cotización, la supervisión efectiva de los contratos, la retención correcta de contribuciones, la obligación oportuna de fondos, la mejora en los controles de propiedad y la correcta documentación de los expedientes de personal.
La Contralora reiteró que la sana administración pública exige controles efectivos, cumplimiento estricto de la ley y supervisión continua en todas las áreas operacionales. El informe completo está disponible en la página oficial de la OCPR www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-17, Autoridad para las Alianzas Público – Privadas de Puerto Rico Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3) – Sistemas de Información Computadorizados
Contralora de Puerto Rico revela deficiencias en el manejo y seguimiento de adelantos de capital en la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y COR3
San Juan, Puerto Rico, (17 de abril de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, dio a conocer hoy los resultados del Informe de Auditoría OC-26-17 sobre los sistemas de información computadorizados de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3, por sus siglas en inglés), una división de la Autoridad para las Alianzas Público – Privadas de Puerto Rico, el cual cubre el período del 10 de diciembre de 2020 al 12 de febrero de 2025.
El informe emitió una opinión cualificada, al determinarse que, aunque las operaciones se realizaron en todos los aspectos significativos conforme a la ley y reglamentación aplicables, se identificaron deficiencias en los procesos de seguimiento a subrecipientes que recibieron adelantos de capital bajo programas financiados por FEMA.
La auditoría identificó deficiencias en el proceso de monitoreo de los adelantos de capital otorgados mediante el programa piloto Request for Working Capital Advance (RFCA), implementado por la COR3 para facilitar liquidez a entidades subrecipientes en proyectos de recuperación. Estos adelantos, que pueden alcanzar hasta un máximo de 75 % del costo estimado de los proyectos, están sujetos a estrictos requisitos de seguimiento y justificación de gastos.
El examen reveló que, al 11 de septiembre de 2024, existían 974 proyectos referidos a la División de Cumplimiento, de los cuales para 504, no habían presentado solicitudes de reembolso, a pesar de haber recibido adelantos de capital por $747,673,335 entre junio de 2022 y septiembre de 2024.
Además, en una muestra de 30 proyectos evaluados, se determinó que, en 28 de estos, la División de Cumplimiento no realizó el seguimiento dentro de los términos establecidos. En 27 de estos casos no se enviaron las notificaciones iniciales de incumplimiento dentro del plazo requerido, registrándose retrasos de entre 7 y 401 días, aun cuando se habían desembolsado $8,871,876 en adelantos.
De igual forma, se identificó un caso en el cual, transcurridos 133 días desde el vencimiento del término requerido, no se envió notificación de incumplimiento a un subrecipiente que no envió la solicitud de rembolso y había recibido $857,838 en adelantos.
La Contraloría señaló que estas deficiencias afectaron entonces la capacidad de la COR3 mantener un control efectivo sobre los proyectos financiados con fondos federales y pueden impedir el cumplimiento de los objetivos de recuperación y reconstrucción para los cuales fueron asignados los recursos. Asimismo, destacó que la falta de seguimiento oportuno limitó la capacidad del Gobierno para garantizar el uso adecuado de fondos públicos.
En sus comentarios, la gerencia de la COR3 indicó que las situaciones se relacionan con la implementación de un programa piloto en desarrollo, así como con la falta de conocimiento por parte de algunos subrecipientes en el manejo de fondos federales. Además, señaló que se realizaron ajustes a los procedimientos para fortalecer los controles y mejorar el monitoreo del programa.
La gerencia también expresó desacuerdo con las conclusiones del informe, al sostener que la entidad ha mantenido controles internos efectivos y ha trabajado de manera continua para asegurar el cumplimiento con los requisitos federales, aun en el contexto de los retos asociados al proceso de recuperación tras los desastres naturales.
No obstante, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) determinó que el hallazgo prevalece, al no evidenciarse el cumplimiento con los términos establecidos en la reglamentación aplicable ni la documentación necesaria para justificar excepciones en los procesos de seguimiento.
Como resultado de estos hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas a la Junta de Directores de la Autoridad, al director ejecutivo de la Autoridad y al director ejecutivo de la COR3. Entre estas se incluyen la orientación a los subrecipientes sobre el manejo de fondos federales, el fortalecimiento de los procesos de seguimiento y cumplimiento, y la obligación de mantener documentación escrita que respalde cualquier excepción autorizada por FEMA o por la gerencia.
“Las deficiencias señaladas en este informe evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y control para asegurar que los recursos asignados cumplan con su propósito de reconstrucción y mitigación. La transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento estricto de la normativa son esenciales para proteger los fondos públicos y garantizar resultados efectivos para nuestro pueblo”, expresó la Contralora.
El informe completo está disponible en la página oficial de la OCPR www.ocpr.gov.pr.
Carta Circular OC-26-20, Certificación Anual sobre el cumplimiento con el Registro Electrónico Público de los Informes Requeridos a las Agencias del Gobierno de Puerto Rico
Invitación a Subasta OC-26-02 Servicios de Seguridad y Vigilancia
Informe de Auditoría OC-26-16. Compañía de Turismo de Puerto Rico
Contralora de Puerto Rico revela deficiencias significativas en la Compañía de Turismo que afectan la fiscalización del turismo náutico
San Juan, Puerto Rico, (14 de abril de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, dio a conocer hoy los resultados del Informe de Auditoría OC-26-16 de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, correspondiente al periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de marzo de 2025. El informe emitió una opinión cualificada al identificar deficiencias en los controles internos, la reglamentación y los procesos de certificación y fiscalización de las empresas de turismo náutico.
La Contralora señaló que, si bien las operaciones de la entidad se realizaron conforme a la ley en términos generales, los hallazgos identificados evidencian debilidades estructurales que comprometen la integridad del sistema de certificación, la seguridad de los usuarios y la equidad en la industria turística.
