fuente: NotiCel - fecha: 4 de noviembre de 2025

Una investigación de la Oficina del Contralor reveló que solicitó rembolsos para un viaje oficial que no realizó.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó el resultado de la investigación de una querella que señalaba que el superintendente de la Oficina Regional Educativa de Bayamón no asistió a un viaje oficial para la Cumbre de liderazgo en Texas del 4 al 6 de enero, y, en su lugar, realizó un viaje personal a España.

La investigación reveló que el superintendente certificó gastos oficiales por un total de $1,889 – incluyendo boleto aéreo, taxi, dieta y hotel- utilizando capturas de pantalla de estimados de viaje y una certificación en la que alegó haber extraviado los recibos tras un accidente.

Sin embargo, registros de asistencia de la Superintendent Academy XXXI confirmaron que el superintendente no participó en la actividad.

El superintendente regional de San Juan, también autorizado para asistir a la Academia por la Secretaría de Educación y la Secretaría de la Gobernación en el 2023, certificó que el superintendente de Bayamón no se presentó y que este le indicó que estaría de vacaciones.

Los auditores de la OCPR determinaron que, entre el 20 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2024, el superintendente de Bayamón no se encontraba en Puerto Rico. Las hojas de asistencia y solicitudes de licencia reflejaron que el 20 de diciembre se registró como licencia por enfermedad, del 21 de diciembre al 4 de enero como vacaciones, y del 8 al 10 de enero como asunto oficial.

El informe concluye que el superintendente de Bayamón justificó los gastos oficiales con información falsa. La cantidad de $1,889 fue depositada en su cuenta bancaria el 26 de diciembre de 2023. Por esta situación se pudieron haber configurado delitos tipificados en la Ley 146-2012 del Código Penal de Puerto Rico, según enmendada, así como violaciones de otras leyes o reglamentos.

Ante estos hallazgos, la OCPR recomienda a la secretaria de Justicia y al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental que evalúen el referido enviado el 3 de octubre, y que evalúen la posible violación de leyes o reglamentos. Asimismo, se recomienda al secretario de Educación que recobre el dinero anticipado y considere acciones disciplinarias pertinentes.

fuente: El Nuevo Día
fecha: 30 de octubre de 2025
por: Gloria Ruiz Kuilan

En su primera entrevista con El Nuevo Día desde el nuevo puesto, instó a “cualquier persona” a denunciar actos de corrupción, “pero no sin documentación”, y prometió acortar el tiempo de las auditorías

Como parte del nuevo sello que quiere imprimirle a la Oficina del Contralor, Carmen Vega Fournier anticipó que abogará por que la agencia fiscalizadora tenga mayores poderes, por ley, que le permitan imponer multas y penalidades tras las auditorías.

“Quisiera que pudiéramos imponer penas y multas. Eso es empezando por ahí”, dijo la hasta hace una semana presidenta del Banco de Desarrollo Económico (BDE), en su primera entrevista con El Nuevo Día.

Vega Fournier, quien es abogada y contadora pública autorizada, contestó en la afirmativa al preguntársele si acudiría a la Legislatura en búsqueda de más poderes para la Contraloría; y reveló que ya encomendó evaluar si, en virtud de la ley orgánica de la dependencia, según enmendada, puede “poner alguna penalidad”.

Contó, además, que ya se reunió con la inspectora general de Puerto Rico, Ivelisse Torres Rivera, para “unir esfuerzos” a fin de combatir la corrupción y firmar, más adelante, un memorando de entendimiento. Como parte de esa reunión, constató que la ley orgánica de la Oficina del Inspector General, de 2019, le concede más poderes a ese ente que los que ostenta la Oficina del Contralor, cuya ley data de 1952.

Enfatizó, igualmente, que promoverá la educación y la sana administración pública; e instó a los empleados gubernamentales, o a “cualquier persona”, a denunciar actos de corrupción, de forma anónima, directamente a ella, pero con documentos o evidencia en mano.

De acuerdo con Vega Fournier, atender las denuncias de esa manera ayudaría a combatir más rápido la corrupción. En esa línea, prometió reducir el tiempo en que se realizan las auditorías, que hoy –dijo– oscila entre un año y 700 días.

“O sea, como que no hay esa urgencia. Esa urgencia, pues… hay que mejorarla. Pero, ciertamente, 700 días no es (un término) aceptable”, expuso.

“Y no vamos a medir el esfuerzo ni el tiempo en meses, lo vamos a medir en horas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú decir ‘me voy a tardar un mes’; un mes son 30 días y, cuando vamos, esos 30 días no son laborables. Así que tenemos que quitarnos esa visión de días calendario. El tiempo se va a reducir”, insistió.

No quiso, sin embargo, estimar cuánto tiempo tardarían las auditorías en adelante, porque todo dependerá de la complejidad del trabajo o el lugar auditado, sea una agencia o municipio.

“Otra cosa que también queremos enfatizar es que los propios empleados hablen. Ellos saben lo que está pasando, y ellos, pues, en lo que uno entra a una auditoría, haces el análisis, puede que haya cosas que tú no veas, o las veas cinco o seis meses más tarde, versus si tenemos estos empleados, que son puertorriqueños, que son empleados públicos, que conocen lo que está pasando en su agencia, pues, mira, que hablen”, aseveró.

