La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión favorable de las operaciones fiscales de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEGPR). Las pruebas efectuadas y la evidencia en poder de la Contraloría, revelaron que las operaciones relacionadas con las compras, cuentas por pagar y los desembolsos, se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

El Informe publica un Comentario Especial sobre tres demandas civiles pendientes de resolución por $353,343 en los tribunales, y dos casos ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo. La Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (Ley Promesa), aprobada el 30 de junio de 2016, detuvo los casos en los tribunales.

La OEGPR se creó mediante la Ley 12-1985, Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y se rige en la actualidad por la Ley 1-2012, Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, denominada a partir del 2018 como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. La OEGPR tiene como objetivo principal educar al servidor público para que, en el desempeño de sus funciones, exhiba los valores de bondad, confiabilidad, justicia, responsabilidad, respeto y civismo que rigen la administración pública. Además, fiscaliza la conducta de los servidores públicos y penaliza a quienes transgreden la normativa ética mediante los recursos que la Ley provee.

Durante los años fiscales del 2018 al 2020, la OEGPR administró un presupuesto de $30,803,730, y realizó desembolsos por $29,852,172 para un saldo de $951,558.

Este informe cubre el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020.

Vea el Informe de Auditoría DA-22-01.

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