El informe revela, como hallazgo principal, que la Compañía permitió la operación de empresas de turismo náutico sin cumplir con los requisitos establecidos por ley y reglamentación. La auditoría determinó que varias empresas operaban con certificaciones vencidas, algunas por periodos que se extendían desde junio hasta diciembre de 2024, sin que la agencia tomara acción correctiva o impusiera penalidades. Asimismo, se identificó que se aprobaron certificaciones condicionadas no permitidas por la reglamentación vigente, incluyendo casos en los que las empresas no contaban con autorizaciones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, ni con inspecciones requeridas.
Adicionalmente, la auditoría evidenció deficiencias en la documentación y fiscalización, ya que en varios expedientes no se encontraron informes de inspección, y en otros casos se certificaron embarcaciones y equipos acuáticos sin la debida autorización regulatoria. También se detectó que la Compañía mantuvo certificaciones vigentes a empresas cuyos seguros, relevos de responsabilidad y permisos del DRNA estaban vencidos, en algunos casos por más de 600 días. Estas situaciones crean un ambiente de competencia desleal, exponen a los turistas a riesgos innecesarios y podrían implicar responsabilidad legal para la agencia.
La Contralora indicó que estas deficiencias responden, en gran medida, a la falta de personal adecuado para fiscalizar las operaciones, así como a la ausencia de supervisión efectiva por parte de los directores ejecutivos y del personal encargado. Como parte de este hallazgo, se refirió la conducta de un funcionario a la Oficina de Ética Gubernamental para evaluación correspondiente.
En un segundo hallazgo, el informe establece que la Compañía no había actualizado su reglamentación principal, el Reglamento 8855 de 2016 a pesar de haber transcurrido más de ocho años desde su aprobación. La auditoría determinó que dicho reglamento carece de disposiciones esenciales para la operación de empresas de turismo náutico, incluyendo requisitos sobre inspecciones periódicas, seguimiento a las empresas para mantener vigentes los documentos vencidos, criterios para otorgar endosos promocionales y controles sobre los sellos de certificación. Esta omisión limita la capacidad operativa de la agencia y propicia la emisión de certificaciones a entidades que no cumplen con los requisitos establecidos.
El tercer hallazgo señala deficiencias significativas en los controles internos, particularmente por la concentración de funciones incompatibles en el director de la Oficina de Servicios y Fiscalización Turística. Según el informe, este funcionario evaluaba solicitudes, realizaba inspecciones, determinaba cumplimiento, aprobaba certificaciones y controlaba la asignación de sellos, lo que compromete la objetividad del proceso y aumenta el riesgo de irregularidades. Asimismo, se identificó que los sellos de inspección no contaban con controles adecuados, ya que no se mantenían bajo custodia segura ni existía un registro formal de los mismos, lo que propicia su pérdida o uso no autorizado.
En cuanto a los comentarios de la gerencia, la directora ejecutiva de la Compañía informó que tomaría acciones para atender las recomendaciones emitidas en el informe, incluyendo medidas dirigidas a fortalecer la fiscalización, actualizar la reglamentación y mejorar los controles internos. No obstante, el exdirector ejecutivo no remitió comentarios sobre los hallazgos señalados.
Como resultado de estos hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas a la Junta de Directores, a la directora ejecutiva y al personal operacional. Entre estas se destacan la necesidad de revisar y actualizar el Reglamento 8855 de 2016 para atemperarlo con la legislación vigente, asignar el personal necesario para la fiscalización efectiva, segregar funciones incompatibles dentro de la estructura organizacional, asegurar el cumplimiento de los requisitos para la certificación de empresas de turismo náutico, y establecer controles adecuados para la custodia y uso de los sellos de inspección.
La Contralora reiteró que la industria turística representa un componente estratégico para el desarrollo económico de Puerto Rico, por lo que es indispensable que las entidades responsables de su regulación operen con rigor, transparencia y estricto cumplimiento de la ley. Añadió que este informe constituye una hoja de ruta clara para fortalecer los controles, proteger a los consumidores y garantizar una competencia justa dentro del sector.
El informe completo está disponible en la página oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-26-15 del Municipio de Las Marías
Contralora de Puerto Rico revela deficiencias significativas en el Municipio de Las Marías tras auditoría de cumplimiento
San Juan, Puerto Rico — La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA, dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-15 correspondiente al Municipio de Las Marías, el cual cubre el periodo del 1 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2025, y en el que se identifican deficiencias relevantes en los controles internos, el manejo de la propiedad municipal y la administración financiera.
La Contralora expresó que “la función fiscalizadora del Estado requiere no solo cumplimiento técnico, sino una cultura administrativa sólida que garantice la protección de los recursos públicos, y señaló que el informe evidencia áreas críticas que deben ser atendidas con urgencia para fortalecer la rendición de cuentas”.
Vega Fournier, explicó que “La auditoría emitió una opinión cualificada, lo que significa que, aunque las operaciones del Municipio se realizaron conforme a la ley y la reglamentación aplicable en términos generales, se identificaron desviaciones significativas en tres áreas principales que afectan la integridad administrativa y financiera del gobierno municipal”.
En cuanto al manejo de la propiedad municipal, el informe revela deficiencias sustanciales en los controles internos. Entre estas, se identificó que no se realizaron inventarios físicos anuales durante varios años fiscales, incumpliendo las disposiciones reglamentarias. Además, no se localizaron varias unidades de propiedad adquiridas, incluyendo equipos electrónicos y herramientas, no se emitieron recibos de propiedad en uso a empleados custodios y múltiples activos no estaban debidamente identificados o marcados. Asimismo, se detectaron deficiencias en el registro de activos en el sistema SIMA, incluyendo unidades no registradas, datos incompletos y discrepancias en la información, lo que debilita significativamente la capacidad del Municipio para salvaguardar sus bienes y propicia riesgos de pérdida, uso indebido y falta de transparencia.
