Auditorías de la Oficina del Contralor revelan que, desde el 2018, varios ayuntamientos han contratado empleados retirados y no siguieron los pasos establecidos para reducir sus salarios o detener las pensiones que reciben del gobierno

El Nuevo Día4 Sep 2025 GLORIA RUIZ KUILAN gloria.ruiz@gfrmedia.com

Seis auditorías realizadas por Contraloría revelaron que los municipios de Manatí, Barranquitas, Rincón, Adjuntas, Villalba y Barceloneta contrataron o emplearon jubilados, pero no siguieron las normativas legales.
Seis municipios contrataron o emplearon a jubilados del gobierno, de 2018 al presente, sin seguir las leyes y reglamentos que exigen que se detenga el pago de sus pensiones o se les dé una remuneración reducida, reveló la Oficina del Contralor.

“Hemos visto nombramientos en puestos ‘full-time’ (tiempo completo) que no le han informado a (el Sistema de) Retiro que están trabajando ‘full-time’”, indicó la contralora Yesmín Valdivieso, en entrevista con El Nuevo Día.

Seis auditorías realizadas por su oficina revelaron que Manatí, Barranquitas, Rincón, Adjuntas, Villalba y Barceloneta contrataron o emplearon jubilados, pero no siguieron las normativas vigentes.

En el caso de Rincón, Manatí, Barceloneta y Villalba, la Contraloría determinó que se hicieron pagos que no correspondían y se pidió la restitución del dinero. Los informes detallan que tan solo en tres municipios –Manatí, Barranquitas y Barceloneta- se emitieron pagos en exceso que totalizan unos $241,200.

Ante ello, Valdivieso emitió una carta circular (OC-26-07), el pasado 14 de agosto, con el objetivo de aclarar el tratamiento que se le debe dar a un jubilado que reingresa a laborar en el gobierno.

“Que entiendan bien lo que la Ley 53 perseguía, o sea, sí, vamos a recibir, vamos a aprovecharnos de esas personas que tienen todo ese conocimiento y traerlos de vuelta al gobierno. Pero, que si vas a trabajar en un trabajo ‘full-time’, tienes que paralizar los pagos que recibes de la pensión. Lo que quiero es impartir conocimiento y aclarar esa ley”, sostuvo.

El administrador de los Sistemas de Retiro, Arnaldo J. Ortiz Miranda, aseguró, en entrevista telefónica, que no confrontan problemas con las agencias o municipios para informar de la contratación o empleabilidad de un pensionado y cumplir con la Ley 53 de 2022.

“Normalmente, el Contralor, como regla general, todos los años, siempre emite cartas circulares de todos los temas y las atempera a las leyes”, dijo sobre la OC-26-07.

En 2022, el entonces gobernador, Pedro Pierluisi, impulsó y firmó la Ley 53, que establece las reglas para que jubilados regresen a laborar al gobierno, incluyendo los municipios.

El estatuto precisa que cualquier jubilado, incluso aquellos que sin contar con la edad o años de servicio decidieron acogerse a un programa de transición voluntaria, pueden regresar a trabajar al gobierno, incluyendo los municipios. Sin embargo, cuando se trata de un jubilado que devenga pensión, se deben seguir unos pasos que incluyen notificar –ya sea el mismo retirado o la dependencia que lo contrata– al Sistema de Retiro, para que se pause su pensión.

De esta manera, el jubilado puede “recibir el sueldo correspondiente a su nombramiento, según establecido en el plan de clasificación y retribución de la entidad gubernamental”, lee la OC-26-07, a tono con la Ley 53.

“Por tanto, un pensionado o una pen

“Hemos visto nombramientos en puestos ‘full-time’ que no le han informado a (el Sistema de) Retiro que están trabajando ‘full-time”,

YESMÍN VALDIVIESO CONTRALORA

“Ahora mismo, tenemos 85 personas registradas (interesadas en regresar al gobierno). Se registran por tres años y, luego, se puede renovar”

FACUNDO MIGUEL DI MAURO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OATRH

sionada no puede recibir al unísono su pensión y un sueldo a tiempo completo de una entidad gubernamental”, recalca el documento.

La Ley 53 y su reglamento disponen que el pensionado o la dependencia tienen 15 días para notificar al Sistema de Retiro del reingreso del jubilado al servicio público. Las entidades que reincorporen a un jubilado deben rendir un informe a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) y a la Junta de Supervisión Fiscal. Los períodos para el informe son del 1 de julio al 31 de diciembre, y del 1 de enero al 30 de junio de cada año.

El director ejecutivo de la OATRH, Facundo Miguel Di Mauro Vázquez, dijo que no han confrontado problemas para obtener los datos para los informes.

“Ahora mismo, tenemos 85 personas registradas (interesadas en regresar al gobierno). Se registran por tres años y, luego, se puede renovar”, sostuvo, y detalló que 82 pensionados fueron empleados o contratados el pasado año fiscal.

¿POR QUÉ FUE NECESARIA?

La OC-26-07 surgió a raíz de hallazgos en auditorías y notar que los señalamientos sobre contratación de jubilados eran repetitivos, dijo Valdivieso.

Por ejemplo, en Manatí, la Contraloría detectó “pagos en exceso a un pensionado al que se le otorgaron contratos de servicios con características de puestos”, en una auditoría del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2016. “La situación comentada ocasionó gastos en exceso por $23,940”, concluyó el análisis.

