Informe de Investigación OC-26-45, Resultados de la investigación forense digital sobre el uso de una computadora del Municipio para cumplimentar planillas de contribución sobre ingresos a clientes personales
Contralora refiere a Justicia, Hacienda y Ética hallazgos de investigación sobre uso indebido de recursos tecnológicos en el Municipio de Trujillo Alto
San Juan, Puerto Rico – (26 de junio de 2026) La Contralora de Puerto Rico, CPA y Lcda. Carmen Vega Fournier, informó hoy los resultados de una investigación forense digital realizada por la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) relacionada con una querella sobre el uso indebido de recursos tecnológicos del Municipio de Trujillo Alto para la preparación de planillas de contribución sobre ingresos a clientes particulares.
La investigación cubrió el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024 y fue realizada por la División de Investigaciones Especiales de la Oficina de la Contralora. “El análisis incluyó entrevistas a funcionarios, revisión documental, confirmaciones de cuentas, análisis forense digital, recuperación de archivos borrados, evaluación de metadatos, historial de navegación y evidencia obtenida de sistemas informáticos utilizados por el Municipio. Los recursos tecnológicos, sistemas de información y equipos adquiridos con fondos públicos tienen que utilizarse exclusivamente para fines oficiales y para adelantar la gestión gubernamental. Cuando estos recursos son utilizados para actividades privadas o para generar beneficios personales, se compromete la confianza pública y se incumple con los principios básicos de sana administración pública”, expresó la Contralora.
Los resultados de la investigación confirmaron que un empleado adscrito a la oficina del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) del Municipio de Trujillo Alto utilizó una computadora asignada por el Municipio durante horas laborables para preparar y radicar planillas de contribución sobre ingresos para clientes particulares. Según los hallazgos, el empleado accedía a formularios contributivos almacenados en plataformas digitales especializadas para la preparación de planillas y utilizaba recursos tecnológicos municipales para llevar a cabo dichas gestiones privadas.
El informe de la investigación detalla que el empleado preparó y radicó un total de 59 planillas estatales y federales de individuos utilizando la computadora municipal. Además, la evidencia recopilada permitió establecer que el empleado pudo haber recibido aproximadamente $30 por cada planilla preparada, lo que representa una posible actividad lucrativa realizada mediante el uso de propiedad y recursos públicos.
Como parte del análisis forense, los investigadores recuperaron 28 planillas contributivas vinculadas a la cuenta de usuario del empleado. De estas, 10 habían sido eliminadas del sistema y posteriormente recuperadas mediante técnicas forenses especializadas. Asimismo, se determinó que otras 31 planillas fueron descargadas desde una plataforma de almacenamiento en la nube directamente a un dispositivo externo.
La OCPR concluyó que estas actuaciones constituyen un uso indebido de propiedad municipal y de los sistemas tecnológicos del gobierno para fines ajenos al interés público, en contravención de disposiciones constitucionales, de la Ley de Ética Gubernamental y del Reglamento para el Uso y Manejo del Sistema de Informática del Gobierno Municipal Autónomo de Trujillo Alto.
La investigación también identificó una segunda situación relacionada con la preparación de planillas contributivas. El análisis de las planillas recuperadas reveló que, aunque fueron preparadas utilizando la cuenta de usuario del empleado municipal, en las planillas estatales aparecía como preparador otra persona vinculada a una compañía privada. De igual forma, las planillas federales reflejaban como preparador a otro individuo perteneciente a la misma entidad privada. Ninguno de los nombres consignados como preparadores correspondía al empleado municipal objeto de la investigación.
Posteriormente, la OCPR confirmó con el Departamento de Hacienda que el empleado investigado no figuraba registrado oficialmente como preparador de planillas de contribución sobre ingresos. Según el informe, esta situación constituye una posible violación a las disposiciones aplicables del Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico.
“Las conclusiones de esta investigación reflejan la importancia de mantener controles adecuados sobre el uso de equipos tecnológicos gubernamentales y de garantizar que los recursos sufragados con fondos públicos se utilicen exclusivamente para cumplir con la misión institucional de las entidades gubernamentales”, añadió la Contralora.
Como resultado de los hallazgos identificados, la Oficina de la Contralora emitió varios referidos a las agencias con jurisdicción sobre los asuntos investigados. Se remitió un referido al Departamento de Justicia para que evalúe posibles violaciones de leyes o reglamentos y determine las acciones que estime pertinentes. De igual forma, se notificó al Departamento de Hacienda para que examine los hallazgos relacionados con la preparación de planillas contributivas y la posible utilización de la identidad de preparadores certificados. Asimismo, se refirió el caso a la Oficina de Ética Gubernamental para que evalúe posibles violaciones éticas relacionadas con el uso de propiedad y recursos públicos para beneficio personal.
La OCPR también recomendó al alcalde de Trujillo Alto considerar los hallazgos de la investigación y adoptar las medidas disciplinarias correspondientes contra el empleado involucrado, conforme a la reglamentación y normativa aplicable.
La Contralora destacó que la investigación forma parte de los esfuerzos continuos de fiscalización dirigidos a proteger la propiedad pública, asegurar el uso adecuado de los recursos gubernamentales y promover una administración pública basada en la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
“Cada servidor público tiene la responsabilidad de proteger los recursos que pertenecen al pueblo de Puerto Rico y utilizarlos exclusivamente para el desempeño de sus funciones oficiales. La utilización de equipos, sistemas o información gubernamental para fines privados es incompatible con los principios éticos y de integridad que deben regir el servicio público”, concluyó la Lcda. Carmen Vega Fournier.
También, la Contralora reiteró su compromiso de continuar investigando cualquier alegación relacionada con el mal uso de propiedad y fondos públicos, así como colaborar con las agencias competentes para garantizar que se adopten las medidas correctivas y legales que correspondan.