De igual forma, se determinó que el Municipio no notificó a la Oficina del Contralor 39 accidentes relacionados con vehículos municipales, ni realizó investigaciones administrativas sobre dichos incidentes. Esta omisión limita la capacidad de establecer responsabilidades y afecta negativamente la cultura de control interno y la confianza pública en la gestión gubernamental.
En el área de propiedad inmueble, la auditoría identificó que no todas las propiedades estaban registradas en el sistema oficial y que los expedientes carecían de documentación esencial, como certificaciones del Registro de la Propiedad, estudios de título y validaciones contributivas. Estas deficiencias afectan la confiabilidad de los estados financieros y la toma de decisiones administrativas informadas.
En relación con la confiabilidad de la información, el informe concluye que el módulo de Activos Fijos del sistema SIMA no contiene datos confiables, debido a la existencia de miles de campos incompletos, registros duplicados, inclusión de activos que no cualifican como propiedad municipal y discrepancias en las secuencias de registro. Estas deficiencias comprometen la integridad de la información financiera y limitan la capacidad del Municipio para administrar adecuadamente sus recursos.
En el área financiera, la auditoría reveló deficiencias significativas en las conciliaciones bancarias, incluyendo atrasos de hasta 52 meses en su preparación, diferencias entre los balances bancarios y los registros contables, cheques sin cancelar por largos periodos y transacciones registradas incorrectamente entre cuentas. Estas situaciones afectan la confiabilidad de la información financiera y limitan la capacidad del Municipio para tomar decisiones fiscales responsables y oportunas.
El Municipio de Las Marías indicó, mediante sus comentarios oficiales, que ha iniciado acciones correctivas, incluyendo la realización de inventarios físicos en un término de
90 días, la identificación y registro de propiedades, la emisión de recibos de propiedad en uso, la implementación de informes mensuales sobre pérdidas, el registro de activos en el sistema SIMA y el inicio de procesos para completar expedientes de propiedades inmuebles. También informó que algunas cuentas bancarias han sido conciliadas y que se encuentra en proceso de cancelar cheques pendientes y corregir registros contables.
No obstante, la Oficina de la Contralora determinó que los hallazgos prevalecen, ya que no se presentó evidencia suficiente que sustente la corrección total de las deficiencias señaladas y persisten inconsistencias en los registros, así como incumplimientos en los controles administrativos requeridos.
El informe atribuye estas deficiencias principalmente a la falta de supervisión por parte de los directores de Finanzas y Presupuesto, al incumplimiento de procedimientos establecidos, a deficiencias en la comunicación interna sobre la adquisición y transferencia de activos, y a la ausencia de controles administrativos efectivos.
Como resultado de los hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió múltiples recomendaciones dirigidas al alcalde, a la gerencia municipal y su Oficina de Gerencia y Presupuesto. “Entre las recomendaciones, se incluyen la realización de inventarios físicos anuales, la localización o investigación de bienes no encontrados, la emisión de recibos de propiedad en uso, el fortalecimiento del registro de activos en el sistema SIMA, la notificación oportuna de pérdidas o irregularidades, la realización de investigaciones administrativas, la preparación mensual de conciliaciones bancarias, la corrección de discrepancias contables, la cancelación de cheques pendientes, el reembolso de fondos utilizados incorrectamente y el mantenimiento de expedientes completos de propiedad inmueble”.
La Contralora reiteró que la transparencia, la disciplina fiscal y la integridad administrativa son pilares fundamentales del servicio público, y que cada señalamiento representa una oportunidad de mejora, pero también una responsabilidad indelegable de los funcionarios encargados de la administración de fondos públicos. Añadió que este informe establece una hoja de ruta clara para fortalecer la gobernanza municipal y garantizar el uso responsable, eficiente y ético de los recursos en beneficio del pueblo de Puerto Rico.
El informe completo está disponible en el portal oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico www.ocpr.gov.pr.
###
Informe de Auditoría OC-26-14 del Municipio de Las Piedras
Contralora de Puerto Rico revela hallazgos significativos en auditoría del Municipio de Las Piedras y emite recomendaciones para fortalecer la gestión fiscal y administrativa
San Juan, Puerto Rico — La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA, dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-14 correspondiente al Municipio de Las Piedras, el cual cubre el periodo del 1 de febrero de 2019 al 31 de diciembre de 2022. El informe identifica múltiples deficiencias en los procesos de compras, contratación, administración de obras, control fiscal y gobernanza municipal, lo que dio lugar a una opinión cualificada.
La Contralora expresó que, “aunque las operaciones del Municipio se realizaron conforme a la ley en términos generales, los hallazgos identificados evidencian desviaciones significativas que requieren atención inmediata para garantizar el uso eficiente, transparente y legal de los recursos públicos. Señaló además que la fiscalización no solo busca identificar incumplimientos, sino promover mejoras estructurales en la administración pública municipal”.
Vega Fournier, detalló que entre los principales hallazgos, “se identificó que el Municipio adquirió seis vehículos por $255,404 mediante un proceso de cotizaciones dirigido a concesionarios de una sola marca, lo que restringió la libre competencia y limitó la posibilidad de obtener mejores alternativas en el mercado. La auditoría determinó que se incluyeron especificaciones que favorecían una marca en particular, contrario a la normativa estatal y federal aplicable. La gerencia municipal indicó que esta decisión respondió a la uniformidad de la flota y a la experiencia previa con dichos suplidores, así como a las condiciones de emergencia durante la pandemia del COVID-19. No obstante, la Oficina de la Contralora concluyó que el hallazgo prevalece, ya que dichas circunstancias no justifican la limitación de la competencia abierta”.
