Subastas
Convocatoria 26-02, Programador
Convocatoria 26-02, Programador
Se aceptarán solicitudes desde el 23 de julio hasta el 15 de agosto de 2025.
Carta Circular OC-26-05, Certificación sobre la Notificación de Pérdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos o Bienes Públicos a la Oficina del Contralor durante el año fiscal 2024-25
Carta Circular OC-26-04, Facturación y cobro por solicitudes y requerimientos de información de la Oficina del Contralor de Puerto Rico
Carta Circular OC-26-03, Contratos del año fiscal 2024-25 con reparos pendientes de contestar por más de 30 días
Carta Circular OC-26-02, Contratos del año fiscal 2024-25 pendientes de remitir a la Oficina del Contralor con la clasificación de creado en la aplicación del Registro de Contratos
Informe de Auditoría OC-26-01 del Departamento de Transportación y Obras Públicas – Dirección y Administración Central
Contralora revela que el DTOP tiene deudas atrasadas por cobrar que ascienden a $6.1 millones
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Dirección y Administración Central del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que DTOP no había realizado gestiones de cobro afirmativas de 6,678 cuentas registradas por más de $6.1 millones al 1 de octubre de 2023. Estas deudas por concepto de arrendamiento, canon anual, pagos indebidos de sueldo, multas, reembolsos de gastos y otras, tenían atrasos de entre 43 y 5,551 días de haberse realizado la primera gestión de cobro.
El hecho de no contar con estos recursos impide atender gastos operacionales. La acumulación de deudas viejas también dificulta su cobro y que con el tiempo se vuelvan incobrables.
La auditoría, de dos hallazgos, señala múltiples deficiencias con las gestiones de cobro de los pagos indebidos de sueldo de 25 cuentas por $161,386. Por ejemplo, a un empleado de confianza que renunció en el 2022, no se le había descontado $10,149 de un bono no aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto; a dos deudores de $18,312, no se le realizaron esos descuentos del sueldo cuando aún eran empleados del DTOP; y 17 cuentas por $110,775, no tenían evidencia documental de gestión de cobro o referidos para cobro al Departamento de Justicia.
Además, el DTOP no realizó gestiones de cobro de $216,275 a cuatro arrendatarios que ocupan propiedades desde el 2017 en Toa Baja, San Juan y Cataño. Tampoco el DTOP ejerció su facultad de cancelar el permiso de ocupación, luego de tres meses sin pagar, según dispone el contrato de arrendamiento.
Por otro lado, el DTOP no ha establecido un registro electrónico uniforme para sus cuentas por cobrar. El registro en Microsoft Excel, que se diseñó en el 2015 para mecanizar el proceso, tiene 41,829 campos sin la información requerida como el nombre y dirección del deudor, importe o concepto de la factura. Además, los auditores de la OCPR identificaron 722 números de recibos de recaudaciones únicos duplicados, con nombres e importes distintos.
Esta situación afecta la integridad de los datos e impide que se realicen gestiones de cobro efectivas.
El DTOP contó con un presupuesto de $1,200 millones del 2021 al 2025. El presupuesto proviene de fondos federales, asignaciones especiales y del presupuesto general.
El Informe le recomienda al secretario de Transportación y Obras Públicas, que evalúe la necesidad de personal en la Unidad de Facturación de la Oficina de Presupuesto y Finanzas, que realice las gestiones de cobro, y que atienda los requerimientos del Departamento de Justicia al respecto.
Este segundo y último informe del DTOP cubre el periodo del 1 de julio de 2020 al 31 de octubre de 2024.
El Informe de Auditoría OC-26-01 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Solicitudes de acceso a la información – abril 2025
Carta Circular OC-26-01, Contratación de corporaciones privadas y compañías de responsabilidad limitada para brindar servicios profesionales de ingeniería, de agrimensura, de arquitectura y de arquitectura paisajista; cumplimiento con la Política Institucional El Contrato de Diseño-Construcción (Design-Build o DB) del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
NotiContralor News – Informe de auditoría del Municipio de Mayagüez
¡Saludos!
La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre las operaciones del Programa de Préstamos del Municipio de Mayagüez.
El Municipio prestó $1.2 millones de dólares a cinco empresas para proyectos de vivienda que nunca se realizaron.
El Municipio tampoco recobró el dinero prestado, por lo cual se pudo haber configurado el delito de negligencia en el deber y malversación de fondos públicos. Este hallazgo se remitió el 16 de enero de 2025 a la secretaria de Justicia y al US Department of Housing and Urban Development para que evalúen las situaciones y tomen las acciones correspondientes.
Otros hallazgos encontrados en la auditoría fueron: pagos en exceso por más de $20 mil dólares por el recogido de escombros y por servicio de sonido e iluminación, pagos a contratistas sin que realizaran las retenciones y acuerdo transaccional de una demanda civil sin obtener el consentimiento de la Legislatura Municipal.
Para ver este y otros informes de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, visite nuestra página www.ocpr.gov.pr
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Contraloría a sus órdenes.
NotiContralor News – informes de auditoría del Departamento de Educación y CRIM
¡Saludos! Hoy les hablaremos sobre los informes de auditoría más recientes del Departamento de Educación y del CRIM.
El Informe del Departamento de Educación reveló que no invitaron a todos los licitadores registrados en el Registro Único de Licitadores de la Administración de Servicios Generales para la licitación de pizarras, acondicionadores de aire y equipo de laboratorio.
En su lugar, se emitieron tres órdenes de compras entre el 2020 al 2023 por $256 mil dólares bajo la modalidad de subasta informal.
Tampoco invitaron a todos los licitadores para adquirir equipo y materiales de asistencia tecnológica para los estudiantes del Programa de Educación Especial.
En su lugar, publicaron en el 2021 un Aviso de Subasta en la página de internet del Departamento y en el Registro Único de Subastas.
Estas situaciones impidieron contar con un proceso de competencia con la mayor cantidad de proveedores.
Por otro lado, en el Informe de auditoría del Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales se señala que aprobaron exenciones contributivas de propiedad residencial sin la evidencia requerida.
Este hallazgo se validó en el 15% por ciento de las hojas de servicios registradas del 2021 al 2022.
La auditoría señaló también múltiples deficiencias con el proceso de reclamaciones de la tasación virtual. Estas situaciones restan confiabilidad a la eficiencia y a la transparencia.
Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor, las Cartas Circulares y otros documentos, están disponibles en nuestra página www.ocpr.gov.pr
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Informe de Auditoría OC-25-94 del Municipio de Mayagüez
En informe con opinión adversa, la Contralora revela que Mayagüez dejó de cobrar $1.2 millones de préstamos otorgados para proyectos de viviendas que nunca se realizaron
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), emitió una opinión adversa sobre las operaciones fiscales del Municipio de Mayagüez. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con el Programa de Préstamos no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que el Municipio no cobró $1.2 millones de cinco préstamos otorgados del 2003 al 2010 a cinco empresas bajo el Programa de Desarrollo Comunal y Económico para proyectos de vivienda que, además, nunca se realizaron. Este Programa, creado en el 1998, se nutre de fondos federales y otorga préstamos y donativos para canalizar incentivos, estimular la rehabilitación social de los sectores de bajos y medianos ingresos, y promover el empleo y desarrollo del Municipio.
Esta situación se atribuye a que el entonces alcalde no cumplió con su responsabilidad de recobrar los préstamos otorgados. Si el gerente municipal de Vivienda y Programas Federales hubiese realizado las inspecciones de los proyectos, se habría dado cuenta de la inexistencia de las viviendas. Por estas acciones se pudo configurar el delito de negligencia en el deber y malversación de fondos públicos.
Este hallazgo se remitió a la secretaria de Justicia y al US Department of Housing and Urban Development el 16 de enero de 2025, para que evalúen las situaciones y tomen las acciones que correspondientes.
En los préstamos otorgados se identificaron, además, múltiples deficiencias de control como errores en los porcientos de interés, contratos sin fecha de vencimiento, préstamos sin los permisos para desarrollar el proyecto, y donativo de $25,000 a contratista para comenzar un proyecto, que tenía una deuda vencida con el Municipio.
La auditoría, de siete hallazgos, señala que un exfuncionario municipal pudo haber incurrido en conflicto de intereses ya que su compañía de la cual era director e incorporó en el 2002, obtuvo un préstamo de $150,000 del Programa en el 2005. Este exfuncionario, mientras fue director de Vivienda y Programas Federales desde el 2000 hasta el 2002, realizó gestiones para beneficiarse del préstamo.
Esta situación, contraria a la Ley de Ética Gubernamental y al Code of Federal Regulations, se remitió a la secretaria de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental el 16 de enero de 2025 para su evaluación y acción correspondiente.
Del examen realizado a los pagos del recogido de escombros se identificaron pagos en exceso de lo contratado por $9,308, y de la contratación de servicios de sonido e iluminación pagos en exceso por $11,400. Además, el Municipio pagó $29,267 por servicios profesionales de consultoría cuyas facturas no estaban aprobadas por los funcionarios municipales con conocimiento de los servicios prestados.
En contravención del Código de Rentas Internas de 2011, el Municipio de Mayagüez no retuvo $8,590 en contribuciones de dos contratistas por servicios profesionales. Al respecto el Municipio puede estar sujeto a penalidades por incumplir las disposiciones del Código.
El Informe devela que el entonces alcalde de Mayagüez no remitió a la consideración de la Legislatura Municipal el acuerdo de pago de $40,000 a empleada municipal que ganó demanda al Municipio por despido injustificado. Al respecto, la Legislatura no pudo pasar juicio sobre la razonabilidad de la cantidad pagada en el acuerdo.
La auditoría comenta posibles violaciones al Reglamento Notarial y al Código de Ética Profesional de un asesor contratado por el Municipio quien en el 2003 actuó como notario autorizante de uno de los préstamos examinados en los hallazgos, y en el 2019 en representación del Municipio envió una carta de cobro a uno de los representantes. Esta situación se remitió a la jueza presidenta del Tribunal Supremo el 16 de enero de 2025, ya que un notario autorizante está impedido de actuar con posterioridad, como abogado de una de las partes otorgantes para exigir una contraprestación.
La Legislatura Municipal autorizó al alcalde a transigir una demanda por $90,000, presentada por una empleada en el 2018. La empleada había demandado por persecución, hostigamiento, discrimen político, violación de derechos civiles y despido injustificado. El Tribunal Federal dictó sentencia conforme al acuerdo en el 2022.
Al 31 de diciembre de 2022, estaban pendiente de resolución por los tribunales, 17 demandas civiles que reclaman $31.4 millones por daños y perjuicios, cobro de dinero, y violación de derechos civiles, entre otros.
El presupuesto de Mayagüez sumó de $69.1 millones para el 2018, $61.5 millones para el 2019, $54.5 millones para el 2020, $58.4 millones para el 2021, $61.6 millones para el 2022, y $55.2 para el 2023. Los estados financieros auditados reflejaron déficits acumulados de $25.7 millones en el 2018, $22 millones en el 2019, $24.2 millones en el 2020, $14.4 millones en el 2021, y $1.4 millones en el 2022.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio de Mayagüez cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este tercer informe de Mayagüez cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2022.
El Informe de Auditoría OC-25-94 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Noticontralor News-Auditorías al Departamento de Estado y Atenas Community Health Center, Inc
¡Saludos!
Hoy les hablaremos sobre los informes de auditoría más recientes del Departamento de Estado y de Atenas Community Health Center.
La auditoría al Departamento de Estado reveló que se contrató una corporación foránea no autorizada a realizar negocios en Puerto Rico. El contrato no incluyó en sus cláusulas, la obligación de notificar cualquier cambio de estatus del negocio, contrario a lo que dispone la Ley General de Corporaciones.
En efecto, el 31 de diciembre de 2018, tres días después de la firma del contrato, esta corporación foránea se fusionó con otra corporación foránea que la absorbió y siguió dando los servicios.
Estos servicios de procesar las licencias y administrar exámenes se ofrecieron hasta diciembre del 2020.
Esta situación evidencia que el Departamento de Estado no tuvo control sobre la corporación para asegurarse que cumpliera con las leyes de Puerto Rico.
Por otro lado, nuestros auditores revelaron que Atenas Community Health Center, Inc, tenía una deuda de $2.3 millones por el arrendamiento del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Municipio de Manatí.
La falta de pago deja al Municipio sin esos recursos económicos para prestar servicios a la ciudadanía. Además, el no cumplir con los pagos, puede llevar a litigios innecesarios y a que se cancele el contrato.
El Informe le recomienda al director ejecutivo de Atenas Community Health Center, Inc. que desarrolle un plan de austeridad para eliminar el déficit presupuestario.
Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor, las Cartas Circulares y otros documentos, están disponibles en nuestra página www.ocpr.gov.pr
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Contraloría a sus órdenes.
Informe de Auditoría OC-25-93 del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, Oficina de Gerencia y Sistemas de Información
Contralora revela aprobaciones de exoneraciones en el CRIM sin las justificaciones requeridas y deficiencias con las reclamaciones de tasación virtual
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Oficina de Gerencia y Sistemas de Información del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que, en el CRIM se aprobaron exoneraciones contributivas completas de propiedad residencial sin la evidencia requerida en el 15% de las hojas de servicio registradas del 2021 al 2022. Además, de las solicitudes de reclamaciones de reintegro examinadas, el 50% no se completaron en 90 días como dispone la reglamentación sino con tardanzas de hasta 472 días, el 40% no incluía la justificación para cancelar o denegar, y el 10% se aprobaron sin la documentación requerida.
De hecho, el registro y la aprobación del 87% de estas hojas de servicio en el sistema CRIM360, fueron realizados por usuarios empleados que ejercían funciones distintas a los puestos autorizados.
Esta situación resta confiabilidad a la eficiencia y transparencia del proceso. Además, por la falta de evidencia en el sistema se identificaron aprobaciones por $19,756 que no procedían o la cancelación de reclamaciones válidas por $41,115. El sistema contributivo actual, CRIM360, se estableció en el 2021.
La auditoría, de siete hallazgos, señala múltiples deficiencias con el proceso de reclamaciones de tasación virtual. Por ejemplo, en el 43% de las reclamaciones completadas el 13 y 15 de febrero de 2024, reflejaron discrepancias entre la valoración de la propiedad inmueble registrada en el sistema CRIM360 versus los valores de tasación virtual de la aplicación Skala II. Esta aplicación estableció en el 2020, valores de tasación virtual para el terreno y la estructura de 756,450 propiedades inmuebles.
Estas discrepancias sobre el valor de la propiedad restan confiabilidad sobre los datos en el sistema CRIM360 y sobre las notificaciones de tasación virtual remitidas a los contribuyentes.
Otras deficiencias se evidencian en los cambios de dirección postal en el sistema CRIM360. En el 78% no se utilizó el formulario correspondiente y en el 44% no incluyó la factura de luz o agua del contribuyente. Estas deficiencias impiden tener un banco de datos correcto y actualizado.
Para el año fiscal de 2023, el CRIM recibió 78,952 facturas devueltas por errores en el registro de la dirección postal, entre las cuales el 53% incluía facturas que sumaban $36.1 millones. El hecho de que el contribuyente no reciba la notificación de la contribución impuesta limita también su derecho a solicitar revisión administrativa conforme al procedimiento.
El CRIM no cuenta con un proceso automatizado de verificación y validación de la conciliación de los recaudos de contribución inmueble. Al 24 de febrero de 2024, no se había completado la gestión con el banco y el programador del sistema CRIM360. Esta situación puede ocasionar errores e irregularidades con el flujo de efectivo recibido y administrado.
En contravención con la reglamentación vigente, el 74% de los usuarios con cuentas de acceso tenían asignados privilegios que no eran necesarios para las funciones que realizan en el CRIM. Además, para el 70% de las cuentas de acceso autorizadas, no se utilizó el formulario requerido.
El presupuesto del CRIM ascendió de $30.7 millones en el 2022, a $32.6 millones en el 2023 y a $33 millones en el 2024.
El Informe le recomienda al presidente de la Junta de Gobierno que vigile el cumplimiento de las recomendaciones del Informe para que el director ejecutivo adopte las medidas correctivas que procedan y no se repitan las situaciones comentadas.
Este informe cubre el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 15 de febrero de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-93 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Carta Circular OC-25-23, Recordatorio sobre el cumplimiento con la Ley Núm. 18 del 30 de octubre de 1975, según enmendada, y el Reglamento 33
Informe de Auditoría OC-25-92 del Departamento de Educación
Oficina del Contralor revela incumplimiento de ley y reglamentación en la adquisición de bienes
La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Departamento de Educación. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Departamento de Educación (DE) no siguió el proceso de invitar a la licitación de pizarras, acondicionadores de aire y equipo de laboratorio, a todos los licitadores registrados en el Registro Único de Licitadores (RUL) de la Administración de Servicios Generales. En su lugar se emitieron tres órdenes de compras del 2020 al 2023, que sumadas totalizaron $256,238 bajo la modalidad de subasta informal.
La ley y reglamentación vigente dispone que, para adquirir bienes mediante subasta informal o formal, se debe invitar a todos los proveedores inscritos en el RUL según la categoría correspondiente al bien que se pretende adquirir.
La auditoría de tres hallazgos señala que tampoco invitaron a todos los licitadores registrados en el RUL, para adquirir equipo y materiales de asistencia tecnológica para los estudiantes del Programa de Educación Especial. En su lugar, se publicó un Aviso de Subasta, el 28 de enero de 2021, en la página de internet del Departamento y en el Registro Único de Subastas.
De hecho, para dos órdenes en la modalidad de compra excepcional por $1.1 millones y $2.5 millones para imprimir folletos instructivos y adquirir 1,800 estaciones de toma de temperatura, no obtuvieron la recomendación del administrador auxiliar de Adquisiciones y la autorización del oficial de Licitación de la Administración de Servicios Generales (ASG).
Los auditores identificaron otras deficiencias como la falta de información sobre la fecha de entrega de bienes en las órdenes de compra, o la cláusula de penalidad en los casos de entrega tardía. Estas situaciones no permiten tener un remedio legal en aquellos casos que los bienes no se reciban en la fecha establecida ni permite imponer penalidades.
El Informe devela que no se expidieron los recibos de propiedad en uso a los custodios de 30 computadoras portátiles, cuatro pizarras interactivas, 11 monitores y 15 equipos de robótica. Esta propiedad adquirida por $216,847 se estaba utilizando en cuatro escuelas públicas y dos colegios privados.
Además, se identificaron unidades sin número de propiedad, no se localizaron seis computadoras y al 11 de octubre de 2024, el módulo “Asset Management” del Sistema de Información Financiero del Departamento de Educación, no estaba actualizado.
Estas situaciones no permiten mantener un control de la propiedad e impiden determinar el responsable en caso de pérdida o daños. Al respecto se recomienda que se asigne personal necesario a la Oficina del Manejo de Propiedad e Inventario, y que los directores del Departamento descontinúen la práctica de reasignar la propiedad.
La auditoría da a conocer que el Procedimiento para el Control y Contabilidad de la Propiedad del Departamento de Educación aprobado en el 2006 y enmendado en el 2007, no cuenta con los procedimientos actualizados. Los empleados no cuentan con una guía para realizar sus funciones de manera efectiva y uniforme.
Del 1 de julio del 2020 al 31 de octubre de 2024, el Departamento contó con asignaciones presupuestarias de $20,090 millones y efectuó desembolsos por $19,985 millones.
Este informe cubre el periodo del 1 de julio de 2020 al 31 de octubre de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-92 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Carta Circular OC-25-22, Sistema Integrado para Solicitar Orientación Legal
Informe de Auditoría OC-25-91 del Departamento de Estado
Contraloría revela que el Departamento de Estado contrató corporación foránea no autorizada a realizar negocios en Puerto Rico
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Departamento de Estado. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que, el Departamento de Estado contrató una corporación foránea el 28 de diciembre de 2018 con vigencia hasta el 30 de junio de 2019, para procesar las licencias y administrar los exámenes de 16 juntas examinadoras adscritas al Departamento. El contrato no incluyó la obligación legal de informarle al Departamento sobre cualquier cambio de nombre, de negocio o fusión durante la vigencia del contrato, en contravención con la Ley 164-2009, Ley General de Corporaciones.
Tres días después, el 31 de diciembre de 2018, la corporación contratada se fusionó con otra corporación foránea y ofreció los servicios pactados hasta el 16 de diciembre de 2020.
Este hallazgo indica que el Departamento no se aseguró que se cumpliera con las leyes fiscales, laborales y comerciales de Puerto Rico. Además, la corporación foránea que absorbió todas las operaciones estuvo 716 días sin el Certificado de Autorización para hacer negocios en Puerto Rico.
La auditoría, de cinco hallazgos, señala también que el Departamento de Estado no obtuvo la Certificación de Justificación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que eximiera a esta corporación de servicios profesionales de ser contratada mediante un proceso abierto y competitivo. Este proceso es obligatorio para contratos de más de $250,000.
Del examen realizado a 11 informes mensuales de recaudaciones de las compañías contratadas para administrar los exámenes de reválida profesional, los auditores identificaron que no estaban aprobados por la secretaria auxiliar de Registros y Juntas Examinadoras. El Informe Mensual debe ser aprobado previo a ser tramitado a la División de Finanzas para evitar errores o irregularidades en la distribución de los recaudos.
En las transacciones de solicitud de pasaporte, los auditores no pudieron identificar el recibo oficial de pago en el 79% de las transacciones realizadas del 3 de enero al 11 de abril de 2022 en las oficinas de Plaza las Américas y Arecibo. Además, se hallaron recibos oficiales por $18,900 expedidos hasta 11 días después de haberse realizado la transacción y recibos oficiales con nombres de solicitantes menores de edad no incluidos en el documento Passport Application Transmittal (PAT) que se envía por correo postal al Gobierno Federal.
Esta situación no permite mantener un control adecuado sobre el proceso de recaudaciones y propicia que se cometan irregularidades.
El Informe comenta que el contrato mencionado que se firmó el 28 de diciembre de 2018, incluyó una cláusula de renovación automática que permitió su vigencia hasta el 3 de agosto de 2023 sin pasar por un proceso abierto, competitivo y público. Esto también tiene el efecto de que se renueve un contrato que no se comunique a tiempo la intención de no renovar.
Al 3 de octubre de 2022, cuatro juntas examinadoras estaban inoperantes por la falta de nombramientos por parte de los gobernadores: la de Delineantes, Actores, Geólogos y la de Contratistas de Servicios de Impermeabilización, Sellado y Reparación de Techos. El Informe le recomienda a la gobernadora de Puerto Rico que tome las medidas que correspondan ante esta situación.
El Informe le recomienda a la secretaria de Justicia que evalúe el hallazgo sobre la contratación de una corporación foránea no autorizada a realizar negocios en Puerto Rico.
El presupuesto del Departamento de Estado desde el 2019 al 2022, fue de $63.8 millones, y los desembolsos ascendieron a $57.4 millones.
Este informe cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2022.
El Informe de Auditoría OC-25-91 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Carta Circular OC-25-21, Uso de fondos públicos para atender situaciones de emergencias relacionadas con disturbios atmosféricos
Informe de Auditoría OC-25-90 de Atenas Community Health Center, Inc.
Contralora revela deuda de $2.3 de Atenas Community Health Center por el arrendamiento del CDT de Manatí
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de Atenas Community Health Center, Inc. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que, al 30 de junio de 2023, la corporación sin fines de lucro auspiciada por el Municipio de Manatí, Atenas Community Health Center, Inc, (Centro) tenía una deuda de $2.3 millones por el arrendamiento del Centro de Diagnóstico y Tratamiento, y del edificio de Emergencias Médicas y de Rescate. El primer contrato que se formalizó en el 2009 establecía un canon de arrendamiento mensual por $1. En el 2013 se firmó otro contrato que subió el arrendamiento a $40,000 mensuales y fue enmendado para ampliar su vigencia. De nuevo se enmendó el contrato, el 21 de junio de 2016, a pesar de la deuda de $1.2 millones por concepto de alquiler de las instalaciones.
Esta situación de no cumplir con los pagos expone el Centro a que se cancele su contrato y a litigios innecesarios. Además, la falta de pago deja al Municipio sin esos recursos económicos para prestar servicios necesarios a la ciudadanía.
La auditoría de tres hallazgos señala que el 66% de los informes de tiempo trabajado, las hojas de asistencia y las facturas entre el 2020 al 2021, no estaban firmadas por la directora médica o por la administradora, ni por el médico o por los empleados que trabajaron horas adicionales. Estas nóminas se pagaban con fondos asignados mediante resolución conjunta del Senado y del Coronavirus Relief Fund. Tampoco se localizaron para examen, cinco facturas de servicio profesionales por $1,631.
Esta situación tiene el efecto de propiciar que se cometan errores en el trámite de los pagos y que no se pueda detectar a tiempo para fijar responsabilidades.
En contravención de los Estatutos de 2009 que rige el funcionamiento de la Junta de Directores, los reglamentos de la Propiedad, Compras, Ingresos y Cuentas por Cobrar, así como el Manual del Departamento de Recursos Humanos, no habían sido aprobados por la Junta. Esta situación no le permitió a la Junta pasar juicio sobre la razonabilidad de las revisiones realizadas y que las decisiones tomadas con estos reglamentos no aprobados se puedan objetar.
El Informe comenta que el Centro tenía déficits acumulados de hasta el 79% de su presupuesto en el 2021, el 47% en el 2022 y del 57% en el 2023. Operar con déficit en un año fiscal reduce los recursos disponibles para cumplir con sus obligaciones con la ciudadanía. Al respecto se le recomienda al director ejecutivo de Atenas Community Health Center, Inc. que desarrolle un plan de austeridad que elimine el déficit presupuestario.
El presupuesto del Centro era de $2.6 millones en el 2021, $4 millones en el 2022, $3.2 millones en el 2023, y $4 millones en el 2023.
El Informe le recomienda también al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio y el Centro cumplan con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este informe cubre el periodo del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-90 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Informe de Auditoría OC-25-89 del Municipio de Las Marías
Contralora revela pagos en exceso y cambios contrarios a la ley en subasta para comprar asfalto en Las Marías
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Las Marías. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que luego de celebrar una subasta general para adquirir asfalto regado y compactado, la Junta de Subastas adjudicó la compra por $114.75 la tonelada de asfalto. Luego de la adjudicación el 3 de junio de 2022, la Junta aprobó cambiar el precio adjudicado cada 90 días, según solicitó la corporación beneficiada, contrario a lo establecido en las Condiciones e Instrucciones Generales de la subasta. Al respecto, el Municipio formalizó dos contratos con esta cláusula y con el aumento a $125.70, el precio por tonelada.