“Yo ya di un número de teléfono… Es un número de teléfono que solamente yo voy a contestar, y les vamos a garantizar 100% anonimato y 100% confidencialidad. Y que nos den la prueba. O sea, no vamos a poner su nombre, ni nada. Tú me das los documentos; yo no voy a decir las fuentes, simplemente necesitamos la información. Y, entonces, aceleramos un montón más”, agregó, desde un salón de conferencias de la Contraloría, en Hato Rey, que tiene las fotos de los nueve contralores que le antecedieron, incluyendo la más reciente, Yesmín Valdivieso.

Vega Fournier dejó claro que recibirá querellas anónimas, “pero no sin documentación” para evitar, “por ejemplo, lo que hicieron conmigo: una carta que no tiene nada de fundamento”. Se refirió a que, mientras era evaluada en vistas públicas, se le acusó, bajo anonimato, de mal manejo administrativo en el BDE.

Rechazó, de paso, que su postura sea contraria al Código Anticorrupción, que protege a toda persona que, bajo anonimato, denuncia posibles actos de corrupción, o que sus expresiones tengan el efecto de ahuyentar a confidentes.

La contralora indicó que, aunque no tuvo un proceso formal de transición con Valdivieso, recibió un informe que detalla que la dependencia tiene, para el presente año fiscal, 518 empleados. De esos, dijo, 59 son de confianza y 48 “están ocupados con un salario anual de más o menos $100,000”. Por concepto de viajes, se han gastado $225,251 este año y, el pasado año fiscal, la cifra ascendió a $1,191,454.

Vega Fournier quiere retener el salario de los empleados de confianza, pero reducirlos a 15 o 20. Contratará a una firma de consultoría externa para que evalúe el plan de clasificación y retribución, adelantó.

También, buscará ahorrarse los $2,063,530 en renta por dos edificios. Pidió a la Compañía de Fomento Industrial que le muestre edificios que pueda utilizar y unificar a todos los empleados. “El contrato aquí está hasta 2028. Yo espero que, para esa misma fecha, podamos estar fuera de la renta”, acotó desde las instalaciones en Hato Rey.

fuente: El Vocero
fecha: 31 de octubre de 2025
por: Pedro Menéndez Sanabria

La Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés) y del Contralor firmaron ayer un acuerdo colaborativo para reforzar mecanismos que eviten y/o detecten fraude en el manejo de los fondos de reconstrucción por parte de agencias gubernamentales, municipios y entidades sin fines de lucro.

De acuerdo con el director ejecutivo de COR3, Eduardo Soria Rivera, entre 2021 y 2025 la agencia sometió 106 denuncias a diversas dependencias como la Oficina del Inspector General (OIG) a nivel federal sobre irregularidades en el manejo de dinero destinado para atender los daños provocados por los huracanes Irma y María en 2017, los temblores del 2020 y el huracán Fiona en 2022.

“Estamos ahora básicamente en la etapa de contrataciones; por lo tanto, los esquemas de fraude, despilfarro o abuso que se están viendo tienen que ver con subasta, conflicto de intereses o dos o más contratistas que confabulan dentro de un proceso. Cuando avancemos a la etapa de construcción, los fraudes, estos esquemas se modifican e incluyen certificaciones falsas y uso indebido de materiales”, advirtió el funcionario.

Soria Rivera resaltó que, desde el punto de vista de COR3, “ocurre mucho fraude” en procesos de reconstrucción; sin embargo, muchos son detectados antes que tenga mayores consecuencias.

“Cuando nos damos cuenta de que hay un fraude, no pagamos. No es que no esté (el fraude), es que lo evitamos con los controles que tenemos”, sostuvo.

Precisamente, ante la solicitud de la gobernadora Jenniffer González Colón de flexibilizar los procesos relacionados al desembolso de fondos de reconstrucción, el director ejecutivo recalcó la necesidad de controles compensatorios.

“Si voy a flexibilizar el desembolso, por el otro lado tengo que auditar y estar más vigilante, por lo que vamos a reforzar esas áreas en conjunto con el Contralor”, subrayó Soria Rivera.

El acuerdo colaborativo incluirá adiestramientos entre ambas dependencias, de manera que los más de 400 auditores de la Oficina del Contralor amplíen su conocimiento sobre el manejo de fondos federales, mientras que el personal del COR3 se ilustre sobre finanzas municipales y otros asuntos gubernamentales.

“Estamos fomentando con este acuerdo una integración electrónica de las bases de datos y es algo que también queremos hacer con los municipios y agencias”, destacó, por su parte, la contralora Carmen Vega Fournier.

La funcionaria recalcó que el sistema de acceso compartido incluirá información oficial, auditorías, registros de contratos, datos financieros y denuncias vinculadas al uso de fondos provenientes de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y otras agencias federales en aras de reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de fraude, abuso o mala administración pública.

