Contralora revela que el Municipio de Guánica no cobró $46 mil en arbitrios de construcción ni remitió retenciones por $20 mil al Departamento de Hacienda

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Guánica. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio de Guánica no le cobró el 5% de arbitrio al 80% de los proyectos de construcción, ni le retuvo este importe en los pagos efectuados a los contratistas por mejoras al edificio de la alcaldía, la demolición de viviendas afectadas por los terremotos, o por la instalación de mallas de control de palomas en varias canchas, entre otras.

De los cinco proyectos de construcción, demolición y mejoras permanente examinados, el Municipio no le requirió a cuatro de ellos el pago de $45,849 de arbitrios por las obras contratadas por $1.1 millones entre el 2020 al 2023.

Además, los expedientes de los proyectos carecían de documentos requeridos por ley como: la fianza para garantizar el pago de mano de obra (payment bond), fianza para el cumplimiento del contrato (performance bond), o la evidencia de póliza de responsabilidad pública.

Estas deficiencias, dejan sin garantía al Municipio, en caso de incumplimiento y dificultan la función fiscalizadora.

La auditoría de seis hallazgos señala que el Municipio no consignó $79,761 en los presupuestos del 2019 al 2021 para el pago de una sentencia por cobro de dinero de una ferretería, acordada mediante sentencia por el Tribunal de Primera Instancia el 18 de abril de 2017. Esta falta de control causó, además, el pago de $7,000 en penalidades.

Al 10 de abril de 2024, el Municipio no tenía los estados financieros auditados para los años fiscales del 2021, 2022 y 2023. Esta situación no permite tener información financiera actualizada y confiable para la toma de decisiones. Además, puede ocasionar que se afecten las asignaciones de fondos federales al Municipio.

Los auditores detectaron que el Municipio le retuvo $22,316 a dos contratistas por trabajos de ingeniería que no remitieron al Departamento de Hacienda. Una situación similar se había publicado en el Informe de Auditoría M-22-22 del 2022. Por este incumplimiento el Municipio se expone a tener que pagar intereses, penalidades y recargos.

El Municipio de Guánica, carece de una unidad de compras centralizada. Por ejemplo, las subastas informales para obras de construcción y mejoras, no se remitían a la Unidad de Compras sino a un comité nombrado por el alcalde que evaluaba las cotizaciones y adjudicaba las obras. De hecho, en contravención del Código Municipal de 2020, dicho comité carecía de reglamentación.

La OCPR no pudo verificar en todos sus detalles la corrección y propiedad del desembolso de ocho cheques cancelados por $278,488, 19 cheques cancelados por $84,000, ni de 31 cheques cancelados por $39,000. Tras los terremotos, los documentos se enviaron al Museo Pedro Juan Vargas, pero no se organizaron adecuadamente. Los directores de finanzas en funciones no mantuvieron una custodia adecuada de los documentos.

El Informe comenta que el Municipio transó una demanda por más de $1 millón, por la cancelación de contrato sin arbitraje en el 2015, con una compañía de recogido de desperdicios sólidos, escombros y reciclaje. El Municipio realiza este desembolso sin recibir beneficio alguno.

Por despido injustificado de un policía municipal en el 2011, el Municipio tuvo que pagarle $73,540 en salarios, bonos y licencias por vacaciones dejadas de devengar sin recibir servicio alguno. Además, al 12 de septiembre de 2023, siete demandas por $31.8 millones, estaban pendientes de resolución por los tribunales.

Desde los años fiscales del 2019 al 2023, Guánica ha contado con un presupuesto de $7.8 millones, $6.4 millones, $5.1 millones, y $7.3 millones respectivamente. Los estados financieros auditados del 2019 al 2021 reflejaron déficits acumulados de $6.5 millones, $3.8 millones y $3.5 millones respectivamente.

El Municipio tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional del 49% en el 2020 y del 54% en el 2021. Esto se atribuye a la sobrestimación en los ingresos, al uso inadecuado de ingresos de patentes municipales para cubrir gastos operacionales y a la ausencia de un sistema de contabilidad, entre otros.

