La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones marítimas de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que la Autoridad emitió facturas de cobro sin validar la información sobre la cantidad y descripción de la mercancía que ofrece el naviero en el manifiesto de carga o en los manifiestos enmendados. Nuestros auditores detectaron que la Autoridad confía en los datos que provee el naviero.

Esta situación no permite ejercer un control adecuado con la facturación de los cargos por concepto de muellaje.  Además, los directores ejecutivos no prepararon normas y procedimientos escritos para asegurarse de la exactitud y corrección de los cargos facturados.

La auditoría de cinco hallazgos señala que la Autoridad no suministró para examen documentación fiscal sobre manifiestos y overtime requests. Además, contrario a la reglamentación vigente, ninguno de los formularios para aprobación del tiempo extraordinario de los empleados estaba firmado por el capitán de la embarcación o el agente naviero.

El Informe devela que desde el 2001, dos compañías navieras ocupan espacios de oficina en el muelle 10 de Puerta de Tierra en San Juan, sin tener contrato formalizado y sin pagar canon de arrendamiento. Además, en los muelles 9 y 10 no se toma un inventario de la mercancía almacenada en espera de ser recogida por las embarcaciones. Nuestros auditores observaron que la mercancía estaba desorganizada, sin protección y los alimentos, materiales y equipo electrónico a la intemperie.

Contrario a la reglamentación, el Comité de Crédito de la Autoridad, no cumplió con la disposición de establecer un límite de crédito a los clientes cuando aprueba las solicitudes. Se examinaron seis cuentas a crédito y hallamos que no se estableció el límite de crédito en cuatro. Esta situación le impide a la Autoridad, monitorear el crédito de los clientes y velar que las cuentas no estén sobregiradas.

La auditoría identificó múltiples deficiencias en las gestiones de cobro. Por ejemplo, desde el 2008, los estados de cuentas mensuales sólo se envían a los clientes que lo solicitan, el cobrador de la agencia no realizó las llamadas de cobro según dispone el procedimiento reglamentario, y tampoco se referían los clientes a agencias de cobro o a la división legal para desahucio.

Además, la Autoridad eliminó 16 cuentas declaradas incobrables de los registros de contabilidad que suman más de $1 millón. De una muestra de siete cuentas, nuestros auditores detectaron que el referido de éstas a la división legal para realizar el cobro, se realizó hasta 15 años más tarde. Más aún, algunas de las cuentas ya habían prescrito por lo cual la Autoridad dejó de contar con recursos económicos de $946,631, entre otros.

Este tercer informe de la Autoridad de Puertos, cubre el periodo del 1 de julio de 2012 al 30 de junio de 2018.

Vea el Informe de Auditoría CP-19-05.

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