Las especificaciones de una subasta general no pueden enmendarse luego de adjudicada. La corporación beneficiada se había comprometido a honrar los precios y mantenerlos firmes por los primeros 12 meses de la vigencia del contrato. El Municipio ni la Junta de Subastas tenían autoridad para dejar sin efecto las disposiciones del Reglamento Municipal de 2016, ni del Reglamento de Subastas y Adquisiciones del Municipio de 2019.
Esta situación ocasionó el pago en exceso de $13,950, y limitó la participación de los demás licitadores.
La auditoría de ocho hallazgos señala que, el Municipio de Las Marías invirtió $72,189 en la construcción de una pista de caballos para la cual no obtuvo el permiso de la Oficina de Gerencia de Permisos. El examen del expediente del proyecto no tenía informes de labor realizada y en una visita el 9 de octubre de 2024, encontraron la pista deteriorada y sin utilidad.
El Informe publica múltiples deficiencias con los comprobantes de desembolsos y los justificantes para el pago de combustible a la estación de gasolina que obtuvo la subasta por $100,000. Por ejemplo, no se prepararon los cuadres para ninguno de los 17 prepagos de gasolina, nueve comprobantes de desembolso por $84,426, no tenían las facturas justificantes, y no se verificó si el precio del combustible facturado no excedía los $0.30 por galón conforme establecido en el contrato formalizado el 1 de agosto de 2023.
Además, el 39% de los Informes Diarios del Conductor de los vehículos municipales, carecía de los datos de entrada, salida, millaje recorrido, niveles de combustible y firma del conductor. Estos informes permiten velar por el buen uso, custodia y mantenimiento de los vehículos asignados.
El puesto de auditor interno del Municipio de Las Marías está vacante desde el 23 de agosto de 2023. La Unidad de Auditoría Interna solo cuenta con una secretaria. Esta situación no permite la fiscalización continua y eficaz de sus finanzas y operaciones.
De hecho, el Informe destaca la falta de fiscalización del Comité de Auditoría de la Legislatura Municipal, ya que del 2020 al 2024 se reunió solo en tres ocasiones. Esta situación de no mantener una fiscalización continua propicia que se puedan cometer irregularidades y deficiencias en las operaciones municipales.
La auditoría devela atrasos de más de un año en la entrega de los estados financieros auditados del 2022 y el 2023 al Federal Audit Clearinghouse conforme establece el Código de Regulaciones Federales. Al 25 de abril de 2025, el Municipio no había entregado el estado financiero del 2024. Esta situación puede afectar la asignación de fondos federales.
Por otro lado, la ausencia de un administrador de los documentos públicos no permite mantener un control adecuado de los documentos. Este puesto es responsable de cumplir con el Programa de Administración de Documentos Públicos, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Del 2020 al 2024, el Municipio no había remitido al ICP el inventario, el plan de retención ni la lista de disposición de los documentos.
Además, el área designada para archivar los documentos públicos no tenía acondicionador de aire, ni detector de humo, ni equipo de control de la humedad. Las cajas estaban desde el suelo una encima de la otra y el área carecía de anaqueles suficientes. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-22-08 del 2021.
La autonomía municipal conlleva autonomía fiscal. El presupuesto comprende un estimado de gastos y los recursos e ingresos estimados. Del examen de los presupuestos del 2020 al 2024, se revela que el 58% del presupuesto operacional proviene de fondos del Gobierno Estatal. Al respecto el Informe recomienda al alcalde que identifique medidas que le permitan prepararse ante la reducción de asignaciones del Gobierno Estatal.
El presupuesto de Las Marías fue de $5.9 millones en el 2020, $5.4 millones en el 2021, $6.8 millones en el 2022, $7.3 millones en el 2023 y $7.7 millones en el 2024. Sus estados financieros reflejaron superávits acumulados de $1 millón en el 2020, $485,078 en el 2021 y $312,625 en el 2023. Para el año fiscal de 2022, los estados financieros reflejaron un déficit de $455,789.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este primer informe de Las Marías cubre el periodo del 1 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-89 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Informe de Auditoría OC-25-88 del Municipio de Isabela
Contralora revela pago de $376 mil por diseño de planos sin utilidad y ordenanza y destaque de empleados contrarios a la ley en Isabela
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Isabela. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Isabela pagó $376,310 por diseñar planos, tramitar permisos y realizar los estudios requeridos para revitalizar el Túnel de Guajataca. El contrato con vigencia desde el 2014, se enmendó cuatro veces para extenderlo hasta el 2019. Al 30 de junio de 2023, el proyecto no se había construido, por lo cual la inversión no ha tenido utilidad.
La auditoría de siete hallazgos señala que, se realizaron 25 donativos por $53,987 del Fondo Dotal del Deporte, sin la aprobación de la Legislatura Municipal del 2022 al 2023. Además, el Municipio no ha transferido el balance disponible de $6,782 producto de la venta de un auto SUV de alto rendimiento de 2018, que por Resolución se destinaría a este fondo.
En la auditoría se encontró que, al 20 de diciembre de 2023, el Municipio no había facturado ni requerido a la compañía $10,466 correspondientes al 20 % establecido en el contrato. A raíz de la investigación de los auditores de la Contraloría de Puerto Rico, el Municipio facturó y recibió de la compañía administradora del vertedero municipal, los indicados fondos. Esto tuvo el efecto de no recibir $10,466 a tiempo, para atender las necesidades de sus constituyentes.
El Informe devela que los contadores de la Oficina de Finanzas y Presupuesto del Municipio no obligaron los créditos presupuestarios para el pago del 90% de los contratos y el 33% de las enmiendas examinadas, por $853,379. El Municipio debe asegurarse que se obliguen las asignaciones presupuestarias, al momento de otorgar un contrato para que haya balance disponible para cubrir los desembolsos. Las obligaciones se registraron de 13 a 195 días después.
Desde el 1 enero de 2019 hasta el 31 de marzo de 2023, el Municipio de Isabela había formalizado 2,801 contratos y enmiendas por $62.5 millones. Esta situación pudiera causar sobregiros y litigios innecesarios para el Municipio.
Los auditores detectaron que un acuerdo colaborativo que se otorgó el 2 de agosto de 2021, no se registró en la OCPR a los 15 días de otorgarse, sino 896 días después. Además, copias de cuatro enmiendas otorgadas en el 2021, se registraron con tardanzas de hasta 50 días. Estas situaciones, impidieron que estos documentos públicos estuvieran accesibles a la ciudadanía según dispone la reglamentación vigente.
En contravención del Código Municipal de 2020 y la Ley de Municipios de 1991, la Legislatura Municipal autorizó que el Centro Isabelino de Medicina Avanzada (CIMA-EM), no devolviera el capital inicial para su funcionamiento que ascendió a $1.9 millones en efectivo y $480,750 en propiedad. Además, el Municipio sin facultad legal, designó 11 empleados en destaque para que realizaran las funciones de su puesto en el CIMA-EM. Las empresas municipales como CIMA-EM se consideran corporaciones con fines de lucro y con personalidad jurídica propia por lo cual, a sus empleados le aplican las leyes y normas del sector privado.
De hecho, la ayudante ejecutiva del alcalde certificó que la Junta de Directores del CIMA-EM de cinco miembros, estuvo compuesta por cuatro miembros del 2016 al 2019 y no contó con un representante del interés público, del 2021 al 2022.
El presupuesto de Isabela ascendió de $12.6 millones en el 2019, a $12.6 millones en el 2020, $12.9 millones en el 2021, $16.1 millones en el 2022, y $16.6 millones en el 2023. Sus estados financieros reflejaron superávits acumulados de $35.1 millones en el 2019, $35.1 millones en el 2020, $35.5 millones en el 2021, y $37.5 millones en el 2022.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe de Isabela, cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-88 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Informe de Auditoría OC-25-87 del Municipio de Adjuntas
Contralora revela múltiples deficiencias en las operaciones de compras y desembolsos en Adjuntas
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Adjuntas. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Adjuntas no obligó las asignaciones presupuestarias por $949,498 para el pago del 30% de los contratos y el 75% de las enmiendas examinados. Estos contratos se otorgaron para comprar asfalto, reparar vías públicas y estabilizar un talud de terreno. En contravención con el Reglamento Municipal de 2016, el director de Finanzas indicó que obligaba los fondos al recibir la factura y no antes de recibir los materiales o que se rindieran los servicios.
Del 13 de enero de 2021 al 29 de diciembre de 2023, el Municipio otorgó en total 607 contratos y 124 enmiendas por $17,047,941. Esta situación, de no obligar los créditos, impide tener un control eficaz de las asignaciones presupuestarias y puede incurrir en sobregiros y litigios innecesarios.
La auditoría de cinco hallazgos señala que, sin la autorización del Municipio, los trabajos de regado y compactación de asfalto e instalación de barreras de seguridad en el puente de la carretera 522 del Barrio Garzas, se subcontrataron a dos compañías. El Municipio y el funcionario encargado de las subcontrataciones expresaron desconocer esta situación prohibida en el contrato que el alcalde había formalizado con el contratista el 16 de febrero de 2023 por $128,704.
El Informe devela múltiples deficiencias de control con los comprobantes de desembolso y sus justificantes. Del examen realizado, el 87% de los justificantes de pago de comprobantes, no se marcaron como pagados; en el 29% de los comprobantes, las cotizaciones no establecían nombre, título y firma del funcionario a cargo de aceptarlos; y en el 14% de los comprobantes, las facturas carecían de la certificación del proveedor sobre la ausencia de interés.
Los desembolsos por $2.9 millones emitidos del 2021 al 2024 correspondían a la adquisición de vehículos, equipos y materiales relacionados con el manejo de la pandemia del COVID-19, entre otros. Esta situación, propicia que se cometan irregularidades en los desembolsos y hace inoperante los controles internos establecidos.
Sin solicitar el consentimiento de la Legislatura Municipal, el entonces alcalde transó una demanda presentada el 11 de agosto de 2018 ante el Tribunal de Primera Instancia, por el despido de un empleado cuyo contrato transitorio estaba vigente. Todo acuerdo de transacción en acciones judiciales que conlleve algún tipo de desembolso mayor de $25,000 tiene que presentarse a la consideración de la Legislatura Municipal antes de remitirla al foro judicial. Esta situación también afectó los recursos del Municipio ya que tuvo que desembolsar $25,289 sin recibir servicio a cambio.
Al 21 de agosto de 2024, el Municipio no había remitido al secretario de Justicia la información y los documentos requeridos por el Registro de Demandas Civiles de 2003. Esta situación impide que estas demandas estén accesibles a la ciudadanía. La información indica que cinco demandas habían sido resueltas y cuatro demandas están activas con reclamaciones que suman $1.6 millones.
La auditoría comenta que el alcalde mantiene un plan de pago con un balance adeudado por $14,223 con la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Esta Oficina le imputó una multa administrativa por $16,000 en el 2023 por otorgar dos contratos y dos enmiendas a compañía de pariente del director de la Oficina de Obras Públicas del Municipio, sin haber obtenido la dispensa requerida por la OEG.
Al 22 de julio de 2024 estaban pendiente de resolución por los tribunales cuatro demandas civiles por $950,000 por despido, y por daños y perjuicios.
El presupuesto de Adjuntas ascendió de $5.8 millones en el 2021, a $6.8 millones en el 2022, a $7.4 millones en el 2023 y a $7.5 millones en el 2024.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe de Adjuntas, cubre el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-87 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-86 de la Universidad de Puerto Rico, Administración Central
Contralora revela deficiencias con los módulos de Cuentas a Pagar y Activos Fijos en la Administración Central de la UPR
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones de los sistemas de información computadorizados de la Oficina de Sistemas de Información (OSI) de la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que la directora interina de la División de Compras y una contadora de la Oficina de Finanzas no activaron en el módulo de Cuentas por Pagar la opción que calcula la retención por contribución sobre ingresos. Esto tuvo el efecto de que no se le retuvo el 10% conforme al Código de Rentas Internas de 2011, a 10 de 14 proveedores, equivalente a $9,772.
La auditoría, de cinco hallazgos, señala que el módulo de Activos Fijos del Sistema de Información Administrativo (SIA) no tiene información actualizada. De una muestra examinada, no se localizaron 14 de 16 computadoras registradas en el módulo, no guardaban la documentación de las computadoras y el encargado de la propiedad no emitía los recibos de la propiedad usada por funcionarios y empleados.
Además, el encargado de la propiedad tenía solicitudes de hasta más de 12 años de bajas, transferencias, hurtos o decomisos de computadoras sin actualizar en el SIA. Esta situación impide mantener registros confiables de la propiedad y aumenta el riesgo de que se pierdan o se usen de forma indebida.
En contravención de la Política sobre las Mejores Prácticas de Infraestructura Tecnológica de la Carta Circular 2023-004, el encargado de la propiedad no incluyó el nombre del empleado custodio de los equipos en el módulo de los Activos Fijos. El examen realizado a los registros de 1,496 computadoras de escritorio o portátiles reveló que, en el 74%, los campos para identificar al empleado a quien se asignó la propiedad estaban en blanco.
Por otro lado, los auditores hallaron que, al 22 de agosto de 2024, transcurridos hasta 18 meses del cese o terminación de servicio, no se habían inactivado 13 cuentas de acceso al Sistema de Información Administrativo de 12 exempleados y un exconsultor de la Oficina de Finanzas. Esta situación impide mantener un control efectivo y eficaz sobre las cuentas de acceso y hace imposible que se pueda detectar a tiempo accesos no autorizados.
En las inspecciones efectuadas para validar los controles ambientales, se encontraron líquidos inflamables y equipos de limpieza en la Oficina de Servicios Administrativos, pared con panel de madera deteriorada en el cuarto de Telecomunicaciones y cajas almacenadas dentro del gabinete de comunicación de la Oficina de Desarrollo Físico e Infraestructura. Además, varios gabinetes no estaban cerrados con llave y el cableado de todo el Centro de Cómputos estaba desorganizado.
La falta de controles ambientales y físicos para proteger los equipos es una situación contraria a las disposiciones establecidas por el Federal Information System Controls Audit Manual.
La Administración Central cuenta con una infraestructura de 665 computadoras, 607 computadoras portátiles, 80 servidores físicos y 171 virtuales, 27 antenas WiFi, 14 switches, dos routers y dos firewalls.
El presupuesto asignado a la Administración Central fue de $55.3 millones en el 2022, $18.4 millones en el 2023 y de $17.8 millones en el 2024.
El Informe contiene cuatro recomendaciones a la atención de la Junta de Gobierno de la UPR, al secretario de Hacienda, y al presidente de la Universidad.
Este primer informe de la Administración Central de la UPR cubre el periodo del 1 de enero de 2023 al 30 de noviembre de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-86 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-85 de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez
Contralora revela funciones conflictivas de la subdirectora de Recaudaciones y deficiencias con la propiedad en la UPR Mayagüez
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto Universitario de Mayagüez. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que la subdirectora de la Oficina de Recaudaciones realizó funciones de recibir recibos, preparar el informe del recaudador, cuadre diario y de directora de cuentas, en conflicto con su responsabilidad como subdirectora y supervisora de recaudaciones. Esta situación dificulta una evaluación objetiva ya que la funcionaria estaba en una posición de control sobre sus propias funciones administrativas. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría CP-14-17 del 2014.
La auditoría de tres hallazgos señala también deficiencias con las conciliaciones bancarias. Por ejemplo, los auditores advirtieron que la cuenta de Préstamos Federales y Beca Federal no estaba preparada de forma correcta ni se habían realizado los ajustes en las conciliaciones bancarias de las cuentas de Ingresos y Desembolsos, entre otras.
Contrario a la reglamentación vigente, el oficial de propiedad certificó el inventario del año fiscal de 2022-23, sin incluir la propiedad mueble del Departamento de Ingeniería Mecánica. Además, cuando el oficial de propiedad cesó sus funciones en el 2019, no se realizó el inventario correspondiente. Esto tiene el efecto de que los estados financieros no reflejen balances precisos, lo que provoca que los activos estén sobrevaluados o subvalorados en el balance general.
El Informe devela múltiples deficiencias con el control de la propiedad mueble como, por ejemplo, el que no se hayan eliminado las unidades no existentes en los Sistemas Activos Fijos, ni la propiedad no localizada en el Sistema de Inventario de Propiedad, o que personas que ya no trabajan en la UPR Mayagüez, tengan propiedad asignada.
La UPR Mayagüez no suministró a los auditores de la Contraloría, la investigación administrativa de siete unidades extraviadas o hurtadas del 2018 al 2020, por valor de $8,095. Además, la entidad tardó hasta más de dos años en investigar el robo o desaparición de 19 propiedades con valor de $26,879.
Las investigaciones realizadas de 25 propiedades hurtadas o desaparecidas fueron notificadas a la OCPR entre 14 y 457 días laborables más tarde. La ley y la reglamentación vigente, requiere que cualquier pérdida de fondos o bienes públicos, se notifique a la Oficina del Contralor, en un término no mayor a los 10 días de haber concluido la investigación que a su vez, no debe exceder de 20 días.
De hecho, la UPR Mayagüez remitió copias de 26 contratos y 18 enmiendas a los registros de la OCPR hasta 667 días después de formalizados. La ley y la reglamentación dispone que la entidad remita los contratos dentro de los 15 días siguientes a la fecha que se otorga el contrato, ya que ninguna prestación o contraprestación de servicios podrá exigirse hasta tanto el contrato se haya registrado en la Contraloría.
El presupuesto de la UPR Recinto de Mayagüez, fue de $167.2 millones en el 2018, $164.7 millones en el 2019, $150.6 millones en el 2020, $157.9 millones en el 2021 y $142.1 millones en el 2022.
La auditoría le recomienda al presidente de la UPR, que se asegure que el Rector de la UPR Mayagüez, cumpla con las recomendaciones de este Informe de Auditoría.
Este primer informe de la UPR Mayagüez, cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2022.
El Informe de Auditoría OC-25-85 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Evitar señalamientos está en tus manos (4)
Campaña dirigida a los contratistas del Gobierno y municipios de Puerto Rico.
¡Contratista del gobierno de Puerto Rico!
¿Sabías que un solo error te puede costar el contrato?
Las reglas son claras. Son fondos públicos. Cumpla con la ley.
“Evitar señalamientos está en tus manos”.
Oficina del Contralor de Puerto Rico: Velando por el buen uso de los fondos públicos.
Solicitudes de acceso a la información – marzo 2025
Informe de Auditoría OC-25-84 del Municipio de Orocovis
Contralora revela pagos fuera de contrato por más de $200 mil a contratistas de recogido de escombros en Orocovis
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Orocovis. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Orocovis pagó $195,592, entre el 2019 al 2024, a tres contratistas por servicios que no estaban incluidos en sus contratos de recogido y disposición de escombros. Por ejemplo, la compra de mogolla, el alquiler de guaguas con chofer o el traslado de equipo pesado, no estaban incluidos en sus contratos.
La directora de Finanzas autorizó estos pagos, a pesar de la advertencia de los preinterventores de que estos gastos no procedían. Además, el Municipio realizó un pago duplicado por error de $8,502 por el alquiler de un camión, según indicó el director de la Oficina de Planificación y Desarrollo.
La auditoría, de cinco hallazgos, señala que el Municipio obvió el requisito de celebrar subasta pública para realizar trabajos de mejoras permanentes en las estructuras de 25 centros de Head Start y Early Head Start. En su lugar, fraccionó $330,500 en tres contratos para no exceder el límite de $200,000 que la ley establece para celebrar subasta pública. El Municipio de Orocovis administra los fondos federales del Proyecto Head Start y Early Head Start con 35 estructuras localizadas en Barranquitas, Corozal, Villalba y Orocovis.
Además, uno de los trabajos de mejoras permanente, la instalación de campanas y sistemas de supresión de incendios en las estructuras, fueron realizados por un subcontratista sin la autorización previa por escrito del alcalde. Esta situación no le permitió al Municipio evaluar si la compañía subcontratada cumplía con la experiencia y los requisitos.
El Informe publicó que las obras de construcción o reconstrucción de cuatro canchas bajo techo y mejoras al Centro Comunal en el Barrio Mata de Cañas se comenzaron sin obtener los permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Aunque los permisos se obtuvieron de 22 a 399 días después, la OGPe no pudo ejercer su función reguladora previo al inicio de los trabajos.
El Municipio de Orocovis registró en la OCPR con tardanza de hasta un año, copias de 354 contratos y 248 enmiendas por $11 millones del 2019 al 2024. Según dispone la ley y la reglamentación vigente, no se puede autorizar ningún desembolso sin que el contrato se haya remitido y registrado en la OCPR dentro de los 15 días desde que se otorgó el contrato. Esta situación impidió que los contratos estuvieran disponibles a la ciudadanía en calidad de documentos públicos en el tiempo requerido.
El presupuesto de Orocovis fue de $8.9 millones en el 2019, $9.2 millones en el 2020, $7.9 millones en el 2021, $7.3 millones en el 2022, $7 millones en el 2023 y $7.6 millones en el 2024.
La auditoría le recomienda al director de la OGPe que se asegure que el Municipio de Orocovis cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe de Orocovis cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2024
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El Informe de Auditoría OC-25-84 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-83 del Municipio de Barceloneta
Contralora revela pagos en exceso de más de $1.5 millones en contratos de compraventa de edificio, recogido de escombros y adquisición de equipo en Barceloneta
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Barceloneta. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio pagó $1.4 millones en exceso por la compra de un inmueble de $13.5 millones según contrato de arrendamiento con opción a compra de un solar. Este contrato fue enmendado para extender el tiempo de construcción en el solar de las facilidades administrativas de Head Start y Early Head Start, sin embargo, no se enmendó la cuantía.
De hecho, los informes de tasación de valoración preparados por un tasador privado de esta propiedad no fueron revisados por un tasador revisor, ni el Municipio los remitió para la aprobación del Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales como dispone la reglamentación vigente.
El Municipio de Barceloneta también pagó $148,485 en exceso por la compra de consolas de aire con un contrato original de $50,000. Además, el contratista facturó compras realizadas hasta ocho meses después del vencimiento del contrato el 30 de junio de 2022.
Otro pago sin enmienda de contrato se realizó el 24 de febrero de 2021, por el recogido de escombros en exceso de lo establecido en el contrato. El Municipio pagó $29,060 por el exceso de recogido de yardas cúbicas de escombros.
La auditoría, de cinco hallazgos, señala que el Municipio pagó $501,882 por servicios profesionales a un ingeniero para el diseño de planos y trámites de permiso de construcción de facilidades en los predios de la Escuela Dr. Francisco Susoni que no se llegó a edificar. Para esta contratación el Municipio solicitó una sola propuesta, en vez de realizar una competencia entre proveedores como dispone el Código de Regulaciones Federales 2.
La auditoría le recomienda a la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud Federal, que considere estas situaciones para que tome las medidas que correspondan.
Los auditores identificaron que el Municipio no había cobrado $146,162 a una corporación, por la extracción de 116,930 metros cúbicos de material extraído del Tosquero Municipal. Como resultado de esta auditoría, el Municipio recobró $46,824, con un balance pendiente de $99,338. Esta situación resta credibilidad a los procesos de supervisión del Municipio.
Contrario a la ley y la reglamentación vigente, el Municipio de Barceloneta le pagó $203,649 a una pensionada quien había renunciado a su puesto de directora ejecutiva al 30 de junio de 2022 con un sueldo mensual de $8,112. La alcaldesa la reactivó en su puesto de directora ejecutiva, en el cual devengó $269,031, del 15 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2023. Como pensionada, debió haber recibido $65,382; la mitad del sueldo básico de la escala salarial.
Como resultado de esta auditoría, la alcaldesa de Barceloneta remitió una consulta a la Junta de Retiro, que decidieron suspenderle la pensión a la directora ejecutiva. Además, la Junta de Retiro indicó que la pensionada tenía que devolver lo cobrado de pensión.
El Informe publica otras deficiencias como el pago indebido de $1,616 a una empleada por la liquidación de licencias y aportación patronal que no le correspondía. Además, se autorizó la adquisición de un condensador de aire de $10,995, sin solicitar las cotizaciones de por lo menos tres proveedores del mercado.
El presupuesto del Municipio fue de $27.5 millones en el 2020, $26.1 millones en el 2021, $26.5 millones en el 2022, $30.9 millones en el 2023 y $32.1 millones en el 2024.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio de Barceloneta, cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe de Barceloneta cubre el periodo del 1 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2023
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El Informe de Auditoría OC-25-83 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-82 de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio
Contralora revela pagos indebidos por $1.5 millones al contratista de las ventas de boletos por Internet de la Autoridad de Transporte Marítimo
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio (ATM). Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones sobre los servicios contratados para la venta de boletos por Internet para el transporte marítimo de Ceiba a Vieques y Culebra, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que la ATM no formalizó un contrato escrito con el contratista de los servicios de boletería por Internet del 8 de abril al 29 de septiembre de 2019. La entonces directora de la ATM no cumplió con sus responsabilidades administrativas al no establecer los derechos y obligaciones de las partes mediante un contrato. Esta situación le permitió al contratista cobrar $541,151 de forma indebida.
La auditoría, de tres hallazgos, señala que no fue sino hasta el 30 de septiembre de 2019, que la ATM formalizó un contrato para la venta de boletos por Internet con el contratista. Sin embargo, le permitió al contratista recibir ingresos por $878,912 en exceso de la cantidad máxima establecida en los contratos de $9,990 anuales y no le requirió $29,895 de las ventas de boletos de varios meses entre los años de 2020 y 2021.
Además, en contravención con las cláusulas contractuales, el contratista subcontrató los servicios de venta de boletos, no depositaba los ingresos por venta en el tiempo establecido, y él mismo se descontaba los rembolsos de los ingresos.
Los auditores detectaron que la entonces directora ejecutiva no protegió los mejores intereses de la ATM ya que, para la adquisición de los servicios de venta electrónica de boletos no solicitó propuestas adicionales, no obtuvo la autorización del secretario de Transportación y Obras Públicas, ni informó a la Junta de directores sobre los servicios recibidos sin contrato y luego de formalizar los contratos.
