La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales del Municipio de Arecibo. Las pruebas efectuadas y la evidencia demuestran, que las operaciones relacionadas con las compras de bienes y servicios, el pago de deudas a las agencias gubernamentales y al proveedor del plan médico, y las medidas tomadas ante la situación fiscal, entre otras, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

El Informe revela que del 2016 al 2019, el Municipio sobrestimó hasta un 30%, los ingresos municipales por licencias, multas, impuestos e ingresos locales. Además, del 2015 al 2017, incurrió en déficits acumulados de hasta un 33%. En el presupuesto de 2018, el Municipio no consignó los créditos necesarios para liquidar el déficit corriente de $5,561,204 establecido en los estados financieros auditados de 2016.

Estas situaciones contrarias a la ley y reglamentación vigente, contribuyeron al déficit presupuestario, a reducir los recursos disponibles, y a que se acumule y agrave la situación económica del Municipio. Además, los directores de finanzas no administraron eficientemente las finanzas del Municipio, no consideraron los ingresos certificados en los estados financieros auditados ni el Reglamento para la Administración Municipal de 2016.

La auditoría de cinco hallazgos señala que el Municipio adeudaba para el 2019, un total de $15,472,272 al Sistema de Retiro, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, al Departamento de Hacienda, a la Autoridad de Energía Eléctrica, al Departamento del Trabajo y al Plan Médico de los empleados municipales. Además, el Municipio pagó $90,181 al Internal Revenue Service, por concepto de penalidades e intereses por tardanzas en las remesas de las aportaciones del Seguro Social Federal. Estas situaciones afectan los recursos de las referidas entidades y agravan la situación fiscal del Municipio.

El Municipio tenía $7,978,189 en cuentas de patentes municipales por cobrar al 31 de julio de 2019. Los auditores identificaron que las cuentas por cobrar de mas de cinco años, no se habían revisado para declararlas incobrables y tampoco se habían diligenciado gestiones de cobro de deudas como las del arrendamiento de los tres estacionamientos municipales. Estas deficiencias propician que las cuentas se tornen incobrables y que falten los recursos para atender las obligaciones presupuestadas.

El Municipio se apartó de la disposición legal y reglamentaria de obtener las cotizaciones requeridas en la compra de 12 unidades de equipo pesado en febrero de 2019 por $498,391 en el estado de Florida. Además, para la compra de seis unidades de equipo pesado en febrero de 2018 por $235,830, no se obligaron los fondos sino hasta 128 días después de facturarse la compra.

Los auditores de la Contraloría identificaron contratos que no se registraron o se remitieron tarde a la Oficina del Contralor, y atrasos de hasta 14 meses en la otorgación de contratos para realizar las auditorías de los estados financieros.

El Informe comenta que la inspectora municipal emitió un informe el 15 de agosto de 2019, sobre tres transferencias de fondos por $3,600 del Programa de Renta Subsidiada (Sección 8), a una cuenta bancaria no autorizada de una oficinista del Municipio, la cual fue suspendida de su puesto en el 2019. El Municipio refirió esta situación al Departamento de Justicia, al Departamento de la Vivienda y a la Oficina del Contralor.

Los auditores de la Contraloría detectaron además, otras 13 transferencias de los fondos de Sección 8 por $11,620, que se transfirieron a una cuenta bancaria no autorizada. Esta situación se refirió a la Oficina del Inspector General del Departamento Federal de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) el 7 de octubre de 2020.  

Los estados financieros auditados del 2015 al 2017, se emitieron con opiniones de abstención y cualificadas. Estas opiniones corresponden, entre otras, a la falta de documentación financiera adecuada o a que el Municipio no proporcionó un subsidiario de activos de capital cónsono con los importes incluidos en las actividades gubernamentales de los estados financieros.

Al 31 de julio de 2019 el Municipio tenía 13 demandas civiles por $3,466,308 pendientes por resolverse en los tribunales. Además, el Municipio no ha atendido recomendaciones de cobro por $293,653, de los informes de auditoría anteriores.

Este segundo y último informe de Arecibo, cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2019.

Vea el Informe de Auditoría M-22-09.

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