La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Departamento de Corrección y Rehabilitación relacionadas con la propiedad mueble y a las cuentas por cobrar por pagos de salarios indebidos. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela, de una muestra de las 866 cuentas pendientes por cobrar por $4.8 millones, que en el 66% no se preparó la Segunda Gestión de Cobro y en el 33% la gestión se realizó hasta 12 semanas más tarde. Además, en ninguna de las facturas se estableció la fecha de vencimiento.

Los auditores de la Contraloría develaron que las notificaciones a Finanzas de pagos indebidos de salarios y la pérdida de un arma de fuego, se realizaron con tardanzas de hasta 10 años. Esta situación se atribuye a la falta de reglamentación al respecto.

La auditoría de dos hallazgos señala que no todas las dependencias de las 16 que guardan propiedad en Corrección, enviaron sus inventarios al Departamento de Hacienda para los años 2015 al 2018. Por ejemplo, 14 dependencias no remitieron el inventario físico en el 2015, 13 en el 2016 y 11 en el 2017 y 2018. Además, en las inspecciones realizadas, se observó propiedad acumulada en los pasillos debido a que el Departamento no contaba con un almacén para guardar la propiedad comprada, la propiedad sin asignar o por decomisar (ver fotos en el Anejo 1 del Informe).

Contrario a la reglamentación vigente, el Departamento de Corrección notificó a la Oficina del Contralor, 19 incidentes de pérdidas e irregularidades con tardanzas de más de tres años. Los incidentes se relacionan a la apropiación, desaparición, escalamiento, hurto y robo de armas de fuego. Una situación similar se había señalado en el Informe de Auditoría DA-12-47 de 2011.

El Informe comenta que Corrección tiene pendiente de pago, $18 millones por 70 demandas resueltas en los Tribunales y $1.2 millones tras sentencia del 2012, a una compañía que había ofrecido servicios a la Administración de Instituciones Juveniles.

El Departamento de Corrección también, tiene 577 demandas pendientes de resolución por $383 millones. Las demandas son por agresión, registro y allanamiento negligente, encarcelación ilegal, maltrato institucional, violación de derechos civiles al confinado, hostigamiento laboral y otras causas.

El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018.

Vea el Informe de Auditoría DA-20-12.

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