Contralora publica auditoría del Municipio de Lajas con señalamientos sobre contratación, compras, controles presupuestarios y pagos de penalidades por tardanzas contributivas.

San Juan, Puerto Rico (21 de mayo de 2026) – La contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, informó hoy la publicación del Informe de Auditoría OC-26-30 correspondiente al Municipio de Lajas, el cual examinó operaciones fiscales y administrativas realizadas del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2024.

La auditoría, realizada en virtud de la autoridad constitucional y legal conferida a la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR), emitió una opinión cualificada, lo que significa que, en términos generales, las operaciones examinadas se realizaron conforme a la ley y reglamentación aplicable, excepto por los hallazgos del 1 al 5 incluidos en el informe.

El informe contiene cinco hallazgos principales relacionados con contratación gubernamental, desembolsos sin contratos escritos, compras sin cotizaciones, obligaciones presupuestarias tardías y pagos innecesarios de intereses, recargos y multas.

Uno de los señalamientos más significativos establece que la secretaria municipal formalizó el 18 de septiembre de 2022 un contrato por $90,000 para alquiler de equipo pesado relacionado con trabajos tras el paso del huracán Fiona. Posteriormente, los auditores detectaron otro contrato idéntico en número, vigencia y términos, pero con cuantía alterada a $140,000. Según la evidencia recopilada, la secretaria municipal alteró unilateral e ilegalmente el contrato mediante sistema computadorizado para aumentar la cuantía de $90,000 a $140,000.

También se alteró el documento titulado “Datos del Contrato Registrado” emitido por la OCPR como evidencia de registro. Como resultado, se realizaron pagos por $124,497 al contratista, excediendo por $34,497 la cuantía del contrato original registrado. El informe señala que esto privó al Municipio de recursos que pudieron utilizarse para otras necesidades públicas.

El alcalde objetó el hallazgo y sostuvo que se intentó corregir internamente el contrato y gestionar cambios ante la Contraloría. No obstante, la OCPR determinó que el hallazgo prevalece conforme a la evidencia obtenida durante la auditoría.
La auditoría también reveló que el Municipio solicitó y recibió servicios de alquiler de dos camiones para recogido de basura doméstica por $32,800 sin formalizar previamente un contrato escrito. El pago total fue realizado el 25 de febrero de 2022. La gerencia municipal argumentó que se trató de una emergencia decretada mediante orden ejecutiva y que bastaba con una orden de compra. Sin embargo, la OCPR sostuvo que una orden de compra no sustituye un contrato escrito ni establece adecuadamente los derechos y obligaciones entre las partes.

El examen de comprobantes de desembolso determinó, además, que entre mayo de 2021 y febrero de 2024 se realizaron ocho compras por $49,343 sin obtener al menos tres cotizaciones de proveedores representativos del mercado, como exige la reglamentación aplicable. Las compras incluyeron materiales y suministros, armas de fuego, abanicos, máquinas de presión, una cisterna, renta de vehículo y equipo de sonido con instalación. En algunos casos se alegó exclusividad de suplidores, aunque los auditores identificaron proveedores adicionales disponibles en el mercado. Asimismo, en nueve comprobantes de desembolso por $32,287 se identificaron 18 cotizaciones sin nombre, firma o identificación del funcionario municipal que las solicitó o recibió, debilitando la trazabilidad del proceso y dificultando la adjudicación de responsabilidades administrativas.
Otro hallazgo establece que el Municipio formalizó contratos y enmiendas sin obligar previamente los créditos presupuestarios correspondientes. Entre agosto de 2021 y octubre de 2022 no se obligaron oportunamente fondos para cuatro contratos y doce enmiendas por $437,440. La Contraloría indicó que esta práctica impide mantener un control eficaz de las asignaciones presupuestarias y puede provocar sobregiros o litigios innecesarios.

La auditoría también documentó que entre junio de 2021 y abril de 2024 el Municipio pagó $11,697 en intereses, recargos y multas por tardanzas en remesas al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y al Servicio de Rentas Internas Federal (IRS). De esa cantidad, $10,981 correspondieron al Departamento del Trabajo por atrasos en aportaciones y retenciones, mientras $716 fueron pagados al IRS por tardanzas en remesas federales. La Oficina señaló que estos pagos reducen recursos municipales que debieron utilizarse en servicios directos a la ciudadanía y podrían afectar derechos y beneficios de empleados municipales.

El informe además menciona que, al 30 de septiembre de 2024, existían demandas civiles pendientes contra el Municipio por $10,560,000, relacionadas con incumplimiento de contrato, discrimen político, acoso laboral y daños y perjuicios. También había tres casos pendientes ante la Comisión Apelativa del Servicio Público. Asimismo, se señaló que al 30 de junio de 2024 no se habían recobrado $85,500 recomendados en un informe de auditoría anterior emitido en 2014.

Entre las recomendaciones emitidas por la OCPR se encuentran evaluar y asegurar cumplimiento con el Plan de Acción Correctiva sometido, fortalecer controles de contratación pública, exigir contratos escritos antes de recibir servicios, garantizar procesos competitivos de compras con cotizaciones válidas, obligar oportunamente los créditos presupuestarios, evitar tardanzas en remesas estatales y federales y continuar gestiones de recobro de fondos señalados en auditorías previas.

“Esta Oficina tiene el deber ministerial de velar por la sana administración pública, la transparencia fiscal y el uso correcto de los recursos del pueblo. Cada auditoría busca fortalecer los controles internos y promover la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales”, expresó la contralora Vega Fournier.

El informe completo está disponible en el portal oficial de la Oficina www.ocpr.gov.pr