El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.

Este segundo informe, cubre el periodo del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2023.

El Informe de Auditoría OC-25-75 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.

Contralora revela pagos de más de medio millón sin subasta y cotizaciones requeridas en Morovis

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Morovis. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio de Morovis pagó $593,653 a dos contratistas por servicios de mantenimiento de áreas verdes sin celebrar subasta. De esta cantidad, $385,870, el 65%, eran fondos federales de la Ley del Plan de Rescate Americano y de fondos del COVID-19. La ley y el Reglamento de Subastas de 2021, dispone que es requisito celebrar subasta pública en la compra de materiales, equipos, medicinas y otros suministros cuando excedan de $100,000.

Además, el Municipio otorgó dos contratos por $47,500 para limpieza de terrenos y mantenimiento, sin obtener al menos tres cotizaciones. Estas situaciones impiden la libre competencia, propician el favoritismo y que se cometan irregularidades, entre otras.

La auditoría de seis hallazgos señala que, sin facultad legal, el Municipio le pagó a un funcionario $6,375 por los excesos de licencia de vacaciones acumuladas, en contravención de la Ordenanza 15 de 2017.  Además, a la directora de Recursos Humanos se le pagó un diferencial de $2,907 para atender asuntos de personal de la Oficina de Recuperación; tareas que ya estaban definidas en el Plan de Clasificación y Retribución de Puestos de 2008.

Los auditores detectaron que el Municipio nombró un empleado en 11 ocasiones a los puestos de trabajador y conductor de vehículos pesados sin estar habilitado por la Oficina de Habilitación para el Servicio Público. Dicho empleado fue convicto por delitos graves y sentenciado a siete años de probatoria en el 2008. El hecho de no estar habilitado según requiere la ley, pudiera ocasionar que el Municipio tenga que rembolsar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos los salarios devengados bajo la Ley 52-1991 de Seguridad de Empleo.

Por otro lado, el Municipio no obligó las asignaciones presupuestarias de más de $2.2 millones al momento de otorgar siete contratos y tres enmiendas para el servicio de recogido de escombros, construcción y mejoras permanentes. El registro de las obligaciones se realizó hasta 100 días después de formalizar los contratos. Una situación similar se había comentado en el 2020, en el Informe de Auditoría M-21-08.

Sin obtener los permisos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el Municipio de Morovis contrató la construcción de 15 monumentos para identificar los barrios por $348,835. Esta situación expone al Municipio a multas y penalidades ya que no permitió la función reguladora del DTOP, y que los monumentos se construyeran en contravención de las leyes y reglamentos aplicables. (Ver fotos adjuntas, relacionadas con este hallazgo 5)

El Informe publica múltiples deficiencias con la ausencia o tardanza en completar los documentos requeridos a los contratistas, tales como: la póliza de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, fianzas para garantizar el pago de jornales y materiales (payment bond), y fianzas para garantizar el cumplimiento del contrato (performance bond), entre otros. De esta manera, el Municipio no tiene garantías de que los contratistas cumplan con sus empleados, por ejemplo, en caso de accidente; y no verificaron si los contratistas cumplían con los requisitos de ley para formalizar contratos.

La auditoría comenta que el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Morovis, dictó sentencia el 23 de abril de 2024, y ordenó al Municipio el pago de $375,000 a contratista de recogido de desperdicios sólidos. El contratista había demandado al Municipio y a la alcaldesa el 27 de julio de 2018 por incumplimiento de contrato y daños por actuación dolosa al cancelar el contrato en el 2017.

Además, al 26 de septiembre de 2024, estaban pendientes de resolución por los tribunales, cuatro demandas civiles por daños y perjuicios y expropiación forzosa por $4 millones.

