Contralora señala fallas en recaudos y reglamentación en el Municipio de Ponce

San Juan, Puerto Rico (13 de julio de 2026) — La Contralora de Puerto Rico, CPA y Lcda. Carmen Vega Fournier, divulgó hoy los resultados de una auditoría de cumplimiento al Municipio Autónomo de Ponce, en la que se identificaron deficiencias en los controles de recaudación, la administración del Parque Recreativo Luis A. “Wito” Morales y la preparación de estados financieros auditados.

La auditoría cubrió operaciones realizadas entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de agosto de 2025 y emitió una opinión cualificada. Según el informe se señalaron dos hallazgos principales. El primer hallazgo revela que tres empleadas municipales realizaban funciones de recaudación sin haber sido nombradas ni autorizadas oficialmente para esas tareas. Estas empleadas recibían dinero, utilizaban recibos oficiales y manejaban fondos públicos en distintas dependencias municipales sin contar con autorización escrita. Durante el período auditado, el Municipio recaudó $356.6 millones por diversos conceptos.

La Oficina de la Contralora advirtió que la falta de autorizaciones formales afecta los controles internos y aumenta los riesgos relacionados con la custodia, depósito y rendición de cuentas de los fondos públicos. La administración municipal indicó que los empleados estaban adscritos al Departamento de Finanzas y Presupuesto y que apoyaban a distintas dependencias cuando era necesario recaudar ingresos. También informó que, tras la intervención de la Contralora, implantó un procedimiento formal para documentar esas autorizaciones. No obstante, el hallazgo prevaleció porque no se presentó evidencia de que dichas autorizaciones existieran al momento de los hechos examinados.

El segundo hallazgo está relacionado con el Parque Recreativo Luis A. “Wito” Morales. La auditoría determinó que el Municipio utilizaba un reglamento aprobado en 2006, sin actualizarlo conforme al Código Municipal de 2020 ni a la Ordenanza Núm. 17
de 2024. Además, se permitió el uso gratuito de gazebos a ocho personas particulares sin evidencia de autorización conforme a una política pública vigente.

Como comentario especial, el informe señala que, en los estados financieros auditados del Municipio, para los años fiscales 2023-24 y 2024-25, no se emitió una opinión relacionada con las operaciones del Puerto de Ponce. Esto, debido a que no existía evidencia suficiente ni apropiada que permitiera emitir una opinión conforme a los estándares de auditoría generalmente aceptados.
La Contralora recomendó formalizar las autorizaciones de recaudadores, actualizar el reglamento del parque y fortalecer los controles internos para asegurarse de que toda la información financiera y presupuestaria de todos los componentes del Municipio
se realice de acuerdo con las leyes, los reglamentos y los procedimientos establecidos.

“El informe contiene hallazgos sobre los procesos de recaudación y el uso de las instalaciones municipales, lo que requiere controles claros, supervisión efectiva y reglamentación actualizada para proteger los recursos públicos, garantizar la transparencia y fortalecer la confianza ciudadana en la administración municipal”, expresó Vega Fournier.

El Informe de auditoría OC-27-05 está disponible en www.ocpr.gov.pr.