La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que, al 31 de enero de 2021, el Negociado había desembolsado $4,443,479 por concepto de la compra de un edificio, y los pagos de permisos, mantenimiento, seguridad, seguros, servicios profesionales y servicio eléctrico, sin ninguna utilidad. El edificio se adquirió en el 2014 por $3,300,000 y a la fecha de la compra tenía una deuda contributiva con el Centro de Recaudaciones Municipales (CRIM) por $160,401.

Los auditores hallaron cristales rotos, ascensores sin funcionar, acondicionador de aire colapsado, lozas y plafones desprendidos, comején en las tuberías y ausencia de mantenimiento en la azotea. El edificio está inoperante y deteriorado en su interior y en su exterior. Además, tenía almacenados equipos electrónicos y otros materiales del Sistema 3-1-1 (Ver Anejo 1 del Informe).

La auditoría de dos hallazgos señala que la escritura de compraventa del mencionado edificio, fue registrada en la Oficina del Contralor seis años y nueve meses posterior a su otorgación, y luego de haberle presentado al Negociado el borrador de este Informe. Esta situación impidió que la escritura estuviese accesible a la ciudadanía en calidad de documento público y ocasionó la emisión del desembolso sin haber remitido el documento a la Contraloría de Puerto Rico.

Contrario al contrato de compraventa, el Negociado no se aseguró que el banco comercial pagara la deuda de $160,401 con el CRIM al cierre de la transacción. Al 4 de mayo de 2021, la deuda ascendía a $247,695. Esta situación podría obligar al Negociado a responder por la deuda e impidió que el CRIM le concediera al Negociado la exención contributiva por el edificio, que le corresponde por ser una propiedad adquirida por el gobierno. 

El Informe comenta que tras las restricciones en el uso de los fondos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en el 2015-16, el Negociado no pudo cumplir con la distribución del 40% de sus fondos a las agencias de seguridad, según establece la Ley 144-1994, Ley de Llamadas 9-1-1. Al 31 de octubre de 2016 se realizó un ajuste a los estados financieros del Negociado para reconocer $11,309,740 de sus fondos depositados en el BGF. Este Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2021.

Vea el Informe de Auditoría CP-22-08.

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