Subastas
Informe de Auditoría OC-25-75 del Municipio de Guánica
Contralora revela que el Municipio de Guánica no cobró $46 mil en arbitrios de construcción ni remitió retenciones por $20 mil al Departamento de Hacienda
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Guánica. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Guánica no le cobró el 5% de arbitrio al 80% de los proyectos de construcción, ni le retuvo este importe en los pagos efectuados a los contratistas por mejoras al edificio de la alcaldía, la demolición de viviendas afectadas por los terremotos, o por la instalación de mallas de control de palomas en varias canchas, entre otras.
De los cinco proyectos de construcción, demolición y mejoras permanente examinados, el Municipio no le requirió a cuatro de ellos el pago de $45,849 de arbitrios por las obras contratadas por $1.1 millones entre el 2020 al 2023.
Además, los expedientes de los proyectos carecían de documentos requeridos por ley como: la fianza para garantizar el pago de mano de obra (payment bond), fianza para el cumplimiento del contrato (performance bond), o la evidencia de póliza de responsabilidad pública.
Estas deficiencias, dejan sin garantía al Municipio, en caso de incumplimiento y dificultan la función fiscalizadora.
La auditoría de seis hallazgos señala que el Municipio no consignó $79,761 en los presupuestos del 2019 al 2021 para el pago de una sentencia por cobro de dinero de una ferretería, acordada mediante sentencia por el Tribunal de Primera Instancia el 18 de abril de 2017. Esta falta de control causó, además, el pago de $7,000 en penalidades.
Al 10 de abril de 2024, el Municipio no tenía los estados financieros auditados para los años fiscales del 2021, 2022 y 2023. Esta situación no permite tener información financiera actualizada y confiable para la toma de decisiones. Además, puede ocasionar que se afecten las asignaciones de fondos federales al Municipio.
Los auditores detectaron que el Municipio le retuvo $22,316 a dos contratistas por trabajos de ingeniería que no remitieron al Departamento de Hacienda. Una situación similar se había publicado en el Informe de Auditoría M-22-22 del 2022. Por este incumplimiento el Municipio se expone a tener que pagar intereses, penalidades y recargos.
El Municipio de Guánica, carece de una unidad de compras centralizada. Por ejemplo, las subastas informales para obras de construcción y mejoras, no se remitían a la Unidad de Compras sino a un comité nombrado por el alcalde que evaluaba las cotizaciones y adjudicaba las obras. De hecho, en contravención del Código Municipal de 2020, dicho comité carecía de reglamentación.
La OCPR no pudo verificar en todos sus detalles la corrección y propiedad del desembolso de ocho cheques cancelados por $278,488, 19 cheques cancelados por $84,000, ni de 31 cheques cancelados por $39,000. Tras los terremotos, los documentos se enviaron al Museo Pedro Juan Vargas, pero no se organizaron adecuadamente. Los directores de finanzas en funciones no mantuvieron una custodia adecuada de los documentos.
El Informe comenta que el Municipio transó una demanda por más de $1 millón, por la cancelación de contrato sin arbitraje en el 2015, con una compañía de recogido de desperdicios sólidos, escombros y reciclaje. El Municipio realiza este desembolso sin recibir beneficio alguno.
Por despido injustificado de un policía municipal en el 2011, el Municipio tuvo que pagarle $73,540 en salarios, bonos y licencias por vacaciones dejadas de devengar sin recibir servicio alguno. Además, al 12 de septiembre de 2023, siete demandas por $31.8 millones, estaban pendientes de resolución por los tribunales.
Desde los años fiscales del 2019 al 2023, Guánica ha contado con un presupuesto de $7.8 millones, $6.4 millones, $5.1 millones, y $7.3 millones respectivamente. Los estados financieros auditados del 2019 al 2021 reflejaron déficits acumulados de $6.5 millones, $3.8 millones y $3.5 millones respectivamente.
El Municipio tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional del 49% en el 2020 y del 54% en el 2021. Esto se atribuye a la sobrestimación en los ingresos, al uso inadecuado de ingresos de patentes municipales para cubrir gastos operacionales y a la ausencia de un sistema de contabilidad, entre otros.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo informe, cubre el periodo del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-75 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-74 del Municipio de Morovis
Contralora revela pagos de más de medio millón sin subasta y cotizaciones requeridas en Morovis
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Morovis. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Morovis pagó $593,653 a dos contratistas por servicios de mantenimiento de áreas verdes sin celebrar subasta. De esta cantidad, $385,870, el 65%, eran fondos federales de la Ley del Plan de Rescate Americano y de fondos del COVID-19. La ley y el Reglamento de Subastas de 2021, dispone que es requisito celebrar subasta pública en la compra de materiales, equipos, medicinas y otros suministros cuando excedan de $100,000.
Además, el Municipio otorgó dos contratos por $47,500 para limpieza de terrenos y mantenimiento, sin obtener al menos tres cotizaciones. Estas situaciones impiden la libre competencia, propician el favoritismo y que se cometan irregularidades, entre otras.
La auditoría de seis hallazgos señala que, sin facultad legal, el Municipio le pagó a un funcionario $6,375 por los excesos de licencia de vacaciones acumuladas, en contravención de la Ordenanza 15 de 2017. Además, a la directora de Recursos Humanos se le pagó un diferencial de $2,907 para atender asuntos de personal de la Oficina de Recuperación; tareas que ya estaban definidas en el Plan de Clasificación y Retribución de Puestos de 2008.
Los auditores detectaron que el Municipio nombró un empleado en 11 ocasiones a los puestos de trabajador y conductor de vehículos pesados sin estar habilitado por la Oficina de Habilitación para el Servicio Público. Dicho empleado fue convicto por delitos graves y sentenciado a siete años de probatoria en el 2008. El hecho de no estar habilitado según requiere la ley, pudiera ocasionar que el Municipio tenga que rembolsar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos los salarios devengados bajo la Ley 52-1991 de Seguridad de Empleo.
Por otro lado, el Municipio no obligó las asignaciones presupuestarias de más de $2.2 millones al momento de otorgar siete contratos y tres enmiendas para el servicio de recogido de escombros, construcción y mejoras permanentes. El registro de las obligaciones se realizó hasta 100 días después de formalizar los contratos. Una situación similar se había comentado en el 2020, en el Informe de Auditoría M-21-08.
Sin obtener los permisos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el Municipio de Morovis contrató la construcción de 15 monumentos para identificar los barrios por $348,835. Esta situación expone al Municipio a multas y penalidades ya que no permitió la función reguladora del DTOP, y que los monumentos se construyeran en contravención de las leyes y reglamentos aplicables. (Ver fotos adjuntas, relacionadas con este hallazgo 5)
El Informe publica múltiples deficiencias con la ausencia o tardanza en completar los documentos requeridos a los contratistas, tales como: la póliza de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, fianzas para garantizar el pago de jornales y materiales (payment bond), y fianzas para garantizar el cumplimiento del contrato (performance bond), entre otros. De esta manera, el Municipio no tiene garantías de que los contratistas cumplan con sus empleados, por ejemplo, en caso de accidente; y no verificaron si los contratistas cumplían con los requisitos de ley para formalizar contratos.
La auditoría comenta que el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Morovis, dictó sentencia el 23 de abril de 2024, y ordenó al Municipio el pago de $375,000 a contratista de recogido de desperdicios sólidos. El contratista había demandado al Municipio y a la alcaldesa el 27 de julio de 2018 por incumplimiento de contrato y daños por actuación dolosa al cancelar el contrato en el 2017.
Además, al 26 de septiembre de 2024, estaban pendientes de resolución por los tribunales, cuatro demandas civiles por daños y perjuicios y expropiación forzosa por $4 millones.
Desde los años fiscales del 2019 al 2024, Morovis ha contado con un presupuesto de $10.5 millones, $11.1 millones, $10.2 millones, $9.8 millones, $8.7 millones y $8.5 millones respectivamente. Los estados financieros auditados reflejaron superávits de $781,812, $1.1 millones y $979,700 para los años fiscales del 2019 al 2021.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-74 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Negociado de la Policía no retuvo aportación especial a contratistas, según Contralor
fuente: NotiCel - 6 de mayo de 2025
Una opinión cualificada de las operaciones fiscales revela que a cinco contratistas no se les descontó el 1.5% que se requiere a los proveedores con contratos que excedan los $300,000.
La auditoría comenta que el Negociado de la Policía tenía al 29 de febrero de 2024, 390 demandas con reclamos de hasta $557 millones pendientes de resolución.
Foto: Archivo/NotiCel
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Negociado de la Policía no le retuvo a cinco contratistas el 1.5% de la aportación especial que por ley se debe descontar a los proveedores con contratos que excedan los $300,000. Al contratista se le puede exonerar de la aportación especial si presenta una declaración jurada (Modelo SC-1350) conforme establece la Ley 48-2013 y la Carta Circular 1300-07-21.
De la evaluación de una muestra de 27 comprobantes de pago por $664,084, emitidos del 2022 al 2024, el Negociado no retuvo $1,394 equivalente a la aportación especial del 1.5% en 14 comprobantes de pago por $93,039 a cinco contratistas que no tenían la declaración jurada. Para el periodo auditado del 2020 al 2024, el Negociado había otorgado un total de 856 contratos y enmiendas por $124 millones.
Esta situación incumple el propósito de recaudar fondos para aliviar la crisis fiscal y atender gastos operacionales del Gobierno.
La auditoría comenta que el Negociado de la Policía tenía al 29 de febrero de 2024, 390 demandas con reclamos de hasta $557 millones pendientes de resolución. La mayoría de los casos es por daños y perjuicios, violación de derechos civiles y discrimen. La cuantía mayor corresponde a una demanda por fabricación de cargos y detención ilegal por $100 millones.
Además, el Negociado no había remitido, al 30 de octubre de 2024, la Certificación Anual requerida por ley del Registro de Puestos de los años fiscales de 2021, 2022 y 2023. Este registro. que administra la OCPR, contiene la información de los cambios mensuales que ocurren con los puestos en todas las agencias y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva.
El presupuesto del Negociado desde el 2020 al 2024 ascendió a $3,709 millones, y realizó desembolsos por $3,193 millones.
Informe de Auditoría OC-25-73 del Negociado de la Policía de Puerto Rico
Contralora revela que el Negociado de la Policía no retuvo el 1.5% de la aportación especial a los contratistas
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Negociado de la Policía no le retuvo a cinco contratistas el 1.5% de la aportación especial que por ley se debe descontar a los proveedores con contratos que excedan los $300 mil. Al contratista se le puede exonerar de la aportación especial si presenta una declaración jurada (Modelo SC-1350) conforme establece la Ley 48-2013 y la Carta Circular 1300-07-21.
De la evaluación de una muestra de 27 comprobantes de pago por $664,084, emitidos del 2022 al 2024, el Negociado no retuvo $1,394 equivalente a la aportación especial del 1.5% en 14 comprobantes de pago por $93,039 a cinco contratistas que no tenían la declaración jurada. Para el periodo auditado del 2020 al 2024, el Negociado había otorgado un total de 856 contratos y enmiendas por $124 millones.
Esta situación incumple el propósito de recaudar fondos para aliviar la crisis fiscal y atender gastos operacionales del Gobierno.
La auditoría comenta que el Negociado de la Policía tenía al 29 de febrero de 2024, 390 demandas con reclamos de hasta $557 millones pendientes de resolución. La mayoría de los casos es por daños y perjuicios, violación de derechos civiles y discrimen. La cuantía mayor corresponde a una demanda por fabricación de cargos y detención ilegal por $100 millones.
Además, el Negociado no había remitido, al 30 de octubre de 2024, la Certificación Anual requerida por ley del Registro de Puestos de los años fiscales de 2021, 2022 y 2023. Este registro. que administra la OCPR, contiene la información de los cambios mensuales que ocurren con los puestos en todas las agencias y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva.
El presupuesto del Negociado desde el 2020 al 2024 ascendió a $3,709 millones, y realizó desembolsos por $3,193 millones.
Este primer informe, cubre el periodo del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-73 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Más de $42 millones en el limbo: gobierno incumple con recobro de dinero ante fallas en contratos auditados
fuente: El Nuevo Día - Por David Cordero Mercado - 1 de mayo de 2025
En los pasados cinco años, las entidades públicas solo han recuperado $267,380 tras las irregularidades detectadas por la Oficina del Contralor
El gobierno ha fallado en recuperar más de $42.1 millones que, según los informes de auditoría de laOficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), deben ser devueltos a las arcas públicas debido a irregularidades detectadas en contrataciones gubernamentales durante los pasados cinco años.
De un total de $44.5 millones identificados en auditorías, entre enero de 2020 y diciembre de 2024, apenas $267,380 han sido recuperados, mientras otros $2,100,668 ya se consideran incobrables, de acuerdo con datos que la OCPR compartió con El Nuevo Día.
Esta ínfima tasa de recobro destapa un cuadro de inacción y aparente impunidad en la gestión de fondos públicos, a juicio de la contralora, Yesmín Valdivieso.
“Nosotros no tenemos el poder para obligar a ninguna unidad a recobrar el dinero”, dijo Valdivieso, al argumentar que ejecutar el recobro no está en sus manos. “Nosotros sí le seguimos dando seguimiento a las solicitudes de recobro de dinero. En algunos casos, lo recobran y, en otros casos, (los encargados en las unidades gubernamentales) se hacen los locos. No tengo otra palabra para decirlo”, subrayó.
Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2024, la OCPR publicó 123 informes de auditoría qu0e revelaron fallas en contratos relacionados con construcción, obras, mejoras permanentes y servicios profesionales correspondientes a 86 entidades gubernamentales.
De esos, 50 reportes contenían recomendaciones específicas para recobrar fondos mal utilizados o pagados indebidamente, por un total de $44,501,586. Sin embargo, al culminar el pasado mes de marzo, cerca del 95% de ese monto –unos $42,133,538– aún no había sido reingresado al erario.
La OCPR explicó que hay 11 casos en los que las respectivas entidades gubernamentales ya determinaron no realizar gestiones de recobro, entre ellos, los gobiernos municipales de Hormigueros, Hatillo, Coamo y Arecibo. En otro ejemplo, una deuda de $65,214 fue declarada incobrable debido a que el Municipio de Naguabo no hizo las gestiones correspondientes de recobro y prescribió.
Al tope de la lista con gestiones de recobro pendientes, está el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres ($27,237,370), seguido de la Oficina de Gerencia y Presupuesto ($2,870,023), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura ($2,306,895), el Departamento de Corrección y Rehabilitación ($1,709,431), la Administración de Servicios Médicos ($1,681,841), el Municipio de Barceloneta($1,468,024) y el Negociado de Telecomunicaciones($1,031,028).
La información –que solo cubre cinco años– surge en momentos en que se prevé que las partidas provenientes del gobierno estadounidense se reduzcan del 46% actual a 43%, en el presupuesto del año fiscal 2025-2026, como consecuencia de los recortes en fondos federales impulsados por la administración de Donald Trump. En Puerto Rico, esta ofensiva ha afectado principalmente, hasta el momento, a los departamentos de Educación y de Salud.
Los hallazgos más comunes que activan las recomendaciones de recobro incluyen la ausencia de cláusulas requeridas por ley en los contratos, pagos realizados fuera de los términos contractuales y servicios prestados antes o después de la vigencia del contrato. Son errores que, según la contralora, se repiten con demasiada frecuencia.
“En algunos casos, lo recobran y, en otros casos, se hacen los locos ”
Yesmín Valdivieso, Contralora
“En nuestros informes, en todos los informes, siempre hay algún problema con algún contrato”, anotó Valdivieso, quien censuró el reiterado registro tardío de contratos en la OCPR por parte de las entidades gubernamentales. “Le caemos encima a las agencias para que registren (correctamente los contratos), pero la realidad es que el contratista es tan responsable como la agencia de que este contrato se registre”, subrayó.
10 casos bajo investigación
Valdivieso explicó que la OCPR refiere los casos de recobro principalmente al Departamento de Justicia y al Departamento de Hacienda, que tiene una unidad de cobro de deudas al gobierno. De igual modo, estos informes son referidos a la Comisión Conjunta de Informes Especiales del Contralor en la Legislatura, que se supone dé seguimiento a las recomendaciones. “Pudiera ser mejor”, respondió la funcionaria, al preguntársele si consideraba que las gestiones de recobro de parte de esas entidades eran efectivas.
Al respecto, Justicia indicó que recibe los referidos de la OCPR, los evalúa y, de proceder, asigna los casos a su División de Contributivo, Cobro de Dinero y Expropiaciones Forzosas.
En una declaración escrita, la agencia precisó que, hasta esta semana, dicha División tenía 10 casos activos bajo investigación. “Como parte del proceso, una vez culminen las investigaciones, el Departamento de Justicia notificará a las agencias correspondientes si se procederá con una reclamación o si el caso será cerrado”, indicó.
La declaración, sin embargo, no detalla la antigüedad de esos 10 casos, cuántos referidos han recibido en los últimos cinco años, ni un plazo estimado para la conclusión de las pesquisas.
Hacienda no respondió una petición de información de El Nuevo Día.
De igual forma, la senadora Karen Román, presidenta de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor, no estuvo disponible. Su portavoz, Josian Vázquez, indicó que la legisladora novoprogresista se encontraba ocupada atendiendo asuntos relacionados con el incidente, de carácter personal, que tuvo con una aerolínea.
Incompetencia e impunidad
La inacción que predomina es vista como un síntoma de un mal mayor, según Mario Negrón Portillo, catedrático retirado y exdirector de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, quien describió el panorama como “incompetencia, por un lado, e impunidad por otro”.
“Lo que estás trayendo describe lo que está pasando con la administración pública de Puerto Rico”, afirmó Negrón Portillo, en entrevista separada. “Por un lado, dando el beneficio de la duda, puede que la gente se equivoque por desconocimiento. Y, al otro lado, tienes el problema de la impunidad, que aquí se toman decisiones, suceden cosas y, al final del día, es como si nada hubiera pasado”.
Negrón Portillo argumentó que la falta de diligencia en el recobro abona a la percepción de que “no importa lo que tú hagas mal, nada va a pasar”. En esa dirección, añadió que las agencias, sobrecargadas o sin el personal capacitado, optan por no invertir esfuerzos en recuperar el dinero, por entender que no se le pedirán explicaciones al respecto.
Opinó que, en el pasado, los informes de la OCPR generaban cierto temor entre algunos funcionarios, particularmente alcaldes, por su posible costo electoral, pero eso quedó en el pasado. “Si ya no hay ese miedo, ya no hay esa deferencia, ese ‘creo que me puede pasar algo malo’, pues, nada va a pasar, las decisiones se siguen tomando, los problemas se siguen acumulando”, declaró.
Necesidad urgente de consecuencias
Tanto Valdivieso como Negrón Portillo coincidieron en la necesidad de que haya consecuencias reales. La contralora, aunque sostuvo que, en ocasiones, los errores pueden ser administrativos y no de mala fe, insistió en la rigurosidad necesaria al manejar fondos públicos. “Las reglas de contratación gubernamental son bien estrictas y tiene que haber un esfuerzo”, aseveró.
“Tiene que haber consecuencias”, subrayó, por su parte, Negrón Portillo. “Esto empieza desde arriba, tiene que haber una directriz bien clara de la Oficina del Gobernador, exigir un cumplimiento y un trabajo a los funcionarios públicos y, además de exigirle, poner una consecuencia”, puntualizó.
La corresponsabilidad entre el gobierno y el contratista es el eje de una reciente campaña de la OCPR titulada “Evitar señalamientos está en tus manos”, con la que buscan concienciar a los proveedores del gobierno sobre la necesidad de vigilar, también, el cumplimiento estricto de las normativas.
“Le recomendamos que se aseguren que el contrato cumpla con todos los requisitos de ley, la reglamentación y la jurisprudencia interpretativa para evitar irregularidades”, expresó Valdivieso.
Enfatizó que un contrato debe ser por escrito y estar firmado por las partes, tener vigencia prospectiva y estar debidamente registrado en la OCPR antes de iniciar servicios.Un error común, como enmendar un contrato ya vencido, invalida dicha enmienda, poniendo en riesgo el pago al contratista, incluso si este realizó el trabajo.
“Puede que te hayan pagado, pero eso no significa que nosotros no vamos a señalar o a solicitar que se te recobre el dinero que se te pagó”, advirtió la contralora. “La contratación pública representa una proporción significativa del presupuesto gubernamental. Por eso, los contratistas tienen la responsabilidad de asegurarse de cumplir con todas las normas legales que apliquen para evitar un señalamiento o una recomendación de recobro”, manifestó.
NotiContralor News – Informe de auditoría OC-25-72 de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA)
¡Saludos!
La Oficina del Contralor de Puerto Rico reveló, que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, también conocida como ASSMCA, pagó $48 mil dólares en exceso a tres contratistas. El Informe recomienda que se recobre ese dinero pagado de forma indebida.
Además, los auditores detectaron múltiples deficiencias en la facturación y pago de servicios administrativos remotos, de tareas presenciales como: ponchar contratos, crear expedientes y clasificar documentos.
En ASSMCA se contrataron varios servicios de puestos regulares vacantes como el del director médico y coordinadora de compras. Sin embargo, ante la disminución de empleados, esta entidad no había realizado una evaluación sobre la manera más eficiente de prestar estos servicios.
Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor, las Cartas Circulares y otros documentos, están disponibles en nuestra página www.ocpr.gov.pr
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Contraloría a sus órdenes…
NotiContralor News – Informe de auditoría OC-25-71 de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico
¡Saludos!
La auditoría de la Administración de Servicios Generales reveló que se realizaron compras en modalidad excepcional, sin los documentos requeridos. Por reglamentación, estas compras se realizan en situaciones de emergencia, cuando los fondos están a punto de acabarse o porque hay una sola fuente de abastecimiento.
Sin embrago, la auditoría encontró que una ayudante especial de la Junta de Subastas de la Agencia instruyó a que se adquiriera el servicio de impresión de guías para maestros y estudiantes de escuela mediante compra excepcional, debido a que los fondos federales vencían en 10 días. Esta compra se había solicitado a la Administración de Servicios Generales casi tres meses antes para tramitar como subasta informal. Esta compra excepcional, no fue evaluada por el administrador auxiliar de adquisiciones ni autorizada por el oficial de licitación.
Una situación similar ocurrió con el decomiso de materiales de construcción en su almacén en Aguadilla. Después de 10 meses de haberse solicitado, y a días de vencer la disponibilidad de fondos federales, se autorizó el decomiso mediante compra excepcional.
Estas situaciones vulneran los controles internos y pueden beneficiar a un proveedor en específico sobre los demás.
Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor, las Cartas Circulares y otros documentos, están disponibles en nuestra página www.ocpr.gov.pr
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Contraloría a sus órdenes…
Anuncios en la Prensa dirigidos a los contratistas del Gobierno de Puerto Rico
Carta Circular OC-25-20, Requerimiento de información de la Certificación requerida por el Artículo 9 de la Ley 103-2006, Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según enmendada, para los años fiscales 2022-23 y 2023-24
Comunicado de Prensa – Contralora alerta a los contratistas del gobierno a evitar irregularidades en la contratación
(San Juan-PR) – La Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, hizo un llamado a los contratistas del Gobierno de Puerto Rico, instrumentalidades públicas y municipios a seguir las reglas de contratación gubernamental. La campaña titulada “Evitar señalamientos está en tus manos” enfatiza que todo contrato debe estar por escrito, que esté firmado por todas las partes, que tenga vigencia prospectiva, y se registre y remita al Registro de contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).
“La normativa de la contratación gubernamental es muy estricta y específica ya que se trata de fondos públicos. Le recomendamos que se aseguren que el contrato cumpla con todos los requisitos de ley, la reglamentación y la jurisprudencia interpretativa para evitar irregularidades”, expresó la Contralora.
Además, es requisito que el contrato esté registrado en el Registro de Contratos de la OCPR antes de comenzar a rendir los servicios. Al respecto, el contratista debe recibir un correo electrónico que indique expresamente que su contrato está registrado. Por otro lado, las enmiendas a los contratos gubernamentales se tienen que realizar durante la vigencia del contrato, no después de vencido.
Por años, los hallazgos más comunes de las auditorías se refieren a pagos realizados fuera de contrato, servicios prestados antes o después de la vigencia del contrato, falta de cláusulas o registrar y remitir tarde el contrato al registro de la OCPR. “La contratación pública representa una proporción significativa del presupuesto gubernamental. Por eso, los contratistas tienen la responsabilidad de asegurarse cumplir con todas las normas legales que apliquen para evitar un señalamiento o una recomendación de recobro”, indicó la Contralora de Puerto Rico.
Los contratistas pueden obtener información adicional en el folleto informativo Guías Generales de Contratación del Gobierno de Puerto Rico, publicado en el portal de internet www.ocpr.gov.pr. O pueden solicitar una orientación mediante llamada al (787) 754-3030 extensiones 5413 ó 5414.
Contacto
Oficina del Contralor de Puerto Rico
Lisandra Rivera Rivera, R-168
Directora de área
Oficina de Prensa y Comunicaciones
lriverar@ocpr.gov.pr
(787) 250-3322
W ww.ocpr.gov.pr
Informe de Auditoría OC-25-72, Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción
Contraloría revela pagos en exceso por $48 mil y ausencia de análisis sobre la contratación de servicios profesionales en puestos regulares en la ASSMCA
La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), pagó $47,976 en exceso a tres contratistas por servicios relacionados con la salud, servicios profesionales y servicios no profesionales. Además, se detectaron múltiples deficiencias en facturas certificadas sin desglosar el tiempo invertido en cada tarea, sin incluir el número ni fecha del contrato, ni deducir la aportación al Fondo General. La ASSMCA también pagó $4,962 por servicios administrativos realizados de forma remota que incluían tareas presenciales como ponchar contratos, crear expedientes y clasificar documentos.
Esta situación tiene el efecto de que la ASSMCA no tiene certeza de que la información en las facturas y los pagos estén de acuerdo a lo contratado. Además, el Informe recomienda que se realicen gestiones de recobro de los $47,976 pagados de forma indebida.