La OCPR identificó otras situaciones que se remitieron a la consideración del secretario de Hacienda el 7 de abril de 2025 sobre la falta de preparación de las declaraciones informativas, las retenciones sobre los ingresos recibidos por el contratista, y el cobro del impuesto de venta y uso.
El Informe publica que la ATM no ejerció un control adecuado de sus transacciones fiscales y propició balances incorrectos en los registros de contabilidad. El director ejecutivo auxiliar de Administración y Finanzas remitió sólo uno de los 107 informes de las ventas de los boletos por $1,053,163 millones a la contadora gerencial de la ATM. Por tanto, la contadora gerencial no realizó el cuadre de los ingresos de venta de los boletos, de los cargos por el servicio, ni de las cuentas por cobrar.
Por otro lado, la ATM no pudo determinar la legalidad, exactitud, ni corrección de los informes de venta remitidos por el contratista. El examen de los informes de venta reveló que la ATM no le requirió al contratista la certificación requerida en el contrato, fecha de la preparación del informe, ni el cómputo del importe descontado por el coste del servicio de procesamiento de tarjetas de crédito y débito.
Otro de los hallazgos evidencia que ninguno de los contratos incluyó la información sobre las categorías de los boletos, ni sobre el proceso de rembolso a los clientes. El contrato del 30 de septiembre de 2019 tampoco incluyó el importe máximo de los servicios contratados.
Del 2016 al 2022, la ATM tuvo ingresos por $322.9 millones, una contribución de capital por $9 millones, y gastos por $297.2 millones. Al año fiscal de 2022, la ATM registró un déficit de $41.7 millones.
Este informe, cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de enero de 2022
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El Informe de Auditoría OC-25-82 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Evitar señalamientos está en tus manos (3)
Campaña dirigida a los contratistas del Gobierno y municipios de Puerto Rico.
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Las reglas son claras. Se trata de fondos públicos.
“Evitar señalamientos está en tus manos”.
Mensaje de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Informe de Investigación OC-25-81 al Departamento de Educación – Resultado de la investigación sobre alegadas irregularidades relacionadas con los servicios de terapias psicológicas
Contralora revela cobro fraudulento por servicios de psicología en la escuela elemental Eugenio Brac de Naguabo
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó hoy el resultado de una investigación de una querella sobre alegadas irregularidades relacionadas con los servicios de terapias psicológicas en la Escuela Elemental Eugenio Brac de Naguabo. La especialista estaba contratada por una compañía privada bajo la Unidad Secretarial del Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional del Departamento de Educación de Puerto Rico.
La investigación reveló que la especialista certificó, de forma fraudulenta, que del 26 de septiembre de 2023 al 27 de marzo de 2024 había dado 77 servicios de terapias a 23 estudiantes. La especialista facturó 39 servicios que correspondía a periodos fuera del horario escolar, en ausencia de los maestros y estudiantes, e incluso en días de sábados. Además, facturó 38 servicios de psicología en días y horas que se encontraba trabajando en una tienda ubicada en un centro comercial.
Los auditores validaron con cinco padres de los estudiantes que sus hijos no habían recibido terapias fuera del horario escolar y que las firmas en 31 certificaciones de servicios mensuales no eran las suyas, ni habían autorizado a nadie firmar por ellos. Mediante declaraciones juradas, tres educadoras declararon que algunos documentos de la compañía tenían firmas de maestros falsificadas.
La especialista cobró de forma indebida $5,035. Al respecto, se pudo haber configurado delitos tipificados en la Ley 146-2012, Código Penal de Puerto Rico.
Esta situación se refirió a la secretaria de Justicia el 21 de febrero de 2025 para que evaluara la posible violación de leyes y/o reglamentos, y al comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales para que tome las medidas que estime pertinentes.
También le recomendamos a la inspectora general de la Oficina del Inspector General, que considere ampliar el alcance de la revisión de los servicios facturados por la especialista, y al secretario de Educación que tome las medidas administrativas pertinentes.
Del 1 de septiembre de 2023 al 30 de abril de 2024, la especialista cobró $73,800 por 1,125 terapias. Para este periodo, el Departamento de Educación había desembolsado $1.3 millones por 22,744 terapias a esta compañía.
Este informe, resultado de la investigación de una querella, con fecha del 22 de mayo de 2025.
El Informe OC-25-81 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-80 del Municipio de Trujillo Alto
Contralora revela compra de vehículos y asfalto por más de $147 mil sin las cotizaciones requeridas en Trujillo Alto
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Trujillo Alto. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Trujillo Alto compró del 2021 al 2022, tres vehículos de motor por $81,428, sin obtener al menos tres cotizaciones. Para una de las compras sólo se obtuvo la cotización del proveedor agraciado, y para la otra compra no se encontraron las cotizaciones.
Además, el Municipio compró en el 2020, 840 toneladas de asfalto por $65,733, sin obtener las cotizaciones requeridas, sino sólo la del proveedor agraciado.
La ley y la reglamentación vigente prohíbe el desembolso de fondos municipales para la compra de bienes, suministros y servicios, sin las cotizaciones requeridas. Además, estas situaciones impiden la libre competencia entre el mayor número de proveedores.
La auditoría, de dos hallazgos, señala que el Archivo Municipal para los documentos inactivos carecía de equipo para el control de humedad y tenía filtraciones en el techo y cajas en el piso. La falta de control adecuado de los documentos públicos propicia su deterioro, destrucción o que se pierdan.
El Informe comenta las sentencias de la fiscalía federal contra el exalcalde el 11 de enero de 2023 y contra el exayudante del alcalde el 3 de marzo de 2023, por fraude contra el Gobierno de los Estados Unidos. Ambos solicitaron, aceptaron y recibieron pagos a cambio de gestionar y otorgar contratos a dos compañías de servicios de asfalto, pavimentación y recogido de basura. Los dueños de las compañías se declararon culpables por cargos de corrupción en procesos judiciales relacionados con este esquema, también en otros municipios.
Los estados financieros reflejaron déficits acumulados en el Fondo General de $3.1 millones en el 2020, $3.1 millones en el 2021, $2.7 millones en el 2022 y $533,490 en el 2023. El estado financiero del 2024 reflejó un superávit acumulado de $3.9 millones.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio de Trujillo Alto cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este informe cubre el periodo del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-80 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
La mayoría de las empresas de turismo náutico en la Isla están ilegales, según auditoría
Wapa Digital May 27, 2025
Un 68% de las empresas de turismo náutico en Puerto Rico operan ilegalmente sin contar con las debidas certificaciones, según se reveló hoy en un informe de auditoría a la Compañía de Turismo realizado por la Oficina de la Contralora.
Según el informe, el 68% de las empresas de turismo náutico examinadas continúan brindando servicios a pesar de no tener la Certificación de Actividad Turística vigente al 27 de marzo de 2025. Esta situación, que se atribuye a la falta de personal en la Compañía de Turismo para realizar las inspecciones necesarias, genera una competencia desleal con los operadores que sí cumplen con la ley y la reglamentación vigente.
La auditoría, de tres hallazgos, señala también múltiples deficiencias con el registro de las empresas de turismo náutico. Los auditores identificaron certificaciones vencidas registradas como regulares y certificaciones condicionadas que estaban vencidas, en el 28% de los expedientes examinados. Además, la Compañía no mantiene un registro público de las empresas dedicadas a las actividades de turismo náutico y de las marinas turísticas según dispone la Ley de Turismo Náutico de 2010 (Ley 241-2010).
En visita realizada a la Oficina de Servicios y Fiscalización de la Compañía de Turismo, se verificó que el archivo carece de un custodio designado, no tiene un registro de las personas con acceso y los documentos estaban sueltos en los expedientes. Esta situación propicia que se desaparezcan los documentos y afecta la planificación, inversión y desarrollo de las empresas de turismo náutico.
Los estados financieros auditados reflejaron que la Compañía de Turismo tuvo ingresos por $377.4 millones, y gastó $264.6 millones del 2022 al 2023.
Este informe es uno de auditoría de cumplimiento de alcance específico, el cual significa que atiende uno o dos asuntos en un periodo de tiempo establecido. Este informe cubre el periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de enero de 2025, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
Contralora identifica 19 empleados de CESCO alrededor de la isla que borraban sus multas en auditoría
Fuente: Radio Isla
Fecha: 23 de mayo de 2025
La Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso reveló en Pega’os en la Mañana que identificaron unos 19 empleados de Centro de Servicios al Conductor (CESCO) borraron sus multas en su último informe, que cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2021.
“Hicimos pruebas, tanto en el centro metropolitano, en el CESCO Bayamón, en el de Ponce, Aguadilla, Arecibo, Humacao, Barranquitas, Caguas, Guayama, en el Urbano, en Minillas, y en todos encontramos por lo menos un empleado o borrándose cuentas propias, las multas que le habían dado a ellos mismos, borrando, cambiando estatus de algunas multas, diciendo que se habían pagado en Hacienda, y en Hacienda no tenían récord del pago”, reveló Valdivieso. “Y eso es de una muestra. Nosotros de todo el universo se cogieron que eran miles de multas. Lo que revisamos fueron 437 multas que se encontraron mal, pero eran como de 25 mil, y ahí entran miles de multas al año”.
La auditoría revela que no se habían cobrado 47.9 millones de dólares en multas de tránsito de 543,711 multas sin corregir para el 2019. La oficinista encargada de verificar el proceso de digitalización de los boletos por la compañía contratada y trabajar los boletos con errores, se acogió a una licencia en septiembre de 2017, y al reintegrarse, fue asignada a otras funciones. El informe también señala que entre el 48% y el 68% de las 921,322 multas de AutoExpreso por $29.2 millones entre el 2016 al 2018, no se cobraron, ya que el DTOP no tiene los mecanismos para identificar los conductores de vehículos arrendados.
“Los 47 millones, 50 millones esos que no se cobraron muchos de ellos es porque cuando digitalizaban el boleto, la letra del que escribió el boleto no se entendía, así que no podían llevar esa multa ni a una licencia, ni a un carro, así que por ahí tenías un problema de digitalización por la falta de buena escritura de los policía”, explicó la Contralora. “Tienes un montón de multas que llegan a esos almacenes y no se procesan inmediatamente. Y si tú no las procesas, o sea, no las grabas en el sistema DAVID, ¿después cómo las cobras?”
El informe de la Oficina del Contralor confirmó que las situaciones fueron referidas al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) el 23 de febrero de 2022. El 23 de diciembre de 2024, la entonces secretaria del DTOP notificó que tras investigaciones internas, se destituyó un empleado del CESCO Metropolitano y se le formularon cargos e intención de destitución a tres empleados del CESCO Bayamón, Caguas y Minillas.
Contralor revela ASES pagó millones por contratos que habían vencido
Según el informe, ASES no llevó a cabo un proceso de contratación abierto y competitivo.
Por Metro Puerto Rico
19 de mayo 2025 a las 12:36 hrs.
La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió un informe sobre las operaciones fiscales de la Administración de Seguros de Salud (ASES), tras detectar pagos por más de 34 millones de dólares por contratos de servicios profesionales y consultivos nulos.
“La ASES otorgó enmiendas con vigencia retroactiva para pagar servicios a contratistas, aun cuando se había alcanzado el límite máximo establecido por contrato”, indicó el informe del Contralor.
Del análisis de una muestra de 319 contratos y 314 enmiendas otorgadas entre 2016 y 2020 por 10,362 millones de dólares, el 16 por ciento de las enmiendas se emitió retroactivamente, el 10 por ciento se hizo sobre contratos vencidos, y el 5 por ciento sin aprobación de la Junta de Directores.
También se indicó que ASES no llevó a cabo un proceso de contratación abierto y competitivo.
El informe establece que la ASES justificó sus acciones en una opinión legal “errónea” que permitía enmendar contratos después de haber recibido aprobación de fondos adicionales de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esta interpretación fue utilizada para realizar pagos retroactivos, lo que contraviene la normativa vigente.
Durante julio y agosto de 2018, ASES firmó enmiendas nulas a contratos vencidos por más de 34.3 millones de dólares para servicios de relaciones públicas y manejo de beneficios de farmacia, práctica que la Oficina del Contralor calificó como inválida bajo la ley.
La auditoría encontró que ASES pagó 2.9 millones de dólares por servicios subcontratados sin autorización, 3,213 dólares sin contrato y 1,751 dólares en exceso de lo contratado. También se permitió que una empresa facturara 8,970 dólares por asesores fuera de contrato, redistribuyendo horas luego de la entrada en vigor del acuerdo.
El Contralor recomendó a la Junta de Directores de ASES iniciar una investigación sobre el cumplimiento del personal de finanzas y administración, y tomar medidas disciplinarias si procede.
Otras deficiencias incluyen la autorización de trabajos ya realizados, pagos retroactivos, ausencia de reglamentación para servicios de publicidad y falta de evaluaciones de riesgo entre 2018 y 2022. Además, se pagaron hasta 2.1 millones de dólares por funciones equivalentes a puestos regulares, lo que pudo representar un ahorro de 1.4 millones si se hubiesen pagado por nómina.
Al 30 de junio de 2022, la ASES aseguraba 1,276,451 vidas, y entre 2017 y 2022, manejó un presupuesto de 19,176 millones de dólares con desembolsos de 18,952 millones.
Este segundo y último informe de auditoría cubre el periodo del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2022.
Expresiones de ASES
La Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) aseguró mediante declaraciones escritas que activó un plan de acción correctivo y preventivo tras recibir el pasado viernes un informe de la Oficina del Contralor que señala múltiples deficiencias administrativas.
En una declaración oficial emitida hoy lunes, la directora ejecutiva interina de ASES, Lymari Colón, indicó que: “Desde el momento en que recibimos el informe la semana pasada, no perdimos tiempo. Activamos de inmediato un plan de acción concreto —no solo para corregir lo señalado, sino también para prevenir que situaciones similares vuelvan a repetirse”.
Detectan posibles fraudes y sobre $50 millones en multas sin cobrar en el CESCO
Las irregularidades fueron reveladas por la Oficina del Contralor de Puerto Rico
CyberNews 22/05/2025 Actualizado hace May 22, 2025
La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió el jueves una opinión adversa sobre las operaciones fiscales del Centro de Servicios al Conductor Metropolitano (CESCO), tras revelar irregularidades con el manejo de multas, posibles fraudes en cambios de estatus y la pérdida de más de $50 millones en ingresos.
Según el informe, “no se habían cobrado $47.9 millones de 543,711 multas sin corregir para el 2019”, debido a errores en el sistema y la falta de personal para procesarlas. El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) contrató una empresa por $350,000 para trabajar las multas, pero el 90% de los boletos no pudo corregirse por ser ilegibles.
En una muestra de 42 facturas por $6 millones, el 69% fue certificado por personal ajeno al proceso de digitalización, y el 31% se pagó sin hojas de control firmadas. Además, auditores encontraron cambios de estatus de multas sin evidencia de pago y casos en los que operadores invalidaron sus propias multas o las de otros empleados, fuera del horario laboral.
La Contralora identificó 19 operadores que cambiaron el estatus de 129 multas de forma irregular y alteraron otras 2,290 multas por $83,100 fuera de la muestra examinada. El informe señala que estas acciones fueron referidas al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental en febrero de 2022.
El DTOP confirmó en diciembre de 2024 la destitución de un empleado del CESCO Metropolitano y la intención de destituir a tres empleados de los CESCO de Bayamón, Caguas y Minillas.
La auditoría también reveló que entre el 48 y el 68 por ciento de las 921,322 multas de AutoExpreso emitidas entre 2016 y 2018, equivalentes a 29.2 millones de dólares, no se cobraron por falta de mecanismos para identificar a conductores de vehículos arrendados.
El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2021 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-79 de la Compañía de Turismo de Puerto Rico
Contralora revela que el 68% de las empresas de turismo náutico operan fuera de la legalidad
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones de la Compañía de Turismo de Puerto Rico relacionadas con la industria del turismo náutico. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El informe revela que el 68% de las empresas de turismo náutico examinadas continúan brindando servicios a pesar de no tener la Certificación de Actividad Turística vigente al 27 de marzo de 2025. Esta situación, que se atribuye a la falta de personal en la Compañía de Turismo para realizar las inspecciones necesarias, genera una competencia desleal con los operadores que sí cumplen con la ley y la reglamentación vigente.
La auditoría, de tres hallazgos, señala también múltiples deficiencias con el registro de las empresas de turismo náutico. Los auditores identificaron certificaciones vencidas registradas como regulares y certificaciones condicionadas que estaban vencidas, en el 28% de los expedientes examinados. Además, la Compañía no mantiene un registro público de las empresas dedicadas a las actividades de turismo náutico y de las marinas turísticas según dispone la Ley de Turismo Náutico de 2010 (Ley 241-2010).
En visita realizada a la Oficina de Servicios y Fiscalización de la Compañía de Turismo, se verificó que el archivo carece de un custodio designado, no tiene un registro de las personas con acceso y los documentos estaban sueltos en los expedientes. Esta situación propicia que se desaparezcan los documentos y afecta la planificación, inversión y desarrollo de las empresas de turismo náutico.
Los estados financieros auditados reflejaron que la Compañía de Turismo tuvo ingresos por $377.4 millones, y gastó $264.6 millones del 2022 al 2023.
Este informe es uno de auditoría de cumplimiento de alcance específico, el cual significa que atiende uno o dos asuntos en un periodo de tiempo establecido. Este informe cubre el periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de enero de 2025
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El Informe de Auditoría OC-25-79 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-78 de la Compañía de Fomento Industrial
Opinión favorable de la Oficina del Contralor a las operaciones fiscales de la Compañía de Fomento Industrial
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión favorable de las operaciones fiscales de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones de la Compañía se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
Los auditores evaluaron objetivos específicos de los contratos y los desembolsos de los servicios de mantenimiento, reparación y conservación de las propiedades de la Compañía. Al respecto, se examinaron, entre otros, si se formalizaron los contratos antes de que el contratista prestara servicios, si los contratos se radicaron en la Oficina del Contralor, y si los desembolsos se efectuaron según la reglamentación aplicable.
A base del trabajo realizado, no se identificaron deficiencias significativas relacionadas con los controles internos que ameriten comentarse en este Informe.
Los ingresos y los gastos del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2023 reflejaron que la Compañía generó ingresos por $191.7 millones e incurrió en gastos por $152 millones.
Este Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2020 al 15 de enero de 2025.
El Informe de Auditoría OC-25-78 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-77, Departamento de Transportación y Obras Públicas Centro de Servicios al Conductor Metropolitano Directoría de Servicios al Conductor
Contralora revela más de $50 millones en multas sin cobrar en el CESCO Metropolitano y posible fraude en cambios de estatus de multas
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales del Centro de Servicios al Conductor Metropolitano (CESCO) de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la corrección y el cambio de estatus de las multas administrativas gravadas en el Drivers and Vehicles Information Database Plus – Sistema DAVID, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que no se habían cobrado $47.9 millones de multas de tránsito de 543,711 multas sin corregir para el 2019. La oficinista encargada de verificar el proceso de digitalización de los boletos por la compañía contratada y trabajar los boletos con errores, se acogió a una licencia en septiembre de 2017, y al reintegrarse fue asignada a otras funciones.
Al respecto, el DTOP tuvo que formalizar en el 2019, un contrato por $350,000 para trabajar estas multas sin corregir. Del trabajo realizado mediante programación automatizada, no se pudieron corregir el 90% de los boletos con errores porque, en la mayoría, la escritura era ilegible.
De hecho, la propuesta del contratista era que el 95% del proceso de trabajar las multas con incidencias, se llevaría a cabo con tecnología de captación de datos en imagen. Sin embargo, al no poder cumplir, la compañía le indicó al DTOP que asignara personal para analizar las imágenes de los datos capturados y registrados en el sistema DAVID.
La compañía encargada de la digitalización enviaba las facturas para pago con la Hoja de Control de Boletos Digitalizados y Gravados en el Sistema DAVID Plus. Los auditores detectaron en una muestra de 42 facturas por $6 millones, que el 69% fueron certificadas correctas por personal que no estuvo en el proceso de digitalización, y el 31% fueron pagadas sin que las hojas de control estuvieran firmadas por personal del CESCO Metropolitano.
La auditoría, de cuatro hallazgos, señala múltiples deficiencias con el proceso de cambio de estatus de las multas gravadas en el Sistema DAVID. Del examen de una muestra de las multas cambiadas a estatus de expiradas, se detectó que el 63% habían vencido por la tardanza de hasta 10 meses en registrar el gravamen. Además, se hallaron multas con cambio de estatus a pagadas sin evidencia de pago, multas cambiadas a expiradas de forma incorrecta, y multas invalidadas sin explicar la razón. Estas situaciones causaron la pérdida de $48,837 en ingresos, de la muestra de 455 multas examinadas del 2016 al 2018.
En este proceso de cambio de estatus de las multas, los auditores identificaron 19 operadores que realizaron 129 cambios de estatus a las multas contrario a la ley. Por ejemplo, el Operador 1 del CESCO Metropolitano, invalidó una multa suya de las 15 que invalidó y cambió el estatus de otras nueve multas a pagadas, fuera de horas laborables. El Operador 2 del CESCO Bayamón, cambió a estatus de pagadas, cinco multas fuera de horas laborables de las cuales dos no tenían pagos registrados. El Operador 3 del CESCO Bayamón, también realizó cambios de estatus fuera de horas laborables e invalidó multas. El Operador 4 consultor de DISCO, cambió a estatus de expiradas unas 10 multas sin evidencia de pagos de los peajes de auto expreso, ni renovación del marbete, y canceló una multa suya de $500 y la de una empleada de DISCO de $75. El Operador 5 y 6, el exdirector de Investigaciones e Inspección de DISCO canceló siete multas e invalidó otras dos multas. Estos operadores, también cambiaron el estatus de otras 2,290 multas por $83,100 fuera de la muestra examinada.
El Informe comenta que estas situaciones fueron referidas al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental el 23 de febrero de 2022. El 23 de diciembre de 2024, la entonces secretaria del DTOP, notificó que tras investigaciones internas se destituyó un empleado del CESCO Metropolitano y se le formularon cargos e intención de destitución a tres empleados del CESCO Bayamón, Caguas y Minillas.
La auditoría identificó que el Reglamento 8645 que regula la imposición y cancelación de gravámenes, no había sido revisado al 4 de febrero de 2020 para atemperar los costos por imposición y cancelación de los gravámenes de hipoteca y de mobiliario, según establece la Ley 21- 2012. Además, el DTOP no cuenta con normas de control para el proceso de cambio de estatus de las multas administrativas de tránsito que se registran en el sistema DAVID.
Por otro lado, el almacén de documentos del CESCO Metropolitano no mantiene un inventario actualizado de los documentos del almacén, no se controla el acceso, y se entregaban cajas sin hojas de trámite.
El informe también comenta que entre el 48% y el 68% de las 921,322 multas de AutoExpreso por $29.2 millones entre el 2016 al 2018, no se cobran ya que el DTOP no tiene los mecanismos para identificar los conductores de vehículos arrendados.
Este informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2021
El Informe de Auditoría OC-25-77 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Evitar señalamientos está en tus manos (2)
Campaña dirigida a los contratistas del Gobierno y municipios de Puerto Rico.
Contratar con el Gobierno de Puerto Rico implica una gran responsabilidad.
Porque se manejan fondos públicos, el cumplimiento de la ley no es opcional: es obligatorio.
Asegúrate de cumplir con la ley y la reglamentación aplicable.
“Evitar señalamientos está en tus manos”.
Este mensaje es traído a usted por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Informe de Auditoría OC-25-76, Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico
La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES). Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la contratación de servicios profesionales y consultivos no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, pagó más de $34 millones por contratos de servicios profesionales y consultivos nulos. Del examen de una muestra de los 319 contratos y 314 enmiendas otorgados por $10,362 millones entre el 2016 al 2020, se detectó que el 16% de las enmiendas se otorgaron de forma retroactiva, el 10% de las enmiendas se otorgaron a contratos vencidos, y el 5% de los contratos se formalizó sin la aprobación de la Junta de Directores. Además, no se llevo a cabo un proceso abierto, competitivo y público de contratación.
Por ejemplo, en contravención de la ley y de la reglamentación aplicable, la ASES permitió continuar prestando servicios a contratista de firma de consultores, a una firma de relaciones públicas y a una compañía de servicios actuariales, aun cuando habían llegado al límite máximo establecido por contrato. Al respecto, la ASES otorgó enmiendas con vigencia retroactiva para pagar dichos servicios.
Esta situación se atribuye a que la ASES sustentaba su acción con una opinión legal errónea. Esta opinión establecía que se podían pagar los servicios con enmiendas retroactivas, antes de la aprobación de fondos adicionales por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para entonces enmendar contratos.
Además, del 31 de julio y 1 de agosto de 2018, la ASES otorgó enmiendas nulas a contratos vencidos por más de $34.3 millones para servicios de relaciones públicas y de un manejador de beneficios de farmacia. La extensión de un contrato vencido es nulo y no se puede calificar como enmienda.
La auditoría de tres hallazgos señala que la ASES pagó $2.9 millones en servicios subcontratados sin autorización y sin tener certeza de que los subcontratistas estaban capacitados para prestar el servicio. Además, la ASES pagó $3,213 a contratista por servicios sin contrato y $1,751 en exceso de lo contratado. Estas deficiencias se atribuyen a que la reglamentación de la ASES no precisa ni contiene disposiciones sobre cómo los empleados deben preintervenir las facturas.
Los auditores hallaron que la ASES permitió que una compañía facturara $8,970 por servicios de dos asesores fuera de contrato. Las facturas reclamadas fuera de contrato vigente no se procesaron. Sin embargo, el contratista actuó contrario a la ley y al contrato, y distribuyó la totalidad de las horas en nuevo informe de labor cuando el contrato entró en vigencia.
Al respecto de este hallazgo, se recomienda al presidente de la Junta de Directores que requiera una investigación sobre el cumplimiento del personal de finanzas y administración con sus funciones, y aplicar los reglamentos en caso de detectar faltas.
El Informe también revela múltiples deficiencias como el autorizar trabajos ya realizados que generaron pagos retroactivos prohibidos por las normas de contratación gubernamental. La ASES tampoco contaba con reglamentación para administrar los servicios de publicidad y no realizó evaluaciones de riesgo del 2018 al 2022 para identificar eventos potenciales y gestionar sus riesgos.
