La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Arroyo con respecto a la administración del presupuesto, la construcción de obras, compra de bienes y servicios, y adjudicación de subastas, entre otras. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.

El Informe revela que una de las cotizaciones que se presentaron para la rehabilitación de las escuelas Jovita Manatou y José de Choudens, y del Centro Comunal del Barrio La Palma, era falsa. Nuestros auditores verificaron que ni el contratista mencionado en la cotización falsa ni ninguno de sus empleados, habían preparado el documento. La falta de diligencia de los funcionarios y empleados, ocasionó entonces que el Municipio desembolsara $55,986 en un proceso de selección viciado.

La auditoría de ocho hallazgos señala que se adjudicó realizar unas mejoras al parque Ricardo Silva por $115 mil con una sola cotización presentada. Además, el Municipio contrató la construcción de un puente en el barrio Yaurel y mejoras al parque Rubén Gómez sin obtener los permisos de construcción de la Oficina de Gerencia de Permisos, y sin exigirle a los contratistas que prestaran las fianzas (payment bonds) correspondientes.  Situaciones similares ya se habían comentado en el Informe M-14-48 del 13 de mayo de 2014.

Contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, en julio de 2014 el alcalde le otorgó un ascenso a un empleado que no cumplía con el requisito mínimo de preparación académica para el puesto de oficial de sistemas de información. Además, mantenía a 33 empleados como transitorios hasta por periodos de hasta 10 años desvirtuando el principio de mérito en el servicio público. Los nombramientos transitorios, por lo regular, no deben exceder de un año.

El Informe evidencia que se efectuaron pagos sin las certificaciones de que los servicios se recibieron de conformidad, sin firma de los pre-interventores, sin las facturas originales o sin requisiciones escritas. Nuestros auditores identificaron también múltiples deficiencias en el proceso de reclutamiento de personal y el incumplimiento de hasta un año para el envío de informes mensuales de nóminas y puestos a la Oficina del Contralor.

La auditoría comenta el déficit acumulado en el Fondo Operacional de Arroyo por casi un millón de dólares para el año fiscal 2015, la posible violación de la ley federal relacionada con la autorización y acumulación de tiempo compensatorio, y las siete demandas civiles presentadas contra el Municipio por $45.7 millones.

El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015.

Vea el Informe de Auditoría M-18-20.

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