La auditoría de tres hallazgos señala que el 75% de los contratos examinados, se registraron en la Oficina del Contralor con tardanzas de hasta dos meses. Al 3 de julio de 2024, el administrador de ASSMCA no había enviado la Certificación Anual de Registro de Contratos del año fiscal de 2022, y la del 2023 la envió 150 días más tarde de la fecha establecida.
El Informe indica que la contratación de los servicios de contadores para realizar los single audits de ASSMCA, se formalizaron hasta 196 días después de la fecha límite. Cualquier entidad que desembolse fondos federales por $750,000 o más, tiene que realizar una auditoria única de los estados financieros e informarlo a las agencias federales.
La auditoría comenta que la ASSMCA contrató servicios para realizar tareas de puestos regulares vacantes como el de director de centro, director médico o coordinadora administrativa de compras, entre otros. Del 2021 al 2023, la entidad tuvo una disminución de 416 puestos y otorgó 379 contratos por $16.5 millones. La ASSMCA no había realizado un estudio para determinar la manera más económica y eficiente de prestar estos servicios, ni tampoco le había solicitado ayuda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para realizar esta evaluación.
Además, los auditores identificaron que una contratista facturó $262 a la ASSMCA y al Senado por una misma actividad, el “Taller FORPAP de Primeros Auxilios Psicológicos en el Club Puertorriqueño del Municipio de Guánica”, que se llevó a cabo el 14 de noviembre.
El presupuesto de ASSMCA desde el 2020 al 2024, ascendió a $915.4 millones, y realizó desembolsos por $769.2 millones.
Este segundo y último informe, cubre el periodo del 1 de julio de 2019 al 30 de abril de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-72 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-71 de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico
Contraloría revela deficiencias con la modalidad de compra excepcional en la Administración de Servicios Generales
La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Administración de Servicios Generales. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que la Administración de Servicios Generales (ASG) realizó compras mediante la modalidad de compra excepcional, sin los documentos requeridos conforme al Reglamento 9230. Estas compras se realizan en situaciones de emergencia, cuando la vigencia de los fondos esta próximo a vencer, o cuando exista una sola fuente de abastecimiento, entre otros.
Por ejemplo, una entidad solicitó el servicio de impresión de guías para maestros y estudiantes de escuela, el 27 de octubre de 2021 mediante el trámite de subasta informal. Sin embargo, 86 días después, el 21 de enero de 2022, una ayudante especial de la Junta de Subastas de la ASG, instruyó que se adquiriera el servicio mediante compra excepcional debido a que los fondos federales vencían el 31 de enero de 2022. Esta compra excepcional, no fue evaluada por el administrador auxiliar de adquisiciones ni autorizada por el oficial de licitación.
Esta situación vulnera los controles internos establecidos y puede ocasionar que se beneficie un proveedor en específico sobre los demás.
La auditoría de un hallazgo señala también que la ASG solicitó un servicio de decomiso de materiales de construcción ubicados en el almacén de la anterior Oficina de Servicios de Aguadilla el 10 de agosto de 2021. Transcurridos 315 días de la solicitud, el administrador auxiliar instruyó que se adquiriera el servicio de decomiso pero en modalidad de compra excepcional, ya que la disponibilidad de fondos vencía el 30 de junio de 2022. Los auditores no encontraron evidencia de que se haya realizado gestiones para adquirir el servicio antes de esa fecha.
Además, la renovación del servicio de empleos temporeros de la ASG por $228,780, no se formalizó mediante un contrato de servicios profesionales sino mediante orden de compra excepcional el 30 de junio de 2022. El día anterior, el gerente de Recursos Humanos informó sobre la necesidad inmediata de recursos humanos y que solicitaba una orden de compra excepcional. La ASG tenía conocimiento de que el contrato de empleados temporeros que se firmó el 17 de noviembre de 2021, tenía vigencia hasta el 30 de junio de 2022.
Al respecto, no se protegieron los intereses de la ASG en caso de incumplimiento por parte del proveedor, al no existir un contrato entre las partes.
El Informe publica también que la compra de uniformes para 177 empleados de la ASG por $73,057, se realizó mediante compra excepcional, sin justificación.
Estas situaciones se atribuyen a que los compradores se apartaron de las disposiciones de ley y reglamento relacionadas con los procesos de adquisición y los funcionarios a cargo que no supervisaron de forma adecuada estas operaciones.
El presupuesto de la ASG fue de $108.4 millones desde el 2020 hasta el 2023. Para el mismo periodo, realizó desembolsos por $73.2 millones.
Este segundo y último informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-71 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Aviso de Subasta OC-25-06 Servicios de Mantenimiento y Limpieza
Informe de Auditoría OC-25-70 del Puerto Rico Innovation and Technology Service
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Puerto Rico Innovation and Technology Service. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el entonces principal ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno, y la abogada principal del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), no se aseguraron de que la persona contratada para realizar tareas cónsonas con la profesión de relacionista público tuviera la licencia requerida. La contratista, que facturó $63,697 en el 2021, rindió sus servicios como una compañía de responsabilidad limitada que requiere que sus oficiales cuenten con las licencias profesionales correspondientes.
Esta situación se notificó al Presidente de la Junta Reglamentadora de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico el 1 de octubre de 2024 para que tome las medidas correspondientes.
A su vez, esta compañía, obtuvo 101 contratos con 19 entidades desde el 2015 al 2023 con facturación de $4.5 millones, todos relacionados con la prestación de servicios de relaciones públicas. Al respecto, los directores y funcionarios de la compañía están obligados a cumplir con la Ley General de Corporaciones y tener las licencias requeridas.
Por otro lado, la auditoría de dos hallazgos señala que el PRITS no validó los servicios prestados por un contratista en cuya factura incluyó reuniones de trabajo con empleados en fines de semana que no se llevaron a cabo. Esto ocasionó pagos indebidos por $1,000.
Además, a seis contratistas no se le requirió, con su última factura, la Certificación de Deuda y la Certificación de Deuda de IVU, según requerido por el contrato. El PRITS pagó $271,665 sin asegurarse que estos contratistas no tenían deudas pendientes con el Departamento de Hacienda.
El Informe comenta que el PRITS contrató los servicios de asesoramiento legal, laboral gubernamental y administrativa, a una corporación de responsabilidad limitada cuyo contratista a su vez tenía contratos con otras siete entidades; entre las que se encuentran la Junta de Planificación, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Departamento de Educación y el Municipio de Utuado.
La evaluación de los servicios facturados a las siete entidades entre mayo y junio de 2022, reveló que el contratista facturó un total de 21 a 30 horas diarias en 17 ocasiones. La evidencia testifical valida que, para esa fecha, la corporación no contaba con empleados o profesionales que le asistieran
Esta situación de posible violación al Código Penal y al Código de Ética de la Profesión Legal se refirió al Departamento de Justicia el 24 de junio de 2024 y al Tribunal Supremo de Puerto Rico el 10 de septiembre de 2024.
La auditoría comenta que el 10 de mayo de 2024, se refirió un asunto que pudiese constituir posibles violaciones a la Oficina de Ética Gubernamental. Además, los auditores identificaron cláusulas contractuales que, según redactadas, pueden invalidar los contratos examinados en los hallazgos de la auditoría.
El Informe halló que, al 26 de mayo de 2023, unas 32 entidades no utilizaban el dominio pr.gov. Todo portal de gobierno debe residir en el dominio oficial designado, pr.gov, según instruye la Carta Circular Num. 2021-004.
El presupuesto del PRITS del 2020 al 2024 fue de $249.8 millones y realizó desembolsos por $180.8 millones. Este informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-70 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.p
Solicitudes de acceso a la información – febrero 2025
Informe de Auditoría OC-25-69 del Municipio de Bayamón
Contralora revela deficiencias de control con los desembolsos y la propiedad en Bayamón
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Bayamón. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela de una muestra de los comprobantes examinados, que todos carecían de las firmas de aprobación del director de finanzas y del pagador oficial. En particular, el 88% de las órdenes de compra para servicios de mantenimiento de áreas verdes, no tenían la firma del director de finanzas y el 17% de los comprobantes de desembolso para el pago de contribuciones retenidas, no tenían la firma del pagador oficial ni del director de finanzas.
Además, no se marcaron como pagados el 80% de los comprobantes de desembolso y, en el 30%, no incluyeron la fecha que se prestaron los servicios. Desde el 2018 al 2022, el Municipio emitió 252,688 comprobantes de desembolsos por $717.4 millones en total.
Estas deficiencias hacen inoperante el control interno establecido. Además, propicia que se cometan errores o irregularidades y dificultaron verificar en detalle, si los desembolsos se realizaron correctamente.
La auditoría de cuatro hallazgos señala que al 13 de diciembre de 2022, el entonces vicealcalde y dos asistentes ejecutivos principales, no habían enviado al secretario de Justicia, los documentos sobre 58 demandas radicadas en los tribunales contra el Municipio desde el 2018 al 2022. La Ley de Registro de Demandas Civiles de 2003, requiere, entre otras, que se notifique al secretario de Justicia, toda reclamación de carácter civil por o en contra del Municipio, que se relacione con las funciones de su cargo y cuya cuantía excedan los $5,000. Al respecto, se recomienda a la secretaria de Justicia, que evalue la situación comentada y que considere preparar el reglamento requerido por ley para la creación del Registro de Demandas Civiles.
Por otro lado, los auditores detectaron que en la Comisión de Asuntos de Auditoría de la Legislatura Municipal no evaluaron los informes de auditoría de la OCPR: M-20-05 de 2019, M-21-12 de 2020, ni el M-22-13 de 2021. Tampoco, evaluaron los estados financieros auditados por contadores públicos autorizados de los años fiscales del 2018 al 2020. Esta situación impide la fiscalización continua y eficaz de las finanzas y operaciones del Municipio.
En contravención del Reglamento Municipal de 2016, la oficial de la propiedad no realizó los inventarios físicos anuales de la propiedad mueble desde el 2018 al 2021. Además, seis hurtos de propiedad con valor en los libros de $37,910 se notificaron con tardanzas de hasta dos años y medio a la OCPR. La ley vigente dispone que la entidad tiene 10 días laborales para notificar la pérdida de propiedad.
El Informe comenta que al 30 de junio de 2022, 18 demandas civiles por $2.7 millones estaban pendientes de resolución por los tribunales. Además, dos casos presentados por empleados estaban pendientes de resolución ante la Comisión Apelativa de Servicio Público y ante el Equal Employment Opportunity Commission.
El presupuesto de Bayamón, de $116.6 millones en el 2019, $118 millones en el 2020, y $121.7 millones en el 2021, ascendió a $127.4 millones en el 2022. Los estados financieros reflejaron superávits acumulados del 2019 al 2022, de $27 millones, $41.2 millones, $33.7 millones y $40.5 millones respectivamente.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este primer informe, cubre el periodo del 1 de noviembre de 2018 al 30 de junio de 2022.
El Informe de Auditoría OC-25-69 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Solicitudes de acceso a la información – enero 2025
Informe Especial OC-25-68 de la Autoridad de Carreteras y Transportación – Resultado de la evaluación sobre la construcción del Puente Jesús Izcoa Moure (Puente Atirantado) sobre el Río de La Plata
Contralora revela incumplimiento con las especificaciones de rugosidad y múltiples irregularidades en la construcción del Puente Atirantado
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) anunció los resultados de la investigación sobre la construcción del puente Jesús Izcoa Moure (Puente Atirantado). El entonces director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT) y actual secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo, le solicitó el 10 de enero de 2023 a la OCPR, investigar el proyecto cuyo avanzado deterioro apuntaba a una ejecución incorrecta del contrato de construcción.
La investigación reveló que el Puente Atirantado se inauguró el 24 de octubre de 2008 a petición de la ACT. El contratista indicó el 23 de octubre de 2008 que el puente estaba sustancialmente terminado.
Sin embargo, el diseñador informó que se podía abrir, pero con la restricción de evitar el tráfico pesado y limitar el espacio a dos peatones por metro cuadrado, hasta que los tendones del puente fueran tensados y cementados. El diseñador señaló, además, que no se podía garantizar que la plataforma de rodaje no se agrietara, y advirtió que se diera la más alta prioridad a completar los trabajos con los tendones. A pesar de las advertencias, dos días después de su inauguración se celebró la carrera 10K el Chango con 1,200 corredores.
Un mes después de su inauguración, el administrador notificó que no debía permitirse el tráfico pesado ya que estaba causando vibración excesiva en la plataforma y estaba ejerciendo un impacto excesivo en el anclaje y que faltaban trabajos críticos por completar. Al 1 de febrero de 2024, la ACT confirmó que no hallaron documentación que explique las razones por las cuales no se llevaron a cabo las restricciones recomendadas.
A tales efectos, la integridad de la estructura pudo verse comprometida, se puso en riesgo la seguridad de los usuarios del puente, y este hecho pudo haber tenido consecuencias adversas para la ACT.
El Informe, de ocho resultados, señala que el 6 % del hormigón que se depositó en el puente era de una resistencia a la compresión menor a la requerida. La ACT aceptó el hormigón de baja resistencia depositado en la torre #4 tras un análisis estructural del diseñador. Sin embargo, no hay evidencia de haberse realizado la validación para la torre #5 ni para la plataforma.
La inspección de la rugosidad de la superficie de la plataforma de rodaje reveló que, no cumplía con los estándares de construcción, y el contratista tampoco presentó alternativas para corregir las ondulaciones según requerido. Un informe de inspección de una compañía privada en el 2016 le informó a la AC que las vigas de los bordes no estaban derechas y parecían desviarse de los alineamientos, y que esa irregularidad podría estar relacionada a las ondulaciones de la vía de rodaje. Sin embargo, estas deficiencias no se corrigieron.
La directora del Área de Construcción de la ACT certificó que no tenía conocimiento de haberse realizado reparaciones y mantenimientos en el puente desde el 2010 hasta el 2022. El director ejecutivo de ACT certificó que no se habían documentado planes de mantenimiento para el puente desde el 2008 hasta el 2016 y que desde el 31 de octubre de 2022 se llevan a cabo proyectos de reparación por $31 millones.
La falta de planificación en los trabajos de mantenimiento del Puente Atirantado ocasionó que la ACT tuviera que incurrir en gastos de contratación por $31 millones para llevar a cabo las inspecciones, la rehabilitación, y encargar una auditoría forense para determinar las deficiencias y adjudicar responsabilidades.
La evaluación devela que la fecha de terminación sustancial de la construcción del Puente Atirantado se adelantó del 8 de mayo de 2010 al 31 de enero del 2010 a solicitud del contratista y aprobado por el entonces director regional previa recomendación de la ingeniera supervisora. Al 1 de febrero de 2024, el director ejecutivo de la ACT no había tomado una decisión sobre el pago de este “early completion bonus”, según indica el contrato.
El contratista y la ACT formalizaron un acuerdo –Change Order– en el 2019, por un importe negativo de $1.4 millones como parte del proceso de liquidación de pago de la construcción del puente. El Manual de Especificaciones establece que, al terminar un proyecto, el ingeniero tiene 10 días para inspeccionar y certificar la obra.
Sin embargo, al 8 de mayo de 2023, la inspección final no se había realizado, y el 1 de febrero de 2024 el director ejecutivo de la ACT certificó que está revisando posibles incumplimientos por parte del contratista.
Los auditores detectaron que 30 enmiendas por $4.4 millones otorgadas desde el 2002 al 2009, no se registraron en la OCPR en contravención de la reglamentación vigente. Además, del 2015 al 2022, la ACT no presentó a la Asamblea Legislativa informes detallados sobre el estado y progreso de todas las facilidades de tránsito y de transportación, según dispone la Ley 74 de 1965.
El Informe le recomienda a la secretaria designada de Justicia y al administrador de la Federal Highway Administration en Puerto Rico, considerar los resultados de esta investigación para que tomen las medidas que estime pertinentes.
El Informe Especial OC-25-68 con fecha del 1 de abril de 2025 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-67 de la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto C. D.
Contralora revela deficiencias en las operaciones de la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto C.D. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto C.D. (CDETA) no pudo proveer a los auditores de la OCPR copia del certificado de Registro de Comerciantes de cinco contratistas. Por sus servicios profesionales y de mantenimiento, los contratistas recibieron 26 pagos por $33,146 del 2021 al 2024. Además, esta Corporación sin fines de lucro, no remitió a la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario copia de 10 declaraciones informativas (formularios 480) de los años contributivos 2021 y 2022, ni 56 cheques cancelados por $36,071.
Estas situaciones contrarias al Reglamento de Fondos Legislativos impiden mantener un control administrativo de los desembolsos relacionados con los donativos, propicia el uso indebido de los fondos otorgados y que se suspenda la subvención.
La auditoría, de seis hallazgos, señala que la Corporación no registró en su sistema de contabilidad seis transferencias electrónicas por $1,529 de las retenciones de contribución sobre ingresos. Además, la Corporación emitió 99 órdenes de compra por $49,369 de la cuenta de donativos legislativos, sin la firma de la oficial de compras.
En contravención de la reglamentación vigente, la Corporación pagó $8,109 por servicios educativos sin haber registrado antes el contrato en la OCPR. Al respecto, los auditores detectaron también que del 2015 al 2024, la Corporación había registrado 174 contratos y 4 enmiendas por $1.1 millones con retrasos de hasta seis años. La directora ejecutiva atribuyó las tardanzas a la carga administrativa que superaba la capacidad operativa de la Corporación y a que sólo contaba con tres empleadas.
El Informe publica que la Junta de directores de la Corporación estaba constituida por ocho de los 13 miembros requeridos, no contaba con un Comité de Auditoría y no se reunía cada dos meses como disponen los Estatutos Corporativos. Esta situación resta autenticidad a los acuerdos y afecta la supervisión financiera, la transparencia y el control de los recursos.
La Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto C.D tuvo un presupuesto de $112,423 en el 2020, $118,375 en el 2021, $118,375 en el 2022, $118,375 en el 2023 y aumentó a $140,400 en el 2024. Los estados financieros auditados reflejaron superávits acumulados de $3.2 millones en el 2020, $3 millones en el 2021, $2.9 millones en el 2022 y ascendió a $2.7 millones en el 2023.
La auditoría recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto C.D. a través de la Oficina de Gerencia Municipal, cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
La auditoría de cumplimiento de alcance específico cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 19 de diciembre de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-67 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Informe de Auditoría OC-25-66 del Departamento de Educación, Oficina Regional Educativa de Caguas
Contralora emite opinión adversa sobre las contrataciones de servicios de transportación escolar en la Oficina Regional Educativa de Caguas
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales de la Oficina Regional Educativa de Caguas (OREC) del Departamento de Educación. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la contratación de servicios de transporte escolar, entre otros objetivos, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que, la OREC no registró en la OCPR el 46% de los contratos otorgados para servicios de transporte escolar entre el 2017 al 2020. Además, al 6 de julio de 2023, la OREC no había remitido 256 contratos y enmiendas por $33.9 millones al Registro de Contratos de la OCPR, y del 2016 al 2019, tardaron entre 37 a 398 días en registrar 137 contratos que sumaban $14.9 millones.
Esta situación, contraria a la ley y a la reglamentación vigente, no permitió que los contratos estuvieran accesibles a la ciudadanía. De la muestra analizada se detectaron pagos indebidos por $133,864.
La auditoría de cinco hallazgos señala que se realizaron pagos indebidos por $65,589 a tres contratistas por rutas nuevas de transportación escolar, no incluidas en los contratos. Al respecto, se le recomienda al Departamento de Educación recobrar estos fondos pagados a los transportistas.
La OREC formalizó un total de 393 contratos por $48.8 millones del 2017 al 2020, sin celebrar subasta formal sino mediante contrato de emergencia. Esta deficiencia había sido señalada en el Audit Report 2019-01 del 2018 que concluyó que el hecho de no celebrar subastas no era la forma correcta de controlar estos costos. Esta situación también fomenta la noción equivocada de que los contratos de emergencia sirven para obviar las cualificaciones necesarias de los proveedores y puede beneficiar a unos proveedores en específico.
El Departamento de Educación no retuvo $39,024 en el origen a ocho contratistas por los servicios prestados. En los contratos otorgados por la OREC se establece una retención del 10% de contribuciones sobre ingresos salvo que el contratista entregue un relevo emitido por el Departamento de Hacienda. Por esta situación, el Departamento de Educación se expone a penalidades establecidas en el Código de Rentas Internas.
Los auditores detectaron múltiples deficiencias en los expedientes de los contratos de los porteadores, ya que ninguno tenía el permiso de la Comisión de Servicio Público, ni los documentos de las condiciones del vehículo ni las inspecciones cuatrimestrales. Además, la OREC no suministró para examen de los auditores, los expedientes de 102 contratos por $17.4 millones del año escolar de 2019, no se encontraron las solicitudes de servicio, ni se preparó un Plan Anual de Transportación Escolar.
La auditoría comenta que, al 30 de noviembre de 2023, no se había recobrado $181,723 recomendado en el Informe de Auditoría DA-15-38 del 2015. Desde el 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2023, la OREC ha contado con un presupuesto de $335.1 millones, y ha efectuado desembolsos por $273.6 millones. La auditoría le recomienda al secretario de Educación, velar por el cumplimiento claro y específico de las disposiciones legales vigentes, la reglamentación y las cláusulas y condiciones en los contratos otorgados en la contratación de los servicios de transportación escolar, entre otras.
El informe de la OREC cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 30 de agosto de 2022, y está disponible en www.ocpr.gov.pr. Esa Oficina ofrece servicios a 35,086 estudiantes de 11 pueblos y 122 escuelas en Aguas Buenas, Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Caguas, Cayey, Cidra, Comerío, Guayama, Gurabo y Salinas.
Solicitudes de acceso a la información – diciembre 2024
Solicitudes de acceso a la información – noviembre 2024
Convocatoria – Auditor Gubernamental
Convocatoria – Auditor Gubernamental
Se aceptarán solicitudes desde el 24 de marzo hasta el 30 de junio de 2025
Informe de Auditoría OC-25-65 del Departamento de Seguridad Pública
Contralora revela que el Departamento de Seguridad Pública no formó la Junta de Evaluación Médica ni el Comité Ejecutivo de Seguridad según dispone la ley
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Departamento de Seguridad Pública. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Departamento de Seguridad Pública no designó a los funcionarios que conformarían la Junta de Evaluación Médica, establecida por la Ley 20-2017, creadora del Departamento. Esta Junta tiene como responsabilidad recomendar las solicitudes de retiro por incapacidad física, determinar aptitud y condición física de los candidatos a policías, bomberos y técnicos de emergencias, así como a dar consejería por situaciones que afecten la estabilidad emocional de los empleados.
En su lugar, el Departamento contrató una empresa por $454 mil para prestar estos servicios a un máximo de 500 empleados, y actuar como si fuera la Junta, del 21 de mayo al 31 de diciembre del 2024. Por esta situación el Departamento no contó con la información necesaria para determinar aptitud, condición física y mental de los candidatos y empleados que requieren las diversas funciones de los negociados.
La auditoría de dos hallazgos señala que el Departamento de Seguridad Pública, tampoco estableció el Comité Ejecutivo de Seguridad adscrito a la Oficina del Gobernador, para trabajar la integración plena del Departamento y sus negociados. Los auditores identificaron que del 20 de diciembre de 2019 al 8 de febrero del 2022 no se estableció el Comité, no prepararon 23 de los 26 informes de progreso que debían presentar cada 60 días al gobernador y a la Asamblea Legislativa, y los tres informes preparados no se remitieron a la Oficina del Gobernador.
Por otro lado, los funcionarios encargados de la propiedad no realizaron un inventario físico al cese de funciones del encargado el 27 de junio de 2022, no habían establecido un registro sobre casos de pérdidas e irregularidades, ni habían emitido el recibo de propiedad en uso para propiedad valorada en $636 mil. Estas deficiencias impiden validar con certeza que la información y los procesos sean los correctos, y que, de hallarse una irregularidad, se puede detectar a tiempo.
El presupuesto del Departamento de Seguridad Pública fue de $82.5 millones del 2022 al 2024, y realizó desembolsos por $68.6 millones.
El Departamento de Seguridad Pública se compone de los siguientes negociados: Cuerpo de Bomberos, Cuerpo de Emergencias Médicas, Investigaciones Especiales, Policía de Puerto Rico, Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, y Sistema de Emergencias 911.
La auditoría cubre el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 31 de diciembre de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-65 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Carta Circular OC-25-19, Certificación sobre el Cumplimiento de la Ley 273-2003, Ley de Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías de Entidades Gubernamentales, según enmendada, para el año fiscal 2023-24
Informe de Auditoría OC-25-64 del Departamento de Salud, Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica
Contralora revela atrasos en las investigaciones de quejas o querellas de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones relacionadas con las investigaciones de las quejas o querellas por conducta no profesional e impericia médica, de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica del Departamento de Salud. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que, al 30 de septiembre de 2024, la Junta no había emitido una resolución oportuna sobre las quejas o querellas en 415 casos. De estos, 101 casos estaban relacionados con la conducta profesional, el más antiguo desde el 2006 sin resolver y, 314 casos de impericia médica pendientes de resolver desde el 2014.
La reglamentación dispone que todo caso sujeto a un procedimiento adjudicativo debe ser resuelto dentro de seis meses desde su radicación. La Junta, además, debe iniciar una investigación tan pronto reciba cualquier información sobre impericia profesional, ya adjudicado o en el proceso de ser resuelto.
La auditoría de un hallazgo señala que una situación similar ya se había comentado en el Informe de Auditoría DA-22-08 del 14 de enero de 2022.
El Informe le recomienda a la directora ejecutiva de la Junta que continúe con las gestiones necesarias para que se investiguen las quejas conforme dispone las leyes 38-2017 y 139-2008, así como el Reglamento General de 2016.
La Junta contó con un presupuesto de $2.4 millones en el 2022, $3.1 millones en el 2023 y $4.4 millones en el 2024. Además, recibió ingresos por $9.9 millones y tuvo gastos por $4.6 millones para el mismo periodo.