La auditoría comenta que la ASES pagó honorarios de hasta $2.1 millón por tareas similares a los deberes y funciones de puestos incluidos en los planes de clasificación y retribución. De haber, pagado a base de nómina, el ahorro potencial de la ASES hubiese sido de $1.4 millones.
Al 30 de junio de 2022, la ASES aseguraba 1,276,451 vidas. De 2017 al 2022, contó con un presupuesto de $19,176 millones y realizó desembolsos por $18,952 millones.
Este segundo y último informe, cubre el periodo del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2022.
El Informe de Auditoría OC-25-76 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Evitar señalamientos está en tus manos
Campaña dirigida a los contratistas del Gobierno y municipios de Puerto Rico.
Cuando contratas con el Gobierno de Puerto Rico… no solo estás firmando un contrato. Estás asumiendo un compromiso con el pueblo.
Remítelo al Registro de Contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Cada centavo que administras proviene de fondos públicos.
“Evitar señalamientos está en tus manos”.
Este es un mensaje de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Comunicado de Prensa – La Oficina del Contralor de Puerto Rico firma acuerdo de cooperación e intercambio de información con la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, México
(San Juan-PR) – La Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, firmó un Convenio de Cooperación e Intercambio de Información con el Auditor Superior del Estado de Hidalgo, México, Jorge Valverde Islas. El acuerdo, que no conlleva erogación de fondos, se formalizó para intercambiar ideas, experiencias, información y material científico.
“Este convenio se enmarca en nuestros esfuerzos de expandir conocimientos y experiencias anticorrupción de entidades fiscalizadoras superiores fuera de Puerto Rico. Con la Auditoría Superior del estado de Hidalgo, queremos además, contribuir al intercambio de las buenas prácticas del quehacer del control fiscal”, expresó Valdivieso.
Por otro lado, el Auditor Superior del Hidalgo, México, Jorge Valverde Islas, enfatizó que: “Para mí es un honor encabezar hoy este proyecto tan significativo, la firma del Convenio de Cooperación e Intercambio entre la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, México. Estoy convencido que, con la firma del presente convenio se establecen bases sólidas para presentes y futuras colaboraciones, que nos permiten generar mecanismos que obliguen a las autoridades que manejan o administran recursos públicos, a responder por el origen y destino de estos, y así evitar ambigüedades en el proceso de fiscalización.”
Con este acuerdo, efectivo el 12 de mayo de 2025, ambas partes compartirán información sobre normas y procesos de auditoría, y organizarán programas de intercambio técnico para analizar temas sobre fiscalización y auditoría. Además, se comprometen a dar asistencia técnica sobre tecnología de información y crear herramientas tecnológicas para el beneficio de ambas partes.
La Oficina del Contralor de Puerto Rico participa desde el 1965 en la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Este organismo internacional, fomenta el intercambio de experiencias relacionadas con la fiscalización y control gubernamental, entre sus miembros.
“El acuerdo nos permitirá dar un paso adelante para fortalecer las estrategias de fiscalización de los fondos y la propiedad pública en Puerto Rico. Además, ante la evidente internalización de la corrupción, con este acuerdo adquirimos las técnicas y estrategias de primera mano, sobre cómo se combate este mal desde otras jurisdicciones”, indicó la Contralora de Puerto Rico.
NotiContralor News – sobre informes de auditoría al Negociado de la Policía, y los municipios de Morovis y Guánica
¡Saludos!
Hoy hablamos sobre los informes de auditoría publicados por la Oficina del Contralor de Puerto Rico al Negociado de la Policía, y a los municipios de Morovis y Guánica.
El informe del Negociado de la Policía reveló que, el Negociado no le retuvo el 1.5% por ciento a cinco contratistas. El 1.5% por ciento corresponde a la aportación especial que por ley se descuenta a los proveedores con contratos de más de $300 mil dólares.
Esta aportación especial se estableció paraaliviar la crisis fiscal y atender gastos operacionales del Gobierno.
En cuanto al municipio de Morovis, los auditores encontraron que se pagó más de medio millón de dólares sin celebrar subasta en la contratación de servicios de mantenimiento de áreas verdes. Y tampoco se obtuvo al menos tres cotizaciones para los servicios de limpieza de terrenos y mantenimiento.
Estas situaciones impiden la libre competencia, propician el favoritismo y que se cometan irregularidades.
Además, sin facultad legal, el Municipio de Morovis le pagó más de $6 mil dólares a un funcionario por los excesos de licencia de vacaciones acumuladas.
Por otro lado, la auditoría al Municipio de Guánica reveló que el Municipio dejó de cobrar $46 mil dólares en arbitrios de cuatro proyectos de construcción. Esta cantidad representa el 5% por ciento según requerido en la Ordenanza 29 del municipio.
Además, el Municipio de Guánica no le remitió al Departamento de Hacienda, más de $22 mil dólares que le retuvo a dos contratistas por trabajos de ingeniería.
Por este incumplimiento el Municipio se expone a tener que pagar intereses, penalidades y recargos.
Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor, las Cartas Circulares y otros documentos, están disponibles en nuestra página www.ocpr.gov.pr
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Contraloría a sus órdenes.
Informe de Auditoría OC-25-75 del Municipio de Guánica
Contralora revela que el Municipio de Guánica no cobró $46 mil en arbitrios de construcción ni remitió retenciones por $20 mil al Departamento de Hacienda
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Guánica. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Guánica no le cobró el 5% de arbitrio al 80% de los proyectos de construcción, ni le retuvo este importe en los pagos efectuados a los contratistas por mejoras al edificio de la alcaldía, la demolición de viviendas afectadas por los terremotos, o por la instalación de mallas de control de palomas en varias canchas, entre otras.
De los cinco proyectos de construcción, demolición y mejoras permanente examinados, el Municipio no le requirió a cuatro de ellos el pago de $45,849 de arbitrios por las obras contratadas por $1.1 millones entre el 2020 al 2023.
Además, los expedientes de los proyectos carecían de documentos requeridos por ley como: la fianza para garantizar el pago de mano de obra (payment bond), fianza para el cumplimiento del contrato (performance bond), o la evidencia de póliza de responsabilidad pública.
Estas deficiencias, dejan sin garantía al Municipio, en caso de incumplimiento y dificultan la función fiscalizadora.
La auditoría de seis hallazgos señala que el Municipio no consignó $79,761 en los presupuestos del 2019 al 2021 para el pago de una sentencia por cobro de dinero de una ferretería, acordada mediante sentencia por el Tribunal de Primera Instancia el 18 de abril de 2017. Esta falta de control causó, además, el pago de $7,000 en penalidades.
Al 10 de abril de 2024, el Municipio no tenía los estados financieros auditados para los años fiscales del 2021, 2022 y 2023. Esta situación no permite tener información financiera actualizada y confiable para la toma de decisiones. Además, puede ocasionar que se afecten las asignaciones de fondos federales al Municipio.
Los auditores detectaron que el Municipio le retuvo $22,316 a dos contratistas por trabajos de ingeniería que no remitieron al Departamento de Hacienda. Una situación similar se había publicado en el Informe de Auditoría M-22-22 del 2022. Por este incumplimiento el Municipio se expone a tener que pagar intereses, penalidades y recargos.
El Municipio de Guánica, carece de una unidad de compras centralizada. Por ejemplo, las subastas informales para obras de construcción y mejoras, no se remitían a la Unidad de Compras sino a un comité nombrado por el alcalde que evaluaba las cotizaciones y adjudicaba las obras. De hecho, en contravención del Código Municipal de 2020, dicho comité carecía de reglamentación.
La OCPR no pudo verificar en todos sus detalles la corrección y propiedad del desembolso de ocho cheques cancelados por $278,488, 19 cheques cancelados por $84,000, ni de 31 cheques cancelados por $39,000. Tras los terremotos, los documentos se enviaron al Museo Pedro Juan Vargas, pero no se organizaron adecuadamente. Los directores de finanzas en funciones no mantuvieron una custodia adecuada de los documentos.
El Informe comenta que el Municipio transó una demanda por más de $1 millón, por la cancelación de contrato sin arbitraje en el 2015, con una compañía de recogido de desperdicios sólidos, escombros y reciclaje. El Municipio realiza este desembolso sin recibir beneficio alguno.
Por despido injustificado de un policía municipal en el 2011, el Municipio tuvo que pagarle $73,540 en salarios, bonos y licencias por vacaciones dejadas de devengar sin recibir servicio alguno. Además, al 12 de septiembre de 2023, siete demandas por $31.8 millones, estaban pendientes de resolución por los tribunales.
Desde los años fiscales del 2019 al 2023, Guánica ha contado con un presupuesto de $7.8 millones, $6.4 millones, $5.1 millones, y $7.3 millones respectivamente. Los estados financieros auditados del 2019 al 2021 reflejaron déficits acumulados de $6.5 millones, $3.8 millones y $3.5 millones respectivamente.
El Municipio tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional del 49% en el 2020 y del 54% en el 2021. Esto se atribuye a la sobrestimación en los ingresos, al uso inadecuado de ingresos de patentes municipales para cubrir gastos operacionales y a la ausencia de un sistema de contabilidad, entre otros.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo informe, cubre el periodo del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-75 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-74 del Municipio de Morovis
Contralora revela pagos de más de medio millón sin subasta y cotizaciones requeridas en Morovis
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Morovis. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Morovis pagó $593,653 a dos contratistas por servicios de mantenimiento de áreas verdes sin celebrar subasta. De esta cantidad, $385,870, el 65%, eran fondos federales de la Ley del Plan de Rescate Americano y de fondos del COVID-19. La ley y el Reglamento de Subastas de 2021, dispone que es requisito celebrar subasta pública en la compra de materiales, equipos, medicinas y otros suministros cuando excedan de $100,000.
Además, el Municipio otorgó dos contratos por $47,500 para limpieza de terrenos y mantenimiento, sin obtener al menos tres cotizaciones. Estas situaciones impiden la libre competencia, propician el favoritismo y que se cometan irregularidades, entre otras.
La auditoría de seis hallazgos señala que, sin facultad legal, el Municipio le pagó a un funcionario $6,375 por los excesos de licencia de vacaciones acumuladas, en contravención de la Ordenanza 15 de 2017. Además, a la directora de Recursos Humanos se le pagó un diferencial de $2,907 para atender asuntos de personal de la Oficina de Recuperación; tareas que ya estaban definidas en el Plan de Clasificación y Retribución de Puestos de 2008.
Los auditores detectaron que el Municipio nombró un empleado en 11 ocasiones a los puestos de trabajador y conductor de vehículos pesados sin estar habilitado por la Oficina de Habilitación para el Servicio Público. Dicho empleado fue convicto por delitos graves y sentenciado a siete años de probatoria en el 2008. El hecho de no estar habilitado según requiere la ley, pudiera ocasionar que el Municipio tenga que rembolsar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos los salarios devengados bajo la Ley 52-1991 de Seguridad de Empleo.
Por otro lado, el Municipio no obligó las asignaciones presupuestarias de más de $2.2 millones al momento de otorgar siete contratos y tres enmiendas para el servicio de recogido de escombros, construcción y mejoras permanentes. El registro de las obligaciones se realizó hasta 100 días después de formalizar los contratos. Una situación similar se había comentado en el 2020, en el Informe de Auditoría M-21-08.
Sin obtener los permisos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el Municipio de Morovis contrató la construcción de 15 monumentos para identificar los barrios por $348,835. Esta situación expone al Municipio a multas y penalidades ya que no permitió la función reguladora del DTOP, y que los monumentos se construyeran en contravención de las leyes y reglamentos aplicables. (Ver fotos adjuntas, relacionadas con este hallazgo 5)
El Informe publica múltiples deficiencias con la ausencia o tardanza en completar los documentos requeridos a los contratistas, tales como: la póliza de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, fianzas para garantizar el pago de jornales y materiales (payment bond), y fianzas para garantizar el cumplimiento del contrato (performance bond), entre otros. De esta manera, el Municipio no tiene garantías de que los contratistas cumplan con sus empleados, por ejemplo, en caso de accidente; y no verificaron si los contratistas cumplían con los requisitos de ley para formalizar contratos.
La auditoría comenta que el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Morovis, dictó sentencia el 23 de abril de 2024, y ordenó al Municipio el pago de $375,000 a contratista de recogido de desperdicios sólidos. El contratista había demandado al Municipio y a la alcaldesa el 27 de julio de 2018 por incumplimiento de contrato y daños por actuación dolosa al cancelar el contrato en el 2017.
Además, al 26 de septiembre de 2024, estaban pendientes de resolución por los tribunales, cuatro demandas civiles por daños y perjuicios y expropiación forzosa por $4 millones.
Desde los años fiscales del 2019 al 2024, Morovis ha contado con un presupuesto de $10.5 millones, $11.1 millones, $10.2 millones, $9.8 millones, $8.7 millones y $8.5 millones respectivamente. Los estados financieros auditados reflejaron superávits de $781,812, $1.1 millones y $979,700 para los años fiscales del 2019 al 2021.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-74 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Negociado de la Policía no retuvo aportación especial a contratistas, según Contralor
fuente: NotiCel - 6 de mayo de 2025
Una opinión cualificada de las operaciones fiscales revela que a cinco contratistas no se les descontó el 1.5% que se requiere a los proveedores con contratos que excedan los $300,000.
La auditoría comenta que el Negociado de la Policía tenía al 29 de febrero de 2024, 390 demandas con reclamos de hasta $557 millones pendientes de resolución.
Foto: Archivo/NotiCel
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Negociado de la Policía no le retuvo a cinco contratistas el 1.5% de la aportación especial que por ley se debe descontar a los proveedores con contratos que excedan los $300,000. Al contratista se le puede exonerar de la aportación especial si presenta una declaración jurada (Modelo SC-1350) conforme establece la Ley 48-2013 y la Carta Circular 1300-07-21.
De la evaluación de una muestra de 27 comprobantes de pago por $664,084, emitidos del 2022 al 2024, el Negociado no retuvo $1,394 equivalente a la aportación especial del 1.5% en 14 comprobantes de pago por $93,039 a cinco contratistas que no tenían la declaración jurada. Para el periodo auditado del 2020 al 2024, el Negociado había otorgado un total de 856 contratos y enmiendas por $124 millones.
Esta situación incumple el propósito de recaudar fondos para aliviar la crisis fiscal y atender gastos operacionales del Gobierno.
La auditoría comenta que el Negociado de la Policía tenía al 29 de febrero de 2024, 390 demandas con reclamos de hasta $557 millones pendientes de resolución. La mayoría de los casos es por daños y perjuicios, violación de derechos civiles y discrimen. La cuantía mayor corresponde a una demanda por fabricación de cargos y detención ilegal por $100 millones.
Además, el Negociado no había remitido, al 30 de octubre de 2024, la Certificación Anual requerida por ley del Registro de Puestos de los años fiscales de 2021, 2022 y 2023. Este registro. que administra la OCPR, contiene la información de los cambios mensuales que ocurren con los puestos en todas las agencias y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva.
El presupuesto del Negociado desde el 2020 al 2024 ascendió a $3,709 millones, y realizó desembolsos por $3,193 millones.
Informe de Auditoría OC-25-73 del Negociado de la Policía de Puerto Rico
Contralora revela que el Negociado de la Policía no retuvo el 1.5% de la aportación especial a los contratistas
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Negociado de la Policía no le retuvo a cinco contratistas el 1.5% de la aportación especial que por ley se debe descontar a los proveedores con contratos que excedan los $300 mil. Al contratista se le puede exonerar de la aportación especial si presenta una declaración jurada (Modelo SC-1350) conforme establece la Ley 48-2013 y la Carta Circular 1300-07-21.
De la evaluación de una muestra de 27 comprobantes de pago por $664,084, emitidos del 2022 al 2024, el Negociado no retuvo $1,394 equivalente a la aportación especial del 1.5% en 14 comprobantes de pago por $93,039 a cinco contratistas que no tenían la declaración jurada. Para el periodo auditado del 2020 al 2024, el Negociado había otorgado un total de 856 contratos y enmiendas por $124 millones.
Esta situación incumple el propósito de recaudar fondos para aliviar la crisis fiscal y atender gastos operacionales del Gobierno.
La auditoría comenta que el Negociado de la Policía tenía al 29 de febrero de 2024, 390 demandas con reclamos de hasta $557 millones pendientes de resolución. La mayoría de los casos es por daños y perjuicios, violación de derechos civiles y discrimen. La cuantía mayor corresponde a una demanda por fabricación de cargos y detención ilegal por $100 millones.
Además, el Negociado no había remitido, al 30 de octubre de 2024, la Certificación Anual requerida por ley del Registro de Puestos de los años fiscales de 2021, 2022 y 2023. Este registro. que administra la OCPR, contiene la información de los cambios mensuales que ocurren con los puestos en todas las agencias y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva.
El presupuesto del Negociado desde el 2020 al 2024 ascendió a $3,709 millones, y realizó desembolsos por $3,193 millones.
Este primer informe, cubre el periodo del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-73 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Más de $42 millones en el limbo: gobierno incumple con recobro de dinero ante fallas en contratos auditados
fuente: El Nuevo Día - Por David Cordero Mercado - 1 de mayo de 2025
En los pasados cinco años, las entidades públicas solo han recuperado $267,380 tras las irregularidades detectadas por la Oficina del Contralor
El gobierno ha fallado en recuperar más de $42.1 millones que, según los informes de auditoría de laOficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), deben ser devueltos a las arcas públicas debido a irregularidades detectadas en contrataciones gubernamentales durante los pasados cinco años.
De un total de $44.5 millones identificados en auditorías, entre enero de 2020 y diciembre de 2024, apenas $267,380 han sido recuperados, mientras otros $2,100,668 ya se consideran incobrables, de acuerdo con datos que la OCPR compartió con El Nuevo Día.
Esta ínfima tasa de recobro destapa un cuadro de inacción y aparente impunidad en la gestión de fondos públicos, a juicio de la contralora, Yesmín Valdivieso.
“Nosotros no tenemos el poder para obligar a ninguna unidad a recobrar el dinero”, dijo Valdivieso, al argumentar que ejecutar el recobro no está en sus manos. “Nosotros sí le seguimos dando seguimiento a las solicitudes de recobro de dinero. En algunos casos, lo recobran y, en otros casos, (los encargados en las unidades gubernamentales) se hacen los locos. No tengo otra palabra para decirlo”, subrayó.
Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2024, la OCPR publicó 123 informes de auditoría qu0e revelaron fallas en contratos relacionados con construcción, obras, mejoras permanentes y servicios profesionales correspondientes a 86 entidades gubernamentales.
De esos, 50 reportes contenían recomendaciones específicas para recobrar fondos mal utilizados o pagados indebidamente, por un total de $44,501,586. Sin embargo, al culminar el pasado mes de marzo, cerca del 95% de ese monto –unos $42,133,538– aún no había sido reingresado al erario.
La OCPR explicó que hay 11 casos en los que las respectivas entidades gubernamentales ya determinaron no realizar gestiones de recobro, entre ellos, los gobiernos municipales de Hormigueros, Hatillo, Coamo y Arecibo. En otro ejemplo, una deuda de $65,214 fue declarada incobrable debido a que el Municipio de Naguabo no hizo las gestiones correspondientes de recobro y prescribió.
Al tope de la lista con gestiones de recobro pendientes, está el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres ($27,237,370), seguido de la Oficina de Gerencia y Presupuesto ($2,870,023), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura ($2,306,895), el Departamento de Corrección y Rehabilitación ($1,709,431), la Administración de Servicios Médicos ($1,681,841), el Municipio de Barceloneta($1,468,024) y el Negociado de Telecomunicaciones($1,031,028).
La información –que solo cubre cinco años– surge en momentos en que se prevé que las partidas provenientes del gobierno estadounidense se reduzcan del 46% actual a 43%, en el presupuesto del año fiscal 2025-2026, como consecuencia de los recortes en fondos federales impulsados por la administración de Donald Trump. En Puerto Rico, esta ofensiva ha afectado principalmente, hasta el momento, a los departamentos de Educación y de Salud.
Los hallazgos más comunes que activan las recomendaciones de recobro incluyen la ausencia de cláusulas requeridas por ley en los contratos, pagos realizados fuera de los términos contractuales y servicios prestados antes o después de la vigencia del contrato. Son errores que, según la contralora, se repiten con demasiada frecuencia.
“En algunos casos, lo recobran y, en otros casos, se hacen los locos ”
Yesmín Valdivieso, Contralora
“En nuestros informes, en todos los informes, siempre hay algún problema con algún contrato”, anotó Valdivieso, quien censuró el reiterado registro tardío de contratos en la OCPR por parte de las entidades gubernamentales. “Le caemos encima a las agencias para que registren (correctamente los contratos), pero la realidad es que el contratista es tan responsable como la agencia de que este contrato se registre”, subrayó.
10 casos bajo investigación
Valdivieso explicó que la OCPR refiere los casos de recobro principalmente al Departamento de Justicia y al Departamento de Hacienda, que tiene una unidad de cobro de deudas al gobierno. De igual modo, estos informes son referidos a la Comisión Conjunta de Informes Especiales del Contralor en la Legislatura, que se supone dé seguimiento a las recomendaciones. “Pudiera ser mejor”, respondió la funcionaria, al preguntársele si consideraba que las gestiones de recobro de parte de esas entidades eran efectivas.
Al respecto, Justicia indicó que recibe los referidos de la OCPR, los evalúa y, de proceder, asigna los casos a su División de Contributivo, Cobro de Dinero y Expropiaciones Forzosas.
En una declaración escrita, la agencia precisó que, hasta esta semana, dicha División tenía 10 casos activos bajo investigación. “Como parte del proceso, una vez culminen las investigaciones, el Departamento de Justicia notificará a las agencias correspondientes si se procederá con una reclamación o si el caso será cerrado”, indicó.
La declaración, sin embargo, no detalla la antigüedad de esos 10 casos, cuántos referidos han recibido en los últimos cinco años, ni un plazo estimado para la conclusión de las pesquisas.
Hacienda no respondió una petición de información de El Nuevo Día.
De igual forma, la senadora Karen Román, presidenta de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor, no estuvo disponible. Su portavoz, Josian Vázquez, indicó que la legisladora novoprogresista se encontraba ocupada atendiendo asuntos relacionados con el incidente, de carácter personal, que tuvo con una aerolínea.
Incompetencia e impunidad
La inacción que predomina es vista como un síntoma de un mal mayor, según Mario Negrón Portillo, catedrático retirado y exdirector de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, quien describió el panorama como “incompetencia, por un lado, e impunidad por otro”.
“Lo que estás trayendo describe lo que está pasando con la administración pública de Puerto Rico”, afirmó Negrón Portillo, en entrevista separada. “Por un lado, dando el beneficio de la duda, puede que la gente se equivoque por desconocimiento. Y, al otro lado, tienes el problema de la impunidad, que aquí se toman decisiones, suceden cosas y, al final del día, es como si nada hubiera pasado”.
Negrón Portillo argumentó que la falta de diligencia en el recobro abona a la percepción de que “no importa lo que tú hagas mal, nada va a pasar”. En esa dirección, añadió que las agencias, sobrecargadas o sin el personal capacitado, optan por no invertir esfuerzos en recuperar el dinero, por entender que no se le pedirán explicaciones al respecto.
Opinó que, en el pasado, los informes de la OCPR generaban cierto temor entre algunos funcionarios, particularmente alcaldes, por su posible costo electoral, pero eso quedó en el pasado. “Si ya no hay ese miedo, ya no hay esa deferencia, ese ‘creo que me puede pasar algo malo’, pues, nada va a pasar, las decisiones se siguen tomando, los problemas se siguen acumulando”, declaró.
Necesidad urgente de consecuencias
Tanto Valdivieso como Negrón Portillo coincidieron en la necesidad de que haya consecuencias reales. La contralora, aunque sostuvo que, en ocasiones, los errores pueden ser administrativos y no de mala fe, insistió en la rigurosidad necesaria al manejar fondos públicos. “Las reglas de contratación gubernamental son bien estrictas y tiene que haber un esfuerzo”, aseveró.
“Tiene que haber consecuencias”, subrayó, por su parte, Negrón Portillo. “Esto empieza desde arriba, tiene que haber una directriz bien clara de la Oficina del Gobernador, exigir un cumplimiento y un trabajo a los funcionarios públicos y, además de exigirle, poner una consecuencia”, puntualizó.
La corresponsabilidad entre el gobierno y el contratista es el eje de una reciente campaña de la OCPR titulada “Evitar señalamientos está en tus manos”, con la que buscan concienciar a los proveedores del gobierno sobre la necesidad de vigilar, también, el cumplimiento estricto de las normativas.
“Le recomendamos que se aseguren que el contrato cumpla con todos los requisitos de ley, la reglamentación y la jurisprudencia interpretativa para evitar irregularidades”, expresó Valdivieso.
Enfatizó que un contrato debe ser por escrito y estar firmado por las partes, tener vigencia prospectiva y estar debidamente registrado en la OCPR antes de iniciar servicios.Un error común, como enmendar un contrato ya vencido, invalida dicha enmienda, poniendo en riesgo el pago al contratista, incluso si este realizó el trabajo.
“Puede que te hayan pagado, pero eso no significa que nosotros no vamos a señalar o a solicitar que se te recobre el dinero que se te pagó”, advirtió la contralora. “La contratación pública representa una proporción significativa del presupuesto gubernamental. Por eso, los contratistas tienen la responsabilidad de asegurarse de cumplir con todas las normas legales que apliquen para evitar un señalamiento o una recomendación de recobro”, manifestó.
NotiContralor News – Informe de auditoría OC-25-72 de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA)
¡Saludos!
La Oficina del Contralor de Puerto Rico reveló, que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, también conocida como ASSMCA, pagó $48 mil dólares en exceso a tres contratistas. El Informe recomienda que se recobre ese dinero pagado de forma indebida.
Además, los auditores detectaron múltiples deficiencias en la facturación y pago de servicios administrativos remotos, de tareas presenciales como: ponchar contratos, crear expedientes y clasificar documentos.
En ASSMCA se contrataron varios servicios de puestos regulares vacantes como el del director médico y coordinadora de compras. Sin embargo, ante la disminución de empleados, esta entidad no había realizado una evaluación sobre la manera más eficiente de prestar estos servicios.
Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor, las Cartas Circulares y otros documentos, están disponibles en nuestra página www.ocpr.gov.pr
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Contraloría a sus órdenes…
Convocatoria 26-02, Programador
Convocatoria 26-02, Programador
Se aceptarán solicitudes desde el 23 de julio hasta el 15 de agosto de 2025.
Carta Circular OC-26-05, Certificación sobre la Notificación de Pérdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos o Bienes Públicos a la Oficina del Contralor durante el año fiscal 2024-25
Carta Circular OC-26-04, Facturación y cobro por solicitudes y requerimientos de información de la Oficina del Contralor de Puerto Rico
Carta Circular OC-26-03, Contratos del año fiscal 2024-25 con reparos pendientes de contestar por más de 30 días
Carta Circular OC-26-02, Contratos del año fiscal 2024-25 pendientes de remitir a la Oficina del Contralor con la clasificación de creado en la aplicación del Registro de Contratos
Informe de Auditoría OC-26-01 del Departamento de Transportación y Obras Públicas – Dirección y Administración Central
Contralora revela que el DTOP tiene deudas atrasadas por cobrar que ascienden a $6.1 millones
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Dirección y Administración Central del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que DTOP no había realizado gestiones de cobro afirmativas de 6,678 cuentas registradas por más de $6.1 millones al 1 de octubre de 2023. Estas deudas por concepto de arrendamiento, canon anual, pagos indebidos de sueldo, multas, reembolsos de gastos y otras, tenían atrasos de entre 43 y 5,551 días de haberse realizado la primera gestión de cobro.
El hecho de no contar con estos recursos impide atender gastos operacionales. La acumulación de deudas viejas también dificulta su cobro y que con el tiempo se vuelvan incobrables.
La auditoría, de dos hallazgos, señala múltiples deficiencias con las gestiones de cobro de los pagos indebidos de sueldo de 25 cuentas por $161,386. Por ejemplo, a un empleado de confianza que renunció en el 2022, no se le había descontado $10,149 de un bono no aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto; a dos deudores de $18,312, no se le realizaron esos descuentos del sueldo cuando aún eran empleados del DTOP; y 17 cuentas por $110,775, no tenían evidencia documental de gestión de cobro o referidos para cobro al Departamento de Justicia.
Además, el DTOP no realizó gestiones de cobro de $216,275 a cuatro arrendatarios que ocupan propiedades desde el 2017 en Toa Baja, San Juan y Cataño. Tampoco el DTOP ejerció su facultad de cancelar el permiso de ocupación, luego de tres meses sin pagar, según dispone el contrato de arrendamiento.
Por otro lado, el DTOP no ha establecido un registro electrónico uniforme para sus cuentas por cobrar. El registro en Microsoft Excel, que se diseñó en el 2015 para mecanizar el proceso, tiene 41,829 campos sin la información requerida como el nombre y dirección del deudor, importe o concepto de la factura. Además, los auditores de la OCPR identificaron 722 números de recibos de recaudaciones únicos duplicados, con nombres e importes distintos.
Esta situación afecta la integridad de los datos e impide que se realicen gestiones de cobro efectivas.
El DTOP contó con un presupuesto de $1,200 millones del 2021 al 2025. El presupuesto proviene de fondos federales, asignaciones especiales y del presupuesto general.
El Informe le recomienda al secretario de Transportación y Obras Públicas, que evalúe la necesidad de personal en la Unidad de Facturación de la Oficina de Presupuesto y Finanzas, que realice las gestiones de cobro, y que atienda los requerimientos del Departamento de Justicia al respecto.
Este segundo y último informe del DTOP cubre el periodo del 1 de julio de 2020 al 31 de octubre de 2024.
El Informe de Auditoría OC-26-01 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Solicitudes de acceso a la información – abril 2025
Carta Circular OC-26-01, Contratación de corporaciones privadas y compañías de responsabilidad limitada para brindar servicios profesionales de ingeniería, de agrimensura, de arquitectura y de arquitectura paisajista; cumplimiento con la Política Institucional El Contrato de Diseño-Construcción (Design-Build o DB) del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
NotiContralor News – Informe de auditoría del Municipio de Mayagüez
¡Saludos!
La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre las operaciones del Programa de Préstamos del Municipio de Mayagüez.
El Municipio prestó $1.2 millones de dólares a cinco empresas para proyectos de vivienda que nunca se realizaron.
El Municipio tampoco recobró el dinero prestado, por lo cual se pudo haber configurado el delito de negligencia en el deber y malversación de fondos públicos. Este hallazgo se remitió el 16 de enero de 2025 a la secretaria de Justicia y al US Department of Housing and Urban Development para que evalúen las situaciones y tomen las acciones correspondientes.
Otros hallazgos encontrados en la auditoría fueron: pagos en exceso por más de $20 mil dólares por el recogido de escombros y por servicio de sonido e iluminación, pagos a contratistas sin que realizaran las retenciones y acuerdo transaccional de una demanda civil sin obtener el consentimiento de la Legislatura Municipal.
Para ver este y otros informes de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, visite nuestra página www.ocpr.gov.pr
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Contraloría a sus órdenes.
NotiContralor News – informes de auditoría del Departamento de Educación y CRIM
¡Saludos! Hoy les hablaremos sobre los informes de auditoría más recientes del Departamento de Educación y del CRIM.
El Informe del Departamento de Educación reveló que no invitaron a todos los licitadores registrados en el Registro Único de Licitadores de la Administración de Servicios Generales para la licitación de pizarras, acondicionadores de aire y equipo de laboratorio.
En su lugar, se emitieron tres órdenes de compras entre el 2020 al 2023 por $256 mil dólares bajo la modalidad de subasta informal.
Tampoco invitaron a todos los licitadores para adquirir equipo y materiales de asistencia tecnológica para los estudiantes del Programa de Educación Especial.
En su lugar, publicaron en el 2021 un Aviso de Subasta en la página de internet del Departamento y en el Registro Único de Subastas.
Estas situaciones impidieron contar con un proceso de competencia con la mayor cantidad de proveedores.
Por otro lado, en el Informe de auditoría del Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales se señala que aprobaron exenciones contributivas de propiedad residencial sin la evidencia requerida.
Este hallazgo se validó en el 15% por ciento de las hojas de servicios registradas del 2021 al 2022.
La auditoría señaló también múltiples deficiencias con el proceso de reclamaciones de la tasación virtual. Estas situaciones restan confiabilidad a la eficiencia y a la transparencia.
Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor, las Cartas Circulares y otros documentos, están disponibles en nuestra página www.ocpr.gov.pr
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Informe de Auditoría OC-25-94 del Municipio de Mayagüez
En informe con opinión adversa, la Contralora revela que Mayagüez dejó de cobrar $1.2 millones de préstamos otorgados para proyectos de viviendas que nunca se realizaron
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), emitió una opinión adversa sobre las operaciones fiscales del Municipio de Mayagüez. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con el Programa de Préstamos no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que el Municipio no cobró $1.2 millones de cinco préstamos otorgados del 2003 al 2010 a cinco empresas bajo el Programa de Desarrollo Comunal y Económico para proyectos de vivienda que, además, nunca se realizaron. Este Programa, creado en el 1998, se nutre de fondos federales y otorga préstamos y donativos para canalizar incentivos, estimular la rehabilitación social de los sectores de bajos y medianos ingresos, y promover el empleo y desarrollo del Municipio.
Esta situación se atribuye a que el entonces alcalde no cumplió con su responsabilidad de recobrar los préstamos otorgados. Si el gerente municipal de Vivienda y Programas Federales hubiese realizado las inspecciones de los proyectos, se habría dado cuenta de la inexistencia de las viviendas. Por estas acciones se pudo configurar el delito de negligencia en el deber y malversación de fondos públicos.
Este hallazgo se remitió a la secretaria de Justicia y al US Department of Housing and Urban Development el 16 de enero de 2025, para que evalúen las situaciones y tomen las acciones que correspondientes.
En los préstamos otorgados se identificaron, además, múltiples deficiencias de control como errores en los porcientos de interés, contratos sin fecha de vencimiento, préstamos sin los permisos para desarrollar el proyecto, y donativo de $25,000 a contratista para comenzar un proyecto, que tenía una deuda vencida con el Municipio.
La auditoría, de siete hallazgos, señala que un exfuncionario municipal pudo haber incurrido en conflicto de intereses ya que su compañía de la cual era director e incorporó en el 2002, obtuvo un préstamo de $150,000 del Programa en el 2005. Este exfuncionario, mientras fue director de Vivienda y Programas Federales desde el 2000 hasta el 2002, realizó gestiones para beneficiarse del préstamo.
Esta situación, contraria a la Ley de Ética Gubernamental y al Code of Federal Regulations, se remitió a la secretaria de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental el 16 de enero de 2025 para su evaluación y acción correspondiente.
Del examen realizado a los pagos del recogido de escombros se identificaron pagos en exceso de lo contratado por $9,308, y de la contratación de servicios de sonido e iluminación pagos en exceso por $11,400. Además, el Municipio pagó $29,267 por servicios profesionales de consultoría cuyas facturas no estaban aprobadas por los funcionarios municipales con conocimiento de los servicios prestados.
En contravención del Código de Rentas Internas de 2011, el Municipio de Mayagüez no retuvo $8,590 en contribuciones de dos contratistas por servicios profesionales. Al respecto el Municipio puede estar sujeto a penalidades por incumplir las disposiciones del Código.
El Informe devela que el entonces alcalde de Mayagüez no remitió a la consideración de la Legislatura Municipal el acuerdo de pago de $40,000 a empleada municipal que ganó demanda al Municipio por despido injustificado. Al respecto, la Legislatura no pudo pasar juicio sobre la razonabilidad de la cantidad pagada en el acuerdo.
La auditoría comenta posibles violaciones al Reglamento Notarial y al Código de Ética Profesional de un asesor contratado por el Municipio quien en el 2003 actuó como notario autorizante de uno de los préstamos examinados en los hallazgos, y en el 2019 en representación del Municipio envió una carta de cobro a uno de los representantes. Esta situación se remitió a la jueza presidenta del Tribunal Supremo el 16 de enero de 2025, ya que un notario autorizante está impedido de actuar con posterioridad, como abogado de una de las partes otorgantes para exigir una contraprestación.
La Legislatura Municipal autorizó al alcalde a transigir una demanda por $90,000, presentada por una empleada en el 2018. La empleada había demandado por persecución, hostigamiento, discrimen político, violación de derechos civiles y despido injustificado. El Tribunal Federal dictó sentencia conforme al acuerdo en el 2022.
Al 31 de diciembre de 2022, estaban pendiente de resolución por los tribunales, 17 demandas civiles que reclaman $31.4 millones por daños y perjuicios, cobro de dinero, y violación de derechos civiles, entre otros.
El presupuesto de Mayagüez sumó de $69.1 millones para el 2018, $61.5 millones para el 2019, $54.5 millones para el 2020, $58.4 millones para el 2021, $61.6 millones para el 2022, y $55.2 para el 2023. Los estados financieros auditados reflejaron déficits acumulados de $25.7 millones en el 2018, $22 millones en el 2019, $24.2 millones en el 2020, $14.4 millones en el 2021, y $1.4 millones en el 2022.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio de Mayagüez cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este tercer informe de Mayagüez cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2022.
El Informe de Auditoría OC-25-94 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Noticontralor News-Auditorías al Departamento de Estado y Atenas Community Health Center, Inc
¡Saludos!
Hoy les hablaremos sobre los informes de auditoría más recientes del Departamento de Estado y de Atenas Community Health Center.
La auditoría al Departamento de Estado reveló que se contrató una corporación foránea no autorizada a realizar negocios en Puerto Rico. El contrato no incluyó en sus cláusulas, la obligación de notificar cualquier cambio de estatus del negocio, contrario a lo que dispone la Ley General de Corporaciones.
En efecto, el 31 de diciembre de 2018, tres días después de la firma del contrato, esta corporación foránea se fusionó con otra corporación foránea que la absorbió y siguió dando los servicios.
Estos servicios de procesar las licencias y administrar exámenes se ofrecieron hasta diciembre del 2020.
Esta situación evidencia que el Departamento de Estado no tuvo control sobre la corporación para asegurarse que cumpliera con las leyes de Puerto Rico.
Por otro lado, nuestros auditores revelaron que Atenas Community Health Center, Inc, tenía una deuda de $2.3 millones por el arrendamiento del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Municipio de Manatí.
La falta de pago deja al Municipio sin esos recursos económicos para prestar servicios a la ciudadanía. Además, el no cumplir con los pagos, puede llevar a litigios innecesarios y a que se cancele el contrato.
El Informe le recomienda al director ejecutivo de Atenas Community Health Center, Inc. que desarrolle un plan de austeridad para eliminar el déficit presupuestario.
Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor, las Cartas Circulares y otros documentos, están disponibles en nuestra página www.ocpr.gov.pr
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Contraloría a sus órdenes.
Informe de Auditoría OC-25-93 del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, Oficina de Gerencia y Sistemas de Información
Contralora revela aprobaciones de exoneraciones en el CRIM sin las justificaciones requeridas y deficiencias con las reclamaciones de tasación virtual
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Oficina de Gerencia y Sistemas de Información del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que, en el CRIM se aprobaron exoneraciones contributivas completas de propiedad residencial sin la evidencia requerida en el 15% de las hojas de servicio registradas del 2021 al 2022. Además, de las solicitudes de reclamaciones de reintegro examinadas, el 50% no se completaron en 90 días como dispone la reglamentación sino con tardanzas de hasta 472 días, el 40% no incluía la justificación para cancelar o denegar, y el 10% se aprobaron sin la documentación requerida.
De hecho, el registro y la aprobación del 87% de estas hojas de servicio en el sistema CRIM360, fueron realizados por usuarios empleados que ejercían funciones distintas a los puestos autorizados.
Esta situación resta confiabilidad a la eficiencia y transparencia del proceso. Además, por la falta de evidencia en el sistema se identificaron aprobaciones por $19,756 que no procedían o la cancelación de reclamaciones válidas por $41,115. El sistema contributivo actual, CRIM360, se estableció en el 2021.
La auditoría, de siete hallazgos, señala múltiples deficiencias con el proceso de reclamaciones de tasación virtual. Por ejemplo, en el 43% de las reclamaciones completadas el 13 y 15 de febrero de 2024, reflejaron discrepancias entre la valoración de la propiedad inmueble registrada en el sistema CRIM360 versus los valores de tasación virtual de la aplicación Skala II. Esta aplicación estableció en el 2020, valores de tasación virtual para el terreno y la estructura de 756,450 propiedades inmuebles.
Estas discrepancias sobre el valor de la propiedad restan confiabilidad sobre los datos en el sistema CRIM360 y sobre las notificaciones de tasación virtual remitidas a los contribuyentes.
Otras deficiencias se evidencian en los cambios de dirección postal en el sistema CRIM360. En el 78% no se utilizó el formulario correspondiente y en el 44% no incluyó la factura de luz o agua del contribuyente. Estas deficiencias impiden tener un banco de datos correcto y actualizado.
Para el año fiscal de 2023, el CRIM recibió 78,952 facturas devueltas por errores en el registro de la dirección postal, entre las cuales el 53% incluía facturas que sumaban $36.1 millones. El hecho de que el contribuyente no reciba la notificación de la contribución impuesta limita también su derecho a solicitar revisión administrativa conforme al procedimiento.
El CRIM no cuenta con un proceso automatizado de verificación y validación de la conciliación de los recaudos de contribución inmueble. Al 24 de febrero de 2024, no se había completado la gestión con el banco y el programador del sistema CRIM360. Esta situación puede ocasionar errores e irregularidades con el flujo de efectivo recibido y administrado.
En contravención con la reglamentación vigente, el 74% de los usuarios con cuentas de acceso tenían asignados privilegios que no eran necesarios para las funciones que realizan en el CRIM. Además, para el 70% de las cuentas de acceso autorizadas, no se utilizó el formulario requerido.
El presupuesto del CRIM ascendió de $30.7 millones en el 2022, a $32.6 millones en el 2023 y a $33 millones en el 2024.
El Informe le recomienda al presidente de la Junta de Gobierno que vigile el cumplimiento de las recomendaciones del Informe para que el director ejecutivo adopte las medidas correctivas que procedan y no se repitan las situaciones comentadas.
Este informe cubre el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 15 de febrero de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-93 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Carta Circular OC-25-23, Recordatorio sobre el cumplimiento con la Ley Núm. 18 del 30 de octubre de 1975, según enmendada, y el Reglamento 33
Informe de Auditoría OC-25-92 del Departamento de Educación
Oficina del Contralor revela incumplimiento de ley y reglamentación en la adquisición de bienes
La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Departamento de Educación. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Departamento de Educación (DE) no siguió el proceso de invitar a la licitación de pizarras, acondicionadores de aire y equipo de laboratorio, a todos los licitadores registrados en el Registro Único de Licitadores (RUL) de la Administración de Servicios Generales. En su lugar se emitieron tres órdenes de compras del 2020 al 2023, que sumadas totalizaron $256,238 bajo la modalidad de subasta informal.
La ley y reglamentación vigente dispone que, para adquirir bienes mediante subasta informal o formal, se debe invitar a todos los proveedores inscritos en el RUL según la categoría correspondiente al bien que se pretende adquirir.
La auditoría de tres hallazgos señala que tampoco invitaron a todos los licitadores registrados en el RUL, para adquirir equipo y materiales de asistencia tecnológica para los estudiantes del Programa de Educación Especial. En su lugar, se publicó un Aviso de Subasta, el 28 de enero de 2021, en la página de internet del Departamento y en el Registro Único de Subastas.
De hecho, para dos órdenes en la modalidad de compra excepcional por $1.1 millones y $2.5 millones para imprimir folletos instructivos y adquirir 1,800 estaciones de toma de temperatura, no obtuvieron la recomendación del administrador auxiliar de Adquisiciones y la autorización del oficial de Licitación de la Administración de Servicios Generales (ASG).
Los auditores identificaron otras deficiencias como la falta de información sobre la fecha de entrega de bienes en las órdenes de compra, o la cláusula de penalidad en los casos de entrega tardía. Estas situaciones no permiten tener un remedio legal en aquellos casos que los bienes no se reciban en la fecha establecida ni permite imponer penalidades.
El Informe devela que no se expidieron los recibos de propiedad en uso a los custodios de 30 computadoras portátiles, cuatro pizarras interactivas, 11 monitores y 15 equipos de robótica. Esta propiedad adquirida por $216,847 se estaba utilizando en cuatro escuelas públicas y dos colegios privados.
Además, se identificaron unidades sin número de propiedad, no se localizaron seis computadoras y al 11 de octubre de 2024, el módulo “Asset Management” del Sistema de Información Financiero del Departamento de Educación, no estaba actualizado.
Estas situaciones no permiten mantener un control de la propiedad e impiden determinar el responsable en caso de pérdida o daños. Al respecto se recomienda que se asigne personal necesario a la Oficina del Manejo de Propiedad e Inventario, y que los directores del Departamento descontinúen la práctica de reasignar la propiedad.
La auditoría da a conocer que el Procedimiento para el Control y Contabilidad de la Propiedad del Departamento de Educación aprobado en el 2006 y enmendado en el 2007, no cuenta con los procedimientos actualizados. Los empleados no cuentan con una guía para realizar sus funciones de manera efectiva y uniforme.
Del 1 de julio del 2020 al 31 de octubre de 2024, el Departamento contó con asignaciones presupuestarias de $20,090 millones y efectuó desembolsos por $19,985 millones.
Este informe cubre el periodo del 1 de julio de 2020 al 31 de octubre de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-92 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Carta Circular OC-25-22, Sistema Integrado para Solicitar Orientación Legal
Informe de Auditoría OC-25-91 del Departamento de Estado
Contraloría revela que el Departamento de Estado contrató corporación foránea no autorizada a realizar negocios en Puerto Rico
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Departamento de Estado. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que, el Departamento de Estado contrató una corporación foránea el 28 de diciembre de 2018 con vigencia hasta el 30 de junio de 2019, para procesar las licencias y administrar los exámenes de 16 juntas examinadoras adscritas al Departamento. El contrato no incluyó la obligación legal de informarle al Departamento sobre cualquier cambio de nombre, de negocio o fusión durante la vigencia del contrato, en contravención con la Ley 164-2009, Ley General de Corporaciones.
Tres días después, el 31 de diciembre de 2018, la corporación contratada se fusionó con otra corporación foránea y ofreció los servicios pactados hasta el 16 de diciembre de 2020.
Este hallazgo indica que el Departamento no se aseguró que se cumpliera con las leyes fiscales, laborales y comerciales de Puerto Rico. Además, la corporación foránea que absorbió todas las operaciones estuvo 716 días sin el Certificado de Autorización para hacer negocios en Puerto Rico.
La auditoría, de cinco hallazgos, señala también que el Departamento de Estado no obtuvo la Certificación de Justificación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que eximiera a esta corporación de servicios profesionales de ser contratada mediante un proceso abierto y competitivo. Este proceso es obligatorio para contratos de más de $250,000.
Del examen realizado a 11 informes mensuales de recaudaciones de las compañías contratadas para administrar los exámenes de reválida profesional, los auditores identificaron que no estaban aprobados por la secretaria auxiliar de Registros y Juntas Examinadoras. El Informe Mensual debe ser aprobado previo a ser tramitado a la División de Finanzas para evitar errores o irregularidades en la distribución de los recaudos.
En las transacciones de solicitud de pasaporte, los auditores no pudieron identificar el recibo oficial de pago en el 79% de las transacciones realizadas del 3 de enero al 11 de abril de 2022 en las oficinas de Plaza las Américas y Arecibo. Además, se hallaron recibos oficiales por $18,900 expedidos hasta 11 días después de haberse realizado la transacción y recibos oficiales con nombres de solicitantes menores de edad no incluidos en el documento Passport Application Transmittal (PAT) que se envía por correo postal al Gobierno Federal.
Esta situación no permite mantener un control adecuado sobre el proceso de recaudaciones y propicia que se cometan irregularidades.
El Informe comenta que el contrato mencionado que se firmó el 28 de diciembre de 2018, incluyó una cláusula de renovación automática que permitió su vigencia hasta el 3 de agosto de 2023 sin pasar por un proceso abierto, competitivo y público. Esto también tiene el efecto de que se renueve un contrato que no se comunique a tiempo la intención de no renovar.
Al 3 de octubre de 2022, cuatro juntas examinadoras estaban inoperantes por la falta de nombramientos por parte de los gobernadores: la de Delineantes, Actores, Geólogos y la de Contratistas de Servicios de Impermeabilización, Sellado y Reparación de Techos. El Informe le recomienda a la gobernadora de Puerto Rico que tome las medidas que correspondan ante esta situación.
El Informe le recomienda a la secretaria de Justicia que evalúe el hallazgo sobre la contratación de una corporación foránea no autorizada a realizar negocios en Puerto Rico.
El presupuesto del Departamento de Estado desde el 2019 al 2022, fue de $63.8 millones, y los desembolsos ascendieron a $57.4 millones.
Este informe cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2022.
El Informe de Auditoría OC-25-91 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Carta Circular OC-25-21, Uso de fondos públicos para atender situaciones de emergencias relacionadas con disturbios atmosféricos
Informe de Auditoría OC-25-90 de Atenas Community Health Center, Inc.
Contralora revela deuda de $2.3 de Atenas Community Health Center por el arrendamiento del CDT de Manatí
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de Atenas Community Health Center, Inc. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que, al 30 de junio de 2023, la corporación sin fines de lucro auspiciada por el Municipio de Manatí, Atenas Community Health Center, Inc, (Centro) tenía una deuda de $2.3 millones por el arrendamiento del Centro de Diagnóstico y Tratamiento, y del edificio de Emergencias Médicas y de Rescate. El primer contrato que se formalizó en el 2009 establecía un canon de arrendamiento mensual por $1. En el 2013 se firmó otro contrato que subió el arrendamiento a $40,000 mensuales y fue enmendado para ampliar su vigencia. De nuevo se enmendó el contrato, el 21 de junio de 2016, a pesar de la deuda de $1.2 millones por concepto de alquiler de las instalaciones.
Esta situación de no cumplir con los pagos expone el Centro a que se cancele su contrato y a litigios innecesarios. Además, la falta de pago deja al Municipio sin esos recursos económicos para prestar servicios necesarios a la ciudadanía.
La auditoría de tres hallazgos señala que el 66% de los informes de tiempo trabajado, las hojas de asistencia y las facturas entre el 2020 al 2021, no estaban firmadas por la directora médica o por la administradora, ni por el médico o por los empleados que trabajaron horas adicionales. Estas nóminas se pagaban con fondos asignados mediante resolución conjunta del Senado y del Coronavirus Relief Fund. Tampoco se localizaron para examen, cinco facturas de servicio profesionales por $1,631.
Esta situación tiene el efecto de propiciar que se cometan errores en el trámite de los pagos y que no se pueda detectar a tiempo para fijar responsabilidades.
En contravención de los Estatutos de 2009 que rige el funcionamiento de la Junta de Directores, los reglamentos de la Propiedad, Compras, Ingresos y Cuentas por Cobrar, así como el Manual del Departamento de Recursos Humanos, no habían sido aprobados por la Junta. Esta situación no le permitió a la Junta pasar juicio sobre la razonabilidad de las revisiones realizadas y que las decisiones tomadas con estos reglamentos no aprobados se puedan objetar.
El Informe comenta que el Centro tenía déficits acumulados de hasta el 79% de su presupuesto en el 2021, el 47% en el 2022 y del 57% en el 2023. Operar con déficit en un año fiscal reduce los recursos disponibles para cumplir con sus obligaciones con la ciudadanía. Al respecto se le recomienda al director ejecutivo de Atenas Community Health Center, Inc. que desarrolle un plan de austeridad que elimine el déficit presupuestario.
El presupuesto del Centro era de $2.6 millones en el 2021, $4 millones en el 2022, $3.2 millones en el 2023, y $4 millones en el 2023.
El Informe le recomienda también al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio y el Centro cumplan con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este informe cubre el periodo del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-90 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Informe de Auditoría OC-25-89 del Municipio de Las Marías
Contralora revela pagos en exceso y cambios contrarios a la ley en subasta para comprar asfalto en Las Marías
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Las Marías. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que luego de celebrar una subasta general para adquirir asfalto regado y compactado, la Junta de Subastas adjudicó la compra por $114.75 la tonelada de asfalto. Luego de la adjudicación el 3 de junio de 2022, la Junta aprobó cambiar el precio adjudicado cada 90 días, según solicitó la corporación beneficiada, contrario a lo establecido en las Condiciones e Instrucciones Generales de la subasta. Al respecto, el Municipio formalizó dos contratos con esta cláusula y con el aumento a $125.70, el precio por tonelada.
