La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Guayanilla. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio otorgó contratos del 2018 al 2020, para servicios de vigilancia, recogido de escombros y compra de barreras de concreto, entre otros, sin obligar los créditos presupuestarios al momento de otorgarse, sino hasta siete meses después. De este modo, el Municipio no puede mantener un control eficaz de las asignaciones presupuestarias y puede incurrir en sobregiros y litigios innecesarios.

La auditoría de siete hallazgos señala múltiples deficiencias de control interno como la adquisición y pago de bienes sin emitir órdenes de compra, pagos de comprobantes sin la certificación del funcionario que recibió los bienes, u órdenes de compra sin la información requerida. Por ejemplo, se autorizó el pago del 15% de los comprobantes de desembolso, sin las facturas de los proveedores y el 18% sin la firma del proveedor. Estas situaciones propician que se cometan errores e irregularidades y resta confianza en los procesos. Del 2018 al 2020 el Municipio emitió 20,222 comprobantes de desembolsos por $43,412,805.

Contrario a la ley y la reglamentación vigente, no se remitieron 16 órdenes ejecutivas relacionadas con 78 transferencias de créditos por $2,687,337 a la Legislatura Municipal, de las cuales ocho de ellas rebajaban asignaciones presupuestarias de pagos por servicios personales. Además, el entonces alcalde autorizó en el 2019 una trasferencia de crédito por $40,000 que afectó el pago de la amortización del déficit acumulado del Municipio.
El Informe publica que el Municipio envió hasta tres meses tarde a la Oficina del Contralor, el 80% de los informes mensuales de nóminas y puestos contrario a la Ley 103-2006, Reforma Fiscal del Gobierno y al Reglamento 53, Registro de Puestos. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-19-28.

La ausencia de un administrador de documentos públicos desde el 29 de julio de 2020 y que no se haya preparado el Plan de Retención de Documentos en los años fiscales del 2019 y 2020, tuvo el efecto de no mantener en control los documentos públicos, hecho que puede propiciar su deterioro o destrucción. Además, el inventario físico anual de la propiedad del 2020, carecía de información, y los oficiales de Propiedad no suministraron evidencia de los cambios realizados en el Módulo “Activos Fijos” del sistema de Solución Integrada para Municipios Avanzados (SIMA).

La auditoría detectó que la comisión de Hacienda, Auditoría y Asuntos del Contralor de la Legislatura Municipal, no ejerció su función fiscalizadora. Del 2018 al 2019, no evaluaron el Informe de Auditoría M-19-28 de la Oficina del Contralor, ni seis informes de la Unidad de Auditoría Interna y tampoco los estados financieros auditados.

El Informe de Guayanilla revela también, múltiples deficiencias con la administración y operación de la Empresa Municipal Castillo del Niño. El Municipio no reglamentó el proceso para la creación de la Empresa Municipal, no presentó la situación financiera de la Empresa en sus estados financieros auditados, y tampoco recibió $21,271 correspondientes al 75% de las ganancias generadas en Castillo del Niño en el 2018.

Además, la Junta del Castillo del Niño no reglamentó las operaciones de recaudaciones, de compras ni manejo de nómina. La Junta tampoco le otorgó un nombramiento por escrito a la administradora y autorizó la liquidación de $7,089 por concepto de 81 días de balance acumulado a su renuncia, cantidad que ella misma determinó y que Recursos Humanos no guardó evidencia documental.

La auditoría comenta que el Municipio tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional de hasta el 23% para el 2020. No se puede gastar u obligar en un año fiscal cantidad alguna que exceda de las asignaciones y los fondos autorizados.
La Oficina de Auditoría Interna detectó que se falsificaron y alteraron seis cheques emitidos a nombre de cinco personas para apropiarse de $5,760 de la cuenta de nómina del Municipio entre el 5 y 7 de mayo de 2020. Además, se detectaron 16 transferencias electrónicas no autorizadas contra esa cuenta a favor de siete compañías privadas, para apropiarse de $8,652. Estas situaciones se notificaron a la Contraloría de Puerto Rico, a la Oficina de Ética Gubernamental, al Departamento de Justicia y a dos instituciones bancarias. La investigación no detectó a los responsables de la apropiación de los fondos.

Al 31 de diciembre de 2020, el Municipio tenía tres demandas pendientes de resolución en los tribunales por $540,213. Además, tenía cinco casos pendientes de resolución ante la Comisión Apelativa del Servicio Público por despido, clasificación de puestos y traslado.

El Municipio no había atendido la recomendación de recobro por $15,309, que se publicó en el Informe de Auditoría M-18-09 del 6 de noviembre de 2017 de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

El Informe recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Guayanilla cumpla con el Plan de Acción Correctiva.

Este primer informe de Guayanilla, cubre el periodo del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2021

El Informe de Auditoría M-23-10 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.