La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Ponce. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela el hallazgo de una guagua de pasajeros que costó $187,777 en el 2012 y un trolley que costó $116,000 en el 2006, abandonados en un taller privado desde el 2014 (ver fotos en los anejos 1 y 2 del Informe).  El Municipio cuenta con una flota de 556 unidades de vehículos de motor y 35 de equipo pesado. Además, el Municipio no mantenía los expedientes de las reparaciones y los gastos de mantenimiento de los vehículos. Estas situaciones propician el deterioro de los vehículos y que se cometan errores en los servicios de reparaciones.

La auditoría de cuatro hallazgos señala que el Municipio adeudaba $2,890,806 a una aseguradora del plan médico de los empleados municipales, y $20,237,627 a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a la Autoridad de Energía Eléctrica, a la Junta de Retiro y al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Esta situación causó que el Municipio tuviese que pagar $683,626 en intereses y recargos, hecho que agravó aún más su situación fiscal y la posibilidad de que por las deudas, los empleados no tuvieran acceso a los beneficios que tienen derecho.

Los auditores develaron que el Reglamento de Transportación no había sido actualizado con las disposiciones de la Ley 107-2020, Código Municipal de Puerto Rico y con el Reglamento Municipal en los incisos sobre el uso y control de los vehículos de motor, servicios de mecánica y reparación de vehículos y sobre los cambios organizacionales y administrativos del Municipio.

El Informe publica también que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos del Contralor de la Legislatura Municipal, no ejerció su función fiscalizadora. En las tres reuniones celebradas del 2019 al 2020, no evaluaron dos informes de auditoría de la Oficina del Contralor, ni los estados financieros auditados del 2017-18 y 2018-19, y tampoco los siete informes emitidos por la Oficina de Auditoría Interna del Municipio. El expresidente de la Legislatura Municipal indicó que no se evaluaban los informes que no tenían hallazgos dirigidos a la Legislatura Municipal.

La auditoría emite un comentario especial sobre el proceso judicial contra el alcalde. En particular, el 11 de abril de 2023 el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) emitió una resolución en la cual indica que la Contralora de Puerto Rico refirió al secretario de Justicia una comunicación que establece alegada asignación de dos funcionarios para solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza y otros empleados. Se alega que esta acción tenía el propósito de realizar los pagos de un préstamo personal de la campaña electoral, así como otros gastos de carácter personal.

Además, se aduce la existencia de un esquema de kick back mediante el cual el alcalde asignó a otros funcionarios solicitar dinero a los empleados nombrados en el Municipio. El PFEI determinó asignar un fiscal especial independiente y un fiscal delegado para realizar la investigación de los hechos establecidos.

El Informe recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Ponce cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

Este primer informe de Ponce, cubre el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2021.

El Informe de Auditoría M-23-26 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.