La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Florida. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que, para realizar trabajos adicionales a las obras de mejora de la Casa Alcaldía, el Municipio formalizó un contrato por $70,732 con una corporación, sin obtener al menos tres cotizaciones de proveedores en el mercado. Además, se efectuaron pagos por $19,667 con copias de facturas originales que correspondían a servicios ya pagados. Esta duplicidad de pagos resta credibilidad al proceso de preintervención de los desembolsos.

La auditoría de 11 hallazgos señala que los funcionarios del Municipio, no se aseguraron de que el contratista que rehabilitó 22 viviendas con fondos del programa federal Community Development Block Grant, obtuviera los permisos para realizar trabajos en tres de las viviendas. Esta situación se remitió el 4 de octubre de 2022 a la Oficina de Gerencia de Permisos, para que tome las acciones que estime pertinentes.

Además, estos trabajos no fueron supervisados e inspeccionados por ingenieros licenciados por lo cual, el Municipio no tuvo la seguridad de que los trabajos se realizaron de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables.

Contrario al Reglamento Municipal de 2016 y el Código Municipal de Puerto Rico de 2020, no se obligaron las asignaciones presupuestarias por $275,056, antes de formalizar un contrato y dos enmiendas para rehabilitar viviendas y mejoras a la Alcaldía, sino hasta un año después. Además, no se encontraron para examen, el 9% de los comprobantes emitidos relacionados con el pago de dietas a empleados, mantenimiento de áreas verdes y mejoras en la Casa Alcaldía, situación que impidió verificar la corrección y propiedad de dichos desembolsos.

Los auditores de la Contraloría identificaron múltiples deficiencias relacionadas con las conciliaciones bancarias. El examen de las conciliaciones al 31 de diciembre de 2020 reveló diferencias no corregidas por $4,016,692 en las conciliaciones bancarias de las cuentas Corriente, de Nómina y especiales. Además, se incluyeron en las cuentas 136 cheques por $194,096 pendientes de pago que ya estaban pagados o anulados. De esta manera, el Municipio no puede mantener información confiable sobre la situación financiera y el resultado de las operaciones.

Desde el 1994, el Municipio mantiene 143 cuentas por cobrar que suman $597,725. De estas el 68% tenía mas de cinco años de antigüedad sin evaluar y determinar si eran incobrables. Además, no existía evidencia de gestiones de cobro en el 60% de los expedientes de contribuyentes.

El Municipio también mantenía 108 fondos especiales con recursos económicos por $1,588,875 inactivos hasta seis años. El director y subdirectora de Finanzas no pudieron explicar la razón de la inactividad ni las gestiones realizadas para reprogramar y utilizar los fondos.

La Oficina de Auditoría Interna (OAI), no tienen un auditor interno nombrado y confirmado por la Legislatura Municipal en propiedad desde el 2017. Aunque el 1 de febrero de 2018 se designó a un ayudante administrativo a ejercer las funciones de forma interina, no se había completado su nombramiento. Por esta situación, el Municipio no puede mantener una fiscalización continua y eficaz de sus finanzas y operaciones.

Además, para el periodo auditado, la OAI, no había efectuado auditorías sobre compras y desembolsos, recaudaciones, contabilidad municipal, y personal. La Comisión de Asuntos de Auditoría de la Legislatura, estaba inoperante y no ejerció su función fiscalizadora al no realizar reuniones para evaluar los estados financieros auditados de los años fiscales de 2018 y 2019, los seis informes de la OAI y el Informe de Auditoría M-20-10 de la Oficina del Contralor.

El Informe devela que el puesto de director del Departamento de Transportación y Obras Públicas lleva tres años vacante, y el nombramiento de la directora de Programas Federales no se ha remitido a la Legislatura para su evaluación. Los salarios de esta funcionaria provienen de fondos del programa federal Community Development Block Grant (CDBG). Esta situación de ocupación indebida en el puesto, se remitió al Departamento de la Vivienda que administra los fondos CDBG, mediante carta el 5 de octubre de 2022, para que tome las acciones que correspondan.

La auditoría detectó falta de controles sobre la custodia y protección de la propiedad en Florida. Al 4 de junio de 2021, el Municipio no había realizado investigaciones de los chalecos antibalas, monoculares de visión nocturna, radios de comunicación y radares de patrullas; 52 unidades en total no localizadas. 

El Informe detalla que, al 13 de abril de 2021, el Municipio no tenía reglamentación para la contratación de los servicios de mecánica y reparación de vehículos y equipo pesado municipal, hecho que no permite mantener procesos uniformes.

La auditoría comenta que el Municipio ha tenido que desembolsar mas de $150,000 en pagos por demandas a una empleada y a un policía municipal. La empleada ganó la demanda por discrimen político y fue reinstalada en su empleo. El policía ganó la demanda por alegadas violaciones a la Ley de Municipios Autónomos y al Reglamento de la Policía Municipal, y fue reinstalado en su puesto.

Al 31 de diciembre de 2020, dos demandas civiles contra el Municipio por $2,640,000 estaban pendientes de resolución por el Tribunal. Además, no se habían recobrado $156,349 por distintos conceptos publicados en los hallazgos de cuatro informes de auditoría de la Contraloría de Puerto Rico de los últimos 12 años.

La auditoría recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor. Este informe de Florida, cubre el periodo del 1 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020.

Vea el Informe de Auditoría M-23-23.

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