Las especificaciones de una subasta general no pueden enmendarse luego de adjudicada. La corporación beneficiada se había comprometido a honrar los precios y mantenerlos firmes por los primeros 12 meses de la vigencia del contrato. El Municipio ni la Junta de Subastas tenían autoridad para dejar sin efecto las disposiciones del Reglamento Municipal de 2016, ni del Reglamento de Subastas y Adquisiciones del Municipio de 2019.
Esta situación ocasionó el pago en exceso de $13,950, y limitó la participación de los demás licitadores.
La auditoría de ocho hallazgos señala que, el Municipio de Las Marías invirtió $72,189 en la construcción de una pista de caballos para la cual no obtuvo el permiso de la Oficina de Gerencia de Permisos. El examen del expediente del proyecto no tenía informes de labor realizada y en una visita el 9 de octubre de 2024, encontraron la pista deteriorada y sin utilidad.
El Informe publica múltiples deficiencias con los comprobantes de desembolsos y los justificantes para el pago de combustible a la estación de gasolina que obtuvo la subasta por $100,000. Por ejemplo, no se prepararon los cuadres para ninguno de los 17 prepagos de gasolina, nueve comprobantes de desembolso por $84,426, no tenían las facturas justificantes, y no se verificó si el precio del combustible facturado no excedía los $0.30 por galón conforme establecido en el contrato formalizado el 1 de agosto de 2023.
Además, el 39% de los Informes Diarios del Conductor de los vehículos municipales, carecía de los datos de entrada, salida, millaje recorrido, niveles de combustible y firma del conductor. Estos informes permiten velar por el buen uso, custodia y mantenimiento de los vehículos asignados.
El puesto de auditor interno del Municipio de Las Marías está vacante desde el 23 de agosto de 2023. La Unidad de Auditoría Interna solo cuenta con una secretaria. Esta situación no permite la fiscalización continua y eficaz de sus finanzas y operaciones.
De hecho, el Informe destaca la falta de fiscalización del Comité de Auditoría de la Legislatura Municipal, ya que del 2020 al 2024 se reunió solo en tres ocasiones. Esta situación de no mantener una fiscalización continua propicia que se puedan cometer irregularidades y deficiencias en las operaciones municipales.
La auditoría devela atrasos de más de un año en la entrega de los estados financieros auditados del 2022 y el 2023 al Federal Audit Clearinghouse conforme establece el Código de Regulaciones Federales. Al 25 de abril de 2025, el Municipio no había entregado el estado financiero del 2024. Esta situación puede afectar la asignación de fondos federales.
Por otro lado, la ausencia de un administrador de los documentos públicos no permite mantener un control adecuado de los documentos. Este puesto es responsable de cumplir con el Programa de Administración de Documentos Públicos, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Del 2020 al 2024, el Municipio no había remitido al ICP el inventario, el plan de retención ni la lista de disposición de los documentos.
Además, el área designada para archivar los documentos públicos no tenía acondicionador de aire, ni detector de humo, ni equipo de control de la humedad. Las cajas estaban desde el suelo una encima de la otra y el área carecía de anaqueles suficientes. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-22-08 del 2021.
La autonomía municipal conlleva autonomía fiscal. El presupuesto comprende un estimado de gastos y los recursos e ingresos estimados. Del examen de los presupuestos del 2020 al 2024, se revela que el 58% del presupuesto operacional proviene de fondos del Gobierno Estatal. Al respecto el Informe recomienda al alcalde que identifique medidas que le permitan prepararse ante la reducción de asignaciones del Gobierno Estatal.
El presupuesto de Las Marías fue de $5.9 millones en el 2020, $5.4 millones en el 2021, $6.8 millones en el 2022, $7.3 millones en el 2023 y $7.7 millones en el 2024. Sus estados financieros reflejaron superávits acumulados de $1 millón en el 2020, $485,078 en el 2021 y $312,625 en el 2023. Para el año fiscal de 2022, los estados financieros reflejaron un déficit de $455,789.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este primer informe de Las Marías cubre el periodo del 1 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-89 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Informe de Auditoría OC-25-88 del Municipio de Isabela
Contralora revela pago de $376 mil por diseño de planos sin utilidad y ordenanza y destaque de empleados contrarios a la ley en Isabela
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Isabela. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Isabela pagó $376,310 por diseñar planos, tramitar permisos y realizar los estudios requeridos para revitalizar el Túnel de Guajataca. El contrato con vigencia desde el 2014, se enmendó cuatro veces para extenderlo hasta el 2019. Al 30 de junio de 2023, el proyecto no se había construido, por lo cual la inversión no ha tenido utilidad.
La auditoría de siete hallazgos señala que, se realizaron 25 donativos por $53,987 del Fondo Dotal del Deporte, sin la aprobación de la Legislatura Municipal del 2022 al 2023. Además, el Municipio no ha transferido el balance disponible de $6,782 producto de la venta de un auto SUV de alto rendimiento de 2018, que por Resolución se destinaría a este fondo.
En la auditoría se encontró que, al 20 de diciembre de 2023, el Municipio no había facturado ni requerido a la compañía $10,466 correspondientes al 20 % establecido en el contrato. A raíz de la investigación de los auditores de la Contraloría de Puerto Rico, el Municipio facturó y recibió de la compañía administradora del vertedero municipal, los indicados fondos. Esto tuvo el efecto de no recibir $10,466 a tiempo, para atender las necesidades de sus constituyentes.
El Informe devela que los contadores de la Oficina de Finanzas y Presupuesto del Municipio no obligaron los créditos presupuestarios para el pago del 90% de los contratos y el 33% de las enmiendas examinadas, por $853,379. El Municipio debe asegurarse que se obliguen las asignaciones presupuestarias, al momento de otorgar un contrato para que haya balance disponible para cubrir los desembolsos. Las obligaciones se registraron de 13 a 195 días después.
Desde el 1 enero de 2019 hasta el 31 de marzo de 2023, el Municipio de Isabela había formalizado 2,801 contratos y enmiendas por $62.5 millones. Esta situación pudiera causar sobregiros y litigios innecesarios para el Municipio.
Los auditores detectaron que un acuerdo colaborativo que se otorgó el 2 de agosto de 2021, no se registró en la OCPR a los 15 días de otorgarse, sino 896 días después. Además, copias de cuatro enmiendas otorgadas en el 2021, se registraron con tardanzas de hasta 50 días. Estas situaciones, impidieron que estos documentos públicos estuvieran accesibles a la ciudadanía según dispone la reglamentación vigente.
En contravención del Código Municipal de 2020 y la Ley de Municipios de 1991, la Legislatura Municipal autorizó que el Centro Isabelino de Medicina Avanzada (CIMA-EM), no devolviera el capital inicial para su funcionamiento que ascendió a $1.9 millones en efectivo y $480,750 en propiedad. Además, el Municipio sin facultad legal, designó 11 empleados en destaque para que realizaran las funciones de su puesto en el CIMA-EM. Las empresas municipales como CIMA-EM se consideran corporaciones con fines de lucro y con personalidad jurídica propia por lo cual, a sus empleados le aplican las leyes y normas del sector privado.
De hecho, la ayudante ejecutiva del alcalde certificó que la Junta de Directores del CIMA-EM de cinco miembros, estuvo compuesta por cuatro miembros del 2016 al 2019 y no contó con un representante del interés público, del 2021 al 2022.
El presupuesto de Isabela ascendió de $12.6 millones en el 2019, a $12.6 millones en el 2020, $12.9 millones en el 2021, $16.1 millones en el 2022, y $16.6 millones en el 2023. Sus estados financieros reflejaron superávits acumulados de $35.1 millones en el 2019, $35.1 millones en el 2020, $35.5 millones en el 2021, y $37.5 millones en el 2022.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe de Isabela, cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-88 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Informe de Auditoría OC-25-87 del Municipio de Adjuntas
Contralora revela múltiples deficiencias en las operaciones de compras y desembolsos en Adjuntas
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Adjuntas. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Adjuntas no obligó las asignaciones presupuestarias por $949,498 para el pago del 30% de los contratos y el 75% de las enmiendas examinados. Estos contratos se otorgaron para comprar asfalto, reparar vías públicas y estabilizar un talud de terreno. En contravención con el Reglamento Municipal de 2016, el director de Finanzas indicó que obligaba los fondos al recibir la factura y no antes de recibir los materiales o que se rindieran los servicios.
Del 13 de enero de 2021 al 29 de diciembre de 2023, el Municipio otorgó en total 607 contratos y 124 enmiendas por $17,047,941. Esta situación, de no obligar los créditos, impide tener un control eficaz de las asignaciones presupuestarias y puede incurrir en sobregiros y litigios innecesarios.
La auditoría de cinco hallazgos señala que, sin la autorización del Municipio, los trabajos de regado y compactación de asfalto e instalación de barreras de seguridad en el puente de la carretera 522 del Barrio Garzas, se subcontrataron a dos compañías. El Municipio y el funcionario encargado de las subcontrataciones expresaron desconocer esta situación prohibida en el contrato que el alcalde había formalizado con el contratista el 16 de febrero de 2023 por $128,704.
El Informe devela múltiples deficiencias de control con los comprobantes de desembolso y sus justificantes. Del examen realizado, el 87% de los justificantes de pago de comprobantes, no se marcaron como pagados; en el 29% de los comprobantes, las cotizaciones no establecían nombre, título y firma del funcionario a cargo de aceptarlos; y en el 14% de los comprobantes, las facturas carecían de la certificación del proveedor sobre la ausencia de interés.
Los desembolsos por $2.9 millones emitidos del 2021 al 2024 correspondían a la adquisición de vehículos, equipos y materiales relacionados con el manejo de la pandemia del COVID-19, entre otros. Esta situación, propicia que se cometan irregularidades en los desembolsos y hace inoperante los controles internos establecidos.
Sin solicitar el consentimiento de la Legislatura Municipal, el entonces alcalde transó una demanda presentada el 11 de agosto de 2018 ante el Tribunal de Primera Instancia, por el despido de un empleado cuyo contrato transitorio estaba vigente. Todo acuerdo de transacción en acciones judiciales que conlleve algún tipo de desembolso mayor de $25,000 tiene que presentarse a la consideración de la Legislatura Municipal antes de remitirla al foro judicial. Esta situación también afectó los recursos del Municipio ya que tuvo que desembolsar $25,289 sin recibir servicio a cambio.
Al 21 de agosto de 2024, el Municipio no había remitido al secretario de Justicia la información y los documentos requeridos por el Registro de Demandas Civiles de 2003. Esta situación impide que estas demandas estén accesibles a la ciudadanía. La información indica que cinco demandas habían sido resueltas y cuatro demandas están activas con reclamaciones que suman $1.6 millones.
La auditoría comenta que el alcalde mantiene un plan de pago con un balance adeudado por $14,223 con la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Esta Oficina le imputó una multa administrativa por $16,000 en el 2023 por otorgar dos contratos y dos enmiendas a compañía de pariente del director de la Oficina de Obras Públicas del Municipio, sin haber obtenido la dispensa requerida por la OEG.
Al 22 de julio de 2024 estaban pendiente de resolución por los tribunales cuatro demandas civiles por $950,000 por despido, y por daños y perjuicios.
El presupuesto de Adjuntas ascendió de $5.8 millones en el 2021, a $6.8 millones en el 2022, a $7.4 millones en el 2023 y a $7.5 millones en el 2024.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe de Adjuntas, cubre el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-87 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-86 de la Universidad de Puerto Rico, Administración Central
Contralora revela deficiencias con los módulos de Cuentas a Pagar y Activos Fijos en la Administración Central de la UPR
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones de los sistemas de información computadorizados de la Oficina de Sistemas de Información (OSI) de la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que la directora interina de la División de Compras y una contadora de la Oficina de Finanzas no activaron en el módulo de Cuentas por Pagar la opción que calcula la retención por contribución sobre ingresos. Esto tuvo el efecto de que no se le retuvo el 10% conforme al Código de Rentas Internas de 2011, a 10 de 14 proveedores, equivalente a $9,772.
La auditoría, de cinco hallazgos, señala que el módulo de Activos Fijos del Sistema de Información Administrativo (SIA) no tiene información actualizada. De una muestra examinada, no se localizaron 14 de 16 computadoras registradas en el módulo, no guardaban la documentación de las computadoras y el encargado de la propiedad no emitía los recibos de la propiedad usada por funcionarios y empleados.
Además, el encargado de la propiedad tenía solicitudes de hasta más de 12 años de bajas, transferencias, hurtos o decomisos de computadoras sin actualizar en el SIA. Esta situación impide mantener registros confiables de la propiedad y aumenta el riesgo de que se pierdan o se usen de forma indebida.
En contravención de la Política sobre las Mejores Prácticas de Infraestructura Tecnológica de la Carta Circular 2023-004, el encargado de la propiedad no incluyó el nombre del empleado custodio de los equipos en el módulo de los Activos Fijos. El examen realizado a los registros de 1,496 computadoras de escritorio o portátiles reveló que, en el 74%, los campos para identificar al empleado a quien se asignó la propiedad estaban en blanco.
Por otro lado, los auditores hallaron que, al 22 de agosto de 2024, transcurridos hasta 18 meses del cese o terminación de servicio, no se habían inactivado 13 cuentas de acceso al Sistema de Información Administrativo de 12 exempleados y un exconsultor de la Oficina de Finanzas. Esta situación impide mantener un control efectivo y eficaz sobre las cuentas de acceso y hace imposible que se pueda detectar a tiempo accesos no autorizados.
En las inspecciones efectuadas para validar los controles ambientales, se encontraron líquidos inflamables y equipos de limpieza en la Oficina de Servicios Administrativos, pared con panel de madera deteriorada en el cuarto de Telecomunicaciones y cajas almacenadas dentro del gabinete de comunicación de la Oficina de Desarrollo Físico e Infraestructura. Además, varios gabinetes no estaban cerrados con llave y el cableado de todo el Centro de Cómputos estaba desorganizado.
La falta de controles ambientales y físicos para proteger los equipos es una situación contraria a las disposiciones establecidas por el Federal Information System Controls Audit Manual.
La Administración Central cuenta con una infraestructura de 665 computadoras, 607 computadoras portátiles, 80 servidores físicos y 171 virtuales, 27 antenas WiFi, 14 switches, dos routers y dos firewalls.
El presupuesto asignado a la Administración Central fue de $55.3 millones en el 2022, $18.4 millones en el 2023 y de $17.8 millones en el 2024.
El Informe contiene cuatro recomendaciones a la atención de la Junta de Gobierno de la UPR, al secretario de Hacienda, y al presidente de la Universidad.
Este primer informe de la Administración Central de la UPR cubre el periodo del 1 de enero de 2023 al 30 de noviembre de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-86 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-85 de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez
Contralora revela funciones conflictivas de la subdirectora de Recaudaciones y deficiencias con la propiedad en la UPR Mayagüez
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto Universitario de Mayagüez. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que la subdirectora de la Oficina de Recaudaciones realizó funciones de recibir recibos, preparar el informe del recaudador, cuadre diario y de directora de cuentas, en conflicto con su responsabilidad como subdirectora y supervisora de recaudaciones. Esta situación dificulta una evaluación objetiva ya que la funcionaria estaba en una posición de control sobre sus propias funciones administrativas. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría CP-14-17 del 2014.
La auditoría de tres hallazgos señala también deficiencias con las conciliaciones bancarias. Por ejemplo, los auditores advirtieron que la cuenta de Préstamos Federales y Beca Federal no estaba preparada de forma correcta ni se habían realizado los ajustes en las conciliaciones bancarias de las cuentas de Ingresos y Desembolsos, entre otras.
Contrario a la reglamentación vigente, el oficial de propiedad certificó el inventario del año fiscal de 2022-23, sin incluir la propiedad mueble del Departamento de Ingeniería Mecánica. Además, cuando el oficial de propiedad cesó sus funciones en el 2019, no se realizó el inventario correspondiente. Esto tiene el efecto de que los estados financieros no reflejen balances precisos, lo que provoca que los activos estén sobrevaluados o subvalorados en el balance general.
El Informe devela múltiples deficiencias con el control de la propiedad mueble como, por ejemplo, el que no se hayan eliminado las unidades no existentes en los Sistemas Activos Fijos, ni la propiedad no localizada en el Sistema de Inventario de Propiedad, o que personas que ya no trabajan en la UPR Mayagüez, tengan propiedad asignada.
La UPR Mayagüez no suministró a los auditores de la Contraloría, la investigación administrativa de siete unidades extraviadas o hurtadas del 2018 al 2020, por valor de $8,095. Además, la entidad tardó hasta más de dos años en investigar el robo o desaparición de 19 propiedades con valor de $26,879.
Las investigaciones realizadas de 25 propiedades hurtadas o desaparecidas fueron notificadas a la OCPR entre 14 y 457 días laborables más tarde. La ley y la reglamentación vigente, requiere que cualquier pérdida de fondos o bienes públicos, se notifique a la Oficina del Contralor, en un término no mayor a los 10 días de haber concluido la investigación que a su vez, no debe exceder de 20 días.
De hecho, la UPR Mayagüez remitió copias de 26 contratos y 18 enmiendas a los registros de la OCPR hasta 667 días después de formalizados. La ley y la reglamentación dispone que la entidad remita los contratos dentro de los 15 días siguientes a la fecha que se otorga el contrato, ya que ninguna prestación o contraprestación de servicios podrá exigirse hasta tanto el contrato se haya registrado en la Contraloría.
El presupuesto de la UPR Recinto de Mayagüez, fue de $167.2 millones en el 2018, $164.7 millones en el 2019, $150.6 millones en el 2020, $157.9 millones en el 2021 y $142.1 millones en el 2022.
La auditoría le recomienda al presidente de la UPR, que se asegure que el Rector de la UPR Mayagüez, cumpla con las recomendaciones de este Informe de Auditoría.
Este primer informe de la UPR Mayagüez, cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2022.
El Informe de Auditoría OC-25-85 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Evitar señalamientos está en tus manos (4)
Campaña dirigida a los contratistas del Gobierno y municipios de Puerto Rico.
¡Contratista del gobierno de Puerto Rico!
¿Sabías que un solo error te puede costar el contrato?
Las reglas son claras. Son fondos públicos. Cumpla con la ley.
“Evitar señalamientos está en tus manos”.
Oficina del Contralor de Puerto Rico: Velando por el buen uso de los fondos públicos.
Solicitudes de acceso a la información – marzo 2025
Informe de Auditoría OC-25-84 del Municipio de Orocovis
Contralora revela pagos fuera de contrato por más de $200 mil a contratistas de recogido de escombros en Orocovis
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Orocovis. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Orocovis pagó $195,592, entre el 2019 al 2024, a tres contratistas por servicios que no estaban incluidos en sus contratos de recogido y disposición de escombros. Por ejemplo, la compra de mogolla, el alquiler de guaguas con chofer o el traslado de equipo pesado, no estaban incluidos en sus contratos.
La directora de Finanzas autorizó estos pagos, a pesar de la advertencia de los preinterventores de que estos gastos no procedían. Además, el Municipio realizó un pago duplicado por error de $8,502 por el alquiler de un camión, según indicó el director de la Oficina de Planificación y Desarrollo.
La auditoría, de cinco hallazgos, señala que el Municipio obvió el requisito de celebrar subasta pública para realizar trabajos de mejoras permanentes en las estructuras de 25 centros de Head Start y Early Head Start. En su lugar, fraccionó $330,500 en tres contratos para no exceder el límite de $200,000 que la ley establece para celebrar subasta pública. El Municipio de Orocovis administra los fondos federales del Proyecto Head Start y Early Head Start con 35 estructuras localizadas en Barranquitas, Corozal, Villalba y Orocovis.
Además, uno de los trabajos de mejoras permanente, la instalación de campanas y sistemas de supresión de incendios en las estructuras, fueron realizados por un subcontratista sin la autorización previa por escrito del alcalde. Esta situación no le permitió al Municipio evaluar si la compañía subcontratada cumplía con la experiencia y los requisitos.
El Informe publicó que las obras de construcción o reconstrucción de cuatro canchas bajo techo y mejoras al Centro Comunal en el Barrio Mata de Cañas se comenzaron sin obtener los permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Aunque los permisos se obtuvieron de 22 a 399 días después, la OGPe no pudo ejercer su función reguladora previo al inicio de los trabajos.
El Municipio de Orocovis registró en la OCPR con tardanza de hasta un año, copias de 354 contratos y 248 enmiendas por $11 millones del 2019 al 2024. Según dispone la ley y la reglamentación vigente, no se puede autorizar ningún desembolso sin que el contrato se haya remitido y registrado en la OCPR dentro de los 15 días desde que se otorgó el contrato. Esta situación impidió que los contratos estuvieran disponibles a la ciudadanía en calidad de documentos públicos en el tiempo requerido.
El presupuesto de Orocovis fue de $8.9 millones en el 2019, $9.2 millones en el 2020, $7.9 millones en el 2021, $7.3 millones en el 2022, $7 millones en el 2023 y $7.6 millones en el 2024.
La auditoría le recomienda al director de la OGPe que se asegure que el Municipio de Orocovis cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe de Orocovis cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2024
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El Informe de Auditoría OC-25-84 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-83 del Municipio de Barceloneta
Contralora revela pagos en exceso de más de $1.5 millones en contratos de compraventa de edificio, recogido de escombros y adquisición de equipo en Barceloneta
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Barceloneta. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio pagó $1.4 millones en exceso por la compra de un inmueble de $13.5 millones según contrato de arrendamiento con opción a compra de un solar. Este contrato fue enmendado para extender el tiempo de construcción en el solar de las facilidades administrativas de Head Start y Early Head Start, sin embargo, no se enmendó la cuantía.
De hecho, los informes de tasación de valoración preparados por un tasador privado de esta propiedad no fueron revisados por un tasador revisor, ni el Municipio los remitió para la aprobación del Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales como dispone la reglamentación vigente.
El Municipio de Barceloneta también pagó $148,485 en exceso por la compra de consolas de aire con un contrato original de $50,000. Además, el contratista facturó compras realizadas hasta ocho meses después del vencimiento del contrato el 30 de junio de 2022.
Otro pago sin enmienda de contrato se realizó el 24 de febrero de 2021, por el recogido de escombros en exceso de lo establecido en el contrato. El Municipio pagó $29,060 por el exceso de recogido de yardas cúbicas de escombros.
La auditoría, de cinco hallazgos, señala que el Municipio pagó $501,882 por servicios profesionales a un ingeniero para el diseño de planos y trámites de permiso de construcción de facilidades en los predios de la Escuela Dr. Francisco Susoni que no se llegó a edificar. Para esta contratación el Municipio solicitó una sola propuesta, en vez de realizar una competencia entre proveedores como dispone el Código de Regulaciones Federales 2.
La auditoría le recomienda a la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud Federal, que considere estas situaciones para que tome las medidas que correspondan.
Los auditores identificaron que el Municipio no había cobrado $146,162 a una corporación, por la extracción de 116,930 metros cúbicos de material extraído del Tosquero Municipal. Como resultado de esta auditoría, el Municipio recobró $46,824, con un balance pendiente de $99,338. Esta situación resta credibilidad a los procesos de supervisión del Municipio.
Contrario a la ley y la reglamentación vigente, el Municipio de Barceloneta le pagó $203,649 a una pensionada quien había renunciado a su puesto de directora ejecutiva al 30 de junio de 2022 con un sueldo mensual de $8,112. La alcaldesa la reactivó en su puesto de directora ejecutiva, en el cual devengó $269,031, del 15 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2023. Como pensionada, debió haber recibido $65,382; la mitad del sueldo básico de la escala salarial.
Como resultado de esta auditoría, la alcaldesa de Barceloneta remitió una consulta a la Junta de Retiro, que decidieron suspenderle la pensión a la directora ejecutiva. Además, la Junta de Retiro indicó que la pensionada tenía que devolver lo cobrado de pensión.
El Informe publica otras deficiencias como el pago indebido de $1,616 a una empleada por la liquidación de licencias y aportación patronal que no le correspondía. Además, se autorizó la adquisición de un condensador de aire de $10,995, sin solicitar las cotizaciones de por lo menos tres proveedores del mercado.
El presupuesto del Municipio fue de $27.5 millones en el 2020, $26.1 millones en el 2021, $26.5 millones en el 2022, $30.9 millones en el 2023 y $32.1 millones en el 2024.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio de Barceloneta, cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe de Barceloneta cubre el periodo del 1 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2023
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El Informe de Auditoría OC-25-83 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-82 de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio
Contralora revela pagos indebidos por $1.5 millones al contratista de las ventas de boletos por Internet de la Autoridad de Transporte Marítimo
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio (ATM). Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones sobre los servicios contratados para la venta de boletos por Internet para el transporte marítimo de Ceiba a Vieques y Culebra, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que la ATM no formalizó un contrato escrito con el contratista de los servicios de boletería por Internet del 8 de abril al 29 de septiembre de 2019. La entonces directora de la ATM no cumplió con sus responsabilidades administrativas al no establecer los derechos y obligaciones de las partes mediante un contrato. Esta situación le permitió al contratista cobrar $541,151 de forma indebida.
La auditoría, de tres hallazgos, señala que no fue sino hasta el 30 de septiembre de 2019, que la ATM formalizó un contrato para la venta de boletos por Internet con el contratista. Sin embargo, le permitió al contratista recibir ingresos por $878,912 en exceso de la cantidad máxima establecida en los contratos de $9,990 anuales y no le requirió $29,895 de las ventas de boletos de varios meses entre los años de 2020 y 2021.
Además, en contravención con las cláusulas contractuales, el contratista subcontrató los servicios de venta de boletos, no depositaba los ingresos por venta en el tiempo establecido, y él mismo se descontaba los rembolsos de los ingresos.
Los auditores detectaron que la entonces directora ejecutiva no protegió los mejores intereses de la ATM ya que, para la adquisición de los servicios de venta electrónica de boletos no solicitó propuestas adicionales, no obtuvo la autorización del secretario de Transportación y Obras Públicas, ni informó a la Junta de directores sobre los servicios recibidos sin contrato y luego de formalizar los contratos.