Esta auditoría de cumplimiento de alcance específico cubre el periodo del 1 de marzo de 2022 al 30 de septiembre de 2024,
El Informe de Auditoría OC-25-64 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Invitación a Subasta OC-25-05 Servicios de Seguridad y Vigilancia
Informe de Auditoría OC-25-63 de la Superintendencia del Capitolio
Deficiencias en las operaciones fiscales de la Superintendencia del Capitolio
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Superintendencia del Capitolio Estatal de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela deficiencias relacionadas con la solicitud, adquisición y recibo de bienes y servicios mediante órdenes de compra. De la muestra examinada, el 15% incluía cotizaciones recibidas antes de elaborar los formularios de Requisición de Materiales, y en el 5% de las órdenes de compra, la Superintendencia obligó los fondos 52 días después de recibir los servicios.
Estas situaciones contrarias al Reglamento de Compras de 2014, puede afectar la transparencia en los procesos ya que no promueve la competencia abierta y justa entre proveedores.
Además, en el 45% de las órdenes de compra, se prepararon los formularios de Informe de Recibo e Inspección, hasta 63 días después de la fecha de facturación, y en el 5% se recibieron bienes distintos a los solicitados. Los auditores detectaron también que el 10% de las facturas presentadas por dos proveedores, no incluyeron la certificación requerida por el Código de Ética de los Contratistas.
Estas deficiencias propiciaron que la Superintendencia no llevara a cabo un control adecuado de las compras. De este modo, la Superintendencia tampoco contaba con las certificaciones que garantizan que ninguno de sus empleados tiene interés alguno en las ganancias producto de la compra.
La auditoría de tres hallazgos señala que la Superintendencia no puede ejercer un control adecuado de los bienes adquiridos para otras entidades de la Asamblea Legislativa, ya que las Normas sobre el Presupuesto y el Reglamento de Propiedad, carecen de disposiciones al respecto. Por ejemplo, al 1 de marzo de 2024, la Superintendencia tenía una cuenta por cobrar de otra entidad por $20 mil registrada en sus libros desde el 7 de diciembre de 2020. La ausencia de normas reglamentarias propicia que la Superintendencia no realice gestiones de cobro adecuadas.
El Informe indica que 10 empleados ejercían funciones conflictivas de receptores en el módulo de Compras y Requisiciones con el acceso a los documentos del proceso de compras. Este hecho, contrario al Reglamento de Administración y Uso de los Sistemas, propicia que se cometan errores o irregularidades.
El presupuesto de la Superintendencia fue de $167.8 millones del 2017 al 2024, y había realizado desembolsos por $147.7 millones al 30 de junio de 2024.
La auditoría le recomienda a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes que tomen las medidas necesarias para asegurarse que el superintendente del Capitolio cumpla con las recomendaciones de este Informe y que la situaciones no se repitan.
Este segundo informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-63 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Informe de Auditoría OC-25-62 del Municipio de Cidra
Contralora revela que Municipio de Cidra no recuperó los $100 mil otorgados de capital inicial a empresa municipal
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Cidra. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Cidra no recuperó el capital inicial de $100 mil que le otorgó en el 2017 a la empresa municipal Cidra Investments and Management, Inc. (EMCIM). Esta empresa municipal se disolvió el 30 de enero de 2024 sin determinar si tuvo ganancias, se cerró la cuenta bancaria y el balance disponible de $30 mil fue transferido a la cuenta general del Municipio.
Los alcaldes y las legislaturas municipales en funciones no protegieron los intereses del Municipio, ni cumplieron con su deber de reglamentar la devolución de capital.
La auditoría de tres hallazgos señala que, el Municipio no estableció planes de monitoreo ni programas de fiscalización de la empresa municipal EMCIM, como dispuso la Ordenanza 4 del 2017. Este tipo de deficiencias pueden tener el efecto de que se cometan errores, irregularidades y que no se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades.
El Municipio de Cidra le otorgó un donativo de $10 mil a un equipo de baloncesto femenino para los gastos de operación y franquicia de 2022. Sin embargo, el apoderado había sido expulsado y el equipo suspendido por la liga de Baloncesto Superior Nacional Femenino para la temporada de 2022. El apoderado lo que hizo fue pagar un depósito de $9,000 a la liga, por una deuda de años anteriores. El Municipio no le requirió al apoderado un informe económico detallado, requerido por la reglamentación, sobre el uso dado al donativo.
El Informe comenta que el Municipio no ha atendido las recomendaciones de recobrar más de $100 mil por distintos conceptos correspondientes a los informes de auditoría M-14-59 de 2014 y M-16-39 de 2016.
El presupuesto de Cidra fue de $14.9 millones en el 2021, $14.2 millones en el 2022, $14.1 millones en el 2023 y $15.8 millones en el 2024. Los estados financieros acumulados reflejaron un déficit acumulado de $179 mil en el 2020, y superávits de $1.4 millones en el 2021, $8 millones en el 2022 y $16.5 millones en el 2023.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Cidra cumpla con el Plan de Acción Correctiva de la OCPR.
Este segundo informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-62 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Informe de Auditoría OC-25-61 del Departamento de Hacienda
Contralora detecta deficiencias con los controles de acceso a los sistemas de información de Hacienda
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones relacionadas con los sistemas de información computadorizados del Área de Tecnología de Información del Departamento de Hacienda. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela deficiencias con el mantenimiento de las cuentas de acceso a la red de comunicaciones. Por ejemplo, no se pudo identificar a los usuarios de 24 cuentas de acceso activas de las listas de los empleados, consultores o usuarios de otras agencias. Además, nueve grupos tenían asignados privilegios administrativos a la seguridad de los sistemas y los antivirus, que no eran utilizados por el Departamento, y que no habían sido eliminados de las 23 cuentas de acceso activas a las cuales estaban asignadas.
Los auditores identificaron que, al 6 de junio de 2024, no se habían desactivado cuatro cuentas de acceso de exempleados que habían cesado funciones entre el 2015 y el 2024. Además, se registró actividad, en cuatro cuentas de acceso inactivas y una activa, luego del cese de funciones.
Estas situaciones pueden causar que personas no autorizadas logren acceso a la red de comunicaciones, que se cometan irregularidades o alteren los datos de los sistemas de información.
La auditoría de dos hallazgos señala que la Oficina de Seguridad del Área de Tecnología de Información, no pudo presentar documentación que justificara la creación de 79 cuentas de las 99 examinadas. Una de las cuentas tenía acceso a la red de comunicaciones y acceso remoto.
De hecho, la evaluación de los formularios de acceso remoto de una muestra de 25 cuentas, se evidenció la falta de información completa en el 48% de los formularios. Además, 11 de las cuentas de acceso examinadas, estaban asignadas a empleados no autorizados a realizar teletrabajo.
El presupuesto del Departamento de Hacienda ascendió de $939 millones en el 2023, a $988 millones en el 2024, y a $1,019 millones en el 2025. Este cuarto informe con tres recomendaciones al secretario de Hacienda cubre el periodo del 10 de julio de 2023 hasta el 31 de julio de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-61 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
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Informe de Auditoría OC-25-60 del Municipio de Mayagüez – Empresas Municipales
Contraloría revela conflicto de intereses, desembolsos sin utilidad, y falta de contabilidad, control y fiscalización en las operaciones de empresas municipales de Mayagüez
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión de abstención sobre las operaciones fiscales del Municipio de Mayagüez, ya que no se pudo obtener la evidencia suficiente y apropiada para validar si las operaciones se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables. A base de los objetivos establecidos y otros asuntos surgidos se comentan nueve hallazgos.
El Informe revela que, a la petición de la OCPR de documentos fiscales de las nueve empresas municipales, la gerente de Finanzas y Presupuesto del Municipio sólo entregó información incompleta de la Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI)creada en el 2014. La ausencia de documentos evidenció que no tenían un sistema de contabilidad que registrara las transacciones fiscales.
Además, la Junta de Directores de MEDI, no supervisó el cumplimiento de la reglamentación por parte director ejecutivo, quien fue acusado por la Fiscalía Federal el 22 de marzo de 2021 por su participación en un fraude de $9 millones que el Municipio le había transferido a MEDI. El 9 de noviembre se declaró culpable de cuatro cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. La Junta de Directores de MEDI estaba presidida por el alcalde, la tesorera era la gerente de Finanzas del Municipio, y tres funcionarios municipales actuaban como miembros.
La auditoría señala que el Municipio desembolsó $1.6 millones en pagos sin evidencia del beneficio público obtenido. Estas situaciones se refirieron el 1 de marzo de 2023, a la consideración del secretario de Justicia, para que tome la acción correspondiente.
Al respecto, los auditores no pudieron obtener información sobre el uso dado a una transferencia de $606 mil a un banco de España, que una entidad privada le prestó a MEDI con el propósito de obtener una línea de crédito por €500 millones de euros para financiar el Plan Mayagüez 2032. Tampoco la Junta de MEDI ofreció información sobre si se concretó el financiamiento de los €500 millones, que por cierto fueron transferidos a otra cuenta bancaria en Londres.
Otras 71 transferencias por $383 mil, carecían de información sobre la utilidad y beneficio, como por ejemplo las transferencias realizadas a: una compañía del director ejecutivo, una compañía de software en Nueva York, a beneficiarios con direcciones de España, o a un banco en Turquía. En el 2015 se pagaron $47 mil por un viaje a Dubai del director ejecutivo de MEDI y dos asesores financieros del Municipio. El viaje se realizó para completar unas gestiones de un préstamo de $4 billones para refinanciar la deuda del Municipio. El vicealcalde había aprobado este viaje y el entonces alcalde tenía conocimiento. De hecho, el financiamiento no se concretó.
En contravención de la Constitución de Puerto Rico, el vicealcalde del Municipio que a su vez actuaba como vicepresidente de la Junta de MEDI y de otra empresa municipal Medi Films, autorizó utilizar el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez como garantía colateral para obtener financiamiento para Medi Films. También autorizó a Medi Films a solicitar financiamiento por $10 millones con una Cooperativa de Ahorro y Crédito. Medi Films fue incorporada por una persona privada como empresa municipal con fines de lucro el 30 de diciembre de 2015.
El examen de estas acciones reveló que estas transacciones no permitidas por ley beneficiaron a cuatro compañías privadas, propiedad del entonces director ejecutivo de Medi Films y del asesor financiero 1. De hecho, estas personas incurrieron en conflicto de intereses ya que utilizaron su cargo en la empresa municipal para beneficiarse y hacer negocios con sus compañías privadas.
El entonces director ejecutivo de Medi Films, firmó con la Cooperativa A los contratos de los préstamos y líneas de crédito por $4.3 millones para financiar películas, que depositó en las cuentas de sus corporaciones A y B en la Cooperativa A. Del 2017 al 2018, recibió en su carácter personal, 10 pagos por $94 mil de sus corporaciones.
El entonces asesor financiero 1 también utilizó su cargo para beneficio propio y de las corporaciones C y D de las cuales formaba parte, con las líneas de crédito garantizadas por MEDI con propiedad pública. Al respecto, recibió pagos de la cuenta A y B por la suma de $921 mil.
Estas situaciones se refirieron al secretario de Justicia y al director de la Oficina de Ética Gubernamental el 2 de noviembre de 2023 para su evaluación y acción correspondiente.
Al 31 de mayo de 2022, la empresa municipal MEDI, no había reembolsado al Municipio el capital inicial recibido por $5 millones por concepto del canon de arrendamiento del Hospital Dr. Ramón Emeterio Betances (90% del capital) y aportaciones directas del Municipio (10% del capital). De hecho, el Municipio no cumplió con la derogada Ley de Municipios de 1991, al no promulgar y aprobar reglamentación sobre el manejo del capital inicial.
La auditoría devela que MEDI y Medi Energy, Inc., obtuvieron un préstamo comercial con la Cooperativa B por $1.5 millones, de los cuales $1.4 millones servirían de garantía para financiar por $12 millones la adquisición de generadores de energía para el Centro Médico de Mayagüez con una corporación de Canadá. Medi Energy es otra empresa municipal creada en el 2015 para generar negocios con energía renovable. Esta transacción no tuvo ninguna utilidad. Al 11 de octubre de 2022, MEDI le había pagado a la Cooperativa B, $422 mil en intereses y $275 mil al principal del préstamo.
El Municipio de Mayagüez no incluyó en sus estados financieros auditados, la información financiera de MEDI, ni tampoco presentó la posición financiera de MEDI en documento separado. Por esta omisión, los contadores públicos autorizados emitieron una opinión adversa en los estados financieros del 2017 al 2022. Esta situación se atribuye a que el alcalde y la gerente de Finanzas se apartaron de las disposiciones reglamentarias del Código Municipal de 2020, y de la Ley de Municipios de 1991.
El Informe publica que la empresa municipal Mayagüez Economic Development-Financial Strategies, Inc. (MEDFS), fue incorporada Departamento de Estado por el asesor financiero 1 del Municipio y de MEDI, sin la autorizacion de la Legislatura Municipal, ni del Municipio. MEDFS fue registrada en el 2014 para promover el desarrollo comercial de Mayagüez. Al respecto la Legislatura no pudo cumplir con su responsabilidad de evaluar la necesidad de MEDFS. Esta situación propició el fraude relacionado con los $9 millones que el Municipio le transfirió el 29 de marzo de 2016 a MEDI para invertirlos y generar ganancias.
La empresa municipal MEDI no mantuvo un control administrativo de sus operaciones ya que, entre otras, carecía de reglamentación para regular la adquisición de bienes y servicios, la contratación de servicios profesionales y el procesamiento de los desembolsos, entre otros. Además, la Junta, que debió tener una reunión mensual ordinaria, sólo se reunió 16 veces en los 85 meses del periodo examinado.
Al 15 de noviembre de 2023, el Municipio no habia efectuado auditorías ni monitoreos de las operaciones de las empresas municipales. Esta falta de supervisión adecuada por parte de los alcaldes en funciones propició la suspensión sumaria del entonces alcalde, el proceso judicial contra este y de la gerente de Finanzas y Presupuesto. Además, la falta de fiscalización derivó en que no se pueda detectar a tiempo situaciones que llevaron a los procesos judiciales contra el exdirector ejecutivo de MEDI, a tres asesores financieros, a un asesor legal y a otras dos personas.
La auditoría comenta que el Municipio pagó $2.4 millones a un bufete de abogados para recuperar de las casas de corretaje la pérdida de $9 millones por el fraude. De la gestión, se pudo recuperar $8.2 millones, de los cuales MEDI devolvió $5.8 millones al Municipio. MEDI operaba prácticamente con dinero público y no hay evidencia de la ganancia de sus gestiones. Por ende, su situación presupuestaria no era la mejor para la contratación con el bufete de abogados.
Un juzgado de Alicante, España, le requirió a MEDI el pago de €6.7 millones de euros el 9 de noviembre de 2022. El demandante le reclamó a MEDI y a Mayagüez Economic Development Iberica, S.L.U., el pago de servicios prestados relacionados la emisión de una obligación corporativa por €500 millones, viajes a Hong Kong, Londres y Portugal para asesorar la colocación de la obligación a interesados, y por la solicitud de una segunda emisión de bonos por €10 millones. El 3 de febrero de 2023, el Municipio refirió este asunto a la Fiscalía Federal a través de una firma de abogados ya que estableció que el entonces director de MEDI no estaba autorizado a crear ninguna entidad en España, ni a realizar la emisión de los €500 millones.
Al 2 de febrero de 2024, estaban pendientes de resolución, dos demandas civiles contra MEDI por $8.1 millones. Una de las demandas incluyó a Medi Films como demandado por $6.5 millones y reclamaba la ejecución de gravámenes mobiliarios, la ejecución de hipoteca y enriquecimiento injusto, entre otros.
El presupuesto del Municipio fue de $69 millones en el 2018, $61.5 millones en el 2019, $54.5 millones en el 2020, $58.5 millones en el 2021, $61.6 millones en el 2022 y $55.2 millones en el 2023. Los estados financieros del 2018 al 2022, reflejaron déficits acumulados de $25.7 millones, $22 millones, $24.2 millones, $14.4 millones y $1.4 millones respectivamente.
Además de las recomendaciones a la secretaria de Justicia y al director de la Oficina de Ética Gubernamental, el Informe le recomienda al director de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Este segundo informe de Mayagüez cubre el periodo del 1 de julio de 2017 hasta el 28 de febrero de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-60 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Día Internacional de la Mujer Trabajadora – 8M CGID OLACEFS
Fuente: OLACEFS - mar 8, 2025
En este #8M, las autoridades de la OLACEFS reafirman su compromiso con la igualdad de género en la fiscalización y al interior de las EFS. A pesar de los avances, las mujeres siguen enfrentando brechas salariales, sobrecarga de trabajo no remunerado y barreras en la toma de decisiones.
Desde la Comisión sobre Género, Inclusión y Diversidad (CGID) trabajamos para impulsar auditorías con perspectiva de género y fortalecer la equidad en nuestras instituciones.
Mira el video y sumemos nuestras voces por un futuro más justo e igualitario.
Informe de Auditoría OC-25-59 de la Oficina del Procurador del Ciudadano
Contralora emite opinión favorable en informe de las operaciones fiscales del Procurador del Ciudadano
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión favorable de las operaciones fiscales relacionadas con las compras y los desembolsos de la Oficina del Procurador del Ciudadano. Las pruebas efectuadas y la evidencia de esta auditoría de alcance específico revelaron que las operaciones de la Oficina del Procurador del Ciudadano se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable. Una auditoría de alcance específico atiende uno o dos asuntos particulares.
Los auditores evaluaron como objetivos específicos si se prepararon las requisiciones y órdenes de compra antes de adquirir los bienes y servicios, si se recibieron conforme a lo establecido en la orden de compra y si se efectuaron los desembolsos conforme a la reglamentación aplicable, entre otros.
“A base del trabajo realizado, no identificamos deficiencias significativas relacionadas con los controles internos que ameriten comentarse”, lee el informe de la OCPR.
El presupuesto asignado a la Oficina del Procurador del Ciudadano para los años fiscales del 2024 y 2025 ascendió a $7.5 millones, y para el mismo periodo había realizado desembolsos por $5.6 millones (cifras hasta diciembre de 2024).
La auditoría cubre el periodo del 1 de julio de 2023 al 30 de septiembre de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-59 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-58 del Municipio de Yauco
Contralora revela compras de vehículos sin subasta y otras deficiencias de control en Yauco
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Yauco. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El informe revela que el Municipio de Yauco no realizó subasta pública en el 2021 para comprar seis vehículos de motor y 853 cisternas por los cuales desembolsó $785 mil. Además, entre el 2021 al 2022, el Municipio adquirió un tractor, compró trimmers y materiales de construcción, y pagó un viaje estudiantil a Perú entre otros por $203 mil, sin obtener las cotizaciones de al menos tres proveedores representativos en el mercado. Estas situaciones se atribuyen a que el alcalde y el director de Finanzas no protegieron los intereses del Municipio al no llevar a cabo los procesos de libre competencia requeridos por ley.
Los auditores detectaron múltiples deficiencias en las operaciones relacionadas con las compras y los desembolsos a raíz de las emergencias del COVID-19 y los terremotos en Yauco. Por ejemplo, el Municipio pagó $9 mil en exceso en la compra de focos, computadoras y equipo de mantenimiento, sin justificar la adjudicación a licitadores cuyas ofertas eran más caras. Además, se identificaron comprobantes de desembolso sin la firma del funcionario solicitante, comprobantes sin facturas firmadas por el proveedor, y comprobantes cuyas requisiciones identificaban la marca y modelo de los siete vehículos. Estas acciones propician el favoritismo, limitan la competencia, hace inoperante el control interno y evita que, de cometerse una irregularidad, se pueda detectar a tiempo.
La auditoría de 10 hallazgos señala que un funcionario autorizado compró tres boletos de avión por $2,246 para un viaje oficial, cuya transacción pensó que había cancelado. Los boletos se compraron nuevamente y al recibir el estado de cuenta advirtieron el error y le reclamaron el importe al banco, pero la gestión fue infructuosa. Además, el director de la Oficina de la Primera Dama ordenó la compra de un paquete vacacional por $61,285 para un viaje estudiantil a Perú, sin verificar el aprovechamiento académico ni la evidencia de domicilio de los 24 estudiantes. Los auditores de la OCPR no pudieron examinar la corrección del gasto, ya que los expedientes no guardaron evidencia del viaje (boarding pass).
En contravención de las leyes y reglamentación vigente, el Municipio pagó más de $16 mil por el exceso de la licencia de vacaciones de nueve empleados municipales. Además, los cómputos para determinar el pago a tres funcionarios era incorrecto ya que utilizaron una fórmula contraria a la Carta Circular 1300-28-07 del Departamento de Hacienda.
Por otro lado, el informe publica que el Municipio desembolsó más de $80 mil a pesar de que las facturas no tenían toda la información requerida. En dos facturas presentadas por concepto de consultoría en seguridad y servicios médicos durante la pandemia no contenían un desglose detallado de los trabajos realizados, sino una descripción genérica de las tareas. Otras dos facturas por servicios de evaluación de las viviendas afectadas por los terremotos no contenían el detalle de las viviendas evaluadas.
Además, el examen del donativo de 20 cisternas para almacenar agua y 10 generadores eléctricos reveló que, el Municipio no mantuvo en los expedientes información con los datos del ciudadano beneficiado ni la necesidad del donativo con la certificación de los ingresos. Además, la Legislatura Municipal no le exigió a tres entidades sin fines de lucro receptoras de cuatro donativos por $70 mil, evidencia del certificado de incorporación, certificado de no tener deudas con el gobierno, y el certificado de cumplimiento con el envío de los informes anuales al Departamento de Estado.
El alcalde del Municipio de Yauco mantuvo a siete funcionarios en seis puestos de confianza no incluidos en el Plan de Clasificación y Retribución para el Servicios de Confianza del 15 de mayo de 1998. A estos funcionarios se les pagó $209 mil del 2020 al 2022. Además, se desembolsaron más de $19 mil en diferenciales de sueldo a puestos cuyas tareas adicionales ya estaban incluidas en las descripciones de los puestos que ocupaban. Esta situación no permite una administración sana del personal sobre la base del sistema de mérito.
El Municipio no tuvo un administrador de documentos públicos desde el 2021 al 2024. La anterior administradora de documentos no había preparado el inventario, ni el Plan de Retención de Documentos de los años 2019 y 2020. En una visita, el 14 de febrero de 2023, los auditores observaron filtraciones de agua, humedad, y sin acondicionador de aire ni equipo para controlar la temperatura en el archivo de documentos públicos. Estas deficiencias tienen el efecto de que los documentos se puedan perder, deteriorar o destruir. Situaciones similares se habían comentado en el Informe de Auditoría M-21-18 del 2020.
Al 14 de abril de 2023, el Municipio no había registrado ni remitido a la OCPR copias de tres escrituras de compraventa de propiedades inmuebles por valor de $1.2 millones otorgadas en el 2022. Además, al 23 de enero de 2023, tampoco había preparado ni enviado, las certificaciones anuales del 2020 y 2021, en cumplimiento de la Ley sobre el Estado de las Privatizaciones de 2003.
El informe evidencia que el encargado de la propiedad no había preparado el inventario físico anual de 2020, ni terminado el del 2022. El encargado de la propiedad, tampoco le había notificado al director de finanzas la incidencia de cuatro hurtos de 36 unidades de propiedad por más de $10 mil.
El Departamento de Obras Públicas no mantenía los expedientes de los trabajos de mantenimiento de los vehículos y equipo pesado en el taller privado ya que Yauco no cuenta con un garaje municipal. Esta situación, no le permite al Municipio conocer el total de costos incurridos y propicia que se cometan errores o el uso indebido de los vehículos.
El presupuesto del Fondo General fue de $12.8 millones, $13.6 millones, $14.3 millones y $14 millones del 2020 al 2023 respectivamente. Los estados financieros reflejaron déficits acumulados por $10.8 millones, $7.9 millones y $4 millones desde el 2020 al 2022 respectivamente.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este primer informe del Municipio de Yauco con 20 recomendaciones cubre el periodo del 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022.
El Informe de Auditoría OC-25-58 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Municipio de Cataño: Contraloría revela pagos indebidos en negocio privado
Fuente: Periódico La Perla - Fecha: 27 de febrero de 2025
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales del Municipio de Cataño en el Informe de Auditoría OC-25-57.
Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la adjudicación, contratación y desembolsos, entre otros objetivos, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El informe revela que el municipio pagó $841 mil a cinco corporaciones sin licencia para operar el negocio de arrendamiento de vehículos de motor y equipo pesado desde el 2017 al 2021 por lo cual los contratos eran nulos. De éstas, cuatro corporaciones no tenían franquicia para operar vehículos de alquiler, y dos no estaban autorizadas por el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos. La entonces vicealcaldesa y directora de Compras y Suministros indicaron que desconocían que tenían que verificar las licencias de los licitadores.
Además, el municipio alquiló 10 vehículos por $1,800 a $2,500 mensuales entre el 2018 y 2021, y no se aseguró que la corporación contratada no era dueña de los vehículos, sino que eran vehículos rentados a una institución financiera cuya transacción no permitía la subcontratación. El municipio pagó $224 mil por este arrendamiento que a la corporación le resultó por $116 mil. Esto constituye un pago en exceso por $108 mil.
En ninguna de las facturas ni contratos, se identificaban los vehículos con el número de identificación vehicular (VIN number). En contravención de la Ley para Regular Contratos de Arrendamiento, los exdirectores de la Oficina de Asuntos Legales y de Obras Públicas, no procuraron incluir esta información.
Estas situaciones se refirieron a la consideración del secretario del Departamento de Justicia, al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, al presidente del Negociado de Transporte, a la Comisionada de Instituciones Financieras y a la institución bancaria en octubre de 2023.
La auditoría de ocho hallazgos señala que un exayudante especial y el exdirector de Vivienda Municipal, instruyeron a los empleados A y B a realizar trabajos en un negocio privado del primo hermano del entonces alcalde, y a cargar el tiempo trabajado a sus licencias de tiempo compensatorio, vacaciones o tiempo extra. El exayudante especial le recomendó al empleado C trabajar en el negocio privado a cargo de tiempo compensatorio y el dueño del negocio le pagaba por día trabajado. El empleado D accedió a trabajar dos sábados bajo amenaza de despido y al declinar seguir trabajando en el negocio privado le quitaron la guagua oficial asignada.
