La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Departamento de Corrección y Rehabilitación (Departamento). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Departamento pagó $1,691,571 a la Autoridad de Alianzas Público Privadas, por concepto de asistencia financiera, administrativa y consultiva, para la evaluación y el desarrollo de dos instituciones correccionales, sin que mediara un contrato escrito de asistencia entre las partes. El Departamento estaba obligado a suscribir un contrato de asistencia para obtener y pagar dichos servicios conforme lo establece la jurisprudencia aplicable y en la Ley 29-2009, Ley de Alianzas Publico Privadas. La ausencia de contratos escritos, puede propiciar que se presenten reclamaciones fraudulentas e ilegales, entre otras.

La auditoría de cuatro hallazgos señala que, al 14 de abril de 2021, el Departamento no había utilizado el equipo tecnológico de dos de los siete laboratorios educativos tecnológicos, adquiridos por $313,707, a pesar de haber transcurrido más de dos años desde su instalación. Este equipo tecnológico que forma parte del Programa Construyendo para mi Futuro, no había sido identificado con número de propiedad ni registrado en el Departamento de Hacienda.

Además, el Departamento pagó $17,860 a contratista por horas de adiestramientos no ofrecidas a los participantes del Proyecto de Adiestramiento, Alineación e Inserción al Mundo Laboral. El secretario auxiliar Programas y Servicios, no verificó de forma adecuada las facturas y los documentos justificantes, previo a su envío a pago a la División de Finanzas.

El Informe devela múltiples desviaciones de la reglamentación relacionada con la ausencia de documentos en los expedientes de los contratos de servicios profesionales y consultivos. Algunos de estos documentos eran las certificaciones requeridas en los contratos que emite el Departamento de Hacienda, el Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales, o el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Además, ninguno de los expedientes examinados tenía la declaración jurada en la cual el contratista informa que no ha sido convicto o declarado culpable de ciertos delitos. Esta situación pudo tener el efecto de contratar con personas o entidades que no cumplen con sus responsabilidades, obligaciones contributivas o que hayan sido convictos o declarado culpable de ciertos delitos.

Los auditores de la Contraloría también detectaron múltiples deficiencias relacionadas con las facturas procesadas para pago. Contribuciones sobre ingresos no retenidas en el origen, aportación especial retenida en exceso o declaraciones informativas no realizadas, son algunas de las deficiencias que propician errores e irregularidades en el trámite de los pagos.

El Informe tiene un comentario especial que indica que una contratista facturó $17,672 por el trabajo de 181.5 horas a Corrección, que confligían con las horas facturadas a la Cámara de Representantes, al Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola, y a la Oficina del Gobernador.  Además, la contratista facturó 31 horas por $1,550 del 1 al 9 de mayo de 2018, por servicios similares a los facturados a la Oficina del Gobernador.

La misma contratista facturó $8,928 por 279 horas de reuniones, vistas y otros asuntos, que presentaba diferencias en las horas de entrada con lo anotado en el Registro de Visitantes del Departamento de Corrección. Además, facturó 17.5 por horas de trabajo que confligían con horas de trabajo facturadas al Departamento de Educación.

Estas situaciones se remitieron a la consideración del secretario de Justicia el 12 de mayo de 2022.

Este cuarto informe cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2021.

El Informe de Auditoría DA-23-19 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.