La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Adjuntas relacionadas con la contabilidad municipal y el efectivo, las compras y los desembolsos, y los contratos de construcción de obras. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio realizó trabajos adicionales a la obra de remodelación de salones del programa Head Start ($29,261), sin las cotizaciones exigidas por ley. Además, pagó un contrato de servicios profesionales por $22,100 con fondos federales, sin obtener propuestas de dos o más proveedores.

El Municipio no obtuvo los permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos para la construcción de 50 panteones en el cementerio Remanso de Paz ($83,910). Por otro lado, el permiso de construcción del Centro Recreativo Guarionex ($3.5 millones) lo obtuvo dos meses después de finalizada la obra cuando por ley debió haber sido antes.

La auditoría de 14 hallazgos señala que no se prepararon informes de inspección en cuatro obras ni minutas de inspección, contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos. Esta situación impidió verificar la corrección y propiedad de las obras construidas y el Municipio no tiene evidencia que demuestre que las obras se realizaron de acuerdo con los planos y las especificaciones.

Nuestros auditores identificaron múltiples deficiencias con las recaudaciones, tareas conflictivas del recaudador y del encargado de preintervención, y el uso de la misma clave de acceso al sistema por parte de los recaudadores auxiliares. Estas y otras situaciones ya se habían señalado en el Informe de Auditoría M-15-24 del 2015.

Desde el 2013 hasta el 2016, el puesto de auditor interno estuvo vacante, por lo cual la Unidad de Auditoría Interna  estuvo inoperante. Los presupuestos asignados para la Unidad fueron transferidos por el alcalde a otras partidas para cubrir otros gastos operacionales de Adjuntas y durante esos años, no reclutó un auditor interno para el Municipio. Esta situación ya se había señalado en informes de auditoría del 2009, 2012 y 2015.

El Informe indica que los funcionarios y empleados municipales no pudieron explicar la inactividad de $4.1 millón en 77 fondos especiales que reflejaban los informes mensuales al 31 de diciembre
de 2015. Para esa fecha, el Municipio también mantenía en cuentas bancarias fondos por $1.1 millón que habían permanecidos inactivos por más de 11 años.

La auditoría comenta que el Municipio tenía una demanda pendiente por resolver de $83,000 ante la Comisión Apelativa del Servicio Público por despido injustificado.

El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016

Vea el Informe de Auditoría M-18-21.

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