Estas situaciones se remitieron para la acción correspondiente al secretario del Departamento de Justicia y al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental en agosto de 2024. Por estas acciones se pudo haber configurado el delito de aprovechamiento ilícito tipificados en el Código Penal de Puerto Rico.
El informe evidencia que el municipio incurrió en gastos extravagantes e innecesarios por $4,500 mensuales por concepto del arrendamiento de una guagua Cadillac Escalade Premium Luxury del 2021 a una corporación. La Junta de Subastas no protegió los intereses del municipio ya que incluyó en la subasta descripciones específicas como que tuviera tres filas de asiento, segunda fila de butacas, tracción en las cuatro ruedas y aros de 22 pulgadas. El mismo vehículo estaba disponible en la Administración de Servicios Generales por $2,500.
La auditoría indica que el municipio invirtió $369 mil en dos proyectos que estaban abandonados, deteriorados y sin completarse. En el área recreativa de la urbanización Pradera-Almira, no se instalaron cuatro columnas previstas en el proyecto ni dos portones en alambre de verja. Además, el Parque La Esperanza tiene filtraciones de agua, acústicos desprendidos, limo y hongos en los pisos y paredes. De hecho, el contratista del proyecto del techo del Parque La Esperanza, se declaró culpable el 2 de agosto de 2022 por cargos de conspiración y sobornos con fondos federales a cambio de adjudicación de contratos a su compañía.
“Esta situación que se atribuye a que el exalcalde y el exdirector de Obras Públicas no protegieron los intereses del Municipio, propicia que se tengan que utilizar recursos adicionales para reparar los daños”, explica el informe.
El examen de otros tres proyectos de construcción por $596 mil, reveló que el municipio no obtuvo de la Oficina de Gerencia de Permisos el permiso de construcción para tres proyectos. Esta situación expone al municipio a que las agencias reguladoras le impongan multas y penalidades.
También, la auditoría publicó múltiples deficiencias de control administrativo como por ejemplo, que el director de Finanzas no obligó los créditos presupuestarios para el pago de 14 contratos y tres enmiendas por $779 mil relacionados al arrendamiento de vehículos de motor del 2017 al 2021. Además, se autorizaron desembolsos sin la certificación del proveedor sobre la ausencia de interés por parte de los empleados y las facturas de los vehículos arrendados no se marcaron como pagadas.
El informe comenta en detalle el proceso judicial contra el exalcalde, cuatro contratistas y el exdirector de Obras Públicas. El entonces alcalde se declaró culpable el 25 de noviembre de 2021 por conspirar en un esquema de soborno. Entre el 2021 y 2022, cuatro contratistas se declararon culpables por cargos de conspiración y sobornos con fondos federales a cambio de la adjudicación de contratos a sus compañías. El 12 de mayo de 2022, el exdirector de Obras Públicas se declaró culpable por participar en un esquema de conspiración.
El presupuesto de Cataño ascendió de $33.7 millones en el 2019, a $34.2 millones en el 2020, a $35 millones en el 2021 y a $36.7 millones en el 2022. Los estados financieros reflejaron superávits acumulados de $4.6 millones en el 2019, $3.9 millones en el 2020, $9.9 millones en el 2021 y $15 millones en el 2022.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Cataño cumpla con el Plan de Acción Correctiva de la OCPR.
Este primer informe cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-57 del Municipio de Cataño
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales del Municipio de Cataño. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la adjudicación, contratación y desembolsos, entre otros objetivos, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que el Municipio pagó $841 mil a cinco corporaciones sin licencia para operar el negocio de arrendamiento de vehículos de motor y equipo pesado desde el 2017 al 2021 por lo cual los contratos eran nulos. De éstas, cuatro corporaciones no tenían franquicia para operar vehículos de alquiler, y dos no estaban autorizadas por el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos. La entonces vicealcaldesa y directora de Compras y Suministros indicaron que desconocían que tenían que verificar las licencias de los licitadores.
Además, el Municipio alquiló 10 vehículos por $1,800 a $2,500 mensuales entre el 2018 y 2021, y no se aseguró que la corporación contratada no era dueña de los vehículos, sino que eran vehículos rentados a una institución financiera cuya transacción no permitía la subcontratación. El Municipio pagó $224 mil por este arrendamiento que a la corporación le resultó por $116 mil. Esto constituye un pago en exceso por $108 mil.
En ninguna de las facturas ni contratos, se identificaban los vehículos con el número de identificación vehicular (VIN number). En contravención de la Ley para Regular Contratos de Arrendamiento, los exdirectores de la Oficina de Asuntos Legales y de Obras Públicas, no procuraron incluir esta información.
Estas situaciones se refirieron a la consideración del secretario del Departamento de Justicia, al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, al presidente del Negociado de Transporte, a la Comisionada de Instituciones Financieras y a la institución bancaria en octubre de 2023.
La auditoría de ocho hallazgos señala que un exayudante especial y el exdirector de Vivienda Municipal, instruyeron a los empleados A y B a realizar trabajos en un negocio privado del primo hermano del entonces alcalde, y a cargar el tiempo trabajado a sus licencias de tiempo compensatorio, vacaciones y/o tiempo extra. El exayudante especial le recomendó al empleado C trabajar en el negocio privado a cargo de tiempo compensatorio y el dueño del negocio le pagaba por día trabajado. El empleado D accedió a trabajar dos sábados bajo amenaza de despido y al declinar seguir trabajando en el negocio privado le quitaron la guagua oficial asignada.
Estas situaciones se remitieron para la acción correspondiente al secretario del Departamento de Justicia y al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental en agosto de 2024. Por estas acciones se pudo haber configurado el delito de aprovechamiento ilícito tipificados en el Código Penal de Puerto Rico.
El Informe evidencia que el Municipio incurrió en gastos extravagantes e innecesarios por $4,500 mensuales por concepto del arrendamiento de una guagua Cadillac Escalade Premium Luxury del 2021 a una corporación. La Junta de Subastas no protegió los intereses del Municipio ya que incluyó en la subasta descripciones específicas como que tuviera tres filas de asiento, segunda fila de butacas, tracción en la cuatro ruedas y aros de 22 pulgadas. El mismo vehículo estaba disponible en la Administración de Servicios Generales por $2,500.
La auditoría indica que, el Municipio invirtió $369 mil en dos proyectos que estaban abandonados, deteriorados y sin completarse. En el área recreativa de la urbanización Pradera-Almira, no se instalaron cuatro columnas previstas en el proyecto ni dos portones en alambre de verja. Además, el Parque La Esperanza tiene filtraciones de agua, acústicos desprendidos, limo y hongos en los pisos y paredes. De hecho, el contratista del proyecto del techo del Parque La Esperanza, se declaró culpable el 2 de agosto de 2022 por cargos de conspiración y sobornos con fondos federales a cambio de adjudicación de contratos a su compañía. (Se incluyen fotos.)
Esta situación que se atribuye a que el exalcalde y el exdirector de Obras Públicas no protegieron los intereses del Municipio, propicia que se tengan que utilizar recursos adicionales para reparar los daños.
El examen de otros tres proyectos de construcción por $596 mil, reveló que el Municipio no obtuvo de la Oficina de Gerencia de Permisos el permiso de construcción para tres proyectos. Esta situación expone al Municipio a que las agencias reguladoras le impongan multas y penalidades.
También, la auditoría publicó múltiples deficiencias de control administrativo como por ejemplo, que el director de Finanzas no obligó los créditos presupuestarios para el pago de 14 contratos y tres enmiendas por $779 mil relacionados al arrendamiento de vehículos de motor del 2017 al 2021. Además, se autorizaron desembolsos sin la certificación del proveedor sobre la ausencia de interés por parte de los empleados y las facturas de los vehículos arrendados no se marcaron como pagadas.
El Informe comenta en detalle el proceso judicial contra el exalcalde, cuatro contratistas y el exdirector de Obras Públicas. El entonces alcalde se declaró culpable el 25 de noviembre de 2021 por conspirar en esquema de soborno. Entre el 2021 y 2022, cuatro contratistas se declararon culpables por cargos de conspiración y sobornos con fondos federales a cambio de la adjudicación de contratos a sus compañías. El 12 de mayo de 2022, el exdirector de Obras Públicas se declaró culpable por participar en un esquema de conspiración.
El presupuesto de Cataño ascendió de $33.7 millones en el 2019, a $34.2 millones en el 2020, a $35 millones en el 2021 y a $36.7 millones en el 2022. Los estados financieros reflejaron superávits acumulados de $4.6 millones en el 2019, $3.9 millones en el 2020, $9.9 millones en el 2021 y $15 millones en el 2022.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Cataño cumpla con el Plan de Acción Correctiva de la OCPR.
Este primer informe cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021.
El Informe de Auditoría OC-25-57 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Carta Circular OC-25-18, Reglamento 41, Registro de Notificaciones de Perdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos o Bienes Públicos de la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado Puerto Rico; y la version 5.1 de la Aplicación de Ley 96
Reglamento 41, Notificación de Pérdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos o Bienes Públicos a la Oficina del Contralor de Puerto Rico
Informe de Auditoría OC-25-56 de la Administración de Asuntos Federales
Contralora revela deficiencias con los desembolsos en PRFAA y recomienda evaluar que se excluya de Servicios Generales para realizar sus compras
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA- Puerto Rico Federal Affairs Administration). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que PRFAA realizó 16 compras de bienes y servicios por más de $5 mil, fuera de las fechas autorizadas por la Administración de Servicios Generales. La Ley 73-2019 estableció que todas las compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales tienen que realizar sus compras a través de Servicios Generales salvo que se delegue esta función a la entidad gubernamental. PRFAA obtuvo la autorización para realizar compras en tres periodos, sin embargo, esta ley no contempló el hecho de que PRFAA opera fuera de la isla de Puerto Rico, lo cual provoca que el proceso sea ineficiente.
La auditoría de dos hallazgos señala deficiencias con la preintervención de los justificantes previo a los desembolsos. Del examen de una muestra, se identificó que el 20% de los comprobantes no tenían la evidencia de que fueron preintervenidos, el 17% no incluían la orden de compra, y el 13% no tenían las cotizaciones correspondientes. Los comprobantes de pago eran por concepto de gastos de viaje, arrendamiento de vehículos y pago de nómina, entre otros.
Los auditores detectaron que el Plan de Clasificación y de Retribución del 18 de octubre de 2002 no obtuvo el asesoramiento de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, como estableció la Ley 77 creadora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico del 19 de julio de 1979. Esta situación puede provocar incompatibilidad con normativas y directrices establecidas, hecho que dificulta la administración de los recursos humanos.
El presupuesto de PRFAA ascendió a $16.8 millones del 2019 al 2024, y realizó desembolsos por $14.1 millones.
El Informe le recomienda a la administradora de Servicios Generales, que se evalúe enmendar la Ley 73-2019 para excluir su aplicación a la PRFAA, debido a que esta opera fuera de los límites territoriales de Puerto Rico.
El informe de auditoría de PRFAA cubre el periodo del 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2024
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El Informe de Auditoría OC-25-56 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-55 de la Junta Constitucional de Revisión de Distritos Electorales Senatoriales y Representativos
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones relacionadas con los servicios profesionales y consultivos de la Junta Constitucional de Revisión de Distritos Electorales Senatoriales y Representativos. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que, el Oficial Pagador Especial, devolvió al Departamento de Hacienda $96 mil no gastado por la Junta Constitucional de Revisión de Distritos Electorales Senatoriales y Representativos 15 meses más tarde. El Reglamento 9 de 2009 establece que el Pagador Especial devolverá los saldos no gastados de fondos federales o estatales, y la Carta Circular 1300-15-23 estableció para el año fiscal de 2023, que la devolución sería antes del 9 de junio de 2023.
La auditoría de dos hallazgos señala que, el 47% de las facturas de los contratos de servicios profesionales y consultivos examinados del 2021 al 2022 no incluía la información de la dirección del contratista. La reglamentación vigente establece que cada factura debe contener el nombre y la dirección del proveedor. Estas deficiencias se atribuyen a que la sección de preintervención, que cuenta con una supervisora y 18 auxiliares de contabilidad II, no cumplieron con las disposiciones reglamentarias.
Del 2022 al 2024, la Junta incurrió en gastos para sus operaciones por $394 mil que fueron sufragados con una asignación de $500 mil mediante la Resolución Conjunta 8-2021.
Esta auditoría, de alcance específico, cubre el periodo del 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-55 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Avisos de Programa de Internado en Sistemas de Información
Aviso de Programa de Internado en Sistemas de Información (Programación)
Aviso de Programa de Internado en Sistemas de Información (Servicio Técnico)
Aviso de Programa de Internado en Sistemas de Información (Seguridad)
OC-CH-139-Solicitud-de-Participación-Programa-de-Internado
Origen del documento: Oficina del Contralor de Puerto Rico, División de Capital Humano
Informe de Auditoría OC-25-54 del Municipio de Salinas
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales del Municipio de Salinas. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la administración eficiente del sistema del personal municipal, los desembolsos para el recogido de escombros y la contratación de servicios profesionales, entre otros, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que el Municipio pagó $42 mil en licencias por enfermedad a nueve empleados del 2019 al 2022, en contravención a la Ordenanza 10 de 2018, que indica que los empleados que salen del gobierno, sólo tendrán derecho al pago de vacaciones. Esta situación se atribuye a que las directoras de Recursos Humanos se apartaron de su deber y de las disposiciones de la Ordenanza.
La auditoría de ocho hallazgos señala que 25 empleados ocuparon 18 puestos de carrera, uno de confianza y uno en la Policía Municipal, desde el 2018 al 2021, sin estar contemplados en los planes de clasificación y retribución. Estos empleados nombrados por el anterior alcalde, una exdirectora de Recursos Humanos y por la alcaldesa, recibieron $1.2 millones por concepto de sueldos, diferenciales, bonos navideños, bonos de regreso a clases y premium pay. Esta situación le impidió a la Legislatura Municipal aprobar la creación de puestos, que de ser nulos sus acciones y salarios serían ilegales.
Los auditores detectaron deficiencias con la acumulación de tiempo compensatorio y el registro de horas extras. De una muestra del pago de 23,946 horas extras por $334 mil del 2018 al 2021, se desembolsaron $6,512 por 435 horas extras a cuatro empleados y no se descontaron 116 horas extras a cinco empleados del balance de tiempo compensatorio. La entonces directora de Recursos Humanos desconocía los trámites administrativos sobre el registro de horas extras y acumulación de tiempo compensatorio, según dispone el Reglamento de Personal del Municipio y The Fair Labor Standards Act del 1938.
El Municipio de Salinas pagó $11,471 en exceso de lo contratado a una corporación de solicitud de rembolsos federales por pagos de tareas de data entry, y $1,120 en exceso por servicios on call no estipulado en el contrato con un médico del Programa de Servicios de Salud Accesible. Además, previo al registro de contratos y enmiendas en la OCPR, el Municipio desembolsó $107 mil a contratistas en contravención de la reglamentación vigente.
El Informe publica que el Municipio no reportó al Departamento de Hacienda, pagos por $300 mil en las declaraciones informativas de dos contratistas del servicio de recogido de escombros. El Municipio de Salinas tampoco preparó las declaraciones informativas del pago a dos contratistas por $43 mil del año contributivo 2019. Esta situación fomenta la evasión contributiva y el Municipio puede estar sujeto a penalidades por incumplir con las disposiciones de ley y reglamentación.
En la inspección física de la compra de 40 computadoras portátiles adquiridas por $44 mil con fondos CARES Act del COVID-19, no se localizó una de las laptops valorada en $1,099. Además, la coordinadora de compras ni el director de la Oficina de Manejo de Emergencias certificaron haber recibido la compra según solicitada. Este hecho, propicia el uso indebido de la propiedad.
En contravención del Código Municipal de 2020 y el Reglamento Municipal de 2016, la requisición para la compra de tres vehículos por $108 mil, especificaba la marca y modelos requeridos, y las nueve cotizaciones recibidas, no identificaba al empleado que solicitó, recibió y aceptó las cotizaciones. Por estas deficiencias, se limitó la competencia y se pudieron haber cometido irregularidades.
El presupuesto de Salinas fue de $10.2 millones en el 2019, $9.9 millones en el 2020, $9.7 millones en el 2021 y $9.7 en el 2022. Los estados financieros reflejaron superávits acumulados de $403 mil en el 2018, $1.5 millones en el 2019, $1.3 millones en el 2020 y $828 mil en el 2021.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último Informe de Salinas, cubre el periodo del 1 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021.
El Informe de Auditoría OC-25-54 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informes de Auditorías OC-25-49 Instituto de Estadísticas, OC-25-50 Administración de Rehabilitación Vocacional del DTRH y OC-25-51 Departamento de Agricultura
¡Saludos!
Hablaremos sobre los más recientes informes de auditoría publicados por la Contraloría al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, a la Administración de Rehabilitación Vocacional del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y al Departamento de Agricultura.
El Informe del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico comenta que la Legislatura nunca ha asignado presupuesto para el fondo especial de la agencia. La Ley 209 del 2003, dispone que se asigne un fondo inicial de $2 millones de dólares para proyectos estadísticos.
Además, la auditoría reveló que las facturas de los contratistas por servicios profesionales no desglosaron el tiempo invertido en cada tarea. Además, los registros de los desembolsos no incluían un número único para las transacciones electrónicas.
Por otro lado, la Administración de Rehabilitación Vocacional del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, no retuvo el 1.5% por ciento en los contratos de sumas mayores de los $300 mil dólares. Esa retención se debió descontar por ley como una aportación especial. Sin embargo, los auditores detectaron que esta aportación no se realizó en el 47% por ciento de los comprobantes examinados.
Además, la Administración de Rehabilitación Vocacional, no se aseguró que los contratistas cumplieran con los 20 días límites para trabajar la evaluación de las personas con impedimentos. Al respecto, se identificaron servicios hasta 105 días tarde.
En el Informe de auditoría del Departamento de Agricultura se reveló múltiples deficiencias con las recaudaciones y los cobros. Por ejemplo, el encargado de la correspondencia no preparaba un registro de los valores recibidos, habían empleados sin nombramiento de Hacienda que recibían valores, y las recaudadoras no los depositaban a diario.
Además, la División de Finanzas tenía ocho cajas con facturas desde el 2016 sin registrar en el Programa Excel, y al 30 de junio de 2024, el Departamento tenía un balance de cuentas por cobrar por $382 mil dólares.
Estas faltas de control propician que se cometan errores o irregularidades, y que no se puedan detectar a tiempo.
Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, las cartas circulares y otros documentos, están disponibles en nuestra página www.ocpr.gov.pr
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Contraloría a sus órdenes…
Carta Circular OC-25-17, Calendario del curso requerido por la Ley 190-2006
Carta Circular OC-25-16, Pérdidas del año fiscal 2023-2024 pendientes de registrar con el estatus de Pendiente de Notificar en la aplicación de Registro de Pérdidas (Ley 96)
Informe de Auditoría OC-25-53 del Departamento de Justicia
Contralora revela deficiencias en el monitoreo de las entidades que reciben fondos PARE por parte del Departamento de Justicia
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Departamento de Justicia. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que los analistas del Departamento de Justicia, que realizaban la evaluación y el monitoreo de los fondos del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE), no verificaron el cumplimiento de las entidades receptoras con las Guías establecidas para el desembolso y supervisión de los fondos. De una muestra de los $2 millones asignados para apoyar a las entidades sin fines de lucro, se evidencia que los analistas no se aseguraron de que los expedientes estuvieran completos, validaron la evidencia de cuatro profesionales sin contrato formalizado, o aceptaron informes de asistencia sin firmar ni certificados por la entidad, entre otros hallazgos.
Además, los analistas aceptaron la evidencia de pagos de una entidad, por gastos inelegibles como: servicios sufragados por otra subvención, servicios de psicología facturados dos veces y pagados con fondos PARE y con otra subvención, o el pago doble a una cocinera. Los analistas tampoco advirtieron que una de las entidades que presta servicios a las víctimas de violencia de género, no contaba con una cuenta bancaria exclusiva para los fondos PARE. Estas situaciones, dificultan que se pueda fiscalizar el uso de los fondos, y propicia que se utilicen con un fin distinto a su propósito.
La auditoría de cuatro hallazgos señala que, al 30 de junio de 2024, la Junta de Confiscaciones adscrita al Departamento, se regía por reglamentos que tienen hasta 30 años sin actualizar. Además, la Junta no cuenta con un sistema electrónico que le permita administrar la propiedad confiscada. Esta situación le impide contar con información confiable para tomar decisiones, y propicia que se cometan errores o irregularidades.
El Departamento de Justicia remitió con tardanzas de hasta cuatro meses, 140 copias de contratos por $18.5 millones de fondos federales, al registro de Contratos de la OCPR. Estos documentos públicos no estuvieron accesibles a la ciudadanía como dispone la reglamentación vigente. Además, el Departamento tampoco envió a la Contraloría, la Certificación de Cumplimiento con la Ley 273-2003 de los años fiscales de 2019 y 2020. Esta ley versa sobre las normas contractuales sobre independencia en las auditorías de entidades gubernamentales.
El Departamento de Justicia contó con un presupuesto de $804.6 millones para los años fiscales del 2020 al 2024 y realizó desembolsos por $596.5 millones.
La auditoría le recomienda al secretario de Justicia que ordene revisar los reglamentos de la Junta de Confiscaciones e implementar un sistema para registrar el inventario de la propiedad confiscada, entre otras.
Este segundo y último Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-53 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
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Calendario 2025 del Curso de Ley 58-2020
Informe de Auditoría OC-25-52 del Municipio de Rincón
Contralora revela pagos de $865 mil en exceso por la compra de asfalto y múltiples deficiencias en los desembolsos del Municipio de Rincón
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Rincón. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio pagó $865 mil en exceso de los $170 mil contratados para adquirir asfalto desde el 2020 hasta el 2022. De hecho, de los pagos realizados en exceso, $385 mil corresponden a la compra de asfalto adquiridos posterior a la fecha de vencimiento de los contratos.
Esta situación se atribuye a que el administrador municipal no le requirió a la secretaria municipal enmendar los contratos, a que la preinterventora no verificaba el importe de las compras y la compradora municipal, tampoco hizo referencia a los contratos en el proceso de requisición. El Informe le recomienda al alcalde, recobrar los importes pagados contrarios a la ley.
La auditoría de seis hallazgos señala que, el Municipio pagó $183 mil por servicios de mantenimiento de acondicionadores de aire, fumigación y un permiso de uso, sin haber formalizado contratos escritos. El no suscribir los contratos correspondientes provocan una distorsión de la realidad contenida en los registros de contratos. El Informe le recomienda al alcalde, recobrar este dinero pagado en contravención con el Reglamento Municipal de 2016.
Los auditores identificaron de una muestra, que el Municipio había realizado compras por $160 mil, sin obtener cotizaciones de al menos tres proveedores. Además, se autorizaron compras por $88 mil cuyas facturas no contenían la certificación de ausencia de interés por parte de los funcionarios y empleados del Municipio. Estas deficiencias impiden la libre competencia y propician que se cometan irregularidades o errores en los procesos de compras y desembolsos.
Por otro lado, el Municipio pagó $171 mil por el mantenimiento, compra e instalación de acondicionadores de aire, sin la certificación de labor realizada requerida por la Ley del Colegio de Técnicos de Refrigeración de 1970 y la Ley de Política Ambiental de 2004. Al respecto, el Municipio no tiene certeza de que estos servicios se rindieron de acuerdo con las leyes de la profesión.
La encargada de la propiedad no realizó el inventario físico anual de la propiedad mueble desde el 2020 al 2024. Esta falta de control propicia el uso indebido o pérdida de la propiedad.
El Municipio no suministró para examen, cuatro comprobantes de desembolso y sus justificantes por $12 mil expedidos en el 2022 para el pago de servicios profesionales. Esta situación impidió verificar, la corrección y propiedad de estos desembolsos.
El Informe comenta que al 31 de julio de 2024, el Municipio de Rincón no había recobrado $99 mil por distintos conceptos publicados en cuatro informes de auditoría de los años 2015, 2018 y 2021.
El presupuesto de Rincón fue de $8.4 millones, $8.1 millones, $7.2 millones, $7.6 millones, y $7.9 millones del 2020 al 2024 respectivamente. El Municipio tenía preparados sus estados financieros, que reflejaron superávits acumulados por $5.5 millones, $6.2 millones, $7.5 millones, y $10.3 millones para los años del 2020 al 2023 respectivamente.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
El Informe de auditoría cubre el periodo del 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-52 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
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Carta Circular OC-25-15, Fechas limites en el 2025 para remitir a la Oficina del Contralor los informes mensuales del Registro de Puestos e Información Relacionada
Informe de Auditoría OC-25-51 del Departamento de Agricultura
Contralora revela falta de control con las recaudaciones y cobros en el Departamento de Agricultura
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Departamento de Agricultura. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela la falta de control adecuado en el proceso de recaudaciones. En contravención con el Reglamento 25, el encargado de la correspondencia no preparaba un registro de los valores recibidos por correo, empleados sin el nombramiento del secretario de Hacienda recibían valores, y las recaudadoras no depositaban a diario los valores recibidos. Estas deficiencias propician que se cometan errores o irregularidades y que no se puedan detectar a tiempo.
El Reglamento 25 de 2012, regula la recaudación, depósito, el control y la contabilidad de los fondos públicos.
La auditoría de dos hallazgos señala que, el Departamento tampoco mantuvo un control de las facturas al cobro. Al 10 de septiembre de 2024, la División de Finanzas tenía ocho cajas con facturas sin registrar en el Programa Excel del 2016 al 2018, y del 2020 al 2022. Esta situación impidió que el Departamento contara con un subsidiario de cuentas por cobrar actualizado y esto puede ocasionar que con el tiempo se conviertan en incobrables. Al 30 de junio de 2024, el Departamento contaba con un balance de cuentas por cobrar de $382 mil por concepto de las inspecciones de mercado y el arrendamiento de Villas Pesqueras.
El Departamento de Agricultura tuvo ingresos por $166 millones para los años fiscales del 2021 al 2024, y efectuó desembolsos por $157 millones.