Lupa sobre subcontratistas y entidades sin fines de lucro

Por otro lado, la contralora vio con buenos ojos dos propuestas presentadas por el director ejecutivo de COR3, de manera que las entidades sin fines de lucro tengan que presentar los contratos a la base de datos de la Oficina de Contralor y que el Registro de Contratos de esta última agencia incluya información sobre los subcontratos.

“Sabemos que muchos problemas están ahí. Vamos a hacer un trabajo en conjunto con la Contralor para que haya más visibilidad de quiénes son los subcontratistas de la reconstrucción, porque ahí es que están los conflictos que muchas veces uno no ve hasta que no tenemos el contrato de frente”, dijo Soria Rivera.

En ese sentido, Vega Fournier reveló que el COR3 cuenta con un borrador para un proyecto legislativo con el fin de viabilizar ambas propuestas.

“Lo vamos a evaluar (el proyecto) y espero que a principios del año que viene (2026) ya esto esté finiquitado”, añadió la contralora.

Asoman nuevos acuerdos. De manera similar, COR3 también tiene en su agenda establecer acuerdos colaborativos con la Policía y el Departamento de Justicia con el fin de fomentar que la ciudadanía también colabore con los esfuerzos de fiscalización.

“Lo que queremos con esto es que la gente presente sus querellas y nos digan ‘vi que en este proyecto de FEMA que se llevaron el digger para casa del de Obras Públicas’. Queremos saber eso, pero tenemos que estar todos en la misma página para facilitarle a las personas el poder presentar denuncias”, proclamó el director ejecutivo.

fuente: El Nuevo Día
fecha: 30 de octubre de 2025
por: Manuel Guillama Capella / GFR Media

La colaboración, de acuerdo con el jefe de la agencia a cargo de la reconstrucción, es necesaria para agilizar los desembolsos a los subrecipientes

Como una estrategia que, aseguraron, promoverá la agilización de los desembolsos de fondos federales sin comprometer la pureza de las transacciones, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés) y la Oficina del Contralor acordaron este jueves compartir acceso a sus respectivos sistemas de información y recurrir a herramientas de inteligencia artificial para detectar irregularidades en el manejo de los miles de millones de dólares que anualmente se destinan a proyectos de infraestructura.

Según el director ejecutivo del COR3, Eduardo Soria Rivera, el acuerdo de colaboración con la recién confirmada contralora, Carmen Vega Fournier, es “más amplio” que el que estaba en vigor con su predecesora, Yesmín Valdivieso, y también dará paso a continuas sesiones de adiestramientos del personal de ambas entidades.

A la luz de la directriz de la gobernadora Jenniffer González para “facilitar los desembolsos” a los subrecipientes de fondos federales –agencias, corporaciones públicas, municipios y entidades sin fines de lucro–, Soria Rivera dijo que se necesitará implantar controles “compensatorios”, una función que, a su juicio, podrán cumplir los auditores de la Oficina del Contralor.

“(La diferencia) es dónde ponemos el control. Ahora, los tenemos antes del desembolso; algunos de ellos los vamos a poner después del desembolso. Eso va a requerir que, si se hizo un desembolso inadecuado, impropio o que no se debe hacer, va a haber que tener un proceso de recuperar esos fondos, que no se muere nadie porque la reconstrucción no se va a acabar este año ni el próximo. No pasa nada con que nosotros desembolsemos más rápidamente y que el Contralor nos diga ‘este desembolso no fue adecuado’. Vamos a tener deudas con los subrecipientes comoquiera y la oportunidad de recuperar esos fondos”, aseguró.

En 2024, el COR3 transfirió más de $2,000 millones a los subrecipientes, un monto que Soria Rivera ha adelantado que espera duplicar a lo largo de los próximos años.

A través del acuerdo, los auditores de la Oficina del Contralor tendrán acceso a las bases de datos del COR3 en “tiempo real”, lo que permitirá un monitoreo continuo. Paralelamente, el COR3 podrá acceder tanto al Registro de Contratos del Contralor como al sistema de Notificaciones de Pérdidas o Irregularidades, donde se pueden reportar irregularidades asociadas a los proyectos federales.

De acuerdo con Vega Fournier, quien juramentó hace una semana como contralora –cargo que se extiende por 10 años–, se trata de una iniciativa que también espera implantar próximamente con agencias del gobierno central y municipios.

Soria Rivera precisó, en tanto, que el COR3 cuenta con tres auditores, pero subrayó que la dependencia no puede ser “un auditor más”, un rol que, desde su perspectiva, deben asumir la Oficina del Contralor y la Oficina del Inspector General (OIG), así como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y otras entidades del gobierno estadounidense.

Auditorías más rápidas

Ante el planteamiento de que, históricamente, la Oficina del Contralor se ha caracterizado por realizar auditorías y presentar hallazgos años después que ocurrieron las irregularidades –dificultando las acciones correctivas o procesamiento de delitos–, Vega Fournier insistió en que es un aspecto que se propone cambiar.

“Cuando estuve en el Banco (de Desarrollo Económico –que presidió hasta su confirmación como contralora–), los casos podían tardarse ocho meses en evaluarse y, después, se evaluaban en 30 días. Eso mismo va a pasar en la Oficina del Contralor. Primero, vamos a integrar la inteligencia artificial. Hemos estado en conversaciones con firmas grandes en Puerto Rico y estamos integrando las mismas prácticas a la Oficina del Contralor”, señaló Vega Fournier.