Desde los años fiscales del 2019 al 2024, Morovis ha contado con un presupuesto de $10.5 millones, $11.1 millones, $10.2 millones, $9.8 millones, $8.7 millones y $8.5 millones respectivamente. Los estados financieros auditados reflejaron superávits de $781,812, $1.1 millones y $979,700 para los años fiscales del 2019 al 2021.

El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.

Este segundo y último informe cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2024.

El Informe de Auditoría OC-25-74 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr

Contralora revela deficiencias de control con los desembolsos y la propiedad en Bayamón

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Bayamón. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela de una muestra de los comprobantes examinados, que todos carecían de las firmas de aprobación del director de finanzas y del pagador oficial. En particular, el 88% de las órdenes de compra para servicios de mantenimiento de áreas verdes, no tenían la firma del director de finanzas y el 17% de los comprobantes de desembolso para el pago de contribuciones retenidas, no tenían la firma del pagador oficial ni del director de finanzas.

Además, no se marcaron como pagados el 80% de los comprobantes de desembolso y, en el 30%, no incluyeron la fecha que se prestaron los servicios. Desde el 2018 al 2022, el Municipio emitió 252,688 comprobantes de desembolsos por $717.4 millones en total.

Estas deficiencias hacen inoperante el control interno establecido. Además, propicia que se cometan errores o irregularidades y dificultaron verificar en detalle, si los desembolsos se realizaron correctamente.

La auditoría de cuatro hallazgos señala que al 13 de diciembre de 2022, el entonces vicealcalde y dos asistentes ejecutivos principales, no habían enviado al secretario de Justicia, los documentos sobre 58 demandas radicadas en los tribunales contra el Municipio desde el 2018 al 2022. La Ley de Registro de Demandas Civiles de 2003, requiere, entre otras, que se notifique al secretario de Justicia, toda reclamación de carácter civil por o en contra del Municipio, que se relacione con las funciones de su cargo y cuya cuantía excedan los $5,000. Al respecto, se recomienda a la secretaria de Justicia, que evalue la situación comentada y que considere preparar el reglamento requerido por ley para la creación del Registro de Demandas Civiles.

Por otro lado, los auditores detectaron que en la Comisión de Asuntos de Auditoría de la Legislatura Municipal no evaluaron los informes de auditoría de la OCPR: M-20-05 de 2019, M-21-12 de 2020, ni el M-22-13 de 2021. Tampoco, evaluaron los estados financieros auditados por contadores públicos autorizados de los años fiscales del 2018 al 2020. Esta situación impide la fiscalización continua y eficaz de las finanzas y operaciones del Municipio.

En contravención del Reglamento Municipal de 2016, la oficial de la propiedad no realizó los inventarios físicos anuales de la propiedad mueble desde el 2018 al 2021. Además, seis hurtos de propiedad con valor en los libros de $37,910 se notificaron con tardanzas de hasta dos años y medio a la OCPR. La ley vigente dispone que la entidad tiene 10 días laborales para notificar la pérdida de propiedad.

El Informe comenta que al 30 de junio de 2022, 18 demandas civiles por $2.7 millones estaban pendientes de resolución por los tribunales. Además, dos casos presentados por empleados estaban pendientes de resolución ante la Comisión Apelativa de Servicio Público y ante el Equal Employment Opportunity Commission.

El presupuesto de Bayamón, de $116.6 millones en el 2019, $118 millones en el 2020, y $121.7 millones en el 2021, ascendió a $127.4 millones en el 2022. Los estados financieros reflejaron superávits acumulados del 2019 al 2022, de $27 millones, $41.2 millones, $33.7 millones y $40.5 millones respectivamente.

La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.

Este primer informe, cubre el periodo del 1 de noviembre de 2018 al 30 de junio de 2022.

El Informe de Auditoría OC-25-69 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr

Contralora revela deficiencias en las operaciones de la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto C.D. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto C.D. (CDETA) no pudo proveer a los auditores de la OCPR copia del certificado de Registro de Comerciantes de cinco contratistas. Por sus servicios profesionales y de mantenimiento, los contratistas recibieron 26 pagos por $33,146 del 2021 al 2024. Además, esta Corporación sin fines de lucro, no remitió a la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario copia de 10 declaraciones informativas (formularios 480) de los años contributivos 2021 y 2022, ni 56 cheques cancelados por $36,071.

