Contralora señala deficiencias en el Centro C3Tec del Municipio de Caguas

Auditoría identifica compras por más de $46 mil sin las cotizaciones requeridas, deficiencias en expedientes de contratación y falta de radicacióndel informe anual del 2025 ante el Departamento de Estado.

San Juan, Puerto Rico – (18 de junio de 2026) La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen Vega Fournier, informó hoy los resultados de una auditoría de cumplimiento de alcance específico realizada al Centro Criollo de Ciencias y Tecnología del Caribe, Inc. (C3Tec), corporación sin fines de lucro creada en el 2007 y auspiciada por el Municipio Autónomo de Caguas para promover el desarrollo científico, tecnológico y educativo mediante programas, exhibiciones y experiencias de aprendizaje dirigidas a niños, jóvenes y familias puertorriqueñas. La auditoría examinó operaciones realizadas entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2025 relacionadas principalmente con el manejo de fondos legislativos, procesos de compras y contratación de servicios profesionales.

La auditoría emitió una opinión cualificada, al concluir que las operaciones examinadas se realizaron, en términos generales, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable, excepto por los hallazgos relacionados con las compras y la contratación de servicios profesionales.

“La sana administración de los recursos públicos requiere que toda entidad que reciba fondos gubernamentales mantenga controles internos efectivos, documentación completa y procesos de adquisición transparentes que promuevan la libre competencia y la rendición de cuentas. Las situaciones identificadas en esta auditoría requieren atención para fortalecer los controles administrativos y proteger los recursos asignados para fines educativos y comunitarios”, expresó Vega Fournier.

Uno de los principales hallazgos del informe está relacionado con compras efectuadas utilizando fondos legislativos sin cumplir con los requisitos de cotización establecidos por reglamento y por las propias políticas internas del Centro. La auditoría determinó que, entre abril de 2021 y diciembre de 2024, se realizaron compras por $46,288 sin obtener las cotizaciones mínimas requeridas para sustentar la selección de los suplidores.

En cinco adquisiciones por $42,822, cuyo valor individual excedía los $2,000, el Centro no obtuvo las tres cotizaciones requeridas para garantizar la libre competencia entre proveedores. Estas compras incluyeron una cortadora láser, un extractor de humos, computadoras portátiles, sillas y otros materiales. Además, en tres compras de equipo por $3,466, tampoco se obtuvieron las dos cotizaciones requeridas para adquisiciones cuyo valor superaba los $500.

La auditoría también reveló que se efectuaron desembolsos por $58,647 para ocho compras de equipos y materiales sin que se emitieran las órdenes de compra requeridas por la Política de Compras del Centro. Estas adquisiciones fluctuaron entre $2,580 y $28,240. Según el informe, la ausencia de órdenes de compra dificulta mantener un control adecuado de las asignaciones presupuestarias y puede propiciar el uso inadecuado de fondos o la invalidación de compromisos con suplidores.

Asimismo, los auditores identificaron deficiencias significativas en la documentación de los expedientes de compras. Las 17 requisiciones examinadas no estaban completadas en todas sus partes y carecían de información esencial como el número de identificación de suplidores, cuentas presupuestarias, precios unitarios, cantidades, fechas de aprobación, firmas requeridas y otros datos necesarios para documentar adecuadamente las transacciones. De igual forma, las facturas examinadas carecían de información requerida por la reglamentación interna, incluyendo números de cuentas presupuestarias y firmas de aprobación.

La auditoría también encontró deficiencias en los controles relacionados con la entrega de pagos. Para varios desembolsos por más de $32,000 no se registró adecuadamente la fecha de entrega de los cheques ni la firma de las personas que los recibieron, limitando la evidencia documental sobre la disposición final de dichos pagos. Además, en uno de los expedientes examinados no se encontró el Certificado de Registro de Comerciantes requerido para realizar negocios en Puerto Rico.