“Asimismo, según el informe, los auditores determinaron que el Municipio formalizó contratos por $640,033 para proyectos de construcción sin haber obtenido previamente los permisos requeridos por la Oficina de Gerencia de Permisos. Aunque los trabajos fueron completados y aceptados, los permisos fueron obtenidos luego de iniciadas las obras, lo que impidió la supervisión regulatoria oportuna y expuso al Municipio a posibles sanciones. La administración municipal alegó que utilizó el método de diseño y construcción, delegando la responsabilidad en el contratista; sin embargo, la Contralora reiteró que la responsabilidad última recae en el Municipio como dueño de los proyectos, por lo que el hallazgo prevalece”.
En el área de gobernanza, la auditoría reveló tardanzas significativas en la remisión de nombramientos de los miembros de la Junta de Subastas para su confirmación por la Legislatura Municipal. En algunos casos, estos nombramientos se remitieron hasta 969 días después del inicio del nuevo cuatrienio, a pesar de que la Junta continuó tomando decisiones durante ese periodo. La gerencia municipal sostuvo que los miembros podían continuar en funciones conforme al Código Municipal; no obstante, la Contralora determinó que el incumplimiento en el proceso de confirmación podría poner en cuestionamiento la validez de las decisiones tomadas.
En el ámbito fiscal, se identificó que no se obligaron créditos presupuestarios al momento de otorgarse contratos por $640,033, registrándose tardanzas de hasta 473 días en el registro de dichas obligaciones. Esta situación debilita el control presupuestario y puede propiciar sobregiros y riesgos legales. La gerencia atribuyó esta situación a las condiciones operacionales durante la pandemia, pero la auditoría determinó que varios contratos fueron otorgados antes de dicha emergencia, por lo que el hallazgo prevalece.
Además, se señaló que el Municipio realizó un pago de $21,980 por servicios de reparación eléctrica sin formalizar un contrato escrito, limitándose a una orden de compra. Esta práctica dejó desprovisto al Municipio de garantías legales adecuadas y dificultó la verificación de la corrección del desembolso. Aunque la administración argumentó que la orden de compra era suficiente en el contexto de emergencia, la Contralora enfatizó que dicho mecanismo no sustituye la obligación legal de formalizar contratos.
De igual forma, se determinó que el Municipio otorgó contratos y enmiendas por más de $8.5 millones para la administración del Centro de Diagnóstico y Tratamiento sin remitirlos a la Legislatura Municipal para su evaluación y aprobación, limitando la función fiscalizadora de dicho cuerpo. La gerencia sostuvo que se trataba de servicios profesionales; sin embargo, la Oficina de la Contralora concluyó que la naturaleza del contrato requería aprobación legislativa, por lo que el hallazgo prevalece.
El informe también incluye otros señalamientos relacionados con la falta de contratos escritos en la venta o alquiler de lotes en el cementerio municipal, la no localización de equipo y tardanzas en investigaciones administrativas, así como un comentario especial sobre una demanda civil pendiente de resolución.
La Contralora indicó que, aunque la administración municipal presentó argumentos y medidas correctivas en varios de los hallazgos, en todos los casos se determinó que las deficiencias señaladas persisten o no fueron debidamente subsanadas con evidencia suficiente.
Como resultado de estos hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas al alcalde, a la administración municipal, a la Legislatura Municipal y a otras entidades pertinentes. Entre estas se incluyen el fortalecer los procesos de compras para garantizar la libre competencia, asegurar el cumplimiento con los requisitos de permisos antes de iniciar proyectos de construcción, cumplir con los procesos de confirmación de la Junta de Subastas, establecer controles efectivos en la obligación de fondos, formalizar adecuadamente todos los contratos, remitir a la Legislatura aquellos contratos que así lo requieran, y reforzar los mecanismos de control interno en todas las áreas operacionales.
La Contralora reiteró que la sana administración pública requiere disciplina fiscal, cumplimiento estricto de la ley y una supervisión efectiva en todos los niveles de gobierno. Añadió que cada uno de los hallazgos representa una oportunidad para corregir deficiencias, fortalecer la gobernanza municipal y garantizar que los recursos públicos sean utilizados en beneficio del pueblo de Puerto Rico.
El informe completo está disponible en la página oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico www.ocpr.gov.pr.
###
Informe de Auditoría OC 26-13 de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado
Contralora de Puerto Rico emite informe de auditoría sobre la Corporación del Fondo del Seguro del Estado con opinión favorable por el manejo de fondos federales relacionados con la pandemia del COVID-19
San Juan, Puerto Rico — (10 de abril de 2026) La nueva Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, informó hoy los resultados de la auditoría de cumplimiento realizada a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2025. La auditoría, de alcance específico, estuvo dirigida a evaluar el manejo de fondos federales relacionados con la pandemia del COVID-19, incluyendo los fondos bajo el Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act) y el American Rescue Plan Act (ARPA).
“El resultado de esta auditoría refleja que las operaciones evaluadas de la Corporación se realizaron, en todos los aspectos significativos, conforme a la ley y la reglamentación aplicable. El informe emitido contiene una opinión favorable, lo que significa que las transacciones examinadas cumplen sustancialmente con los requisitos legales y normativos aplicables”.
La Lcda. Vega Fournier, quien es abogada y Contador Público Autorizado, detalló “entre los principales resultados se destaca que: los ingresos federales fueron depositados en cuentas bancarias separadas conforme a la reglamentación aplicable; los fondos fueron registrados oportunamente en el sistema contable según las disposiciones federales, y se prepararon los informes de cierre correspondientes, incluyendo la devolución de sobrantes al Departamento de Hacienda conforme a la normativa federal. En cuanto al control interno, la auditoría determinó que la Corporación mantiene una estructura adecuada y efectiva,
sin identificarse deficiencias significativas que ameriten señalamientos o comentarios en el informe. Por lo que reconocemos estas buenas ejecutorias de los empleados y la administración de la Corporación”.
Asimismo, según reza el informe de los auditores, como parte del proceso de comunicación con la gerencia, los auditores notificaron los resultados de la evaluación a la administración de la Corporación, sin que surgieran situaciones adversas que requirieran acción correctiva.