Estas situaciones contrarias al Reglamento de Fondos Legislativos impiden mantener un control administrativo de los desembolsos relacionados con los donativos, propicia el uso indebido de los fondos otorgados y que se suspenda la subvención.

La auditoría, de seis hallazgos, señala que la Corporación no registró en su sistema de contabilidad seis transferencias electrónicas por $1,529 de las retenciones de contribución sobre ingresos. Además, la Corporación emitió 99 órdenes de compra por $49,369 de la cuenta de donativos legislativos, sin la firma de la oficial de compras.

En contravención de la reglamentación vigente, la Corporación pagó $8,109 por servicios educativos sin haber registrado antes el contrato en la OCPR. Al respecto, los auditores detectaron también que del 2015 al 2024, la Corporación había registrado 174 contratos y 4 enmiendas por $1.1 millones con retrasos de hasta seis años. La directora ejecutiva atribuyó las tardanzas a la carga administrativa que superaba la capacidad operativa de la Corporación y a que sólo contaba con tres empleadas.

El Informe publica que la Junta de directores de la Corporación estaba constituida por ocho de los 13 miembros requeridos, no contaba con un Comité de Auditoría y no se reunía cada dos meses como disponen los Estatutos Corporativos. Esta situación resta autenticidad a los acuerdos y afecta la supervisión financiera, la transparencia y el control de los recursos.

La Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto C.D tuvo un presupuesto de $112,423 en el 2020, $118,375 en el 2021, $118,375 en el 2022, $118,375 en el 2023 y aumentó a $140,400 en el 2024. Los estados financieros auditados reflejaron superávits acumulados de $3.2 millones en el 2020, $3 millones en el 2021, $2.9 millones en el 2022 y ascendió a $2.7 millones en el 2023.

La auditoría recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto C.D. a través de la Oficina de Gerencia Municipal, cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.

La auditoría de cumplimiento de alcance específico cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 19 de diciembre de 2024.

El Informe de Auditoría OC-25-67 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr

Contralora revela que Municipio de Cidra no recuperó los $100 mil otorgados de capital inicial a empresa municipal

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Cidra. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio de Cidra no recuperó el capital inicial de $100 mil que le otorgó en el 2017 a la empresa municipal Cidra Investments and Management, Inc. (EMCIM). Esta empresa municipal se disolvió el 30 de enero de 2024 sin determinar si tuvo ganancias, se cerró la cuenta bancaria y el balance disponible de $30 mil fue transferido a la cuenta general del Municipio.

Los alcaldes y las legislaturas municipales en funciones no protegieron los intereses del Municipio, ni cumplieron con su deber de reglamentar la devolución de capital.

La auditoría de tres hallazgos señala que, el Municipio no estableció planes de monitoreo ni programas de fiscalización de la empresa municipal EMCIM, como dispuso la Ordenanza 4 del 2017. Este tipo de deficiencias pueden tener el efecto de que se cometan errores, irregularidades y que no se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades.

El Municipio de Cidra le otorgó un donativo de $10 mil a un equipo de baloncesto femenino para los gastos de operación y franquicia de 2022. Sin embargo, el apoderado había sido expulsado y el equipo suspendido por la liga de Baloncesto Superior Nacional Femenino para la temporada de 2022. El apoderado lo que hizo fue pagar un depósito de $9,000 a la liga, por una deuda de años anteriores. El Municipio no le requirió al apoderado un informe económico detallado, requerido por la reglamentación, sobre el uso dado al donativo.

El Informe comenta que el Municipio no ha atendido las recomendaciones de recobrar más de $100 mil por distintos conceptos correspondientes a los informes de auditoría M-14-59 de 2014 y M-16-39 de 2016.

