Informe de Auditoría OC-26-47 Universidad de Puerto Rico, Administración Central
San Juan, Puerto Rico, (30 de junio de 2026) —La contralora de Puerto Rico, CPA y Lcda. Carmen Vega Fournier, reveló hoy los resultados de una auditoría de cumplimiento de alcance específico realizada a la Administración Central de la Universidad de
Puerto Rico (UPR-AC), en la que se identificaron deficiencias significativas en el manejo de pagos por anticipado, el reconocimiento oportuno de desembolsos en la contabilidad institucional y el procesamiento de órdenes de compra.
La auditoría cubrió el período comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 15 de diciembre de 2025 y emitió una opinión adversa, al concluir que las operaciones relacionadas con los registros de contabilidad y los desembolsos mediante pagos por anticipado no se realizaron conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
“Los registros contables oportunos y el uso adecuado de los fondos públicos constituyen elementos esenciales para garantizar la confiabilidad de la información financiera, la sana administración de los recursos y una adecuada toma de decisiones. Las situaciones identificadas en esta auditoría requieren acciones correctivas inmediatas para fortalecer los controles internos y evitar la recurrencia de estas deficiencias”, expresó la Contralora.
El primer hallazgo del informe está relacionado con el reconocimiento contable de órdenes de compra tramitadas mediante pagos por anticipado. La auditoría determinó que la UPR-AC no reconoció oportunamente en sus cuentas contables los desembolsos correspondientes a nueve órdenes de compra por $249,577, mientras que otros desembolsos correspondientes a ocho órdenes de compra por $161,489 fueron registrados con tardanzas que fluctuaron entre 40 y 967 días luego del término establecido por la reglamentación vigente.
Según la Oficina de la Contralora, estas deficiencias impidieron mantener información financiera completa y confiable sobre los balances reales disponibles y la situación económica de la institución. Además, durante el período auditado se subestimaron los balances de las cuentas de gastos y se sobrestimó la cuenta de activos de gastos prepagados por $243,527, mientras que se reconocieron gastos por $154,772 en períodos contables incorrectos.
La auditoría atribuyó estas situaciones, entre otras razones, a la falta de remisión oportuna de la documentación requerida por parte de distintas oficinas universitarias, la reducción de personal en áreas financieras, el incremento en el volumen de compras realizadas mediante pagos anticipados y la ausencia de procedimientos adecuados para completar oportunamente los registros contables correspondientes.
Durante el proceso de auditoría, la administración universitaria reconoció que las situaciones identificadas respondían principalmente a la disminución sostenida de personal en las áreas de Finanzas, Compras y Desembolsos, así como al aumento significativo en el volumen de transacciones que debían atender los empleados restantes. La gerencia informó además que reforzaría los controles internos y evaluaba el reclutamiento de personal adicional para fortalecer dichas áreas administrativas.
El expresidente de la Universidad también indicó que durante su incumbencia enfrentaron dificultades para reclutar profesionales en contabilidad y finanzas debido a que el plan de clasificación y retribución vigente llevaba más de cuatro décadas sin actualizarse, lo que limitaba la capacidad competitiva de la institución frente al
sector privado.
El segundo hallazgo del informe señala un pago indebido de $16,289 realizado por la Universidad mediante un mecanismo de pago anticipado para servicios de mantenimiento que finalmente nunca fueron utilizados. La orden de compra fue emitida para cubrir la reparación y sustitución de piezas de un equipo crítico utilizado por la Oficina de Sistemas de Información durante el período comprendido entre septiembre
de 2022 y septiembre de 2023. Sin embargo, durante ese tiempo el equipo nunca presentó averías y la Universidad no requirió la prestación de los servicios contratados. A pesar de ello, el pago anticipado fue realizado al proveedor.
La auditoría también encontró que la UPR-AC efectuó un pago anticipado de $6,050 relacionado con la adquisición de equipo audiovisual destinado a fortalecer los esfuerzos de reclutamiento estudiantil. No obstante, el proveedor únicamente entregó equipos valorados en $2,825, quedando pendiente la entrega del resto del equipo y los servicios de instalación y adiestramiento necesarios para poner en funcionamiento el sistema. Como consecuencia, los equipos permanecieron almacenados en sus cajas sin poder utilizarse mientras transcurría el tiempo de vigencia de sus garantías. Tras la intervención de la Oficina del Contralor, la Universidad solicitó al proveedor la devolución del exceso pagado por $3,225.
La administración universitaria sostuvo que la contratación del mantenimiento respondió a la necesidad de garantizar la continuidad operacional de un equipo crítico para la infraestructura tecnológica institucional y reconoció deficiencias documentales relacionadas con el seguimiento al proveedor. No obstante, la Oficina de la Contralora concluyó que el hallazgo prevalece, señalando que fue precisamente la intervención de los auditores la que motivó a la Universidad a iniciar las gestiones para reclamar la devolución del dinero pagado en exceso al proveedor.
Como resultado de la auditoría, la Oficina de la Contralora recomendó a la Junta de Gobierno velar por la implantación de las acciones correctivas correspondientes y exhortó a la presidenta de la Universidad y al director ejecutivo de la Administración Central a fortalecer la supervisión de los procesos relacionados con los pagos por anticipado. Entre las recomendaciones principales figura exigir que las unidades solicitantes remitan oportunamente la documentación necesaria para efectuar los registros contables, asegurar que los desembolsos sean reconocidos dentro de los términos establecidos, abstenerse de autorizar pagos anticipados para servicios de mantenimiento no permitidos por la reglamentación, gestionar el recobro de los $16,289 desembolsados por servicios no prestados y establecer mecanismos de seguimiento que permitan reclamar oportunamente la devolución de fondos cuando los proveedores incumplan con la entrega de bienes o servicios contratados.
La Universidad de Puerto Rico es la principal institución pública de educación superior de la Isla. Durante los años fiscales comprendidos entre 2020-2021 y 2023-2024, la Administración Central registró ingresos ascendentes a $635.3 millones, incurrió
en gastos por $75.9 millones y reflejó un superávit acumulado de aproximadamente $559.4 millones.
“La transparencia financiera, el cumplimiento de los procedimientos contables y el uso responsable de los fondos públicos son indispensables para preservar la confianza de la comunidad universitaria y de la ciudadanía. La implantación de las recomendaciones emitidas permitirá fortalecer la administración financiera de la Universidad y asegurar un manejo más eficiente de sus recursos”, concluyó la Lcda. Carmen Vega.
El informe de auditoría OC-26-47 está disponible en www.ocpr.gov.pr.