“La ausencia de hallazgos en esta auditoría no debe interpretarse como un ejercicio concluido, sino como una responsabilidad continua de mantener controles efectivos, fortalecer la gobernanza y asegurar el cumplimiento riguroso de las leyes aplicables, especialmente en el manejo de fondos federales”, añadió la Contralora.
La titular también subrayó que este informe reafirma la importancia de mantener prácticas administrativas robustas en entidades que manejan recursos críticos para el bienestar de los trabajadores de Puerto Rico, destacando el rol de la Corporación en la protección y compensación de la fuerza laboral de la Isla.
Como parte de sus recomendaciones generales —aun en ausencia de hallazgos— la Oficina de la Contralora exhortó a la gerencia de la CFSE a: continuar fortaleciendo sus controles internos, mantener la transparencia en el manejo de fondos públicos, y asegurar la sostenibilidad de sus prácticas administrativas conforme a los estándares estatales y federales.
“Reiteramos nuestro llamado a todos los funcionarios y empleados públicos a velar por el uso eficiente, económico, ético y responsable de los recursos del Gobierno, en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, concluyó la Contralora.
###
Informe de Auditoría OC 26-12 del Departamento de la Familia – Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF)
Oficina de la Contralora presenta hallazgos significativos en auditoría a la ADSEF sobre el manejo de fondos del PAN y deficiencias en controles internos
San Juan, Puerto Rico – (9 de abril de 2026) La contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA, informó hoy la publicación del Informe de Auditoría OC-26-12, correspondiente a la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), adscrita al Departamento de la Familia, el cual cubre el período del 1 de enero de 2017 al 31 de agosto de 2024.
“El análisis realizado por los auditores -para los años del 2017 hasta 2024- reveló que se efectuaron pagos a beneficiarios fallecidos antes del cierre de sus casos, que algunos casos permanecieron activos aun después del fallecimiento de los participantes y que se realizaron pagos a unidades familiares sin ajustar oportunamente la composición del núcleo tras la muerte de alguno de sus miembros. Asimismo, se identificaron fallas significativas en la supervisión de instituciones de residencia transitoria autorizadas a manejar beneficios del PAN, en las cuales se detectaron transacciones con fondos para la compra de artículos no elegibles, tales como bebidas alcohólicas, ropa, artículos electrónicos, gasolina y otros gastos no relacionados con alimentos”, explicó Vega Fournier, quien es abogada y Contador Público Autorizado (CPA).
El Programa de Asistencia Nutricional (PAN) ofrece ayudas económicas a familias sin ingresos o con ingresos limitados para que puedan complementar sus necesidades alimentarias. Esta ayuda se otorga en proporción a la cantidad de personas en el núcleo familiar. Para la distribución de los fondos y la determinación de los beneficios del PAN, la ADSEF se rige por lo establecido en el Reglamento 8684 de 2015.
El informe, realizado en cumplimiento con las facultades constitucionales y legales de esta Oficina, contiene una opinión adversa, lo que significa que las operaciones evaluadas no se realizaron, en todos los aspectos significativos, conforme a la ley y la reglamentación aplicables, particularmente en áreas relacionadas con la administración del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y la supervisión de instituciones participantes.
“La emisión de una opinión adversa refleja deficiencias materiales en los controles internos y en el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias. Nuestro deber es presentar estos hallazgos con objetividad para propiciar acciones correctivas y fortalecer la administración pública”, expresó la contralora Vega Fournier.
“El examen realizado reveló que, del 3 de enero de 2017 al 28 de agosto de 2024, la ADSEF realizó 988,617 pagos en beneficios del PAN por $150,663,786 a 38,618 participantes [1], cuyo número de seguro social se identificó en el Registro de Defunciones como personas fallecidas.
De los 38,618 participantes, evaluamos la información de 385[2], a los que se realizaron 10,700 pagos por $1,623,280, del 4 de enero de 2017 al 22 de agosto de 2024. Esto, para determinar el estatus de los casos. Nuestra evaluación reveló que 351 (256 + 95) casos estaban cerrados y 34 continuaban activos, según se indica:
- Del 4 de enero de 2017 al 6 de febrero de 2024, la ADSEF realizó 4,035 pagos de beneficios por $435,579 a 256 casos de únicos beneficiarios (88%) que habían fallecido antes del cierre de sus casos. De acuerdo con el archivo del Registro Demográfico, los beneficiarios fallecieron del 6 de febrero de 1991 al 12 de noviembre de 2022. Mientras los casos fueron cerrados del 22 de febrero de 2017 al 31 enero de 2024[3].
- Al 30 de septiembre de 2024, 34 casos de únicos beneficiarios continuaban activos. Esto, a pesar de que habían fallecido del 15 de febrero de 1990 al 21 de agosto de 2022. Del 4 de enero de 2017 al 22 de agosto de 2024, se emitieron 3,332 pagos de beneficios por $437,035.
- Del 4 de enero de 2017 al 20 de agosto de 2024, la ADSEF realizó 3,333 pagos por $750,665 a 95 unidades familiares en las que había fallecido algún integrante, antes de proceder con los ajustes o el cierre de los casos. Para el 30 de septiembre de 2024, la ADSEF implementó acciones para reducir los beneficios correspondientes a las personas fallecidas”, lee el informe.
Estas situaciones estuvieron asociadas, entre otros factores, a deficiencias en los procesos de validación de información y a debilidades en los controles internos, lo que permitió la emisión de pagos indebidos y afectó la confiabilidad del Sistema,enfatizó la Contralora de Puerto Rico.
“Actualmente, el Departamento de la Familia y Departamento de la Salud y su oficina de Registro Demográfico, tienen un acuerdo para que puedan acceder a la plataforma del sistema ‘State and Territorial Exchange of Vital Events’ (STEVE), el cual es un sistema de intercambio de datos que maneja el Registro Demográfico del Departamento de Salud que permite a los estados y territorios obtener información confiable de los récords vitales (nacimientos y defunciones),” enfatizó la Contralora de Puerto Rico.
