La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Negociado de Energía de Puerto Rico. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que se adquirió una aplicación electrónica por suscripción para los servicios de requisiciones y órdenes de compra que nunca se utilizó, nunca se completó y nunca fue utilizada por el personal del Negociado. Los funcionarios del área administrativa certificaban como recibidos los servicios de la suscripción mensual, por el cual se pagó $36,000 al contratista para el periodo desde el 2015 al 2019. 

El contratista por su parte, además de cobrar por la aplicación en su facturación, incluyó el servicio en sus propuestas de contrato subsiguientes, sin informar al Negociado que la aplicación no se estaba utilizando. Esta situación contraria al deber de lealtad y obligación continua de divulgar cualquier información que pudiese afectar la entidad, se refirió al Departamento de Justicia el 3 de noviembre de 2022 para que tome las medidas que correspondan.

La auditoría de cuatro hallazgos señala que al 40% de los contratos de servicios profesionales y consultivos examinados, se otorgaron enmiendas con carácter retroactivo equivalente a $48,308 pagados en exceso al balance original del contrato. Además, se pagaron gastos no incluidos en las cláusulas contractuales, y se fraccionó la contratación para evitar la previa autorización para las contrataciones en exceso de $10,000 en un mismo año fiscal, según dispone la reglamentación vigente.

Los auditores hallaron que el Negociado pagó $59,760 a un contratista que utilizó el 80% de sus horas contratadas del 2017 al 2018, en servicios no relacionados con la propuesta ni descritas en su contrato de asesoramiento en asuntos de administración pública. Sus servicios se utilizaron en la redacción de borradores de reglamentos internos. Para el mismo periodo, se contrató una compañía para servicios de análisis de propuestas legislativas y cabildeo, que utilizó el 67% de su tiempo en tareas administrativas y servicios no descritos en el contrato equivalente a $50,900.

El informe detalla que en el 50% de los contratos de servicios profesionales y consultivos examinados, no se solicitó la Certificación de Deuda (Modelo SC 6096) a los contratistas con responsabilidad contributiva en Puerto Rico, antes de efectuar el último pago para liquidar el contrato. Esta situación tiene el efecto de que los contratistas que tengan deudas con el Departamento de Hacienda, no puedan cumplir y estas no puedas ser recobradas. Este informe del Negociado de Energía de Puerto Rico, cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019.

Vea el informe de Auditoría DA-23-10.

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