La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Aibonito. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio formalizó un contrato por $1.2 millones para la construcción del Coliseo José “Marrón” Aponte sin obtener el permiso de construcción de la Oficina de Gerencia de Permisos. El permiso lo obtuvo 39 días después de comenzada la construcción. Esta situación no permitió a las agencias reguladoras ejercer su función fiscalizadora.

La auditoría de siete hallazgos señala que Aibonito no remitió a la Oficina del Contralor los registros de puestos de julio de 2015 a junio de 2016 y de octubre de 2016 a junio de 2017. Contrario a la ley y reglamentación vigente, tampoco había designado al oficial de enlace ni a su sustituto.

El Municipio nos certificó que tenía $622,650 en cuentas atrasadas por concepto de patentes desde el 1993 al 2016. Nuestros auditores hallaron copias de cartas de cobro sin la evidencia de que se hayan tramitado e identificaron contribuyentes que no habían radicado las declaraciones de volumen para el pago de patentes. El no cobrar a tiempo ocasiona que no se pueda contar con esos fondos para atender las obligaciones presupuestarias, o que las cuentas se tornen incobrables. 

El Informe menciona que el encargado de la propiedad no realizó los inventarios físicos anuales de la propiedad del 2013 al 2016. Además, no se expedían recibos de propiedad y varias unidades no habían sido enumeradas ni se habían registrado en el Modulo de Activos Fijos. Situaciones similares se habían comentado en el Informe de Auditoría M-14-58 del 2014.

La auditoría revela otras deficiencias en Aibonito como, por ejemplo, el que se mantuvo el puesto de auditor interno vacante del 2013 al 2017, el que no se preparara el Informe sobre los Fondos Legislativos Asignados y su Uso del 2013 al 2016, y la falta de información sobre las ofertas y descripción de las fianzas presentadas por los licitadores, en las actas de la Junta de Subastas.

El Informe emite un Comentario Especial sobre 10 empleados clasificados como transitorios hasta por más de siete años. Este periodo excede el término de un año que establece la ley. Otros comentarios indican que el Municipio tenía tres demandas civiles por $235,342 pendiente de resolución en los tribunales y no había recobrado $35,308, según se recomendó en el Informe de Auditoría M-14-58. El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2017

Vea el Informe de Auditoría M-19-34.

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