El informe también señala deficiencias significativas en la supervisión de instituciones de residencia transitoria. En particular, se determinó que la ADSEF no pudo suministrar 36 informes trimestrales requeridos para evaluación, no suspendió la autorización de instituciones que incumplieron con la entrega de informes por períodos prolongados y no verificó adecuadamente el uso de los fondos.
“Asimismo, se identificaron transacciones con fondos del PAN para la compra de artículos no elegibles, así como deficiencias en la documentación, incluyendo recibos ilegibles o ausencia de evidencia, lo que limita la capacidad de fiscalización. Estas deficiencias propician un ambiente de riesgo para el uso indebido de fondos públicos y podrían exponer al Gobierno de Puerto Rico a señalamientos o sanciones por parte de entidades federales,” reveló el Informe de auditoría.
El informe recoge comentarios de la gerencia de la ADSEF, en los cuales se reconoce que eventos extraordinarios como los huracanes Irma y María, los sismos en el suroeste de Puerto Rico y la pandemia del COVID-19 afectaron significativamente la capacidad operacional del Gobierno y la continuidad de los procesos administrativos. Asimismo, se señala que las restricciones presupuestarias, la reducción de personal y otros factores estructurales impactaron la capacidad de supervisión y fiscalización de la agencia.
De igual forma, la Contralora indicó que la actual agencia ha demostrado disposición para atender los señalamientos mediante la formalización de acuerdos con el Registro Demográfico, el fortalecimiento de procesos internos, la implementación de protocolos de validación de información y el desarrollo de un Plan de Acción Correctiva dirigido a mejorar la eficiencia, la transparencia y el cumplimiento.
La Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas a fortalecer los controles internos, asegurar la continuidad de los acuerdos interagenciales para la validación de datos de defunciones, asignar el personal necesario para la fiscalización efectiva del programa, revisar la reglamentación vigente y realizar las investigaciones y gestiones de recobro que correspondan.
“Reiteramos nuestro llamado a que se implementen de manera diligente las recomendaciones emitidas de las cuales sé que actualmente muchas se están ejecutando. La administración adecuada de los programas de asistencia social es esencial para garantizar que los recursos públicos lleguen a las poblaciones que verdaderamente los necesitan y por este lado evita consecuencias de agencias estatales y federales”, concluyó la contralora Vega Fournier.
Recomendaciones del Informe:
- Al fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico
Considerar las situaciones comentadas en el Hallazgos 1 y realizar los procesos que estime pertinentes.
- A la secretaria de Justicia
Considerar las situaciones comentadas en el Hallazgos 1 y realizar los procesos que estime pertinentes.
- Al director de la Oficina de Área del Caribe de la Food and Nutrition Services
Considerar las situaciones comentadas en el Hallazgo 1 y realizar los procesos que estime pertinentes.
- A la secretaria de la Familia
Tomar las medidas necesarias para asegurarse de que el administrador de la ADSEF cumpla con las recomendaciones y que situaciones como estas no se repitan.
Imparta instrucciones a la División de Integridad para que realice las investigaciones correspondientes de los casos de participantes con número de seguro social de personas fallecidas a los que la ADSEF les realizó pagos de beneficios del PAN, y a las instituciones que utilizaron los fondos del PAN para realizar compras que no estén relacionadas con alimentos. Además, obtenga el asesoramiento legal necesario para llevar a cabo cualquier gestión de recobro.
El informe completo está disponible en el portal oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico en www.ocpr.gov.pr
###
[1] Once participantes pertenecían a tres instituciones que se mencionan en el Hallazgo 2-a.1).
[2] Doscientos noventa casos eran de únicos beneficiarios y 95 casos de miembros de unidades familiares.
[3] Ciento noventa y cuatro casos fueron cerrados por muerte único beneficiario, 1 se desconoce paradero, 53 casos cierre administrativo Oficina Central, cinco casos no cooperaron en determinar elegibilidad, 1 caso retiro voluntario, 1 caso retiro voluntario por emigración y 1 caso sin código de cierre.
Contraloría revela pagos indebidos y sin contrato por más de El 26 de marzo de 2026 aprobamos el Informe de Auditoría OC-26-12. Este contiene los resultados de la auditoría que realizamos a la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF); para determinar si las operaciones si las operaciones fiscales se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe de Auditoría OC-26-12 se puede conseguir en nuestra página en Internet.
Carta Circular OC-26-19, Notificación de Correo electrónico de la Oficina de Prevención y Orientaciones Externa
Carta Circular OC-26-18, Calendario del curso requerido por la Ley 190-2006.
Carta Circular OC-26-17, Certificación sobre el Cumplimiento de la Ley 273-2003, Ley de Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías de Entidades Gubernamentales, según enmendada, para el año fiscal 2024-2025
Carta Circular OC-26-16, Informe Anual sobre el Estado de las Privatizaciones de los años fiscales 2022-23 al 2024-25
El Programa de Internado de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) ofrece al estudiante un escenario para adquirir conocimientos prácticos que le ayudan a comprender las funciones que realiza la OCPR. Esto, para que, una vez alcanzadas sus metas académicas, pueda considerar el servicio público como una opción para su desarrollo profesional. Además, promueve el análisis y la investigación entre los estudiantes.
Los aspirantes a participar del Programa están sujetos a las disposiciones contenidas en el Reglamento 63, Programa de Internado de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico, aprobado el 6 de octubre de 2014. El mismo está disponible en nuestra página de Internet https://www.ocpr.gov.pr.
Para obtener información, nos puedes contactar:
Dirección física:
105 Avenida Ponce de León
San Juan, Puerto Rico 00918
Dirección postal:
PO BOX 366069
San Juan, PR 00936
Teléfono:
787-754-3030
Correo electrónico:
Horarios:
Lunes a viernes
8:00 a.m. – 4:00 p.m.