Este informe del Departamento de Agricultura cubre el periodo del 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-51 se puede conseguir en nuestra página en Internet: : www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-75 del Municipio de Guánica
Contralora revela que el Municipio de Guánica no cobró $46 mil en arbitrios de construcción ni remitió retenciones por $20 mil al Departamento de Hacienda
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Guánica. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Guánica no le cobró el 5% de arbitrio al 80% de los proyectos de construcción, ni le retuvo este importe en los pagos efectuados a los contratistas por mejoras al edificio de la alcaldía, la demolición de viviendas afectadas por los terremotos, o por la instalación de mallas de control de palomas en varias canchas, entre otras.
De los cinco proyectos de construcción, demolición y mejoras permanente examinados, el Municipio no le requirió a cuatro de ellos el pago de $45,849 de arbitrios por las obras contratadas por $1.1 millones entre el 2020 al 2023.
Además, los expedientes de los proyectos carecían de documentos requeridos por ley como: la fianza para garantizar el pago de mano de obra (payment bond), fianza para el cumplimiento del contrato (performance bond), o la evidencia de póliza de responsabilidad pública.
Estas deficiencias, dejan sin garantía al Municipio, en caso de incumplimiento y dificultan la función fiscalizadora.
La auditoría de seis hallazgos señala que el Municipio no consignó $79,761 en los presupuestos del 2019 al 2021 para el pago de una sentencia por cobro de dinero de una ferretería, acordada mediante sentencia por el Tribunal de Primera Instancia el 18 de abril de 2017. Esta falta de control causó, además, el pago de $7,000 en penalidades.
Al 10 de abril de 2024, el Municipio no tenía los estados financieros auditados para los años fiscales del 2021, 2022 y 2023. Esta situación no permite tener información financiera actualizada y confiable para la toma de decisiones. Además, puede ocasionar que se afecten las asignaciones de fondos federales al Municipio.
Los auditores detectaron que el Municipio le retuvo $22,316 a dos contratistas por trabajos de ingeniería que no remitieron al Departamento de Hacienda. Una situación similar se había publicado en el Informe de Auditoría M-22-22 del 2022. Por este incumplimiento el Municipio se expone a tener que pagar intereses, penalidades y recargos.
El Municipio de Guánica, carece de una unidad de compras centralizada. Por ejemplo, las subastas informales para obras de construcción y mejoras, no se remitían a la Unidad de Compras sino a un comité nombrado por el alcalde que evaluaba las cotizaciones y adjudicaba las obras. De hecho, en contravención del Código Municipal de 2020, dicho comité carecía de reglamentación.
La OCPR no pudo verificar en todos sus detalles la corrección y propiedad del desembolso de ocho cheques cancelados por $278,488, 19 cheques cancelados por $84,000, ni de 31 cheques cancelados por $39,000. Tras los terremotos, los documentos se enviaron al Museo Pedro Juan Vargas, pero no se organizaron adecuadamente. Los directores de finanzas en funciones no mantuvieron una custodia adecuada de los documentos.
El Informe comenta que el Municipio transó una demanda por más de $1 millón, por la cancelación de contrato sin arbitraje en el 2015, con una compañía de recogido de desperdicios sólidos, escombros y reciclaje. El Municipio realiza este desembolso sin recibir beneficio alguno.
Por despido injustificado de un policía municipal en el 2011, el Municipio tuvo que pagarle $73,540 en salarios, bonos y licencias por vacaciones dejadas de devengar sin recibir servicio alguno. Además, al 12 de septiembre de 2023, siete demandas por $31.8 millones, estaban pendientes de resolución por los tribunales.
Desde los años fiscales del 2019 al 2023, Guánica ha contado con un presupuesto de $7.8 millones, $6.4 millones, $5.1 millones, y $7.3 millones respectivamente. Los estados financieros auditados del 2019 al 2021 reflejaron déficits acumulados de $6.5 millones, $3.8 millones y $3.5 millones respectivamente.
El Municipio tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional del 49% en el 2020 y del 54% en el 2021. Esto se atribuye a la sobrestimación en los ingresos, al uso inadecuado de ingresos de patentes municipales para cubrir gastos operacionales y a la ausencia de un sistema de contabilidad, entre otros.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo informe, cubre el periodo del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-75 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-74 del Municipio de Morovis
Contralora revela pagos de más de medio millón sin subasta y cotizaciones requeridas en Morovis
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Morovis. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Morovis pagó $593,653 a dos contratistas por servicios de mantenimiento de áreas verdes sin celebrar subasta. De esta cantidad, $385,870, el 65%, eran fondos federales de la Ley del Plan de Rescate Americano y de fondos del COVID-19. La ley y el Reglamento de Subastas de 2021, dispone que es requisito celebrar subasta pública en la compra de materiales, equipos, medicinas y otros suministros cuando excedan de $100,000.
Además, el Municipio otorgó dos contratos por $47,500 para limpieza de terrenos y mantenimiento, sin obtener al menos tres cotizaciones. Estas situaciones impiden la libre competencia, propician el favoritismo y que se cometan irregularidades, entre otras.
La auditoría de seis hallazgos señala que, sin facultad legal, el Municipio le pagó a un funcionario $6,375 por los excesos de licencia de vacaciones acumuladas, en contravención de la Ordenanza 15 de 2017. Además, a la directora de Recursos Humanos se le pagó un diferencial de $2,907 para atender asuntos de personal de la Oficina de Recuperación; tareas que ya estaban definidas en el Plan de Clasificación y Retribución de Puestos de 2008.
Los auditores detectaron que el Municipio nombró un empleado en 11 ocasiones a los puestos de trabajador y conductor de vehículos pesados sin estar habilitado por la Oficina de Habilitación para el Servicio Público. Dicho empleado fue convicto por delitos graves y sentenciado a siete años de probatoria en el 2008. El hecho de no estar habilitado según requiere la ley, pudiera ocasionar que el Municipio tenga que rembolsar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos los salarios devengados bajo la Ley 52-1991 de Seguridad de Empleo.
Por otro lado, el Municipio no obligó las asignaciones presupuestarias de más de $2.2 millones al momento de otorgar siete contratos y tres enmiendas para el servicio de recogido de escombros, construcción y mejoras permanentes. El registro de las obligaciones se realizó hasta 100 días después de formalizar los contratos. Una situación similar se había comentado en el 2020, en el Informe de Auditoría M-21-08.
Sin obtener los permisos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el Municipio de Morovis contrató la construcción de 15 monumentos para identificar los barrios por $348,835. Esta situación expone al Municipio a multas y penalidades ya que no permitió la función reguladora del DTOP, y que los monumentos se construyeran en contravención de las leyes y reglamentos aplicables. (Ver fotos adjuntas, relacionadas con este hallazgo 5)
El Informe publica múltiples deficiencias con la ausencia o tardanza en completar los documentos requeridos a los contratistas, tales como: la póliza de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, fianzas para garantizar el pago de jornales y materiales (payment bond), y fianzas para garantizar el cumplimiento del contrato (performance bond), entre otros. De esta manera, el Municipio no tiene garantías de que los contratistas cumplan con sus empleados, por ejemplo, en caso de accidente; y no verificaron si los contratistas cumplían con los requisitos de ley para formalizar contratos.
La auditoría comenta que el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Morovis, dictó sentencia el 23 de abril de 2024, y ordenó al Municipio el pago de $375,000 a contratista de recogido de desperdicios sólidos. El contratista había demandado al Municipio y a la alcaldesa el 27 de julio de 2018 por incumplimiento de contrato y daños por actuación dolosa al cancelar el contrato en el 2017.
Además, al 26 de septiembre de 2024, estaban pendientes de resolución por los tribunales, cuatro demandas civiles por daños y perjuicios y expropiación forzosa por $4 millones.
Desde los años fiscales del 2019 al 2024, Morovis ha contado con un presupuesto de $10.5 millones, $11.1 millones, $10.2 millones, $9.8 millones, $8.7 millones y $8.5 millones respectivamente. Los estados financieros auditados reflejaron superávits de $781,812, $1.1 millones y $979,700 para los años fiscales del 2019 al 2021.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-74 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Negociado de la Policía no retuvo aportación especial a contratistas, según Contralor
fuente: NotiCel - 6 de mayo de 2025
Una opinión cualificada de las operaciones fiscales revela que a cinco contratistas no se les descontó el 1.5% que se requiere a los proveedores con contratos que excedan los $300,000.
La auditoría comenta que el Negociado de la Policía tenía al 29 de febrero de 2024, 390 demandas con reclamos de hasta $557 millones pendientes de resolución.
Foto: Archivo/NotiCel
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Negociado de la Policía no le retuvo a cinco contratistas el 1.5% de la aportación especial que por ley se debe descontar a los proveedores con contratos que excedan los $300,000. Al contratista se le puede exonerar de la aportación especial si presenta una declaración jurada (Modelo SC-1350) conforme establece la Ley 48-2013 y la Carta Circular 1300-07-21.
De la evaluación de una muestra de 27 comprobantes de pago por $664,084, emitidos del 2022 al 2024, el Negociado no retuvo $1,394 equivalente a la aportación especial del 1.5% en 14 comprobantes de pago por $93,039 a cinco contratistas que no tenían la declaración jurada. Para el periodo auditado del 2020 al 2024, el Negociado había otorgado un total de 856 contratos y enmiendas por $124 millones.
Esta situación incumple el propósito de recaudar fondos para aliviar la crisis fiscal y atender gastos operacionales del Gobierno.
La auditoría comenta que el Negociado de la Policía tenía al 29 de febrero de 2024, 390 demandas con reclamos de hasta $557 millones pendientes de resolución. La mayoría de los casos es por daños y perjuicios, violación de derechos civiles y discrimen. La cuantía mayor corresponde a una demanda por fabricación de cargos y detención ilegal por $100 millones.
Además, el Negociado no había remitido, al 30 de octubre de 2024, la Certificación Anual requerida por ley del Registro de Puestos de los años fiscales de 2021, 2022 y 2023. Este registro. que administra la OCPR, contiene la información de los cambios mensuales que ocurren con los puestos en todas las agencias y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva.
El presupuesto del Negociado desde el 2020 al 2024 ascendió a $3,709 millones, y realizó desembolsos por $3,193 millones.
Informe de Auditoría OC-25-73 del Negociado de la Policía de Puerto Rico
Contralora revela que el Negociado de la Policía no retuvo el 1.5% de la aportación especial a los contratistas
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Negociado de la Policía no le retuvo a cinco contratistas el 1.5% de la aportación especial que por ley se debe descontar a los proveedores con contratos que excedan los $300 mil. Al contratista se le puede exonerar de la aportación especial si presenta una declaración jurada (Modelo SC-1350) conforme establece la Ley 48-2013 y la Carta Circular 1300-07-21.
De la evaluación de una muestra de 27 comprobantes de pago por $664,084, emitidos del 2022 al 2024, el Negociado no retuvo $1,394 equivalente a la aportación especial del 1.5% en 14 comprobantes de pago por $93,039 a cinco contratistas que no tenían la declaración jurada. Para el periodo auditado del 2020 al 2024, el Negociado había otorgado un total de 856 contratos y enmiendas por $124 millones.
Esta situación incumple el propósito de recaudar fondos para aliviar la crisis fiscal y atender gastos operacionales del Gobierno.
La auditoría comenta que el Negociado de la Policía tenía al 29 de febrero de 2024, 390 demandas con reclamos de hasta $557 millones pendientes de resolución. La mayoría de los casos es por daños y perjuicios, violación de derechos civiles y discrimen. La cuantía mayor corresponde a una demanda por fabricación de cargos y detención ilegal por $100 millones.
Además, el Negociado no había remitido, al 30 de octubre de 2024, la Certificación Anual requerida por ley del Registro de Puestos de los años fiscales de 2021, 2022 y 2023. Este registro. que administra la OCPR, contiene la información de los cambios mensuales que ocurren con los puestos en todas las agencias y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva.
El presupuesto del Negociado desde el 2020 al 2024 ascendió a $3,709 millones, y realizó desembolsos por $3,193 millones.
Este primer informe, cubre el periodo del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-73 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Más de $42 millones en el limbo: gobierno incumple con recobro de dinero ante fallas en contratos auditados
fuente: El Nuevo Día - Por David Cordero Mercado - 1 de mayo de 2025
En los pasados cinco años, las entidades públicas solo han recuperado $267,380 tras las irregularidades detectadas por la Oficina del Contralor
El gobierno ha fallado en recuperar más de $42.1 millones que, según los informes de auditoría de laOficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), deben ser devueltos a las arcas públicas debido a irregularidades detectadas en contrataciones gubernamentales durante los pasados cinco años.
De un total de $44.5 millones identificados en auditorías, entre enero de 2020 y diciembre de 2024, apenas $267,380 han sido recuperados, mientras otros $2,100,668 ya se consideran incobrables, de acuerdo con datos que la OCPR compartió con El Nuevo Día.
Esta ínfima tasa de recobro destapa un cuadro de inacción y aparente impunidad en la gestión de fondos públicos, a juicio de la contralora, Yesmín Valdivieso.
“Nosotros no tenemos el poder para obligar a ninguna unidad a recobrar el dinero”, dijo Valdivieso, al argumentar que ejecutar el recobro no está en sus manos. “Nosotros sí le seguimos dando seguimiento a las solicitudes de recobro de dinero. En algunos casos, lo recobran y, en otros casos, (los encargados en las unidades gubernamentales) se hacen los locos. No tengo otra palabra para decirlo”, subrayó.
Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2024, la OCPR publicó 123 informes de auditoría qu0e revelaron fallas en contratos relacionados con construcción, obras, mejoras permanentes y servicios profesionales correspondientes a 86 entidades gubernamentales.
De esos, 50 reportes contenían recomendaciones específicas para recobrar fondos mal utilizados o pagados indebidamente, por un total de $44,501,586. Sin embargo, al culminar el pasado mes de marzo, cerca del 95% de ese monto –unos $42,133,538– aún no había sido reingresado al erario.
La OCPR explicó que hay 11 casos en los que las respectivas entidades gubernamentales ya determinaron no realizar gestiones de recobro, entre ellos, los gobiernos municipales de Hormigueros, Hatillo, Coamo y Arecibo. En otro ejemplo, una deuda de $65,214 fue declarada incobrable debido a que el Municipio de Naguabo no hizo las gestiones correspondientes de recobro y prescribió.
Al tope de la lista con gestiones de recobro pendientes, está el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres ($27,237,370), seguido de la Oficina de Gerencia y Presupuesto ($2,870,023), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura ($2,306,895), el Departamento de Corrección y Rehabilitación ($1,709,431), la Administración de Servicios Médicos ($1,681,841), el Municipio de Barceloneta($1,468,024) y el Negociado de Telecomunicaciones($1,031,028).
La información –que solo cubre cinco años– surge en momentos en que se prevé que las partidas provenientes del gobierno estadounidense se reduzcan del 46% actual a 43%, en el presupuesto del año fiscal 2025-2026, como consecuencia de los recortes en fondos federales impulsados por la administración de Donald Trump. En Puerto Rico, esta ofensiva ha afectado principalmente, hasta el momento, a los departamentos de Educación y de Salud.
Los hallazgos más comunes que activan las recomendaciones de recobro incluyen la ausencia de cláusulas requeridas por ley en los contratos, pagos realizados fuera de los términos contractuales y servicios prestados antes o después de la vigencia del contrato. Son errores que, según la contralora, se repiten con demasiada frecuencia.
“En algunos casos, lo recobran y, en otros casos, se hacen los locos ”
Yesmín Valdivieso, Contralora
“En nuestros informes, en todos los informes, siempre hay algún problema con algún contrato”, anotó Valdivieso, quien censuró el reiterado registro tardío de contratos en la OCPR por parte de las entidades gubernamentales. “Le caemos encima a las agencias para que registren (correctamente los contratos), pero la realidad es que el contratista es tan responsable como la agencia de que este contrato se registre”, subrayó.
10 casos bajo investigación
Valdivieso explicó que la OCPR refiere los casos de recobro principalmente al Departamento de Justicia y al Departamento de Hacienda, que tiene una unidad de cobro de deudas al gobierno. De igual modo, estos informes son referidos a la Comisión Conjunta de Informes Especiales del Contralor en la Legislatura, que se supone dé seguimiento a las recomendaciones. “Pudiera ser mejor”, respondió la funcionaria, al preguntársele si consideraba que las gestiones de recobro de parte de esas entidades eran efectivas.
Al respecto, Justicia indicó que recibe los referidos de la OCPR, los evalúa y, de proceder, asigna los casos a su División de Contributivo, Cobro de Dinero y Expropiaciones Forzosas.
En una declaración escrita, la agencia precisó que, hasta esta semana, dicha División tenía 10 casos activos bajo investigación. “Como parte del proceso, una vez culminen las investigaciones, el Departamento de Justicia notificará a las agencias correspondientes si se procederá con una reclamación o si el caso será cerrado”, indicó.
La declaración, sin embargo, no detalla la antigüedad de esos 10 casos, cuántos referidos han recibido en los últimos cinco años, ni un plazo estimado para la conclusión de las pesquisas.
Hacienda no respondió una petición de información de El Nuevo Día.
De igual forma, la senadora Karen Román, presidenta de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor, no estuvo disponible. Su portavoz, Josian Vázquez, indicó que la legisladora novoprogresista se encontraba ocupada atendiendo asuntos relacionados con el incidente, de carácter personal, que tuvo con una aerolínea.
Incompetencia e impunidad
La inacción que predomina es vista como un síntoma de un mal mayor, según Mario Negrón Portillo, catedrático retirado y exdirector de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, quien describió el panorama como “incompetencia, por un lado, e impunidad por otro”.
“Lo que estás trayendo describe lo que está pasando con la administración pública de Puerto Rico”, afirmó Negrón Portillo, en entrevista separada. “Por un lado, dando el beneficio de la duda, puede que la gente se equivoque por desconocimiento. Y, al otro lado, tienes el problema de la impunidad, que aquí se toman decisiones, suceden cosas y, al final del día, es como si nada hubiera pasado”.
Negrón Portillo argumentó que la falta de diligencia en el recobro abona a la percepción de que “no importa lo que tú hagas mal, nada va a pasar”. En esa dirección, añadió que las agencias, sobrecargadas o sin el personal capacitado, optan por no invertir esfuerzos en recuperar el dinero, por entender que no se le pedirán explicaciones al respecto.
Opinó que, en el pasado, los informes de la OCPR generaban cierto temor entre algunos funcionarios, particularmente alcaldes, por su posible costo electoral, pero eso quedó en el pasado. “Si ya no hay ese miedo, ya no hay esa deferencia, ese ‘creo que me puede pasar algo malo’, pues, nada va a pasar, las decisiones se siguen tomando, los problemas se siguen acumulando”, declaró.
Necesidad urgente de consecuencias
Tanto Valdivieso como Negrón Portillo coincidieron en la necesidad de que haya consecuencias reales. La contralora, aunque sostuvo que, en ocasiones, los errores pueden ser administrativos y no de mala fe, insistió en la rigurosidad necesaria al manejar fondos públicos. “Las reglas de contratación gubernamental son bien estrictas y tiene que haber un esfuerzo”, aseveró.
“Tiene que haber consecuencias”, subrayó, por su parte, Negrón Portillo. “Esto empieza desde arriba, tiene que haber una directriz bien clara de la Oficina del Gobernador, exigir un cumplimiento y un trabajo a los funcionarios públicos y, además de exigirle, poner una consecuencia”, puntualizó.
La corresponsabilidad entre el gobierno y el contratista es el eje de una reciente campaña de la OCPR titulada “Evitar señalamientos está en tus manos”, con la que buscan concienciar a los proveedores del gobierno sobre la necesidad de vigilar, también, el cumplimiento estricto de las normativas.
“Le recomendamos que se aseguren que el contrato cumpla con todos los requisitos de ley, la reglamentación y la jurisprudencia interpretativa para evitar irregularidades”, expresó Valdivieso.
Enfatizó que un contrato debe ser por escrito y estar firmado por las partes, tener vigencia prospectiva y estar debidamente registrado en la OCPR antes de iniciar servicios.Un error común, como enmendar un contrato ya vencido, invalida dicha enmienda, poniendo en riesgo el pago al contratista, incluso si este realizó el trabajo.
“Puede que te hayan pagado, pero eso no significa que nosotros no vamos a señalar o a solicitar que se te recobre el dinero que se te pagó”, advirtió la contralora. “La contratación pública representa una proporción significativa del presupuesto gubernamental. Por eso, los contratistas tienen la responsabilidad de asegurarse de cumplir con todas las normas legales que apliquen para evitar un señalamiento o una recomendación de recobro”, manifestó.
NotiContralor News – Informe de auditoría OC-25-72 de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA)
¡Saludos!
La Oficina del Contralor de Puerto Rico reveló, que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, también conocida como ASSMCA, pagó $48 mil dólares en exceso a tres contratistas. El Informe recomienda que se recobre ese dinero pagado de forma indebida.
Además, los auditores detectaron múltiples deficiencias en la facturación y pago de servicios administrativos remotos, de tareas presenciales como: ponchar contratos, crear expedientes y clasificar documentos.
En ASSMCA se contrataron varios servicios de puestos regulares vacantes como el del director médico y coordinadora de compras. Sin embargo, ante la disminución de empleados, esta entidad no había realizado una evaluación sobre la manera más eficiente de prestar estos servicios.
Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor, las Cartas Circulares y otros documentos, están disponibles en nuestra página www.ocpr.gov.pr
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Contraloría a sus órdenes…
NotiContralor News – Informe de auditoría OC-25-71 de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico
¡Saludos!
La auditoría de la Administración de Servicios Generales reveló que se realizaron compras en modalidad excepcional, sin los documentos requeridos. Por reglamentación, estas compras se realizan en situaciones de emergencia, cuando los fondos están a punto de acabarse o porque hay una sola fuente de abastecimiento.
Sin embrago, la auditoría encontró que una ayudante especial de la Junta de Subastas de la Agencia instruyó a que se adquiriera el servicio de impresión de guías para maestros y estudiantes de escuela mediante compra excepcional, debido a que los fondos federales vencían en 10 días. Esta compra se había solicitado a la Administración de Servicios Generales casi tres meses antes para tramitar como subasta informal. Esta compra excepcional, no fue evaluada por el administrador auxiliar de adquisiciones ni autorizada por el oficial de licitación.
Una situación similar ocurrió con el decomiso de materiales de construcción en su almacén en Aguadilla. Después de 10 meses de haberse solicitado, y a días de vencer la disponibilidad de fondos federales, se autorizó el decomiso mediante compra excepcional.
Estas situaciones vulneran los controles internos y pueden beneficiar a un proveedor en específico sobre los demás.
Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor, las Cartas Circulares y otros documentos, están disponibles en nuestra página www.ocpr.gov.pr
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Contraloría a sus órdenes…
Anuncios en la Prensa dirigidos a los contratistas del Gobierno de Puerto Rico
Carta Circular OC-25-20, Requerimiento de información de la Certificación requerida por el Artículo 9 de la Ley 103-2006, Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según enmendada, para los años fiscales 2022-23 y 2023-24
Comunicado de Prensa – Contralora alerta a los contratistas del gobierno a evitar irregularidades en la contratación
(San Juan-PR) – La Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, hizo un llamado a los contratistas del Gobierno de Puerto Rico, instrumentalidades públicas y municipios a seguir las reglas de contratación gubernamental. La campaña titulada “Evitar señalamientos está en tus manos” enfatiza que todo contrato debe estar por escrito, que esté firmado por todas las partes, que tenga vigencia prospectiva, y se registre y remita al Registro de contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).
“La normativa de la contratación gubernamental es muy estricta y específica ya que se trata de fondos públicos. Le recomendamos que se aseguren que el contrato cumpla con todos los requisitos de ley, la reglamentación y la jurisprudencia interpretativa para evitar irregularidades”, expresó la Contralora.
Además, es requisito que el contrato esté registrado en el Registro de Contratos de la OCPR antes de comenzar a rendir los servicios. Al respecto, el contratista debe recibir un correo electrónico que indique expresamente que su contrato está registrado. Por otro lado, las enmiendas a los contratos gubernamentales se tienen que realizar durante la vigencia del contrato, no después de vencido.
Por años, los hallazgos más comunes de las auditorías se refieren a pagos realizados fuera de contrato, servicios prestados antes o después de la vigencia del contrato, falta de cláusulas o registrar y remitir tarde el contrato al registro de la OCPR. “La contratación pública representa una proporción significativa del presupuesto gubernamental. Por eso, los contratistas tienen la responsabilidad de asegurarse cumplir con todas las normas legales que apliquen para evitar un señalamiento o una recomendación de recobro”, indicó la Contralora de Puerto Rico.
Los contratistas pueden obtener información adicional en el folleto informativo Guías Generales de Contratación del Gobierno de Puerto Rico, publicado en el portal de internet www.ocpr.gov.pr. O pueden solicitar una orientación mediante llamada al (787) 754-3030 extensiones 5413 ó 5414.
Contacto
Oficina del Contralor de Puerto Rico
Lisandra Rivera Rivera, R-168
Directora de área
Oficina de Prensa y Comunicaciones
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(787) 250-3322
W ww.ocpr.gov.pr
Informe de Auditoría OC-25-72, Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción
Contraloría revela pagos en exceso por $48 mil y ausencia de análisis sobre la contratación de servicios profesionales en puestos regulares en la ASSMCA
La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), pagó $47,976 en exceso a tres contratistas por servicios relacionados con la salud, servicios profesionales y servicios no profesionales. Además, se detectaron múltiples deficiencias en facturas certificadas sin desglosar el tiempo invertido en cada tarea, sin incluir el número ni fecha del contrato, ni deducir la aportación al Fondo General. La ASSMCA también pagó $4,962 por servicios administrativos realizados de forma remota que incluían tareas presenciales como ponchar contratos, crear expedientes y clasificar documentos.
Esta situación tiene el efecto de que la ASSMCA no tiene certeza de que la información en las facturas y los pagos estén de acuerdo a lo contratado. Además, el Informe recomienda que se realicen gestiones de recobro de los $47,976 pagados de forma indebida.
La auditoría de tres hallazgos señala que el 75% de los contratos examinados, se registraron en la Oficina del Contralor con tardanzas de hasta dos meses. Al 3 de julio de 2024, el administrador de ASSMCA no había enviado la Certificación Anual de Registro de Contratos del año fiscal de 2022, y la del 2023 la envió 150 días más tarde de la fecha establecida.
