fuente: El Nuevo Día - Por David Cordero Mercado - 1 de mayo de 2025

En los pasados cinco años, las entidades públicas solo han recuperado $267,380 tras las irregularidades detectadas por la Oficina del Contralor

El gobierno ha fallado en recuperar más de $42.1 millones que, según los informes de auditoría de laOficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), deben ser devueltos a las arcas públicas debido a irregularidades detectadas en contrataciones gubernamentales durante los pasados cinco años. 

De un total de $44.5 millones identificados en auditorías, entre enero de 2020 y diciembre de 2024, apenas $267,380 han sido recuperados, mientras otros $2,100,668 ya se consideran incobrables, de acuerdo con datos que la OCPR compartió con El Nuevo Día. 

Esta ínfima tasa de recobro destapa un cuadro de inacción y aparente impunidad en la gestión de fondos públicos, a juicio de la contralora, Yesmín Valdivieso.

“Nosotros no tenemos el poder para obligar a ninguna unidad a recobrar el dinero”, dijo Valdivieso, al argumentar que ejecutar el recobro no está en sus manos. “Nosotros sí le seguimos dando seguimiento a las solicitudes de recobro de dinero. En algunos casos, lo recobran y, en otros casos, (los encargados en las unidades gubernamentales) se hacen los locos. No tengo otra palabra para decirlo”, subrayó.

Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2024, la OCPR publicó 123 informes de auditoría qu0e revelaron fallas en contratos relacionados con construcción, obras, mejoras permanentes y servicios profesionales correspondientes a 86 entidades gubernamentales. 

De esos, 50 reportes contenían recomendaciones específicas para recobrar fondos mal utilizados o pagados indebidamente, por un total de $44,501,586. Sin embargo, al culminar el pasado mes de marzo, cerca del 95% de ese monto –unos $42,133,538– aún no había sido reingresado al erario.

La OCPR explicó que hay 11 casos en los que las respectivas entidades gubernamentales ya determinaron no realizar gestiones de recobro, entre ellos, los gobiernos municipales de Hormigueros, Hatillo, Coamo y Arecibo. En otro ejemplo, una deuda de $65,214 fue declarada incobrable debido a que el Municipio de Naguabo no hizo las gestiones correspondientes de recobro y prescribió.

Al tope de la lista con gestiones de recobro pendientes, está el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres ($27,237,370), seguido de la Oficina de Gerencia y Presupuesto ($2,870,023), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura ($2,306,895), el Departamento de Corrección y Rehabilitación ($1,709,431), la Administración de Servicios Médicos ($1,681,841), el Municipio de Barceloneta($1,468,024) y el Negociado de Telecomunicaciones($1,031,028).

La información –que solo cubre cinco años– surge en momentos en que se prevé que las partidas provenientes del gobierno estadounidense se reduzcan del 46% actual a 43%, en el presupuesto del año fiscal 2025-2026, como consecuencia de los recortes en fondos federales impulsados por la administración de Donald Trump. En Puerto Rico, esta ofensiva ha afectado principalmente, hasta el momento, a los departamentos de Educación y de Salud. 

Los hallazgos más comunes que activan las recomendaciones de recobro incluyen la ausencia de cláusulas requeridas por ley en los contratos, pagos realizados fuera de los términos contractuales y servicios prestados antes o después de la vigencia del contrato. Son errores que, según la contralora, se repiten con demasiada frecuencia.

“En algunos casos, lo recobran y, en otros casos, se hacen los locos ”

Yesmín Valdivieso, Contralora

“En nuestros informes, en todos los informes, siempre hay algún problema con algún contrato”, anotó Valdivieso, quien censuró el reiterado registro tardío de contratos en la OCPR por parte de las entidades gubernamentales. “Le caemos encima a las agencias para que registren (correctamente los contratos), pero la realidad es que el contratista es tan responsable como la agencia de que este contrato se registre”, subrayó.

10 casos bajo investigación

Valdivieso explicó que la OCPR refiere los casos de recobro principalmente al Departamento de Justicia y al Departamento de Hacienda, que tiene una unidad de cobro de deudas al gobierno. De igual modo, estos informes son referidos a la Comisión Conjunta de Informes Especiales del Contralor en la Legislatura, que se supone dé seguimiento a las recomendaciones. “Pudiera ser mejor”, respondió la funcionaria, al preguntársele si consideraba que las gestiones de recobro de parte de esas entidades eran efectivas.

