La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Fajardo. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que del 2017 al 2019, en el Municipio no se mantuvo un inventario perpetuo de los materiales guardados en el almacén y que el inventario que se realizó en diciembre de 2019 no era confiable. Además, del 2017 al 2018, tampoco el Municipio mantuvo un inventario físico de los materiales de construcción.

La auditoría de tres hallazgos señala que se despachaba de forma inadecuada los materiales del almacén, ya que la documentación del trámite carecía de las firmas correspondientes, y no se habían preparado requisiciones de los materiales de construcción despachados. Estas situaciones impidieron mantener un control adecuado de los materiales y equipos, y propiciaban el uso indebido o pérdida de propiedad.

El Municipio no suministró para examen, los inventarios físicos del 2020 de la propiedad mueble de cinco centros. Además, el encargado que había cesado funciones, ni el que asumió la posición en el 2017, habían realizado un inventario de la propiedad bajo su custodia. Otras deficiencias son el hallazgo de 19 computadoras que no fueron registradas en el inventario de la propiedad de los programas, los registros de propiedad no estaban integrados en el sistema de transacciones SIMA (Solución Integrada para Municipios Avanzados), y la información del inventario del 2019 no era confiable.

Contrario a la reglamentación vigente, el Municipio dispuso de ocho computadoras inservibles, con un valor en inventario de $8,059 sin extraerle la información electrónica. Además, se dieron de baja dos unidades de acondicionadores de aire sin la certificación de propiedad inservible.  Estas situaciones propician que se cometa errores, así como el robo de identidad y de información confidencial.

El Informe comenta que los programas de Head Start y Early Head Start, no contaban con un plan de vacaciones por lo cual el Municipio tuvo que pagar, ante el cierre fiscal de los programas en el 2017, el exceso de los balances acumulados de las licencias de vacaciones y enfermedad por $211,593. Cada empleado debe utilizar las licencias acumuladas, durante el año fiscal corriente, ya que no se puede pagar con fondos federales los excesos de días acumulados por enfermedad o vacaciones.

La Oficina de Auditoría Interna (OAI) del Municipio, había emitido en el 2018, un informe especial que le encomendó el alcalde para verificar la exactitud de los balances de licencias presentados por la entonces directora de los programas. Al respecto la OAI determinó que Recursos Humanos no pudo localizar 55 tarjetas de asistencia ya que las hojas de asistencia eran desechadas, se encontraron errores matemáticos en la asistencia de los empleados e identificaron múltiples incongruencias en los cálculos de los balances acumulados, entre otros.

Por otro lado, la auditoría comenta unos acuerdos de pago incumplidos por parte de una exempleada de los programas a quien se le había desembolsado $5,161 en sueldos indebidos por servicios no prestados. Del 2016 al 2017, la exempleada sólo había realizado dos pagos por $300.

En el 2017 se suscribió un segundo acuerdo por moratoria del primer plan de pago, que tampoco cumplió. Esta situación se le notificó a la Oficina del Contralor y a los secretarios de Justicia y Hacienda el 24 de febrero de 2020. El informe de Fajardo, cubre el periodo del 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2020.

Vea informe de Auditoría M-22-27.

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