“Voy a ser bastante abierto en referirlo todo, y ellos sabrán qué investigan y bajo qué criterio. Me parece que parte del compromiso es hacer auditorías más prácticas y rápidas, quizás, de temas específicos. Si al municipio de Isla de Mona le toca la auditoría en dos años, pero yo hago un referido, ellos van a (investigar) eso. No vas a esperar a los dos años. Va a ser más ‘targeted’ (puntual)”, afirmó, por su parte, Soria Rivera, al resaltar que, para evitar duplicidad, tocará a la contralora mantener comunicación continua con la OIG y agencias federales.

Soria Rivera y Vega Fournier no descartaron que, a futuro, se destine personal de la Oficina del Contralor a trabajar exclusivamente asuntos del COR3.

Aunque no pudo ofrecer estadísticas, Soria Rivera aseguró que el COR3 detiene pagos “todo el tiempo” al identificar irregularidades, si bien acentuó que no todas las situaciones equivalen a comisiones de fraude o corrupción.

Destacó que, en colaboración con la Oficina del Contralor, se proponen requerir a las organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos federales someter sus contratos al registro público, así como ofrecer mayores datos sobre las subcontrataciones, elementos que pudieran precisar legislación. Aunque reconoció que esa determinación podría generar críticas del tercer sector, enfatizó que, a largo plazo, promoverá una mayor “sofisticación” de estas organizaciones.

“La esperanza es fortalecer las sin fines de lucro para, en un próximo desastre, en vez de canalizarlo todo a través del gobierno, utilizar esas entidades. Si fortalezco y doy estructura a las sin fines de lucro, me conviene a mí y crecen. A veces, no se dan cuenta que, con estructuras débiles, se condenan a estar pequeñas”, mencionó.

El gran privilegio de servir
El Nuevo Día21 Oct 2025
Yesmín M. Valdivieso Contralora

Terminó el período más largo que ha servido un Contralor de Puerto Rico en 73 años de historia. Por más de 15 años, he tenido el gran privilegio de servir a esta isla que quiero tanto, y cumplir con el deber ministerial de fiscalizar la administración de seis gobernadores.

¡Quiero agradecerles a tantos!

Al contador público autorizado Manuel Díaz Saldaña por invitarme a ser su subsecretaria de Hacienda de 1993 a 1996. ¡Allí me enamoré del servicio público y aprendí sobre el funcionamiento del gobierno!

Al gobernador Rafael Hernández Colón, QEPD, quien me convenció de que cuando te ofrecen la oportunidad de servir en el gobierno y tenemos algo que aportar, es nuestra responsabilidad así hacerlo. Al gobernador Luis G. Fortuño por designarme Contralora en el 2010 y a la entonces Asamblea Legislativa por su confirmación.

A los cientos de compañeros que trabajan y trabajaron en la Contraloría durante estos años. Ustedes son el corazón de la Oficina, servidores públicos comprometidos que trabajan con independencia, objetividad e integridad. ¡Aprendí de ustedes y con ustedes! ¡Ustedes son los verdaderos héroes, yo sólo fui su cara al público!

Agradezco a las otras entidades del grupo anticorrupción por el apoyo y confianza que depositaron en nuestra oficina.

A la Junta de Supervisión Fiscal por la confianza al reconocer la Oficina como entidad fiscalizadora superior e incluirnos en una sección separada en el Plan Fiscal. Gracias también por aprobar el Plan de Clasificación y Retribución tan necesario para retener y atraer personal.

A los miembros de la prensa y comentaristas por la cobertura de los más de 1,660 informes e investigaciones, aunque señalaran la tardanza de estos. Gracias por el respeto que tuvieron a la posición que he ocupado por tanto tiempo.

Estoy agradecida por las otras críticas recibidas. A todas las consideré y cuando fue necesario, hice los ajustes. También quedo agradecida por los consejos recibidos. Siempre me esforcé por trabajar con transparencia y justicia.

Agradezco a todos los ciudadanos que han presentado querellas en nuestra Oficina porque confían en la confidencialidad y atención que les damos a sus denuncias.

A todas las entidades que siguieron nuestras recomendaciones, que confiaron en el conocimiento y experiencia que tenemos como Oficina que vela por el cumplimiento de la ley y que multiplicaron no solo las solicitudes de adiestramiento, sino también las solicitudes de consultas.

Agradecida, quedo a la inmensa mayoría de los servidores públicos que trabajan a diario cumpliendo con sus deberes. Les exhorto a que sigan cumpliendo con la ley, la reglamentación, y el compromiso de promover el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del gobierno.

A mis padres y maestros por su gran formación. Gracias por enseñarme valores, no para “repetirlos como papagayo”, sino para vivirlos y practicarlos todos los días.

A mi familia por todo el apoyo y comprensión sobre cómo mi trabajo no me permitía pasar más tiempo con ellos. A mis amigas de toda una vida por el apoyo en las buenas y en las malas.

Gracias a todos los puertorriqueños por confiar en nuestro trabajo.

