La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Oficina Regional Educativa de Mayagüez (OREM) del Departamento de Educación. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe de un hallazgo revela que, el Departamento de Educación pagó $335,793 por servicios de agua potable y energía eléctrica en escuelas cerradas desde el 2017.  La suspensión de estos servicios se produjo hasta cuatro años después del cierre.  Del 2017 al 2018 se cerraron 90 escuelas en la región educativa de Mayagüez.  

De hecho, al 7 de julio de 2022, el Departamento pagó $47,379 por concepto de siete cuentas de energía eléctrica que se mantenían activas o en uso en tres de las escuelas cerradas. Estos pagos innecesarios se pudieron haber utilizado en las operaciones del Departamento y, además, personas ajenas pudieron haberse beneficiado de los servicios de agua y luz en las escuelas.

De las visitas realizadas a diez de las escuelas cerradas, se identificaron ocho en estado de abandono, cinco de ellas vandalizadas y llena de escombros (ver fotos en los Anejos 1 y 2). Los auditores encontraron también, equipos y materiales de instrucción abandonados, parafernalia de sustancias controladas, personas ajenas a la institución, y una de las escuelas servía de establo para 14 caballos.

La Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, no prestó el mantenimiento a las escuelas cerradas y el Departamento tampoco impartió instrucciones al respecto.

Además, cuatro de las escuelas visitadas tenían documentos administrativos y académicos confidenciales, y no se localizaron documentos relacionados al cierre tales como: el inventario físico, hoja de materiales transferidos, o la certificación de disposición de equipo preparada por el director escolar, entre otros.

La auditoría comenta que el Departamento no midió el cumplimiento de los objetivos del proceso de consolidación y cierre de las escuelas. Un ayudante especial del secretario y el superintendente de la OREM confirmaron que no contaban con información sobre el impacto económico, impacto en los estudiantes, y la calidad de servicios ofrecidos tras el cierre de escuelas.

Los auditores identificaron cuatro planteles escolares bajo la custodia del Departamento de Transportación y Obras Públicas, ocupados por dos municipios y dos corporaciones sin fines de lucro sin contar con un contrato de arrendamiento por escrito. Una de las escuelas servía de Head Start del Suroeste y Early Head Start. Otro de los planteles lo ocupaba una corporación sin fines de lucro cuyo presidente usaba uno de los salones como su residencia. Este primer informe de la Oficina Regional Educativa de Mayagüez cubre el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2022.

Vea el Informe de Auditoría DA-23-22.

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