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Esta semana la Oficina del Contralor de Puerto Rico publicó dos informes de auditoría de los municipios de Guaynabo y Aguas Buenas, un informe del Senado de Puerto Rico y el resultado de la investigación de una querella en las Fuerzas Unidas de Rápida Acción del Negociado de la Policía.

El Informe de Guaynabo reveló que la entonces vicealcaldesa en funciones otorgó en el 2019 un Acuerdo Supletorio por $30,888 dólares con carácter retroactivo.  Esto, para cubrir los honorarios de una póliza de seguros vigente. Esta situación, contraria a la ley, se remitió a la consideración del secretario de Justicia el 5 de febrero de 2021.

El Informe de Aguas Buenas reveló deficiencias en la administración de documentos. Desde el 2010, el Municipio no realiza las disposiciones periódicas de documentos.  Además, el área de documentos públicos presentaba filtraciones en el techo, documentos con hongos y no contaba con rociadores automáticos ni detectores de humo.

El Senado de Puerto Rico pagó $74,908 dólares de forma indebida por el plan médico a diez de los 15 oficiales que sirvieron de escolta a los entonces presidentes del Senado del 2013 al 2018.

Estos oficiales ya contaban con un plan médico que les pagaba el Negociado de la Policía por $19,000.   Esta situación de compensación extraordinaria es contraria al Código Político de Puerto Rico.

La Contraloría reveló que el Negociado de la Policía, realizó pagos indebidos a una piloto.

De enero de 2014 a junio de 2018, el Negociado desembolsó $40,671 dólares como pagos suplementarios a una piloto, bajo la clasificación de Piloto en Comando, que no cumplía con los requisitos de entrenamiento y desconocía el idioma inglés, requisitos indispensables en las regulaciones federales.

Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor, Cartas Circulares y otros documentos, están disponibles en nuestro portal www.ocpr.gov.pr.

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