Informe de Auditoría OC 26-12 del Departamento de la Familia – Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF)
Oficina de la Contralora presenta hallazgos significativos en auditoría a la ADSEF sobre el manejo de fondos del PAN y deficiencias en controles internos
San Juan, Puerto Rico – (9 de abril de 2026) La contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, CPA, informó hoy la publicación del Informe de Auditoría OC-26-12, correspondiente a la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), adscrita al Departamento de la Familia, el cual cubre el período del 1 de enero de 2017 al 31 de agosto de 2024.
“El análisis realizado por los auditores -para los años del 2017 hasta 2024- reveló que se efectuaron pagos a beneficiarios fallecidos antes del cierre de sus casos, que algunos casos permanecieron activos aun después del fallecimiento de los participantes y que se realizaron pagos a unidades familiares sin ajustar oportunamente la composición del núcleo tras la muerte de alguno de sus miembros. Asimismo, se identificaron fallas significativas en la supervisión de instituciones de residencia transitoria autorizadas a manejar beneficios del PAN, en las cuales se detectaron transacciones con fondos para la compra de artículos no elegibles, tales como bebidas alcohólicas, ropa, artículos electrónicos, gasolina y otros gastos no relacionados con alimentos”, explicó Vega Fournier, quien es abogada y Contador Público Autorizado (CPA).
El Programa de Asistencia Nutricional (PAN) ofrece ayudas económicas a familias sin ingresos o con ingresos limitados para que puedan complementar sus necesidades alimentarias. Esta ayuda se otorga en proporción a la cantidad de personas en el núcleo familiar. Para la distribución de los fondos y la determinación de los beneficios del PAN, la ADSEF se rige por lo establecido en el Reglamento 8684 de 2015.
El informe, realizado en cumplimiento con las facultades constitucionales y legales de esta Oficina, contiene una opinión adversa, lo que significa que las operaciones evaluadas no se realizaron, en todos los aspectos significativos, conforme a la ley y la reglamentación aplicables, particularmente en áreas relacionadas con la administración del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y la supervisión de instituciones participantes.
“La emisión de una opinión adversa refleja deficiencias materiales en los controles internos y en el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias. Nuestro deber es presentar estos hallazgos con objetividad para propiciar acciones correctivas y fortalecer la administración pública”, expresó la contralora Vega Fournier.
“El examen realizado reveló que, del 3 de enero de 2017 al 28 de agosto de 2024, la ADSEF realizó 988,617 pagos en beneficios del PAN por $150,663,786 a 38,618 participantes [1], cuyo número de seguro social se identificó en el Registro de Defunciones como personas fallecidas.
De los 38,618 participantes, evaluamos la información de 385[2], a los que se realizaron 10,700 pagos por $1,623,280, del 4 de enero de 2017 al 22 de agosto de 2024. Esto, para determinar el estatus de los casos. Nuestra evaluación reveló que 351 (256 + 95) casos estaban cerrados y 34 continuaban activos, según se indica:
- Del 4 de enero de 2017 al 6 de febrero de 2024, la ADSEF realizó 4,035 pagos de beneficios por $435,579 a 256 casos de únicos beneficiarios (88%) que habían fallecido antes del cierre de sus casos. De acuerdo con el archivo del Registro Demográfico, los beneficiarios fallecieron del 6 de febrero de 1991 al 12 de noviembre de 2022. Mientras los casos fueron cerrados del 22 de febrero de 2017 al 31 enero de 2024[3].
- Al 30 de septiembre de 2024, 34 casos de únicos beneficiarios continuaban activos. Esto, a pesar de que habían fallecido del 15 de febrero de 1990 al 21 de agosto de 2022. Del 4 de enero de 2017 al 22 de agosto de 2024, se emitieron 3,332 pagos de beneficios por $437,035.
- Del 4 de enero de 2017 al 20 de agosto de 2024, la ADSEF realizó 3,333 pagos por $750,665 a 95 unidades familiares en las que había fallecido algún integrante, antes de proceder con los ajustes o el cierre de los casos. Para el 30 de septiembre de 2024, la ADSEF implementó acciones para reducir los beneficios correspondientes a las personas fallecidas”, lee el informe.
Estas situaciones estuvieron asociadas, entre otros factores, a deficiencias en los procesos de validación de información y a debilidades en los controles internos, lo que permitió la emisión de pagos indebidos y afectó la confiabilidad del Sistema,enfatizó la Contralora de Puerto Rico.