Al respecto, Justicia indicó que recibe los referidos de la OCPR, los evalúa y, de proceder, asigna los casos a su División de Contributivo, Cobro de Dinero y Expropiaciones Forzosas. 

En una declaración escrita, la agencia precisó que, hasta esta semana, dicha División tenía 10 casos activos bajo investigación. “Como parte del proceso, una vez culminen las investigaciones, el Departamento de Justicia notificará a las agencias correspondientes si se procederá con una reclamación o si el caso será cerrado”, indicó. 

La declaración, sin embargo, no detalla la antigüedad de esos 10 casos, cuántos referidos han recibido en los últimos cinco años, ni un plazo estimado para la conclusión de las pesquisas.

Hacienda no respondió una petición de información de El Nuevo Día. 

De igual forma, la senadora Karen Román, presidenta de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor, no estuvo disponible. Su portavoz, Josian Vázquez, indicó que la legisladora novoprogresista se encontraba ocupada atendiendo asuntos relacionados con el incidente, de carácter personal, que tuvo con una aerolínea. 

Incompetencia e impunidad

La inacción que predomina es vista como un síntoma de un mal mayor, según Mario Negrón Portillo, catedrático retirado y exdirector de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, quien describió el panorama como “incompetencia, por un lado, e impunidad por otro”.

“Lo que estás trayendo describe lo que está pasando con la administración pública de Puerto Rico”, afirmó Negrón Portillo, en entrevista separada. “Por un lado, dando el beneficio de la duda, puede que la gente se equivoque por desconocimiento. Y, al otro lado, tienes el problema de la impunidad, que aquí se toman decisiones, suceden cosas y, al final del día, es como si nada hubiera pasado”.

Negrón Portillo argumentó que la falta de diligencia en el recobro abona a la percepción de que “no importa lo que tú hagas mal, nada va a pasar”. En esa dirección, añadió que las agencias, sobrecargadas o sin el personal capacitado, optan por no invertir esfuerzos en recuperar el dinero, por entender que no se le pedirán explicaciones al respecto.

Opinó que, en el pasado, los informes de la OCPR generaban cierto temor entre algunos funcionarios, particularmente alcaldes, por su posible costo electoral, pero eso quedó en el pasado. “Si ya no hay ese miedo, ya no hay esa deferencia, ese ‘creo que me puede pasar algo malo’, pues, nada va a pasar, las decisiones se siguen tomando, los problemas se siguen acumulando”, declaró.

Necesidad urgente de consecuencias

Tanto Valdivieso como Negrón Portillo coincidieron en la necesidad de que haya consecuencias reales. La contralora, aunque sostuvo que, en ocasiones, los errores pueden ser administrativos y no de mala fe, insistió en la rigurosidad necesaria al manejar fondos públicos. “Las reglas de contratación gubernamental son bien estrictas y tiene que haber un esfuerzo”, aseveró. 

“Tiene que haber consecuencias”, subrayó, por su parte, Negrón Portillo. “Esto empieza desde arriba, tiene que haber una directriz bien clara de la Oficina del Gobernador, exigir un cumplimiento y un trabajo a los funcionarios públicos y, además de exigirle, poner una consecuencia”, puntualizó. 

La corresponsabilidad entre el gobierno y el contratista es el eje de una reciente campaña de la OCPR titulada “Evitar señalamientos está en tus manos”, con la que buscan concienciar a los proveedores del gobierno sobre la necesidad de vigilar, también, el cumplimiento estricto de las normativas. 

“Le recomendamos que se aseguren que el contrato cumpla con todos los requisitos de ley, la reglamentación y la jurisprudencia interpretativa para evitar irregularidades”, expresó Valdivieso.

Enfatizó que un contrato debe ser por escrito y estar firmado por las partes, tener vigencia prospectiva y estar debidamente registrado en la OCPR antes de iniciar servicios.Un error común, como enmendar un contrato ya vencido, invalida dicha enmienda, poniendo en riesgo el pago al contratista, incluso si este realizó el trabajo. 

“Puede que te hayan pagado, pero eso no significa que nosotros no vamos a señalar o a solicitar que se te recobre el dinero que se te pagó”, advirtió la contralora. “La contratación pública representa una proporción significativa del presupuesto gubernamental. Por eso, los contratistas tienen la responsabilidad de asegurarse de cumplir con todas las normas legales que apliquen para evitar un señalamiento o una recomendación de recobro”, manifestó.