La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión favorable con excepciones de las operaciones fiscales de la Junta de Confiscaciones del Departamento de Justicia.
El Informe de cuatro hallazgos, revela deficiencias con los desembolsos realizados a la compañía contratada para proveer un lote de almacenaje, la custodia de las unidades confiscadas y por los servicios ofrecidos en las subastas. La evaluación de una muestra de las facturas emitidas del 2013 al 2015 demostró pagos en exceso al contratista ascendentes a $21,430.

Además, nuestros auditores identificaron una discrepancia sobre el status de 18 unidades por valor de $39,440. Estas unidades estaban activas en el Registro-Lote aun cuando en el registro del Sistema de Valores reflejaba que ya habían sido subastadas o recicladas. Esta situación impide a la Junta mantener registros actualizados y confiables de las unidades confiscadas.

La auditoría detectó que la Junta tardaba hasta 216 días para notificar una confiscación cuando la ley dispone de 30 días. Esta situación ha provocado impugnaciones a las confiscaciones y sentencias adversas contra la Junta en los tribunales que al 31 de diciembre de 2015 tenia un balance de sentencias pendientes de pago de $4.4 millones.

Otros señalamientos revelan que por tres años y medio, el Contador no preparó las conciliaciones bancarias del Fondo 240 (fondos para los gastos operacionales de la Junta), ni la Contadora registró a tiempo las obligaciones de fondos. Además, no existe un reglamento para el proceso de tasación de las unidades confiscadas y la reglamentación para regular las operaciones de la Junta no se habían actualizado.

Vea el Informe de Auditoría DA-17-17

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