Me siento muy satisfecha y orgullosa del trabajo realizado. Viví todos los días con el convencimiento y la esperanza de que se puede lograr una mejor administración que use los recursos para atender las necesidades de nuestro pueblo.

Trabajamos incansablemente a pesar de los retos en la reducción de 130 auditores, los huracanes, los terremotos y la pandemia del COVID. Aun así, no nos detuvimos y continuamos con nuestro compromiso. ¡Así que sí, mucho logramos!

A la nueva contralora, la CPA y licenciada Carmen Vega Fournier, le deseo el mayor de los éxitos en estos próximos años.

Muchas gracias.

Lee la columna de la Contralora Yesmín M. Valdivieso: El gran privilegio de servir, publicada en @ElNuevoDia 🗞️

14 de octubre de 2025 – 12:35 PM –  El Nuevo Día

Por Leysa Caro González leysa.caro@gfrmedia.com
Gloria Ruiz Kuilan gloria.ruiz@gfrmedia.com

Con el “voto de confianza” de las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) y Proyecto Dignidad, la Cámara de Representantes confirmó este martes a Carmen Vega Fournier como contralora de Puerto Rico. 

La nominada fue ratificada en el puesto con 47 votos a favor y la oposición de los representantes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez, Nelie Lebrón y Denis Márquez. Vega Fournier ya había recibido el aval del Senado la semana pasada, por lo cual ahora ocupa el cargo en propiedad, en sustitución de Yesmín Valdivieso.

Pocas horas antes, la Cámara evaluó el nombramiento en una vista pública en la que la ahora contralora se comprometió a identificar una nueva sede para el ente gubernamental –que ahora ocupa un inmueble por $2 millones anuales de alquiler– y reducir la plantilla de 56 empleados de confianza.

La Oficina del Contralor tiene “sobre 500 empleados”, 400 de estos, auditores. “Sí, definitivo”, respondió Vega Fournier, a preguntas del presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés, sobre si reduciría el número de funcionarios de confianza.

“Cuando yo estuve en el CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales), había casi 500 empleados, y de confianza eran como 20. En el Banco de Desarrollo Económico (BDE) (entidad que dirigía), hay casi 90 empleados y ocho de confianza. O sea, que no veo por qué tengan que ser tantos empleados de confianza”, agregó, durante la audiencia pública.

“Todos los empleados de carrera, si están mirando, se los digo de frente y bajo juramento, no vamos a botar a nadie. Sobre los empleados de confianza, mandé a pedir un listado…, y eso lo conversaremos más adelante”, apuntó.

Los trabajos de la Comisión de Gobierno iniciaron, cerca de las 10:30 a.m., con la lectura de una misiva enviada por los representantes Márquez y Gutiérrez, del PIP, quienes solicitaron detener la consideración de la designación hasta que se atendieran los señalamientos presentados anónimamente contra Vega Fournier, ante la Contraloría, relacionados con sus ejecutorias como presidenta del BDE.

En la denuncia anónima, se alega que el programa que el BDE tiene para facturar y cobrar préstamos no está siendo administrado adecuadamente, que la dependencia está a punto de perder la certificación de la Small Business Administration por señalamientos de incumplimiento y que la División de Finanzas no está enviando los costos de garantía ni dineros que corresponden en casos de préstamos especiales.

Se alegó, asimismo, que Vega Fournier supuestamente ha recomendado comprar y alquilar espacios “sin el debido proceso”, que con “frecuencia” se obvian trámites reglamentarios y que el BDE ha concedido diferenciales o compensaciones adicionales a empleados que no están realizando funciones adicionales a las descritas en su hoja de deberes.

Vega Fournier respondió con un “falso” a cada una de las denuncias, al ser cuestionada por el portavoz del PPD, Héctor Ferrer Santiago. “No tengo nada que esconder; el que no tiene hecha no tiene sospecha”, anotó.

Al igual que ocurrió en el Senado, durante su evaluación, se les concedió a los denunciantes anónimos hasta la 1:00 p.m. para que acudieran a la Cámara a sostener –bajo juramento– sus denuncias. “Entonces, usted estaría hábil para detener el nombramiento”, expuso el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

Durante la sesión, que comenzó cerca de la 1:00 p.m., Parés abrió la discusión elogiando a Vega Fournier. Mientras que la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie J. Burgos, sostuvo que daría “un voto de confianza” luego de dialogar con la nominada y escuchar sus explicaciones.

Lo mismo hizo el representante popular Ramón Torres Cruz. Sin embargo, advirtió que, con la confirmación de Vega Fournier, se estaba creando un “estándar” o “precedente”.

“Yo espero que, de ahora en adelante, todas y cada una de las querellas anónimas que se radiquen en la Oficina de la Contralora se tomen con la misma seriedad que se tomó esta. Con ninguna”, manifestó.

Mientras que Ferrer Santiago, el portavoz popular, recordó al pleno que el Código Anticorrupción “permite el que personas bajo el anonimato presenten querellas”.

“Advierto que, de llevarse a cabo una investigación y confirmarse que estas alegaciones sí sucedieron, la nominada estaría cometiendo perjurio. Y créanme, y espero contar con ustedes si así surge, que seamos los primeros en radicar su destitución, porque sí vamos a tener base”, comentó Ferrer Santiago.

