La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales relacionadas con la adquisición de los servicios de transporte escolar en el Municipio de Aguas Buenas. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que del 2014 al 2017, el Municipio de Aguas Buenas desembolsó más de un millón de dólares en el servicio de transporte escolar para el cual no había celebrado subasta pública. La subasta general para la adquisición de bienes y servicios que celebró en el 2014, no incluyó el transporte escolar. Dos proveedores de transportación escolar indicaron a nuestros auditores que decidieron no participar en la subasta porque lo indicado en los pliegos de la subasta no se relacionaba al transporte escolar sino al transporte en general desde Aguas Buenas hacia otros pueblos.

De hecho, el 20 de septiembre de 2018 se refirió a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, la contratación que realizó el exalcalde con su primo para ofrecer el servicio de transportación escolar. Esta situación podría constituir una violación a la Ley de Ética Gubernamental.

La auditoría de tres hallazgos señala que se remitieron con tardanzas de hasta tres meses, seis enmiendas de las nueve que se realizaron al contrato de $1.1 millón para el servicio de transportación escolar. Los municipios deben remitir copia de todos los contratos dentro de los 15 días siguientes a su formalización ya que ninguna prestación se podrá exigir hasta tanto el mismo se haya registrado en la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Contrario a la ley y la reglamentación vigente, el Municipio no localizó para examen de nuestros auditores, cinco comprobantes de desembolso y sus justificantes de los años 2014 y 2015. Esta situación puede propiciar que se cometan irregularidades, o que se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades.

El Informe comenta que Aguas Buenas ha pagado más de medio millón de dólares por acuerdos transaccionales de demandas desde el 2013. Las demandas en contra del Municipio fueron por violación de derechos civiles en despidos por afiliación política, discrimen por incapacidad y por daños y perjuicios a un menor. De hecho, al 30 de junio de 2018, estaban pendientes de resolución por los tribunales 10 demandas civiles por $2.2 millones.

Además, la Oficina de Ética Gubernamental le requirió al alcalde de Aguas Buenas, el 17 de enero de 2018, que debía rembolsar $16,620 de su pecunio a las arcas municipales, por no solicitar la dispensa requerida en el nombramiento de un funcionario municipal. El alcalde tenía que solicitar una dispensa antes de nombrar al director de auditoría interna, ya que su padre era legislador municipal. El Informe, tercero y último del Municipio de Aguas Buenas, cubre el periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2018

Vea el Informe de Auditoría M-19-36.

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