fuente: El Nuevo Día
fecha: 30 de octubre de 2025
por: Gloria Ruiz Kuilan

En su primera entrevista con El Nuevo Día desde el nuevo puesto, instó a “cualquier persona” a denunciar actos de corrupción, “pero no sin documentación”, y prometió acortar el tiempo de las auditorías

Como parte del nuevo sello que quiere imprimirle a la Oficina del Contralor, Carmen Vega Fournier anticipó que abogará por que la agencia fiscalizadora tenga mayores poderes, por ley, que le permitan imponer multas y penalidades tras las auditorías.

“Quisiera que pudiéramos imponer penas y multas. Eso es empezando por ahí”, dijo la hasta hace una semana presidenta del Banco de Desarrollo Económico (BDE), en su primera entrevista con El Nuevo Día.

Vega Fournier, quien es abogada y contadora pública autorizada, contestó en la afirmativa al preguntársele si acudiría a la Legislatura en búsqueda de más poderes para la Contraloría; y reveló que ya encomendó evaluar si, en virtud de la ley orgánica de la dependencia, según enmendada, puede “poner alguna penalidad”.

Contó, además, que ya se reunió con la inspectora general de Puerto Rico, Ivelisse Torres Rivera, para “unir esfuerzos” a fin de combatir la corrupción y firmar, más adelante, un memorando de entendimiento. Como parte de esa reunión, constató que la ley orgánica de la Oficina del Inspector General, de 2019, le concede más poderes a ese ente que los que ostenta la Oficina del Contralor, cuya ley data de 1952.

Enfatizó, igualmente, que promoverá la educación y la sana administración pública; e instó a los empleados gubernamentales, o a “cualquier persona”, a denunciar actos de corrupción, de forma anónima, directamente a ella, pero con documentos o evidencia en mano.

De acuerdo con Vega Fournier, atender las denuncias de esa manera ayudaría a combatir más rápido la corrupción. En esa línea, prometió reducir el tiempo en que se realizan las auditorías, que hoy –dijo– oscila entre un año y 700 días.

“O sea, como que no hay esa urgencia. Esa urgencia, pues… hay que mejorarla. Pero, ciertamente, 700 días no es (un término) aceptable”, expuso.

“Y no vamos a medir el esfuerzo ni el tiempo en meses, lo vamos a medir en horas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú decir ‘me voy a tardar un mes’; un mes son 30 días y, cuando vamos, esos 30 días no son laborables. Así que tenemos que quitarnos esa visión de días calendario. El tiempo se va a reducir”, insistió.

No quiso, sin embargo, estimar cuánto tiempo tardarían las auditorías en adelante, porque todo dependerá de la complejidad del trabajo o el lugar auditado, sea una agencia o municipio.

“Otra cosa que también queremos enfatizar es que los propios empleados hablen. Ellos saben lo que está pasando, y ellos, pues, en lo que uno entra a una auditoría, haces el análisis, puede que haya cosas que tú no veas, o las veas cinco o seis meses más tarde, versus si tenemos estos empleados, que son puertorriqueños, que son empleados públicos, que conocen lo que está pasando en su agencia, pues, mira, que hablen”, aseveró.

“Yo ya di un número de teléfono… Es un número de teléfono que solamente yo voy a contestar, y les vamos a garantizar 100% anonimato y 100% confidencialidad. Y que nos den la prueba. O sea, no vamos a poner su nombre, ni nada. Tú me das los documentos; yo no voy a decir las fuentes, simplemente necesitamos la información. Y, entonces, aceleramos un montón más”, agregó, desde un salón de conferencias de la Contraloría, en Hato Rey, que tiene las fotos de los nueve contralores que le antecedieron, incluyendo la más reciente, Yesmín Valdivieso.

Vega Fournier dejó claro que recibirá querellas anónimas, “pero no sin documentación” para evitar, “por ejemplo, lo que hicieron conmigo: una carta que no tiene nada de fundamento”. Se refirió a que, mientras era evaluada en vistas públicas, se le acusó, bajo anonimato, de mal manejo administrativo en el BDE.

Rechazó, de paso, que su postura sea contraria al Código Anticorrupción, que protege a toda persona que, bajo anonimato, denuncia posibles actos de corrupción, o que sus expresiones tengan el efecto de ahuyentar a confidentes.

La contralora indicó que, aunque no tuvo un proceso formal de transición con Valdivieso, recibió un informe que detalla que la dependencia tiene, para el presente año fiscal, 518 empleados. De esos, dijo, 59 son de confianza y 48 “están ocupados con un salario anual de más o menos $100,000”. Por concepto de viajes, se han gastado $225,251 este año y, el pasado año fiscal, la cifra ascendió a $1,191,454.

Vega Fournier quiere retener el salario de los empleados de confianza, pero reducirlos a 15 o 20. Contratará a una firma de consultoría externa para que evalúe el plan de clasificación y retribución, adelantó.

También, buscará ahorrarse los $2,063,530 en renta por dos edificios. Pidió a la Compañía de Fomento Industrial que le muestre edificios que pueda utilizar y unificar a todos los empleados. “El contrato aquí está hasta 2028. Yo espero que, para esa misma fecha, podamos estar fuera de la renta”, acotó desde las instalaciones en Hato Rey.