San Juan, Puerto Rico – (8 de julio de 2026)- La Contralora de Puerto Rico, CPA y Lcda. Carmen A. Vega Fournier y el secretario del Departamento de Salud, Dr. Víctor M. Ramos Otero, firmaron hoy un acuerdo colaborativo para el intercambio de información del Registro de Estadísticas Vitales del Registro Demográfico, con el propósito de fortalecer la fiscalización gubernamental y facilitar la identificación de personas fallecidas cuyos beneficios públicos pudieran continuar activos en sistemas o expedientes gubernamentales.

“Estamos muy contentos porque continuamos integrando mecanismos tecnológicos que nos ayudarán a fortalecer nuestra misión. Hoy firmamos este acuerdo con el Departamento de Salud, el cual nos dará mayor visibilidad y permitirá que, diariamente, nuestros auditores designados puedan validar la fecha de defunción de las personas. Como saben, nuestra Oficina de la Contralora ha presentado informes en los que se registran personas o familiares de personas fallecidas que reciben ilegalmente beneficios restringidos de programas del gobierno estatal y federal, por ejemplo, pero sin limitarse, al Programa de Asistencia Nutricional (PAN), entre otros, siempre conforme a los procesos administrativos de las agencias concernidas. Con este acuerdo, se podrá compartir información de estadísticas vitales custodiada por el Registro Demográfico mediante una vía exclusiva y con designación de prioridad para las peticiones oficiales de la Contralora”, expresó la contralora Vega Fournier.

El secretario del Departamento de Salud detalló: “Seguimos ejecutando acciones en consonancia con el compromiso de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, con la transparencia y la sana administración pública. Ahora se compartirá con la Oficina de la Contralora información sobre defunciones registradas desde el año 2015 hasta el presente, contenida en la base de datos del Registro Demográfico, a través de la última versión que tenemos de la plataforma State and Territorial Exchange of Vital Events, conocida como STEVE. La data será constantemente actualizada e incluirá campos como nombre, segundo nombre, apellidos, sexo, fecha de defunción, número de seguro social, número de defunción y dirección residencial”.

La iniciativa surge luego de que informes de auditorías públicas y trabajos de fiscalización de la Oficina de la Contralora identificaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación para detectar oportunamente posibles desembolsos, cubiertas o beneficios públicos asociados a personas fallecidas. Entre los programas que podrán beneficiarse de estos cruces de información se encuentran el Programa de Asistencia Nutricional, Medicaid o Plan Vital, y programas de vivienda subsidiada como Plan 8 o Sección 8, entre otros, siempre conforme a los procesos administrativos de las agencias concernidas.

Asimismo, el Dr. Ramos Otero destacó que el Registro Demográfico es una fuente oficial de información vital del Gobierno de Puerto Rico y que su uso responsable contribuye a una administración pública más eficiente.

“El Departamento de Salud custodia información sensitiva y vital para nuestra isla. Mediante este acuerdo, esa información será utilizada de manera controlada, segura y exclusivamente para fines oficiales de fiscalización. La colaboración interagencial permite que el Gobierno actúe con mayor certeza, reduzca errores administrativos y proteja los fondos destinados a servicios esenciales”, sostuvo Ramos Otero.

La Contralora subrayó que “el acuerdo no constituye una cancelación automática de beneficios ni una determinación de fraude contra familiares o terceros, sino una herramienta de fiscalización para apoyar auditorías, investigaciones y referidos cuando corresponda. Nuestra función es proteger los recursos públicos, no sustituir los procesos administrativos de las agencias. Cualquier suspensión, ajuste, recobro o cancelación de beneficios debe hacerse por la entidad administradora correspondiente, conforme a la ley, sus reglamentos y el debido proceso. Lo que este acuerdo nos brinda es acceso expedito a información confiable para identificar posibles irregularidades y promover acciones correctivas”, añadió Vega Fournier.

El acuerdo también dispone que el Departamento de Salud proveerá, previa solicitud por correo electrónico, verificaciones de eventos vitales de nacimiento, matrimonio o defunciones anteriores al año 2015, así como certificaciones de divorcio o anulaciones de matrimonio cuando dicha información conste en la base de datos del Registro Demográfico. Además, el Departamento se compromete a responder sobre la disponibilidad de la información solicitada en un término de dos días laborables.

La medida establece salvaguardas estrictas de confidencialidad. La Oficina de la Contralora deberá garantizar la absoluta confidencialidad de la información obtenida, limitar su uso a propósitos oficiales o asignados por ley, designar dos oficiales de enlace y asegurar que cada funcionario autorizado firme un acuerdo de confidencialidad antes de recibir acceso a la base de datos del Registro Demográfico.

“Cada mecanismo de control que se fortalece es una oportunidad para evitar pagos indebidos, corregir deficiencias y asegurar que las ayudas lleguen a quienes verdaderamente las necesitan. Este acuerdo es una herramienta de prevención, transparencia y sana administración pública”, puntualizó la Contralora.

El secretario Ramos Otero añadió que la colaboración demuestra la importancia de modernizar la comunicación entre agencias, manteniendo siempre la seguridad de los datos. “Cuando los sistemas gubernamentales se comunican de forma segura y ordenada, el resultado es una gestión pública más efectiva. Este acuerdo reconoce el valor del Registro Demográfico y lo pone al servicio de un fin público legítimo para apoyar la fiscalización, la eficiencia y la protección de los recursos del pueblo”, concluyó Ramos Otero.