En la vista pública, Parés le tomó juramento a la nominada, ante la petición de Ferrer Santiago y la anuencia del presidente de la Cámara. “No tengo problemas con que a la deponente se le juramente. Yo creo que ella es una persona seria, honesta e íntegra y va a ejercer un cargo que requiere esos atributos, así que le pido que la juramente”, apuntó Méndez.

La delegación del PIP había anticipado sus votos en contra de la designación, si bien reconoció que la nominada cuenta con las credenciales para ocupar el cargo. “Tenemos la certeza de que usted cumple con los requisitos para ser la contralora de Puerto Rico, pero a nosotros nos impide, en el cumplimiento de nuestra función legislativa… votarle a favor, en la medida que no se disipen esas dudas”, puntualizó Márquez.

Agenda de trabajo
Durante su comparecencia, Vega Fournier presentó su agenda de trabajo para la Contraloría, que incluye la creación de un Observatorio de Cumplimiento Ético y Financiero para reconocer a las entidades con controles internos robustos y manejo financiero ejemplar.

Asimismo, anticipó la modernización tecnológica de la dependencia y el uso de inteligencia artificial como una aliada de la fiscalización. “Mi propósito principal no es castigar, sino prevenir, educar y proteger los recursos del pueblo, asegurando que cada dólar se haya invertido donde realmente se necesita y evitando cualquier desvío o uso indebido de fondos”, sostuvo.

Añadió que, como parte de su desempeño, no habría espacio para las zonas grises, por lo que implementaría una política de transparencia activa, que incluirá procesos abiertos, rendición de cuentas periódicas y la publicación inmediata de auditorías, garantizando el acceso –en tiempo real– a datos de la entidad.

“La institución debe contar con sistemas capaces de integrarse, o hacer interfaces con las plataformas digitales de los municipios y las agencias gubernamentales, fortaleciendo la fiscalización, reduciendo duplicidades y mejorando la trazabilidad de las finanzas públicas”, anotó.

Vega Fournier, nombrada al cargo el 25 de septiembre por la gobernadora Jenniffer González, sustituye a Valdivieso, quien ocupó por 15 años la silla. El Senado avaló su designación el 9 de octubre, a menos de tres horas de haber culminado su comparecencia en vista pública ante ese cuerpo legislativo.

Es abogada y contable con experiencia en el gobierno y el sector privado. Laboró como asesora de instituciones financieras y aseguradoras, así como profesora y ex directora ejecutiva del CRIM. Al momento de su nominación, presidía el BDE.

“No tengo ninguna mancha, gracias a Dios, ni la tendré, porque nadie de los que trabaja, ahora mismo, en el gobierno es mi familia, ni es mi pana. Yo no me debo a nadie del gobierno de Puerto Rico”, aseguró.

Auditorías de la Oficina del Contralor revelan que, desde el 2018, varios ayuntamientos han contratado empleados retirados y no siguieron los pasos establecidos para reducir sus salarios o detener las pensiones que reciben del gobierno

El Nuevo Día4 Sep 2025 GLORIA RUIZ KUILAN gloria.ruiz@gfrmedia.com

Seis auditorías realizadas por Contraloría revelaron que los municipios de Manatí, Barranquitas, Rincón, Adjuntas, Villalba y Barceloneta contrataron o emplearon jubilados, pero no siguieron las normativas legales.
Seis municipios contrataron o emplearon a jubilados del gobierno, de 2018 al presente, sin seguir las leyes y reglamentos que exigen que se detenga el pago de sus pensiones o se les dé una remuneración reducida, reveló la Oficina del Contralor.

“Hemos visto nombramientos en puestos ‘full-time’ (tiempo completo) que no le han informado a (el Sistema de) Retiro que están trabajando ‘full-time’”, indicó la contralora Yesmín Valdivieso, en entrevista con El Nuevo Día.

Seis auditorías realizadas por su oficina revelaron que Manatí, Barranquitas, Rincón, Adjuntas, Villalba y Barceloneta contrataron o emplearon jubilados, pero no siguieron las normativas vigentes.

En el caso de Rincón, Manatí, Barceloneta y Villalba, la Contraloría determinó que se hicieron pagos que no correspondían y se pidió la restitución del dinero. Los informes detallan que tan solo en tres municipios –Manatí, Barranquitas y Barceloneta- se emitieron pagos en exceso que totalizan unos $241,200.

Ante ello, Valdivieso emitió una carta circular (OC-26-07), el pasado 14 de agosto, con el objetivo de aclarar el tratamiento que se le debe dar a un jubilado que reingresa a laborar en el gobierno.

“Que entiendan bien lo que la Ley 53 perseguía, o sea, sí, vamos a recibir, vamos a aprovecharnos de esas personas que tienen todo ese conocimiento y traerlos de vuelta al gobierno. Pero, que si vas a trabajar en un trabajo ‘full-time’, tienes que paralizar los pagos que recibes de la pensión. Lo que quiero es impartir conocimiento y aclarar esa ley”, sostuvo.

