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La Oficina del Contralor de Puerto Rico publicó un informe del Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1 y una auditoría operacional sobre la recopilación de datos de casos COVID-19, en el Departamento de Salud.

El Informe del Negociado de Sistemas de Emergencia reveló, que la inversión de $168 mil dólares en la adquisición del licenciamiento e implementación de la plataforma Social Alert, no ha tenido utilidad alguna.

Esta plataforma le hubiese permitido a los ciudadanos, reportar incidentes de emergencia en tiempo real, a través de una aplicación móvil.

Sin embargo, las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron, que las operaciones relacionadas con la inversión y pagos de Social Alert, no se realizaron, de acuerdo con la ley, y la reglamentación aplicable.

A tales efectos, la Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre estas operaciones.

La Contraloría publicó un informe especial que reveló que el Departamento de Salud, no fue totalmente efectivo en recopilar los resultados de los casos de COVID-19.

De la prueba examinada, el 28 por ciento de los casos, se registraron en el BioPortal con retrasos de hasta 11 meses. Además, el 96 por ciento, no tenía la prueba de laboratorio como evidencia en el BioPortal.

Esta situación se atribuye a la estructura limitada de la Oficina de Epidemiología e Investigación de Salud, y a la ausencia de un procedimiento aprobado.

Esta auditoría operacional es parte de un proyecto multiestatal, impulsado por la auditora de Delaware, con la asistencia de la Asociación Nacional de Auditores Estatales.

Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor, las Cartas Circulares y otros documentos, están disponibles en nuestro portal www.ocpr.gov.pr.

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