Como parte de los comentarios sometidos durante el proceso de auditoría, la gerencia del Centro defendió la adquisición de una cortadora láser y equipo relacionado por más de $33,000, indicando que previo a la compra realizaron visitas a diversas instituciones educativas y centros de fabricación digital en Puerto Rico para evaluar equipos similares.
La gerencia sostuvo que la máquina seleccionada era la utilizada consistentemente por instituciones líderes en el área y que contaba con representación local para garantizar mantenimiento, piezas y soporte técnico. También argumentó que no identificaron otros suplidores con equipos comparables al momento de la adquisición.

No obstante, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) concluyó que el hallazgo prevalece debido a que “el Centro no realizó las gestiones requeridas para verificar la existencia de otros suplidores antes de efectuar la compra, según exigen las disposiciones de la Política de Compras de 2019. La verificación fue realizada después de que el Centro recibió el borrador del informe de auditoría”.

El segundo hallazgo del informe está relacionado con deficiencias en la contratación de servicios profesionales. La auditoría examinó contratos otorgados para servicios de guías, ujieres, apoyo administrativo, técnicos de laboratorio, educadores, reparación de equipos y servicios relacionados con la Academia Makers. Aunque los contratos fueron formalizados por escrito y los servicios fueron prestados, se identificaron deficiencias documentales importantes en los expedientes.

Entre las situaciones señaladas se encontró que ninguno de los contratos examinados incluía la autorización formal del gerente del área que recibiría los servicios, tampoco se preparó la Hoja de Términos de Contrato requerida por la política institucional y, en uno de los expedientes, no se encontró el Certificado de Registro de Comerciantes del contratista. Según la auditoría, estas omisiones restan validez al proceso de contratación y pueden afectar la adecuada ejecución y fiscalización de los acuerdos suscritos.

La gerencia del Centro sostuvo que las deficiencias identificadas eran de carácter documental y no afectaban la validez de los contratos ni la prestación efectiva de los servicios. Además, informó que revisó sus políticas internas, implantó formularios de cotejo obligatorios, fortaleció los procesos de verificación documental y estableció controles adicionales para garantizar que ningún contrato sea formalizado ni pagado sin contar con un expediente completo.

Como parte del comentario especial incluido en el informe, la OCPR señaló que el Centro no había radicado ante el Departamento de Estado el informe anual correspondiente al año 2025, incumpliendo con los requisitos establecidos por la Ley General de Corporaciones.
La falta de radicación impide que el Gobierno y otras entidades tengan acceso a información actualizada sobre la situación operacional y financiera de la corporación.

La auditoría también destacó que el Centro recibió cinco donativos legislativos por un total de $388,259 entre los años fiscales del 2020-21 al 2024-25, de los cuales había desembolsado $386,620, quedando un sobrante acumulado de $1,639 al cierre del período examinado.

Entre las recomendaciones emitidas, la OCPR exhortó al alcalde de Caguas y presidente de la Junta de Directores, así como a la directora ejecutiva del Centro, a fortalecer los controles internos relacionados con las compras, asegurar la obtención de las cotizaciones requeridas, emitir órdenes de compra para las adquisiciones correspondientes, completar adecuadamente los expedientes de compras y contratación, mantener los certificados requeridos de suplidores y contratistas, y garantizar la radicación oportuna de los informes corporativos ante el Departamento de Estado.

“El cumplimiento con los procesos de compras, contratación y documentación no es un requisito meramente administrativo. Estos controles son fundamentales para garantizar la transparencia, promover la libre competencia y proteger los fondos públicos destinados a programas que benefician directamente a nuestras comunidades. La implantación de las recomendaciones emitidas contribuirá a fortalecer la gobernanza institucional y la confianza pública en las operaciones del Centro”, concluyó la Contralora.

Durante los años fiscales examinados, la entidad manejó presupuestos anuales que fluctuaron entre $1.1 millones y $1.6 millones y reflejó superávits acumulados en sus estados financieros auditados.

El informe completo está disponible en www.ocpr.gov.pr.