El administrador de los Sistemas de Retiro, Arnaldo J. Ortiz Miranda, aseguró, en entrevista telefónica, que no confrontan problemas con las agencias o municipios para informar de la contratación o empleabilidad de un pensionado y cumplir con la Ley 53 de 2022.

“Normalmente, el Contralor, como regla general, todos los años, siempre emite cartas circulares de todos los temas y las atempera a las leyes”, dijo sobre la OC-26-07.

En 2022, el entonces gobernador, Pedro Pierluisi, impulsó y firmó la Ley 53, que establece las reglas para que jubilados regresen a laborar al gobierno, incluyendo los municipios.

El estatuto precisa que cualquier jubilado, incluso aquellos que sin contar con la edad o años de servicio decidieron acogerse a un programa de transición voluntaria, pueden regresar a trabajar al gobierno, incluyendo los municipios. Sin embargo, cuando se trata de un jubilado que devenga pensión, se deben seguir unos pasos que incluyen notificar –ya sea el mismo retirado o la dependencia que lo contrata– al Sistema de Retiro, para que se pause su pensión.

De esta manera, el jubilado puede “recibir el sueldo correspondiente a su nombramiento, según establecido en el plan de clasificación y retribución de la entidad gubernamental”, lee la OC-26-07, a tono con la Ley 53.

“Por tanto, un pensionado o una pen

“Hemos visto nombramientos en puestos ‘full-time’ que no le han informado a (el Sistema de) Retiro que están trabajando ‘full-time”,

YESMÍN VALDIVIESO CONTRALORA

“Ahora mismo, tenemos 85 personas registradas (interesadas en regresar al gobierno). Se registran por tres años y, luego, se puede renovar”

FACUNDO MIGUEL DI MAURO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OATRH

sionada no puede recibir al unísono su pensión y un sueldo a tiempo completo de una entidad gubernamental”, recalca el documento.

La Ley 53 y su reglamento disponen que el pensionado o la dependencia tienen 15 días para notificar al Sistema de Retiro del reingreso del jubilado al servicio público. Las entidades que reincorporen a un jubilado deben rendir un informe a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) y a la Junta de Supervisión Fiscal. Los períodos para el informe son del 1 de julio al 31 de diciembre, y del 1 de enero al 30 de junio de cada año.

El director ejecutivo de la OATRH, Facundo Miguel Di Mauro Vázquez, dijo que no han confrontado problemas para obtener los datos para los informes.

“Ahora mismo, tenemos 85 personas registradas (interesadas en regresar al gobierno). Se registran por tres años y, luego, se puede renovar”, sostuvo, y detalló que 82 pensionados fueron empleados o contratados el pasado año fiscal.

¿POR QUÉ FUE NECESARIA?

La OC-26-07 surgió a raíz de hallazgos en auditorías y notar que los señalamientos sobre contratación de jubilados eran repetitivos, dijo Valdivieso.

Por ejemplo, en Manatí, la Contraloría detectó “pagos en exceso a un pensionado al que se le otorgaron contratos de servicios con características de puestos”, en una auditoría del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2016. “La situación comentada ocasionó gastos en exceso por $23,940”, concluyó el análisis.

Para el período auditado, no existía la Ley 53, pero sí la Ley 447 de 1951 que, además de crear el Sistema de Retiro, establece el marco para los beneficios de retiro y pensiones para empleados públicos. El estatuto indica que todo pensionado puede desempeñar un empleo regular parcial en el gobierno que, en tiempo y retribución, no exceda la mitad de la jornada regular de trabajo.

“Determinamos que se concedió una compensación a un empleado que recibía una pensión del Sistema de Retiro”, anotó la Contraloría en sus hallazgos.

El alcalde de Manatí, José Sánchez, no estuvo disponible para entrevista, pero, a través de un portavoz, dejó saber que actualmente no cuenta con pensionados trabajando en la administración municipal.

El mismo señalamiento de Manatí se produjo en Barranquitas, con una auditoría que también comprende del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2016.

El alcalde Elliot Colón indicó que, al momento, tampoco tiene pensionados laborando en el ayuntamiento, y enfatizó que conoce las disposiciones de la ley. “Eso (reinserción de un pensionado al gobierno) depende de caso a caso”, dijo.

Rincón, por su parte, fue auditado para el período del 1 de julio de 2012 al 30 de junio de 2016. El informe da cuenta de cuatro pensionados a los que se les dio un sueldo mensual que no les correspondía, porque se les pagó la totalidad de lo que establecía la escala salarial cuando debieron devengar solo la mitad.

A los cuatro, se les pagó $13,609 de más, reveló la auditoría.

En Adjuntas, la auditoría es más reciente. Publicada en 2022, cubre del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020. La Contraloría halló que se dieron 13 contratos a un pensionado para hacer funciones que “tenían características de puesto de carrera”.

Además, el informe destaca que, según la Ley 447, “todo pensionado… puede trabajar en entidades gubernamentales no más de la mitad de la jornada regular de trabajo, y no puede cobrar más de la mitad del sueldo básico que le corresponda al puesto que ocupe”, lo que se violentaba en el caso auditado.

