miércoles, 12 de diciembre de 2017
Fuente: Vocero
Por: InterNewsService

La Contraloría de Puerto Rico detectó ilegalidades en la contratación de servicios profesionales y consultivos en el municipio de Cataño.

Un informe revela la contratación de cinco corporaciones regulares que prestaron servicios legales, médico-hospitalarios, de ingeniería y mantenimiento de acondicionadores de aire por $12.8 millones de marzo de 2009 a abril de 2013, contrarios al ordenamiento jurídico.

“Estos servicios sólo se podían ofrecer mediante la figura jurídica de una corporación profesional”, indicó la Contraloría.

Además, y contrario a la Ley 81 de 1991 de Municipios Autónomos y a los contratos formalizados, tres de las corporaciones mencionadas subcontrataron los servicios.

Por ejemplo, las dos corporaciones médico–hospitalarias subcontrataron al administrador, a los médicos, a los técnicos de laboratorio y rayos x y la facturación.

El presidente de la corporación de ingeniería, quien no contaba con las licencias requeridas, también subcontrató a un ingeniero y a evaluadores que realizaron los servicios ya que la corporación no tenía empleados.

Las situaciones fueron referidas a Justicia, la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, a la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado y al Departamento de Estado el 28 de julio y 24 de agosto de 2017 para las acciones correspondientes.

La auditoría señala también que el municipio realizó un pagó ilegal de 205,000 dólares a una de las corporaciones médico-hospitalarias y que prestó servicios sin haberse formalizado un contrato escrito. Además, contrario a la Ley 237 de 2004 sobre el establecimiento de parámetros uniformes en los procesos de contratación de servicios profesionales y consultivos, el contrato de servicios de ingeniería se formalizó con una vigencia mayor a los 12 meses consecutivos permitidos por ley.

Los auditores identificaron que seis contratos y tres enmiendas no se remitieron a la aprobación de la Legislatura Municipal, lo cual impidió que esta cumpliera con su responsabilidad de autorizar las contrataciones.

Asimismo, al 31 de diciembre de 2014, Cataño tenía 15 demandas civiles por 25 millones pendientes de resolución en los tribunales, y al 31 de diciembre de 2015 el municipio no había recobrado 713,322 dólares recomendados en un informes de auditoría anterior.

La auditoría cubre el periodo del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014.