El presupuesto de Cidra fue de $14.9 millones en el 2021, $14.2 millones en el 2022, $14.1 millones en el 2023 y $15.8 millones en el 2024. Los estados financieros acumulados reflejaron un déficit acumulado de $179 mil en el 2020, y superávits de $1.4 millones en el 2021, $8 millones en el 2022 y $16.5 millones en el 2023.

La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Cidra cumpla con el Plan de Acción Correctiva de la OCPR.

Este segundo informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2023.

El Informe de Auditoría OC-25-62 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr

Contraloría revela conflicto de intereses, desembolsos sin utilidad, y falta de contabilidad, control y fiscalización en las operaciones de empresas municipales de Mayagüez

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión de abstención sobre las operaciones fiscales del Municipio de Mayagüez, ya que no se pudo obtener la evidencia suficiente y apropiada para validar si las operaciones se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables. A base de los objetivos establecidos y otros asuntos surgidos se comentan nueve hallazgos.

El Informe revela que, a la petición de la OCPR de documentos fiscales de las nueve empresas municipales, la gerente de Finanzas y Presupuesto del Municipio sólo entregó información incompleta de la Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI)creada en el 2014. La ausencia de documentos evidenció que no tenían un sistema de contabilidad que registrara las transacciones fiscales.

Además, la Junta de Directores de MEDI, no supervisó el cumplimiento de la reglamentación por parte director ejecutivo, quien fue acusado por la Fiscalía Federal el 22 de marzo de 2021 por su participación en un fraude de $9 millones que el Municipio le había transferido a MEDI. El 9 de noviembre se declaró culpable de cuatro cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. La Junta de Directores de MEDI estaba presidida por el alcalde, la tesorera era la gerente de Finanzas del Municipio, y tres funcionarios municipales actuaban como miembros.

La auditoría señala que el Municipio desembolsó $1.6 millones en pagos sin evidencia del beneficio público obtenido. Estas situaciones se refirieron el 1 de marzo de 2023, a la consideración del secretario de Justicia, para que tome la acción correspondiente.

Al respecto, los auditores no pudieron obtener información sobre el uso dado a una transferencia de $606 mil a un banco de España, que una entidad privada le prestó a MEDI con el propósito de obtener una línea de crédito por €500 millones de euros para financiar el Plan Mayagüez 2032. Tampoco la Junta de MEDI ofreció información sobre si se concretó el financiamiento de los €500 millones, que por cierto fueron transferidos a otra cuenta bancaria en Londres.

Otras 71 transferencias por $383 mil, carecían de información sobre la utilidad y beneficio, como por ejemplo las transferencias realizadas a: una compañía del director ejecutivo, una compañía de software en Nueva York, a beneficiarios con direcciones de España, o a un banco en Turquía. En el 2015 se pagaron $47 mil por un viaje a Dubai del director ejecutivo de MEDI y dos asesores financieros del Municipio. El viaje se realizó para completar unas gestiones de un préstamo de $4 billones para refinanciar la deuda del Municipio. El vicealcalde había aprobado este viaje y el entonces alcalde tenía conocimiento. De hecho, el financiamiento no se concretó.

En contravención de la Constitución de Puerto Rico, el vicealcalde del Municipio que a su vez actuaba como vicepresidente de la Junta de MEDI y de otra empresa municipal Medi Films, autorizó utilizar el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez como garantía colateral para obtener financiamiento para Medi Films. También autorizó a Medi Films a solicitar financiamiento por $10 millones con una Cooperativa de Ahorro y Crédito. Medi Films fue incorporada por una persona privada como empresa municipal con fines de lucro el 30 de diciembre de 2015.

El examen de estas acciones reveló que estas transacciones no permitidas por ley beneficiaron a cuatro compañías privadas, propiedad del entonces director ejecutivo de Medi Films y del asesor financiero 1. De hecho, estas personas incurrieron en conflicto de intereses ya que utilizaron su cargo en la empresa municipal para beneficiarse y hacer negocios con sus compañías privadas. 