SOLICITUD DE PARTICIPACIóN PROGRAMA DE INTERNADO
Carta Circular OC-26-15, Fechas límite para enviar la Certificación Trimestral del Registro de Contratos a la Oficina de la Contralora
Visitarán universidades para educar sobre la corrupción
fuente: Radio Isla - fecha: 23 de enero de 2026
La contralora Carmen Vega Fournier busca reducir la corrupción en el gobierno para las próximas generaciones
La contralora Carmen Vega Fournier anunció hoy,viernes, que su oficina visitará todas las universidades de Puerto Rico para educar sobre la corrupción y la ética pública, como parte de un plan que luego se extenderá a las escuelas públicas desde grado 12 hasta kínder.
“En la universidad están los futuros funcionarios públicos y tenemos que darles el ejemplo de las cosas que sí han pasado. Siempre va haber alguien que se desvíe porque lo que queremos es que sea el menor porciento”, dijo la contralora..
Contralora anuncia la designación de Saudhi Soto Pagán como nueva Subcontralora de Puerto Rico
Comunicado de Prensa
20 de enero de 2026
San Juan, Puerto Rico – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen Vega Fournier, Cpa, anunció la designación de la CPA y licenciada Saudhi Soto Pagán como nueva Subcontralora de Puerto Rico, aportando su vasta experiencia en auditorías, cumplimiento normativo, procesos contributivos y en derecho.
Soto Pagán es abogada licenciada y Contadora Pública Autorizada (CPA) con 35 años de experiencia en derecho contributivo, corporativo y administrativo. Ha liderado procesos de planificación contributiva, consultoría financiera y representación legal ante agencias gubernamentales estatales y federales, así como auditorías y Single Audits, contribuyendo a la mejora de controles internos y fortaleciendo la transparencia en entidades públicas y municipales.
“La nueva Subcontralora tiene el expertise y el compromiso para lograr y mantener que nuestras auditorías impacten al Pueblo en la transparencia y la rendición de cuentas”, expresó Vega Fournier, reafirmando su compromiso con la fiscalización responsable de la propiedad y los fondos públicos.
Con esta designación, la Oficina de la Contralora reafirma su compromiso con la excelencia, la transparencia y la fiscalización efectiva en la gestión pública.
Contralora anuncia la designación de Saudhi Soto Pagán como nueva Subcontralora de Puerto Rico
Carta Circular OC-26-14, Fechas límites en el 2026 para remitir a la Oficina del Contralor los informes mensuales del Registro de Puestos e Información Relacionada
Carta Circular OC-26-13, Extensión de fecha límite para remitir la Certificación sobre el Cumplimiento de la Ley 273-2003, Ley de Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías de Entidades Gubernamentales, según enmendada, para el año fiscal 2023-24
Derogada por la Carta Circular OC-26-17 del 9 de marzo de 2026.
Contralora e Inspectora General sellan acuerdo histórico para fortalecer la integridad y la fiscalización gubernamental
San Juan, Puerto Rico- Con el fin de maximizar la transparencia, prevenir riesgos en el manejo de fondos públicos y elevar los estándares de cumplimiento en la gestión gubernamental, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) y la Oficina del Inspector General (OIG), firmaron hoy un acuerdo interagencial sin precedentes, que formaliza y fortalece su colaboración estratégica en beneficio del pueblo de Puerto Rico. El acuerdo fue suscrito por la nueva Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, y la Inspectora General, Ivelisse Torres Rivera, quienes destacaron el compromiso compartido de ambas entidades con la sana administración pública, la rendición de cuentas y la integridad institucional.
Vega Fournier sostuvo que la fiscalización moderna exige coordinación gubernamental, madurez institucional y sistemas ágiles que permitan optimizar los controles públicos. Resaltó que la alianza alcanzada “nos permite sumar capacidades, compartir conocimientos y fortalecer el ecosistema de controles gubernamentales para que Puerto Rico tenga una administración pública más transparente, más ética y responsable”, y enfatizó que el proceso fiscalizador requiere visión estratégica y colaboración constante.
Por su parte, la Inspectora General Torres Rivera señaló que el acuerdo destaca que la colaboración estratégica no es solo un complemento del buen gobierno, sino un pilar fundamental para asegurar el uso adecuado de los fondos públicos. “Unimos capacidades desde nuestras jurisdicciones particulares para fortalecer los controles internos, elevar los estándares de cumplimiento y garantizar que el Estado administre sus recursos con eficiencia. Mediante esta alianza, el Gobierno refuerza su capacidad de fiscalización, fomentando la confianza de la ciudadanía”, señaló, destacando el rol de ambas oficinas en la supervisión de los procesos gubernamentales.
Como parte del convenio, ambas agencias establecerán mecanismos de intercambio seguro de información mediante plataformas tecnológicas protegidas, así como protocolos estrictos de confidencialidad para garantizar la reserva de documentos, informes y datos sensibles. El acuerdo también permitirá la asistencia técnica especializada para investigaciones, auditorías e intervenciones relacionadas con riesgos o posibles irregularidades en la gestión pública. Todo apoyo interagencial estará acompañado de medidas que aseguren la protección de expedientes, el manejo adecuado de información y el cumplimiento con los deberes legales de ambas entidades.
El documento, además, integra iniciativas conjuntas en materia de educación y capacitación dirigidas a funcionarios, empleados públicos y ciudadanía en general. Entre estas, se desarrollarán adiestramientos, guías, cartas circulares, materiales educativos y herramientas pedagógicas enfocadas en fortalecer la cultura del cumplimiento, el uso adecuado de los recursos gubernamentales y las mejores prácticas de administración pública. También se establece que ambas entidades podrán emitir referidos y colaborar en la evaluación de planes de acción correctiva relacionados con incumplimientos o hallazgos que requieran intervención interagencial.