Mientras, en Villalba, la Contraloría encontró tres pensionados “que no informaron su reingreso al servicio activo para que se procediera con la suspensión de la pensión”, que recibían beneficios y su función equivalía a un puesto de carrera, indica el informe correspondiente al período del 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2019.

“Por estos trabajos, se acordaron pagos que fluctuaron de $629 a $3,000 mensuales”, concluyó.

El alcalde de Villalba, Dan Santiago, reaccionó asegurando que cuenta con un equipo en recursos humanos que “se asegura de cumplir con las normativas sobre ese asunto; sé que están al día”.

Los problemas también se constataron en Barceloneta. Allí, recoge el informe, se detectaron pagos “a una pensionada, por más de $203,000, contrarios a la ley y la reglamentación”. Según la auditoría, a la pensionada se le debieron pagar $65,382.14 y, en cambio, el municipio le desembolsó $269,031.

La alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler, no estuvo disponible.

DEFIENDE LA FISCALIZACIÓN

Frente a estos hallazgos, Ortiz Miranda, de los Sistemas de Retiro, defendió que pueden fiscalizar que los pensionados y las entidades gubernamentales cumplan con notificarle y recuperar pagos indebidos.

Explicó que las nóminas de los pensionados se “corren” con dos semanas de antelación al día de pago para que el Departamento de Hacienda pueda desembolsar. Como las dependencias tienen hasta 15 días para notificar de la reinserción, dijo, es tiempo suficiente para que el Sistema de Retiro pueda captar en las nóminas de cada una si hay un pensionado cobrando doble.

“El pensionado aparece en dos nóminas: en la de nosotros cobrando la pensión y en la del municipio o la agencia aportando al Plan 106. Obviamente, ahí el sistema nos alerta de que tenemos que verificar si ese nombramiento, en el caso de que no haya sido notificado, cumple con los requisitos. Es decir, que el tiempo y el dinero no exceda de la mitad del puesto regular que el pensionado está ocupando. Que no pase de la mitad de la base del salario y no pase de más de la mitad de la jornada”, aclaró.

“Si el empleado cumple con esos requisitos, no tenemos nada que recuperar. En los casos que corresponde un ajuste de pensión, también procede un recobro”, agregó.

Ortiz Miranda detalló que tienen un registro de 179 jubilados que regresaron al gobierno. De esa cantidad, 107 laboran en municipios y 72 en agencias.

De los 72 en las agencias, abundó, 15 laboran a tiempo completo, 31 a tiempo parcial y 26 mediante servicios profesionales o contrato. Mientras, en los municipios, hay 18 trabajando a tiempo completo, 65 a tiempo parcial y 24 por servicios profesionales.

“Los municipios que más tienen, a tiempo parcial, son San Sebastián, Trujillo Alto y Morovis, que cada uno tiene cinco (pensionados)”, destacó. “Al ser parcial, no se les perjudica el pago de la pensión”.

“Por ser a tiempo completo, se les suspende el pago de pensión, y la agencia que más (pensionados) tiene es la Comisión de Juegos, con 10”, indicó.

Aunque la Contraloría no ha detectado problemas con la reinserción de jubilados en las agencias, Valdivieso no descartó que existan casos idénticos a los hallados en los municipios.

“Recuerda que nosotros hacemos auditoría por muestra, que, si tal vez en la muestra tú tienes 500 empleados y en mi muestra me cayeron 20 y esos 20 estaban bien, yo no sigo buscando. Yo, entonces, asumo que, si esa muestra la cogí bien, si eso está bien, los demás están bien. Eso no quiere decir que estén bien”, explicó.

Recalcó, por último, que las puertas del gobierno están abiertas para pensionados que quieran aportar con su experiencia y trabajo, “pero hay unas limitaciones”.

fuente: El Fiscalizador Hidalguense- 21 de mayo de 2025

Incluimos el mensaje de la Contralora con motivo de la Semana del Servidor Público. ¡Muchas felicidades a todos!

Semana del Servidor Público

17 al 23 de agosto de 2025

El servicio público es una de las responsabilidades laborales más nobles

porque nace de la voluntad de servir bien el interés general de los ciudadanos.

El trabajo en el gobierno compromete todo nuestro ser; es dar lo mejor,

esforzarse al máximo en realizar la función confiada, actuar con honestidad y promover soluciones basadas en el respeto.

Además, como servidores públicos debemos ser cordiales,

tener empatía con las personas que servimos, y obrar con transparencia en la toma de decisiones.

Estos valores de la Contraloría marcan el camino que eleva nuestro deseo diario de hacer el bien

desde nuestro trabajo y de cumplir a cabalidad con la ética del servicio público.

Quiero resaltar que en la Oficina contamos con servidores públicos honestos, íntegros y eficientes,

que tienen por vocación poner sus conocimientos y experiencia en fiscalizar las transacciones del erario

y promover el buen uso de los recursos públicos.

Me siento profundamente orgullosa de trabajar junto a ustedes,

quienes encarnan los más altos principios en el cumplimiento de la misión de la Oficina del Contralor.

¡Deseo que disfruten tan merecida semana del Servidor Público!

Yesmín M.  Valdivieso
Contralora de Puerto Rico