El Informe indica que la contratación de los servicios de contadores para realizar los single audits de ASSMCA, se formalizaron hasta 196 días después de la fecha límite. Cualquier entidad que desembolse fondos federales por $750,000 o más, tiene que realizar una auditoria única de los estados financieros e informarlo a las agencias federales.
La auditoría comenta que la ASSMCA contrató servicios para realizar tareas de puestos regulares vacantes como el de director de centro, director médico o coordinadora administrativa de compras, entre otros. Del 2021 al 2023, la entidad tuvo una disminución de 416 puestos y otorgó 379 contratos por $16.5 millones. La ASSMCA no había realizado un estudio para determinar la manera más económica y eficiente de prestar estos servicios, ni tampoco le había solicitado ayuda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para realizar esta evaluación.
Además, los auditores identificaron que una contratista facturó $262 a la ASSMCA y al Senado por una misma actividad, el “Taller FORPAP de Primeros Auxilios Psicológicos en el Club Puertorriqueño del Municipio de Guánica”, que se llevó a cabo el 14 de noviembre.
El presupuesto de ASSMCA desde el 2020 al 2024, ascendió a $915.4 millones, y realizó desembolsos por $769.2 millones.
Este segundo y último informe, cubre el periodo del 1 de julio de 2019 al 30 de abril de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-72 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-71 de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico
Contraloría revela deficiencias con la modalidad de compra excepcional en la Administración de Servicios Generales
La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Administración de Servicios Generales. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que la Administración de Servicios Generales (ASG) realizó compras mediante la modalidad de compra excepcional, sin los documentos requeridos conforme al Reglamento 9230. Estas compras se realizan en situaciones de emergencia, cuando la vigencia de los fondos esta próximo a vencer, o cuando exista una sola fuente de abastecimiento, entre otros.
Por ejemplo, una entidad solicitó el servicio de impresión de guías para maestros y estudiantes de escuela, el 27 de octubre de 2021 mediante el trámite de subasta informal. Sin embargo, 86 días después, el 21 de enero de 2022, una ayudante especial de la Junta de Subastas de la ASG, instruyó que se adquiriera el servicio mediante compra excepcional debido a que los fondos federales vencían el 31 de enero de 2022. Esta compra excepcional, no fue evaluada por el administrador auxiliar de adquisiciones ni autorizada por el oficial de licitación.
Esta situación vulnera los controles internos establecidos y puede ocasionar que se beneficie un proveedor en específico sobre los demás.
La auditoría de un hallazgo señala también que la ASG solicitó un servicio de decomiso de materiales de construcción ubicados en el almacén de la anterior Oficina de Servicios de Aguadilla el 10 de agosto de 2021. Transcurridos 315 días de la solicitud, el administrador auxiliar instruyó que se adquiriera el servicio de decomiso pero en modalidad de compra excepcional, ya que la disponibilidad de fondos vencía el 30 de junio de 2022. Los auditores no encontraron evidencia de que se haya realizado gestiones para adquirir el servicio antes de esa fecha.
Además, la renovación del servicio de empleos temporeros de la ASG por $228,780, no se formalizó mediante un contrato de servicios profesionales sino mediante orden de compra excepcional el 30 de junio de 2022. El día anterior, el gerente de Recursos Humanos informó sobre la necesidad inmediata de recursos humanos y que solicitaba una orden de compra excepcional. La ASG tenía conocimiento de que el contrato de empleados temporeros que se firmó el 17 de noviembre de 2021, tenía vigencia hasta el 30 de junio de 2022.
Al respecto, no se protegieron los intereses de la ASG en caso de incumplimiento por parte del proveedor, al no existir un contrato entre las partes.
El Informe publica también que la compra de uniformes para 177 empleados de la ASG por $73,057, se realizó mediante compra excepcional, sin justificación.
Estas situaciones se atribuyen a que los compradores se apartaron de las disposiciones de ley y reglamento relacionadas con los procesos de adquisición y los funcionarios a cargo que no supervisaron de forma adecuada estas operaciones.
El presupuesto de la ASG fue de $108.4 millones desde el 2020 hasta el 2023. Para el mismo periodo, realizó desembolsos por $73.2 millones.
Este segundo y último informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-71 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Aviso de Subasta OC-25-06 Servicios de Mantenimiento y Limpieza
Informe de Auditoría OC-25-70 del Puerto Rico Innovation and Technology Service
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Puerto Rico Innovation and Technology Service. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el entonces principal ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno, y la abogada principal del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), no se aseguraron de que la persona contratada para realizar tareas cónsonas con la profesión de relacionista público tuviera la licencia requerida. La contratista, que facturó $63,697 en el 2021, rindió sus servicios como una compañía de responsabilidad limitada que requiere que sus oficiales cuenten con las licencias profesionales correspondientes.
Esta situación se notificó al Presidente de la Junta Reglamentadora de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico el 1 de octubre de 2024 para que tome las medidas correspondientes.
A su vez, esta compañía, obtuvo 101 contratos con 19 entidades desde el 2015 al 2023 con facturación de $4.5 millones, todos relacionados con la prestación de servicios de relaciones públicas. Al respecto, los directores y funcionarios de la compañía están obligados a cumplir con la Ley General de Corporaciones y tener las licencias requeridas.
Por otro lado, la auditoría de dos hallazgos señala que el PRITS no validó los servicios prestados por un contratista en cuya factura incluyó reuniones de trabajo con empleados en fines de semana que no se llevaron a cabo. Esto ocasionó pagos indebidos por $1,000.
Además, a seis contratistas no se le requirió, con su última factura, la Certificación de Deuda y la Certificación de Deuda de IVU, según requerido por el contrato. El PRITS pagó $271,665 sin asegurarse que estos contratistas no tenían deudas pendientes con el Departamento de Hacienda.
El Informe comenta que el PRITS contrató los servicios de asesoramiento legal, laboral gubernamental y administrativa, a una corporación de responsabilidad limitada cuyo contratista a su vez tenía contratos con otras siete entidades; entre las que se encuentran la Junta de Planificación, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Departamento de Educación y el Municipio de Utuado.
La evaluación de los servicios facturados a las siete entidades entre mayo y junio de 2022, reveló que el contratista facturó un total de 21 a 30 horas diarias en 17 ocasiones. La evidencia testifical valida que, para esa fecha, la corporación no contaba con empleados o profesionales que le asistieran
Esta situación de posible violación al Código Penal y al Código de Ética de la Profesión Legal se refirió al Departamento de Justicia el 24 de junio de 2024 y al Tribunal Supremo de Puerto Rico el 10 de septiembre de 2024.
La auditoría comenta que el 10 de mayo de 2024, se refirió un asunto que pudiese constituir posibles violaciones a la Oficina de Ética Gubernamental. Además, los auditores identificaron cláusulas contractuales que, según redactadas, pueden invalidar los contratos examinados en los hallazgos de la auditoría.
El Informe halló que, al 26 de mayo de 2023, unas 32 entidades no utilizaban el dominio pr.gov. Todo portal de gobierno debe residir en el dominio oficial designado, pr.gov, según instruye la Carta Circular Num. 2021-004.
El presupuesto del PRITS del 2020 al 2024 fue de $249.8 millones y realizó desembolsos por $180.8 millones. Este informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-70 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.p
Solicitudes de acceso a la información – febrero 2025
Informe de Auditoría OC-25-69 del Municipio de Bayamón
Contralora revela deficiencias de control con los desembolsos y la propiedad en Bayamón
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Bayamón. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela de una muestra de los comprobantes examinados, que todos carecían de las firmas de aprobación del director de finanzas y del pagador oficial. En particular, el 88% de las órdenes de compra para servicios de mantenimiento de áreas verdes, no tenían la firma del director de finanzas y el 17% de los comprobantes de desembolso para el pago de contribuciones retenidas, no tenían la firma del pagador oficial ni del director de finanzas.
Además, no se marcaron como pagados el 80% de los comprobantes de desembolso y, en el 30%, no incluyeron la fecha que se prestaron los servicios. Desde el 2018 al 2022, el Municipio emitió 252,688 comprobantes de desembolsos por $717.4 millones en total.
Estas deficiencias hacen inoperante el control interno establecido. Además, propicia que se cometan errores o irregularidades y dificultaron verificar en detalle, si los desembolsos se realizaron correctamente.
La auditoría de cuatro hallazgos señala que al 13 de diciembre de 2022, el entonces vicealcalde y dos asistentes ejecutivos principales, no habían enviado al secretario de Justicia, los documentos sobre 58 demandas radicadas en los tribunales contra el Municipio desde el 2018 al 2022. La Ley de Registro de Demandas Civiles de 2003, requiere, entre otras, que se notifique al secretario de Justicia, toda reclamación de carácter civil por o en contra del Municipio, que se relacione con las funciones de su cargo y cuya cuantía excedan los $5,000. Al respecto, se recomienda a la secretaria de Justicia, que evalue la situación comentada y que considere preparar el reglamento requerido por ley para la creación del Registro de Demandas Civiles.
Por otro lado, los auditores detectaron que en la Comisión de Asuntos de Auditoría de la Legislatura Municipal no evaluaron los informes de auditoría de la OCPR: M-20-05 de 2019, M-21-12 de 2020, ni el M-22-13 de 2021. Tampoco, evaluaron los estados financieros auditados por contadores públicos autorizados de los años fiscales del 2018 al 2020. Esta situación impide la fiscalización continua y eficaz de las finanzas y operaciones del Municipio.
En contravención del Reglamento Municipal de 2016, la oficial de la propiedad no realizó los inventarios físicos anuales de la propiedad mueble desde el 2018 al 2021. Además, seis hurtos de propiedad con valor en los libros de $37,910 se notificaron con tardanzas de hasta dos años y medio a la OCPR. La ley vigente dispone que la entidad tiene 10 días laborales para notificar la pérdida de propiedad.
El Informe comenta que al 30 de junio de 2022, 18 demandas civiles por $2.7 millones estaban pendientes de resolución por los tribunales. Además, dos casos presentados por empleados estaban pendientes de resolución ante la Comisión Apelativa de Servicio Público y ante el Equal Employment Opportunity Commission.
El presupuesto de Bayamón, de $116.6 millones en el 2019, $118 millones en el 2020, y $121.7 millones en el 2021, ascendió a $127.4 millones en el 2022. Los estados financieros reflejaron superávits acumulados del 2019 al 2022, de $27 millones, $41.2 millones, $33.7 millones y $40.5 millones respectivamente.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este primer informe, cubre el periodo del 1 de noviembre de 2018 al 30 de junio de 2022.
El Informe de Auditoría OC-25-69 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Solicitudes de acceso a la información – enero 2025
Informe Especial OC-25-68 de la Autoridad de Carreteras y Transportación – Resultado de la evaluación sobre la construcción del Puente Jesús Izcoa Moure (Puente Atirantado) sobre el Río de La Plata
Contralora revela incumplimiento con las especificaciones de rugosidad y múltiples irregularidades en la construcción del Puente Atirantado
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) anunció los resultados de la investigación sobre la construcción del puente Jesús Izcoa Moure (Puente Atirantado). El entonces director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT) y actual secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo, le solicitó el 10 de enero de 2023 a la OCPR, investigar el proyecto cuyo avanzado deterioro apuntaba a una ejecución incorrecta del contrato de construcción.
La investigación reveló que el Puente Atirantado se inauguró el 24 de octubre de 2008 a petición de la ACT. El contratista indicó el 23 de octubre de 2008 que el puente estaba sustancialmente terminado.
Sin embargo, el diseñador informó que se podía abrir, pero con la restricción de evitar el tráfico pesado y limitar el espacio a dos peatones por metro cuadrado, hasta que los tendones del puente fueran tensados y cementados. El diseñador señaló, además, que no se podía garantizar que la plataforma de rodaje no se agrietara, y advirtió que se diera la más alta prioridad a completar los trabajos con los tendones. A pesar de las advertencias, dos días después de su inauguración se celebró la carrera 10K el Chango con 1,200 corredores.
Un mes después de su inauguración, el administrador notificó que no debía permitirse el tráfico pesado ya que estaba causando vibración excesiva en la plataforma y estaba ejerciendo un impacto excesivo en el anclaje y que faltaban trabajos críticos por completar. Al 1 de febrero de 2024, la ACT confirmó que no hallaron documentación que explique las razones por las cuales no se llevaron a cabo las restricciones recomendadas.
A tales efectos, la integridad de la estructura pudo verse comprometida, se puso en riesgo la seguridad de los usuarios del puente, y este hecho pudo haber tenido consecuencias adversas para la ACT.
El Informe, de ocho resultados, señala que el 6 % del hormigón que se depositó en el puente era de una resistencia a la compresión menor a la requerida. La ACT aceptó el hormigón de baja resistencia depositado en la torre #4 tras un análisis estructural del diseñador. Sin embargo, no hay evidencia de haberse realizado la validación para la torre #5 ni para la plataforma.
La inspección de la rugosidad de la superficie de la plataforma de rodaje reveló que, no cumplía con los estándares de construcción, y el contratista tampoco presentó alternativas para corregir las ondulaciones según requerido. Un informe de inspección de una compañía privada en el 2016 le informó a la AC que las vigas de los bordes no estaban derechas y parecían desviarse de los alineamientos, y que esa irregularidad podría estar relacionada a las ondulaciones de la vía de rodaje. Sin embargo, estas deficiencias no se corrigieron.
La directora del Área de Construcción de la ACT certificó que no tenía conocimiento de haberse realizado reparaciones y mantenimientos en el puente desde el 2010 hasta el 2022. El director ejecutivo de ACT certificó que no se habían documentado planes de mantenimiento para el puente desde el 2008 hasta el 2016 y que desde el 31 de octubre de 2022 se llevan a cabo proyectos de reparación por $31 millones.
La falta de planificación en los trabajos de mantenimiento del Puente Atirantado ocasionó que la ACT tuviera que incurrir en gastos de contratación por $31 millones para llevar a cabo las inspecciones, la rehabilitación, y encargar una auditoría forense para determinar las deficiencias y adjudicar responsabilidades.
La evaluación devela que la fecha de terminación sustancial de la construcción del Puente Atirantado se adelantó del 8 de mayo de 2010 al 31 de enero del 2010 a solicitud del contratista y aprobado por el entonces director regional previa recomendación de la ingeniera supervisora. Al 1 de febrero de 2024, el director ejecutivo de la ACT no había tomado una decisión sobre el pago de este “early completion bonus”, según indica el contrato.
El contratista y la ACT formalizaron un acuerdo –Change Order– en el 2019, por un importe negativo de $1.4 millones como parte del proceso de liquidación de pago de la construcción del puente. El Manual de Especificaciones establece que, al terminar un proyecto, el ingeniero tiene 10 días para inspeccionar y certificar la obra.
Sin embargo, al 8 de mayo de 2023, la inspección final no se había realizado, y el 1 de febrero de 2024 el director ejecutivo de la ACT certificó que está revisando posibles incumplimientos por parte del contratista.
Los auditores detectaron que 30 enmiendas por $4.4 millones otorgadas desde el 2002 al 2009, no se registraron en la OCPR en contravención de la reglamentación vigente. Además, del 2015 al 2022, la ACT no presentó a la Asamblea Legislativa informes detallados sobre el estado y progreso de todas las facilidades de tránsito y de transportación, según dispone la Ley 74 de 1965.
El Informe le recomienda a la secretaria designada de Justicia y al administrador de la Federal Highway Administration en Puerto Rico, considerar los resultados de esta investigación para que tomen las medidas que estime pertinentes.
El Informe Especial OC-25-68 con fecha del 1 de abril de 2025 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-67 de la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto C. D.
Contralora revela deficiencias en las operaciones de la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto C.D. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto C.D. (CDETA) no pudo proveer a los auditores de la OCPR copia del certificado de Registro de Comerciantes de cinco contratistas. Por sus servicios profesionales y de mantenimiento, los contratistas recibieron 26 pagos por $33,146 del 2021 al 2024. Además, esta Corporación sin fines de lucro, no remitió a la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario copia de 10 declaraciones informativas (formularios 480) de los años contributivos 2021 y 2022, ni 56 cheques cancelados por $36,071.
Estas situaciones contrarias al Reglamento de Fondos Legislativos impiden mantener un control administrativo de los desembolsos relacionados con los donativos, propicia el uso indebido de los fondos otorgados y que se suspenda la subvención.
La auditoría, de seis hallazgos, señala que la Corporación no registró en su sistema de contabilidad seis transferencias electrónicas por $1,529 de las retenciones de contribución sobre ingresos. Además, la Corporación emitió 99 órdenes de compra por $49,369 de la cuenta de donativos legislativos, sin la firma de la oficial de compras.
En contravención de la reglamentación vigente, la Corporación pagó $8,109 por servicios educativos sin haber registrado antes el contrato en la OCPR. Al respecto, los auditores detectaron también que del 2015 al 2024, la Corporación había registrado 174 contratos y 4 enmiendas por $1.1 millones con retrasos de hasta seis años. La directora ejecutiva atribuyó las tardanzas a la carga administrativa que superaba la capacidad operativa de la Corporación y a que sólo contaba con tres empleadas.
El Informe publica que la Junta de directores de la Corporación estaba constituida por ocho de los 13 miembros requeridos, no contaba con un Comité de Auditoría y no se reunía cada dos meses como disponen los Estatutos Corporativos. Esta situación resta autenticidad a los acuerdos y afecta la supervisión financiera, la transparencia y el control de los recursos.
La Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto C.D tuvo un presupuesto de $112,423 en el 2020, $118,375 en el 2021, $118,375 en el 2022, $118,375 en el 2023 y aumentó a $140,400 en el 2024. Los estados financieros auditados reflejaron superávits acumulados de $3.2 millones en el 2020, $3 millones en el 2021, $2.9 millones en el 2022 y ascendió a $2.7 millones en el 2023.
La auditoría recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto C.D. a través de la Oficina de Gerencia Municipal, cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
La auditoría de cumplimiento de alcance específico cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 19 de diciembre de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-67 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Informe de Auditoría OC-25-66 del Departamento de Educación, Oficina Regional Educativa de Caguas
Contralora emite opinión adversa sobre las contrataciones de servicios de transportación escolar en la Oficina Regional Educativa de Caguas
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales de la Oficina Regional Educativa de Caguas (OREC) del Departamento de Educación. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la contratación de servicios de transporte escolar, entre otros objetivos, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que, la OREC no registró en la OCPR el 46% de los contratos otorgados para servicios de transporte escolar entre el 2017 al 2020. Además, al 6 de julio de 2023, la OREC no había remitido 256 contratos y enmiendas por $33.9 millones al Registro de Contratos de la OCPR, y del 2016 al 2019, tardaron entre 37 a 398 días en registrar 137 contratos que sumaban $14.9 millones.
Esta situación, contraria a la ley y a la reglamentación vigente, no permitió que los contratos estuvieran accesibles a la ciudadanía. De la muestra analizada se detectaron pagos indebidos por $133,864.
La auditoría de cinco hallazgos señala que se realizaron pagos indebidos por $65,589 a tres contratistas por rutas nuevas de transportación escolar, no incluidas en los contratos. Al respecto, se le recomienda al Departamento de Educación recobrar estos fondos pagados a los transportistas.
La OREC formalizó un total de 393 contratos por $48.8 millones del 2017 al 2020, sin celebrar subasta formal sino mediante contrato de emergencia. Esta deficiencia había sido señalada en el Audit Report 2019-01 del 2018 que concluyó que el hecho de no celebrar subastas no era la forma correcta de controlar estos costos. Esta situación también fomenta la noción equivocada de que los contratos de emergencia sirven para obviar las cualificaciones necesarias de los proveedores y puede beneficiar a unos proveedores en específico.
El Departamento de Educación no retuvo $39,024 en el origen a ocho contratistas por los servicios prestados. En los contratos otorgados por la OREC se establece una retención del 10% de contribuciones sobre ingresos salvo que el contratista entregue un relevo emitido por el Departamento de Hacienda. Por esta situación, el Departamento de Educación se expone a penalidades establecidas en el Código de Rentas Internas.
Los auditores detectaron múltiples deficiencias en los expedientes de los contratos de los porteadores, ya que ninguno tenía el permiso de la Comisión de Servicio Público, ni los documentos de las condiciones del vehículo ni las inspecciones cuatrimestrales. Además, la OREC no suministró para examen de los auditores, los expedientes de 102 contratos por $17.4 millones del año escolar de 2019, no se encontraron las solicitudes de servicio, ni se preparó un Plan Anual de Transportación Escolar.
La auditoría comenta que, al 30 de noviembre de 2023, no se había recobrado $181,723 recomendado en el Informe de Auditoría DA-15-38 del 2015. Desde el 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2023, la OREC ha contado con un presupuesto de $335.1 millones, y ha efectuado desembolsos por $273.6 millones. La auditoría le recomienda al secretario de Educación, velar por el cumplimiento claro y específico de las disposiciones legales vigentes, la reglamentación y las cláusulas y condiciones en los contratos otorgados en la contratación de los servicios de transportación escolar, entre otras.
El informe de la OREC cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 30 de agosto de 2022, y está disponible en www.ocpr.gov.pr. Esa Oficina ofrece servicios a 35,086 estudiantes de 11 pueblos y 122 escuelas en Aguas Buenas, Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Caguas, Cayey, Cidra, Comerío, Guayama, Gurabo y Salinas.
Solicitudes de acceso a la información – diciembre 2024
Solicitudes de acceso a la información – noviembre 2024
Convocatoria – Auditor Gubernamental
Convocatoria – Auditor Gubernamental
Se aceptarán solicitudes desde el 24 de marzo hasta el 30 de junio de 2025
Informe de Auditoría OC-25-65 del Departamento de Seguridad Pública
Contralora revela que el Departamento de Seguridad Pública no formó la Junta de Evaluación Médica ni el Comité Ejecutivo de Seguridad según dispone la ley
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Departamento de Seguridad Pública. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Departamento de Seguridad Pública no designó a los funcionarios que conformarían la Junta de Evaluación Médica, establecida por la Ley 20-2017, creadora del Departamento. Esta Junta tiene como responsabilidad recomendar las solicitudes de retiro por incapacidad física, determinar aptitud y condición física de los candidatos a policías, bomberos y técnicos de emergencias, así como a dar consejería por situaciones que afecten la estabilidad emocional de los empleados.
En su lugar, el Departamento contrató una empresa por $454 mil para prestar estos servicios a un máximo de 500 empleados, y actuar como si fuera la Junta, del 21 de mayo al 31 de diciembre del 2024. Por esta situación el Departamento no contó con la información necesaria para determinar aptitud, condición física y mental de los candidatos y empleados que requieren las diversas funciones de los negociados.
La auditoría de dos hallazgos señala que el Departamento de Seguridad Pública, tampoco estableció el Comité Ejecutivo de Seguridad adscrito a la Oficina del Gobernador, para trabajar la integración plena del Departamento y sus negociados. Los auditores identificaron que del 20 de diciembre de 2019 al 8 de febrero del 2022 no se estableció el Comité, no prepararon 23 de los 26 informes de progreso que debían presentar cada 60 días al gobernador y a la Asamblea Legislativa, y los tres informes preparados no se remitieron a la Oficina del Gobernador.
Por otro lado, los funcionarios encargados de la propiedad no realizaron un inventario físico al cese de funciones del encargado el 27 de junio de 2022, no habían establecido un registro sobre casos de pérdidas e irregularidades, ni habían emitido el recibo de propiedad en uso para propiedad valorada en $636 mil. Estas deficiencias impiden validar con certeza que la información y los procesos sean los correctos, y que, de hallarse una irregularidad, se puede detectar a tiempo.
El presupuesto del Departamento de Seguridad Pública fue de $82.5 millones del 2022 al 2024, y realizó desembolsos por $68.6 millones.
El Departamento de Seguridad Pública se compone de los siguientes negociados: Cuerpo de Bomberos, Cuerpo de Emergencias Médicas, Investigaciones Especiales, Policía de Puerto Rico, Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, y Sistema de Emergencias 911.
La auditoría cubre el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 31 de diciembre de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-65 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Carta Circular OC-25-19, Certificación sobre el Cumplimiento de la Ley 273-2003, Ley de Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías de Entidades Gubernamentales, según enmendada, para el año fiscal 2023-24
Informe de Auditoría OC-25-64 del Departamento de Salud, Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica
Contralora revela atrasos en las investigaciones de quejas o querellas de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones relacionadas con las investigaciones de las quejas o querellas por conducta no profesional e impericia médica, de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica del Departamento de Salud. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que, al 30 de septiembre de 2024, la Junta no había emitido una resolución oportuna sobre las quejas o querellas en 415 casos. De estos, 101 casos estaban relacionados con la conducta profesional, el más antiguo desde el 2006 sin resolver y, 314 casos de impericia médica pendientes de resolver desde el 2014.
La reglamentación dispone que todo caso sujeto a un procedimiento adjudicativo debe ser resuelto dentro de seis meses desde su radicación. La Junta, además, debe iniciar una investigación tan pronto reciba cualquier información sobre impericia profesional, ya adjudicado o en el proceso de ser resuelto.
La auditoría de un hallazgo señala que una situación similar ya se había comentado en el Informe de Auditoría DA-22-08 del 14 de enero de 2022.
El Informe le recomienda a la directora ejecutiva de la Junta que continúe con las gestiones necesarias para que se investiguen las quejas conforme dispone las leyes 38-2017 y 139-2008, así como el Reglamento General de 2016.
La Junta contó con un presupuesto de $2.4 millones en el 2022, $3.1 millones en el 2023 y $4.4 millones en el 2024. Además, recibió ingresos por $9.9 millones y tuvo gastos por $4.6 millones para el mismo periodo.
Esta auditoría de cumplimiento de alcance específico cubre el periodo del 1 de marzo de 2022 al 30 de septiembre de 2024,
El Informe de Auditoría OC-25-64 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Invitación a Subasta OC-25-05 Servicios de Seguridad y Vigilancia
Informe de Auditoría OC-25-63 de la Superintendencia del Capitolio
Deficiencias en las operaciones fiscales de la Superintendencia del Capitolio
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Superintendencia del Capitolio Estatal de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela deficiencias relacionadas con la solicitud, adquisición y recibo de bienes y servicios mediante órdenes de compra. De la muestra examinada, el 15% incluía cotizaciones recibidas antes de elaborar los formularios de Requisición de Materiales, y en el 5% de las órdenes de compra, la Superintendencia obligó los fondos 52 días después de recibir los servicios.