Finalmente, la Contralora enfatizó “…el acuerdo no solo formaliza una relación de trabajo colaborativo ya existente, sino que la eleva a un nuevo nivel de integración, responsabilidad compartida y eficiencia fiscalizadora. Nos reafirmamos en nuestra disposición a continuar promoviendo iniciativas que fortalezcan la confianza del pueblo en sus instituciones y consoliden un enfoque moderno y colaborativo de supervisión pública en Puerto Rico.”
Contacto OCPR:
Lisandra Rivera, Lic. R-168
Directora de área
Oficina de Prensa y Comunicaciones
Oficina de la Contralora de Puerto Rico
(787) 250-3322
lriverar@ocpr.gov.pr
Contacto OIG: Gladys Arce , Lic. R – 300
Teléfono: (787) 382-1037
Email: gladys.arce711@gmail.com
Contacto alterno OIG: Kenneth Matos
Teléfono: (787) 679-7997 Ext. 1115
Email: Kenneth.matos@oig.pr.gov
prensa@oig.pr.gov
Carta Circular OC-26-12, Enmienda a la Carta Circular OC-18-15, Procedimiento para comentarios a borradores de informes de auditoría y para la entrega de información solicitada
Nueva Contralora celebra un histórico foro multisectorial en el Día Internacional contra la Corrupción
San Juan, Puerto Rico (martes, 9 de diciembre de 2025) – En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la nueva Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen Vega Fournier, encabezó hoy un foro sin precedentes que reunió a representantes del gobierno, la academia y la sociedad civil para discutir estrategias coordinadas de transparencia, control y prevención. Bajo el nombre “Un diálogo entre el gobierno, la academia y la sociedad civil”, el evento congregó a más de 200 participantes en una jornada de reflexión profunda sobre la lucha anticorrupción y la importancia de una vigilancia pública más innovadora y colaborativa.
El foro, el primero en su clase organizado por la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), marcó el inicio de una etapa enfocada en fortalecer la prevención, la fiscalización eficiente y la comunicación interagencial.
Durante su mensaje de apertura, la Contralora destacó que el foro responde “a nuestro modelo participativo que promueve alianzas proactivas con las entidades fiscalizadoras y con la academia.” Asimismo, Vega subrayó que mantiene comunicación constante y directa con el Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Inspector General, afirmando que “estas colaboraciones son esenciales en la investigación de casos de malversación, fraude y uso indebido de fondos públicos.”
También, la abogada y Contador Público Autorizado, Vega Fournier, resaltó ” es importante integrar a la Academia y, a su vez, a las nuevas generaciones mediante programas de internado que acerquen a los jóvenes al servicio público como una opción profesional ética y con sentido de propósito, al tiempo nos ayuden con trabajos e investigaciones académicas que fortalezcan la misión fiscalizadora de la OCPR.”
El primer panel, titulado “Responsabilidad pública y transparencia desde el Estado”, reunió a los principales funcionarios del aparato fiscalizador y judicial del país. Participaron el Lcdo. Luis A. Pérez Vargas, director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental; la Lcda. Annette del C. Esteves Serrano, subdirectora del Departamento de Justicia; Ivelisse Torres Rivera, inspectora de la Oficina del Inspector General; el Lcdo. W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico; la Lcda. Ygrí Rivera Sánchez, presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente; el Dr. Orville M. Disdier Flores, director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; y la Contralora de Puerto Rico.
Los panelistas discutieron nuevas modalidades en la detección de actos de corrupción, la importancia de auditorías internas centralizadas y la necesidad de utilizar datos confiables para detectar señales de alerta. También destacaron el valor colaborativo del Grupo PRECO, espacio interagencial dedicado a la prevención y erradicación de la corrupción. El fiscal federal Muldrow enfatizó la necesidad de fortalecer programas de protección y recompensa para denunciantes, señalando que muchos casos se esclarecen gracias a ciudadanos que alertan sobre irregularidades.
El segundo panel, “Educación e investigación para una cultura de integridad”, destacó la aportación de la academia a la vigilancia ética y a la construcción de una ciudadanía informada. Estuvo compuesto por el Dr. Melvin Rosario Crespo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano; el Dr. César Rey Hernández de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras; y el Dr. Hernán A. Vera Rodríguez de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Los académicos coincidieron en que la lucha contra la corrupción debe comenzar desde el sistema educativo, incorporando la ética, el civismo y la ciudadanía como competencias esenciales desde los primeros años hasta los estudios universitarios. También destacaron que alianzas estratégicas entre universidades, entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir al desarrollo de políticas públicas más sostenibles e innovadoras.
El tercer panel, “La voz de la Sociedad Civil en la Lucha contra la Corrupción”, dio espacio a organizaciones que lideran la fiscalización ciudadana independiente. Participaron la Dra. Eneida Torres de Durand del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa; Issel Masses Ferrer de Sembrando Sentido; Oscar J. Serrano del Centro de Periodismo Investigativo; y Michael G. Carmona Soto de Somos Más PR. Los panelistas resaltaron la importancia del monitoreo independiente, el acceso a información pública en formatos utilizables y las colaboraciones con organismos internacionales para desarrollar herramientas que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas en la contratación pública. Además, destacaron que la sociedad civil desempeña un rol insustituible en exigir integridad en el manejo de fondos públicos.
Esta primera edición del foro marca un hito en la agenda de la OCPR, demostrando su compromiso con la transparencia gubernamental y la promoción de una cultura de integridad. La Contralora concluyó que este esfuerzo es el comienzo de una agenda sostenida de colaboración multisectorial orientada a fortalecer la confianza pública y erradicar la corrupción en Puerto Rico.
###
CONTACTO: Lisandra Rivera Rivera, Directora
Oficina de Prensa y Comunicaciones
lriverar@ocpr.gov.pr
(787) 250-3322