La Contraloría de Puerto Rico investigó una querella recibida de parte de la Legislatura Municipal de San Juan en octubre de 2013 sobre el Programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo (TDD) del Municipio de San Juan y emite cuatro recomendaciones como resultado de la investigación.

El Informe revela que el Municipio de San Juan le impuso desde el 2004 un cargo adicional a las obras de construcción por concepto de Derechos del Programa TDD. Aun cuando el impuesto se presume válido tras haberse establecido como parte del Reglamento de Ordenación Territorial de 2008, no tenía la autorización expresa de la Asamblea Legislativa. La Ley 81-1991 de Municipios Autónomos no le dio la facultad de cobrar a los municipios por la competencia de Transferencia de Derechos de Desarrollo. No obstante, se presume válido el gravamen a las obras de construcción hasta que un tribunal competente declare lo contrario.

La investigación evidencia que el TDD Revenue Analysis del 2006 al 2010 preparado por el Municipio, no incluye 100 recaudos que suman $1.3 millones. La falta de información financiera competente impide conocer con exactitud las recaudaciones en el Municipio por este concepto.

El Informe indica que el Programa TDD no se instituyó conforme a como lo estableció la Ley-81-1991 y el Reglamento de Planificación Núm. 21 no ha sido actualizado conforme a la legislación bajo la cual fue aprobado.

La Ley 81-1991 faculta a los municipios a disponer, administrar o requerir el mecanismo de transferencias de derechos de desarrollo (TDD) cuando este se haya establecido en un plan de ordenación y según diversas situaciones (ver diagrama de la página 3 que resume como se deben realizar las TDD).

Vea el Informe de Auditoría M-18-41.

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