La OCPR identificó otras situaciones que se remitieron a la consideración del secretario de Hacienda el 7 de abril de 2025 sobre la falta de preparación de las declaraciones informativas, las retenciones sobre los ingresos recibidos por el contratista, y el cobro del impuesto de venta y uso.
El Informe publica que la ATM no ejerció un control adecuado de sus transacciones fiscales y propició balances incorrectos en los registros de contabilidad. El director ejecutivo auxiliar de Administración y Finanzas remitió sólo uno de los 107 informes de las ventas de los boletos por $1,053,163 millones a la contadora gerencial de la ATM. Por tanto, la contadora gerencial no realizó el cuadre de los ingresos de venta de los boletos, de los cargos por el servicio, ni de las cuentas por cobrar.
Por otro lado, la ATM no pudo determinar la legalidad, exactitud, ni corrección de los informes de venta remitidos por el contratista. El examen de los informes de venta reveló que la ATM no le requirió al contratista la certificación requerida en el contrato, fecha de la preparación del informe, ni el cómputo del importe descontado por el coste del servicio de procesamiento de tarjetas de crédito y débito.
Otro de los hallazgos evidencia que ninguno de los contratos incluyó la información sobre las categorías de los boletos, ni sobre el proceso de rembolso a los clientes. El contrato del 30 de septiembre de 2019 tampoco incluyó el importe máximo de los servicios contratados.
Del 2016 al 2022, la ATM tuvo ingresos por $322.9 millones, una contribución de capital por $9 millones, y gastos por $297.2 millones. Al año fiscal de 2022, la ATM registró un déficit de $41.7 millones.
Este informe, cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de enero de 2022
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El Informe de Auditoría OC-25-82 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Evitar señalamientos está en tus manos (3)
Campaña dirigida a los contratistas del Gobierno y municipios de Puerto Rico.
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Las reglas son claras. Se trata de fondos públicos.
“Evitar señalamientos está en tus manos”.
Mensaje de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Informe de Investigación OC-25-81 al Departamento de Educación – Resultado de la investigación sobre alegadas irregularidades relacionadas con los servicios de terapias psicológicas
Contralora revela cobro fraudulento por servicios de psicología en la escuela elemental Eugenio Brac de Naguabo
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó hoy el resultado de una investigación de una querella sobre alegadas irregularidades relacionadas con los servicios de terapias psicológicas en la Escuela Elemental Eugenio Brac de Naguabo. La especialista estaba contratada por una compañía privada bajo la Unidad Secretarial del Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional del Departamento de Educación de Puerto Rico.
La investigación reveló que la especialista certificó, de forma fraudulenta, que del 26 de septiembre de 2023 al 27 de marzo de 2024 había dado 77 servicios de terapias a 23 estudiantes. La especialista facturó 39 servicios que correspondía a periodos fuera del horario escolar, en ausencia de los maestros y estudiantes, e incluso en días de sábados. Además, facturó 38 servicios de psicología en días y horas que se encontraba trabajando en una tienda ubicada en un centro comercial.
Los auditores validaron con cinco padres de los estudiantes que sus hijos no habían recibido terapias fuera del horario escolar y que las firmas en 31 certificaciones de servicios mensuales no eran las suyas, ni habían autorizado a nadie firmar por ellos. Mediante declaraciones juradas, tres educadoras declararon que algunos documentos de la compañía tenían firmas de maestros falsificadas.
La especialista cobró de forma indebida $5,035. Al respecto, se pudo haber configurado delitos tipificados en la Ley 146-2012, Código Penal de Puerto Rico.
Esta situación se refirió a la secretaria de Justicia el 21 de febrero de 2025 para que evaluara la posible violación de leyes y/o reglamentos, y al comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales para que tome las medidas que estime pertinentes.
También le recomendamos a la inspectora general de la Oficina del Inspector General, que considere ampliar el alcance de la revisión de los servicios facturados por la especialista, y al secretario de Educación que tome las medidas administrativas pertinentes.
Del 1 de septiembre de 2023 al 30 de abril de 2024, la especialista cobró $73,800 por 1,125 terapias. Para este periodo, el Departamento de Educación había desembolsado $1.3 millones por 22,744 terapias a esta compañía.
Este informe, resultado de la investigación de una querella, con fecha del 22 de mayo de 2025.
El Informe OC-25-81 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-80 del Municipio de Trujillo Alto
Contralora revela compra de vehículos y asfalto por más de $147 mil sin las cotizaciones requeridas en Trujillo Alto
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Trujillo Alto. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Trujillo Alto compró del 2021 al 2022, tres vehículos de motor por $81,428, sin obtener al menos tres cotizaciones. Para una de las compras sólo se obtuvo la cotización del proveedor agraciado, y para la otra compra no se encontraron las cotizaciones.
Además, el Municipio compró en el 2020, 840 toneladas de asfalto por $65,733, sin obtener las cotizaciones requeridas, sino sólo la del proveedor agraciado.
La ley y la reglamentación vigente prohíbe el desembolso de fondos municipales para la compra de bienes, suministros y servicios, sin las cotizaciones requeridas. Además, estas situaciones impiden la libre competencia entre el mayor número de proveedores.
La auditoría, de dos hallazgos, señala que el Archivo Municipal para los documentos inactivos carecía de equipo para el control de humedad y tenía filtraciones en el techo y cajas en el piso. La falta de control adecuado de los documentos públicos propicia su deterioro, destrucción o que se pierdan.
El Informe comenta las sentencias de la fiscalía federal contra el exalcalde el 11 de enero de 2023 y contra el exayudante del alcalde el 3 de marzo de 2023, por fraude contra el Gobierno de los Estados Unidos. Ambos solicitaron, aceptaron y recibieron pagos a cambio de gestionar y otorgar contratos a dos compañías de servicios de asfalto, pavimentación y recogido de basura. Los dueños de las compañías se declararon culpables por cargos de corrupción en procesos judiciales relacionados con este esquema, también en otros municipios.
Los estados financieros reflejaron déficits acumulados en el Fondo General de $3.1 millones en el 2020, $3.1 millones en el 2021, $2.7 millones en el 2022 y $533,490 en el 2023. El estado financiero del 2024 reflejó un superávit acumulado de $3.9 millones.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio de Trujillo Alto cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este informe cubre el periodo del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-80 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
La mayoría de las empresas de turismo náutico en la Isla están ilegales, según auditoría
Wapa Digital May 27, 2025
Un 68% de las empresas de turismo náutico en Puerto Rico operan ilegalmente sin contar con las debidas certificaciones, según se reveló hoy en un informe de auditoría a la Compañía de Turismo realizado por la Oficina de la Contralora.
Según el informe, el 68% de las empresas de turismo náutico examinadas continúan brindando servicios a pesar de no tener la Certificación de Actividad Turística vigente al 27 de marzo de 2025. Esta situación, que se atribuye a la falta de personal en la Compañía de Turismo para realizar las inspecciones necesarias, genera una competencia desleal con los operadores que sí cumplen con la ley y la reglamentación vigente.
La auditoría, de tres hallazgos, señala también múltiples deficiencias con el registro de las empresas de turismo náutico. Los auditores identificaron certificaciones vencidas registradas como regulares y certificaciones condicionadas que estaban vencidas, en el 28% de los expedientes examinados. Además, la Compañía no mantiene un registro público de las empresas dedicadas a las actividades de turismo náutico y de las marinas turísticas según dispone la Ley de Turismo Náutico de 2010 (Ley 241-2010).
En visita realizada a la Oficina de Servicios y Fiscalización de la Compañía de Turismo, se verificó que el archivo carece de un custodio designado, no tiene un registro de las personas con acceso y los documentos estaban sueltos en los expedientes. Esta situación propicia que se desaparezcan los documentos y afecta la planificación, inversión y desarrollo de las empresas de turismo náutico.
Los estados financieros auditados reflejaron que la Compañía de Turismo tuvo ingresos por $377.4 millones, y gastó $264.6 millones del 2022 al 2023.
Este informe es uno de auditoría de cumplimiento de alcance específico, el cual significa que atiende uno o dos asuntos en un periodo de tiempo establecido. Este informe cubre el periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de enero de 2025, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
Contralora identifica 19 empleados de CESCO alrededor de la isla que borraban sus multas en auditoría
Fuente: Radio Isla
Fecha: 23 de mayo de 2025
La Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso reveló en Pega’os en la Mañana que identificaron unos 19 empleados de Centro de Servicios al Conductor (CESCO) borraron sus multas en su último informe, que cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2021.
“Hicimos pruebas, tanto en el centro metropolitano, en el CESCO Bayamón, en el de Ponce, Aguadilla, Arecibo, Humacao, Barranquitas, Caguas, Guayama, en el Urbano, en Minillas, y en todos encontramos por lo menos un empleado o borrándose cuentas propias, las multas que le habían dado a ellos mismos, borrando, cambiando estatus de algunas multas, diciendo que se habían pagado en Hacienda, y en Hacienda no tenían récord del pago”, reveló Valdivieso. “Y eso es de una muestra. Nosotros de todo el universo se cogieron que eran miles de multas. Lo que revisamos fueron 437 multas que se encontraron mal, pero eran como de 25 mil, y ahí entran miles de multas al año”.
La auditoría revela que no se habían cobrado 47.9 millones de dólares en multas de tránsito de 543,711 multas sin corregir para el 2019. La oficinista encargada de verificar el proceso de digitalización de los boletos por la compañía contratada y trabajar los boletos con errores, se acogió a una licencia en septiembre de 2017, y al reintegrarse, fue asignada a otras funciones. El informe también señala que entre el 48% y el 68% de las 921,322 multas de AutoExpreso por $29.2 millones entre el 2016 al 2018, no se cobraron, ya que el DTOP no tiene los mecanismos para identificar los conductores de vehículos arrendados.
“Los 47 millones, 50 millones esos que no se cobraron muchos de ellos es porque cuando digitalizaban el boleto, la letra del que escribió el boleto no se entendía, así que no podían llevar esa multa ni a una licencia, ni a un carro, así que por ahí tenías un problema de digitalización por la falta de buena escritura de los policía”, explicó la Contralora. “Tienes un montón de multas que llegan a esos almacenes y no se procesan inmediatamente. Y si tú no las procesas, o sea, no las grabas en el sistema DAVID, ¿después cómo las cobras?”
El informe de la Oficina del Contralor confirmó que las situaciones fueron referidas al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) el 23 de febrero de 2022. El 23 de diciembre de 2024, la entonces secretaria del DTOP notificó que tras investigaciones internas, se destituyó un empleado del CESCO Metropolitano y se le formularon cargos e intención de destitución a tres empleados del CESCO Bayamón, Caguas y Minillas.
Contralor revela ASES pagó millones por contratos que habían vencido
Según el informe, ASES no llevó a cabo un proceso de contratación abierto y competitivo.
Por Metro Puerto Rico
19 de mayo 2025 a las 12:36 hrs.
La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió un informe sobre las operaciones fiscales de la Administración de Seguros de Salud (ASES), tras detectar pagos por más de 34 millones de dólares por contratos de servicios profesionales y consultivos nulos.
“La ASES otorgó enmiendas con vigencia retroactiva para pagar servicios a contratistas, aun cuando se había alcanzado el límite máximo establecido por contrato”, indicó el informe del Contralor.
Del análisis de una muestra de 319 contratos y 314 enmiendas otorgadas entre 2016 y 2020 por 10,362 millones de dólares, el 16 por ciento de las enmiendas se emitió retroactivamente, el 10 por ciento se hizo sobre contratos vencidos, y el 5 por ciento sin aprobación de la Junta de Directores.
También se indicó que ASES no llevó a cabo un proceso de contratación abierto y competitivo.
El informe establece que la ASES justificó sus acciones en una opinión legal “errónea” que permitía enmendar contratos después de haber recibido aprobación de fondos adicionales de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esta interpretación fue utilizada para realizar pagos retroactivos, lo que contraviene la normativa vigente.
Durante julio y agosto de 2018, ASES firmó enmiendas nulas a contratos vencidos por más de 34.3 millones de dólares para servicios de relaciones públicas y manejo de beneficios de farmacia, práctica que la Oficina del Contralor calificó como inválida bajo la ley.
La auditoría encontró que ASES pagó 2.9 millones de dólares por servicios subcontratados sin autorización, 3,213 dólares sin contrato y 1,751 dólares en exceso de lo contratado. También se permitió que una empresa facturara 8,970 dólares por asesores fuera de contrato, redistribuyendo horas luego de la entrada en vigor del acuerdo.
El Contralor recomendó a la Junta de Directores de ASES iniciar una investigación sobre el cumplimiento del personal de finanzas y administración, y tomar medidas disciplinarias si procede.
Otras deficiencias incluyen la autorización de trabajos ya realizados, pagos retroactivos, ausencia de reglamentación para servicios de publicidad y falta de evaluaciones de riesgo entre 2018 y 2022. Además, se pagaron hasta 2.1 millones de dólares por funciones equivalentes a puestos regulares, lo que pudo representar un ahorro de 1.4 millones si se hubiesen pagado por nómina.
Al 30 de junio de 2022, la ASES aseguraba 1,276,451 vidas, y entre 2017 y 2022, manejó un presupuesto de 19,176 millones de dólares con desembolsos de 18,952 millones.
Este segundo y último informe de auditoría cubre el periodo del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2022.
Expresiones de ASES
La Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) aseguró mediante declaraciones escritas que activó un plan de acción correctivo y preventivo tras recibir el pasado viernes un informe de la Oficina del Contralor que señala múltiples deficiencias administrativas.
En una declaración oficial emitida hoy lunes, la directora ejecutiva interina de ASES, Lymari Colón, indicó que: “Desde el momento en que recibimos el informe la semana pasada, no perdimos tiempo. Activamos de inmediato un plan de acción concreto —no solo para corregir lo señalado, sino también para prevenir que situaciones similares vuelvan a repetirse”.
Detectan posibles fraudes y sobre $50 millones en multas sin cobrar en el CESCO
Las irregularidades fueron reveladas por la Oficina del Contralor de Puerto Rico
CyberNews 22/05/2025 Actualizado hace May 22, 2025
La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió el jueves una opinión adversa sobre las operaciones fiscales del Centro de Servicios al Conductor Metropolitano (CESCO), tras revelar irregularidades con el manejo de multas, posibles fraudes en cambios de estatus y la pérdida de más de $50 millones en ingresos.
Según el informe, “no se habían cobrado $47.9 millones de 543,711 multas sin corregir para el 2019”, debido a errores en el sistema y la falta de personal para procesarlas. El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) contrató una empresa por $350,000 para trabajar las multas, pero el 90% de los boletos no pudo corregirse por ser ilegibles.
En una muestra de 42 facturas por $6 millones, el 69% fue certificado por personal ajeno al proceso de digitalización, y el 31% se pagó sin hojas de control firmadas. Además, auditores encontraron cambios de estatus de multas sin evidencia de pago y casos en los que operadores invalidaron sus propias multas o las de otros empleados, fuera del horario laboral.
La Contralora identificó 19 operadores que cambiaron el estatus de 129 multas de forma irregular y alteraron otras 2,290 multas por $83,100 fuera de la muestra examinada. El informe señala que estas acciones fueron referidas al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental en febrero de 2022.
El DTOP confirmó en diciembre de 2024 la destitución de un empleado del CESCO Metropolitano y la intención de destituir a tres empleados de los CESCO de Bayamón, Caguas y Minillas.
La auditoría también reveló que entre el 48 y el 68 por ciento de las 921,322 multas de AutoExpreso emitidas entre 2016 y 2018, equivalentes a 29.2 millones de dólares, no se cobraron por falta de mecanismos para identificar a conductores de vehículos arrendados.
El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2021 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-79 de la Compañía de Turismo de Puerto Rico
Contralora revela que el 68% de las empresas de turismo náutico operan fuera de la legalidad
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones de la Compañía de Turismo de Puerto Rico relacionadas con la industria del turismo náutico. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El informe revela que el 68% de las empresas de turismo náutico examinadas continúan brindando servicios a pesar de no tener la Certificación de Actividad Turística vigente al 27 de marzo de 2025. Esta situación, que se atribuye a la falta de personal en la Compañía de Turismo para realizar las inspecciones necesarias, genera una competencia desleal con los operadores que sí cumplen con la ley y la reglamentación vigente.
La auditoría, de tres hallazgos, señala también múltiples deficiencias con el registro de las empresas de turismo náutico. Los auditores identificaron certificaciones vencidas registradas como regulares y certificaciones condicionadas que estaban vencidas, en el 28% de los expedientes examinados. Además, la Compañía no mantiene un registro público de las empresas dedicadas a las actividades de turismo náutico y de las marinas turísticas según dispone la Ley de Turismo Náutico de 2010 (Ley 241-2010).
En visita realizada a la Oficina de Servicios y Fiscalización de la Compañía de Turismo, se verificó que el archivo carece de un custodio designado, no tiene un registro de las personas con acceso y los documentos estaban sueltos en los expedientes. Esta situación propicia que se desaparezcan los documentos y afecta la planificación, inversión y desarrollo de las empresas de turismo náutico.
Los estados financieros auditados reflejaron que la Compañía de Turismo tuvo ingresos por $377.4 millones, y gastó $264.6 millones del 2022 al 2023.
Este informe es uno de auditoría de cumplimiento de alcance específico, el cual significa que atiende uno o dos asuntos en un periodo de tiempo establecido. Este informe cubre el periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de enero de 2025
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El Informe de Auditoría OC-25-79 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-78 de la Compañía de Fomento Industrial
Opinión favorable de la Oficina del Contralor a las operaciones fiscales de la Compañía de Fomento Industrial
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión favorable de las operaciones fiscales de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones de la Compañía se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
Los auditores evaluaron objetivos específicos de los contratos y los desembolsos de los servicios de mantenimiento, reparación y conservación de las propiedades de la Compañía. Al respecto, se examinaron, entre otros, si se formalizaron los contratos antes de que el contratista prestara servicios, si los contratos se radicaron en la Oficina del Contralor, y si los desembolsos se efectuaron según la reglamentación aplicable.
A base del trabajo realizado, no se identificaron deficiencias significativas relacionadas con los controles internos que ameriten comentarse en este Informe.
Los ingresos y los gastos del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2023 reflejaron que la Compañía generó ingresos por $191.7 millones e incurrió en gastos por $152 millones.
Este Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2020 al 15 de enero de 2025.
El Informe de Auditoría OC-25-78 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-77, Departamento de Transportación y Obras Públicas Centro de Servicios al Conductor Metropolitano Directoría de Servicios al Conductor
Contralora revela más de $50 millones en multas sin cobrar en el CESCO Metropolitano y posible fraude en cambios de estatus de multas
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales del Centro de Servicios al Conductor Metropolitano (CESCO) de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la corrección y el cambio de estatus de las multas administrativas gravadas en el Drivers and Vehicles Information Database Plus – Sistema DAVID, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que no se habían cobrado $47.9 millones de multas de tránsito de 543,711 multas sin corregir para el 2019. La oficinista encargada de verificar el proceso de digitalización de los boletos por la compañía contratada y trabajar los boletos con errores, se acogió a una licencia en septiembre de 2017, y al reintegrarse fue asignada a otras funciones.
Al respecto, el DTOP tuvo que formalizar en el 2019, un contrato por $350,000 para trabajar estas multas sin corregir. Del trabajo realizado mediante programación automatizada, no se pudieron corregir el 90% de los boletos con errores porque, en la mayoría, la escritura era ilegible.
De hecho, la propuesta del contratista era que el 95% del proceso de trabajar las multas con incidencias, se llevaría a cabo con tecnología de captación de datos en imagen. Sin embargo, al no poder cumplir, la compañía le indicó al DTOP que asignara personal para analizar las imágenes de los datos capturados y registrados en el sistema DAVID.
La compañía encargada de la digitalización enviaba las facturas para pago con la Hoja de Control de Boletos Digitalizados y Gravados en el Sistema DAVID Plus. Los auditores detectaron en una muestra de 42 facturas por $6 millones, que el 69% fueron certificadas correctas por personal que no estuvo en el proceso de digitalización, y el 31% fueron pagadas sin que las hojas de control estuvieran firmadas por personal del CESCO Metropolitano.
La auditoría, de cuatro hallazgos, señala múltiples deficiencias con el proceso de cambio de estatus de las multas gravadas en el Sistema DAVID. Del examen de una muestra de las multas cambiadas a estatus de expiradas, se detectó que el 63% habían vencido por la tardanza de hasta 10 meses en registrar el gravamen. Además, se hallaron multas con cambio de estatus a pagadas sin evidencia de pago, multas cambiadas a expiradas de forma incorrecta, y multas invalidadas sin explicar la razón. Estas situaciones causaron la pérdida de $48,837 en ingresos, de la muestra de 455 multas examinadas del 2016 al 2018.
En este proceso de cambio de estatus de las multas, los auditores identificaron 19 operadores que realizaron 129 cambios de estatus a las multas contrario a la ley. Por ejemplo, el Operador 1 del CESCO Metropolitano, invalidó una multa suya de las 15 que invalidó y cambió el estatus de otras nueve multas a pagadas, fuera de horas laborables. El Operador 2 del CESCO Bayamón, cambió a estatus de pagadas, cinco multas fuera de horas laborables de las cuales dos no tenían pagos registrados. El Operador 3 del CESCO Bayamón, también realizó cambios de estatus fuera de horas laborables e invalidó multas. El Operador 4 consultor de DISCO, cambió a estatus de expiradas unas 10 multas sin evidencia de pagos de los peajes de auto expreso, ni renovación del marbete, y canceló una multa suya de $500 y la de una empleada de DISCO de $75. El Operador 5 y 6, el exdirector de Investigaciones e Inspección de DISCO canceló siete multas e invalidó otras dos multas. Estos operadores, también cambiaron el estatus de otras 2,290 multas por $83,100 fuera de la muestra examinada.
El Informe comenta que estas situaciones fueron referidas al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental el 23 de febrero de 2022. El 23 de diciembre de 2024, la entonces secretaria del DTOP, notificó que tras investigaciones internas se destituyó un empleado del CESCO Metropolitano y se le formularon cargos e intención de destitución a tres empleados del CESCO Bayamón, Caguas y Minillas.
La auditoría identificó que el Reglamento 8645 que regula la imposición y cancelación de gravámenes, no había sido revisado al 4 de febrero de 2020 para atemperar los costos por imposición y cancelación de los gravámenes de hipoteca y de mobiliario, según establece la Ley 21- 2012. Además, el DTOP no cuenta con normas de control para el proceso de cambio de estatus de las multas administrativas de tránsito que se registran en el sistema DAVID.
Por otro lado, el almacén de documentos del CESCO Metropolitano no mantiene un inventario actualizado de los documentos del almacén, no se controla el acceso, y se entregaban cajas sin hojas de trámite.
El informe también comenta que entre el 48% y el 68% de las 921,322 multas de AutoExpreso por $29.2 millones entre el 2016 al 2018, no se cobran ya que el DTOP no tiene los mecanismos para identificar los conductores de vehículos arrendados.
Este informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2021
El Informe de Auditoría OC-25-77 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Evitar señalamientos está en tus manos (2)
Campaña dirigida a los contratistas del Gobierno y municipios de Puerto Rico.
Contratar con el Gobierno de Puerto Rico implica una gran responsabilidad.
Porque se manejan fondos públicos, el cumplimiento de la ley no es opcional: es obligatorio.
Asegúrate de cumplir con la ley y la reglamentación aplicable.
“Evitar señalamientos está en tus manos”.
Este mensaje es traído a usted por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Informe de Auditoría OC-25-76, Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico
La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES). Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la contratación de servicios profesionales y consultivos no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, pagó más de $34 millones por contratos de servicios profesionales y consultivos nulos. Del examen de una muestra de los 319 contratos y 314 enmiendas otorgados por $10,362 millones entre el 2016 al 2020, se detectó que el 16% de las enmiendas se otorgaron de forma retroactiva, el 10% de las enmiendas se otorgaron a contratos vencidos, y el 5% de los contratos se formalizó sin la aprobación de la Junta de Directores. Además, no se llevo a cabo un proceso abierto, competitivo y público de contratación.
Por ejemplo, en contravención de la ley y de la reglamentación aplicable, la ASES permitió continuar prestando servicios a contratista de firma de consultores, a una firma de relaciones públicas y a una compañía de servicios actuariales, aun cuando habían llegado al límite máximo establecido por contrato. Al respecto, la ASES otorgó enmiendas con vigencia retroactiva para pagar dichos servicios.
Esta situación se atribuye a que la ASES sustentaba su acción con una opinión legal errónea. Esta opinión establecía que se podían pagar los servicios con enmiendas retroactivas, antes de la aprobación de fondos adicionales por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para entonces enmendar contratos.
Además, del 31 de julio y 1 de agosto de 2018, la ASES otorgó enmiendas nulas a contratos vencidos por más de $34.3 millones para servicios de relaciones públicas y de un manejador de beneficios de farmacia. La extensión de un contrato vencido es nulo y no se puede calificar como enmienda.
La auditoría de tres hallazgos señala que la ASES pagó $2.9 millones en servicios subcontratados sin autorización y sin tener certeza de que los subcontratistas estaban capacitados para prestar el servicio. Además, la ASES pagó $3,213 a contratista por servicios sin contrato y $1,751 en exceso de lo contratado. Estas deficiencias se atribuyen a que la reglamentación de la ASES no precisa ni contiene disposiciones sobre cómo los empleados deben preintervenir las facturas.
Los auditores hallaron que la ASES permitió que una compañía facturara $8,970 por servicios de dos asesores fuera de contrato. Las facturas reclamadas fuera de contrato vigente no se procesaron. Sin embargo, el contratista actuó contrario a la ley y al contrato, y distribuyó la totalidad de las horas en nuevo informe de labor cuando el contrato entró en vigencia.
Al respecto de este hallazgo, se recomienda al presidente de la Junta de Directores que requiera una investigación sobre el cumplimiento del personal de finanzas y administración con sus funciones, y aplicar los reglamentos en caso de detectar faltas.
El Informe también revela múltiples deficiencias como el autorizar trabajos ya realizados que generaron pagos retroactivos prohibidos por las normas de contratación gubernamental. La ASES tampoco contaba con reglamentación para administrar los servicios de publicidad y no realizó evaluaciones de riesgo del 2018 al 2022 para identificar eventos potenciales y gestionar sus riesgos.