Estas situaciones contrarias al Reglamento de Compras de 2014, puede afectar la transparencia en los procesos ya que no promueve la competencia abierta y justa entre proveedores.
Además, en el 45% de las órdenes de compra, se prepararon los formularios de Informe de Recibo e Inspección, hasta 63 días después de la fecha de facturación, y en el 5% se recibieron bienes distintos a los solicitados. Los auditores detectaron también que el 10% de las facturas presentadas por dos proveedores, no incluyeron la certificación requerida por el Código de Ética de los Contratistas.
Estas deficiencias propiciaron que la Superintendencia no llevara a cabo un control adecuado de las compras. De este modo, la Superintendencia tampoco contaba con las certificaciones que garantizan que ninguno de sus empleados tiene interés alguno en las ganancias producto de la compra.
La auditoría de tres hallazgos señala que la Superintendencia no puede ejercer un control adecuado de los bienes adquiridos para otras entidades de la Asamblea Legislativa, ya que las Normas sobre el Presupuesto y el Reglamento de Propiedad, carecen de disposiciones al respecto. Por ejemplo, al 1 de marzo de 2024, la Superintendencia tenía una cuenta por cobrar de otra entidad por $20 mil registrada en sus libros desde el 7 de diciembre de 2020. La ausencia de normas reglamentarias propicia que la Superintendencia no realice gestiones de cobro adecuadas.
El Informe indica que 10 empleados ejercían funciones conflictivas de receptores en el módulo de Compras y Requisiciones con el acceso a los documentos del proceso de compras. Este hecho, contrario al Reglamento de Administración y Uso de los Sistemas, propicia que se cometan errores o irregularidades.
El presupuesto de la Superintendencia fue de $167.8 millones del 2017 al 2024, y había realizado desembolsos por $147.7 millones al 30 de junio de 2024.
La auditoría le recomienda a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes que tomen las medidas necesarias para asegurarse que el superintendente del Capitolio cumpla con las recomendaciones de este Informe y que la situaciones no se repitan.
Este segundo informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-63 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Informe de Auditoría OC-25-62 del Municipio de Cidra
Contralora revela que Municipio de Cidra no recuperó los $100 mil otorgados de capital inicial a empresa municipal
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Cidra. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio de Cidra no recuperó el capital inicial de $100 mil que le otorgó en el 2017 a la empresa municipal Cidra Investments and Management, Inc. (EMCIM). Esta empresa municipal se disolvió el 30 de enero de 2024 sin determinar si tuvo ganancias, se cerró la cuenta bancaria y el balance disponible de $30 mil fue transferido a la cuenta general del Municipio.
Los alcaldes y las legislaturas municipales en funciones no protegieron los intereses del Municipio, ni cumplieron con su deber de reglamentar la devolución de capital.
La auditoría de tres hallazgos señala que, el Municipio no estableció planes de monitoreo ni programas de fiscalización de la empresa municipal EMCIM, como dispuso la Ordenanza 4 del 2017. Este tipo de deficiencias pueden tener el efecto de que se cometan errores, irregularidades y que no se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades.
El Municipio de Cidra le otorgó un donativo de $10 mil a un equipo de baloncesto femenino para los gastos de operación y franquicia de 2022. Sin embargo, el apoderado había sido expulsado y el equipo suspendido por la liga de Baloncesto Superior Nacional Femenino para la temporada de 2022. El apoderado lo que hizo fue pagar un depósito de $9,000 a la liga, por una deuda de años anteriores. El Municipio no le requirió al apoderado un informe económico detallado, requerido por la reglamentación, sobre el uso dado al donativo.
El Informe comenta que el Municipio no ha atendido las recomendaciones de recobrar más de $100 mil por distintos conceptos correspondientes a los informes de auditoría M-14-59 de 2014 y M-16-39 de 2016.
El presupuesto de Cidra fue de $14.9 millones en el 2021, $14.2 millones en el 2022, $14.1 millones en el 2023 y $15.8 millones en el 2024. Los estados financieros acumulados reflejaron un déficit acumulado de $179 mil en el 2020, y superávits de $1.4 millones en el 2021, $8 millones en el 2022 y $16.5 millones en el 2023.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Cidra cumpla con el Plan de Acción Correctiva de la OCPR.
Este segundo informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-62 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Informe de Auditoría OC-25-61 del Departamento de Hacienda
Contralora detecta deficiencias con los controles de acceso a los sistemas de información de Hacienda
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones relacionadas con los sistemas de información computadorizados del Área de Tecnología de Información del Departamento de Hacienda. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela deficiencias con el mantenimiento de las cuentas de acceso a la red de comunicaciones. Por ejemplo, no se pudo identificar a los usuarios de 24 cuentas de acceso activas de las listas de los empleados, consultores o usuarios de otras agencias. Además, nueve grupos tenían asignados privilegios administrativos a la seguridad de los sistemas y los antivirus, que no eran utilizados por el Departamento, y que no habían sido eliminados de las 23 cuentas de acceso activas a las cuales estaban asignadas.
Los auditores identificaron que, al 6 de junio de 2024, no se habían desactivado cuatro cuentas de acceso de exempleados que habían cesado funciones entre el 2015 y el 2024. Además, se registró actividad, en cuatro cuentas de acceso inactivas y una activa, luego del cese de funciones.
Estas situaciones pueden causar que personas no autorizadas logren acceso a la red de comunicaciones, que se cometan irregularidades o alteren los datos de los sistemas de información.
La auditoría de dos hallazgos señala que la Oficina de Seguridad del Área de Tecnología de Información, no pudo presentar documentación que justificara la creación de 79 cuentas de las 99 examinadas. Una de las cuentas tenía acceso a la red de comunicaciones y acceso remoto.
De hecho, la evaluación de los formularios de acceso remoto de una muestra de 25 cuentas, se evidenció la falta de información completa en el 48% de los formularios. Además, 11 de las cuentas de acceso examinadas, estaban asignadas a empleados no autorizados a realizar teletrabajo.
El presupuesto del Departamento de Hacienda ascendió de $939 millones en el 2023, a $988 millones en el 2024, y a $1,019 millones en el 2025. Este cuarto informe con tres recomendaciones al secretario de Hacienda cubre el periodo del 10 de julio de 2023 hasta el 31 de julio de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-61 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
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Informe de Auditoría OC-25-60 del Municipio de Mayagüez – Empresas Municipales
Contraloría revela conflicto de intereses, desembolsos sin utilidad, y falta de contabilidad, control y fiscalización en las operaciones de empresas municipales de Mayagüez
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión de abstención sobre las operaciones fiscales del Municipio de Mayagüez, ya que no se pudo obtener la evidencia suficiente y apropiada para validar si las operaciones se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables. A base de los objetivos establecidos y otros asuntos surgidos se comentan nueve hallazgos.
El Informe revela que, a la petición de la OCPR de documentos fiscales de las nueve empresas municipales, la gerente de Finanzas y Presupuesto del Municipio sólo entregó información incompleta de la Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI)creada en el 2014. La ausencia de documentos evidenció que no tenían un sistema de contabilidad que registrara las transacciones fiscales.
Además, la Junta de Directores de MEDI, no supervisó el cumplimiento de la reglamentación por parte director ejecutivo, quien fue acusado por la Fiscalía Federal el 22 de marzo de 2021 por su participación en un fraude de $9 millones que el Municipio le había transferido a MEDI. El 9 de noviembre se declaró culpable de cuatro cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. La Junta de Directores de MEDI estaba presidida por el alcalde, la tesorera era la gerente de Finanzas del Municipio, y tres funcionarios municipales actuaban como miembros.
La auditoría señala que el Municipio desembolsó $1.6 millones en pagos sin evidencia del beneficio público obtenido. Estas situaciones se refirieron el 1 de marzo de 2023, a la consideración del secretario de Justicia, para que tome la acción correspondiente.
Al respecto, los auditores no pudieron obtener información sobre el uso dado a una transferencia de $606 mil a un banco de España, que una entidad privada le prestó a MEDI con el propósito de obtener una línea de crédito por €500 millones de euros para financiar el Plan Mayagüez 2032. Tampoco la Junta de MEDI ofreció información sobre si se concretó el financiamiento de los €500 millones, que por cierto fueron transferidos a otra cuenta bancaria en Londres.
Otras 71 transferencias por $383 mil, carecían de información sobre la utilidad y beneficio, como por ejemplo las transferencias realizadas a: una compañía del director ejecutivo, una compañía de software en Nueva York, a beneficiarios con direcciones de España, o a un banco en Turquía. En el 2015 se pagaron $47 mil por un viaje a Dubai del director ejecutivo de MEDI y dos asesores financieros del Municipio. El viaje se realizó para completar unas gestiones de un préstamo de $4 billones para refinanciar la deuda del Municipio. El vicealcalde había aprobado este viaje y el entonces alcalde tenía conocimiento. De hecho, el financiamiento no se concretó.
En contravención de la Constitución de Puerto Rico, el vicealcalde del Municipio que a su vez actuaba como vicepresidente de la Junta de MEDI y de otra empresa municipal Medi Films, autorizó utilizar el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez como garantía colateral para obtener financiamiento para Medi Films. También autorizó a Medi Films a solicitar financiamiento por $10 millones con una Cooperativa de Ahorro y Crédito. Medi Films fue incorporada por una persona privada como empresa municipal con fines de lucro el 30 de diciembre de 2015.
El examen de estas acciones reveló que estas transacciones no permitidas por ley beneficiaron a cuatro compañías privadas, propiedad del entonces director ejecutivo de Medi Films y del asesor financiero 1. De hecho, estas personas incurrieron en conflicto de intereses ya que utilizaron su cargo en la empresa municipal para beneficiarse y hacer negocios con sus compañías privadas.
El entonces director ejecutivo de Medi Films, firmó con la Cooperativa A los contratos de los préstamos y líneas de crédito por $4.3 millones para financiar películas, que depositó en las cuentas de sus corporaciones A y B en la Cooperativa A. Del 2017 al 2018, recibió en su carácter personal, 10 pagos por $94 mil de sus corporaciones.
El entonces asesor financiero 1 también utilizó su cargo para beneficio propio y de las corporaciones C y D de las cuales formaba parte, con las líneas de crédito garantizadas por MEDI con propiedad pública. Al respecto, recibió pagos de la cuenta A y B por la suma de $921 mil.
Estas situaciones se refirieron al secretario de Justicia y al director de la Oficina de Ética Gubernamental el 2 de noviembre de 2023 para su evaluación y acción correspondiente.
Al 31 de mayo de 2022, la empresa municipal MEDI, no había reembolsado al Municipio el capital inicial recibido por $5 millones por concepto del canon de arrendamiento del Hospital Dr. Ramón Emeterio Betances (90% del capital) y aportaciones directas del Municipio (10% del capital). De hecho, el Municipio no cumplió con la derogada Ley de Municipios de 1991, al no promulgar y aprobar reglamentación sobre el manejo del capital inicial.
La auditoría devela que MEDI y Medi Energy, Inc., obtuvieron un préstamo comercial con la Cooperativa B por $1.5 millones, de los cuales $1.4 millones servirían de garantía para financiar por $12 millones la adquisición de generadores de energía para el Centro Médico de Mayagüez con una corporación de Canadá. Medi Energy es otra empresa municipal creada en el 2015 para generar negocios con energía renovable. Esta transacción no tuvo ninguna utilidad. Al 11 de octubre de 2022, MEDI le había pagado a la Cooperativa B, $422 mil en intereses y $275 mil al principal del préstamo.
El Municipio de Mayagüez no incluyó en sus estados financieros auditados, la información financiera de MEDI, ni tampoco presentó la posición financiera de MEDI en documento separado. Por esta omisión, los contadores públicos autorizados emitieron una opinión adversa en los estados financieros del 2017 al 2022. Esta situación se atribuye a que el alcalde y la gerente de Finanzas se apartaron de las disposiciones reglamentarias del Código Municipal de 2020, y de la Ley de Municipios de 1991.
El Informe publica que la empresa municipal Mayagüez Economic Development-Financial Strategies, Inc. (MEDFS), fue incorporada Departamento de Estado por el asesor financiero 1 del Municipio y de MEDI, sin la autorizacion de la Legislatura Municipal, ni del Municipio. MEDFS fue registrada en el 2014 para promover el desarrollo comercial de Mayagüez. Al respecto la Legislatura no pudo cumplir con su responsabilidad de evaluar la necesidad de MEDFS. Esta situación propició el fraude relacionado con los $9 millones que el Municipio le transfirió el 29 de marzo de 2016 a MEDI para invertirlos y generar ganancias.
La empresa municipal MEDI no mantuvo un control administrativo de sus operaciones ya que, entre otras, carecía de reglamentación para regular la adquisición de bienes y servicios, la contratación de servicios profesionales y el procesamiento de los desembolsos, entre otros. Además, la Junta, que debió tener una reunión mensual ordinaria, sólo se reunió 16 veces en los 85 meses del periodo examinado.
Al 15 de noviembre de 2023, el Municipio no habia efectuado auditorías ni monitoreos de las operaciones de las empresas municipales. Esta falta de supervisión adecuada por parte de los alcaldes en funciones propició la suspensión sumaria del entonces alcalde, el proceso judicial contra este y de la gerente de Finanzas y Presupuesto. Además, la falta de fiscalización derivó en que no se pueda detectar a tiempo situaciones que llevaron a los procesos judiciales contra el exdirector ejecutivo de MEDI, a tres asesores financieros, a un asesor legal y a otras dos personas.
La auditoría comenta que el Municipio pagó $2.4 millones a un bufete de abogados para recuperar de las casas de corretaje la pérdida de $9 millones por el fraude. De la gestión, se pudo recuperar $8.2 millones, de los cuales MEDI devolvió $5.8 millones al Municipio. MEDI operaba prácticamente con dinero público y no hay evidencia de la ganancia de sus gestiones. Por ende, su situación presupuestaria no era la mejor para la contratación con el bufete de abogados.
Un juzgado de Alicante, España, le requirió a MEDI el pago de €6.7 millones de euros el 9 de noviembre de 2022. El demandante le reclamó a MEDI y a Mayagüez Economic Development Iberica, S.L.U., el pago de servicios prestados relacionados la emisión de una obligación corporativa por €500 millones, viajes a Hong Kong, Londres y Portugal para asesorar la colocación de la obligación a interesados, y por la solicitud de una segunda emisión de bonos por €10 millones. El 3 de febrero de 2023, el Municipio refirió este asunto a la Fiscalía Federal a través de una firma de abogados ya que estableció que el entonces director de MEDI no estaba autorizado a crear ninguna entidad en España, ni a realizar la emisión de los €500 millones.
Al 2 de febrero de 2024, estaban pendientes de resolución, dos demandas civiles contra MEDI por $8.1 millones. Una de las demandas incluyó a Medi Films como demandado por $6.5 millones y reclamaba la ejecución de gravámenes mobiliarios, la ejecución de hipoteca y enriquecimiento injusto, entre otros.
El presupuesto del Municipio fue de $69 millones en el 2018, $61.5 millones en el 2019, $54.5 millones en el 2020, $58.5 millones en el 2021, $61.6 millones en el 2022 y $55.2 millones en el 2023. Los estados financieros del 2018 al 2022, reflejaron déficits acumulados de $25.7 millones, $22 millones, $24.2 millones, $14.4 millones y $1.4 millones respectivamente.
Además de las recomendaciones a la secretaria de Justicia y al director de la Oficina de Ética Gubernamental, el Informe le recomienda al director de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Este segundo informe de Mayagüez cubre el periodo del 1 de julio de 2017 hasta el 28 de febrero de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-60 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Día Internacional de la Mujer Trabajadora – 8M CGID OLACEFS
Fuente: OLACEFS - mar 8, 2025
En este #8M, las autoridades de la OLACEFS reafirman su compromiso con la igualdad de género en la fiscalización y al interior de las EFS. A pesar de los avances, las mujeres siguen enfrentando brechas salariales, sobrecarga de trabajo no remunerado y barreras en la toma de decisiones.
Desde la Comisión sobre Género, Inclusión y Diversidad (CGID) trabajamos para impulsar auditorías con perspectiva de género y fortalecer la equidad en nuestras instituciones.
Mira el video y sumemos nuestras voces por un futuro más justo e igualitario.
Informe de Auditoría OC-25-59 de la Oficina del Procurador del Ciudadano
Contralora emite opinión favorable en informe de las operaciones fiscales del Procurador del Ciudadano
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión favorable de las operaciones fiscales relacionadas con las compras y los desembolsos de la Oficina del Procurador del Ciudadano. Las pruebas efectuadas y la evidencia de esta auditoría de alcance específico revelaron que las operaciones de la Oficina del Procurador del Ciudadano se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable. Una auditoría de alcance específico atiende uno o dos asuntos particulares.
Los auditores evaluaron como objetivos específicos si se prepararon las requisiciones y órdenes de compra antes de adquirir los bienes y servicios, si se recibieron conforme a lo establecido en la orden de compra y si se efectuaron los desembolsos conforme a la reglamentación aplicable, entre otros.
“A base del trabajo realizado, no identificamos deficiencias significativas relacionadas con los controles internos que ameriten comentarse”, lee el informe de la OCPR.
El presupuesto asignado a la Oficina del Procurador del Ciudadano para los años fiscales del 2024 y 2025 ascendió a $7.5 millones, y para el mismo periodo había realizado desembolsos por $5.6 millones (cifras hasta diciembre de 2024).
La auditoría cubre el periodo del 1 de julio de 2023 al 30 de septiembre de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-59 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-58 del Municipio de Yauco
Contralora revela compras de vehículos sin subasta y otras deficiencias de control en Yauco
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Yauco. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El informe revela que el Municipio de Yauco no realizó subasta pública en el 2021 para comprar seis vehículos de motor y 853 cisternas por los cuales desembolsó $785 mil. Además, entre el 2021 al 2022, el Municipio adquirió un tractor, compró trimmers y materiales de construcción, y pagó un viaje estudiantil a Perú entre otros por $203 mil, sin obtener las cotizaciones de al menos tres proveedores representativos en el mercado. Estas situaciones se atribuyen a que el alcalde y el director de Finanzas no protegieron los intereses del Municipio al no llevar a cabo los procesos de libre competencia requeridos por ley.
Los auditores detectaron múltiples deficiencias en las operaciones relacionadas con las compras y los desembolsos a raíz de las emergencias del COVID-19 y los terremotos en Yauco. Por ejemplo, el Municipio pagó $9 mil en exceso en la compra de focos, computadoras y equipo de mantenimiento, sin justificar la adjudicación a licitadores cuyas ofertas eran más caras. Además, se identificaron comprobantes de desembolso sin la firma del funcionario solicitante, comprobantes sin facturas firmadas por el proveedor, y comprobantes cuyas requisiciones identificaban la marca y modelo de los siete vehículos. Estas acciones propician el favoritismo, limitan la competencia, hace inoperante el control interno y evita que, de cometerse una irregularidad, se pueda detectar a tiempo.
La auditoría de 10 hallazgos señala que un funcionario autorizado compró tres boletos de avión por $2,246 para un viaje oficial, cuya transacción pensó que había cancelado. Los boletos se compraron nuevamente y al recibir el estado de cuenta advirtieron el error y le reclamaron el importe al banco, pero la gestión fue infructuosa. Además, el director de la Oficina de la Primera Dama ordenó la compra de un paquete vacacional por $61,285 para un viaje estudiantil a Perú, sin verificar el aprovechamiento académico ni la evidencia de domicilio de los 24 estudiantes. Los auditores de la OCPR no pudieron examinar la corrección del gasto, ya que los expedientes no guardaron evidencia del viaje (boarding pass).
En contravención de las leyes y reglamentación vigente, el Municipio pagó más de $16 mil por el exceso de la licencia de vacaciones de nueve empleados municipales. Además, los cómputos para determinar el pago a tres funcionarios era incorrecto ya que utilizaron una fórmula contraria a la Carta Circular 1300-28-07 del Departamento de Hacienda.
Por otro lado, el informe publica que el Municipio desembolsó más de $80 mil a pesar de que las facturas no tenían toda la información requerida. En dos facturas presentadas por concepto de consultoría en seguridad y servicios médicos durante la pandemia no contenían un desglose detallado de los trabajos realizados, sino una descripción genérica de las tareas. Otras dos facturas por servicios de evaluación de las viviendas afectadas por los terremotos no contenían el detalle de las viviendas evaluadas.
Además, el examen del donativo de 20 cisternas para almacenar agua y 10 generadores eléctricos reveló que, el Municipio no mantuvo en los expedientes información con los datos del ciudadano beneficiado ni la necesidad del donativo con la certificación de los ingresos. Además, la Legislatura Municipal no le exigió a tres entidades sin fines de lucro receptoras de cuatro donativos por $70 mil, evidencia del certificado de incorporación, certificado de no tener deudas con el gobierno, y el certificado de cumplimiento con el envío de los informes anuales al Departamento de Estado.
El alcalde del Municipio de Yauco mantuvo a siete funcionarios en seis puestos de confianza no incluidos en el Plan de Clasificación y Retribución para el Servicios de Confianza del 15 de mayo de 1998. A estos funcionarios se les pagó $209 mil del 2020 al 2022. Además, se desembolsaron más de $19 mil en diferenciales de sueldo a puestos cuyas tareas adicionales ya estaban incluidas en las descripciones de los puestos que ocupaban. Esta situación no permite una administración sana del personal sobre la base del sistema de mérito.
El Municipio no tuvo un administrador de documentos públicos desde el 2021 al 2024. La anterior administradora de documentos no había preparado el inventario, ni el Plan de Retención de Documentos de los años 2019 y 2020. En una visita, el 14 de febrero de 2023, los auditores observaron filtraciones de agua, humedad, y sin acondicionador de aire ni equipo para controlar la temperatura en el archivo de documentos públicos. Estas deficiencias tienen el efecto de que los documentos se puedan perder, deteriorar o destruir. Situaciones similares se habían comentado en el Informe de Auditoría M-21-18 del 2020.
Al 14 de abril de 2023, el Municipio no había registrado ni remitido a la OCPR copias de tres escrituras de compraventa de propiedades inmuebles por valor de $1.2 millones otorgadas en el 2022. Además, al 23 de enero de 2023, tampoco había preparado ni enviado, las certificaciones anuales del 2020 y 2021, en cumplimiento de la Ley sobre el Estado de las Privatizaciones de 2003.
El informe evidencia que el encargado de la propiedad no había preparado el inventario físico anual de 2020, ni terminado el del 2022. El encargado de la propiedad, tampoco le había notificado al director de finanzas la incidencia de cuatro hurtos de 36 unidades de propiedad por más de $10 mil.
El Departamento de Obras Públicas no mantenía los expedientes de los trabajos de mantenimiento de los vehículos y equipo pesado en el taller privado ya que Yauco no cuenta con un garaje municipal. Esta situación, no le permite al Municipio conocer el total de costos incurridos y propicia que se cometan errores o el uso indebido de los vehículos.
El presupuesto del Fondo General fue de $12.8 millones, $13.6 millones, $14.3 millones y $14 millones del 2020 al 2023 respectivamente. Los estados financieros reflejaron déficits acumulados por $10.8 millones, $7.9 millones y $4 millones desde el 2020 al 2022 respectivamente.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este primer informe del Municipio de Yauco con 20 recomendaciones cubre el periodo del 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022.
El Informe de Auditoría OC-25-58 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Municipio de Cataño: Contraloría revela pagos indebidos en negocio privado
Fuente: Periódico La Perla - Fecha: 27 de febrero de 2025
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales del Municipio de Cataño en el Informe de Auditoría OC-25-57.
Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la adjudicación, contratación y desembolsos, entre otros objetivos, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El informe revela que el municipio pagó $841 mil a cinco corporaciones sin licencia para operar el negocio de arrendamiento de vehículos de motor y equipo pesado desde el 2017 al 2021 por lo cual los contratos eran nulos. De éstas, cuatro corporaciones no tenían franquicia para operar vehículos de alquiler, y dos no estaban autorizadas por el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos. La entonces vicealcaldesa y directora de Compras y Suministros indicaron que desconocían que tenían que verificar las licencias de los licitadores.
Además, el municipio alquiló 10 vehículos por $1,800 a $2,500 mensuales entre el 2018 y 2021, y no se aseguró que la corporación contratada no era dueña de los vehículos, sino que eran vehículos rentados a una institución financiera cuya transacción no permitía la subcontratación. El municipio pagó $224 mil por este arrendamiento que a la corporación le resultó por $116 mil. Esto constituye un pago en exceso por $108 mil.
En ninguna de las facturas ni contratos, se identificaban los vehículos con el número de identificación vehicular (VIN number). En contravención de la Ley para Regular Contratos de Arrendamiento, los exdirectores de la Oficina de Asuntos Legales y de Obras Públicas, no procuraron incluir esta información.
Estas situaciones se refirieron a la consideración del secretario del Departamento de Justicia, al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, al presidente del Negociado de Transporte, a la Comisionada de Instituciones Financieras y a la institución bancaria en octubre de 2023.
La auditoría de ocho hallazgos señala que un exayudante especial y el exdirector de Vivienda Municipal, instruyeron a los empleados A y B a realizar trabajos en un negocio privado del primo hermano del entonces alcalde, y a cargar el tiempo trabajado a sus licencias de tiempo compensatorio, vacaciones o tiempo extra. El exayudante especial le recomendó al empleado C trabajar en el negocio privado a cargo de tiempo compensatorio y el dueño del negocio le pagaba por día trabajado. El empleado D accedió a trabajar dos sábados bajo amenaza de despido y al declinar seguir trabajando en el negocio privado le quitaron la guagua oficial asignada.
Estas situaciones se remitieron para la acción correspondiente al secretario del Departamento de Justicia y al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental en agosto de 2024. Por estas acciones se pudo haber configurado el delito de aprovechamiento ilícito tipificados en el Código Penal de Puerto Rico.