Para el período auditado, no existía la Ley 53, pero sí la Ley 447 de 1951 que, además de crear el Sistema de Retiro, establece el marco para los beneficios de retiro y pensiones para empleados públicos. El estatuto indica que todo pensionado puede desempeñar un empleo regular parcial en el gobierno que, en tiempo y retribución, no exceda la mitad de la jornada regular de trabajo.

“Determinamos que se concedió una compensación a un empleado que recibía una pensión del Sistema de Retiro”, anotó la Contraloría en sus hallazgos.

El alcalde de Manatí, José Sánchez, no estuvo disponible para entrevista, pero, a través de un portavoz, dejó saber que actualmente no cuenta con pensionados trabajando en la administración municipal.

El mismo señalamiento de Manatí se produjo en Barranquitas, con una auditoría que también comprende del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2016.

El alcalde Elliot Colón indicó que, al momento, tampoco tiene pensionados laborando en el ayuntamiento, y enfatizó que conoce las disposiciones de la ley. “Eso (reinserción de un pensionado al gobierno) depende de caso a caso”, dijo.

Rincón, por su parte, fue auditado para el período del 1 de julio de 2012 al 30 de junio de 2016. El informe da cuenta de cuatro pensionados a los que se les dio un sueldo mensual que no les correspondía, porque se les pagó la totalidad de lo que establecía la escala salarial cuando debieron devengar solo la mitad.

A los cuatro, se les pagó $13,609 de más, reveló la auditoría.

En Adjuntas, la auditoría es más reciente. Publicada en 2022, cubre del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020. La Contraloría halló que se dieron 13 contratos a un pensionado para hacer funciones que “tenían características de puesto de carrera”.

Además, el informe destaca que, según la Ley 447, “todo pensionado… puede trabajar en entidades gubernamentales no más de la mitad de la jornada regular de trabajo, y no puede cobrar más de la mitad del sueldo básico que le corresponda al puesto que ocupe”, lo que se violentaba en el caso auditado.

Mientras, en Villalba, la Contraloría encontró tres pensionados “que no informaron su reingreso al servicio activo para que se procediera con la suspensión de la pensión”, que recibían beneficios y su función equivalía a un puesto de carrera, indica el informe correspondiente al período del 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2019.

“Por estos trabajos, se acordaron pagos que fluctuaron de $629 a $3,000 mensuales”, concluyó.

El alcalde de Villalba, Dan Santiago, reaccionó asegurando que cuenta con un equipo en recursos humanos que “se asegura de cumplir con las normativas sobre ese asunto; sé que están al día”.

Los problemas también se constataron en Barceloneta. Allí, recoge el informe, se detectaron pagos “a una pensionada, por más de $203,000, contrarios a la ley y la reglamentación”. Según la auditoría, a la pensionada se le debieron pagar $65,382.14 y, en cambio, el municipio le desembolsó $269,031.

La alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler, no estuvo disponible.

DEFIENDE LA FISCALIZACIÓN

Frente a estos hallazgos, Ortiz Miranda, de los Sistemas de Retiro, defendió que pueden fiscalizar que los pensionados y las entidades gubernamentales cumplan con notificarle y recuperar pagos indebidos.

Explicó que las nóminas de los pensionados se “corren” con dos semanas de antelación al día de pago para que el Departamento de Hacienda pueda desembolsar. Como las dependencias tienen hasta 15 días para notificar de la reinserción, dijo, es tiempo suficiente para que el Sistema de Retiro pueda captar en las nóminas de cada una si hay un pensionado cobrando doble.

“El pensionado aparece en dos nóminas: en la de nosotros cobrando la pensión y en la del municipio o la agencia aportando al Plan 106. Obviamente, ahí el sistema nos alerta de que tenemos que verificar si ese nombramiento, en el caso de que no haya sido notificado, cumple con los requisitos. Es decir, que el tiempo y el dinero no exceda de la mitad del puesto regular que el pensionado está ocupando. Que no pase de la mitad de la base del salario y no pase de más de la mitad de la jornada”, aclaró.

“Si el empleado cumple con esos requisitos, no tenemos nada que recuperar. En los casos que corresponde un ajuste de pensión, también procede un recobro”, agregó.

Ortiz Miranda detalló que tienen un registro de 179 jubilados que regresaron al gobierno. De esa cantidad, 107 laboran en municipios y 72 en agencias.

De los 72 en las agencias, abundó, 15 laboran a tiempo completo, 31 a tiempo parcial y 26 mediante servicios profesionales o contrato. Mientras, en los municipios, hay 18 trabajando a tiempo completo, 65 a tiempo parcial y 24 por servicios profesionales.

“Los municipios que más tienen, a tiempo parcial, son San Sebastián, Trujillo Alto y Morovis, que cada uno tiene cinco (pensionados)”, destacó. “Al ser parcial, no se les perjudica el pago de la pensión”.

“Por ser a tiempo completo, se les suspende el pago de pensión, y la agencia que más (pensionados) tiene es la Comisión de Juegos, con 10”, indicó.

Aunque la Contraloría no ha detectado problemas con la reinserción de jubilados en las agencias, Valdivieso no descartó que existan casos idénticos a los hallados en los municipios.

“Recuerda que nosotros hacemos auditoría por muestra, que, si tal vez en la muestra tú tienes 500 empleados y en mi muestra me cayeron 20 y esos 20 estaban bien, yo no sigo buscando. Yo, entonces, asumo que, si esa muestra la cogí bien, si eso está bien, los demás están bien. Eso no quiere decir que estén bien”, explicó.

Recalcó, por último, que las puertas del gobierno están abiertas para pensionados que quieran aportar con su experiencia y trabajo, “pero hay unas limitaciones”.