El entonces director ejecutivo de Medi Films, firmó con la Cooperativa A los contratos de los préstamos y líneas de crédito por $4.3 millones para financiar películas, que depositó en las cuentas de sus corporaciones A y B en la Cooperativa A. Del 2017 al 2018, recibió en su carácter personal, 10 pagos por $94 mil de sus corporaciones.

El entonces asesor financiero 1 también utilizó su cargo para beneficio propio y de las corporaciones C y D de las cuales formaba parte, con las líneas de crédito garantizadas por MEDI con propiedad pública. Al respecto, recibió pagos de la cuenta A y B por la suma de $921 mil.

Estas situaciones se refirieron al secretario de Justicia y al director de la Oficina de Ética Gubernamental el 2 de noviembre de 2023 para su evaluación y acción correspondiente.

Al 31 de mayo de 2022, la empresa municipal MEDI, no había reembolsado al Municipio el capital inicial recibido por $5 millones por concepto del canon de arrendamiento del Hospital Dr. Ramón Emeterio Betances (90% del capital) y aportaciones directas del Municipio (10% del capital). De hecho, el Municipio no cumplió con la derogada Ley de Municipios de 1991, al no promulgar y aprobar reglamentación sobre el manejo del capital inicial.

La auditoría devela que MEDI y Medi Energy, Inc., obtuvieron un préstamo comercial con la Cooperativa B por $1.5 millones, de los cuales $1.4 millones servirían de garantía para financiar por $12 millones la adquisición de generadores de energía para el Centro Médico de Mayagüez con una corporación de Canadá. Medi Energy es otra empresa municipal creada en el 2015 para generar negocios con energía renovable. Esta transacción no tuvo ninguna utilidad. Al 11 de octubre de 2022, MEDI le había pagado a la Cooperativa B, $422 mil en intereses y $275 mil al principal del préstamo.

El Municipio de Mayagüez no incluyó en sus estados financieros auditados, la información financiera de MEDI, ni tampoco presentó la posición financiera de MEDI en documento separado. Por esta omisión, los contadores públicos autorizados emitieron una opinión adversa en los estados financieros del 2017 al 2022. Esta situación se atribuye a que el alcalde y la gerente de Finanzas se apartaron de las disposiciones reglamentarias del Código Municipal de 2020, y de la Ley de Municipios de 1991. 

El Informe publica que la empresa municipal Mayagüez Economic Development-Financial Strategies, Inc. (MEDFS), fue incorporada Departamento de Estado por el asesor financiero 1 del Municipio y de MEDI, sin la autorizacion de la Legislatura Municipal, ni del Municipio. MEDFS fue registrada en el 2014 para promover el desarrollo comercial de Mayagüez. Al respecto la Legislatura no pudo cumplir con su responsabilidad de evaluar la necesidad de MEDFS. Esta situación propició el fraude relacionado con los $9 millones que el Municipio le transfirió el 29 de marzo de 2016 a MEDI para invertirlos y generar ganancias.

La empresa municipal MEDI no mantuvo un control administrativo de sus operaciones ya que, entre otras, carecía de reglamentación para regular la adquisición de bienes y servicios, la contratación de servicios profesionales y el procesamiento de los desembolsos, entre otros. Además, la Junta, que debió tener una reunión mensual ordinaria, sólo se reunió 16 veces en los 85 meses del periodo examinado.

Al 15 de noviembre de 2023, el Municipio no habia efectuado auditorías ni monitoreos de las operaciones de las empresas municipales. Esta falta de supervisión adecuada por parte de los alcaldes en funciones propició la suspensión sumaria del entonces alcalde, el proceso judicial contra este y de la gerente de Finanzas y Presupuesto. Además, la falta de fiscalización derivó en que no se pueda detectar a tiempo situaciones que llevaron a los procesos judiciales contra el exdirector ejecutivo de MEDI, a tres asesores financieros, a un asesor legal y a otras dos personas.

