Fuente: El Nuevo Día. 20 de octubre de 2021. Por Wilma Maldonado Arrigoitía

Alcaldes de los dos partidos de mayoría han utilizado la figura jurídica de las empresas municipales a conveniencia, y las han convertido en extensiones de las alcaldías para evadir regulaciones, y argumentan que son entidades privadas para evitar que se les fiscalice, señaló ayer la contralora Yesmín Valdivieso.

Valdivieso compareció a una vista pública de la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos de la Cámara de Representantes, junto al subdirector de la División de Auditorías de Municipios, Juan Rivera, y su ayudante ejecutivo, Pedro Arévalo.

Según la contralora, muchos de los alcaldes designan a empleados del ayuntamiento para realizar labores en las empresas municipales, a pesar de que, por ley, esas plazas no deben ser cubiertas por servidores públicos.

“Destacan a empleados municipales, quienes mantienen su estatus de empleado público recibiendo sus salarios y beneficios normales, rindiendo labores para la empresa municipal con fines de lucro”, dijo Valdivieso, al revelar uno de los hallazgos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).

De igual manera, comentó que algunos alcaldes utilizan las empresas municipales con el propósito de contratar servicios para sus ayuntamientos y así evadir el requisito de subasta o de requerir tres cotizaciones. Como ejemplo, mencionó el Municipio de Toa Alta.

Aun cuando, para esas tareas, algunos alcaldes no parecen distinguir entre la entidad privada y la municipal, cuando se les requiere rendir cuentas, plantean el carácter privado de estas entidades municipales para evadir la fiscalización de la Oficina del Contralor, según se desprende de la ponencia de los funcionarios de esa entidad.

Los funcionarios de la OCPR fueron citados a deponer ante la comisión cameral que investiga el funcionamiento de las empresas municipales y el manejo fiscal de los ayuntamientos.

Entre las recomendaciones que presentaron, está que las empresas municipales presenten informes anuales bajo juramento a la Asamblea Legislativa, a la OCPR y a sus legislaturas municipales. Esos reportes deben tener detalles sobre la capitalización que le proveyó a la empresa el municipio, incluyendo fondos, así como bienes muebles e inmuebles y cualquier otro activo. También, deberían indicar si se devolvió capital al ayuntamiento y si cuentan con estados financieros anuales auditados.

Valdivieso también recomendó que se obligue a las empresas municipales a registrar y remitir a la OCPR los contratos que otorguen.

Indicó que la oficina que dirige hizo una especie de inventario sobre los ayuntamientos que tienen empresas municipales con fines de lucro o corporaciones de desarrollo municipal sin fines de lucro.

Según las estadísticas de la OCPR, entre los años fiscales 2016 al 2021, 38 municipios mantuvieron 29 corporaciones sin fines de lucro y 62 empresas municipales con fines de lucro. Hubo 30 municipios que no respondieron a la solicitud de información de la entidad pública.

Los ayuntamientos que tuvieron corporaciones sin fines de lucro y empresas municipales con fines de lucro les aportaron más de $88 millones. Esa cifra se desglosa en $64.1 millones en efectivo, $24.2 millones en propiedad y en el pago de salarios y beneficios de 209 empleados.

A juicio de Valdivieso, fue un error la eliminación de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM). Reclamó, además, que se le asignen mayores recursos a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que asumió algunas de las funciones de la extinta oficina.