El informe evidencia que el municipio incurrió en gastos extravagantes e innecesarios por $4,500 mensuales por concepto del arrendamiento de una guagua Cadillac Escalade Premium Luxury del 2021 a una corporación. La Junta de Subastas no protegió los intereses del municipio ya que incluyó en la subasta descripciones específicas como que tuviera tres filas de asiento, segunda fila de butacas, tracción en las cuatro ruedas y aros de 22 pulgadas. El mismo vehículo estaba disponible en la Administración de Servicios Generales por $2,500.
La auditoría indica que el municipio invirtió $369 mil en dos proyectos que estaban abandonados, deteriorados y sin completarse. En el área recreativa de la urbanización Pradera-Almira, no se instalaron cuatro columnas previstas en el proyecto ni dos portones en alambre de verja. Además, el Parque La Esperanza tiene filtraciones de agua, acústicos desprendidos, limo y hongos en los pisos y paredes. De hecho, el contratista del proyecto del techo del Parque La Esperanza, se declaró culpable el 2 de agosto de 2022 por cargos de conspiración y sobornos con fondos federales a cambio de adjudicación de contratos a su compañía.
“Esta situación que se atribuye a que el exalcalde y el exdirector de Obras Públicas no protegieron los intereses del Municipio, propicia que se tengan que utilizar recursos adicionales para reparar los daños”, explica el informe.
El examen de otros tres proyectos de construcción por $596 mil, reveló que el municipio no obtuvo de la Oficina de Gerencia de Permisos el permiso de construcción para tres proyectos. Esta situación expone al municipio a que las agencias reguladoras le impongan multas y penalidades.
También, la auditoría publicó múltiples deficiencias de control administrativo como por ejemplo, que el director de Finanzas no obligó los créditos presupuestarios para el pago de 14 contratos y tres enmiendas por $779 mil relacionados al arrendamiento de vehículos de motor del 2017 al 2021. Además, se autorizaron desembolsos sin la certificación del proveedor sobre la ausencia de interés por parte de los empleados y las facturas de los vehículos arrendados no se marcaron como pagadas.
El informe comenta en detalle el proceso judicial contra el exalcalde, cuatro contratistas y el exdirector de Obras Públicas. El entonces alcalde se declaró culpable el 25 de noviembre de 2021 por conspirar en un esquema de soborno. Entre el 2021 y 2022, cuatro contratistas se declararon culpables por cargos de conspiración y sobornos con fondos federales a cambio de la adjudicación de contratos a sus compañías. El 12 de mayo de 2022, el exdirector de Obras Públicas se declaró culpable por participar en un esquema de conspiración.
El presupuesto de Cataño ascendió de $33.7 millones en el 2019, a $34.2 millones en el 2020, a $35 millones en el 2021 y a $36.7 millones en el 2022. Los estados financieros reflejaron superávits acumulados de $4.6 millones en el 2019, $3.9 millones en el 2020, $9.9 millones en el 2021 y $15 millones en el 2022.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Cataño cumpla con el Plan de Acción Correctiva de la OCPR.
Este primer informe cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-57 del Municipio de Cataño
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales del Municipio de Cataño. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la adjudicación, contratación y desembolsos, entre otros objetivos, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que el Municipio pagó $841 mil a cinco corporaciones sin licencia para operar el negocio de arrendamiento de vehículos de motor y equipo pesado desde el 2017 al 2021 por lo cual los contratos eran nulos. De éstas, cuatro corporaciones no tenían franquicia para operar vehículos de alquiler, y dos no estaban autorizadas por el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos. La entonces vicealcaldesa y directora de Compras y Suministros indicaron que desconocían que tenían que verificar las licencias de los licitadores.
Además, el Municipio alquiló 10 vehículos por $1,800 a $2,500 mensuales entre el 2018 y 2021, y no se aseguró que la corporación contratada no era dueña de los vehículos, sino que eran vehículos rentados a una institución financiera cuya transacción no permitía la subcontratación. El Municipio pagó $224 mil por este arrendamiento que a la corporación le resultó por $116 mil. Esto constituye un pago en exceso por $108 mil.
En ninguna de las facturas ni contratos, se identificaban los vehículos con el número de identificación vehicular (VIN number). En contravención de la Ley para Regular Contratos de Arrendamiento, los exdirectores de la Oficina de Asuntos Legales y de Obras Públicas, no procuraron incluir esta información.
Estas situaciones se refirieron a la consideración del secretario del Departamento de Justicia, al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, al presidente del Negociado de Transporte, a la Comisionada de Instituciones Financieras y a la institución bancaria en octubre de 2023.
La auditoría de ocho hallazgos señala que un exayudante especial y el exdirector de Vivienda Municipal, instruyeron a los empleados A y B a realizar trabajos en un negocio privado del primo hermano del entonces alcalde, y a cargar el tiempo trabajado a sus licencias de tiempo compensatorio, vacaciones y/o tiempo extra. El exayudante especial le recomendó al empleado C trabajar en el negocio privado a cargo de tiempo compensatorio y el dueño del negocio le pagaba por día trabajado. El empleado D accedió a trabajar dos sábados bajo amenaza de despido y al declinar seguir trabajando en el negocio privado le quitaron la guagua oficial asignada.
Estas situaciones se remitieron para la acción correspondiente al secretario del Departamento de Justicia y al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental en agosto de 2024. Por estas acciones se pudo haber configurado el delito de aprovechamiento ilícito tipificados en el Código Penal de Puerto Rico.
El Informe evidencia que el Municipio incurrió en gastos extravagantes e innecesarios por $4,500 mensuales por concepto del arrendamiento de una guagua Cadillac Escalade Premium Luxury del 2021 a una corporación. La Junta de Subastas no protegió los intereses del Municipio ya que incluyó en la subasta descripciones específicas como que tuviera tres filas de asiento, segunda fila de butacas, tracción en la cuatro ruedas y aros de 22 pulgadas. El mismo vehículo estaba disponible en la Administración de Servicios Generales por $2,500.
La auditoría indica que, el Municipio invirtió $369 mil en dos proyectos que estaban abandonados, deteriorados y sin completarse. En el área recreativa de la urbanización Pradera-Almira, no se instalaron cuatro columnas previstas en el proyecto ni dos portones en alambre de verja. Además, el Parque La Esperanza tiene filtraciones de agua, acústicos desprendidos, limo y hongos en los pisos y paredes. De hecho, el contratista del proyecto del techo del Parque La Esperanza, se declaró culpable el 2 de agosto de 2022 por cargos de conspiración y sobornos con fondos federales a cambio de adjudicación de contratos a su compañía. (Se incluyen fotos.)
Esta situación que se atribuye a que el exalcalde y el exdirector de Obras Públicas no protegieron los intereses del Municipio, propicia que se tengan que utilizar recursos adicionales para reparar los daños.
El examen de otros tres proyectos de construcción por $596 mil, reveló que el Municipio no obtuvo de la Oficina de Gerencia de Permisos el permiso de construcción para tres proyectos. Esta situación expone al Municipio a que las agencias reguladoras le impongan multas y penalidades.
También, la auditoría publicó múltiples deficiencias de control administrativo como por ejemplo, que el director de Finanzas no obligó los créditos presupuestarios para el pago de 14 contratos y tres enmiendas por $779 mil relacionados al arrendamiento de vehículos de motor del 2017 al 2021. Además, se autorizaron desembolsos sin la certificación del proveedor sobre la ausencia de interés por parte de los empleados y las facturas de los vehículos arrendados no se marcaron como pagadas.
El Informe comenta en detalle el proceso judicial contra el exalcalde, cuatro contratistas y el exdirector de Obras Públicas. El entonces alcalde se declaró culpable el 25 de noviembre de 2021 por conspirar en esquema de soborno. Entre el 2021 y 2022, cuatro contratistas se declararon culpables por cargos de conspiración y sobornos con fondos federales a cambio de la adjudicación de contratos a sus compañías. El 12 de mayo de 2022, el exdirector de Obras Públicas se declaró culpable por participar en un esquema de conspiración.
El presupuesto de Cataño ascendió de $33.7 millones en el 2019, a $34.2 millones en el 2020, a $35 millones en el 2021 y a $36.7 millones en el 2022. Los estados financieros reflejaron superávits acumulados de $4.6 millones en el 2019, $3.9 millones en el 2020, $9.9 millones en el 2021 y $15 millones en el 2022.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Cataño cumpla con el Plan de Acción Correctiva de la OCPR.
Este primer informe cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021.
El Informe de Auditoría OC-25-57 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
Carta Circular OC-25-18, Reglamento 41, Registro de Notificaciones de Perdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos o Bienes Públicos de la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado Puerto Rico; y la version 5.1 de la Aplicación de Ley 96
Reglamento 41, Notificación de Pérdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos o Bienes Públicos a la Oficina del Contralor de Puerto Rico
Informe de Auditoría OC-25-56 de la Administración de Asuntos Federales
Contralora revela deficiencias con los desembolsos en PRFAA y recomienda evaluar que se excluya de Servicios Generales para realizar sus compras
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA- Puerto Rico Federal Affairs Administration). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que PRFAA realizó 16 compras de bienes y servicios por más de $5 mil, fuera de las fechas autorizadas por la Administración de Servicios Generales. La Ley 73-2019 estableció que todas las compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales tienen que realizar sus compras a través de Servicios Generales salvo que se delegue esta función a la entidad gubernamental. PRFAA obtuvo la autorización para realizar compras en tres periodos, sin embargo, esta ley no contempló el hecho de que PRFAA opera fuera de la isla de Puerto Rico, lo cual provoca que el proceso sea ineficiente.
La auditoría de dos hallazgos señala deficiencias con la preintervención de los justificantes previo a los desembolsos. Del examen de una muestra, se identificó que el 20% de los comprobantes no tenían la evidencia de que fueron preintervenidos, el 17% no incluían la orden de compra, y el 13% no tenían las cotizaciones correspondientes. Los comprobantes de pago eran por concepto de gastos de viaje, arrendamiento de vehículos y pago de nómina, entre otros.
Los auditores detectaron que el Plan de Clasificación y de Retribución del 18 de octubre de 2002 no obtuvo el asesoramiento de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, como estableció la Ley 77 creadora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico del 19 de julio de 1979. Esta situación puede provocar incompatibilidad con normativas y directrices establecidas, hecho que dificulta la administración de los recursos humanos.
El presupuesto de PRFAA ascendió a $16.8 millones del 2019 al 2024, y realizó desembolsos por $14.1 millones.
El Informe le recomienda a la administradora de Servicios Generales, que se evalúe enmendar la Ley 73-2019 para excluir su aplicación a la PRFAA, debido a que esta opera fuera de los límites territoriales de Puerto Rico.
El informe de auditoría de PRFAA cubre el periodo del 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2024
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El Informe de Auditoría OC-25-56 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informe de Auditoría OC-25-55 de la Junta Constitucional de Revisión de Distritos Electorales Senatoriales y Representativos
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones relacionadas con los servicios profesionales y consultivos de la Junta Constitucional de Revisión de Distritos Electorales Senatoriales y Representativos. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que, el Oficial Pagador Especial, devolvió al Departamento de Hacienda $96 mil no gastado por la Junta Constitucional de Revisión de Distritos Electorales Senatoriales y Representativos 15 meses más tarde. El Reglamento 9 de 2009 establece que el Pagador Especial devolverá los saldos no gastados de fondos federales o estatales, y la Carta Circular 1300-15-23 estableció para el año fiscal de 2023, que la devolución sería antes del 9 de junio de 2023.
La auditoría de dos hallazgos señala que, el 47% de las facturas de los contratos de servicios profesionales y consultivos examinados del 2021 al 2022 no incluía la información de la dirección del contratista. La reglamentación vigente establece que cada factura debe contener el nombre y la dirección del proveedor. Estas deficiencias se atribuyen a que la sección de preintervención, que cuenta con una supervisora y 18 auxiliares de contabilidad II, no cumplieron con las disposiciones reglamentarias.
Del 2022 al 2024, la Junta incurrió en gastos para sus operaciones por $394 mil que fueron sufragados con una asignación de $500 mil mediante la Resolución Conjunta 8-2021.
Esta auditoría, de alcance específico, cubre el periodo del 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-55 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Avisos de Programa de Internado en Sistemas de Información
Aviso de Programa de Internado en Sistemas de Información (Programación)
Aviso de Programa de Internado en Sistemas de Información (Servicio Técnico)
Aviso de Programa de Internado en Sistemas de Información (Seguridad)
OC-CH-139-Solicitud-de-Participación-Programa-de-Internado
Origen del documento: Oficina del Contralor de Puerto Rico, División de Capital Humano
Informe de Auditoría OC-25-54 del Municipio de Salinas
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales del Municipio de Salinas. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la administración eficiente del sistema del personal municipal, los desembolsos para el recogido de escombros y la contratación de servicios profesionales, entre otros, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que el Municipio pagó $42 mil en licencias por enfermedad a nueve empleados del 2019 al 2022, en contravención a la Ordenanza 10 de 2018, que indica que los empleados que salen del gobierno, sólo tendrán derecho al pago de vacaciones. Esta situación se atribuye a que las directoras de Recursos Humanos se apartaron de su deber y de las disposiciones de la Ordenanza.
La auditoría de ocho hallazgos señala que 25 empleados ocuparon 18 puestos de carrera, uno de confianza y uno en la Policía Municipal, desde el 2018 al 2021, sin estar contemplados en los planes de clasificación y retribución. Estos empleados nombrados por el anterior alcalde, una exdirectora de Recursos Humanos y por la alcaldesa, recibieron $1.2 millones por concepto de sueldos, diferenciales, bonos navideños, bonos de regreso a clases y premium pay. Esta situación le impidió a la Legislatura Municipal aprobar la creación de puestos, que de ser nulos sus acciones y salarios serían ilegales.
Los auditores detectaron deficiencias con la acumulación de tiempo compensatorio y el registro de horas extras. De una muestra del pago de 23,946 horas extras por $334 mil del 2018 al 2021, se desembolsaron $6,512 por 435 horas extras a cuatro empleados y no se descontaron 116 horas extras a cinco empleados del balance de tiempo compensatorio. La entonces directora de Recursos Humanos desconocía los trámites administrativos sobre el registro de horas extras y acumulación de tiempo compensatorio, según dispone el Reglamento de Personal del Municipio y The Fair Labor Standards Act del 1938.
El Municipio de Salinas pagó $11,471 en exceso de lo contratado a una corporación de solicitud de rembolsos federales por pagos de tareas de data entry, y $1,120 en exceso por servicios on call no estipulado en el contrato con un médico del Programa de Servicios de Salud Accesible. Además, previo al registro de contratos y enmiendas en la OCPR, el Municipio desembolsó $107 mil a contratistas en contravención de la reglamentación vigente.
El Informe publica que el Municipio no reportó al Departamento de Hacienda, pagos por $300 mil en las declaraciones informativas de dos contratistas del servicio de recogido de escombros. El Municipio de Salinas tampoco preparó las declaraciones informativas del pago a dos contratistas por $43 mil del año contributivo 2019. Esta situación fomenta la evasión contributiva y el Municipio puede estar sujeto a penalidades por incumplir con las disposiciones de ley y reglamentación.
En la inspección física de la compra de 40 computadoras portátiles adquiridas por $44 mil con fondos CARES Act del COVID-19, no se localizó una de las laptops valorada en $1,099. Además, la coordinadora de compras ni el director de la Oficina de Manejo de Emergencias certificaron haber recibido la compra según solicitada. Este hecho, propicia el uso indebido de la propiedad.
En contravención del Código Municipal de 2020 y el Reglamento Municipal de 2016, la requisición para la compra de tres vehículos por $108 mil, especificaba la marca y modelos requeridos, y las nueve cotizaciones recibidas, no identificaba al empleado que solicitó, recibió y aceptó las cotizaciones. Por estas deficiencias, se limitó la competencia y se pudieron haber cometido irregularidades.
El presupuesto de Salinas fue de $10.2 millones en el 2019, $9.9 millones en el 2020, $9.7 millones en el 2021 y $9.7 en el 2022. Los estados financieros reflejaron superávits acumulados de $403 mil en el 2018, $1.5 millones en el 2019, $1.3 millones en el 2020 y $828 mil en el 2021.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último Informe de Salinas, cubre el periodo del 1 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021.
El Informe de Auditoría OC-25-54 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
Informes de Auditorías OC-25-49 Instituto de Estadísticas, OC-25-50 Administración de Rehabilitación Vocacional del DTRH y OC-25-51 Departamento de Agricultura
¡Saludos!
Hablaremos sobre los más recientes informes de auditoría publicados por la Contraloría al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, a la Administración de Rehabilitación Vocacional del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y al Departamento de Agricultura.
El Informe del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico comenta que la Legislatura nunca ha asignado presupuesto para el fondo especial de la agencia. La Ley 209 del 2003, dispone que se asigne un fondo inicial de $2 millones de dólares para proyectos estadísticos.
Además, la auditoría reveló que las facturas de los contratistas por servicios profesionales no desglosaron el tiempo invertido en cada tarea. Además, los registros de los desembolsos no incluían un número único para las transacciones electrónicas.
Por otro lado, la Administración de Rehabilitación Vocacional del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, no retuvo el 1.5% por ciento en los contratos de sumas mayores de los $300 mil dólares. Esa retención se debió descontar por ley como una aportación especial. Sin embargo, los auditores detectaron que esta aportación no se realizó en el 47% por ciento de los comprobantes examinados.
Además, la Administración de Rehabilitación Vocacional, no se aseguró que los contratistas cumplieran con los 20 días límites para trabajar la evaluación de las personas con impedimentos. Al respecto, se identificaron servicios hasta 105 días tarde.
En el Informe de auditoría del Departamento de Agricultura se reveló múltiples deficiencias con las recaudaciones y los cobros. Por ejemplo, el encargado de la correspondencia no preparaba un registro de los valores recibidos, habían empleados sin nombramiento de Hacienda que recibían valores, y las recaudadoras no los depositaban a diario.
Además, la División de Finanzas tenía ocho cajas con facturas desde el 2016 sin registrar en el Programa Excel, y al 30 de junio de 2024, el Departamento tenía un balance de cuentas por cobrar por $382 mil dólares.
Estas faltas de control propician que se cometan errores o irregularidades, y que no se puedan detectar a tiempo.
Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, las cartas circulares y otros documentos, están disponibles en nuestra página www.ocpr.gov.pr
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Contraloría a sus órdenes…
Carta Circular OC-25-17, Calendario del curso requerido por la Ley 190-2006
Carta Circular OC-25-16, Pérdidas del año fiscal 2023-2024 pendientes de registrar con el estatus de Pendiente de Notificar en la aplicación de Registro de Pérdidas (Ley 96)
Informe de Auditoría OC-25-53 del Departamento de Justicia
Contralora revela deficiencias en el monitoreo de las entidades que reciben fondos PARE por parte del Departamento de Justicia
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Departamento de Justicia. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que los analistas del Departamento de Justicia, que realizaban la evaluación y el monitoreo de los fondos del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE), no verificaron el cumplimiento de las entidades receptoras con las Guías establecidas para el desembolso y supervisión de los fondos. De una muestra de los $2 millones asignados para apoyar a las entidades sin fines de lucro, se evidencia que los analistas no se aseguraron de que los expedientes estuvieran completos, validaron la evidencia de cuatro profesionales sin contrato formalizado, o aceptaron informes de asistencia sin firmar ni certificados por la entidad, entre otros hallazgos.
Además, los analistas aceptaron la evidencia de pagos de una entidad, por gastos inelegibles como: servicios sufragados por otra subvención, servicios de psicología facturados dos veces y pagados con fondos PARE y con otra subvención, o el pago doble a una cocinera. Los analistas tampoco advirtieron que una de las entidades que presta servicios a las víctimas de violencia de género, no contaba con una cuenta bancaria exclusiva para los fondos PARE. Estas situaciones, dificultan que se pueda fiscalizar el uso de los fondos, y propicia que se utilicen con un fin distinto a su propósito.
La auditoría de cuatro hallazgos señala que, al 30 de junio de 2024, la Junta de Confiscaciones adscrita al Departamento, se regía por reglamentos que tienen hasta 30 años sin actualizar. Además, la Junta no cuenta con un sistema electrónico que le permita administrar la propiedad confiscada. Esta situación le impide contar con información confiable para tomar decisiones, y propicia que se cometan errores o irregularidades.
El Departamento de Justicia remitió con tardanzas de hasta cuatro meses, 140 copias de contratos por $18.5 millones de fondos federales, al registro de Contratos de la OCPR. Estos documentos públicos no estuvieron accesibles a la ciudadanía como dispone la reglamentación vigente. Además, el Departamento tampoco envió a la Contraloría, la Certificación de Cumplimiento con la Ley 273-2003 de los años fiscales de 2019 y 2020. Esta ley versa sobre las normas contractuales sobre independencia en las auditorías de entidades gubernamentales.
El Departamento de Justicia contó con un presupuesto de $804.6 millones para los años fiscales del 2020 al 2024 y realizó desembolsos por $596.5 millones.
La auditoría le recomienda al secretario de Justicia que ordene revisar los reglamentos de la Junta de Confiscaciones e implementar un sistema para registrar el inventario de la propiedad confiscada, entre otras.
Este segundo y último Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-53 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
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Calendario 2025 del Curso de Ley 58-2020
Informe de Auditoría OC-25-52 del Municipio de Rincón
Contralora revela pagos de $865 mil en exceso por la compra de asfalto y múltiples deficiencias en los desembolsos del Municipio de Rincón
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Rincón. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio pagó $865 mil en exceso de los $170 mil contratados para adquirir asfalto desde el 2020 hasta el 2022. De hecho, de los pagos realizados en exceso, $385 mil corresponden a la compra de asfalto adquiridos posterior a la fecha de vencimiento de los contratos.
Esta situación se atribuye a que el administrador municipal no le requirió a la secretaria municipal enmendar los contratos, a que la preinterventora no verificaba el importe de las compras y la compradora municipal, tampoco hizo referencia a los contratos en el proceso de requisición. El Informe le recomienda al alcalde, recobrar los importes pagados contrarios a la ley.
La auditoría de seis hallazgos señala que, el Municipio pagó $183 mil por servicios de mantenimiento de acondicionadores de aire, fumigación y un permiso de uso, sin haber formalizado contratos escritos. El no suscribir los contratos correspondientes provocan una distorsión de la realidad contenida en los registros de contratos. El Informe le recomienda al alcalde, recobrar este dinero pagado en contravención con el Reglamento Municipal de 2016.
Los auditores identificaron de una muestra, que el Municipio había realizado compras por $160 mil, sin obtener cotizaciones de al menos tres proveedores. Además, se autorizaron compras por $88 mil cuyas facturas no contenían la certificación de ausencia de interés por parte de los funcionarios y empleados del Municipio. Estas deficiencias impiden la libre competencia y propician que se cometan irregularidades o errores en los procesos de compras y desembolsos.
Por otro lado, el Municipio pagó $171 mil por el mantenimiento, compra e instalación de acondicionadores de aire, sin la certificación de labor realizada requerida por la Ley del Colegio de Técnicos de Refrigeración de 1970 y la Ley de Política Ambiental de 2004. Al respecto, el Municipio no tiene certeza de que estos servicios se rindieron de acuerdo con las leyes de la profesión.
La encargada de la propiedad no realizó el inventario físico anual de la propiedad mueble desde el 2020 al 2024. Esta falta de control propicia el uso indebido o pérdida de la propiedad.
El Municipio no suministró para examen, cuatro comprobantes de desembolso y sus justificantes por $12 mil expedidos en el 2022 para el pago de servicios profesionales. Esta situación impidió verificar, la corrección y propiedad de estos desembolsos.
El Informe comenta que al 31 de julio de 2024, el Municipio de Rincón no había recobrado $99 mil por distintos conceptos publicados en cuatro informes de auditoría de los años 2015, 2018 y 2021.
El presupuesto de Rincón fue de $8.4 millones, $8.1 millones, $7.2 millones, $7.6 millones, y $7.9 millones del 2020 al 2024 respectivamente. El Municipio tenía preparados sus estados financieros, que reflejaron superávits acumulados por $5.5 millones, $6.2 millones, $7.5 millones, y $10.3 millones para los años del 2020 al 2023 respectivamente.
El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
El Informe de auditoría cubre el periodo del 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023.
El Informe de Auditoría OC-25-52 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr
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Carta Circular OC-25-15, Fechas limites en el 2025 para remitir a la Oficina del Contralor los informes mensuales del Registro de Puestos e Información Relacionada
Informe de Auditoría OC-25-51 del Departamento de Agricultura
Contralora revela falta de control con las recaudaciones y cobros en el Departamento de Agricultura
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Departamento de Agricultura. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela la falta de control adecuado en el proceso de recaudaciones. En contravención con el Reglamento 25, el encargado de la correspondencia no preparaba un registro de los valores recibidos por correo, empleados sin el nombramiento del secretario de Hacienda recibían valores, y las recaudadoras no depositaban a diario los valores recibidos. Estas deficiencias propician que se cometan errores o irregularidades y que no se puedan detectar a tiempo.
El Reglamento 25 de 2012, regula la recaudación, depósito, el control y la contabilidad de los fondos públicos.
La auditoría de dos hallazgos señala que, el Departamento tampoco mantuvo un control de las facturas al cobro. Al 10 de septiembre de 2024, la División de Finanzas tenía ocho cajas con facturas sin registrar en el Programa Excel del 2016 al 2018, y del 2020 al 2022. Esta situación impidió que el Departamento contara con un subsidiario de cuentas por cobrar actualizado y esto puede ocasionar que con el tiempo se conviertan en incobrables. Al 30 de junio de 2024, el Departamento contaba con un balance de cuentas por cobrar de $382 mil por concepto de las inspecciones de mercado y el arrendamiento de Villas Pesqueras.
El Departamento de Agricultura tuvo ingresos por $166 millones para los años fiscales del 2021 al 2024, y efectuó desembolsos por $157 millones.
Este informe del Departamento de Agricultura cubre el periodo del 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2024.
El Informe de Auditoría OC-25-51 se puede conseguir en nuestra página en Internet: : www.ocpr.gov.pr.