La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Salinas. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que la Alcaldesa y la Directora de Recursos Humanos de Salinas concedieron a empleados tiempo libre en 29 ocasiones, equivalente a 100.5 horas, sin cargo a licencias y sin la aprobación de la Legislatura Municipal. Los auditores de la Contraloría no pudieron determinar los gastos de nómina pagados por el tiempo concedido por motivo de la celebración de: Día de la Mujer Trabajadora, semanas del profesional administrativo, y reunión de la alcaldesa, entre otras. Esta situación no permite a la Legislatura Municipal pasar juicio sobre la corrección y razonabilidad del tiempo concedido sin cargo a licencia.

La auditoría, de tres hallazgos, señala que los nombramientos de tres funcionarios a seis puestos de confianza se realizaron sin que estos cumplieran con los requisitos mínimos de preparación académica y de experiencia. Por ejemplo, una funcionaria con un bachillerato en educación con concentración en historia fue nombrada directora de Programas Federales en octubre de 2015, luego el 16 de enero de 2017 ocupó el puesto de directora de Finanzas y el 16 de septiembre de 2017, fue designada al puesto de auditora interna. Esta funcionaria, confirmada por la Legislatura Municipal, no contaba ni con un bachillerato en Administración de Empresas, ni tenía concentraciones en Contabilidad o Finanzas, ni con los años de experiencia para ninguno de los puestos.

Lo mismo sucedió con el nombramiento de una persona en la dirección de Programas Federales en el 2017, que no cumplía con el requisito mínimo de cuatro años de experiencia, y del director de Obras Públicas que tampoco cumplía con los requisitos mínimos, ni los requisitos alternos para ocupar el puesto.

El Municipio de Salinas incumplió con la Ley 103-2006, que requiere que los municipios estén al día con el envío del Informe Mensual de Nóminas y Puestos a la Oficina del Contralor de Puerto Rico. El examen realizado reveló que el oficial de enlace envió dicho Informe hasta dos años y medio más tarde que lo dispuesto en la ley y la reglamentación aplicable.

La auditoría comenta que el Municipio incurrió en desembolsos por demandas ascendentes a $263,534 sin recibir ningún beneficio a cambio. Por ejemplo, el Municipio desembolsó $154,200 a 23 demandantes por discrimen político tras un acuerdo transaccional ante el Tribunal de Primera Instancia. Además, el Municipio desembolsó $14,800 a dos empleados que alegaron haber sido despedidos por razones políticas, tras un acuerdo ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.

En febrero de 2015, el Tribunal aprobó un acuerdo privado de $12,000 tras demanda civil presentada por una empleada, por hostigamiento sexual del exalcalde y de un sargento de la Policía Municipal. Además, por orden del Tribunal, el Municipio tuvo que pagarle $82,534 a un sargento de la Policía Municipal que ganó la apelación de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación, para ser restituido en el puesto.

Por otro lado, en el Municipio se han tomado medidas para atender la crisis fiscal tales como: la reducción de un 10% del salario mensual de la alcaldesa y 5% de los empleados de confianza, reducción de un día al mes de la jornada de trabajo de los empleados de carrera y la congelación de plazas vacantes, entre otras.

Al 30 de junio de 2018, no se habían recobrado $247,072 por distintos conceptos correspondientes a los informes de auditoría M-16-13 y M-17-13, ambos del 2016.

Este segundo informe de Salinas, cubre el periodo del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2018.

Vea el Informe de Auditoría M-20-22.

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