La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión favorable sobre las operaciones fiscales de la Oficina del Procurador del Ciudadano (OPC). Las pruebas efectuadas y la evidencia en poder de la Contraloría, revelaron que los procesos de adquisición de equipo electrónico y sus comprobantes de desembolsos, se efectuaron de acuerdo con el Reglamento de Compras del 2011.

La OPC se creó mediante la Ley Núm. 134 del 30 de junio de 1977, Ley del Procurador del Ciudadano, según enmendada. La OPC, adscrita a la Rama Legislativa, se estableció para que el pueblo cuente con un organismo gubernamental, mediante el cual pueda canalizar el derecho constitucional a solicitar reparación de agravios.  Del 2018 al 2022, la OPC ha recibido asignaciones presupuestarias por $17,035,225, y ha realizado desembolsos por $12,104,179, para un saldo de $4,931,046.

Este informe cubre el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de julio de 2021.

Vea el Informe de Auditoría DA-22-05.

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