La auditoría comenta que el Municipio pagó $2.4 millones a un bufete de abogados para recuperar de las casas de corretaje la pérdida de $9 millones por el fraude. De la gestión, se pudo recuperar $8.2 millones, de los cuales MEDI devolvió $5.8 millones al Municipio. MEDI operaba prácticamente con dinero público y no hay evidencia de la ganancia de sus gestiones. Por ende, su situación presupuestaria no era la mejor para la contratación con el bufete de abogados.

Un juzgado de Alicante, España, le requirió a MEDI el pago de €6.7 millones de euros el 9 de noviembre de 2022. El demandante le reclamó a MEDI y a Mayagüez Economic Development Iberica, S.L.U., el pago de servicios prestados relacionados la emisión de una obligación corporativa por €500 millones, viajes a Hong Kong, Londres y Portugal para asesorar la colocación de la obligación a interesados, y por la solicitud de una segunda emisión de bonos por €10 millones. El 3 de febrero de 2023, el Municipio refirió este asunto a la Fiscalía Federal a través de una firma de abogados ya que estableció que el entonces director de MEDI no estaba autorizado a crear ninguna entidad en España, ni a realizar la emisión de los €500 millones.

Al 2 de febrero de 2024, estaban pendientes de resolución, dos demandas civiles contra MEDI por $8.1 millones. Una de las demandas incluyó a Medi Films como demandado por $6.5 millones y reclamaba la ejecución de gravámenes mobiliarios, la ejecución de hipoteca y enriquecimiento injusto, entre otros.

El presupuesto del Municipio fue de $69 millones en el 2018, $61.5 millones en el 2019, $54.5 millones en el 2020, $58.5 millones en el 2021, $61.6 millones en el 2022 y $55.2 millones en el 2023. Los estados financieros del 2018 al 2022, reflejaron déficits acumulados de $25.7 millones, $22 millones, $24.2 millones, $14.4 millones y $1.4 millones respectivamente.

Además de las recomendaciones a la secretaria de Justicia y al director de la Oficina de Ética Gubernamental, el Informe le recomienda al director de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Este segundo informe de Mayagüez cubre el periodo del 1 de julio de 2017 hasta el 28 de febrero de 2023.

El Informe de Auditoría OC-25-60 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales del Municipio de Cataño. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la adjudicación, contratación y desembolsos, entre otros objetivos, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

El Informe revela que el Municipio pagó $841 mil a cinco corporaciones sin licencia para operar el negocio de arrendamiento de vehículos de motor y equipo pesado desde el 2017 al 2021 por lo cual los contratos eran nulos. De éstas, cuatro corporaciones no tenían franquicia para operar vehículos de alquiler, y dos no estaban autorizadas por el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos.  La entonces vicealcaldesa y directora de Compras y Suministros indicaron que desconocían que tenían que verificar las licencias de los licitadores.

Además, el Municipio alquiló 10 vehículos por $1,800 a $2,500 mensuales entre el 2018 y 2021, y no se aseguró que la corporación contratada no era dueña de los vehículos, sino que eran vehículos rentados a una institución financiera cuya transacción no permitía la subcontratación. El Municipio pagó $224 mil por este arrendamiento que a la corporación le resultó por $116 mil. Esto constituye un pago en exceso por $108 mil.

En ninguna de las facturas ni contratos, se identificaban los vehículos con el número de identificación vehicular (VIN number). En contravención de la Ley para Regular Contratos de Arrendamiento, los exdirectores de la Oficina de Asuntos Legales y de Obras Públicas, no procuraron incluir esta información.

Estas situaciones se refirieron a la consideración del secretario del Departamento de Justicia, al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, al presidente del Negociado de Transporte, a la Comisionada de Instituciones Financieras y a la institución bancaria en octubre de 2023.

