Contraloría revela múltiples deficiencias en las operaciones fiscales de Morovis

La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Morovis. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que, el Municipio de Morovis no remitió a la consideración de la Legislatura Municipal, los contratos de arrendamiento de camiones compactadores municipales y del solar municipal a dos empresas de recogido de desperdicios sólidos. Por estos arrendamientos el Municipio recibió ingresos por $423,785 desde el 2017 al 2022. Esta situación tuvo el efecto de que la Legislatura no pudo evaluar la necesidad, propiedad y razonabilidad de los contratos.

Además, una de las compañías utilizó cuatro camiones compactadores, propiedad del municipio, para el recogido de desperdicios sólidos, sin formalizar contratos escritos. Por esta situación, contraria a la legislación vigente, no se protegieron los intereses del Municipio.

La auditoría de siete hallazgos señala que el Municipio pagó $14,400 por la construcción en madera de dos torres de observación, cuya evaluación pericial concluyó que estaban sobrevaloradas por $8,000. Además, pagó $2,044 en exceso de la capacidad de carga y por factura duplicada, a proveedores de recogido de material vegetativo tras el paso del huracán María.

Del 2019 al 2022, la Unidad de Auditoría Interna del Municipio de Morovis, no realizó auditorías en las áreas de compras, subastas, ni sobre el sistema de contabilidad, entre otras. La falta de fiscalización en estas áreas de materialidad y riesgo, priva a la gerencia de información necesaria sobre las finanzas y operaciones municipales. El Municipio tampoco realizó el inventario físico anual del 2021 al 2022 como dispone el Reglamento Municipal de 2016.

La legalidad dispone que, en caso de pérdida o irregularidad, el Municipio tiene 20 días para realizar una investigación y 10 días adicionales para informar la situación a la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR). Del 2019 al 2022, el Municipio no realizó investigaciones administrativas en 10 incidentes de pérdida de propiedad y hurtos, ni informó a la Contraloría sobre nueve accidentes de vehículos municipales y dos hurtos de dinero. De hecho, la Certificación Anual de Notificación de Pérdidas o Irregularidades de los años fiscales de 2019 al 2022, las remitieron con hasta cuatro años de atraso, con la firma de la alcaldesa el 22 de mayo de 2024.

Los auditores identificaron que no se había aprobado normas ni procedimientos escritos para el recibo, conservación y disposición de documentos del Municipio al 6 de junio de 2023. Además, a la funcionaria designada como administradora de documentos públicos se le revocó en dos ocasiones el nombramiento especial a petición del Instituto de Cultura (ICP), en vista de que no cumplió con sus obligaciones y responsabilidades. Otra empleada del municipio fue designada como administradora de documentos públicos, pero tampoco cumplió con los adiestramientos requeridos por el cargo por lo cual el ICP no le extendió el nombramiento.

En contravención con el Código de Regulaciones Federales 2, el Municipio otorgó con atrasos de hasta 14 meses, los contratos para realizar las auditorías de los estados financieros de los años fiscales del 2019 hasta el 2023. Además, el Municipio remitió con atrasos de hasta 27 meses a la OCPR, las certificaciones anuales de la Ley de Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías de 2003.

El Gobierno, la Oficina del Contralor y la ciudadanía no contaron con información actualizada sobre las operaciones del Municipio según requerido por ley, por las tardanzas en los envíos de informes y certificaciones del 2019 al 2022 a la OCPR. Por ejemplo, las certificaciones para cumplir con la Ley de Registro de Contrato, se enviaron con más de dos años de atraso; las certificaciones para cumplir con la Ley del Estado de las Privatizaciones se enviaron con más de tres años y medio de atraso; y el 36% de los registros de puestos para cumplir con la Ley para la Reforma Fiscal, se enviaron con atrasos de hasta seis meses.

La auditoría le recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Morovis cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

Este primer informe de Morovis, cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022.

El Informe de Auditoría OC-24-64 se puede conseguir en nuestra página en Internet.