“Actualmente, el Departamento de la Familia y Departamento de la Salud y su oficina de Registro Demográfico, tienen un acuerdo para que puedan acceder a la plataforma del sistema ‘State and Territorial Exchange of Vital Events’ (STEVE), el cual es un sistema de intercambio de datos que maneja el Registro Demográfico del Departamento de Salud que permite a los estados y territorios obtener información confiable de los récords vitales (nacimientos y defunciones),” enfatizó la Contralora de Puerto Rico.
El informe también señala deficiencias significativas en la supervisión de instituciones de residencia transitoria. En particular, se determinó que la ADSEF no pudo suministrar 36 informes trimestrales requeridos para evaluación, no suspendió la autorización de instituciones que incumplieron con la entrega de informes por períodos prolongados y no verificó adecuadamente el uso de los fondos.
“Asimismo, se identificaron transacciones con fondos del PAN para la compra de artículos no elegibles, así como deficiencias en la documentación, incluyendo recibos ilegibles o ausencia de evidencia, lo que limita la capacidad de fiscalización. Estas deficiencias propician un ambiente de riesgo para el uso indebido de fondos públicos y podrían exponer al Gobierno de Puerto Rico a señalamientos o sanciones por parte de entidades federales,” reveló el Informe de auditoría.
El informe recoge comentarios de la gerencia de la ADSEF, en los cuales se reconoce que eventos extraordinarios como los huracanes Irma y María, los sismos en el suroeste de Puerto Rico y la pandemia del COVID-19 afectaron significativamente la capacidad operacional del Gobierno y la continuidad de los procesos administrativos. Asimismo, se señala que las restricciones presupuestarias, la reducción de personal y otros factores estructurales impactaron la capacidad de supervisión y fiscalización de la agencia.
De igual forma, la Contralora indicó que la actual agencia ha demostrado disposición para atender los señalamientos mediante la formalización de acuerdos con el Registro Demográfico, el fortalecimiento de procesos internos, la implementación de protocolos de validación de información y el desarrollo de un Plan de Acción Correctiva dirigido a mejorar la eficiencia, la transparencia y el cumplimiento.
La Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas a fortalecer los controles internos, asegurar la continuidad de los acuerdos interagenciales para la validación de datos de defunciones, asignar el personal necesario para la fiscalización efectiva del programa, revisar la reglamentación vigente y realizar las investigaciones y gestiones de recobro que correspondan.
“Reiteramos nuestro llamado a que se implementen de manera diligente las recomendaciones emitidas de las cuales sé que actualmente muchas se están ejecutando. La administración adecuada de los programas de asistencia social es esencial para garantizar que los recursos públicos lleguen a las poblaciones que verdaderamente los necesitan y por este lado evita consecuencias de agencias estatales y federales”, concluyó la contralora Vega Fournier.
Recomendaciones del Informe:
- Al fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico
Considerar las situaciones comentadas en el Hallazgos 1 y realizar los procesos que estime pertinentes.
- A la secretaria de Justicia
Considerar las situaciones comentadas en el Hallazgos 1 y realizar los procesos que estime pertinentes.
- Al director de la Oficina de Área del Caribe de la Food and Nutrition Services
Considerar las situaciones comentadas en el Hallazgo 1 y realizar los procesos que estime pertinentes.
- A la secretaria de la Familia
Tomar las medidas necesarias para asegurarse de que el administrador de la ADSEF cumpla con las recomendaciones y que situaciones como estas no se repitan.
Imparta instrucciones a la División de Integridad para que realice las investigaciones correspondientes de los casos de participantes con número de seguro social de personas fallecidas a los que la ADSEF les realizó pagos de beneficios del PAN, y a las instituciones que utilizaron los fondos del PAN para realizar compras que no estén relacionadas con alimentos. Además, obtenga el asesoramiento legal necesario para llevar a cabo cualquier gestión de recobro.
El informe completo está disponible en el portal oficial de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico en www.ocpr.gov.pr
###
[1] Once participantes pertenecían a tres instituciones que se mencionan en el Hallazgo 2-a.1).
[2] Doscientos noventa casos eran de únicos beneficiarios y 95 casos de miembros de unidades familiares.
[3] Ciento noventa y cuatro casos fueron cerrados por muerte único beneficiario, 1 se desconoce paradero, 53 casos cierre administrativo Oficina Central, cinco casos no cooperaron en determinar elegibilidad, 1 caso retiro voluntario, 1 caso retiro voluntario por emigración y 1 caso sin código de cierre.
Contraloría revela pagos indebidos y sin contrato por más de El 26 de marzo de 2026 aprobamos el Informe de Auditoría OC-26-12. Este contiene los resultados de la auditoría que realizamos a la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF); para determinar si las operaciones si las operaciones fiscales se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe de Auditoría OC-26-12 se puede conseguir en nuestra página en Internet.