La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Instituto realizó 10 transacciones de personal por $331 mil y aumentó el sueldo de una asistente administrativa, contrarias a la Ley 66-2014, sobre la Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno. El Instituto no solicitó la autorización de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para realizar estas transacciones.

Esta ley dispuso medidas de control aplicables a todas las entidades de la Rama Ejecutiva para reducir el déficit presupuestario y que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) sería la agencia responsable de su cumplimiento. Algunas de estas medidas era la reducción de un 10% adicional a la nómina de los empleados de confianza, la congelación del reclutamiento y la prohibición de los aumentos en beneficios económicos.

La auditoría de un hallazgo señala también, que el Instituto formalizó un contrato de arrendamiento por $462,348 con una compañía privada, sin haber solicitado la autorización de la Junta Revisora de Propiedad Inmueble de Puerto Rico, ni a la OGP. La Junta Revisora se creó mediante la Ley 235-2014 la cual prohibía arrendar bienes inmuebles privados sin estar autorizado.

Estas situaciones se atribuyen a que el entonces director ejecutivo del Instituto y la Junta, entendieron que esta entidad contaba con autonomía fiscal fuera de la Rama Ejecutiva. Sin embargo, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico estableció una forma republicana de Gobierno con tres ramas, por lo cual el Instituto no puede pretender ser una entidad fuera de alguna de las tres ramas de gobierno. El Instituto es una entidad gubernamental de la Rama Ejecutiva.

El Informe recomienda a la OGP que considere las situaciones comentadas en el Hallazgo y tome las medidas correspondientes.

El Informe, cubre el período del 1 de enero de 2016 al 30 de septiembre de 2018.

Vea el Informe de Auditoría DA-19-27.

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