Contralora publica auditoría al Departamento de la Familia con señalamientos sobre pagos pendientes, controles fiscales, cuentas por cobrar, propiedad y cumplimiento financiero federal

San Juan, Puerto Rico – (29 de abril de 2026) – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, informó hoy la publicación del Informe de Auditoría OC-26-24, correspondiente al Departamento de la Familia, el cual cubre el período del 1 de julio de 2020 al 30 de noviembre de 2024.

El informe fue realizado en cumplimiento con las facultades constitucionales y legales de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) y contiene una opinión cualificada. Esto significa que, en términos generales, las operaciones examinadas se realizaron conforme a la ley y reglamentación aplicable, excepto por los hallazgos señalados del 1 al 9, que son los siguientes: pagos de evidencia médica y de gastos de viaje pendientes por procesar por $1,563,138, y falta de controles en las operaciones de la división de pagos; deficiencias relacionadas con los comprobantes del oficial pagador y sus justificantes; deficiencias en las conciliaciones bancarias; más de $27,000 en débitos no autorizados de la cuenta bancaria del Oficial Pagador Especial, y pérdidas por $3,164 no reclamadas contra la fianza global o a la aseguradora del departamento; cuentas por cobrar por $65,920 por pagos indebidos de salarios, y falta de gestiones de cobro; atrasos en la contratación de los servicios de los estados financieros, e incumplimientos del envío de los estados a la federal audit clearinghouse y de la certificación anual sobre la ley 273-2003; deficiencias con los inventarios y el control de la propiedad; ausencia de registros internos de contabilidad; e incumplimientos y tardanzas en el envío de los informes mensuales de nóminas y puestos.

“Esta auditoría reafirma el deber ministerial de nuestra Oficina de examinar con objetividad el uso de los recursos públicos, promover controles internos sólidos y fomentar una administración pública eficiente, transparente y responsable”, expresó la contralora Vega Fournier, quien mencionó que ya el Departamento de la Familia estableció un plan correctivo que la contraloría evaluará en 6 meses.

El examen identificó hallazgos significativos en áreas sensitivas relacionadas con pagos del Programa de Determinación de Incapacidad, conciliaciones bancarias, débitos no autorizados, cuentas por cobrar, contratación de auditorías externas, manejo de propiedad, contabilidad interna y cumplimiento con informes requeridos por ley. 

Uno de los principales señalamientos establece que, al 30 de diciembre de 2024, existían pagos pendientes por procesar por $1,563,138 por conceptos de evidencia médica y gastos de viaje, correspondientes a varios años fiscales.

Asimismo, se identificaron deficiencias importantes en los controles internos de la División de Pagos, incluyendo ausencia de registros adecuados de cheques devueltos por correo, falta de segregación de funciones en la custodia de cheques en blanco, inexistencia de inventario perpetuo y más de 10,000 cheques obsoletos sin anular. 

En otra área, la auditoría reveló tardanzas en la remisión de conciliaciones bancarias al Departamento de Hacienda, diferencias sin aclarar por $52,552 y la falta de devolución de $152,809 correspondientes a 7,222 cheques caducados por más de seis meses sin ser cobrados por beneficiarios. 

De igual forma, se detectaron 59 débitos no autorizados por $27,696 en la cuenta bancaria del Oficial Pagador Especial, utilizados para pagos ajenos a la función pública, incluyendo tarjetas de crédito, seguros médicos, internet, telefonía y otros conceptos. El informe también señala pérdidas por $3,164 que no fueron reclamadas oportunamente contra la fianza global o la aseguradora correspondiente. 

En materia de nómina, se determinaron cuentas por cobrar por $65,920 por pagos indebidos de salarios a empleados que cesaron funciones, estaban en licencia sin sueldo o no tenían balances disponibles de licencias acumuladas. El informe también señala deficiencias en las gestiones de cobro posteriores. 

La auditoría también documentó atrasos sustanciales en la contratación de auditores externos para realizar los single audits requeridos por regulación federal, así como tardanzas de hasta 613 días en la remisión de informes financieros auditados al Federal Audit Clearinghouse, lo que puede exponer a la agencia a riesgos relacionados con fondos federales. 

En el área administrativa, se señalaron deficiencias con inventarios y control de propiedad, ausencia de registros internos de contabilidad para ciertos programas y tardanzas en la entrega de informes mensuales de nómina, registro de puestos y certificaciones anuales requeridas por ley.  

El informe recoge comentarios de la gerencia del Departamento, en los cuales se informa que ya se comenzaron a implementar acciones correctivas. Entre estas, se indicó que se tramitarían las peticiones de fondos pendientes para desembolsos de evidencia médica y gastos de viaje, se establecerían controles para la custodia de cheques, se anularían formularios obsoletos, se remitirían fondos de cheques caducados al Departamento de Hacienda y se reforzaría el cumplimiento con informes regulatorios. 

Además, la secretaria informó que se remitirán los informes mensuales de nómina y puestos dentro del término requerido por ley, así como el Registro de Puestos y la Certificación Anual correspondiente. 

Entre las recomendaciones principales emitidas por la OCPR se encuentran: establecer normas escritas de control interno; procesar puntualmente pagos pendientes; fortalecer conciliaciones bancarias; investigar irregularidades; reclamar pérdidas cuando corresponda; mejorar el manejo de cuentas por cobrar; cumplir con auditorías federales; actualizar registros contables; fortalecer el control de propiedad; y remitir oportunamente todos los informes requeridos. 

“Las recomendaciones emitidas constituyen una hoja de ruta para fortalecer la gobernanza fiscal y administrativa del Departamento de la Familia. Nuestro llamado es a implantarlas con diligencia y sentido de urgencia, siempre en beneficio de las poblaciones más vulnerables que dependen de estos servicios”, concluyó la contralora Vega Fournier.

El informe completo está disponible en el portal oficial de la Oficina: ocpr.gov.pr.