La auditoría comenta que la ASES pagó honorarios de hasta $2.1 millón por tareas similares a los deberes y funciones de puestos incluidos en los planes de clasificación y retribución. De haber, pagado a base de nómina, el ahorro potencial de la ASES hubiese sido de $1.4 millones.
Al 30 de junio de 2022, la ASES aseguraba 1,276,451 vidas. De 2017 al 2022, contó con un presupuesto de $19,176 millones y realizó desembolsos por $18,952 millones.
Este segundo y último informe, cubre el periodo del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2022.
El Informe de Auditoría OC-25-76 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Evitar señalamientos está en tus manos
Campaña dirigida a los contratistas del Gobierno y municipios de Puerto Rico.
Cuando contratas con el Gobierno de Puerto Rico… no solo estás firmando un contrato. Estás asumiendo un compromiso con el pueblo.
Remítelo al Registro de Contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Cada centavo que administras proviene de fondos públicos.
“Evitar señalamientos está en tus manos”.
Este es un mensaje de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Comunicado de Prensa – La Oficina del Contralor de Puerto Rico firma acuerdo de cooperación e intercambio de información con la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, México
(San Juan-PR) – La Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, firmó un Convenio de Cooperación e Intercambio de Información con el Auditor Superior del Estado de Hidalgo, México, Jorge Valverde Islas. El acuerdo, que no conlleva erogación de fondos, se formalizó para intercambiar ideas, experiencias, información y material científico.
“Este convenio se enmarca en nuestros esfuerzos de expandir conocimientos y experiencias anticorrupción de entidades fiscalizadoras superiores fuera de Puerto Rico. Con la Auditoría Superior del estado de Hidalgo, queremos además, contribuir al intercambio de las buenas prácticas del quehacer del control fiscal”, expresó Valdivieso.
Por otro lado, el Auditor Superior del Hidalgo, México, Jorge Valverde Islas, enfatizó que: “Para mí es un honor encabezar hoy este proyecto tan significativo, la firma del Convenio de Cooperación e Intercambio entre la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, México. Estoy convencido que, con la firma del presente convenio se establecen bases sólidas para presentes y futuras colaboraciones, que nos permiten generar mecanismos que obliguen a las autoridades que manejan o administran recursos públicos, a responder por el origen y destino de estos, y así evitar ambigüedades en el proceso de fiscalización.”
Con este acuerdo, efectivo el 12 de mayo de 2025, ambas partes compartirán información sobre normas y procesos de auditoría, y organizarán programas de intercambio técnico para analizar temas sobre fiscalización y auditoría. Además, se comprometen a dar asistencia técnica sobre tecnología de información y crear herramientas tecnológicas para el beneficio de ambas partes.
La Oficina del Contralor de Puerto Rico participa desde el 1965 en la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Este organismo internacional, fomenta el intercambio de experiencias relacionadas con la fiscalización y control gubernamental, entre sus miembros.
“El acuerdo nos permitirá dar un paso adelante para fortalecer las estrategias de fiscalización de los fondos y la propiedad pública en Puerto Rico. Además, ante la evidente internalización de la corrupción, con este acuerdo adquirimos las técnicas y estrategias de primera mano, sobre cómo se combate este mal desde otras jurisdicciones”, indicó la Contralora de Puerto Rico.
NotiContralor News – sobre informes de auditoría al Negociado de la Policía, y los municipios de Morovis y Guánica
¡Saludos!
Hoy hablamos sobre los informes de auditoría publicados por la Oficina del Contralor de Puerto Rico al Negociado de la Policía, y a los municipios de Morovis y Guánica.
El informe del Negociado de la Policía reveló que, el Negociado no le retuvo el 1.5% por ciento a cinco contratistas. El 1.5% por ciento corresponde a la aportación especial que por ley se descuenta a los proveedores con contratos de más de $300 mil dólares.
Esta aportación especial se estableció paraaliviar la crisis fiscal y atender gastos operacionales del Gobierno.
En cuanto al municipio de Morovis, los auditores encontraron que se pagó más de medio millón de dólares sin celebrar subasta en la contratación de servicios de mantenimiento de áreas verdes. Y tampoco se obtuvo al menos tres cotizaciones para los servicios de limpieza de terrenos y mantenimiento.
Estas situaciones impiden la libre competencia, propician el favoritismo y que se cometan irregularidades.
Además, sin facultad legal, el Municipio de Morovis le pagó más de $6 mil dólares a un funcionario por los excesos de licencia de vacaciones acumuladas.
Por otro lado, la auditoría al Municipio de Guánica reveló que el Municipio dejó de cobrar $46 mil dólares en arbitrios de cuatro proyectos de construcción. Esta cantidad representa el 5% por ciento según requerido en la Ordenanza 29 del municipio.
Además, el Municipio de Guánica no le remitió al Departamento de Hacienda, más de $22 mil dólares que le retuvo a dos contratistas por trabajos de ingeniería.
Por este incumplimiento el Municipio se expone a tener que pagar intereses, penalidades y recargos.
Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor, las Cartas Circulares y otros documentos, están disponibles en nuestra página www.ocpr.gov.pr
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Contraloría a sus órdenes.
Informe de Auditoría OC-25-75 del Municipio de Guánica
Contralora revela que el Municipio de Guánica no cobró $46 mil en arbitrios de construcción ni remitió retenciones por $20 mil al Departamento de Hacienda
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Guánica. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Guánica no le cobró el 5% de arbitrio al 80% de los proyectos de construcción, ni le retuvo este importe en los pagos efectuados a los contratistas por mejoras al edificio de la alcaldía, la demolición de viviendas afectadas por los terremotos, o por la instalación de mallas de control de palomas en varias canchas, entre otras.
De los cinco proyectos de construcción, demolición y mejoras permanente examinados, el Municipio no le requirió a cuatro de ellos el pago de $45,849 de arbitrios por las obras contratadas por $1.1 millones entre el 2020 al 2023.
Además, los expedientes de los proyectos carecían de documentos requeridos por ley como: la fianza para garantizar el pago de mano de obra (payment bond), fianza para el cumplimiento del contrato (performance bond), o la evidencia de póliza de responsabilidad pública.
Estas deficiencias, dejan sin garantía al Municipio, en caso de incumplimiento y dificultan la función fiscalizadora.
La auditoría de seis hallazgos señala que el Municipio no consignó $79,761 en los presupuestos del 2019 al 2021 para el pago de una sentencia por cobro de dinero de una ferretería, acordada mediante sentencia por el Tribunal de Primera Instancia el 18 de abril de 2017. Esta falta de control causó, además, el pago de $7,000 en penalidades.
Al 10 de abril de 2024, el Municipio no tenía los estados financieros auditados para los años fiscales del 2021, 2022 y 2023. Esta situación no permite tener información financiera actualizada y confiable para la toma de decisiones. Además, puede ocasionar que se afecten las asignaciones de fondos federales al Municipio.
Los auditores detectaron que el Municipio le retuvo $22,316 a dos contratistas por trabajos de ingeniería que no remitieron al Departamento de Hacienda. Una situación similar se había publicado en el Informe de Auditoría M-22-22 del 2022. Por este incumplimiento el Municipio se expone a tener que pagar intereses, penalidades y recargos.
El Municipio de Guánica, carece de una unidad de compras centralizada. Por ejemplo, las subastas informales para obras de construcción y mejoras, no se remitían a la Unidad de Compras sino a un comité nombrado por el alcalde que evaluaba las cotizaciones y adjudicaba las obras. De hecho, en contravención del Código Municipal de 2020, dicho comité carecía de reglamentación.
La OCPR no pudo verificar en todos sus detalles la corrección y propiedad del desembolso de ocho cheques cancelados por $278,488, 19 cheques cancelados por $84,000, ni de 31 cheques cancelados por $39,000. Tras los terremotos, los documentos se enviaron al Museo Pedro Juan Vargas, pero no se organizaron adecuadamente. Los directores de finanzas en funciones no mantuvieron una custodia adecuada de los documentos.
El Informe comenta que el Municipio transó una demanda por más de $1 millón, por la cancelación de contrato sin arbitraje en el 2015, con una compañía de recogido de desperdicios sólidos, escombros y reciclaje. El Municipio realiza este desembolso sin recibir beneficio alguno.
Por despido injustificado de un policía municipal en el 2011, el Municipio tuvo que pagarle $73,540 en salarios, bonos y licencias por vacaciones dejadas de devengar sin recibir servicio alguno. Además, al 12 de septiembre de 2023, siete demandas por $31.8 millones, estaban pendientes de resolución por los tribunales.
Desde los años fiscales del 2019 al 2023, Guánica ha contado con un presupuesto de $7.8 millones, $6.4 millones, $5.1 millones, y $7.3 millones respectivamente. Los estados financieros auditados del 2019 al 2021 reflejaron déficits acumulados de $6.5 millones, $3.8 millones y $3.5 millones respectivamente.
El Municipio tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional del 49% en el 2020 y del 54% en el 2021. Esto se atribuye a la sobrestimación en los ingresos, al uso inadecuado de ingresos de patentes municipales para cubrir gastos operacionales y a la ausencia de un sistema de contabilidad, entre otros.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo informe, cubre el periodo del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-75 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-74 del Municipio de Morovis
Contralora revela pagos de más de medio millón sin subasta y cotizaciones requeridas en Morovis
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Morovis. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Morovis pagó $593,653 a dos contratistas por servicios de mantenimiento de áreas verdes sin celebrar subasta. De esta cantidad, $385,870, el 65%, eran fondos federales de la Ley del Plan de Rescate Americano y de fondos del COVID-19. La ley y el Reglamento de Subastas de 2021, dispone que es requisito celebrar subasta pública en la compra de materiales, equipos, medicinas y otros suministros cuando excedan de $100,000.
Además, el Municipio otorgó dos contratos por $47,500 para limpieza de terrenos y mantenimiento, sin obtener al menos tres cotizaciones. Estas situaciones impiden la libre competencia, propician el favoritismo y que se cometan irregularidades, entre otras.
La auditoría de seis hallazgos señala que, sin facultad legal, el Municipio le pagó a un funcionario $6,375 por los excesos de licencia de vacaciones acumuladas, en contravención de la Ordenanza 15 de 2017. Además, a la directora de Recursos Humanos se le pagó un diferencial de $2,907 para atender asuntos de personal de la Oficina de Recuperación; tareas que ya estaban definidas en el Plan de Clasificación y Retribución de Puestos de 2008.
Los auditores detectaron que el Municipio nombró un empleado en 11 ocasiones a los puestos de trabajador y conductor de vehículos pesados sin estar habilitado por la Oficina de Habilitación para el Servicio Público. Dicho empleado fue convicto por delitos graves y sentenciado a siete años de probatoria en el 2008. El hecho de no estar habilitado según requiere la ley, pudiera ocasionar que el Municipio tenga que rembolsar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos los salarios devengados bajo la Ley 52-1991 de Seguridad de Empleo.
Por otro lado, el Municipio no obligó las asignaciones presupuestarias de más de $2.2 millones al momento de otorgar siete contratos y tres enmiendas para el servicio de recogido de escombros, construcción y mejoras permanentes. El registro de las obligaciones se realizó hasta 100 días después de formalizar los contratos. Una situación similar se había comentado en el 2020, en el Informe de Auditoría M-21-08.
Sin obtener los permisos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el Municipio de Morovis contrató la construcción de 15 monumentos para identificar los barrios por $348,835. Esta situación expone al Municipio a multas y penalidades ya que no permitió la función reguladora del DTOP, y que los monumentos se construyeran en contravención de las leyes y reglamentos aplicables. (Ver fotos adjuntas, relacionadas con este hallazgo 5)
El Informe publica múltiples deficiencias con la ausencia o tardanza en completar los documentos requeridos a los contratistas, tales como: la póliza de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, fianzas para garantizar el pago de jornales y materiales (payment bond), y fianzas para garantizar el cumplimiento del contrato (performance bond), entre otros. De esta manera, el Municipio no tiene garantías de que los contratistas cumplan con sus empleados, por ejemplo, en caso de accidente; y no verificaron si los contratistas cumplían con los requisitos de ley para formalizar contratos.
La auditoría comenta que el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Morovis, dictó sentencia el 23 de abril de 2024, y ordenó al Municipio el pago de $375,000 a contratista de recogido de desperdicios sólidos. El contratista había demandado al Municipio y a la alcaldesa el 27 de julio de 2018 por incumplimiento de contrato y daños por actuación dolosa al cancelar el contrato en el 2017.
Además, al 26 de septiembre de 2024, estaban pendientes de resolución por los tribunales, cuatro demandas civiles por daños y perjuicios y expropiación forzosa por $4 millones.
Desde los años fiscales del 2019 al 2024, Morovis ha contado con un presupuesto de $10.5 millones, $11.1 millones, $10.2 millones, $9.8 millones, $8.7 millones y $8.5 millones respectivamente. Los estados financieros auditados reflejaron superávits de $781,812, $1.1 millones y $979,700 para los años fiscales del 2019 al 2021.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-74 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Negociado de la Policía no retuvo aportación especial a contratistas, según Contralor
fuente: NotiCel - 6 de mayo de 2025
Una opinión cualificada de las operaciones fiscales revela que a cinco contratistas no se les descontó el 1.5% que se requiere a los proveedores con contratos que excedan los $300,000.
La auditoría comenta que el Negociado de la Policía tenía al 29 de febrero de 2024, 390 demandas con reclamos de hasta $557 millones pendientes de resolución.
Foto: Archivo/NotiCel
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Negociado de la Policía no le retuvo a cinco contratistas el 1.5% de la aportación especial que por ley se debe descontar a los proveedores con contratos que excedan los $300,000. Al contratista se le puede exonerar de la aportación especial si presenta una declaración jurada (Modelo SC-1350) conforme establece la Ley 48-2013 y la Carta Circular 1300-07-21.
De la evaluación de una muestra de 27 comprobantes de pago por $664,084, emitidos del 2022 al 2024, el Negociado no retuvo $1,394 equivalente a la aportación especial del 1.5% en 14 comprobantes de pago por $93,039 a cinco contratistas que no tenían la declaración jurada. Para el periodo auditado del 2020 al 2024, el Negociado había otorgado un total de 856 contratos y enmiendas por $124 millones.
Esta situación incumple el propósito de recaudar fondos para aliviar la crisis fiscal y atender gastos operacionales del Gobierno.
La auditoría comenta que el Negociado de la Policía tenía al 29 de febrero de 2024, 390 demandas con reclamos de hasta $557 millones pendientes de resolución. La mayoría de los casos es por daños y perjuicios, violación de derechos civiles y discrimen. La cuantía mayor corresponde a una demanda por fabricación de cargos y detención ilegal por $100 millones.
Además, el Negociado no había remitido, al 30 de octubre de 2024, la Certificación Anual requerida por ley del Registro de Puestos de los años fiscales de 2021, 2022 y 2023. Este registro. que administra la OCPR, contiene la información de los cambios mensuales que ocurren con los puestos en todas las agencias y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva.
El presupuesto del Negociado desde el 2020 al 2024 ascendió a $3,709 millones, y realizó desembolsos por $3,193 millones.
Informe de Auditoría OC-25-73 del Negociado de la Policía de Puerto Rico
Contralora revela que el Negociado de la Policía no retuvo el 1.5% de la aportación especial a los contratistas
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Negociado de la Policía no le retuvo a cinco contratistas el 1.5% de la aportación especial que por ley se debe descontar a los proveedores con contratos que excedan los $300 mil. Al contratista se le puede exonerar de la aportación especial si presenta una declaración jurada (Modelo SC-1350) conforme establece la Ley 48-2013 y la Carta Circular 1300-07-21.
De la evaluación de una muestra de 27 comprobantes de pago por $664,084, emitidos del 2022 al 2024, el Negociado no retuvo $1,394 equivalente a la aportación especial del 1.5% en 14 comprobantes de pago por $93,039 a cinco contratistas que no tenían la declaración jurada. Para el periodo auditado del 2020 al 2024, el Negociado había otorgado un total de 856 contratos y enmiendas por $124 millones.
Esta situación incumple el propósito de recaudar fondos para aliviar la crisis fiscal y atender gastos operacionales del Gobierno.
La auditoría comenta que el Negociado de la Policía tenía al 29 de febrero de 2024, 390 demandas con reclamos de hasta $557 millones pendientes de resolución. La mayoría de los casos es por daños y perjuicios, violación de derechos civiles y discrimen. La cuantía mayor corresponde a una demanda por fabricación de cargos y detención ilegal por $100 millones.
Además, el Negociado no había remitido, al 30 de octubre de 2024, la Certificación Anual requerida por ley del Registro de Puestos de los años fiscales de 2021, 2022 y 2023. Este registro. que administra la OCPR, contiene la información de los cambios mensuales que ocurren con los puestos en todas las agencias y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva.
El presupuesto del Negociado desde el 2020 al 2024 ascendió a $3,709 millones, y realizó desembolsos por $3,193 millones.
Este primer informe, cubre el periodo del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-73 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Más de $42 millones en el limbo: gobierno incumple con recobro de dinero ante fallas en contratos auditados
fuente: El Nuevo Día - Por David Cordero Mercado - 1 de mayo de 2025
En los pasados cinco años, las entidades públicas solo han recuperado $267,380 tras las irregularidades detectadas por la Oficina del Contralor
El gobierno ha fallado en recuperar más de $42.1 millones que, según los informes de auditoría de laOficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), deben ser devueltos a las arcas públicas debido a irregularidades detectadas en contrataciones gubernamentales durante los pasados cinco años.
De un total de $44.5 millones identificados en auditorías, entre enero de 2020 y diciembre de 2024, apenas $267,380 han sido recuperados, mientras otros $2,100,668 ya se consideran incobrables, de acuerdo con datos que la OCPR compartió con El Nuevo Día.
Esta ínfima tasa de recobro destapa un cuadro de inacción y aparente impunidad en la gestión de fondos públicos, a juicio de la contralora, Yesmín Valdivieso.
“Nosotros no tenemos el poder para obligar a ninguna unidad a recobrar el dinero”, dijo Valdivieso, al argumentar que ejecutar el recobro no está en sus manos. “Nosotros sí le seguimos dando seguimiento a las solicitudes de recobro de dinero. En algunos casos, lo recobran y, en otros casos, (los encargados en las unidades gubernamentales) se hacen los locos. No tengo otra palabra para decirlo”, subrayó.
Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2024, la OCPR publicó 123 informes de auditoría qu0e revelaron fallas en contratos relacionados con construcción, obras, mejoras permanentes y servicios profesionales correspondientes a 86 entidades gubernamentales.
De esos, 50 reportes contenían recomendaciones específicas para recobrar fondos mal utilizados o pagados indebidamente, por un total de $44,501,586. Sin embargo, al culminar el pasado mes de marzo, cerca del 95% de ese monto –unos $42,133,538– aún no había sido reingresado al erario.
La OCPR explicó que hay 11 casos en los que las respectivas entidades gubernamentales ya determinaron no realizar gestiones de recobro, entre ellos, los gobiernos municipales de Hormigueros, Hatillo, Coamo y Arecibo. En otro ejemplo, una deuda de $65,214 fue declarada incobrable debido a que el Municipio de Naguabo no hizo las gestiones correspondientes de recobro y prescribió.
Al tope de la lista con gestiones de recobro pendientes, está el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres ($27,237,370), seguido de la Oficina de Gerencia y Presupuesto ($2,870,023), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura ($2,306,895), el Departamento de Corrección y Rehabilitación ($1,709,431), la Administración de Servicios Médicos ($1,681,841), el Municipio de Barceloneta($1,468,024) y el Negociado de Telecomunicaciones($1,031,028).
La información –que solo cubre cinco años– surge en momentos en que se prevé que las partidas provenientes del gobierno estadounidense se reduzcan del 46% actual a 43%, en el presupuesto del año fiscal 2025-2026, como consecuencia de los recortes en fondos federales impulsados por la administración de Donald Trump. En Puerto Rico, esta ofensiva ha afectado principalmente, hasta el momento, a los departamentos de Educación y de Salud.
Los hallazgos más comunes que activan las recomendaciones de recobro incluyen la ausencia de cláusulas requeridas por ley en los contratos, pagos realizados fuera de los términos contractuales y servicios prestados antes o después de la vigencia del contrato. Son errores que, según la contralora, se repiten con demasiada frecuencia.
“En algunos casos, lo recobran y, en otros casos, se hacen los locos ”
Yesmín Valdivieso, Contralora
“En nuestros informes, en todos los informes, siempre hay algún problema con algún contrato”, anotó Valdivieso, quien censuró el reiterado registro tardío de contratos en la OCPR por parte de las entidades gubernamentales. “Le caemos encima a las agencias para que registren (correctamente los contratos), pero la realidad es que el contratista es tan responsable como la agencia de que este contrato se registre”, subrayó.
10 casos bajo investigación
Valdivieso explicó que la OCPR refiere los casos de recobro principalmente al Departamento de Justicia y al Departamento de Hacienda, que tiene una unidad de cobro de deudas al gobierno. De igual modo, estos informes son referidos a la Comisión Conjunta de Informes Especiales del Contralor en la Legislatura, que se supone dé seguimiento a las recomendaciones. “Pudiera ser mejor”, respondió la funcionaria, al preguntársele si consideraba que las gestiones de recobro de parte de esas entidades eran efectivas.
Al respecto, Justicia indicó que recibe los referidos de la OCPR, los evalúa y, de proceder, asigna los casos a su División de Contributivo, Cobro de Dinero y Expropiaciones Forzosas.
En una declaración escrita, la agencia precisó que, hasta esta semana, dicha División tenía 10 casos activos bajo investigación. “Como parte del proceso, una vez culminen las investigaciones, el Departamento de Justicia notificará a las agencias correspondientes si se procederá con una reclamación o si el caso será cerrado”, indicó.
La declaración, sin embargo, no detalla la antigüedad de esos 10 casos, cuántos referidos han recibido en los últimos cinco años, ni un plazo estimado para la conclusión de las pesquisas.
Hacienda no respondió una petición de información de El Nuevo Día.
De igual forma, la senadora Karen Román, presidenta de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor, no estuvo disponible. Su portavoz, Josian Vázquez, indicó que la legisladora novoprogresista se encontraba ocupada atendiendo asuntos relacionados con el incidente, de carácter personal, que tuvo con una aerolínea.
Incompetencia e impunidad
La inacción que predomina es vista como un síntoma de un mal mayor, según Mario Negrón Portillo, catedrático retirado y exdirector de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, quien describió el panorama como “incompetencia, por un lado, e impunidad por otro”.
“Lo que estás trayendo describe lo que está pasando con la administración pública de Puerto Rico”, afirmó Negrón Portillo, en entrevista separada. “Por un lado, dando el beneficio de la duda, puede que la gente se equivoque por desconocimiento. Y, al otro lado, tienes el problema de la impunidad, que aquí se toman decisiones, suceden cosas y, al final del día, es como si nada hubiera pasado”.
Negrón Portillo argumentó que la falta de diligencia en el recobro abona a la percepción de que “no importa lo que tú hagas mal, nada va a pasar”. En esa dirección, añadió que las agencias, sobrecargadas o sin el personal capacitado, optan por no invertir esfuerzos en recuperar el dinero, por entender que no se le pedirán explicaciones al respecto.
Opinó que, en el pasado, los informes de la OCPR generaban cierto temor entre algunos funcionarios, particularmente alcaldes, por su posible costo electoral, pero eso quedó en el pasado. “Si ya no hay ese miedo, ya no hay esa deferencia, ese ‘creo que me puede pasar algo malo’, pues, nada va a pasar, las decisiones se siguen tomando, los problemas se siguen acumulando”, declaró.
Necesidad urgente de consecuencias
Tanto Valdivieso como Negrón Portillo coincidieron en la necesidad de que haya consecuencias reales. La contralora, aunque sostuvo que, en ocasiones, los errores pueden ser administrativos y no de mala fe, insistió en la rigurosidad necesaria al manejar fondos públicos. “Las reglas de contratación gubernamental son bien estrictas y tiene que haber un esfuerzo”, aseveró.
“Tiene que haber consecuencias”, subrayó, por su parte, Negrón Portillo. “Esto empieza desde arriba, tiene que haber una directriz bien clara de la Oficina del Gobernador, exigir un cumplimiento y un trabajo a los funcionarios públicos y, además de exigirle, poner una consecuencia”, puntualizó.
La corresponsabilidad entre el gobierno y el contratista es el eje de una reciente campaña de la OCPR titulada “Evitar señalamientos está en tus manos”, con la que buscan concienciar a los proveedores del gobierno sobre la necesidad de vigilar, también, el cumplimiento estricto de las normativas.
“Le recomendamos que se aseguren que el contrato cumpla con todos los requisitos de ley, la reglamentación y la jurisprudencia interpretativa para evitar irregularidades”, expresó Valdivieso.
Enfatizó que un contrato debe ser por escrito y estar firmado por las partes, tener vigencia prospectiva y estar debidamente registrado en la OCPR antes de iniciar servicios.Un error común, como enmendar un contrato ya vencido, invalida dicha enmienda, poniendo en riesgo el pago al contratista, incluso si este realizó el trabajo.
“Puede que te hayan pagado, pero eso no significa que nosotros no vamos a señalar o a solicitar que se te recobre el dinero que se te pagó”, advirtió la contralora. “La contratación pública representa una proporción significativa del presupuesto gubernamental. Por eso, los contratistas tienen la responsabilidad de asegurarse de cumplir con todas las normas legales que apliquen para evitar un señalamiento o una recomendación de recobro”, manifestó.
NotiContralor News – Informe de auditoría OC-25-72 de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA)
¡Saludos!
La Oficina del Contralor de Puerto Rico reveló, que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, también conocida como ASSMCA, pagó $48 mil dólares en exceso a tres contratistas. El Informe recomienda que se recobre ese dinero pagado de forma indebida.
Además, los auditores detectaron múltiples deficiencias en la facturación y pago de servicios administrativos remotos, de tareas presenciales como: ponchar contratos, crear expedientes y clasificar documentos.
En ASSMCA se contrataron varios servicios de puestos regulares vacantes como el del director médico y coordinadora de compras. Sin embargo, ante la disminución de empleados, esta entidad no había realizado una evaluación sobre la manera más eficiente de prestar estos servicios.
Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor, las Cartas Circulares y otros documentos, están disponibles en nuestra página www.ocpr.gov.pr
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Contraloría a sus órdenes…