La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales relacionadas con los controles internos, la construcción de obras y mejoras permanentes, la adquisición de servicios, la compra de bienes, el desembolso de fondos, las recaudaciones, y la contabilidad municipal del Municipio de Rincón. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.

El Informe revela que contrario al ordenamiento jurídico, el Municipio contrató una corporación regular en vez de una profesional, para la construcción de un centro multidisciplinario en el barrio Pueblo por el cual desembolsó casi un millón de dólares. Esta situación se refirió al Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Puerto Rico en el 2017 para que tomara las acciones correspondientes, ya que la corporación no estaba autorizada a ejercer la práctica de la ingeniería o arquitectura.

La auditoría de 14 hallazgos señala que un contratista realizó unos trabajos en la construcción del Proyecto Arcada de Bienvenida a Rincón, antes de la aprobación de una orden de cambio y con un contrato con vigencia retroactiva. Los contratos retroactivos son ilegales.

Ninguno de los proyectos mencionados, tenía el permiso de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) antes de iniciar la construcción. Hallazgos similares ya se habían comentado en el Informe de Auditoría M-15-36 de 2015.

Nuestros auditores identificaron que se pagó $13,609 en exceso a un pensionado que ocupó varios puestos de confianza y regulares en Rincón. Además, el Municipio mantenía hasta por más de 15 años a empleados transitorios cuyos nombramientos no debían exceder el año.

Contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, los directores de finanzas no obligaron los créditos presupuestarios para el pago del 50% de varios contratos otorgados desde el 2008. Además, remitieron los contratos a la Oficina del Contralor hasta 16 meses más tarde y nunca notificaron a la Contraloría los 30 accidentes con vehículos municipales ocurridos del 2012 al 2015.

El Informe comenta que al 30 de junio de 2016, el Municipio tenía nueve demandas por $3 millones pendientes de resolución en los tribunales, y no se habían recobrado la cantidad de $59,358 que se había recomendado en dos informes de auditoría del 2015: el M-15-19 y  el M-15-36.

El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2012 al 30 de junio de 2016.

Vea el Informe de Auditoría M-18-25.

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