La auditoría de ocho hallazgos señala que un exayudante especial y el exdirector de Vivienda Municipal, instruyeron a los empleados A y B a realizar trabajos en un negocio privado del primo hermano del entonces alcalde, y a cargar el tiempo trabajado a sus licencias de tiempo compensatorio, vacaciones y/o tiempo extra. El exayudante especial le recomendó al empleado C trabajar en el negocio privado a cargo de tiempo compensatorio y el dueño del negocio le pagaba por día trabajado. El empleado D accedió a trabajar dos sábados bajo amenaza de despido y al declinar seguir trabajando en el negocio privado le quitaron la guagua oficial asignada.

Estas situaciones se remitieron para la acción correspondiente al secretario del Departamento de Justicia y al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental en agosto de 2024. Por estas acciones se pudo haber configurado el delito de aprovechamiento ilícito tipificados en el Código Penal de Puerto Rico.

El Informe evidencia que el Municipio incurrió en gastos extravagantes e innecesarios por $4,500 mensuales por concepto del arrendamiento de una guagua Cadillac Escalade Premium Luxury del 2021 a una corporación. La Junta de Subastas no protegió los intereses del Municipio ya que incluyó en la subasta descripciones específicas como que tuviera tres filas de asiento, segunda fila de butacas, tracción en la cuatro ruedas y aros de 22 pulgadas. El mismo vehículo estaba disponible en la Administración de Servicios Generales por $2,500.

La auditoría indica que, el Municipio invirtió $369 mil en dos proyectos que estaban abandonados, deteriorados y sin completarse. En el área recreativa de la urbanización Pradera-Almira, no se instalaron cuatro columnas previstas en el proyecto ni dos portones en alambre de verja.  Además, el Parque La Esperanza tiene filtraciones de agua, acústicos desprendidos, limo y hongos en los pisos y paredes. De hecho, el contratista del proyecto del techo del Parque La Esperanza, se declaró culpable el 2 de agosto de 2022 por cargos de conspiración y sobornos con fondos federales a cambio de adjudicación de contratos a su compañía. (Se incluyen fotos.)

Esta situación que se atribuye a que el exalcalde y el exdirector de Obras Públicas no protegieron los intereses del Municipio, propicia que se tengan que utilizar recursos adicionales para reparar los daños.

El examen de otros tres proyectos de construcción por $596 mil, reveló que el Municipio no obtuvo de la Oficina de Gerencia de Permisos el permiso de construcción para tres proyectos. Esta situación expone al Municipio a que las agencias reguladoras le impongan multas y penalidades.

También, la auditoría publicó múltiples deficiencias de control administrativo como por ejemplo, que el director de Finanzas no obligó los créditos presupuestarios para el pago de 14 contratos y tres enmiendas por $779 mil relacionados al arrendamiento de vehículos de motor del 2017 al 2021. Además, se autorizaron desembolsos sin la certificación del proveedor sobre la ausencia de interés por parte de los empleados y las facturas de los vehículos arrendados no se marcaron como pagadas.

El Informe comenta en detalle el proceso judicial contra el exalcalde, cuatro contratistas y el exdirector de Obras Públicas. El entonces alcalde se declaró culpable el 25 de noviembre de 2021 por conspirar en esquema de soborno. Entre el 2021 y 2022, cuatro contratistas se declararon culpables por cargos de conspiración y sobornos con fondos federales a cambio de la adjudicación de contratos a sus compañías. El 12 de mayo de 2022, el exdirector de Obras Públicas se declaró culpable por participar en un esquema de conspiración.

El presupuesto de Cataño ascendió de $33.7 millones en el 2019, a $34.2 millones en el 2020, a $35 millones en el 2021 y a $36.7 millones en el 2022. Los estados financieros reflejaron superávits acumulados de $4.6 millones en el 2019, $3.9 millones en el 2020, $9.9 millones en el 2021 y $15 millones en el 2022.

La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Cataño cumpla con el Plan de Acción Correctiva de la OCPR.

Este primer informe cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021.

El Informe de Auditoría OC-25-57 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr