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La Contraloría de Puerto Rico, publicó esta semana, cinco informes de auditoría.

El Informe de los Sistemas de Información de San Juan reveló, que para el 6 de julio de 2022, no se habían distribuido 485 tabletas electrónicas de las 2,126 adquiridas en el año 2020.

Las tabletas compradas para los estudiantes de Head Start y Early Head Start, tuvo un costo total de $1.4 millones de dólares.

De no asignar estas tabletas antes del próximo mes de octubre de 2023, el Municipio perdería la oportunidad de comprobar su funcionamiento y hacer las posibles reclamaciones a la garantía.

La auditoría del Fideicomiso de los Niños señaló, que no ha cumplido con el propósito principal del Master Settlement Agreement con la industria tabacalera del año 1998.

Las enmiendas posteriores a la ley del Fideicomiso de los Niños, no atienden el propósito principal de evitar la publicidad y mercadeo del consumo de tabaco, a niños y jóvenes.

En su lugar, los ingresos del Acuerdo se han utilizado en gran parte, para pagar el servicio de la deuda del gobierno.

En Canóvanas se identificó, que el Municipio no había formalizado 92 contratos con los licitadores agraciados, en unas subastas celebradas del 2018 al 2020, para la adquisición de bienes y servicios.

En vez de formalizar un contrato, el Municipio emitía una orden de compra.

La ausencia de contratos escritos, puede resultar perjudicial para el Municipio. De hecho, el Reglamento Municipal y el Tribunal Supremo, establecen que los municipios tienen que cumplir con la formalidad de otorgar contratos, para que se puedan desembolsar los fondos públicos.

El Informe de la Autoridad de Carreteras reveló, que la Autoridad desembolsó de forma ilegal, más de $17 mil dólares, por trabajos que no estaban incluidos en las partidas originales del contrato.

Este contrato era para realizar mejoras a la seguridad de la carretera PR-129 entre Arecibo y Lares.

La auditoría de cuatro hallazgos señaló también que la Autoridad no mantuvo un control adecuado de los servicios subcontratados y realizados antes de ser aprobados.

El Informe con opinión adversa del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres reveló, que el Negociado hizo pagos ilegales por más de $27 millones de dólares.

Estos pagos se realizaron para pagar enmiendas con carácter retroactivo, en dos contratos cuya cuantía original era de casi $1 millón de dólares.

Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor, las Cartas Circulares y otros documentos, están disponibles en nuestro portal www.ocpr.gov.pr.

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Contraloría a sus órdenes…