La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales de la Administración de Servicios Generales (ASG) relacionadas con los contratos por servicios profesionales y consultivos. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que la ASG pagó $74,887 en exceso de la cantidad pactada a un consultor en sistemas de información. El examen realizado a siete de sus facturas, se encontró que dos de ellas excedieron la cantidad máxima establecida en la quinta cláusula del contrato original y una enmienda. Una de las recomendaciones al Administrador de Servicios Generales, es determinar si procede el recobro de los $74,887 pagados en exceso.

La auditoría de tres hallazgos señala que se pagaron siete contratos y cinco enmiendas por $716,500 para realizar tareas similares a los establecidos en el Plan de Clasificación de Puestos de la ASG aprobado en el 2004. Por ejemplo, la ASG contrató por cuatro meses en el 2013, a un consultor en sistemas de información por $363,999 cuyas funciones eran similares a las del puesto de administrador de la red cuyo sueldo básico es de $2,513 mensuales. Además, la ASG otorgó otro contrato por 13 meses para servicios de contabilidad, auditoría y asesoramiento gerencial por $100,000, para ejercer funciones similares a las de un auditor II cuyo sueldo básico es de $2,513 mensuales. Esta situación contraria a la ley y reglamentación vigente, resultó perjudicial al interés público y las finanzas de la ASG ya que se desembolsaron compensaciones mayores a las correspondientes a sueldos en puestos regulares.

Nuestros auditores identificaron que la ASG formalizó tres contratos del 2015 al 2016, por $67,500, para servicios de revisión y actualización de varios reglamentos sobre las operaciones de la ASG en las áreas de subastas, adquisiciones, propiedad excedente estatal y otras. Sin embargo, al 21 de agosto de 2017, el administrador no había completado el proceso de revisión y aprobación de los borradores. Esta situación puede resultar en que la revisión trabajada no tenga utilidad o que resulte obsoleta por los nuevos cambios en las leyes y reglamentos.

El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2016.

Vea el Informe de Auditoría DA-19-16.

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