Contralora de Puerto Rico revela hallazgos significativos en auditoría del Municipio de Las Piedras y emite recomendaciones para fortalecer la gestión fiscal y administrativa

San Juan, Puerto Rico — La Contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA, dio a conocer los resultados del Informe de Auditoría OC-26-14 correspondiente al Municipio de Las Piedras, el cual cubre el periodo del 1 de febrero de 2019 al 31 de diciembre de 2022. El informe identifica múltiples deficiencias en los procesos de compras, contratación, administración de obras, control fiscal y gobernanza municipal, lo que dio lugar a una opinión cualificada.

La Contralora expresó que, “aunque las operaciones del Municipio se realizaron conforme a la ley en términos generales, los hallazgos identificados evidencian desviaciones significativas que requieren atención inmediata para garantizar el uso eficiente, transparente y legal de los recursos públicos. Señaló además que la fiscalización no solo busca identificar incumplimientos, sino promover mejoras estructurales en la administración pública municipal”.

Vega Fournier, detalló que entre los principales hallazgos, “se identificó que el Municipio adquirió seis vehículos por $255,404 mediante un proceso de cotizaciones dirigido a concesionarios de una sola marca, lo que restringió la libre competencia y limitó la posibilidad de obtener mejores alternativas en el mercado. La auditoría determinó que se incluyeron especificaciones que favorecían una marca en particular, contrario a la normativa estatal y federal aplicable. La gerencia municipal indicó que esta decisión respondió a la uniformidad de la flota y a la experiencia previa con dichos suplidores, así como a las condiciones de emergencia durante la pandemia del COVID-19. No obstante, la Oficina de la Contralora concluyó que el hallazgo prevalece, ya que dichas circunstancias no justifican la limitación de la competencia abierta”.

“Asimismo, según el informe, los auditores determinaron que el Municipio formalizó contratos por $640,033 para proyectos de construcción sin haber obtenido previamente los permisos requeridos por la Oficina de Gerencia de Permisos. Aunque los trabajos fueron completados y aceptados, los permisos fueron obtenidos luego de iniciadas las obras, lo que impidió la supervisión regulatoria oportuna y expuso al Municipio a posibles sanciones. La administración municipal alegó que utilizó el método de diseño y construcción, delegando la responsabilidad en el contratista; sin embargo, la Contralora reiteró que la responsabilidad última recae en el Municipio como dueño de los proyectos, por lo que el hallazgo prevalece”.

En el área de gobernanza, la auditoría reveló tardanzas significativas en la remisión de nombramientos de los miembros de la Junta de Subastas para su confirmación por la Legislatura Municipal. En algunos casos, estos nombramientos se remitieron hasta 969 días después del inicio del nuevo cuatrienio, a pesar de que la Junta continuó tomando decisiones durante ese periodo. La gerencia municipal sostuvo que los miembros podían continuar en funciones conforme al Código Municipal; no obstante, la Contralora determinó que el incumplimiento en el proceso de confirmación podría poner en cuestionamiento la validez de las decisiones tomadas.

En el ámbito fiscal, se identificó que no se obligaron créditos presupuestarios al momento de otorgarse contratos por $640,033, registrándose tardanzas de hasta 473 días en el registro de dichas obligaciones. Esta situación debilita el control presupuestario y puede propiciar sobregiros y riesgos legales. La gerencia atribuyó esta situación a las condiciones operacionales durante la pandemia, pero la auditoría determinó que varios contratos fueron otorgados antes de dicha emergencia, por lo que el hallazgo prevalece.

Además, se señaló que el Municipio realizó un pago de $21,980 por servicios de reparación eléctrica sin formalizar un contrato escrito, limitándose a una orden de compra. Esta práctica dejó desprovisto al Municipio de garantías legales adecuadas y dificultó la verificación de la corrección del desembolso. Aunque la administración argumentó que la orden de compra era suficiente en el contexto de emergencia, la Contralora enfatizó que dicho mecanismo no sustituye la obligación legal de formalizar contratos.

De igual forma, se determinó que el Municipio otorgó contratos y enmiendas por más de $8.5 millones para la administración del Centro de Diagnóstico y Tratamiento sin remitirlos a la Legislatura Municipal para su evaluación y aprobación, limitando la función fiscalizadora de dicho cuerpo. La gerencia sostuvo que se trataba de servicios profesionales; sin embargo, la Oficina de la Contralora concluyó que la naturaleza del contrato requería aprobación legislativa, por lo que el hallazgo prevalece.

El informe también incluye otros señalamientos relacionados con la falta de contratos escritos en la venta o alquiler de lotes en el cementerio municipal, la no localización de equipo y tardanzas en investigaciones administrativas, así como un comentario especial sobre una demanda civil pendiente de resolución.

La Contralora indicó que, aunque la administración municipal presentó argumentos y medidas correctivas en varios de los hallazgos, en todos los casos se determinó que las deficiencias señaladas persisten o no fueron debidamente subsanadas con evidencia suficiente.

Como resultado de estos hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas al alcalde, a la administración municipal, a la Legislatura Municipal y a otras entidades pertinentes. Entre estas se incluyen el fortalecer los procesos de compras para garantizar la libre competencia, asegurar el cumplimiento con los requisitos de permisos antes de iniciar proyectos de construcción, cumplir con los procesos de confirmación de la Junta de Subastas, establecer controles efectivos en la obligación de fondos, formalizar adecuadamente todos los contratos, remitir a la Legislatura aquellos contratos que así lo requieran, y reforzar los mecanismos de control interno en todas las áreas operacionales.

La Contralora reiteró que la sana administración pública requiere disciplina fiscal, cumplimiento estricto de la ley y una supervisión efectiva en todos los niveles de gobierno. Añadió que cada uno de los hallazgos representa una oportunidad para corregir deficiencias, fortalecer la gobernanza municipal y garantizar que los recursos públicos sean utilizados en beneficio del pueblo de Puerto Rico.

El informe completo está disponible en la página oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico www.ocpr.gov.pr.

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